INFORME sobre el «chequeo» de la reforma de la PAC

28.2.2008 - (2007/2195(INI))

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Ponente: Lutz Goepel

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el «chequeo» de la reforma de la PAC

(2007/2195(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europea titulada «Preparándose para el «chequeo» de la reforma de la PAC» (COM(2007)0722),

–   Visto el Reglamento (CE) n° 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores[1],

–   Vista su Posición, de 11 de diciembre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 1782/2003 y el Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[2],

–   Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre el aumento del precio de los piensos y productos alimenticios[3],

–   Vista su Posición, de 26 de septiembre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece excepciones al Reglamento (CE) nº 1782/2003 en lo que atañe a la retirada de tierras en 2008[4],

–   Vista su Posición, de 14 de febrero de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, y que modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005[5],

–   Vista su Posición, de 19 de mayo de 2005, sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013[6],

–   Visto el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, y, en particular, los anexos I y III y las declaraciones 3 y 9[7],

–   Vista el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión[8],

–   Vista la Decisión del Consejo, de 22 de marzo de 2004, sobre la adaptación del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, después de la reforma de la política agrícola común[9],

–   Visto el mandato conferido por el Consejo Europeo a la Comisión para las negociaciones en el ámbito de la agricultura como se describe en la «Propuesta de la Comisión relativa a las modalidades en las negociaciones de la OMC sobre la agricultura»,

–   Visto el artículo 33, apartado 2, del Tratado CE que se ha incorporado sin enmiendas en el Tratado de Lisboa,

–   Visto el artículo 45 del Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0047/2008),

A. Considerando que la agricultura sigue representando, junto con la industria de transformación y comercialización de productos agrícolas asociada, uno de los mayores sectores industriales de la UE,

B.  Considerando que en el futuro será también necesaria una Política Agrícola Común (PAC) de la UE conforme a un modelo agrario europeo económico, ecológico y social que garantice la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, pero que debe continuarse con la eficaz vía de la reforma, incluido un mayor reforzamiento del desarrollo rural,

C. Considerando que en el futuro la PAC debe tender a suprimir las trabas que existen hoy en día para el acceso de los jóvenes a la actividad agraria estableciendo como una de sus prioridades el relevo generacional,

D. Considerando que la reducción de la burocracia en el sector agrario gracias a unas disposiciones transparentes, más sencillas y menos pesadas supone tanto menos costes para las empresas y los productores agrícolas como menos gastos administrativos,

E.  Considerando que la PAC debe evolucionar para abordar las grandes diferencias existentes en las estructuras regionales y agrícolas, al mismo tiempo que debe encontrar respuestas a los nuevos retos como el cambio climático, la protección de las aguas y los suelos, una mayor apertura hacia el mercado mundial o la puesta a disposición de biomasa, materias primas y energía renovable; considerando que debe ser dotada con los medios suficientes, y debe mantener los objetivos originales de la PAC, reafirmados recientemente en el Tratado de Lisboa, pudiendo quedar resumidos en la producción de alimentos sanos y de gran calidad que garanticen el abastecimiento a todos los europeos a precios razonables y permitan mantener el nivel de renta de los agricultores,

F.  Considerando que el sistema de pagos directos se ha reformado tres veces desde 1992 y que todas las organizaciones de mercado esenciales, con excepción del sector de la leche, se han reformado a fondo y ampliamente con éxito desde 2004,

G. Considerando que todos los países desarrollados cuentan con una política agraria, y que nuevas circunstancias, como el aumento de la población mundial, el cambio climático, las crecientes necesidades de energía, la supresión del apoyo a los precios y la mayor apertura al mercado mundial están conduciendo, por una parte, a unos precios de mercado más elevados para los productos agrícolas en la UE y por otra, a unas fluctuaciones claramente mayores de las cosechas y a una mayor volatilidad de los precios, por lo que se hace más necesario que nunca el mantenimiento de una política agraria común,

H. Considerando que la seguridad alimentaria (entendida en el sentido cuantitativo y cualitativo) seguirá siendo uno de los objetivos esenciales de la PAC, junto al de la conservación de los ecosistemas, sin la que no puede haber una producción sana y sostenible, y al de la valorización de los territorios del conjunto de la Unión,

I.   Considerando que la UE ha realizado un esfuerzo considerable para reducir el porcentaje de sus gastos agrícolas en el presupuesto total pasando de casi el 80 % en el decenio de los 70 al 33 % hacia el final de las actuales perspectivas financieras, mientras que la superficie total destinada a usos agrícolas ha aumentado en un 37 % desde 2003 debido a la adhesión de nuevos Estados miembros,

J.   Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron en la Cumbre de Berlín una serie de compromisos sobre la garantía de los gastos totales para el primer pilar de la PAC hasta 2013,

K. Considerando que el Acta de adhesión de 2004 prevé excepciones a la aplicación de determinadas normas de la PAC para los nuevos Estados miembros con el fin de compensar el nivel más bajo de los pagos directos,

L.  Considerando que en algunas regiones no existen alternativas para algunas formas de producción agrícola tradicionales que constituyen a menudo una actividad agrícola de importancia para estas regiones y que, por lo tanto, deben preservarse y apoyarse a toda costa por razones imperiosas de política medioambiental y regional y para mantener el tejido económico y social, especialmente a la vista del papel desempeñado por la PAC en las denominadas regiones de convergencia, en las que la agricultura y la ganadería suelen tener gran importancia como instrumento de desarrollo económico y de creación de empleo,

M. Considerando que a los agricultores europeos debe garantizárseles estabilidad para que sus expectativas e inversiones no se vean defraudadas, y que en determinados sectores los sistemas reguladores deben permitir una capacidad de previsión a medio y largo plazo;

N. Considerando que el legislador europeo debe evitar la discriminación de los agricultores y ganaderos europeos con relación a sus competidores de terceros Estados o debe establecer, mediante instrumentos adecuados, un entorno de igualdad de oportunidades (level-playing-field) para los agricultores y ganaderos europeos; considerando asimismo que debería aplicarse en particular el principio de que las normas de calidad, sanitarias, medioambientales, de bienestar animal y otras cuyo respeto se exige a los agricultores de la UE sean también respetadas por quienes exportan productos agrícolas a la UE;

O. Considerando los objetivos de la PAC se formulan en el artículo 33 del Tratado CE y que, a condición de que se lleve a cabo la plena ratificación del Tratado de Lisboa, todas las decisiones jurídicas y presupuestarias esenciales relativas a la PAC requerirán la aprobación del Parlamento Europeo,

P.  Considerando que la UE debe de mantener su soberanía alimentaria, evitando depender alimentariamente de las importaciones, ya que ello podría tener repercusiones negativas para la seguridad alimentaria y dar lugar a problemas de abastecimiento,

Q. Considerando que se debe realizar un análisis más profundo de la evolución de los mercados y de sus repercusiones en el mercado interior, habida cuenta de la situación internacional de los precios y de la producción de las materias primas,

1.  Insiste en la defensa del modelo de agricultura sostenible, competitiva y multifuncional que mantenga la singularidad de cada sector y zona de producción y cuyo objetivo fundamental sea el abastecimiento de la población con alimentos sanos y seguros en cantidad suficiente y a precios razonables para el consumidor;

2.  Considera que la reforma de la PAC de 2003 fue, en lo que respecta a sus partes esenciales, un gran éxito porque aumentó claramente la transparencia y la eficiencia de la PAC y la responsabilidad propia y la orientación hacia el mercado de los agricultores, y opina que este proceso debe continuar dentro del respeto del compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2002 de mantener intactos los fondos agrícolas del primer pilar hasta el año 2013; señala que como compensación se debe seguir simplificando claramente la administración de la PAC y el gran número de directivas y reglamentos comunitarios que repercuten en los agricultores para aliviar la carga que pesa sobre ellos, sin que dicha simplificación dé lugar a una renacionalización de la PAC y a un mayor recorte de las ayudas que reciben los agricultores de la UE;

3.  Acoge por ello con satisfacción los ajustes técnicos derivados de la Comunicación de la Comisión sobre el «chequeo» de la política agrícola común destinados a asegurar que la reforma de 2003 funciona, y pide a la Comisión que garantice el principio económico básico de estabilidad en la PAC;

4.  Pide a la Comisión que, con vistas a reformas futuras, efectúe un estudio de evaluación del coste-beneficio de la PAC en términos de seguridad alimentaria, autoabastecimiento y preservación de las poblaciones rurales; solicita a la Comisión que realice un análisis del coste que puede suponer para el consumidor el aumento del precio de los alimentos, como consecuencia del crecimiento de la demanda mundial, comparado con el gasto que representa hoy en día la política agrícola para el ciudadano;

5.  Considera que el desafío al que se enfrenta la UE en lo que a las negociaciones sobre la OMC se refiere consiste en hacer frente a las dificultades que puedan surgir en el futuro de modo que maximice su propia prosperidad; hace hincapié en que debe ser la UE la que haga el mejor uso de la flexibilidad disponible, por ejemplo en relación con los «productos sensibles»; subraya, no obstante, que la condición para la firma de cualquier tipo de acuerdo en el marco de la OMC en materia agrícola es alcanzar un acuerdo sobre la propiedad intelectual que cubra las indicaciones geográficas;

6.  Opina, no obstante, que la Unión Europea debe disponer también en el futuro de suficientes instrumentos para poder tomar las precauciones necesarias contra las crisis de mercado y de suministro en los sectores agrícola y sanitario;

7.  Hace hincapié en la necesidad de proceder al reconocimiento, de manera efectiva y mediante los medios adecuados – financieros y de otro tipo –, de las funciones productiva, ambiental y rural que desempeña la agricultura;

