Informe - A6-0278/2007Informe
A6-0278/2007

INFORME sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

6.7.2007 - (2007/2094(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Ponente: Kathalijne Maria Buitenweg


Procedimiento : 2007/2094(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0278/2007
Textos presentados :
A6-0278/2007
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

(2007/2094(INI))

El Parlamento Europeo,

–       Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–       Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6‑0278/2007),

Aplicación de la Directiva relativa al principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial

A.     Considerando que la UE constituye un proyecto político basado en valores comunes como la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como se establece en el artículo 6 del Tratado UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y que la UE fomenta la igualdad y la no discriminación por medio de sus políticas y leyes, también sobre la base del artículo 13 del Tratado CE,

B.     Considerando que es importante que las declaraciones políticas sobre la lucha contra la discriminación vayan acompañadas del desarrollo progresivo y de la plena y correcta aplicación de las políticas y las leyes, en particular de las directivas relativas a la lucha contra la discriminación y de los proyectos que fomentan la igualdad, como el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos,

C.     Considerando que el informe anual del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para 2006 confirma que la discriminación sigue siendo un problema grave en los Estados miembros,

D.     Considerando que una reciente encuesta de Eurobarómetro[1] indica que el 64 % de los ciudadanos consultados en los 25 Estados miembros cree que la discriminación basada en el origen étnico sigue estando muy extendida,

E.     Considerando que la adopción de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico[2], puede considerarse un paso muy importante en la elevación del nivel de protección de las víctimas de la discriminación por motivos raciales o étnicos y les ofrece mejores posibilidades de obtener reparación,

Carga de la prueba

F.     Considerando que la disposición sobre la carga de la prueba es un aspecto clave de la Directiva, ya que contribuye a establecer de manera efectiva la protección que se prevé en ella,

G.     Considerando que la jurisprudencia sobre la carga de la prueba muestra que siguen existiendo divergencias considerables entre los Estados miembros en cuanto a lo que los demandantes aceptan como prueba prima facie; que, por consiguiente, sería conveniente alentar a los Estados miembros a que intercambien ideas a este respecto con objeto de contemplar las posibilidades existentes para la aproximación de los procedimientos judiciales,

H.     Considerando que la aplicación efectiva del principio de igualdad resultaría favorecida si las disposiciones sobre la carga de la prueba en asuntos civiles y administrativos se extendieran a las disposiciones judiciales contra la victimización,

Organismos de promoción de la igualdad

I.      Considerando que en la actualidad casi todos los Estados miembros cuentan con organismos de promoción de la igualdad o han atribuido las funciones que deben desarrollar dichos organismos a organismos ya existentes,

J.      Considerando que debería alentarse a todos los Estados miembros a tomar la iniciativa sumamente positiva de ampliar las competencias de sus organismos de promoción de la igualdad, de forma que éstos puedan ocuparse también de la discriminación por motivos distintos del origen racial o étnico,

K.     Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben disponer de recursos adecuados, tanto financieros como de personal,

L.     Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben poder funcionar con independencia de sus gobiernos y mostrarse a los ojos del público como organismos que funcionan de forma independiente, es decir, sin formar parte del gobierno,

M.    Considerando que, pese a la existencia de organismos especializados en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, el número de denuncias registradas sigue siendo bajo en varios Estados miembros,

N.     Considerando que, lamentablemente, los organismos de promoción de la igualdad en realidad sólo llevan ante los tribunales un pequeño número de asuntos debido a la falta de recursos financieros y humanos, y que en muchas ocasiones son las ONG las que ayudan a las víctimas de la discriminación a llevar a buen fin sus gestiones,

O.     Considerando que la formación de los funcionarios públicos en relación con los objetivos de la Directiva es vital, puesto que ellos son los responsables de aplicarla,

Ámbito de aplicación

P.     Considerando que no siempre es posible distinguir entre discriminación por motivos de origen racial o étnico y discriminación por motivos de religión, opinión o nacionalidad,

Q.     Considerando que no siempre es fácil determinar si la discriminación se basa en el género, la etnia, la raza, las condiciones sociales, la orientación sexual u otros factores,

Difusión de información y aumento de la conciencia del problema

R.     Considerando que la reciente encuesta de Eurobarómetro confirma que el conocimiento de la existencia de legislación contra la discriminación en la Unión Europea es muy escaso y que, por término medio, sólo un tercio de los ciudadanos de la Unión declaran saber qué derechos les asisten en caso de ser víctimas de discriminación o acoso,

S.     Considerando, no obstante, que determinados Estados miembros han emprendido una gran variedad de iniciativas de información y de concienciación (sitios web, campañas de opinión, anuncios de televisión, anuncios en prensa),

T.     Considerando que determinados Estados miembros han adoptado iniciativas importantes, como la de incorporar en su Derecho nacional la obligación de que los patronos informen a sus empleados acerca de las legislación contra la discriminación,

U.     Considerando que determinados organismos especializados de los Estados miembros han creado servicios de asistencia por teléfono que ofrecen información y apoyo a las víctimas de la discriminación,

V.     Considerando que, por otra parte, determinados Estados miembros han emprendido actividades de información o concienciación más bien limitadas y que en algunos Estados miembros no se tiene noticia de campañas de esta clase,

W.    Considerando que, especialmente en el contexto del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, las instituciones de la Unión y los Estados miembros deberían desplegar esfuerzos importantes para informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, así como garantizar la continuidad de las acciones iniciadas en 2007 durante el año 2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural,

Recogida de datos

X.     Considerando que la recogida de datos es esencial en la lucha contra la discriminación, y que los datos estadísticos desglosados por grupos étnicos pueden ser esenciales para demostrar la discriminación indirecta y diseñar las políticas y desarrollar estrategias positivas, pero al mismo tiempo suscita serios interrogantes éticos y jurídicos,

Y.     Considerando que esta recogida de datos no debe violar la intimidad revelando las identidades de los individuos ni utilizarse como base para la elaboración de perfiles en función de la etnia o la raza,

Derecho a la reparación

Z.     Considerando que los procedimientos alternativos de resolución de conflictos no deben impedir el acceso a los tribunales,

Z bis. Considerando que un gran número de víctimas de discriminaciones no recurre a los tribunales para quejarse debido a distintos factores, entre ellos el coste y el temor de represalias,

Z ter. Considerando que sólo podrán alcanzarse los objetivos de la lucha contra la discriminación si las medidas jurídicas se combinan con acciones positivas a nivel de la UE y de los Estados miembros,

Z quáter.  Considerando que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales tiene el cometido de recopilar y analizar información y datos pertinentes, fiables y comparables en relación con los derechos fundamentales,

1.      Subraya la importancia de la Directiva 2000/43/CE;

2.      Señala que la Directiva 2000/43/CE representa un estándar mínimo, por lo que debería servir de fundamento sobre el que establecer la lucha contra la discriminación en todos sus aspectos;

