INFORME acerca del Informe Especial nº 9/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo

8.6.2007 - (2007/2077(INI))

Comisión de Control Presupuestario
Ponente: Alexander Stubb

Procedimiento : 2007/2077(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0215/2007
Textos presentados :
A6-0215/2007
Debates :
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

acerca del Informe Especial nº 9/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo

(2007/2077))

El Parlamento Europeo,

–     Visto el Informe Especial nº 9/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo, acompañado de las respuestas de las instituciones[1],

–     Vistos el artículo 248, apartado 4, párrafo segundo, el artículo 276, apartado 3, y el artículo 280, apartado 5, del Tratado CE,

–     Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–     Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0215/2007)

Respeto del multilingüismo

1.    Considera que el multilingüismo es uno de los rasgos clave de la Unión Europea, que resalta la diversidad lingüística y cultural y asegura un trato equitativo para los ciudadanos de la UE; opina que el multilingüismo garantiza el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las instituciones de la UE en cualquiera de sus lenguas oficiales, permitiéndoles ejercer su derecho de control democrático; indica que, al mismo tiempo, los servicios lingüísticos contribuyen a que las instituciones de la UE sean abiertas y transparentes para los ciudadanos de Europa;

2.    Opina que el concepto de «multilingüismo integral controlado», establecido en su Código de Conducta[2], constituye el único modo de mantener los costes de traducción dentro de unos límites presupuestarios aceptables, al tiempo que se mantiene la igualdad entre los diputados y entre los ciudadanos;

3.    Lamenta que cada vez más documentos o comunicaciones, en particular las enmiendas de transacción votadas en comisión o, por ejemplo, los anexos a los informes, se presenten en una sola lengua.

Costes de traducción

4.    Subraya que el coste total de todos los servicios lingüísticos de las instituciones de la UE —esto es, del conjunto de la traducción e interpretación— representa sólo el 1 % del presupuesto total de la UE;

5.    Señala que, en 2005, el volumen de traducción fue de 1 324 000 páginas en la Comisión (1 450 traductores), 1 080 000 páginas en el Parlamento (550 traductores) y 475 000 páginas en el Consejo (660 traductores);

6.    Se muestra sorprendido de que las instituciones todavía no hayan calculado ni los costes totales de traducción[3] ni el coste por página; indica, además, que el Tribunal de Cuentas Europeo ha estimado los costes totales de traducción, para 2003, en 414 200 000 euros (511 millones de euros en 2005), de los cuales 214 800 000 para la Comisión (257 millones de euros en 2005), 99 millones de euros para el Parlamento (128 millones en 2005) y 100 400 000 euros para el Consejo (126 millones de euros en 2005); para el mismo año, el coste por página fue de 166,37 euros (196,3 euros en 2005): 150,2 euros para la Comisión (194 euros en 2005), 149,7 para el Parlamento (119 euros en 2005) y 251,8 euros para el Consejo (276 euros en 2005);

7.    Celebra, en este contexto, que su administración haya logrado reducir los costes de traducción por página a pesar de la ampliación;

8.    Manifiesta su preocupación por la observación del Tribunal de Cuentas Europeo de que la productividad del servicio de traducción del Consejo es baja;

9.   Pide a las instituciones que tomen las medidas adecuadas para seguir mejorando la productividad de los servicios de traducción de la UE;

10.  Observa que los precios que pagó a los traductores autónomos («freelance») fueron, como media, un 12 % más elevados que los precios pagados por la Comisión; toma nota de la explicación dada por su administración, según la cual el abanico de lenguas de los traductores autónomos del Parlamento es más amplio, debiendo respetar unos plazos más breves con unos criterios de calidad muy elevados;

11.  Celebra el hecho de que la Comisión y el Consejo hayan logrado limitar el aumento del volumen de traducción tras la ampliación de la UE-10, conteniendo el crecimiento de costes; indica que el Parlamento introdujo el concepto de «multilingüismo integral controlado», lo que le ha permitido mantener el nivel del servicio al tiempo que controlaba los costes;

12.  Pide a las tres instituciones que establezcan los costes de traducción de manera clara y comparable para determinar tanto el coste total de traducción como el coste por página; indica que los datos obtenidos no sólo deberían utilizarse para fines presupuestarios, sino también para concienciar a los usuarios de los costes ocasionados;