8.  Apoya básicamente la integración en la PAC de objetivos generales, en particular los de la seguridad alimentaria, la coherencia territorial, la protección del consumidor, del medio ambiente, del clima y de los animales las energías renovables y la biodiversidad; señala, no obstante, que ello debe situarse en el marco de una política de desarrollo sostenible que combine los resultados económicos, la conservación de los recursos y los entornos naturales, la valorización de los territorios y la equidad social; subraya, sin embargo, que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron los objetivos de la PAC manteniendo el contenido del artículo 33 del Tratado de Roma en el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007;

9.  Subraya que la incorporación de los objetivos generales de la PAC no debe poner en cuestión la producción de productos agrícolas y ganaderos en las regiones montañosas, desfavorecidas, periféricas e insulares de la UE, que se basan en sistemas de producción extensivos, que se destinan en gran medida a los mercados locales, así como a la distribución de productos agrícolas y ganaderos en los mercados de los Estados miembros;

10. Considera asimismo que, si la Unión impone a los agricultores y productores de la UE unos requisitos estrictos, debe también garantizar el cumplimiento de dichos requisitos por quienes exportan sus productos al mercado de la UE, y que la Unión Europea debe insistir en las negociaciones de la OMC en la inclusión de los mencionados objetivos generales;

11. Rechaza un recorte en el presupuesto total del primer pilar para el período hasta 2013 y señala que los agricultores necesitan urgentemente fiabilidad, seguridad y, de forma particular, el respeto de las decisiones tomadas en el año 2003, en una fase de transformaciones rápidas de los mercados agropecuarios y en la fase intermedia de las reformas en curso;

12. Rechaza toda discriminación en función de la dimensión de la explotación y de la forma jurídica para los pagos directos, pero también reconoce que toda la redistribución de las ayudas en el marco del primer pilar se ha de basar en una evaluación holística de sus efectos sobre la cohesión social y regional, el empleo, el medio ambiente, la competitividad y la innovación;

13. Pide que se apoye exclusivamente a los agricultores que ejerzan activamente una actividad agraria;

14. Señala que la comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 2007 dedica escasa atención a los problemas, necesidades y retos que se enfrenta el sector agrícola de los doce nuevos Estados miembros, y exige que esta situación se tenga en cuenta en las reformas futuras y que también se prevea una financiación adicional específica para la reestructuración y la modernización;

    Pagos directos

15. Considera también indispensables en el futuro los pagos directos en cuanto protección básica para las rentas, no sólo en caso de disfunciones del mercado sino también en relación con el suministro de bienes públicos por parte de los agricultores y como compensación por las muy estrictas normas en materia social, de protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar de los animales vigentes en Europa en comparación con las aplicadas internacionalmente;

16. Toma nota, no obstante, de que el nivel de los pagos no parece ser siempre proporcional a los esfuerzos de los agricultores afectados para cumplir la normativa ya que los pagos siguen dependiendo en gran medida del gasto histórico;

17. Pide, por consiguiente, a la Comisión que elabore un informe que evalúe los costes adicionales en los que deben incurrir los agricultores para cumplir las normas comunes en el ámbito del medio ambiente, el bienestar de los animales y la seguridad de los alimentos en comparación con sus principales competidores en el mercado mundial; señala que este informe debe comparar, asimismo, estos costes con el importe real de los pagos directos percibidos por los agricultores; afirma que el informe debe abordar con suficiente detalle los distintos tipos de agricultores en los diferentes Estados miembros, y que dicho informe debe publicarse antes de que se inicien los procedimientos de toma de decisiones relativos a la política agrícola común a partir de 2013;

18. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de conceder a los Estados miembros, con carácter voluntario, una mayor flexibilidad para optar por una desvinculación de los pagos directos con respecto a los valores de referencia históricos y por un sistema más plano, y pide a la Comisión que indique, junto con la propuesta legislativa, si, vistas las buenas experiencias registradas en los Estados miembros, también sería factible que los Estados miembros optarán, con carácter voluntario, para 2013 por una transición acelerada de los pagos disociados hacia una prima única regional o nacional en función de la superficie; señala, no obstante, que aquellos Estados miembros con una desvinculación total (o parcial) basada en pagos históricos pueden optar por abandonar el sistema en vigor hasta 2013; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre el impacto potencial de una prima basada en la superficie, en particular en relación con explotaciones con una gran densidad de ganado en una superficie comparativamente reducida;

19. Subraya que, cuando se opte por la transición a un modelo regional, se deberían tener en cuenta las dificultadas derivadas de la especial naturaleza de los derechos específicos en el ámbito ganadero, es decir, del hecho de que algunos ganaderos carecen de suelo agrícola o sólo tienen una pequeña superficie, y de que, en numerosas regiones de la UE, la ganadería extensiva se basa en el uso colectivo de pastizales comunes que pertenecen a municipios, agrupaciones u órganos gubernamentales;

20. Opina que, dado el número cada vez mayor de sectores cubiertos por el RPU y a la luz de la experiencia obtenida en la aplicación del régimen RPU, algunas decisiones y normas de aplicación parecen ser innecesariamente rígidas y complejas, por lo que parece necesaria una nueva definición de normas, del ámbito y de la gestión administrativa de su aplicación en aquellos Estados miembros y sectores que lo deseen;

21. Opina que la disociación de pagos directos ha conducido, en general, a la satisfactoria orientación de la agricultura europea hacia el mercado, habida cuenta de sus mayores efectos sobre las rentas y a una mayor libertad de decisión para los agricultores así como a la simplificación de la PAC vinculada a ella; pide a la Comisión que acelere la aplicación de la política de disociación, a menos que ello entrañe considerables desventajas de carácter socioeconómico o medioambiental en determinadas regiones, en particular las menos favorecidas; señala, no obstante, que se han de preparar nuevas evaluaciones de impacto para determinar en general los efectos de la disociación en regiones específicas, la producción y el mercado de tierras;

22. Considera que, en general, desvincular las ayudas directas de la producción agrícola puede contribuir a largo plazo a reducir los efectos negativos de la agricultura europea sobre el medio ambiente, siempre que esta medida esté acompañada de un apoyo decidido a prácticas sostenibles en materia de desarrollo rural;

23. Señala que cualquier nueva disociación sólo debe producirse previo examen cuidadoso de los efectos potenciales, incluyendo, pero no limitándose sólo a ello, el equilibrio entre los diferentes sectores agrícolas, el creciente peligro de los monocultivos y la amenaza a los sectores agrícolas de mano de obra intensiva;

24. Reconoce que la situación no es comparable en el caso de las primas relativas a los animales, incluida la leche, a la vista de las graves perturbaciones del mercado debidas, entre otras cosas, al aumento de los precios de los piensos, que inciden en mayor medida en determinados sistemas de producción ganadera existentes en la UE;

25. Opina que, en algunas regiones, por ejemplo en las regiones montañosas y en otras con dificultades específicas (islas, zonas secas y húmedas, regiones ultraperiféricas, etc.), en las que no existe ninguna alternativa a la ganadería relativamente intensiva en trabajo, una disociación completa de las primas relativas a los animales puede ir acompañada de considerables desventajas sociales, económicas y medioambientales debido a unos precios de producción cambiantes, que no es posible armonizar con los objetivos del Tratado; pide que se utilicen unos datos de referencia precisos como base para autorizar los pagos si se procede a una disociación (parcial);

26. Es consciente de la posición clave de la ganadería para la agricultura europea, especialmente en ciertos países y regiones con una ganadería a gran escala, y considera por ello justificable el mantenimiento parcial y por el momento de las primas no disociadas relativas a los animales; reconoce el destacable papel que desempeñan esas exitosas explotaciones en la economía regional; recuerda que en los artículos 47 a 50 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 se recoge una solución en caso de elevada densidad ganadera que debería examinarse en mayor medida para el periodo posterior a 2013;

27. Considera, no obstante, que eso no será suficiente; acoge por ello con satisfacción, como primera etapa en la dirección correcta, la modificación anunciada del artículo 69 del Reglamento (CE) n° 1782/2003 (en lo sucesivo, artículo 69), pero toma nota de que este instrumento no debe utilizarse como una forma disfrazada de introducir la modulación voluntaria y un doble refuerzo del segundo pilar; opina además que debe respetarse en todo lo posible la igualdad de condiciones entre Estados miembros;

28. Exige que los recursos del artículo 69 se utilicen prioritariamente para las medidas de coherencia territorial y de refuerzo de sectores concretos, en particular para medidas que impidan el abandono de la producción agrícola y especialmente de la ganadería en zonas en las que ello tenga efectos negativos considerables en la naturaleza, el paisaje o el desarrollo regional (especialmente, las zonas montañosas, los humedales o las zonas afectadas por la escasez de agua, otras zonas particularmente desfavorecidas y las zonas de pastos en situaciones extremas), para medidas que favorezcan la reestructuración y el refuerzo de sectores agrícolas clave (p. ej., los sectores lácteo, bovino y ovino), y para medidas medioambientales basadas en las superficies (p. ej., la agricultura ecológica), que hasta ahora no están contenidas en el segundo pilar, y para la gestión del riesgo;

29. Considera que la dotación del artículo 69 revisado podría incluir, a reserva de otros resultados de la evaluación de las repercusiones y con carácter voluntario, hasta un 12 % de los pagos directos por Estado miembro;

30. Pide que la Comisión presente una propuesta de normas comunes para la aplicación del artículo 69 en los Estados miembros con el fin de evitar en la medida de lo posible barreras al comercio y efectos de distorsión de la competencia, y que, si es necesario, esto se lleve a cabo en el marco de la organización común de mercados; pide además que todas las medidas relacionadas con la aplicación del artículo 69 se comuniquen a la Comisión; pide, por último, a la Comisión que elabore un análisis del impacto en anexo a su propuesta legislativa;