3.      Se felicita por la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM(2006)0643), cuya finalidad es establecer un marco para la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos con el fin de consolidar el principio de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de trato en los Estados miembros, en el pleno respeto del principio de subsidiariedad y de conformidad con las tradiciones y prácticas nacionales; aprecia la labor de síntesis efectuada en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva, si bien señala que sería útil disponer también de la descripción detallada de la transposición en el Derecho nacional de las disposiciones de la Directiva 2000/43/CE, según lo previsto en la propia Directiva; recuerda al respecto que la Comisión se comprometió no solamente a recabar información detallada, sino también a remitirla al Parlamento y al Consejo y que, en su Resolución de 14 de junio de 2006 sobre la Estrategia marco[3] contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos, el Parlamento pedía a la Comisión «que [examinara] con urgencia la calidad y el contenido de las leyes por las que se aplican las directivas contra la discriminación»;

4.      Insta a los Estados miembros a que traspongan cuanto antes todas las normas de Derecho comunitario de lucha contra la discriminación y a que utilicen todas las disposiciones que incluyan acciones positivas para garantizar la igualdad en la práctica;

5.      Hace hincapié en que la Directiva va más allá del acceso al empleo, al autoempleo y a la ocupación y abarca ámbitos como los de la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las prestaciones sociales y el acceso al suministro de bienes y servicios, con el fin de salvaguardar el desarrollo de unas sociedades democráticas y tolerantes que permitan la participación de todas las personas, con independencia de su origen racial o étnico;

6.      Observa con satisfacción que la mayor parte de los Estados miembros han adoptado medidas para aplicar la Directiva, pero manifiesta su decepción por el hecho de que sólo unos pocos hayan transpuesto de manera adecuada y plena todas sus disposiciones;

7.      Señala que, en particular, varias de las disposiciones de la Directiva, como las definiciones de la discriminación directa e indirecta, el acoso y la carga de la prueba no han sido transpuestas correctamente;

8.      Pide, en particular, un control estricto de la aplicación de la norma de la inversión parcial de la carga de la prueba, especialmente eficaz en caso de que el litigio se refiera al empleo;

9.      Expresa su preocupación por el hecho de que los Estados miembros hayan excluido de la aplicación de la Directiva un número de ámbitos de actividad muy superior al deseable o justificable;

10.    Recuerda que la Directiva se adoptó en junio de 2000 y que los Estados miembros debían aplicarla antes de junio de 2003, lo que les dejaba un margen de tiempo suficiente para adoptar las medidas de ejecución necesarias; pide a la Comisión que adopte un enfoque más proactivo, por ejemplo emitiendo comunicaciones interpretativas y directrices para la aplicación con objeto de garantizar la plena y correcta aplicación por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que siga vigilando atentamente la correcta aplicación de la Directiva, publique su estudio de evaluación lo antes posible e inicie procedimientos de infracción cada vez que ello sea necesario y sin demora, y en cualquier caso antes de finales de 2007;

11.    Reitera que las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 2000/43/CE deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias;

12.    Solicita la elaboración de planes de acción nacionales integrados con el fin de atajar eficazmente todas las formas de discriminación;

13.    Pide a los Estados miembros que desarrollen e implanten planes de acción nacionales para combatir el racismo y la discriminación que incluyan un componente para la recopilación, el control y el seguimiento de datos en ámbitos políticos clave tales como la no discriminación y la igualdad, la inclusión social, la cohesión comunitaria, la integración, el género, la educación y el empleo;

14.    Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un plan de acción específico sobre los mecanismos y los métodos de observación y descripción del impacto de las medidas aplicadas a escala nacional; destaca la importancia de desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, en especial cuantos incidan en el ámbito de las relaciones laborales, centrándose en el trabajo clandestino, no declarado, mal pagado y sin cobertura de seguro, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que instrumento útil para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de lucha contra las discriminaciones, de acuerdo con los modelos nacionales de integración; pide, asimismo, a la Comisión que elabore normas comunes relativas a los datos, con el fin de facilitar la comparabilidad de la información remitida; sostiene que es importante considerar no sólo los contenidos de la normativa de aplicación, sino también su grado de eficacia;

15.    Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que, en sus informes anuales sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, analicen la eficacia de la legislación contra la discriminación en la lucha contra los mecanismos de segregación sistemática de las minorías y de las mujeres, en particular en la educación y el acceso al mercado laboral, a la asistencia sanitaria, a los bienes y a los servicios, y que incorporen a estos informes una perspectiva basada en la igualdad de género para atenuar la discriminación múltiple de la que son víctimas muchas personas;

16.    Recuerda a la Comisión que el Parlamento desea recibir un documento en el que se relacionen las excepciones establecidas en las legislaciones de los Estados miembros, para que pueda celebrarse un debate público sobre las mismas;

17.    Recuerda que los Estados miembros deben elaborar estudios independientes sobre los efectos de los límites de tiempo previstos en las legislaciones nacionales y sobre la eficacia de la protección contra la victimización;

18.    Expresa su inquietud por el escaso nivel de conocimiento de la legislación contra la discriminación que existe entre los ciudadanos de los Estados miembros, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar este nivel de conocimiento;

19.    Alienta a la Comisión a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros en materia de lucha contra la discriminación en el mercado laboral, incluidos los períodos de prácticas, así como en relación con el anonimato en las solicitudes de empleo;

20.    Considera que la comunidad romaní, al igual que otras minorías étnicas reconocidas, necesitan una protección social particular, especialmente tras la última adhesión, ya que se han agudizado los problemas de la explotación, la discriminación y la exclusión de dichas minorías;

21.    Hace hincapié en que las leyes sólo son eficaces cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos y tienen fácil acceso a los tribunales, ya que el sistema de protección previsto en la Directiva depende de que los ciudadanos tomen la iniciativa;

22.    Señala que en el artículo 10 de la Directiva se impone a los Estados miembros la obligación de difundir entre el público, por todos los medios adecuados, información acerca de las disposiciones adoptadas en virtud de la Directiva;

23.    Insta a los Estados miembros a que adopten una serie de normas mínimas, en el marco del método abierto de coordinación, destinadas a garantizar el acceso de los niños de minorías étnicas, en especial de las niñas, a una educación de calidad y en igualdad de condiciones, incluida la adopción de medidas legislativas positivas que obliguen a suprimir la segregación en los centros escolares y a definir los detalles de los planes para poner fin a la educación separada y de calidad inferior que reciben los niños y las niñas de minorías étnicas;

24.    Recuerda a los Estados miembros su obligación de difundir la información pertinente a los ciudadanos y de fomentar y apoyar las campañas de sensibilización sobre la legislación y los organismos nacionales existentes en materia de lucha contra la discriminación;

25.    Insta a los Estados miembros a que velen por que todas las personas de minorías étnicas, en especial las mujeres, tengan acceso a servicios de asistencia médica primaria, de urgencia y preventiva, a que desarrollen y apliquen políticas que garanticen que incluso las comunidades más excluidas tengan pleno acceso al sistema de asistencia médica, y a que organicen acciones de formación y sensibilización destinadas a eliminar los prejuicios dirigidas a los trabajadores del sector de la asistencia sanitaria;

26.    Insta a los gobiernos a que garanticen una igualdad de trato y de oportunidades en relación con las políticas de empleo y de inclusión social, a que aborden las tasas de desempleo muy elevadas que se registran especialmente entre las mujeres de minorías étnicas y, en particular, a que aborden los serios obstáculos que genera la discriminación directa en el marco de los procedimientos de contratación;