13.  Apoya el principio[4] de que el acta literal de las sesiones se publique como documento multilingüe que recoja las intervenciones de los oradores sólo en la lengua original de la intervención, dándose por supuesto que las versiones filmadas de los debates, junto con la interpretación en directo en todas las lenguas oficiales, se pondrá a disposición del público de forma gratuita, previa solicitud, mediante el soporte técnico apropiado, teniendo en cuenta que sólo dará fe el texto original, ya que jurídicamente la interpretación no constituye una traducción oral; opina que los diputados deben poder tener acceso a los resúmenes de los debates traducidos a sus lenguas respectivas y descargarlos sin demora; opina, asimismo, que deben tomarse las medidas necesarias para conservar un archivo digital de fácil consulta; pide al Secretario General que elabore una propuesta formal para aplicar esta decisión de principio, que incluya cláusulas contra los abusos y determine, si procede, las modificaciones que deban efectuarse en el Reglamento (por ejemplo, en el artículo 173) y en otras reglamentaciones internas para poner en práctica el nuevo enfoque previsto;

Calidad de la traducción

14.  Celebra el hecho de que, según una encuesta sobre el grado de satisfacción de los clientes elaborada por el Tribunal de Cuentas Europeo, la calidad y puntualidad de las traducciones a las lenguas de la UE-15 se consideren por lo general satisfactorias, si bien persisten algunos problemas en relación con la terminología jurídica y técnica;

15.  Manifiesta, sin embargo, su preocupación por la calidad, considerablemente menor, de las traducciones a las lenguas de la UE-10 en algunas instituciones durante 2004, debido principalmente a la falta de traductores cualificados; observa que, entretanto, la Comisión ha abordado este problema y que todas las instituciones, con la ayuda de los Estados miembros, han avanzado en la selección de traductores cualificados;

16.  Pide a la Comisión que emprenda una revisión crítica del fracaso de la EPSO en la selección del personal necesario procedente de los países de la UE-10;

17.  Opina, en términos generales, que las instituciones deben tomar las medidas necesarias para garantizar una elevada calidad de las traducciones; insta, por tanto, al Consejo, a los servicios administrativos del Parlamento y a la Comisión a que informen de las medidas adoptadas para controlar y mejorar la calidad de las traducciones con la oportuna antelación para la aprobación de la gestión 2006;

18.  Insta a las instituciones a que elaboren instrumentos que permitan evaluar el grado de satisfacción; pide, por otra parte, que se lleven a cabo con regularidad controles de calidad aleatorios y encuestas sobre el grado de satisfacción de los clientes;

Procedimientos para gestionar la demanda de traducciones

19.  Toma nota de la crítica del Tribunal de Cuentas Europeo con respecto a los ambiguos procedimientos que se utilizan para solicitar las traducciones, así como a las directrices, poco claras, acerca de los documentos que deben o no traducirse;

20.  Celebra, en este contexto, la diligencia de la Comisión en aplicar el procedimiento de autorización y selección de las solicitudes de traducción en 2006; celebra, asimismo, el hecho de que el Consejo estableciera en 2003 una lista de documentos esenciales, limitando con ello la traducción de otros textos;

21.  Recomienda que se recurra en mayor medida a documentos de extensión limitada y a resúmenes escritos;

22.  Alienta a las comisiones y las delegaciones parlamentarias a que, siempre que sea posible, suministren documentos sólo en las lenguas de los miembros y suplentes de las comisiones y delegaciones respectivas; considera que deberían ofrecerse otras versiones lingüísticas previa solicitud;

23.  Subraya la importancia de que las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos elaboren unas previsiones mensuales de traducción[5]; destaca, por otra parte, que debería informarse a los usuarios de los costes ocasionados por sus solicitudes de traducción;

Eficiencia del proceso de traducción

24.  Pide a las instituciones que elaboren indicadores de resultados cualitativos y cuantitativos que faciliten el control de los procesos de traducción a efectos de gestión;

25.  Lamenta que su servicio de traducción no utilice todavía de forma sistemática las herramientas de traducción; insta, por tanto, a sus gestores a que adopten las medidas necesarias para asegurar el uso sistemático de dichas herramientas, en especial los sistemas de memorias de traducción (esto es, Euramis), que ofrecen un elevado potencial de reutilización y, por ello, de ventajas cualitativas;

26.  Pide al Parlamento, al Consejo y a la Comisión que utilicen de forma eficiente y eficaz los recursos internos y externos tales como las bases de datos, la traducción asistida por ordenador, el teletrabajo y la externalización;

27.  Celebra la mejora de la cooperación interinstitucional entre los servicios de traducción de las diferentes instituciones, especialmente por lo que se refiere a la creación de una base de datos terminológica común, al desarrollo de memorias comunes de traducción y al uso compartido de los recursos mediante el proyecto de redistribución de la carga de trabajo entre instituciones;

0

0 0

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas Europeo.