31. Considera que las medidas que favorecen el refuerzo de sectores concretos deben financiarse básicamente a la larga con cargo al primer pilar; considera, por consiguiente, que la Comisión debe evaluar exhaustivamente los resultados de la aplicación del artículo 69 revisado en la preparación de una reforma para después de 2013;

32. Pide además a la Comisión que presente un informe antes del 30 de junio de 2010 en el que se exponga detalladamente la forma en que puede garantizarse a largo plazo la preservación de la producción comunitaria de productos vegetales, así como la seguridad en el abastecimiento de la ganadería en Europa teniendo en cuenta los distintos sistemas de producción dentro de la UE, la multifuncionalidad y los aspectos regionales (zonas montañosas, zonas desfavorecidas y pequeñas islas); señala que el informe debe abordar también la cuestión de en qué medida pueden alcanzarse y materializarse de manera más eficiente y sistemática los objetivos de la PAC, también desde el punto de vista de la sostenibilidad y de los aspectos sociales, mediante ayudas indirectas disociadas, por ejemplo primas para praderas, pastizales, una ayuda especial para la producción de leche y carne, primas para establos que se construyan y acondicionen de acuerdo con normas comunes de bienestar de los animales y medioambientales, o instrumentos específicos de gestión de crisis; subraya que el informe debe responder a la cuestión de si, o en qué medida, a la vista de las necesidades específicas de las regiones con explotaciones animales intensivas, son necesarias también después de 2013 primas asociadas a los animales o soluciones en el sentido de los artículos 47 a 50 del Reglamento (CE) nº 1782/2003;

33. Recomienda que los nuevos Estados miembros que lo deseen puedan aplicar hasta 2013 los pagos únicos por superficie simplificados (SAPS), y pide a la Comisión que examine si la aplicación de los SAPS podría seguirse simplificando con la modificación de las reglas aplicables a las superficies subvencionables;

34. Considera que todo el ahorro y los créditos presupuestarios no utilizados destinados a la realización de la PAC deberían ser gastados en el marco de ésta;

35. Opina que también se necesitarán pagos directos después de 2013, pero que éstos deben basarse en nuevos criterios objetivos y, en concreto, en el empleo directo generado por las explotaciones, o que deben evolucionar más claramente hacia recompensas para los agricultores por la gestión de la tierra o compensaciones por determinadas prestaciones en beneficio del bien común o por normas particulares, incluidas las normas de protección animal, debiéndose examinar también si las considerables diferencias en los pagos regionales en Europa y las diferencias en la dotación del segundo pilar son convenientes; pide a la Comisión que proponga las medidas adecuadas para garantizar que los pagos directos benefician en su totalidad a las personas y las explotaciones que ejercen efectivamente una actividad agrícola;

    Simplificación, respeto de otras obligaciones (condicionalidad) y orientación hacia el mercado

36. Apoya la integración gradual, tras un adecuado periodo transitorio, de los sistemas de pago basados en la producción y de pequeña cuantía, y por ello de gran complejidad administrativa (forraje seco, cáñamo, lino, almidón de patata) en el sistema de la prima por superficie uniforme, a menos que ello entrañe considerables desventajas de carácter socioeconómico y medioambiental en determinadas regiones; considera que, siempre que ello sea necesario por razones de política regional, deberían preverse medidas complementarias con arreglo al artículo 69; pide a la Comisión que elabore un análisis caso por caso de su impacto económico y regional que demuestre que es la solución adecuada y establezca el calendario necesario para su aplicación; subraya que la disociación no debe poner en peligro la propia existencia de las formas de producción en cuestión;

37. Apoya la supresión inmediata de la obligación de retirada de tierras de la producción que, en cuanto instrumento de control de las cantidades, ha perdido su sentido en un sistema de pagos directos disociados y es además de extrema complejidad administrativa, y la conversión de los derechos de retirada en derechos normales;

38. Opina que los Estados miembros pueden alcanzar mejor y de manera más específica las eventuales ventajas medioambientales vinculadas a la retirada de tierras de la producción mediante medidas del segundo pilar;

39. Pide la supresión gradual de la prima para los cultivos energéticos en el curso de una eliminación progresiva ya que dicha prima presenta una gran complejidad administrativa y ninguna o pocas ventajas en materia de política energética en el entorno de mercado actual;

40. Pide que los recursos no utilizados como consecuencia de la supresión de la prima para los cultivos energéticos se pongan a disposición específicamente para medidas complementarias para la organización de mercado de la leche especialmente en las zonas montañosas y en otras zonas con dificultades específicas;

41. Pide a la Comisión que ponga a disposición los recursos no utilizados del presupuesto agrícola previstos para medidas de orientación del mercado, como la intervención, las subvenciones a la exportación o el almacenamiento, prioritariamente a través del artículo 69 para el refuerzo de la economía de las zonas rurales, en particular de las explotaciones agrícolas, en consonancia con los objetivos de desarrollo rural;

42. Opina que los pagos directos ya no pueden justificarse sin el respeto de otras obligaciones (condicionalidad); subraya a este especto que la UE debe ayudar a los nuevos Estados miembros en la aplicación de normas de respeto de otras obligaciones en el curso de un período de transición;

43. Rechaza, en vista de la disminución de los pagos directos, una ampliación del ámbito de aplicación de la condicionalidad hasta que los Estados miembros y la Comisión no hayan obtenido progresos sensibles en la simplificación y la armonización de las disposiciones en materia de control y hasta que la Comisión presente una panorámica de los costes vinculados a la condicionalidad para los agricultores; remite a ese respecto a su Posición de 11 de diciembre de 2007;

44. Opina que la condicionalidad debería limitarse al control de las normas esenciales del modelo europeo de producción y de aquellas normas que pueden ser objeto de un control sistemático y armonizado en los distintos Estados miembros;

45. Pide que se asegure una mayor efectividad de la condicionalidad en relación con sus objetivos y una aplicación más homogénea en los Estados miembros; pide a la Comisión que desarrolle orientaciones más claras para ayudar a los Estados miembros en la aplicación;

46. Pide que se ponga fin a las cargas desproporcionadas para la ganadería como consecuencia de la condicionalidad, y solicita en particular un examen crítico de algunas normas de marcado e higiene (p. ej., marcas auriculares);

47. Podría plantearse una adaptación moderada de las exigencias en materia de conservación de las buenas condiciones agrarias y medioambientales y una gestión sostenible del territorio, habida cuenta de la modificación de las condiciones en materia de producción y medio ambiente (cambio climático, biomasa), si se garantiza que estas nuevas exigencias van a aplicarse a escala europea de manera comparable;

48. Considera que los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie deberían disponer de la posibilidad de introducir el principio de condicionalidad de manera escalonada en el tiempo, para permitirles una adecuada preparación de los sistemas de control y también para que puedan convencer a los agricultores de la necesidad de cumplir las normas fijadas;

49. Pide a la Comisión que siga impulsando la simplificación de la PAC y examine periódicamente la legislación desde el punto de vista de la necesidad y la eficacia de sus modalidades concretas; opina que, en este contexto, habría que proponer medidas suplementarias como, por ejemplo, unas normas de transferencia simplificadas para los pagos a los que se tiene derecho en caso de no activación, la agrupación de los pagos de escasa cuantía, la introducción de una prima única para los pequeños beneficiarios, la simplificación de las normas sobre la reserva nacional o su reducción y/o supresión en función de la transición a la prima única por superficie a nivel regional/nacional, la renuncia a la caducidad de los pagos en caso de que no sean exigidos, y la supresión de los registros manuales para los bovinos y otros animales del sector agrícola;

50. Pide además a los Estados miembros que aseguren pagos a tiempo y a la Comisión que permita que se hagan prepagos a los agricultores;

51. Pide a la Comisión que establezca los mecanismos necesarios para que las importaciones de terceros países cumplan las mismas normas que las producciones comunitarias en materia de condicionalidad, seguridad alimentaria, etc.;

      Red de seguridad

52. Opina que, en vista de que cabe esperar mayores riesgos en materia de medio ambiente, clima y plagas así como grandes variaciones de precios en los mercados agrarios, resulta indispensable una prevención suplementaria de los riesgos como red de seguridad;

53. Señala que la producción orientada hacia el mercado, la rotación adaptada de los cultivos, la diversificación, los instrumentos financieros de mercado, los contratos de suministro en cadena y los seguros son medios importantes con los que los agricultores pueden protegerse contra los riesgos, y que la responsabilidad por una prevención adecuada de los riesgos incumbe básicamente a los agricultores;

54. Considera que, con el fin de abordar las deficiencias del mercado, debe mantenerse el sistema de intervención y reformarse como una red de seguridad estricta para circunstancias excepcionales con normas basadas en las tendencias de los mercados mundiales;

55. Apoya por ello la propuesta de la Comisión de reducir a cero los umbrales de intervención en el sector del mercado de la fruta y de mantener sólo para el trigo un umbral de intervención, en su caso, reducido;

56. Opina que deben desarrollarse urgentemente sistemas privados o mixtos de prevención, como los seguros multirriesgos, en vista del aumento de los riesgos; es consciente de que ello no puede tener éxito sin una participación pública en la financiación; subraya que la introducción de estos sistemas no puede poner en peligro, bajo ninguna circunstancia, la igualdad de condiciones entre los diferentes Estados miembros; pide a la Comisión que estudie la introducción o el apoyo en el futuro a un régimen comunitario de reaseguros para hacer frente a problemas derivados de catástrofes climáticas o medioambientales;

57. Señala que prácticamente todos los terceros Estados pertinentes disponen de sistemas de este tipo subvencionados a nivel nacional;