27.    Se declara convencido de la importancia vital de asegurar que los funcionarios reciban información sobre los objetivos y las disposiciones de la Directiva, habida cuenta de su responsabilidad en la aplicación de las mismas en la sociedad en su conjunto y para eliminar cualquier riesgo de racismo institucional en los propios órganos gubernamentales; pide a los Estados miembros que inviertan los recursos necesarios en esta clase de formación y alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren programas europeos de intercambio entre las distintas administraciones nacionales;

28.    Pide a los Estados miembros que recojan, compilen y publiquen estadísticas anuales exhaustivas, exactas, fiables y desglosadas por género en relación con los ámbitos siguientes: el mercado laboral, la vivienda, la educación y la formación, la salud y las prestaciones sociales, el acceso público a bienes y servicios, el sistema judicial penal y la participación cívica y política, y que establezcan objetivos e indicadores claros y cuantitativos dentro de las directrices para el empleo y la inclusión social que les permitan medir los progresos realizados en la situación de los migrantes y/o las minorías;

29.    Recomienda a los Estados miembros que doten a sus organismos de promoción de la igualdad de los recursos y poderes necesarios para ejercer con eficacia su importante función y que, en aquellos casos en que los organismos de promoción de la igualdad tengan poderes considerables, los ejerzan plenamente;

30.    Recomienda a los Estados miembros que doten de recursos y competencias a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a informar a los ciudadanos y a facilitar asistencia jurídica en los casos de discriminación;

31.    Señala que, al informar y facilitar asistencia jurídica a los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales soportan una parte desproporcionada de la carga, sin que las autoridades de los Estados miembros les otorguen el estatus ni la financiación correspondientes;

32.    Recomienda a la Comisión que vigile con atención el funcionamiento autónomo de los organismos de fomento de la igualdad, para lo que puede tomar como referencia los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los «Principios de París») adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993, entre los que se incluye el de la adecuada financiación de estas instituciones[4];

33.    Recuerda a la Comisión la posición mantenida por el Parlamento en el sentido de que los Estados miembros deben garantizar que los organismos independientes disponen de recursos financieros adecuados, por lo menos para que las denuncias se examinen sin gastos en el caso de las personas que no estén en situación de aportar una contribución económica, y pide a la Comisión que examine con los Estados miembros la forma de conseguirlo;

34.    Recomienda que los Estados miembros hagan uso de las mejores prácticas seguidas en otros Estados miembros, como la de permitir que los organismos de promoción de la igualdad incoen procedimientos judiciales en nombre de las víctimas o participen como coadyuvantes en los procedimientos judiciales;

35.    Recomienda que los datos relativos a las denuncias y a los resultados de los procedimientos pertinentes desarrollados en tribunales, organismos especializados u otros organismos se desglosen por motivos de discriminación, para permitir evaluar mejor la efectividad de la aplicación de la legislación, especialmente en países donde los organismos especializados o los tribunales se ocupen de todos los motivos de discriminación;

36.    Recomienda a los Estados miembros que doten a sus organismos de promoción de la igualdad de los recursos humanos y los medios financieros necesarios para que puedan ejercer con eficacia su importante función, incluida una asistencia adecuada a las víctimas de las discriminaciones; considera que estos organismos también deberían tener competencias de investigación para poder instruir los casos;

37.    Alienta a los Estados miembros a reforzar el diálogo con las ONG que luchan contra todas las formas de discriminación y a involucrarlas estrechamente en las políticas aplicadas para promover el principio de igualdad de trato;

38.    Hace hincapié en que las víctimas de discriminación deben recibir asistencia en los procedimientos judiciales y recuerda que, en este sentido, las entidades formal o informalmente establecidas pueden ofrecer una importante ayuda a las víctimas;

39.    Pide a los Estados miembros que recopilen y faciliten información y datos pertinentes, fiables y comparables a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales;

40.    Recomienda a los Estados miembros que garanticen que dichas entidades formal o informalmente establecidas cuentan con recursos adecuados;

41.    Pide a la Comisión que examine cuidadosamente los distintos parámetros y cuestiones jurídicas relativos a la recogida de datos y que presente propuestas para mejorar el registro de casos de discriminación; considera que debe velarse por que pueda disponerse de conjuntos de datos comparables procedentes de los veintisiete Estados miembros; observa que en la actualidad no se dispone de estos datos para todos los Estados miembros y que los datos comparables son esenciales para contar con una plataforma sólida sobre la cual se puedan construir las políticas;

42.    Pide a la Comisión que examine cuidadosamente los distintos parámetros y cuestiones jurídicas relativos a la recogida de datos y que presente propuestas para mejorar el registro de casos de discriminación, también para garantizar que esa recogida de datos no viole la intimidad revelando las identidades de los individuos ni sirviendo de base para la elaboración de perfiles en función de la etnia o la raza;

43.    Subraya que el tratamiento de los datos relativos a la raza y la etnia es una cuestión delicada, y recuerda que los datos tratados en el marco de la aplicación de la presente Directiva están sujetos a las directivas relativas a la protección de datos; destaca que deben preverse garantías adicionales para los datos relativos a la raza y la etnia, dado que estos datos podrían desviarse y utilizarse a otros fines en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, por ejemplo, para la elaboración de perfiles en función de la etnia; reitera su solicitud de que se apruebe una decisión marco sobre la protección de datos, con objeto de garantizar también que toda interacción de datos entre el primer y el tercer pilar esté sujeta a unas normas estrictas en materia de protección de datos;

44.    Recomienda a los Estados miembros que examinen la posibilidad de recoger datos estadísticos, utilizando las salvaguardias adecuadas en materia de protección de datos personales con objeto de excluir la elaboración de perfiles en función de la etnia, sobre la representación de los grupos étnicos y raciales en los distintos ámbitos de la sociedad, incluidos los sectores tanto público como privado, y que elaboren políticas, sobre la base de estos datos, destinadas a garantizar la igualdad de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia, a la profesión, a la educación, a la protección social y la seguridad social y a las prestaciones sociales, así como la igualdad por lo que respecta al acceso a los bienes y al suministro de éstos;

45.    Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio en el que se examine qué Estados miembros cuentan con disposiciones que prevén acciones positivas, qué condiciones deben satisfacerse, cómo han aplicado en la práctica estas disposiciones los organismos gubernamentales o no gubernamentales y cuál ha sido su eficacia;

46.    Pide a los Estados miembros que pongan a disposición del público estadísticas detalladas sobre los delitos de racismo, y que realicen encuestas sobre los delitos y/o las víctimas de los delitos que permitan recopilar datos cuantitativos y comparables sobre las víctimas de delitos de racismo;

47.    Pide a la Comisión que examine y facilite datos relativos a la discriminación múltiple;

48.    Pide a la Comisión que supervise atentamente la discriminación oculta basada en «requisitos profesionales esenciales y determinantes», la interacción entre las discriminaciones basadas en la aplicación de esta excepción por motivos religiosos en el marco de la Directiva sobre el empleo y sus consecuencias para la raza y la etnia, y que preste una atención especial a la discriminación en el ámbito de la educación;