  • [1]  DO C 284 de 21.11.2006, p. 1.
  • [2]  Código de Conducta del Multilingüismo , aprobado por la Mesa el 4 de septiembre de 2006.
  • [3]  De conformidad con el Tribunal, este importe incluye los costes de traductores, secretariado, gestión, personal auxiliar, planificación, oficinas, tecnologías de la información y gestión de recursos humanos (esto es, formación).
  • [4]  PE 368.524/BUR/Corr, acta de la reunión de la Mesa de 16 de enero de 2006.
  • [5]  Artículo 12, apartado 2, del Código de Conducta del Multilingüismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 13 de septiembre de 2006, el Tribunal de Cuentas Europeo presentó a la Comisión de Control Presupuestario su Informe Especial nº 9/2006 sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo.

Veintiún idiomas tienen la condición de lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas, cada una de las cuales cuenta con su propio servicio de traducción. Las instituciones que tienen que producir el mayor volumen de traducción, debido a la naturaleza de sus actividades, son la Comisión, el Parlamento y el Consejo (el 70 % aproximadamente).

Por razones prácticas se ha reducido el número de lenguas usadas con mayor frecuencia en las instituciones, aunque la documentación intercambiada con los Estados miembros está redactada en sus lenguas oficiales. Así pues, la traducción de los documentos entrantes y salientes resulta crucial para el buen funcionamiento de las instituciones, así como para la comunicación con los Estados miembros y sus ciudadanos.

Respeto del multilingüismo

El multilingüismo[1] es uno de los rasgos clave de la Unión Europea, que subraya la diversidad lingüística y cultural y asegura un trato equitativo para los ciudadanos de la UE. El multilingüismo garantiza el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las instituciones de la UE en cualquiera de sus lenguas oficiales, permitiéndoles ejercer su derecho de control democrático. Al mismo tiempo, los servicios lingüísticos contribuyen a que las instituciones de la UE sean abiertas y transparentes para los ciudadanos de Europa.

En el Parlamento, el uso de las lenguas oficiales se rige por su Código de conducta del multilingüismo, actualizado en 2004; su Reglamento estipula que los diputados pueden hablar en la lengua oficial de su elección y que se les suministrará la interpretación en las otras lenguas.

El coste total de todos los servicios lingüísticos en las instituciones de la UE, traducción e interpretación juntas, representa aproximadamente el 1% del presupuesto total de la UE.

Si bien el multilingüismo constituye una expresión de la diversidad cultural de la UE, el creciente número de lenguas oficiales exige soluciones pragmáticas en el trabajo preparatorio de las instituciones.

Objetivo de la fiscalización

El objetivo de la fiscalización consistía en determinar en qué medida la Comisión, el Parlamento y el Consejo gestionan de forma eficiente y eficaz sus recursos y gastos de traducción. El Tribunal se planteó las cuestiones siguientes:

—  ¿Se satisface la demanda de traducción y existen procedimientos adecuados para evitar traducciones innecesarias?

—  ¿Se presentan las traducciones dentro del plazo y con una calidad que se adecua a sus fines?

— ¿Controlan las instituciones el coste de las traducciones?

La fiscalización cubre principalmente los años 2003 y 2004, pero también se han tomado en consideración los cambios ocurridos en 2005 como consecuencia de la ampliación.

Gestión de la demanda de traducción

Serían necesarias unas directrices claras para establecer los criterios que permiten determinar los textos que pueden ser objeto de una solicitud de traducción. Sin embargo, según el Tribunal, ninguna de las instituciones ha establecido procedimientos coherentes y claros para determinar quién puede solicitar una traducción, qué tipos de documentos deben ser traducidos (cuándo y en qué lenguas), cuáles son los criterios para autorizar las traducciones no obligatorias y con qué procedimientos resulta posible controlar la aplicación de la «política de traducción».

Las instituciones fueron generalmente capaces de satisfacer las solicitudes de traducción de las lenguas de la UE-15. En cambio, la situación ha sido distinta en el caso de las 10 lenguas de la última ampliación (UE-10), debido al número insuficiente de traductores de los nuevos Estados miembros.

Ninguna de las instituciones pudo lograr sus objetivos en materia de contratación de traductores de plantilla y de agentes de apoyo para las nuevas unidades lingüísticas.

Durante los últimos años, las instituciones han logrado limitar el aumento del volumen de traducción por medio de las medidas siguientes:

●  estableciendo una lista de «documentos esenciales»,

●  limitando la longitud máxima de los textos,

●  ofreciendo resúmenes en varias lenguas en lugar de la traducción completa,

●  concentrándose en la traducción de la versión final de los documentos,

●  pidiendo mesura a los usuarios.

Control de calidad

Se considera que, en general, la calidad de la traducción a las lenguas de la UE-15 es buena. Sin embargo, el Tribunal ha observado problemas de calidad en las traducciones a las lenguas de la UE-10.

Alrededor de un 90 % de las traducciones se llevaron a cabo dentro de los plazos acordados.