58. Opina que por ello deben crearse en una primera etapa a partir de 2009 posibilidades de financiación para la financiación nacional o regional de los sistemas de prevención de riesgos para tener en cuenta los diferentes potenciales de riesgo existentes en Europa; señala que la Comisión debe examinar en qué medida las agrupaciones de productores, las asociaciones sectoriales e interprofesionales y el sector privado de los seguros pueden integrarse en tales sistemas;

59. Considera que, en vista de las condiciones totalmente diferentes reinantes en los distintos sectores, hay que dar probablemente preferencia a las soluciones sectoriales diferenciadas (comparables a la solución adoptada en el sector de las frutas y hortalizas) frente a los enfoques horizontales;

60. Opina que estas medidas deberían financiarse en el marco del primer pilar sobre la base del artículo 69, puesto que se trata de medidas propias de la política de mercados;

61. Considera que las medidas de gestión y prevención de los riesgos no deben conducir a una reintroducción de las medidas de fomento asociadas a la producción;

62. Opina por ello que la Comisión debe desarrollar un marco común para el fomento de los sistemas de gestión del riesgo por los Estados miembros, respetando los sistemas actuales que se estén utilizando y que ya hayan recibido en su momento el visto bueno de la Comisión, para excluir en la medida de lo posible efectos distorsionadores del comercio y de la competencia, en su caso mediante el establecimiento de normas comunitarias en la organización única de mercados;

63. Pide a la Comisión que, antes del 30 de junio de 2010, presente un análisis global de los sistemas de gestión del riesgo existentes y de las posibilidades para su desarrollo ulterior a escala comunitaria después de 2013;

Modulación/límite de corte/degresividad/umbral mínimo

64. Señala que los límites de corte degresivos, la modulación y la disciplina financiera conducirían, según la aplicación propuesta por la Comisión, a la aparición de importantes efectos redistributivos en determinadas regiones;

65. Señala que hasta ahora no se dispone de estimaciones de las consecuencias que tendría una mayor modulación, la degresividad y los umbrales mínimos sobre el mercado laboral de las zonas rurales y la cohesión regional; considera, en consecuencia, que debe realizarse una evaluación del primer pilar;

66. Subraya que los umbrales mínimos propuestos por la Comisión pueden tener un impacto significativo en algunos Estados miembros y pueden afectar a la distribución de los pagos de la PAC entre Estados miembros mientras que el umbral máximo implica una transferencia de 500 millones de euros del primer pilar al segundo pilar; recuerda que existen serias dudas respecto a la actual relación coste-eficacia de las medidas del segundo pilar; considera, por consiguiente, que los ahorros derivados de la posible aplicación de esta medida deben mantenerse en el primer pilar;

67. Rechaza la propuesta de la Comisión relativa a la degresividad (hasta un 45 % de recorte) en su forma actual, ya que no hay un vínculo directo entre el tamaño y la riqueza de una explotación y no incluye la mano de obra necesaria para mantener una explotación agrícola de grandes dimensiones; opina que la propuesta de la Comisión colocaría a las explotaciones o asociaciones de gran envergadura en una situación de desventaja injustificable, conduciría a la reducción de la mano de obra y a la destrucción de estructuras acreditadas y competitivas e implicaría una subdivisión de las explotaciones como resultado de las técnicas de fomento aplicadas; señala que la consecuencia serían fracturas estructurales en algunas regiones de Europa;

68. Opina que una degresividad y/o la fijación de límites máximos sólo es justificable sobre la base de una estimación global de sus consecuencias en materia de política regional y mercado laboral y sólo si se crea la posibilidad de tener en cuenta, con fines de reducción de la degresividad, el número de trabajadores a tiempo completo sujetos a la seguridad social o determinadas estructuras de explotación (explotaciones plurifamiliares, organizaciones cooperativas, etc.) o los costes laborales totales de la explotación en cuestión; pide a la Comisión que tenga presente que no se debe desfavorecer a las pequeñas explotaciones que crean una unión de una única persona jurídica para obtener economías de escala y ser más competitivas;

69. Pide que los eventuales recursos resultantes de la degresividad se queden en la región o en el Estado miembro de que se trate y se utilicen, por ejemplo, para financiar medidas con arreglo al artículo 69 o al segundo pilar; pide que dichos recursos se centren directamente en los agricultores;

70. Apoya también, habida cuenta del Informe anual de 2006 del Tribunal de Cuentas Europeo, el aumento propuesto de los umbrales mínimos, que podría fijarse en 1 hectárea o el importe correspondiente de 250 euros, combinado con la creación de una prima única o una cantidad global mínima para los pequeños beneficiarios; opina, no obstante, que, en casos debidamente justificados de grandes diferencias agroestructurales, deberá dejarse a los Estados miembros la posibilidad de fijar los umbrales mínimos;

71. Apoya, no obstante, los esfuerzos de la Comisión en favor de una financiación adecuada de una política orientada al futuro para las zonas rurales en el segundo pilar de la PAC, aunque dicho objetivo no debería alcanzarse a expensas del primer pilar;

72. Señala que, en vista de los radicales recortes individuales, no puede aceptarse un nuevo recorte de los pagos directos de alrededor de un 8 % sin la presentación de una estimación de las repercusiones futuras;

73. Opina que, habida cuenta de las exigencias ampliamente extendidas de que se proceda a un recorte de los pagos mayores, parece concebible una modulación progresiva, sobre la base de los datos disponibles hasta ahora y de una evaluación de impacto en la que se tenga en cuenta la estructura de la explotación (asociaciones, etc.), la mano de obra de la misma o su coste y los tipos específicos de producción en los diversos sistemas de pagos directos (p. ej.: problemas específicos de explotaciones y regiones con una elevada densidad de ganado en zonas relativamente pequeñas).

Señala que los recursos resultantes de la modulación progresiva deben distribuirse con arreglo a las normas aplicables en general para los recursos de modulación y deben permanecer en las regiones o Estados miembros en los que se generan.

El Parlamento Europeo podría plantearse una modulación progresiva de la forma siguiente:

     10 000 - 100 000 euros de pagos directos - 1% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

100 000 - 200 000 euros de pagos directos - 2% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

200 000 - 300 000 euros de pagos directos - 3% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

     más de 300 000 euros de pagos directos - 4% (para todo el período de validez 2009 - 2013);

74. Exige que la modulación voluntaria se sustituya por la modulación obligatoria;

75. Opina que los recursos de modulación deberían ponerse prioritariamente a disposición en el marco del método LEADER y para medidas destinadas a la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la prevención de los riesgos, la adaptación al cambio climático, las medidas relativas a la utilización sostenible de la biomasa, las medidas complementarias en caso de reformas estructurales (por ejemplo, organización del mercado de la leche), el mantenimiento de la producción en las zonas montañosas o las pequeñas islas y en otras zonas desfavorecidas comparables, la garantía de la calidad, incluidas las medidas de bienestar animal, la agricultura ecológica, las medidas de comercialización y la adaptación al progreso técnico; pide que estas medidas se centren directamente en los agricultores;

Organización del mercado de la leche

76. Es consciente de que el sistema actual de cuotas lecheras no se mantendrá probablemente después de 2015, y pide a la Comisión que examine en detalle cómo podría ser la organización del mercado de la leche del futuro; pide a la Comisión que, para después de 2015, presente un plan convincente para el sector lácteo que asegure la continuidad de la producción lechera en Europa, incluidas las regiones montañosas, las periféricas y otras zonas con dificultades especiales;

77. Remite a la Comisión a las decisiones relativas al mercado y a los fondos del sector lechero adoptadas por el Parlamento en el marco del «minipaquete» del sector lechero;

78. Pide a todos los interesados que aprovechen el período hasta 2015 para estabilizar o reforzar las posiciones de mercado, y velar por un «aterrizaje suave» del sector lácteo europeo, preferiblemente mediante incrementos estructurales de las cuotas;

79. Pide que la cuota lechera se adapte con arreglo al mercado en caso de modificaciones de la demanda en los mercados mundiales; considera por ello que se deberían aumentar las cuotas en un 2 % en el ejercicio lechero 2008-2009, con carácter voluntario para cada Estado miembro; pide a la Comisión que asigne este aumento a la reserva nacional; solicita que se revise la cuota cada año;

80. Pide además una reducción sustancial de la supertasa para el ejercicio lechero 2009-2010 y posteriormente otras disminuciones en los años sucesivos para contrarrestar una subida de los precios de cuota y con vistas a una liquidación ex post a escala europea que permita un mejor aprovechamiento de las cuotas;

81. Pide medidas complementarias especiales para impedir el abandono de la actividad lechera en las zonas montañosas y en otras zonas con especiales dificultades, cuando no existan en ellas alternativas a la actividad lechera tradicional o cuando el abandono de la agricultura conduzca a la pérdida de espacios naturales significativos;

82. Opina que deben ponerse a disposición, prioritariamente a través del artículo 69, recursos suficientes para el mantenimiento de la industria lechera en particular en las zonas montañosas, en las zonas ultraperiféricas (como las Azores) y en otras zonas con dificultades comparables, por ejemplo mediante complementos sobre los pagos por superficie (comparables a las medidas en el sector del azúcar) en forma de primas para las vacas lecheras y para las praderas o pastizales extensivos, de una ayuda lechera particular o de programas regionales especiales para el refuerzo o la reestructuración del sector y el fomento de productos específicos de alta calidad;  

83. Considera que un refuerzo de las asociaciones de productores y de las federaciones sectoriales e interprofesionales podría representar otro elemento del artículo 69 revisado;

84. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen un aumento no lineal de las cuotas nacionales con el fin de proceder a incrementos suplementarios para los Estados miembros donde los cupos de producción son tradicionalmente deficitarios;

85. Opina que, para la financiación de las medidas, debería constituirse un fondo específico (Fondo lechero) que podría ser financiado en parte con los ahorros procedentes de la reforma del sector;