49.    Reitera que es deseable, desde los puntos de vista político, social y jurídico, poner fin a la jerarquización de grados de protección frente a los distintos motivos de discriminación y acoge con satisfacción, en este sentido, la intención manifestada por la Comisión de presentar una propuesta para que la aplicación de la Directiva se extienda a todos los motivos de discriminación, como afirma en su programa legislativo anual para 2008; espera, en consecuencia, que la Comisión inicie los trabajos preparatorios ya este año con objeto de presentar esta propuesta lo antes posible, y en cualquier caso antes de finales de 2008;

50.    Se congratula por el interés que manifiesta la Comisión por el fenómeno de la discriminación múltiple y por el hecho de que haya emprendido un estudio al respecto; pide a la Comisión que adopte una noción amplia de discriminación múltiple que tenga en cuenta la exposición a más de un factor de riesgo de discriminación;

51.    Pide a los Estados miembros que concedan mayor importancia a las pruebas de discriminación; les aconseja que sigan el programa de pruebas de discriminación elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo, tal y como propone el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, y que formen a personas que lleven a cabo las pruebas en las áreas clave de empleo y ocupación, educación, vivienda y alojamiento, sanidad, acceso a bienes y servicios y violencia racista;

52.    Pide a la Comisión que, en función de sus competencias, involucre a la Agencia de Derechos Fundamentales al marco legislativo comunitario existente en la lucha contra la discriminación, para que la Agencia desempeñe un papel importante facilitando regularmente información precisa y actualizada que será pertinente para la elaboración de la legislación futura;

53.    Insta a las instituciones de la UE a que sigan utilizando como criterio para evaluar la preparación para la adhesión a la Unión Europea la situación de las minorías étnicas, en particular de las mujeres y los menores, en los países candidatos;

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54.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

  • [1]  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf.
  • [2]  DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
  • [3]  Textos Aprobados, P6_TA (2006)0261.
  • [4]  http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En 1997, el Tratado de Amsterdam introdujo en el Tratado CE el artículo 13 contra la discriminación. Este artículo sirve de base para dos directivas, la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo[1] y la denominada Directiva sobre igualdad racial[2]. Esta última Directiva debía haber sido aplicada por los Estados miembros antes del 19 de julio de 2003.

El informe de la Comisión[3] ofrece un análisis sobre la aplicación de la Directiva sobre la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. En una fase posterior durante este año, la Comisión presentará probablemente información sobre posibles procedimientos por incumplimiento.

La ponente considera que la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE) es una legislación importante. Ha constituido un gran paso adelante en la protección de las personas contra la discriminación y les ha proporcionado posibilidades de recurso. También es importante que la Directiva se aplique a todas las personas, independientemente de su ciudadanía o estatuto de residencia.

La aplicación correcta de la Directiva exige aún mucho trabajo. La ponente pide a la Comisión que tenga en cuenta no sólo la transposición correcta de las Directivas, sino que considere también los obstáculos de fondo. Muchas personas no son conscientes de sus derechos o tienen dificultades a la hora de emprender una acción legal. Debe darse mayor prioridad a la información sobre las leyes contra la discriminación y el acceso al derecho de recurso.

A pesar de los progresos realizados en la transposición de las directivas relativas a la no discriminación, el racismo no ha disminuido. Al contrario: en la Unión Europea ha aumentado de manera dramática el número de actos racistas registrados. A ello se suman las pruebas de una mayor tolerancia con los comportamientos discriminatorios, en particular frente a los inmigrantes y los musulmanes. El racismo es contrario a los principios de la Unión Europea; socava la cohesión social que impide la emancipación de las personas. Es importante que el Parlamento Europeo dé un impulso para aumentar la voluntad política de abordar el racismo.

En relación con la aplicación de la Directiva, la ponente ha examinado el ámbito de aplicación, las posibilidades de recurso, la carga de la prueba, los organismos de promoción de la igualdad, la divulgación de información y la sensibilización.

1.   Ámbito de aplicación

En el momento de su adopción, la Directiva sobre igualdad racial fue revolucionaria, porque no limitaba la protección contra la discriminación al ámbito del empleo. Su artículo 3 incluye en el ámbito de aplicación, entre otras cosas, la seguridad social, la educación y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda.

El amplio ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43/CE no se reflejaba en la Directiva sobre el empleo (2000/78/CE), que prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, pero sólo en relación con el empleo y la ocupación. La ponente acoge con satisfacción el hecho de que un determinado número de Estados miembros haya adoptado el amplio ámbito de aplicación de la Directiva sobre igualdad racial para todos los tipos de discriminación, con lo que van más allá de la Directiva.

La ponente considera que la Directiva sobre el empleo debería modificarse con el fin de que tenga el mismo ámbito de aplicación que la Directiva sobre la igualdad racial. Esto es necesario para no crear una jerarquía en las formas de discriminación y evitar también problemas en caso de discriminación múltiple.

Además, dado que el racismo va unido a la discriminación por motivos de nacionalidad y/o religión o convicciones, la adaptación del ámbito de aplicación de la Directiva puede ser necesaria para aumentar el acceso a un recurso efectivo.

Si bien la mayor parte de los países parece respetar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre igualdad racial, aún existen importantes deficiencias que es necesario abordar. Cinco Estados miembros, por ejemplo, aún no han transpuesto adecuadamente la Directiva en los ámbitos distintos del empleo[4].

Además, en algunos Estados miembros la transposición se ha limitado al sector privado. En dos países, el servicio militar queda excluido del ámbito de aplicación de la legislación transpuesta[5]. Mientras el sector público no está adecuadamente cubierto en algunos Estados miembros, otros han limitado la aplicación de la Directiva al sector privado[6]. Dado que todos los organismos públicos y privados están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, es necesario averiguar por qué han quedado excluidos determinados sectores.

La ponente también quisiera saber de la Comisión si la Directiva cubre también actividades de las autoridades policiales en los Estados miembros, tales como la elaboración de perfiles étnicos.

2.   Posibilidades de recurso

Todos los Estados combinan los procedimientos judiciales con los no judiciales. Esto es importante, porque en los procedimientos civiles la carga de la prueba no corresponde únicamente a la víctima y porque ésta no depende del fiscal para presentar reclamaciones.

En general, la jurisprudencia sobre la discriminación es muy reducida. Se podría concluir que el racismo no es un problema especialmente grave, pero la investigación llega a otros resultados. Un argumento más realista es que aún existen muchas barreras para acceder a la justicia. La duración y complejidad de los procedimientos pueden tener un efecto disuasorio sobre las víctimas[7]. Por otro lado, cuando se quiere presentar una reclamación el plazo es a veces demasiado corto. Por ejemplo, las víctimas tienen sólo 30 días en Hungría y dos meses en los Países Bajos e Irlanda para emprender una acción.

En un determinado número de Estados miembros la insuficiencia de recursos económicos para llevar adelante un caso puede constituir un obstáculo real[8].

Las asociaciones pueden representar una ayuda real para las víctimas. Sin embargo, varios Estados miembros no prevén normas especiales para la implicación de las asociaciones en los procedimientos por discriminación[9]. Pocos Estados permiten a las asociaciones implicarse en procedimientos «en nombre de las víctimas» de discriminación. Hay algunos ejemplos positivos como España o Letonia donde las entidades legales autorizadas legalmente a defender derechos e intereses colectivos legítimos pueden implicarse en nombre del o de la demandante, con la autorización de este o esta, en cualquier procedimiento judicial con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de trato basado en el origen racial o étnico.