En la Comisión, la Dirección General de Traducción divide todas las traducciones en cinco categorías de «calidad de traducción», con un nivel distinto de revisión y/o evaluación de la calidad en función del tipo de documento. Además, algunas Direcciones Generales de la Comisión, como la de Competencia, revisan sistemáticamente las traducciones que se les transmiten.

El Parlamento y el Consejo no dividen las traducciones en categorías según la calidad, y sus procedimientos de control de la calidad están menos estructurados. Por consiguiente, las prácticas de revisión varían significativamente, aunque los actos legislativos siempre son revisados por juristas-lingüistas antes de su publicación.

Además, el Parlamento evalúa la calidad de las traducciones mediante controles aleatorios bimestrales de las faltas ortográficas o gramaticales.

Ninguno de los servicios de traducción ha desarrollado herramientas específicas para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, como tampoco ha establecido procedimientos para tramitar las reclamaciones sobre la calidad.

Coste y eficiencia de las traducciones

En el pasado, las instituciones no han calculado ni los costes totales de traducción ni el coste por página.

Para 2003, el Tribunal ha estimado que los costes totales de traducción[2] ascendieron a 414,2 millones de euros: 214,8 millones en la Comisión, 99 millones en el Parlamento y 100,4 millones en el Consejo.

El coste medio por página fue de 166,37 euros: 150,2 euros en la Comisión, 149,7 euros en el Parlamento y 251,8 euros en el Consejo.

Las traducciones externas fueron aproximadamente un 30% más baratas que las traducciones internas.

En general, las instituciones no han elaborado indicadores e información de gestión suficientes para controlar el proceso de traducción.

En el caso del Parlamento y del Consejo, es difícil hacer unas previsiones de demanda precisas dado el carácter político de su actividad.

Parece ser práctica corriente que los traductores decidan por sí mismos cómo utilizar las herramientas informáticas (traducción asistida por ordenador), las herramientas de búsqueda y el programa de reconocimiento de voz.

La productividad, definida como el número de páginas estándar producidas internamente por traductor interno (full time equivalent - FTE / «equivalente a tiempo completo»), difiere ampliamente entre las divisiones lingüísticas así como entre las instituciones.

Se considera que la productividad de los servicios de traducción de la UE es menor que la del sector privado[3].

La productividad de la Dirección General de Traducción de la Comisión (aproximadamente 5 páginas diarias) ha sido ligeramente menor que la del servicio de traducción del Parlamento. Esta menor productividad puede explicarse hasta cierto punto por el papel de la Comisión como impulsora del procedimiento legislativo. La productividad del Consejo ha sido sistemáticamente menor que la de la Comisión y el Parlamento a causa de la mayor proporción de documentos legislativos, que exigen una atención especial, así como por una demanda muy fluctuante.

Las instituciones no disponen de un conjunto comparable de indicadores de resultados que permitan controlar en términos comparativos el proceso de traducción en los diferentes servicios.

  • [1]  El principio del multilingüismo se encuentra establecido en los artículos 21, 290 y 314 del Tratado CE.
  • [2]  Según el Tribunal, los costes totales incluyen los derivados de traductores, secretariado, gestión, servicios de apoyo, planificación, edificios, informática y gestión de recursos humanos (por ejemplo, formación).
  • [3]  Véase asimismo Price WaterhouseCoopers, Comité Económico y Social (CES) y Comité de las Regiones (CdR), Análisis comparativo de la productividad de los departamentos de traducción de las instituciones europeas, Bruselas, 4 de agosto de 2000, p. 24: «Cabe señalar que la productividad del traductor de una empresa privada oscila entre 8 y 10 páginas diarias sin tener en cuenta la producción mediante memorias de traducción (una página corresponde a 350 palabras)» [350 palabras = 2 100 espacios = 1,4 páginas estándar].

PROCEDIMIENTO

Título

Informe Especial nº 9/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo

Número de procedimiento

2007/2077(INI)

Comisión competente para el fondo
  Fecha del anuncio de la autorización en el Pleno

CONT
26.4.2007

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

 

 

 

 

 

Opinión(es) no emitida(s)
  Fecha de la decisión

 

 

 

 

 

Cooperación reforzada
  Fecha del anuncio en el Pleno

 

 

 

 

 

Ponente(s)
  Fecha de designación

Alexander Stubb
20.6.2006

 

Ponente(s) sustituido(s)

 

 

Examen en comisión

2.5.2007

 

 

 

 

Fecha de aprobación

5.6.2007

Resultado de la votación final

+

-

0

18

0

0

Miembros presentes en la votación final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz y Alexander Stubb

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Daniel Caspary, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig y Margarita Starkevičiūtė

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Monica Maria Iacob Ridzi

Fecha de presentación

8.6.2007