Asuntos varios

86. Señala que la fuerza y el futuro de la agricultura europea radican en los productos regionales, tradicionales y de otro tipo de elevada calidad y de productos con valor añadido;

87. Pide, en ese sentido, a la Comisión que analice la posibilidad de que se cree una «marca europea» para identificar la calidad de la producción agrícola y alimentaria de la UE en los mercados internacionales;

88. Pide pues a la Comisión que presente un plan global para mejorar en el interior y el exterior la comercialización de los productos europeos de alta calidad, por ejemplo mediante campañas de información y de promoción, apoyo para la concepción y el desarrollo de las actividades de las organizaciones de productores u otras formas de organización sectorial y la introducción de un etiquetado específico en el que se indique, en particular, el origen de las materias primas agrícolas empleadas y que sea más claro y transparente para los consumidores;

89. Pide a la Comisión que, en el marco de un presupuesto adecuado, aumente los créditos destinados a campañas de información y promoción en los mercados interior y exterior;

90. Pide a la Comisión que reflexione sobre la necesidad de una auténtica política de comunicación en relación con la PAC, destinada a reducir la fractura entre el mundo agrícola y la sociedad y que no debería funcionar exclusivamente como mecanismo de promoción y publicidad;

91. Opina que se debe reforzar y apoyar a las organizaciones de productores e interprofesionales, en particular en los Estados miembros en los que dichas organizaciones existen en número reducido, con el fin de que mejore la posición de los agricultores en el mercado frente al comercio al por mayor y al por menor, y que, al mismo tiempo, deben fomentarse los sistemas de garantía de la calidad en la cadena de producción alimentaria, incluidas las alternativas a las prácticas de fabricación empleadas hasta ahora;

92. Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la UE, lo que, por consiguiente, podría poner en peligro los logros alcanzados por la Unión Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal y condicionalidad de las ayudas públicas a imperativos de carácter social; pide a la Comisión que proponga medidas destinadas a subsanar esta situación lo antes posible y hacer cumplir las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente y salud;

93. Pide a la Comisión que desarrolle urgentemente un plan global para la defensa de las inquietudes no comerciales europeas en las conversaciones sobre comercio a escala mundial, en particular la cuestión del reconocimiento y de la protección de las indicaciones geográficas, el bienestar animal, el estado sanitario de los productos animales y vegetales importados, etc., para evitar que los productores europeos sufran una competencia desleal e impedir que los problemas relacionados con el bienestar animal y el medio ambiente se trasladen a países terceros; pide a la Comisión que defienda activamente en las negociaciones de la OMC el concepto de acceso cualificado al mercado con el fin de promover las normas de sostenibilidad aplicables a la agricultura;

94. Señala que tampoco en el futuro podrá mantenerse la agricultura europea sin una protección exterior conveniente, por lo que pide que se impongan los mismos requisitos en cuanto a calidad y seguridad a los productos provenientes de terceros países que a los producidos en la UE;

95. Considera que la supresión de las ayudas a la exportación debe compensarse organizando acciones de promoción en terceros países;  

96. Recuerda que, en el contexto del cambio climático, se plantean dos desafíos principales a la agricultura: el descenso de las emisiones de gas de efecto invernadero responsables del cambio climático y la adaptación a las consecuencias del cambio climático; subraya que esta situación implica que la agricultura se enfrenta a un doble desafío: la reducción de sus propias emisiones y la adaptación a los efectos previstos del calentamiento global;

97. Subraya que el cambio climático no es sólo un problema medioambiental sino también socioeconómico, y que, por consiguiente, las preocupaciones expresadas y los esfuerzos realizados en el ámbito medioambiental en el sector de la agricultura, uno de los más vulnerables y que depende directamente de los factores climáticos, deberían tener en cuenta la necesidad de velar por la viabilidad económica y social de las zonas rurales;

98. Recuerda que la contribución de la agricultura al efecto invernadero (como fuente de dos poderosos gases de efecto invernadero: el metano y el oxido nitroso) es limitada y cada vez menor como consecuencia de la aplicación de las medidas ya en vigor en el marco de la PAC, tales como la condicionalidad, los sistemas agromedioambientales y otras medidas de desarrollo rural;

99. Pide a la Comisión que examine en qué medida pueden todavía mejorarse esos resultados mediante la integración de la agricultura en los mecanismos de Kyoto;

100.    Opina que las repercusiones de la puesta a disposición de energías renovables procedentes de la agricultura no pueden continuar unilateralmente a expensas de la ganadería y de la seguridad de los productos alimenticios para la población europea y del mundo, la sostenibilidad y la diversidad biológica; pide por ello a la Comisión que realice una evaluación del riesgo del fomento de las energías renovables en relación con la seguridad alimentaria y el medio ambiente; pide una dotación adecuada para la investigación y la introducción de técnicas energéticas modernas y eficaces que valoricen plenamente la biomasa (p. ej., combustibles biológicos de segunda generación); recuerda expresamente que a corto plazo las instalaciones de biogás basadas en los residuos animales son las que disponen del potencial de crecimiento mayor y más sostenible en lo que respecta a la energía suplementaria procedente de la biomasa;

101.    Subraya el estrecho vínculo existente entre la actividad agrícola y la calidad y la cantidad del agua, y destaca que la presión que la agricultura ejerce sobre el medio acuático debe gestionarse de forma sostenible; considera que la legislación medioambiental, junto con el principio de «quien contamina paga», debe ser el principio rector para lograr realmente una gestión sostenible del agua y alcanzar los objetivos medioambientales;

102.    Opina que el desarrollo del sistema de pagos agrícolas debe continuar después de 2013 y pide a la Comisión que presente antes del 30 de junio de 2010 un análisis global sobre las reorganizaciones posibles del mismo, también teniendo presente el hecho de que los agricultores europeos necesitan asegurarse una planificación a largo plazo, en particular mediante la definición de objetivos estratégicos que traduzcan el desarrollo de la agricultura europea en una perspectiva que valorice la innovación, utilice adecuadamente la tierra, garantice la calidad de la producción, mantenga los ingresos de los agricultores y preserve el medio ambiente y la seguridad alimentaria; pide a la Comisión que haga un análisis de una simplificación administrativa exhaustiva, en particular para los pagos anuales de primas inferiores a 20 000 euros por beneficiario;

103.  Señala que la biodiversidad es creada y al mismo tiempo afectada y amenazada por la agricultura; considera que deben realizarse esfuerzos a nivel mundial, local y de la UE para proteger los valiosos servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad, a saber, la purificación del aire y el agua, la polinización de los cultivos y la protección frente a la erosión;

104.  Señala que, en el período actual de programación 2007-2013, el desarrollo rural (y su instrumento de financiación, el FEADER) tiene un importante impacto regional como segundo pilar de la PAC; insta a la Comisión a que explote las posibilidades de llegar a una aplicación más coherente de los programas de política regional (Fondos Estructurales) con el fin de lograr un enfoque integrado en aquellos ámbitos en los que puedan obtenerse sinergias;

105.  Opina que el desarrollo rural no es posible sin actividad agraria, siendo el objetivo garantizar la viabilidad económica de los habitantes de las zonas rurales y mejorar su calidad de vida;

106.  Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener y desarrollar una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas y las zonas con hándicaps naturales, que revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas;

107.  Pide a la Comisión que intensifique las políticas de investigación y de transferencia de tecnologías, en especial para promover modos de producción más respetuosos con el medio ambiente y los ecosistemas al servicio de la agricultura sostenible;

108.  Destaca los diversos proyectos aplicados con éxito en la UE, en el marco de los cuales la cooperación a nivel local y regional entre agricultores, grupos medioambientales y autoridades ha logrado reducir el impacto ambiental de la agricultura;

109.  Opina en particular que el sistema futuro debe concentrarse en mayor medida en los aspectos de la coherencia social, económica y territorial y del desarrollo integrado de las zonas rurales y también periurbanas, el refuerzo de los sectores agrícolas clave, el pago por las prestaciones y/o la compensación por las cargas especiales, y la gestión del riesgo; opina que para ello deben determinarse de forma totalmente nueva las relaciones entre el primer y el segundo pilar;

110.  Opina que la agricultura europea puede aportar soluciones respetuosas del medio ambiente a los problemas más urgentes de nuestra sociedad urbanizada incluso en las regiones periurbanas y, de este modo, contribuir a la consecución de los objetivos tanto de la Agenda de Lisboa como de la de Gotemburgo;

111.  Pone de relieve el destacado papel que desempeñan los agricultores en la zonas periurbanas; señala que los agricultores y los gestores del espacio periurbano pueden promover soluciones que cumplan tanto los objetivos de Lisboa (conocimiento, investigación e innovación) como de Gotemburgo (sostenibilidad).

112.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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o o

• [1]  DO L 207 de 21.10.2003, p. 1.
• [2]  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0598.
• [3]  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0480.
• [4]  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0411.
• [5]  DO C 287 E de 29.11.2007, p. 341.
• [6]  Textos Aprobados, P6_ TA (2005)0224.
• [7]  DO C 139, 14.6.2006, p. 1.
• [8]  DO L 236 de 23.9.2003, p.33.
• [9]  DO L 93 de 30.3.2004, p. 1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La Política Agrícola Común (PAC) europea se ha reformado tres veces a fondo desde 1992. El objetivo de todas esas reformas era

· mejorar la eficiencia y la transparencia de la PAC,

· aumentar la orientación hacia el mercado de los agricultores,

· integrar mejor los nuevos elementos, en particular, los aspectos de protección de los animales y del medio ambiente, en la política agrícola general y

· reforzar las zonas rurales.