La infracción de las leyes contra la discriminación debe perseguirse con sanciones eficaces proporcionadas y disuasorias. Puede decirse que hasta ahora pocos países han establecido sanciones apropiadas.

3.   Carga de la prueba

Son de sobra conocidas las dificultades para probar un trato discriminatorio. En el sector del empleo en particular el empleador tiene una posición mucho más fuerte que el empleado, dado que la información relativa a la supuesta decisión discriminatoria está normalmente en poder del empleador y los testigos son con frecuencia reacios a testificar contra su propio empleador. Por esta razón, el artículo 8 prevé una prueba, por así decir, en dos fases. En la primera fase, las personas que consideren haber sido objeto de discriminación presentan los hechos que permiten presumir que ha habido discriminación directa o indirecta. La carga de la prueba pasará entonces al demandado para probar que no se ha violado el principio de igualdad de trato. Esto no se aplicará a los procedimientos penales.

Varios Estados miembros no han transpuesto (adecuadamente) la disposición relativa a la carga de la prueba[10]. Además, en algunos Estados miembros las disposiciones que transponen la carga de la prueba no han podido ser verificadas en la práctica por falta de casos de litigio.

Los primeros indicios extraídos de la práctica judicial dan a entender que incluso una prueba prima facie sigue siendo un obstáculo difícil de superar por parte de los demandantes. Es difícil obtener estadísticas y las pruebas de situación deben cumplir condiciones estrictas.

La recogida de datos sensibles que se necesitaría para establecer la discriminación indirecta o para evaluar la amplitud de la discriminación en la sociedad sigue provocando preocupación y miedo en muchos Estados miembros.

4.   Organismos de promoción de la igualdad

Casi todos los Estados miembros[11] disponen actualmente de organismos de promoción de la igualdad o han atribuido las funciones que deben desempeñar tales organismos a otros existentes, tales como las instituciones nacionales de derechos humanos. Una elevada proporción de estos organismos es competente no sólo para la discriminación basada en el origen racial y étnico sino también en otros motivos. Los organismos respectivos prestan asistencia a las víctimas de discriminación de diferentes maneras, tales como emprender una acción legal[12] o mediante dictámenes no vinculantes sobre reclamaciones que se les hayan presentado[13]. Un determinado número de organismos puede investigar reclamaciones de discriminación y, normalmente, obligar a todas las partes implicadas a mostrarse de acuerdo con sus resultados[14].

Queda por ver si todos los organismos serán capaces de desempeñar sus funciones con independencia, tal como exige la Directiva[15]. Por ejemplo, tanto en Italia como en España los organismos de promoción de la igualdad están adscritos a ministerios.

En algunos países los organismos no tienen recursos económicos suficientes para desempeñar sus funciones.

5.   Divulgación de la información y sensibilización

Generalmente, los derechos son de poca utilidad si las personas no son conscientes de ellos. Por consiguiente, el artículo 10 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de divulgar, por todos los medios adecuados, la información relativa a las disposiciones de la Directiva.

Tanto la Comisión como la Red de Expertos Jurídicos Independientes han observado que muchos Estados miembros no han cumplido con sus obligaciones en este punto. También el reciente Eurobarómetro confirma que la conciencia de la existencia de una legislación contra la discriminación está poco desarrollada. Sólo el 35 % de los que responden piensa que en su país existe una ley que prohíbe la discriminación basada en el origen étnico. Y sólo una tercera parte de los ciudadanos de la UE afirma saber qué hay que hacer cuando son víctimas de discriminación o acoso. En particular en los diez nuevos Estados miembros los niveles de concienciación son más bajos.

No obstante, la Directiva ha impulsado un debate público sobre la no discriminación y ha dado lugar a muchas iniciativas importantes. Un determinado número de Estados miembros, incluidos Malta, Polonia y Portugal, han incorporado a su legislación nacional la obligación de los empleadores de informar a sus empleados sobre las leyes relativas a la discriminación. Finlandia ha tenido especialmente éxito al poner a disposición un folleto sobre la ley de no discriminación en alfabeto Braille y, tanto impreso como en Internet, en finés, sueco, inglés, sami, ruso, árabe y español.

Es absolutamente necesario, sin embargo, que en el contexto del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades tanto las instituciones de la UE como los Estados miembros garanticen que toda persona en Europa sea consciente de sus derechos.

  • [1]  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
  • [2]  Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
  • [3]  COM(2006)0643 final/2 de 15 de diciembre de 2006.
  • [4]  Malta, Letonia, Estonia, Polonia, República Checa.
  • [5]  Letonia, Malta.
  • [6]  Hungría.
  • [7]  Este es el caso de Portugal y Eslovenia donde existe la preocupación de que determinados procedimientos judiciales puedan prolongarse por cinco años o más.
  • [8]  Por ejemplo, en la República Checa, Lituania y Eslovaquia.
  • [9]  Por ejemplo, en Dinamarca, Finlandia, Lituania, Suecia o el Reino Unido.
  • [10]  Austria, Italia, Letonia, Polonia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Alemania. Véase la Red de Expertos Independientes, p. 73.
  • [11]  Las excepciones son la República Checa, Luxemburgo, Malta y Alemania.
  • [12]  Por ejemplo los organismos de Finlandia, Bélgica, Hungría, Irlanda, Reino Unido y Suecia.
  • [13] Esta es la situación en Austria, Países Bajos, Dinamarca, Chipre, Hungría, Letonia, Lituania, Grecia y Eslovenia.
  • [14]  Por ejemplo en Austria, Chipre, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania y Suecia.
  • [15]  Véase el informe «El desarrollo de la legislación antidiscriminación en Europa – una comparación entre los 25 Estados miembros», Red Europea de Expertos Independientes en el ámbito de la no-discriminación, noviembre de 2006.

OPINIÓN MINORITARIA

Declaración por escrito de conformidad con el artículo 48 del Reglamento

en la que se recoge una opinión minoritaria en relación con el informe BUITTEMWEG

aprobado por la Comisión LIBE.

por Koenraad DILLEN

La base constitucional de la Directiva 2000/43/CE es cuestionable; no se ha observado el principio de subsidiariedad.

El reducido número de condenas por parte de los tribunales no apunta a una «falta de conocimiento» sino al hecho de que de la «discriminación» en Europa se ha exagerado considerablemente.

Deben rechazarse las demandas de «más dinero», dado que la UE gasta 9 millones de euros al año en un Observatorio y 1 millón de euros al año en la red ENAR, que realiza el mismo trabajo.

Debe rechazarse la inversión de la carga de la prueba, ya que, en una democracia basada en el Estado de derecho, una persona es considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario.

La Directiva crea confusión entre actos de discriminación y la expresión de opiniones criticas. Debe restablecerse la libertad de expresión. Deben rechazarse las recientes y peligrosas declaraciones del Observatorio europeo sugiriendo que la «islamofobia» representa una nueva forma de discriminación y que el problema de conflicto con las caricaturas danesas debe abordarse con una ley contra la blasfemia.

Permitir a todo tipo de asociaciones iniciar procedimientos judiciales constituye en sí mismo una forma inaceptable de privatización del sistema de justicia.

Es inadecuado abogar en favor de más causas prohibidas de discriminación, proporcionando una oportunidad a nivel europeo, como ocurre en Bélgica, para que los grupos de homosexuales militantes presenten denuncias contra dignatarios de la Iglesia católica.

OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (11.5.2007)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico
(2007/2094(INI))

Ponente de opinión: Patrizia Toia

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A.     Considerando que, de acuerdo con la reciente encuesta de Eurobarómetro, el 51 % de los ciudadanos europeos considera que en sus respectivos países no se han realizado los esfuerzos suficientes para combatir las discriminaciones,

B.     Considerando que, de acuerdo con la encuesta de Eurobarómetro, las lagunas en las estrategias de información y la consiguiente falta de conocimiento público de la legislación nacional y europea en materia de lucha contra la discriminación reflejan la preocupación de los ciudadanos,

1.      Se felicita por la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, cuya finalidad es establecer un marco para la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos con el fin de consolidar el principio de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de trato en los Estados miembros, en el pleno respeto del principio de subsidiariedad y de conformidad con las tradiciones y prácticas nacionales; aprecia la labor de síntesis efectuada en el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva, si bien señala que sería útil disponer también de la descripción detallada de la transposición en el Derecho nacional de las disposiciones de la Directiva 2000/43/CE, según lo previsto en la propia Directiva; recuerda al respecto que la Comisión se comprometió no solamente a recabar información detallada, sino también a remitirla al Parlamento y al Consejo y que, en su Resolución de 14 de junio de 2006 sobre la Estrategia marco[1] contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos, el Parlamento pedía a la Comisión «que [examinara] con urgencia la calidad y el contenido de las leyes por las que se aplican las directivas contra la discriminación»;

2.      Reconoce que las discriminaciones por motivos raciales o étnicos, así como las diferentes formas de explotación laboral de los inmigrantes, incluidos especialmente el trabajo clandestino y no declarado, socavan la consecución de un elevado nivel de empleo y protección social y laceran la cohesión económica y social, el crecimiento, la eficiencia y la solidaridad;

3.      Reconoce que la Agenda de política social para el periodo 2005-2010, que completa y apoya la Estrategia de Lisboa, refuerza la dimensión social del desarrollo económico y promueve la igualdad de oportunidades para todos como factor de creación de una sociedad con mayor capacidad de integración social;

4.      Destaca que es preciso prestar atención a todo tipo de discriminación, incluida la discriminación por motivos de nacionalidad;

5.      Aboga, en particular en el caso del empleo, por una reflexión sobre determinados sectores de actividad, como los servicios de cuidados y asistencia familiar y doméstica en todos los Estados miembros, sector escasamente regulado y protegido, o los servicios sanitarios, en el que se registran dificultades derivadas de las normativas nacionales de acceso al empleo en la administración pública;

6.      Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que aún no lo hayan hecho que remitan a la Comisión las informaciones necesarias relativas a los medios, formas y resultados de la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos;

7.      Insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación íntegra y correcta de la Directiva; respalda y alienta a la Comisión a que inicie procedimientos por infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra aquellos Estados miembros cuyas medidas de aplicación nacionales no se ajusten a las disposiciones de la Directiva 2000/43/CE, especialmente en lo relativo a las competencias y al requisito de independencia de los organismos responsables del fomento de la igualdad de trato contemplados en el artículo 13 de la mencionada Directiva y a que informe ampliamente de la situación a los ciudadanos europeos;

8.      Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un plan de acción específico sobre los mecanismos y los métodos de observación y descripción del impacto de las medidas aplicadas a escala nacional; destaca la importancia de desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, en especial cuantos incidan en el ámbito de las relaciones laborales, centrándose en el trabajo clandestino, no declarado, mal pagado y sin cobertura de seguro, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que instrumento útil para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de lucha contra las discriminaciones, de acuerdo con los modelos nacionales de integración; pide, asimismo, a la Comisión que elabore normas comunes relativas a los datos, con el fin de facilitar la comparabilidad de la información remitida; sostiene que es importante considerar no sólo los contenidos de la normativa de aplicación, sino también su grado de eficacia;

9.      Reconoce que los servicios de interés general (SIG) pueden desempeñar un importante papel en la lucha contra la discriminación y la exclusión por motivos raciales o étnicos; por tanto, insta a los Estados miembros a que garanticen que los proveedores de SIG, sin perjuicio de la legislación relativa a la protección de datos y las libertades civiles, lleven a cabo un «seguimiento étnico» a fin de asegurar la igualdad de trato y la inclusión, poniendo así de relieve el papel clave de los proveedores de SIG en este ámbito; destaca que los proveedores de SIG podrían servir como ejemplo de organismos que aplican las mejores prácticas en materia de igualdad de trato de las minorías étnicas y raciales, en calidad tanto de empleadores como de proveedores de servicios;

10.    Pide, en particular, un control estricto de la aplicación de la norma de la inversión parcial de la carga de la prueba, especialmente eficaz en caso de que el litigio se refiera al empleo;

11.    Alienta a la Comisión a que examine aquellas disposiciones nacionales que rebasen las normas mínimas establecidas por la Unión, haga un balance de las ventajas y los inconvenientes de las soluciones nacionales propuestas y colabore proponiendo posibles soluciones destinadas a mejorar la situación de las personas víctimas de discriminación;

12.    Recuerda que la prohibición del trato discriminatorio no debe afectar al mantenimiento o al establecimiento de medidas dirigidas a prevenir o compensar la posición desventajosa en la que se encuentran grupos de personas de determinado origen racial o étnico cuando el objetivo principal de estas medidas sea defender las especiales necesidades de dichas personas; insta a la Comisión a que prosiga su reflexión sobre la discriminación positiva, con miras a definir mejor su posición con relación a este concepto;

13.    Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo (como la iniciativa EQUAL) y el programa PROGRESS durante el período 2007-2013, dirigidas, entre otras cosas, a mejorar la integración social de las personas con discapacidad, además de fomentar la lucha contra las discriminaciones; pide a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias que promuevan objetivos estratégicos que respondan ante todo a las preocupaciones de los ciudadanos de todo el espectro de edades, y que prevean los fondos necesarios para fomentar una mayor solidaridad en la Unión Europea y fuera de sus fronteras, en particular cuando examinen de nuevo la estructura del gasto comunitario para el periodo 2008-2009;

14.    Se congratula por el interés que manifiesta la Comisión por el fenómeno de la discriminación múltiple y por el hecho de que haya emprendido un estudio al respecto; pide a la Comisión que adopte una noción amplia de discriminación múltiple que tenga en cuenta la exposición a más de un factor de riesgo de discriminación;

15.    Pide a los empleadores una mayor participación en el fomento, el apoyo y el refuerzo del proceso de no discriminación en el lugar de trabajo; destaca la importancia de la participación positiva de los empleadores y de los efectos positivos de una política favorable a la diversidad en el lugar de trabajo; se felicita por la conclusión de las negociaciones entre los interlocutores sociales sobre un acuerdo marco en materia de acoso y violencia en el lugar de trabajo como forma de fomentar un empleo digno en Europa; pide a la Comisión que haga un seguimiento de estos acuerdos a fin de garantizar que sean respetados y aplicados de forma efectiva; insta a los empleadores a que, en el marco de la responsabilidad social de las empresas, velen por que se garantice la igualdad y se combatan la discriminación y la exclusión por motivos raciales o étnicos en el ámbito de la educación y la formación de los trabajadores;