El antiguo sistema de apoyo a los precios que no pudo solucionar el problema de las bajas rentas de los agricultores y que condujo por otra parte a grandes excedentes, que a su vez sólo podían comercializarse en los mercados mundiales con ayuda de otras ayudas, fue sustituido progresivamente por un sistema llamado de pagos directos.

El núcleo de las ayudas actuales a los agricultores es, desde la reforma resultante de la revisión a mitad de período de 2003, un pago directo que se concede independientemente de una determinada producción (pago directo disociado). La base para los pagos a los que tienen derecho los agricultores a escala individual son los pagos históricos recibidos por un agricultor en los períodos de referencia correspondientes anteriores al inicio de la reforma. Éstos podían concederse para el período de 2003 a 2013 como prima por explotación.

Divergiendo de lo anterior, la mayoría de los Estados miembros aplica diferentes modelos de primas por superficie en gran medida independientes de los pagos históricos a los que tienen derecho los agricultores. Estos últimos ya sólo son relevantes para la determinación del importe total que está a la disposición de un Estado miembro o una región.

También en el sistema actual pueden mantenerse algunos pagos total o parcialmente asociados a la producción, en relación con los cuales los Estados miembros han hecho uso en grados diferentes de sus márgenes de maniobra.

Las ayudas públicas se vincularon a la acreditación de que el agricultor observa unos requisitos comunitarios y/o nacionales esenciales en materia de buenas prácticas agrícolas (la llamada condicionalidad). Estas normas cubren aspectos esenciales de una agricultura respetuosa del medio ambiente, la salud y los animales.

Los nuevos Estados miembros quedarán completamente integrados de aquí a 2013 (Rumanía y Bulgaria hasta 2015) en el sistema de pagos directos.

Para el llamado segundo pilar, es decir, para la política de desarrollo rural, se pusieron a disposición por redistribución recursos suplementarios (un 5 % de modulación como máximo). La dotación total del segundo pilar es inferior a las exigencias del Parlamento Europeo; no obstante, se observa en grado creciente que precisamente son los Estados miembros que tienen gran necesidad de medidas de desarrollo rural los que tienen problemas con la liberación de los recursos de cofinanciación.

Se han reformado (o se están reformando) importantes organizaciones de mercado como las del azúcar, el plátano, las frutas y hortalizas y el vino con los mismos objetivos desde 2004. La organización de mercado de la leche con la cuota lechera como instrumento fundamental no sufrió apenas cambios, pero expira en 2015.

Los gastos de la PAC estarán por ello este año claramente por debajo de su presupuesto original, pues no se utilizarán medidas de apoyo al mercado, como la intervención o las subvenciones a la exportación restantes, debido la evolución de los precios agrícolas.

Por primera vez desde la fundación de la Comunidad, el presupuesto agrícola ya no será por lo tanto la mayor partida del presupuesto de la UE. Sobre la base de la disciplina presupuestaria y debido a los escasos porcentajes de aumento del presupuesto agrícola, la parte relativa de la agricultura en los gastos comunitarios seguirá disminuyendo y los pagos directos por agricultor se reducirán relativamente en un 10 - 20 % (incluida la modulación).

La Comisión ha presentado ahora una comunicación en la que propone esencialmente continuar la vía iniciada con la reforma de 2003. La Comisión reacciona con este llamado «chequeo» a una solicitud formulada por los Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2005 de proceder a un análisis de todos los gastos de la UE, en particular también de los gastos agrícolas. Los gastos totales para la PAC no son, no obstante, objeto de dicha comunicación, sino que estos se reservan más bien para el «chequeo» presupuestario que se desarrolla en paralelo.

Las propuestas esenciales de la Comisión son:

· una mayor disociación,

· introducción acelerada en una tasa plana por superficie para los pagos directos,

· supresión y/o integración de las medidas menores orientadas hacia la producción en el sistema de pagos directos disociados,

· una mayor modulación,

· degresividad de las ayudas directas y aumento de los umbrales mínimos para los pagos,

· fijación al alza de la cuota lechera y preparación de un «aterrizaje suave».

Evaluación

El ponente insiste en el modelo de una agricultura multifuncional y extendida a todo el territorio.

Celebra la vía de la reforma seguida hasta ahora y opina que el proceso de apertura del mercado y la simplificación de la PAC deben continuarse de manera acelerada hasta 2013.

El ponente opina que la UE seguirá necesitando también en el futuro una PAC y que la PAC debe facilitar un conjunto de instrumentos para reforzar ámbitos clave importantes del sector agrícola, intervenir con carácter de apoyo en las crisis de producción, en las crisis medioambientales y en las crisis causadas por las plagas, proteger la coherencia territorial y seguir desarrollando el espacio rural en su conjunto con arreglo a los objetivos de Lisboa.

Respalda el planteamiento de la Comisión de terminar las reformas de 2003 antes de debatir sobre una reorganización revolucionaria de la PAC o de los sistemas de pago. El ponente no considera oportuna una transformación radical de los pagos en el momento actual. Los pagos directos actuales, con los que se persigue, además de la ayuda a las rentas, una multiplicidad de otros objetivos, tienen entre otras cosas la función de facilitar a los agricultores la transición del antiguo sistema a la nueva estructura orientada claramente en mayor medida hacia el mercado. A ese respecto, no parece razonable someter inmediatamente a examen el nivel de los distintos pagos o el nivel del presupuesto total cada vez que los precios agrícolas oscilan al alza. Las reformas de 2003 no están todavía acabadas y las situaciones distan todavía de ser comparables en Europa.

Después de 2013 debería con probabilidad reorganizarse globalmente el sistema de pagos directos, pero también la política de desarrollo rural, basándose en las experiencias de la fase de transición, pero el tiempo que queda hasta entonces debería aprovecharse para consolidar los éxitos de las reformas anteriores y no perderse en debates financieros en gran medida estériles. Los agricultores en esta fase de cambio radical y de reorientación y en vista de las fuertes variaciones de los precios en los mercados mundiales tienen más necesidad de seguridad en sus inversiones y de fiabilidad que de desestabilización. La promesa de los Jefes de Estado y de Gobierno de no modificar hasta 2013 los gastos totales para las medidas de mercado debe por lo tanto respetarse.

Disociación/abandono de los pagos no disociados/condicionalidad

Los pagos directos están actualmente aún asociados en parte a la producción y en los Estados miembros que aplican el modelo por explotaciones se calculan sobre la base de los importes de referencia históricos.

El ponente apoya a la Comisión en su voluntad de llegar lo más rápidamente posible —y preferiblemente hasta 2013— a una prima por superficie uniforme a nivel nacional o regional. El sistema antiguo es difícil de justificar ante la opinión pública y además la mayoría de los Estados miembros ya ha decidido de todos modos seguir la vía de las primas por superficie y abandonar los pagos históricos. El Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a los gastos de 2006 pone además de manifiesto que la gestión de las primas por superficie uniformes es claramente menos compleja y menos propensa a errores que el modelo basado en las explotaciones.

Además, insistir en el modelo histórico complicaría considerablemente las reformas ulteriores después de 2013.

El ponente apoya también básicamente la continuación de la disociación, en particular en el sector de la producción vegetal, pues representa una contribución a la simplificación de la política agrícola y no se han producido las consecuencias negativas esperadas, como el abandono de los cultivos relevantes desde el punto de vista regional o medioambiental.

El ponente señala que en distintos Estados miembros que han seguido la vía de las primas por superficie uniformes nacionales o regionalizadas se ha observado una redistribución de los pagos directos en favor de las explotaciones ganaderas extensivas.

La ganadería debe, sin embargo, considerarse en su conjunto por separado. Se trata de un sector fácilmente sujeto a crisis, como lo muestran los problemas provocados por la actual evolución de los precios de los cereales y en consecuencia también de los piensos. A eso se añade que, precisamente en el ámbito de la ganadería y de la salud animal, las normas europeas son claramente más estrictas que las vigentes en otras partes del mundo y que los productores europeos tienen dificultades considerables para repercutir en el mercado los costes adicionales vinculados a las mismas. Es una situación que no puede mantenerse a largo plazo. Ya conduce ahora a una disminución continua de las cabañas de animales.

La ganadería es por otro lado relativamente intensiva en mano de obra y tiene en muchas regiones una gran importancia para el desarrollo regional o para la conservación de espacios naturales importantes. Los pagos no disociados pueden ser una manera de hacer frente a estas crisis. El ponente no preconiza por lo tanto una abolición obligatoria de los pagos no disociados existentes. Opina al mismo tiempo que los fondos, liberados por la reforma del artículo 69, deberían utilizarse precisamente también para el mantenimiento de los sectores de la producción relevantes desde el punto de vista regional y medioambiental, es decir, prioritariamente para la ganadería.

El ponente opina además que las propuestas anteriores no bastan para garantizar a largo plazo la ganadería en Europa. Espera pues de la Comisión, como preparación para el período de financiación de después de 2013, un análisis global de la situación de la ganadería en Europa así como nuevas propuestas con vistas a asegurar este sector clave para Europa.

El ponente apoya además la integración de los sistemas de pago de gran complejidad administrativa, más pequeños y orientados hacia la producción en el modelo de los pagos directos disociados (forraje seco, lino, cáñamo, almidón de patata) y la supresión de la obligación de retirada de tierras de la producción que, como sistema de control de las cantidades, ya no tiene sentido en un sistema de ayudas disociadas orientado en gran medida hacia el mercado. Las más bien escasas ventajas medioambientales pueden materializarse mejor mediante reglamentaciones nacionales o en su caso una modificación del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1782/2003 para la conservación del buen estado agrícola o ecológico.