16.    Destaca la importancia de la cooperación entre las diferentes administraciones —locales, nacionales y europea— en la lucha contra la discriminación;

17.    Acoge con satisfacción la mayor sensibilización a la diversidad y el uso de la gestión de la diversidad como buena práctica empresarial; señala el beneficio comercial derivado de la gestión de la diversidad; reconoce que la diversidad puede entrañar un desafío para la gestión y la contratación; insta a las asociaciones de PYME a que asistan a sus miembros en este ámbito, de forma que este tipo de empresas pueda beneficiarse del valor añadido de la diversidad de la mano de obra;

18.    Recuerda su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación[2], en la que destaca la importancia que reviste la lucha contra las discriminaciones en el marco de esta responsabilidad; insiste en su petición a la Comisión de fomentar la difusión de buenas prácticas procedentes de las iniciativas de responsabilidad social de las empresas, al tiempo que insta a la Comisión a que incluya la igualdad de trato y el fomento de la diversidad entre los criterios que deberían respetar las empresas;

19.    Alienta a la Comisión a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros en materia de lucha contra la discriminación en el mercado laboral, incluidos los períodos de prácticas, así como en relación con el anonimato en las solicitudes de empleo;

20.    Destaca la preocupación de los sindicatos europeos por la prioridad que dan los Estados miembros, en materia de discriminación, al diálogo con las ONG antes que con los interlocutores sociales; insiste en el papel fundamental que desempeñan los interlocutores sociales en el fomento de la igualdad de trato en las empresas, la aplicación del principio de responsabilidad social de las empresas y la ayuda a los trabajadores víctimas de discriminación;

21.    Se felicita por la Decisión no 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, por la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos (2007) - Hacia una sociedad justa[3]; llama la atención, no obstante, sobre la necesidad de vincular el presente Año Europeo con el próximo Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008); se congratula por las iniciativas emprendidas en el ámbito del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos y la valorización de las diferencias junto a la lucha contra las discriminaciones; señala la importancia de los derechos vigentes en la actual legislación; insta a los Estados miembros a que lleven a cabo acciones en el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos a fin de sensibilizar a los ciudadanos respecto de sus derechos legales; señala que finalmente se va tomando una mayor conciencia de que las sociedades inclusivas —esto es, las que tienen debidamente en cuenta los desafíos y oportunidades que ofrece la diversidad— son las más competitivas;

22.    Considera necesarias la coherencia y la complementariedad con otras acciones comunitarias, especialmente en lo que se refiere a las políticas de lucha contra la discriminación y la exclusión social, así como a la promoción de los derechos fundamentales, la educación, la formación, el diálogo intercultural y, asimismo, las cuestiones relacionadas con la juventud, la ciudadanía, la inmigración, el asilo y la igualdad de género, y pide a la Comisión que refuerce la coordinación de todas las acciones mencionadas;

23.    Pide a los Estados miembros que, en el marco de la Estrategia europea para el empleo, definan en sus planes de acción nacionales medidas y medios más amplios dirigidos a facilitar la integración de todas las minorías, especialmente las étnicas, en el mercado laboral; pide a la Comisión, en aras de la definición de un enfoque más coherente con miras a dicha integración, que tenga en cuenta, a la hora de definir las próximas orientaciones para las políticas de los Estados miembros en el ámbito del empleo, las principales recomendaciones sobre las políticas que deben aplicarse en dicho ámbito y que está previsto que el Grupo de expertos de alto nivel sobre la integración social de las minorías étnicas y su plena participación en el mercado laboral, creado por la Decisión de la Comisión 2006/33/CE[4], presente antes de finales de 2007;

24.    Considera que, con independencia del origen racial o étnico, la participación debe ampliarse y cubrir ámbitos como la educación y la formación profesional, incluido el derecho al aprendizaje y la formación continua en la lengua del país de origen;

25.    Considera que la comunidad romaní, al igual que otras minorías étnicas reconocidas, necesitan una protección social particular, especialmente tras la última adhesión, ya que se han agudizado los problemas de la explotación, la discriminación y la exclusión de dichas minorías;

26.    Reconoce las dificultades que afrontan los inmigrantes recién llegados a la Unión Europea, especialmente las mujeres, ya que sufren una doble discriminación, por motivos de sexo y de origen étnico; pide a los Estados miembros que refuercen las estructuras y los servicios sociales dirigidos a la correcta integración de los inmigrantes, ofreciéndoles información sobre sus derechos y obligaciones de conformidad con los principios y la legislación aplicables en los Estados miembros;

27.    Observa que es necesario adoptar un planteamiento integrado de la prohibición de la discriminación por motivos raciales o étnicos que tenga en cuenta la estrecha relación que existe entre el reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías en los Estados miembros, por una parte, y las medidas contra la xenofobia, por otra; sostiene que la necesidad de un planteamiento integrado abarca las interconexiones con la cuestión de la inmigración, con especial referencia al plan de acción sobre la inmigración legal, la lucha contra la inmigración clandestina, el futuro de la red europea de migraciones y la normativa sobre la reagrupación familiar y la entrada en los Estados miembros; destaca que este enfoque coordinado permitiría mejorar la información y el conocimiento de la normativa, así como aclarar y simplificar el marco jurídico y evitar el solapamiento de normas, que tiene efectos especialmente negativos en el empleo;

28.    Pide que las ONG actúen en defensa de los derechos de las víctimas de la trata de seres humanos y que desempeñen un papel más destacado en la tarea de facilitar la concesión de permisos de residencia; pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de la normativa necesaria para incrementar el número de organismos gubernamentales de apoyo a las víctimas de la explotación y amplíen las redes de asistencia sanitaria y apoyo psicológico cuando y donde sea necesario; pide, asimismo, que se lleven a cabo inspecciones de trabajo dirigidas a erradicar toda forma de explotación o trabajo forzoso;

29.    Insta a los Estados miembros a que velen por que todos los trabajadores, incluidos los que estén en espera de regularización, tengan acceso a las magistraturas de trabajo y a las autoridades responsables de garantizar la igualdad de trato, a fin de que gocen de la tutela de los derechos vinculados a las prestaciones laborales, incluso cuando se hayan prestado en un período no cubierto por un permiso de residencia; pide a los Estados miembros que, cuando sea necesario, creen las condiciones jurídicas que garanticen a los trabajadores inmigrantes todavía no regularizados el acceso a los organismos judiciales competentes y se aseguren de que todos los trabajadores reciben una asistencia adecuada antes, durante y después de un procedimiento judicial;

30.    Pide a la Comisión que considere la oportunidad de profundizar en la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social, especialmente en el caso de trabajadores que residen y prestan sus servicios en un Estado miembro durante un tiempo limitado;

31.    Pide a la Comisión que actúe de inmediato para fomentar la legislación europea contra todo tipo de discriminación, incluida la discriminación por motivos de credo religioso u otras convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, garantizando que se tengan debidamente en cuenta las disposiciones de la nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

32.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el fenómeno de las discriminaciones múltiples y lo contemplen en sus futuras políticas y programas.

PROCEDIMIENTO

Título

Aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico

Número de procedimiento

2007/2094(INI)

Comisión competente para el fondo

LIBE

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL

26.4.2007

Cooperación reforzada
  Fecha del anuncio en el Pleno

no

Ponente(s)
  Fecha de designación

Patrizia Toia
22.11.2006

Ponente(s) sustituido(s)

---

Examen en comisión

21.3.2007

7.5.2007

 

 

 

Fecha de aprobación

8.5.2007

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

33

0

2

Miembros presentes en la votación final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz y Gabriele Stauner

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Agnes Schierhuber y Patrizia Toia

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

---

Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)

---

  • [1]  Textos Aprobados, P6_TA (2006)0261.
  • [2]  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0062.
  • [3]  DO L 146 de 31.5.2006, p. 1.
  • [4]  DO L 21 de 25.1.2006, p. 20.

OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (26.6.2007)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
(2007/2094(INI))

Ponente de opinión: Lívia Járóka

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, pese a la existencia de organismos especializados en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, el número de denuncias registradas sigue siendo bajo en varios Estados miembros,

B.  Considerando que no siempre es fácil determinar si la discriminación se basa en el género, la etnia, la raza, las condiciones sociales, la orientación sexual u otros factores,

C. Observando con gran preocupación que la conducta discriminatoria también se da en ocasiones al más alto nivel político,

1.  Pide a los Estados miembros que transpongan la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico para luchar contra los diferentes tipos de discriminación de los que son víctimas las mujeres; subraya que la Directiva 2000/43/CE presenta lagunas importantes en materia de protección jurídica de las minorías; hace hincapié, asimismo, en el impacto limitado que ha tenido la aplicación y el cumplimiento de esta legislación sobre la situación de las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas, en particular las mujeres romaníes, que continúan siendo víctimas de prejuicios sexistas y de los existentes contra la minoría romaní;

2.  Recomienda que la Comisión inicie procedimientos judiciales y, en última instancia, imponga multas disuasorias a los Estados miembros que todavía no han incorporado a su legislación nacional las Directivas contrarias a la discriminación y/o no las apliquen plenamente, y que haga un seguimiento de la ejecución de las sentencias por incumplimiento pronunciadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

3.  Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que en sus informes anuales sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE analicen la eficacia de la legislación contra la discriminación en la lucha contra los esquemas de segregación sistemática de las minorías y de las mujeres, en particular en la educación y el acceso al mercado laboral, a la asistencia sanitaria, a los bienes y a los servicios, y que incorporen a sus informes una perspectiva basada en la igualdad de género para atenuar los distintos tipos de discriminación de los que son víctimas muchas personas;

4.  Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que aborde sistemáticamente la discriminación de género en relación con otros motivos de discriminación tal y como se señala en la Directiva 2000/43/CE con vistas a garantizar tanto una coordinación a nivel jurídico como la celebración de acuerdos entre las instituciones de la UE sobre la discriminación múltiple;

5.  Solicita la elaboración de planes de acción nacionales integrados con el fin de atajar eficazmente todas las formas de discriminación;

6.  Insta a los Estados miembros a que intercambien las mejores prácticas en materia de desarrollo de instrumentos que integren la perspectiva de género para su utilización por parte de las administraciones nacionales, las entidades locales, los órganos judiciales y otros órganos administrativos al elaborar programas de desarrollo de las capacidades y de formación sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE;

7.  Pide a los Estados miembros que doten a los organismos nacionales encargados de promover la igualdad de trato de recursos financieros y humanos suficientes, de forma que puedan cumplir los cometidos establecidos en la Directiva 2000/43/CE, incluida una asistencia adecuada a las víctimas de las discriminaciones;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan iniciativas destinadas a difundir información sobre los derechos de las mujeres y las normas contra la discriminación, en particular con respecto al acceso al empleo y a los servicios sanitarios; subraya el papel que desempeñan los medios de comunicación en la consolidación de estereotipos perjudiciales, pero también su potencial para ayudar a luchar contra esos estereotipos perjudiciales;

9.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las asociaciones afectadas son capaces de ayudar a las mujeres víctimas de la discriminación y con ingresos bajos a llevar sus denuncias ante los tribunales;

10. Pide a los Estados miembros que mantengan o adopten medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas vinculadas al género o al origen racial o étnico;

11. Pide a la Comisión que desarrolle un formato uniforme para recopilar datos desglosados por género sobre la discriminación racial en relación con el empleo, la educación, la vivienda y la violencia racista, entre otros; y subraya que los programas nacionales de desarrollo de las capacidades deben seguir centrándose en la recogida y el control de datos desglosados por género;

12. Recuerda a los Estados miembros su obligación de difundir la información pertinente a los ciudadanos y de fomentar y apoyar las campañas de sensibilización sobre la legislación y los organismos nacionales existentes en materia de lucha contra la discriminación;

13. Pide a los Estados miembros que recojan, compilen y publiquen estadísticas anuales exhaustivas, exactas, fiables y desglosadas por género en relación con los ámbitos siguientes: el mercado laboral, la vivienda, la educación y la formación, la salud y las prestaciones sociales, el acceso público a bienes y servicios, el sistema judicial penal y la participación cívica y política, y que establezcan objetivos e indicadores claros y cuantitativos dentro de las directrices para el empleo y la inclusión social que les permitan medir los progresos realizados en la situación de los migrantes y/o las minorías;

14. Insta a los Estados miembros a que adopten una serie de normas mínimas, en el marco del método abierto de coordinación, destinadas a garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una educación de calidad y en igualdad de condiciones, incluida la adopción de medidas legislativas que obliguen a suprimir la segregación en los centros escolares y a definir los detalles de los planes para poner fin a la educación separada y de calidad inferior que reciben los niños y niñas de minorías étnicas.

PROCEDIMIENTO

Título

Aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

Número de procedimiento

2007/2094(INI)

Comisión competente para el fondo

LIBE

Opinión emitida por
  Fecha del anuncio en el Pleno

FEMM
26.4.2007

Cooperación reforzada − fecha del anuncio en el Pleno

 

Ponente de opinión
  Fecha de designación

Lívia Járóka
22.3.2007

Ponente de opinión sustituido

 

Examen en comisión

5.6.2007

25.6.2007

 

 

 

Fecha de aprobación

25.6.2007

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

0

1

Miembros presentes en la votación final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

 

Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)

...

PROCEDIMIENTO

Título

La aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

Número de procedimiento

2007/2094(INI)

Comisión competente para el fondo
Fecha del anuncio de la autorización en el Pleno

LIBE
26.4.2007

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL
26.4.2007

FEMM

26.4.2007

 

 

 

Opinión(es) no emitida(s)
  Fecha de la decisión

 

 

 

 

 

Cooperación reforzada
  Fecha del anuncio en el Pleno

 

 

 

 

 

Ponente(s)
  Fecha de designación

Kathalijne Maria Buitenweg
19.12.2006

 

Ponente(s) sustituido(s)

 

Examen en comisión

20.3.2007

5.6.2007

27.6.2007

 

 

Fecha de aprobación

27.6.2007

Resultado de la votación final

+

-

0

48

2

1

Miembros presentes en la votación final

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther de Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Fecha de presentación

6.7.2007

Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)