La prima para los cultivos energéticos es también contraria al sistema. Como lo muestra el exceso de cobertura de la prima en este año, no hay escasez de plantas energéticas, pues éstas son cultivadas de todas formas debido a la fuerte demanda y a los precios actuales, sin que sea necesario un nuevo apoyo. Los recursos liberados podrían utilizarse para medidas de apoyo con arreglo al artículo 69 y en particular para medidas transitorias para el sector lechero.

El Parlamento sólo se ha pronunciado recientemente en detalle sobre la condicionalidad que es un elemento indispensable del sistema de pagos directos, por no decir su verdadera justificación. Sólo puede procederse a una extensión de las normas si las cargas están claras (evaluación de las repercusiones) y en su caso si se han abandonado otras normas para ello. La Comisión debe estimar los gastos resultantes de las posibles nuevas normas hasta la presentación de la propuesta legislativa. Unas exigencias crecientes en un período de pagos decrecientes sólo parecen, en caso contrario, estar escasamente justificadas.

La transición a las primas por superficie uniformes o más uniformes deja claro o hace transparente sólo ahora que la intensidad de fomento de la PAC es muy diferente a escala regional (lo anterior es también parcialmente válido para el segundo pilar). El ponente opina que éste problema debe solucionarse a medio plazo. Para ello se requieren todavía no obstante estudios y reflexiones detallados sobre las razones y la justificación de unos niveles de pago diferentes. La Comisión debe presentar, con antelación suficiente antes de 2013, un informe al respecto. Una posible manera de eliminar tales diferencias podría ser orientar en mayor medida los pagos hacia la prestación de servicios en favor del bien común.

Instrumentos del mercado/prevención de los riesgos

El ponente opina que, vistas las cada vez mayores oscilaciones climáticas, las nuevas enfermedades animales y su propagación cada vez más rápida así como la apertura de la agricultura europea al mercado mundial, aumentarán constantemente las crisis de producción, las crisis de rentas y las crisis causadas por las plagas. Resulta urgente una red de seguridad suplementaria.

Los instrumentos anteriores no son suficientes o deben ser sustituidos por nuevos sistemas. Cabe imaginar la introducción de los seguros multirriesgos, de las soluciones sobre la base de fondos u de otras medidas semejantes. Es indispensable una cofinanciación nacional de este tipo de sistemas, lo que es habitual en el caso de todos los principales socios comerciales en el mercado mundial.

Debe darse ahora un primer paso. No se puede ignorar a ese respecto que en Europa los riesgos están muy desigualmente distribuidos por sectores y regiones y que la aceptación de una solución depende esencialmente de la estructura que presenta la agricultura y de las experiencias de los agricultores en las distintas regiones.

Como medida inicial se deberían pues introducir soluciones a nivel regional o nacional. Los recursos necesarios deberían ponerse a disposición en el primer pilar. El primer pilar, en cuanto pilar de las medidas de organización de los mercados, parece merecer la preferencia frente al segundo pilar.

En el marco de la redistribución de hasta un 2 % de los recursos de los pagos directos debería concederse a los Estados miembros la posibilidad de desarrollar, sobre la base de decisiones propias, los correspondientes sistemas de gestión del riesgo.

No obstante, es necesario un control estricto de la Comisión en vista de las distorsiones de la competencia. Lo anterior podría, por ejemplo, conseguirse mediante la creación de reglamentaciones marco comunitarias en la organización única de mercados. La Comisión y los Estados miembros deberían obligatoriamente examinar la integración de las agrupaciones de productores o de las federaciones sectoriales.

En opinión del ponente, no deberían suprimirse totalmente los sistemas anteriores, como la intervención o el almacenamiento, sino que su función debería reducirse a la de una verdadera red de seguridad en caso de variaciones extremas de los precios, incluidos los acontecimientos excepcionales. Apoya a ese respecto las propuestas de la Comisión.

Pagos/segundo pilar

La Comisión propone diferentes recortes para los pagos directos:

· aumento de los umbrales mínimos,

· introducción de una fuerte degresividad escalonada para los pagos de más de 100 000 euros y

· otra modulación del 2 % anual para los años 2010 - 2013 (en total un 8 % en 2013).

El ponente rechaza los recortes propuestos en esta forma.

La propuesta podría justificarse si el único objetivo de los pagos directos fuera el apoyo de los ingresos, incluso si en ese caso pudiera con frecuencia parecer que precisamente los pequeños beneficiarios tienen menos necesidad de ayuda. Los pagos sirven no obstante entre otras cosas para mantener la explotación de las superficies agrarias y en menor medida se conceden como compensación por las estrictas normas europeas. Estos últimos objetivos apenas podrían sin embargo alcanzarse si se aplicara una fuerte degresividad.

El ponente rechaza la degresividad prevista que afectaría sobre todo a explotaciones y regiones de la Alemania Oriental, la República Checa, Eslovaquia, el Reino Unido y España y que en algunas regiones de la Alemania Oriental conduciría, junto con los otros recortes previstos, por ejemplo, a una cesación de los pagos en más de un tercio. La degresividad propuesta conduciría en el mejor de los casos a reestructuraciones de las explotaciones económicamente absurdas o al abandono de las superficies con un nivel de producción límite precisamente en las zonas desfavorecidas, no generando ningún beneficio para la agricultura.

Hasta ahora no se dispone ni de una evaluación de las futuras repercusiones de los recortes sobre las explotaciones individuales, sobre los mercados laborales regionales o sobre regiones enteras ni de una justificación agroeconómica. Puede esperarse que la degresividad, en la forma propuesta, se viera exclusivamente como una medida negativa desde un punto de vista meramente agroeconómico porque perjudica prioritariamente a las empresas fuertes. No puede aceptarse una degresividad abrupta que además no tenga en cuenta las estructuras particulares de algunas regiones, el número de personas activas, la composición de la propiedad o las particularidades regionales.

El ponente comparte a pesar de todo la opinión de que se puede considerar hasta un cierto punto que las explotaciones mayores trabajan más eficazmente y requieren por ello menos ayudas. Opina al mismo tiempo que el segundo pilar no está suficientemente financiado. Puesto que no es realista contar con otros recursos financieros, el ponente propone una redistribución moderada por medio de una «modulación progresiva».

La modulación debería ser la siguiente:

10 000 - 100 000 euros - 1% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

100 000 - 200 000 euros - 2% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

200 000 - 300 000 euros - 3% (para todo el período de validez 2009 - 2013)

más de 300 000 euros - 4% (para todo el período de validez 2009 - 2013).

Este recorte progresivo de los pagos directos, moderado en sus efectos, parece también defendible y conveniente sin un examen más detallado. No conduce a fracturas estructurales ni a la transformación a un ritmo febril de las explotaciones existentes que funcionan bien. Con el límite de exención de 10 000 euros se descarga a las explotaciones familiares medianas, resultando además favorables los efectos financieros para el segundo pilar, pues la modulación ya empieza en 2009 y, contrariamente a la propuesta de la Comisión relativa a la degresividad, también contempla —aunque en muy pequeña medida— las empresas de entre 10 000 y 100 000 euros.

Esta propuesta no puede tampoco excluir el problema fundamental de que la modulación y la degresividad alcanzan su máximo efecto de redistribución en favor del segundo pilar en las regiones con estructuras de explotación mayores y en general en consecuencia en los Estados miembros menos desfavorecidos. Por otra parte, debe considerarse que más de un 50 % de todos los recursos generados por la degresividad se han obtenido en la Alemania Oriental, con lo que los desequilibrios regionales se han intensificado todavía más masivamente.

Los recursos de la redistribución deberían utilizarse prioritariamente en las regiones en las que se generan y destinarse a medidas de prevención de los riesgos, al refuerzo y a la reestructuración de sectores agrícolas importantes, en particular, del mercado de la leche, a medidas medioambientales agrícolas (incluida la adaptación al cambio climático), a la protección de los animales o a la sanidad animal o a medidas relativas a una mejor aplicación de los nuevos conocimientos científicos en la agricultura, por ejemplo, en el sector de la bioenergía.

El ponente señala solamente que entre los mayores beneficiarios de los pagos directos figuran, no sólo algunas casas reales, sino precisamente también asociaciones de protección del medio ambiente. El conjunto del debate pone de manifiesto que en el futuro, es decir, después de 2013, los pagos directos deberían vincularse en mayor medida a prestaciones concretas y/o a determinadas cargas especiales para los agricultores. Entonces deja de haber lugar para un debate sobre su importe.

Leche

El ponente considera poco probable, sobre la base de las declaraciones formuladas hasta ahora por la Comisión y el Consejo, una prolongación del sistema de cuotas lecheras en su forma actual después de 2015.

Es por ello aún más importante sentar ahora las bases correspondientes para que se pueda seguir produciendo leche también en el futuro en Europa y para configurar de manera soportable, mediante los correspondientes paquetes de medidas, el cambio de sistema para los agricultores y las regiones afectados.

A ese respecto resulta crucial asegurar la producción lechera en algunas regiones, en las que no existe ninguna alternativa a la industria lechera y en las que la industria lechera ha marcado históricamente el paisaje. La garantía de la producción lechera debe ir acompañada de un refuerzo del sector en su conjunto, es decir, también de un refuerzo de toda la cadena de producción hasta la venta de los productos acabados, lo que reviste para Europa una importancia decisiva por ser un emplazamiento clásico de procesamiento lechero (p.ej., quesos).

El ponente opina que precisamente una nueva formulación del artículo 69 ofrece la posibilidad de desarrollar en el marco del primer pilar soluciones nuevas, integradas y adaptadas a las necesidades regionales.

Puesto que en algunas regiones de Europa no existe prácticamente ninguna alternativa a la ganadería lechera, aunque la producción lechera debe obligatoriamente mantenerse por razones de conservación del paisaje y de política regional, es necesario preparar medidas de apoyo particulares para estas regiones pero también para el sector en su conjunto. Éstas pueden consistir en complementos particulares, en primas disociadas o no disociadas o en medidas sectoriales de reestructuración. Además podrían emplearse recursos procedentes de la supresión de la prima para los cultivos energéticos o ingresos procedentes de la supertasa o de la no utilización de otros fondos empleados hasta ahora de forma diferente resultantes de la organización de mercado de la leche.

Otro aspecto del aterrizaje suave podría consistir en una reducción progresiva y en función de la situación del mercado de los derechos de cuota. Sería necesario examinar si una liquidación a escala europea ex post que permitiera una utilización claramente mejor de la cuota actualmente concedida no haría que resultara total o parcialmente superfluo un aumento de la misma.

Puesto que en algunas regiones de Europa no existe prácticamente ninguna alternativa a la ganadería lechera, pero que es indispensable mantener la producción lechera por razones de conservación del paisaje y de política regional, es necesario preparar medidas de apoyo particulares para estas regiones pero también para el sector en su conjunto. Éstas pueden consistir en primas disociadas o no disociadas particulares o en medidas de reestructuración sectoriales y podrían financiarse mediante el artículo 69 que debe revisarse o en el marco del segundo pilar. Además, podrían utilizarse recursos derivados de la supresión de la prima para los cultivos energéticos así como ingresos procedentes de la supertasa y/o de la modulación.

Otros

El ponente ha formulado algunas propuestas relativas al desarrollo ulterior de los paquetes de medidas del segundo pilar que no requieren mayor explicación (refuerzo de la producción de calidad, mejor penetración del mercado, adaptación al cambio climático, mayor vinculación con los objetivos de Lisboa).

Para preparar el período de apoyo posterior a 2013, el ponente espera además de la Comisión un análisis y una evaluación globales de las medidas existentes y futuras posibles con el fin de seguir aumentando la precisión del conjunto de los instrumentos de la PAC.

La versión revisada del artículo 69 abre a ese respecto muchas posibilidades para preparar la política del futuro. Por ello, el ponente ha propuesto también aumentar los recursos que deben ponerse a disposición en un 5 % con relación al documento de la Comisión para recopilar experiencias con instrumentos de fomento a nivel regional, medioambiental y sectorial en el primer pilar que deben después evaluarse para preparar las reformas posteriores a 2013.

OPINIÓN MINORITARIA

de Ilda Figueiredo, Diamanto Manolakou y Vincenzo Aita.

La PAC no satisface las necesidades de los consumidores porque los precios de los productos alimenticios aumentan sin cesar, ni las necesidades de las explotaciones familiares y pequeñas y medianas, que se ven obligadas a abandonar la producción.

Con la reforma de 2003 se ha agudizado la situación. Las reformas de las organizaciones comunes de mercado del azúcar, de frutas y verduras, del tabaco, del vino, etc., confirman que la PAC favorece a las grandes empresas en detrimento de las de menor tamaño, la agricultura intensiva en detrimento de los métodos extensivos, la concentración de la tierra y el dominio de monopolios en la producción y distribución de la producción agrícola.

La Comisión persiste en la dirección equivocada al disociar la ayuda de la producción y el empleo y reducir los créditos para la PAC. Está siguiendo adelante con su política apoyo a las empresas multinacionales del sector alimentario y a los grandes propietarios de tierras. La reducción propuesta para los pagos más cuantiosos es intrascendente e ineficaz y se está aplicando de una manera equivocada y sobre la base de criterios inexistentes.

En nuestra opinión, se han de tomar medidas inmediatamente para apoyar las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones, en particular en las zonas desfavorecidas, y garantizar un vínculo lo más estrecho posible entre ayudas y producción.

Estas medidas deberían basarse en los siguientes criterios: autosuficiencia alimentaria de los Estados miembros, con la garantía de un suministro adecuado de productos alimenticios sanos y seguros a precios bajos, respeto del medio ambiente y la naturaleza, y mantenimiento de la población rural previendo para la misma unas condiciones de vida decentes.

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OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (31.1.2008)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre el «chequeo» de la PAC
(2007/2195(INI))

Ponente de opinión: Kathalijne Maria Buitenweg

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Subraya la importancia de que la UE cuente con una agricultura plena de vitalidad y un sector rural habitable, no sólo por motivos económicos, sino también con miras a la conservación del paisaje y la seguridad alimentaria;

2.  Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que plantea el cambio climático y adaptar su política agrícola en consecuencia, apoyando las prácticas agrícolas menos intensivas con objeto de mejorar las perspectivas del sector agrícola por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero; subraya asimismo la necesidad de preservar el medio ambiente y restaurar los ecosistemas;

3.  Considera necesario, a tal efecto, orientarse hacia una agricultura sostenible y multifuncional en la que se estimule al agricultor a emplear técnicas agronómicas sostenibles ecológicamente (en particular la agricultura de conservación y la agricultura biológica);

4.  Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura están ligados a los resultados en materia de medio ambiente, naturaleza y bienestar de los animales, y deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente y bienestar animal (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las disposiciones vigentes en materia de condicionalidad mediante la llamada simplificación y a que examine si estos requisitos son eficaces, pero pide asimismo a la Comisión que suprima las obligaciones y cargas administrativas innecesarias; considera que en el sistema de condicionalidad deberían incluirse disposiciones adicionales sobre la utilización, la gestión y la calidad del agua y sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero;

5.  Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la UE, lo que, por consiguiente, podría poner en peligro los logros alcanzados por la Unión Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal y condicionalidad de las ayudas públicas a imperativos de carácter social; pide a la Comisión que proponga medidas destinadas a subsanar esta situación lo antes posible y hacer cumplir las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente y salud;

6.  Subraya el estrecho vínculo existente entre la actividad agrícola y la calidad y la cantidad del agua, y destaca que la presión que la agricultura ejerce sobre el medio acuático debe gestionarse de forma sostenible; considera que la legislación medioambiental, junto con el principio de «quien contamina paga» debe ser el principio rector para lograr realmente una gestión sostenible del agua y alcanzar los objetivos medioambientales;

7.  Señala que, en el período actual de programación 2007-2013, el desarrollo rural (y su instrumento de financiación, el FEADER) tiene un importante impacto regional como segundo pilar de la PAC; insta a la Comisión a que explote las posibilidades de llegar a una aplicación más coherente de los programas de política regional (Fondos Estructurales) con el fin de lograr un enfoque integrado en aquellos ámbitos en los que puedan obtenerse sinergias;

8.  Señala que la biodiversidad es creada y al mismo tiempo afectada y amenazada por la agricultura; considera que deben realizarse esfuerzos a nivel mundial, local y de la UE para proteger los valiosos servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad, a saber, la purificación del aire y el agua, la polinización de los cultivos y la protección frente a la erosión;

9.  Considera que desvincular las ayudas directas de la producción agrícola puede contribuir a largo plazo a reducir los efectos negativos de la agricultura europea sobre el medio ambiente, siempre que esta medida esté acompañada de un apoyo decidido a prácticas sostenibles en materia de desarrollo rural;

10. Insta a la Comisión a que presente un conjunto coherente de propuestas para estimular la producción de agroenergías sostenibles capaces de aprovechar toda la biomasa, con un sistema de certificación de combustibles agrícolas y disposiciones mínimas en materia de producción de estos combustibles, teniendo debidamente en cuenta el potencial de los combustibles agrícolas de segunda generación que utilizan productos residuales de la agricultura como el estiércol;

11. Insta a la Comisión a que se contenga a la hora de fomentar los biocarburantes, dado que, en el mejor de los casos, los beneficios medioambientales de muchos de esos carburantes son dudosos, y que el aumento de la producción de biocarburantes en la UE podría conllevar el aumento de los precios de los alimentos y la escasez de los mismos;

12. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a disposición más fondos destinados a los modos de producción agraria más sostenibles y a las políticas de desarrollo rural; expresa su preocupación, no obstante, por la tendencia que se registra en la actualidad en los Estados miembros a centrar sus programas de desarrollo rural en las inversiones en explotaciones agrícolas; considera que los fondos destinados al desarrollo rural deberían utilizarse predominantemente en favor de programas agroambientales, medidas de bienestar animal, medidas de tipo LEADER y otras medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de economías rurales sostenibles;

13. Expresa su preocupación por el hecho de que la supresión de la obligación de la retirada de tierras reducirá las zonas agrícolas propicias para fines de conservación de la biodiversidad y de los paisajes; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa al establecimiento o al mantenimiento de hábitats naturales y de prácticas extensivas y sostenibles que fomenten la biodiversidad, en particular en las zonas agrícolas más productivas;

14. Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener y desarrollar una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas y las zonas con hándicaps naturales, que revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas;

15. Pide a la Comisión que intensifique las políticas de investigación y de transferencia de tecnologías, en especial para promover modos de producción más respetuosos con el medio ambiente y los ecosistemas al servicio de la agricultura sostenible;

16. Hace hincapié en la importancia que revisten los pastizales extensivos para la protección de la biodiversidad agrícola, y pide a la Comisión que corrija las deficiencias existentes impidiendo la conversión de los pastizales y los bosques en tierras de cultivo;

17. Destaca los diversos proyectos aplicados con éxito en la UE, en el marco de los cuales la cooperación a nivel local y regional entre agricultores, grupos medioambientales y autoridades ha logrado reducir el impacto ambiental de la agricultura;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	29.1.2008
Resultado de la votación final	+: −: 0:	49 1 1
Miembros presentes en la votación final	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anders Wijkman, Glenis Willmott
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Niels Busk, Antonio De Blasio, Duarte Freitas, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Bart Staes
Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	26.2.2008
Resultado de la votación final	+: –: 0:	33 6 3
Miembros presentes en la votación final	Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Katerina Batzeli, Esther De Lange, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski