INFORME sobre la UEM@10: Los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro

28.10.2008 - (2008/2156(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Ponentes: Pervenche Berès, Werner Langen

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la UEM@10: Los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro

(2008/2156(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 7 de mayo de 2008 sobre la UEM@10 – Logros y retos tras diez años de Unión Económica y Monetaria (COM(2008)0238) (Comunicación sobre la UEM@10),

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 24 de junio de 2008 sobre las Finanzas Públicas en la UEM – 2008 (COM(2008)0387),

–   Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2006, sobre el Informe anual 2006 sobre la zona del euro[1],

–    Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el Informe anual 2007 sobre la zona del euro[2],

–   Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre la contribución al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa[3],

–   Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre el interés europeo: Triunfar en la era de la mundialización[4],

–   Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre la situación de la economía europea: Informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2007[5],

–   Vista su Resolución, de 22 de febrero de 2005, sobre las Finanzas Públicas en la UEM - 2004[6],

–   Vista su Resolución, de 26 de abril de 2007, sobre las Finanzas Públicas en la UEM - 2006[7],

–   Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el Informe anual del BCE para 2007[8],

–   Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la ampliación de la zona del euro[9],

–   Vista su Resolución, de 20 de junio de 2007, sobre la mejora del método de consulta al Parlamento en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro[10],

–   Vista su Resolución legislativa, de 17 de junio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado para la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009[11],

–   Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre la revisión estratégica del Fondo Monetario Internacional[12],

–   Vista su Resolución, de 5 de julio de 2005, sobre la aplicación de una estrategia de información y comunicación sobre el euro y la Unión Económica y Monetaria[13],

–   Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión[14],

–   Vista la Resolución del Consejo Europeo, de 13 de diciembre de 1997, sobre la coordinación de las políticas económicas en la tercera fase de la UEM y sobre los artículos 109 y 109 B del Tratado CE,

–   Vista la contribución del Consejo de Economía y Finanzas de 12 de febrero de 2008 a las conclusiones del Consejo Europeo de primavera,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo de 7 de octubre de 2008 sobre una respuesta coordinada de la UE a la ralentización de la economía,

–   Visto el Memorando de Acuerdo de 1 de junio de 2008 sobre cooperación entre las autoridades de supervisión financiera, los Bancos Centrales y los Ministerios de Hacienda de la Unión Europea en materia de estabilidad financiera transfronteriza,

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6‑0420/2008),

A. Considerando que el 1 de enero de 1999 once Estados miembros —Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia— adoptaron la moneda única de la Unión Europea,

B.  Considerando que otros cuatro Estados miembros se han adherido a la zona del euro desde su entrada en vigor: Grecia, en 2001, Eslovenia, en 2007 y Chipre y Malta, en 2008,

C. Considerando que la zona del euro seguirá ampliándose, ya que la mayoría de los Estados miembros que actualmente no pertenecen a la zona del euro se están preparando para adherirse en el futuro, y que Eslovaquia formará parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2009,

D. Considerando que la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha sido un éxito en muchos sentidos, al haber incrementado la moneda única la estabilidad económica de los Estados miembros,

E.  Considerando que la pertenencia a la zona del euro implica un alto grado de interdependencia económica entre los Estados miembros involucrados y, por tanto, requiere una mayor coordinación de las políticas económicas y obliga a la zona del euro a desempeñar un papel eficaz en la gobernanza económica y financiera global, con el fin de sacar el mayor provecho de la moneda única y afrontar futuros retos, como una mayor competencia en torno a los recursos naturales, los desequilibrios económicos mundiales, la creciente importancia económica de los mercados emergentes, el cambio climático y el envejecimiento de la población europea,

F.  Considerando que la inflación media durante los diez primeros años de la zona del euro se ajustó en líneas generales al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de estabilizar los precios en una tasa cercana, pero inferior, al 2 %; y que, últimamente, la inflación se ha elevado muy por encima de este nivel debido a los cambios estructurales mundiales, sobre todo los relacionados con el aumento de los precios de la energía y los alimentos y la relajación de la política monetaria en los Estados Unidos, así como con la falta de vigilancia por parte de una serie de bancos centrales de terceros países,

G. Considerando que el rápido aumento de la demanda de energía, y de otras materias primas escasas, en las economías emergentes ha empujado progresivamente la oferta hasta su capacidad máxima; y que la presión al alza de los precios se ha exacerbado, dado que las materias primas se consideran cada vez más como activos financieros, hasta el punto de que pueden utilizarse como salvaguarda de valor,

H. Considerando que cabe celebrar la apertura de la zona del euro, y que se estima que la actual apreciación del euro puede tener efectos negativos, sobre todo en la medida en que pueda afectar a las exportaciones y favorecer las importaciones en el mercado interior, así como efectos positivos, al ayudar a la economía de la Unión Europea a hacer frente al drástico aumento de los precios del petróleo,

I.   Considerando que el entorno económico mundial ha sido favorable a la creación de empleo durante los diez primeros años del euro, al provocar la creación de casi 16 millones de puestos de trabajo —sin tener en cuenta la calidad de los puestos de trabajo creados— y un descenso de la tasa de paro del 9 % en 1999 al 7,3 % o más estimado en 2008,

J.   Considerando que el crecimiento de la economía y de la productividad ha sido decepcionante, al haber disminuido el aumento de la producción por trabajador del 1,5 % en el período de 1989 a 1998 al 0,75 % estimado en el período de 1999 a 2008,

K. Considerando que el euro se ha impuesto rápidamente como la segunda moneda internacional más importante, junto con el dólar estadounidense, y que desempeña una función esencial como moneda de referencia para muchos países de todo el mundo; considerando, no obstante, que el potencial del euro se aprovecha insuficientemente a nivel global, dado que la zona del euro carece de una estrategia internacional adecuadamente definida y de una representación internacional eficaz,

Los diez primeros años del euro

1.  Comparte la idea de que la moneda única se ha convertido en un símbolo de Europa y ha demostrado que Europa es capaz de tomar decisiones de gran alcance para lograr un futuro común y próspero;

2.  Acoge con satisfacción el hecho de que el euro haya traído estabilidad y una mayor integración económica a la zona del euro; celebra los efectos estabilizadores del euro en los mercados mundiales de divisas, especialmente en tiempos de crisis; indica que las diferencias económicas internas aún no han disminuido lo esperado y que la productividad no se ha desarrollado de forma satisfactoria en todas las partes de la zona del euro;

3.  Observa con satisfacción que en distintas partes del mundo se está contemplando la creación de otras uniones monetarias;

4.  Señala, tal y como demuestran numerosos estudios, el vínculo esencial que existe entre la política monetaria y la política comercial en el mundo y subraya, en este sentido, el papel positivo que desempeña la estabilidad de la cotización de las monedas para garantizar un crecimiento sostenible del comercio internacional;

5.  Señala que la creciente utilización del euro como moneda comercial internacional beneficia especialmente a los Estados miembros de la zona del euro, ya que reduce los riesgos de cambio para sus empresas y, por tanto, los costes del comercio internacional;

6.  Recuerda que durante los diez primeros años de la UEM, el Parlamento ha desempeñado una función activa, tanto en el aspecto económico como en el monetario, y ha hecho todo lo posible por garantizar una mayor transparencia y responsabilidad democrática;

7.  Subraya que es preciso realizar mayores esfuerzos por sacar el máximo provecho de la UEM, como lograr la recuperación de los Estados miembros y regiones con un PIB inferior a la media, y fortalecer la comprensión y el compromiso de los ciudadanos con respecto a la moneda única;

8.  Propone los siguientes elementos y medidas concretas con el fin de marcar el rumbo deseable para la UEM:

Divergencia económica, reformas estructurales y finanzas públicas

9.  Considera que unas reformas económicas más racionales y coherentes y encaminadas a prestar múltiples apoyos, oportunamente coordinadas sobre la base de las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (Directrices Integradas) y un enfoque basado en la combinación de políticas de la Estrategia de Lisboa podrían reducir las divergencias económicas; resalta la necesidad de mejorar y simplificar los procedimientos y metodologías de revisión y evaluación de la ejecución de estas directrices al final de cada año;

10. Reconoce que, en lo que respecta a los esfuerzos de modernización y al rendimiento económico, los países que han logrado mayores éxitos son aquellos que combinan reformas estructurales bien equilibradas y orientadas al futuro con una inversión superior a la media en investigación, desarrollo e innovación, educación, formación permanente y guarderías infantiles, así como en la renovación de redes sociales sólidas; afirma que, en su mayoría, dichos Estados miembros cuentan con una administración muy eficaz y transparente, con superávit presupuestarios, niveles de endeudamiento inferiores a la media y un gasto público de alta calidad, eficaz y focalizado, a la vez que muestran signos de una contribución del progreso técnico al crecimiento nacional que casi duplica la media de la UE; afirma, además, que estos Estados miembros «de referencia», gracias a sus altas tasas de empleo, incluido el empleo de mujeres y de trabajadores de mayor edad, y a sus tasas de natalidad especialmente altas, son los que están mejor preparados para una sociedad en proceso de envejecimiento y garantizar un alto nivel de competitividad;

11. Recalca la necesidad de que las políticas macroeconómicas de estabilidad y orientadas al crecimiento se refuercen mutuamente, haciendo de una política equilibrada y de la inversión una cuestión de interés común: la necesidad de seguir de cerca los equilibrios públicos a través de la gestión eficaz de la política fiscal y de los gastos y su impacto en la demanda y, paralelamente, de acordar la creación de un entorno favorable para las operaciones transfronterizas de las empresas;

12. Señala que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) revisado ha demostrado su utilidad y que es necesario respetar el compromiso de una fuerte consolidación presupuestaria, ya que los cambios demográficos y el posible declive del crecimiento económico podrían provocar problemas presupuestarios en Estados miembros de la zona del euro, lo que a su vez podría afectar negativamente a la estabilidad de la zona del euro en su conjunto; critica en este contexto la falta de disciplina a la hora de combatir los déficit presupuestarios en tiempos de crecimiento económico y pone de relieve que los Estados miembros deben esforzarse por lograr una política fiscal anticíclica, especialmente con el fin de estar mejor preparados para resistir los embates del exterior; subraya, por tanto, la necesidad de una estrategia a corto plazo con vistas a reducir las deudas nacionales y unas estrategias de crecimiento sanas y sostenibles que permitan una reducción de las deudas nacionales a un máximo del 60 % a largo plazo;

13. Señala que también es necesario seguir cumpliendo a rajatabla en el futuro los principales elementos del PEC, puesto que los límites del 3 % de déficit del Estado y del 60 % de deuda nacional en relación con el producto interior bruto se especificaron sobre la base de las condiciones económicas de los años noventa; opina que los Estados miembros deben ajustarse estrictamente al PEC bajo la supervisón de la Comisión; opina que ambos objetivos de deudas deberían tratarse como límites máximos que han de evitarse; señala que una coordinación efectiva de la política económica y financiera es una condición previa para el éxito económico de la UEM, aunque dicha coordinación debe respetar el principio de subsidiariedad; pide a la Comisión que contemple todos los medios de que disponga para fortalecer el aspecto preventivo del PEC; pone de relieve que la Comisión debe hacer un mejor uso de los actuales instrumentos de supervisión y que es preciso reforzar la evaluación intermedia de los presupuestos nacionales por el Eurogrupo;

14. Considera que un entorno macroeconómico estable y sostenible requiere una mejora de la calidad de las finanzas públicas, incluida una mayor consolidación presupuestaria, una elevada eficacia del gasto público, mayores inversiones en educación, capital humano e I+D y una infraestructura que sea favorable al crecimiento y capaz de estimular el empleo y que aborde las principales inquietudes sociales, como el cambio climático, en el sentido de los objetivos del paquete energía-clima;

15. Opina que las reformas estructurales deben centrarse en el incremento de la productividad mediante una mejor combinación de la política económica y social, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de diálogo social, como se define en la estrategia de Lisboa;

16. Indica que la política de competencia debería ser complementaria de las políticas estructurales, y apoya la reestructuración de la economía;

17. Advierte de los riesgos de lograr la estabilidad de precios esencialmente a costa de la moderación salarial; recuerda, en este sentido, que la mayor competencia derivada de la globalización ya ha presionado los salarios a la baja, mientras que la inflación importada derivada del aumento del precio del petróleo y de otras materias primas ya ha mermado la capacidad de compra de los consumidores; manifiesta de nuevo su convicción de que este problema debería abordarse en concreto mediante una distribución más justa de la riqueza;

18. Considera que las políticas salarial y tributaria son instrumentos eficaces tanto para la estabilización económica como para el crecimiento; opina que es preciso garantizar verdaderos aumentos salariales acordes con los niveles de inflación y productividad, y que la política tributaria debe utilizarse selectivamente para lograr los objetivos económicos; considera que la lucha contra el fraude fiscal, por lo que se refiere tanto a los impuestos directos como indirectos, es especialmente importante y que debe intensificarse; subraya que existe una necesidad urgente de fortalecer una cultura de estímulo y participación como parte integrante de los conceptos de gobernanza corporativa y responsabilidad social de las empresas;

19. Subraya la necesidad de unas normas equitativas para el mercado interior; considera, por lo tanto, que la búsqueda de los tipos más bajos del impuesto de sociedades es contraproducente;

20. Solicita que los Estados miembros de la zona del euro fortalezcan la coordinación efectiva de la política económica y financiera, en particular mediante la elaboración de una estrategia común coherente dentro del Eurogrupo; señala que dicha estrategia común coherente debe incluir la coordinación del calendario de los procedimientos presupuestarios y de los proyectos de presupuesto sobre la base de supuestos comunes respecto al desarrollo económico, el futuro tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense y el desarrollo potencial de los precios de la energía; apoya la propuesta de la Comisión de exigir a los Estados miembros que establezcan programas marco a medio plazo para sus políticas económicas y financieras y de controlar su ejecución; subraya que cada Estado miembro debe aceptar la responsabilidad de abordar estas reformas estructurales y mejorar su competitividad de forma cooperativa, de manera que se mantenga la confianza y aceptación del euro;

21. Indica que los diferentes modelos de reformas estructurales y los distintos grados de apertura han contribuido a los divergentes resultados entre los miembros de la zona del euro; apoya las conclusiones de la comunicación de la Comisión sobre la UEM@10 por lo que respecta a la insuficiente recuperación de varias economías de la zona del euro y a las crecientes divergencias entre los Estados miembros de la zona del euro; aboga por intercambios periódicos de puntos de vista y por una cooperación en el seno del Eurogrupo con miras a lograr el objetivo común de acelerar el proceso de convergencia;

22. Solicita a la Comisión que aplique de modo uniforme los criterios comunes al evaluar los datos económicos y fiscales; recuerda la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros en relación con la fiabilidad de los datos estadísticos y pide que, en el futuro, sólo se tomen decisiones cuando no haya ninguna duda sobre la validez y veracidad de los datos disponibles; pide también que se utilice la posibilidad de llevar a cabo investigaciones cuando haya discrepancias sobre el número de años transcurridos entre la fecha acordada para los programas de estabilidad y convergencia y la fecha que pueda preverse de modo realista;

Política monetaria

23. Recuerda su firme defensa de la independencia del BCE;

24. Señala que los informes periódicos del BCE al Parlamento, y en particular a su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, contribuyen a la transparencia de la política monetaria y acoge con agrado la posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo formulen preguntas escritas al BCE sobre política monetaria, mejorando así la rendición de cuentas del BCE ante los ciudadanos de la Unión; apoya la demanda de un debate público más intenso sobre las futuras políticas comunes en materia monetaria y de tipos de cambio en la zona del euro;

25. Considera que el diálogo sobre política monetaria entre el Parlamento y el BCE ha sido un éxito, sobre cuya base es preciso seguir avanzando; espera una mejora del diálogo monetario en varios aspectos, como la coordinación de las fechas de las comparecencias periódicas del Presidente del BCE con el calendario del BCE relativo a las decisiones sobre política monetaria, de manera que se pueda mejorar el análisis de las decisiones sin merma de la posibilidad de invitar al Presidente del BCE con el fin de debatir asuntos de actualidad cuando sea necesario;

26. Señala que el objetivo principal de la política monetaria del BCE consiste en mantener la estabilidad de los precios y que el BCE aspira a una tasa de inflación inferior, pero cercana, al 2 % a medio plazo; destaca que el objetivo de la estabilidad de los precios sólo podrá conseguirse si se abordan adecuadamente las principales causas de la inflación; recuerda que el Tratado CE también asigna al BCE el cometido de apoyar las políticas económicas generales de la UE;

27. Opina que el BCE debería adoptar un régimen de objetivos de inflación directa en el que una inflación deseable puntual vaya acompañada de una gama de fluctuaciones permitidas, en torno a la inflación deseable; pide al BCE que publique sus previsiones en materia de inflación; dicho cambio a un régimen de objetivos de inflación directa no debe impedir que el foco se sitúe en la dinámica de los agregados monetarios, a fin de evitar nuevas burbujas de activos;

28. Considera que la inflación es una realidad mundial y que en una economía abierta no se puede luchar contra este fenómeno global únicamente a través de la política monetaria europea;

29. Pone de relieve su voluntad de explorar posibles mejoras del procedimiento para designar a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE antes de 2010; estima importante que los miembros del Comité Ejecutivo posean experiencia y méritos académicos y/o profesionales y representen distintas procedencias en el sector económico, monetario y financiero; llama la atención sobre sus peticiones de crear un Comité Ejecutivo del BCE compuesto por nueve miembros, sustituyendo así al sistema actual y evitando la solución aún más compleja que se ha decidido para el futuro; insta a que se adopten las modificaciones correspondientes al Tratado;

30. Pone de relieve la necesidad de reforzar el diálogo monetario internacional entre el BCE y otras instituciones y bancos centrales, en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco Popular de China;

Integración y supervisión de los mercados financieros

31. Opina que la integración financiera debería comportar un mayor crecimiento económico y más competitividad, además de una mayor estabilidad y liquidez en el mercado interior;

32. Señala que el principal centro financiero de la UE se encuentra fuera de la zona del euro; recuerda, a pesar de ello, que la legislación comunitaria engloba a todos los Estados miembros y agentes activos en el mercado interior; considera que la UE necesita urgentemente mejorar su estructura de supervisión, tomando en consideración el papel específico del BCE;

33. Opina que aún queda mucho por hacer en lo referente a la compensación y liquidación de transacciones transfronterizas de títulos, en las que no existe ninguna integración real hasta la fecha;

34.  Subraya que, con respecto a los servicios al por menor, es necesaria una mayor integración, sin que esta integración vaya en detrimento de la protección de los consumidores; considera que es necesario mejorar la movilidad de los clientes, el conocimiento financiero, el acceso a los servicios básicos y la comparabilidad de los productos;

35. Estima necesarias a medio plazo la europeización de la estructura de supervisión financiera, la transparencia del mercado financiero, unas normas eficaces de competencia y una regulación adecuada, con el fin de mejorar la gestión de crisis y la cooperación entre el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), las autoridades de supervisión, los Gobiernos y los partícipes del mercado; defiende que un marco de supervisión integrado, global (que abarque todos los sectores financieros), sólido y coherente, que empiece por un enfoque equilibrado en la regulación de la ampliación transfronteriza del riesgo financiero sobre la base de una legislación armonizada, reduciría los costes de conformidad en el caso de las actividades multijurisdiccionales; señala que es preciso evitar tanto la «sobrerregulación» (regular más allá de los requisitos mínimos de la legislación de la CE) como el arbitraje normativo; pide a la Comisión que presente propuestas para revisar la actual estructura de supervisión con arreglo a estos principios; opina que toda función asignada al BCE en materia de supervisión debe extenderse más allá de los límites de la zona del euro a través del SEBC;

36. Acoge con agrado el Memorando de Acuerdo sobre cooperación entre las autoridades de supervisión financiera, los Bancos Centrales y los Ministerios de Hacienda de la Unión Europea en materia de estabilidad financiera transfronteriza, acordado en la primavera de 2008; subraya, no obstante, que el Memorando de Acuerdo no es más que un derecho indicativo y depende de la voluntad de los Estados miembros de cooperar entre sí; opina que por mucho que las normas de reparto de cargas sean difíciles de definir de antemano, es necesario que prosiga el trabajo relacionado con la gestión de crisis;

37. Pone de relieve que la Unión Europea, en tanto que mayor zona económica del mundo con los principales mercados financieros, debe asumir el liderazgo a escala internacional en el impulso de la reforma del marco normativo de los servicios financieros en beneficio de todos los países implicados y de la estabilidad global; opina que la estabilidad financiera debe convertirse en uno de los objetivos fundamentales de las políticas en un mundo de mercados financieros cada vez más integrados y de innovación financiera, que a veces pueden tener efectos desestabilizadores en la economía real y acarrear riesgos sistémicos; está convencido de que todas las decisiones ambiciosas que se adopten en la UE animarán a otros países a hacer lo mismo y a este respecto destaca la responsabilidad de abordar también problemas globales o «extraterritoriales»; opina que es preciso abordar la responsabilidad política de los órganos reguladores internacionales en paralelo con dicho trabajo regulador;

38. Solicita que la Comisión examine la creación de bonos europeos y elabore una estrategia a largo plazo que permita la emisión de dichos bonos dentro de la zona del euro, además de los bonos nacionales de los Estados miembros; destaca la necesidad de evaluar sus consecuencias tanto para los mercados financieros internacionales como para la UEM;

Ampliación de la zona del euro

39. Solicita que todos los Estados miembros no integrados en la zona del euro respeten los criterios de Maastricht y el PEC reformado y generalmente flexible; considera que la Comisión debe garantizar la interpretación estricta del PEC y la aplicación de los criterios de exclusión antes de cualquier posible adhesión; observa que es preciso garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros integrados en la zona del euro y los Estados miembros que deseen adherirse; indica, en este contexto, que la estabilidad a largo plazo de la zona del euro debe considerarse un objetivo de interés común y que ampliación y estabilidad deben ir de la mano; estima que es esencial que los Estados miembros de la zona del euro y los que ostentan un estatuto especial cumplan estrictamente sus obligaciones y no dejen lugar a dudas en torno a las metas comunes de estabilidad de precios, independencia del BCE y disciplina presupuestaria o su voluntad de impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad;

40. Considera que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, que cumplen los criterios de Maastricht y no son objeto de excepción en el Tratado, deben adoptar la moneda común lo antes posible;

41. Destaca que la adhesión a la zona del euro requiere el pleno cumplimiento de los criterios de Maastricht, tal como se especifican en el Tratado y en el Protocolo relativo al artículo 121 del Tratado, a saber: un alto grado de estabilidad mesurada de precios, así como la sostenibilidad de dicha estabilidad de precios, unas finanzas públicas que no presenten un déficit excesivo, la participación durante un mínimo de dos años en el MTC II, el respeto de los márgenes normales de fluctuación, la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, la compatibilidad del sistema de regulación con las disposiciones del Tratado de Maastricht relativas a la UEM y un banco central independiente;

42. Opina que uno de los retos principales que supone adherirse a la zona del euro es garantizar la sostenibilidad de los criterios de Maastricht; subraya, no obstante, que, al mismo tiempo, los criterios de Maastricht también son un primer paso hacia la realización de procesos de reforma, inclusive ulteriores compromisos y esfuerzos por lo que se refiere a reformas estructurales, inversiones y coordinación económica;

43. Acoge con satisfacción la supervisión más estricta y eficiente de los Estados miembros que participan en el MTC II y desean adherirse a la zona del euro, así como su desarrollo económico; señala que una participación con éxito en el MTC II debe seguir siendo una verdadera condición previa y no meramente un requisito secundario para la pertenencia a la zona del euro; y que deben aplicarse los mismos requisitos de adhesión a todos los Estados miembros que se adhieran a la zona del euro;

44. Considera que la expansión duradera y efectiva de la zona del euro supone un reto importante para los próximos años, debiendo adaptarse a este cambio tanto las normas institucionales del BCE como el proceso de toma de decisiones del mismo, y que el modelo de rotación debe tener en cuenta el peso económico de los diferentes Estados miembros;

45. Subraya, en relación con la ampliación de la zona del euro, la conveniencia de un alto nivel de convergencia en la economía real con objeto de limitar las tensiones que puedan sufrir tanto la zona del euro como los Estados miembros que deseen adherirse; considera, en este contexto, que deberían establecerse medidas en favor de aquellos Estados miembros que, integrados en la zona del euro, puedan sufrir una especial contracción como consecuencia de la política monetaria única;

Comunicación

46. Pone de relieve que, aunque hasta la fecha se ha mantenido en la zona del euro un alto grado de estabilidad de precios, la «inflación percibida» ha diferido sustancialmente de las tasas de inflación reales de los Estados miembros en los 10 últimos años, que son más bajas; reclama, por tanto, una mejor información y clarificación de los hechos de cara a la población en torno a la necesidad y al funcionamiento de la UEM, en particular con respecto a la estabilidad de precios, los mercados financieros internacionales y las ventajas de la estabilidad dentro de la zona del euro en situaciones de crisis financieras internacionales;

47. Considera que la información sobre la moneda única sigue siendo una prioridad para la Unión Europea; manifiesta su convencimiento de que las ventajas del euro y de la UEM, a saber, estabilidad de precios, bajos intereses hipotecarios, mayores facilidades para viajar, protección contra las fluctuaciones de los tipos de cambio y las convulsiones externas, deben seguir presentándose y explicándose al público en detalle; está convencido de que es preciso prestar especial atención a que se mantenga informados a los ciudadanos y consumidores europeos y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que no tengan suficiente capacidad para ajustarse inmediatamente a los avances y los retos para el euro, y a que se les mantenga al día de la evolución de los acontecimientos;

48. Pide al BCE que en su informe anual o en un informe especial realice un análisis cuantitativo anual de los beneficios que supone el euro para el ciudadano normal, con ejemplos concretos de cómo el uso del euro ha tenido efectos positivos en la vida diaria de la gente;

49. Considera que la comunicación reviste la máxima importancia para preparar la introducción del euro en los Estados miembros que tienen previsto adherirse a la zona del euro; señala que la comunicación sobre la ampliación de la zona del euro también es importante para todos los Estados miembros de la zona del euro;

50. Opina que la Comisión debe concentrar sus esfuerzos en ayudar a los nuevos Estados miembros a preparar a sus ciudadanos a la adopción del euro mediante una intensa campaña de información; a supervisar su puesta en práctica cuando dicha campaña se esté llevando a cabo y a informar regularmente sobre mejores prácticas relativas a la ejecución de los planes de acción nacionales para la adopción del euro; opina asimismo que las mejores prácticas y los conocimientos adquiridos en anteriores transiciones pueden ser útiles para la transición en los nuevos Estados miembros y para la próxima ampliación y preparación de los nuevos países candidatos;

Función internacional del euro y representación externa

51. Acoge con agrado el rápido desarrollo del euro como la segunda moneda de transacción y reserva más importante después del dólar estadounidense, con una cuota del 25 % de las reservas mundiales de divisas; señala que especialmente en los países vecinos de la zona del euro, éste desempeña una función importante como moneda de financiación y que los respectivos tipos de cambio de esos países se encuentran alineados con el euro; aprueba expresamente la opinión del BCE de que la introducción del euro constituye el último paso hacia un proceso de convergencia estructurado dentro de la Unión Europea y que, por lo tanto, la introducción del euro sólo posible en el marco del Tratado CE;

52. Opina que la agenda política de la UEM para la próxima década se caracterizará, entre otras cosas, por los retos que suponen las economías emergentes en Asia; lamenta que, pese al creciente papel que desempeña el euro en el mundo, los intentos por mejorar la importancia externa de la zona del euro en asuntos financieros y monetarios apenas hayan conseguido resultados positivos; subraya que la zona del euro debe crear una estrategia internacional proporcional al estatuto internacional de su moneda;

53. Recuerda que la forma más eficaz para la zona del euro de alinear su influencia con su peso económico es establecer posiciones comunes y consolidar su representación, obteniendo finalmente un escaño único en las instituciones y foros financieros internacionales pertinentes; urge a los Estados miembros de la zona del euro, entre otras cosas, a hablar con una sola voz en relación con las políticas de tipos de cambio;

54. Subraya que el euro se usa como moneda nacional fuera de la zona del euro; opina que es necesario analizar las implicaciones que supone dicho uso;

55. Destaca que la importante función del euro en los mercados financieros internacionales acarrea obligaciones, y que el efecto de la política monetaria, así como de la política de crecimiento, en la zona del euro tiene un impacto global; pone de relieve la mayor importancia del euro en los servicios y el comercio internacional como elemento estabilizador en el entorno mundial, como motor de integración de los mercados financieros y como base para el aumento de las inversiones directas y las fusiones empresariales transfronterizas, ya que ha permitido reducir sustancialmente los costes de transacción; pide un estudio sobre los desequilibrios globales y la función del euro, así como los posibles escenarios de ajuste para preparar mejor a Europa para hacer frente a importantes embates del exterior;

56. Sugiere una mayor cooperación y un diálogo internacional mejorado entre las autoridades responsables de los «bloques monetarios» más importantes, a fin de mejorar la gestión de las crisis internacionales y contribuir a abordar las consecuencias de los movimientos de divisas en la economía real; recuerda el éxito de la gestión común al inicio de la reciente «crisis de las hipotecas de alto riesgo» en los Estados Unidos, así como de la crisis inmediatamente posterior a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que contribuyó a evitar el hundimiento instantáneo del dólar estadounidense;

57. Respalda la intención de la Comisión de fortalecer la influencia de la UEM en las instituciones financieras internacionales mediante la posición común de la UE canalizada por representantes seleccionados, como el Presidente del Eurogrupo, la Comisión y el Presidente del BCE; señala que en la práctica ya se les permite participar como observadores en las principales instituciones financieras internacionales; reclama, no obstante, una mejor coordinación de las posiciones europeas para que la política monetaria común europea esté representada en el futuro por sus representantes legítimos; espera que se pueda expresar la posición de la zona del euro sobre las políticas de tipos de cambio de sus socios principales; pide al Presidente del Eurogrupo que represente a la zona del euro en el Foro sobre Estabilidad Financiera (FSF); propone modificar los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para permitir la representación de bloques económicos y organizaciones;

58. Subraya que es necesario un planteamiento común de la UE sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales, la cual deberá tener en cuenta los retos de una economía global, incluida la emergencia de nuevas potencias económicas;

59. Lamenta que la Comisión no haya efectuado un análisis más detallado y preciso sobre el papel internacional del euro en su comunicación sobre la UEM@10; pide a la Comisión que elabore un informe detallado sobre la dimensión exterior de la política monetaria común y sobre sus repercusiones en la actuación económica y comercial de la zona del euro;

60. Subraya que ciertos socios de la Unión Europea aplican políticas monetarias con el objetivo de infravalorar su moneda, que esta práctica perjudica de manera desleal los intercambios comerciales y que podría ser considerada como una barrera no arancelaria al comercio internacional;

Instrumentos económicos y gobernanza de la UEM

61. Considera que todas las partes relevantes —el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Eurogrupo y los interlocutores sociales a escala de la UE y nacional— deben trabajar conjuntamente para fortalecer el trabajo futuro de la UEM en lo que respecta a la gobernanza económica sobre la base de las siguientes sugerencias:

a)  Como componente esencial de la Estrategia de Lisboa e instrumento económico central, las directrices integradas deben impulsar, con vistas a un «enfoque de combinación de políticas» equilibrado, reformas mutuamente estimulantes en materia de empleo, medio ambiente y seguridad social;

b)  Las directrices integradas deben establecer un amplio marco para una coordinación más estrecha de las políticas económicas con el fin de alinear los programas nacionales de reforma (PNR), teniendo en cuenta, no obstante, la diversidad económica y las distintas tradiciones nacionales. Conviene establecer una consulta de los Parlamentos nacionales en relación con los programas de estabilidad y convergencia y los PNR;

c)  Es preciso establecer un vínculo más fuerte entre las directrices integradas, en particular las Orientaciones generales de política económica (OGPE), y los programas de estabilidad y convergencia. Estos últimos y los PNR podrían presentarse al mismo tiempo (anualmente, al comienzo del otoño) tras un debate en el Parlamento nacional. Las OGPE podrían contener objetivos presupuestarios comunes acordes con el brazo preventivo del PEC;

d)  Al decidir sus presupuestos nacionales, los Gobiernos de los Estados miembros deben tener en cuenta las directrices integradas y las recomendaciones específicas para cada país, así como la situación presupuestaria global en la zona del euro. Los distintos calendarios fiscales nacionales y los supuestos principales en que se basan las previsiones subyacentes deben armonizarse para evitar disparidades causadas por distintas previsiones macroeconómicas (crecimiento mundial, crecimiento de la UE, precio del barril de petróleo y tipos de interés) y otros parámetros;

e)  Siempre que sea posible, conviene formular recomendaciones más formales para los Estados miembros de la zona del euro, como la definición de objetivos de gasto a medio plazo, reformas estructurales específicas, inversiones y calidad de las finanzas públicas; Asimismo hay que crear una estructura de presentación de informes más normalizada en el contexto de los PNR, sin obstaculizar las prioridades de las reformas nacionales. Todos los compromisos, objetivos y referencias comparativas deben quedar plenamente incorporados en las directrices integradas y los PNR, con el fin de mejorar la coherencia y eficacia de la gobernanza económica;

f)   En el marco de la gobernanza económica debe incluirse una estrategia a largo plazo con vistas a reducir las deudas nacionales a un máximo del 60 % del PIB, ya que esto reduciría el coste del servicio de la deuda y el coste del capital para inversiones privadas;

g)  Conviene establecer un marco vinculante dentro del cual los Estados miembros de la zona del euro se consulten entre sí y a la Comisión antes de adoptar decisiones importantes de política económica, como en el caso de las medidas destinadas a abordar el aumento de los precios de la energía y de los alimentos;

h)  La coordinación económica debe adoptar la forma de una «estrategia europea económica y de empleo» integrada, sobre la base de los actuales instrumentos de política económica, en particular la Estrategia de Lisboa, las directrices integradas, la estrategia de desarrollo sostenible y los programas de estabilidad y convergencia; pide a los Gobiernos de los Estados miembros, bajo el liderazgo del Presidente del Eurogrupo, que respalden la actividad económica de forma coherente, simultáneamente y en la misma dirección;

i)   Esta estrategia europea económica y de empleo a que se hace referencia en la letra h) debe reconocer el potencial de la tecnología nueva y ecológica como piedra angular del crecimiento económico, unido a una combinación de políticas macroeconómicas;

j)   La financiación de empresas innovadoras, en particular las PYME, debe ser facilitada, entre otras cosas mediante el establecimiento por parte del Banco Europeo de Inversiones de un «Fondo Europeo de Crecimiento Inteligente»;

k)  El informe anual sobre la zona del euro debe proveer una serie más práctica de instrumentos y evaluaciones para poder mantener un diálogo más detallado entre los distintos organismos de la UE involucrados en la gobernanza económica;

l)   Es necesario establecer como instrumento económico clave un código de conducta entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo que garantice una cooperación adecuada y la plena participación de las tres instituciones de la UE interesadas en la adecuada aplicación posterior de las directrices integradas;

m) Es preciso fortalecer el dispositivo institucional para la coordinación de las políticas económicas como sigue:

- También deben crearse «formaciones del Eurogrupo» en materia de competitividad/industria, medio ambiente, empleo y educación;

- Hay que dotar al Eurogrupo de un dispositivo institucional más fuerte y de más recursos humanos;

- El mandato del Presidente del Eurogrupo debe ser acorde con los ciclos económicos de las directrices integradas;

- El Comité de Política Económica debe ser absorbido por el Comité Económico y Financiero, a fin de constituir un organismo preparatorio único y coherente para el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y el Eurogrupo;

- Hay que otorgar a un representante del Parlamento el estatuto de observador dentro del Eurogrupo y en las reuniones informales del Consejo;

- Deben organizarse reuniones entre la troika, el Parlamento, la Comisión y el Eurogrupo, si procede, cuatro veces al año;

n)  Es preciso establecer un diálogo más estructurado y periódico sobre los asuntos macroeconómicos entre el Parlamento, la Comisión y el Eurogrupo, similar al diálogo monetario entre el Parlamento y el BCE, que tenga lugar al menos una vez por trimestre, con el fin de profundizar en los contextos actuales y debatir los retos que debe afrontar la economía de la zona del euro; y

o)  Es necesario establecer un diálogo activo entre el Parlamento, el Eurogrupo, el BCE y el Comité Económico y Social Europeo con objeto de determinar la combinación adecuada de políticas monetarias, económicas, de tipos de cambio, salariales y estructurales;

62. Opina que la agenda política de la UEM para la próxima década se caracterizará, en particular, por los retos que suponen las recientes turbulencias en los mercados financieros y sus repercusiones para la economía real; observa positivamente, en este contexto, que los Estados miembros dentro de la zona del euro están mejor equipados que en el pasado para hacer frente a grandes convulsiones gracias a una política monetaria común y a las reformas llevadas a cabo en los últimos años; no obstante, con vistas a luchar contra la desaceleración económica y la alta inflación, aboga a favor de:

a)  una respuesta coordinada a nivel de la UE, sobre la base de un entendimiento común de los problemas y de unas medidas de seguimiento comunes, si bien aceptando algunas especificidades nacionales;

b)  unos PNR ambiciosos y concertados y un compromiso con la aplicación de los mismos, incluido un diálogo firme con los interlocutores sociales;

c)  una aplicación plena y oportuna de la hoja de ruta de los servicios financieros, incluidas las acciones de seguimiento, y un aumento de la eficacia de la supervisión en lo que respecta a las actuales perturbaciones financieras;

d)  la mejora de los dispositivos para la resolución de crisis mediante la mejora de las normas de la UE en materia de liquidación de empresas y la creación de regímenes claramente definidos y unánimemente aceptados para el reparto de la carga entre los Estados miembros en casos de insolvencia de grupos financieros transfronterizos;

e)  finalización de los instrumentos utilizados para el diseño de la política monetaria mediante el análisis detallado de los factores que influencian la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero, entre otras cosas, por lo que respecta a la transferencia de la política monetaria, el desarrollo del crédito y de los activos financieros, las características de los nuevos productos y la concentración de los riesgos y de la liquidez;

f)   una reacción europea dinámica en los foros internacionales, en particular el Foro sobre Estabilidad Financiera y el FMI y un aumento de los procesos de toma de decisiones políticas comunes;

g)  la formulación de una voz de la Unión Europea en el G8 y el reflejo del papel de la Unión Europea como un organismo global y más eficaz de toma de decisiones económicas, si bien adaptando dicho papel a las consecuencias de la globalización y a los mercados financieros mundiales más dominantes;

h)  una coordinación mejor y más eficaz entre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las llamadas instituciones de «Bretton Woods» (el FMI y el Grupo del Banco Mundial) para luchar contra la especulación y afrontar los retos provocados por la grave crisis monetaria; y

i)   la organización, a la vista de los graves desórdenes monetarios actuales, de una conferencia monetaria mundial bajo los auspicios del FMI a fin de celebrar consultas mundiales sobre cuestiones monetarias. También debería estudiarse la viabilidad de crear un mecanismo de solución de diferencias en el marco del FMI.

°

° °

63. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Presidente del Eurogrupo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

• [1]  DO C 314E de 21.12.2006, p. 125.
• [2]  DO C 175E de 10.7.2008, p. 569.
• [3]  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0057.
• [4]  Textos Aprobados, P6_TA(2007)0533.
• [5]  DO C 287E de 29.1.2007, p. 535.
• [6]  DO C 304E de 1.12.2005, p. 132.
• [7]  DO C 74E de 20.03.2008, p. 780.
• [8]  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0357.
• [9]  DO C 298E de 8.12.2006, p. 249.
• [10]  DO C 146E de 12.6.2008, p. 251.
• [11]  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0287.
• [12]  DO C 291E de 30.11.2006, p. 118.
• [13]  DO C 157E de 6.7.2006, p. 73.
• [14]  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0425.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria

desde la perspectiva del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha participado de lleno en todas las etapas de la UEM, desde la decisión de lanzar la moneda adoptada en Maastricht en 1992, pasando por la fecha del 1 de enero de 1999, cuando se fijaron de forma irrevocable los tipos de cambio de las monedas de los Estados miembros participantes con respecto al euro y se creó el Banco Central Europeo, hasta llegar a la posterior implantación física en 2002. El Parlamento también ha participado en todas las decisiones relacionadas con la ampliación de la zona del euro desde su comienzo.

Durante los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria, el Parlamento Europeo ha desempeñado una función activa mediante su trabajo en diversos ámbitos, su labor colegislativa sobre el mercado interior, en especial en lo que se refiere a los servicios financieros, su participación en la toma de decisiones sobre la ampliación de la zona del euro, la elaboración de opiniones y recomendaciones sobre los principales hechos macroeconómicos, el impulso del debate sobre la actual evolución de la economía, el aumento de la transparencia y responsabilidad de la toma de decisiones de política económica y la institucionalización del diálogo monetario abierto y transparente con el Banco Central Europeo.

Coordinación de políticas económicas

Puesto que es el único organismo de la Unión Europea elegido directamente por sus ciudadanos, el Parlamento Europeo se ha esforzado por fortalecer la coordinación de las políticas económicas y la aplicación de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. La política económica es un ámbito en el que la falta de transparencia es especialmente acusada debido a los típicos procedimientos intergubernamentales previstos en el Tratado[1].

Por lo tanto, el Parlamento Europeo se ha convertido en protagonista a escala de la UE, a pesar de los poderes formales limitados que le confiere el Tratado. Por ello hemos decidido solicitar una actitud más abierta por parte de los Gobiernos de los Estados miembros con respecto a los Parlamentos nacionales, al PE y a los interlocutores sociales. En materia de coordinación de las políticas fiscales, el Parlamento, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Tratado, es consultado en asuntos relacionados con la adopción del derecho derivado en relación con el procedimiento de déficit excesivo y el PEC.

El Parlamento ha desarrollado diversas maneras para asegurar que sus opiniones se oigan en Europa. Esto ha sido posible en gran medida gracias al interés activo que ha mostrado la Comisión ECON por situar al Parlamento en primera línea.

Hemos procurado desarrollar la noción de un enfoque de asociación de base amplia, que incluiría a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las autoridades públicas, de conformidad con las prácticas y tradiciones nacionales.

ECON ha establecido un diálogo regular con los organismos e instituciones de la UE que participan en la elaboración de una política económica en la zona del euro y en la Unión. Cada semestre se invita a la Presidencia entrante del Consejo (Ministro de Hacienda) a presentar su programa de trabajo a la Comisión parlamentaria. Al final de cada período de seis meses se lleva a cabo una revisión de los resultados. En ambas ocasiones, la presentación viene seguida de un debate con la Comisión. Otra ocasión en que se celebran reuniones regulares entre la Comisión ECON y el Consejo ECOFIN es el proceso que lleva a la adopción de las OGPE, en las que los representantes de la Comisión mantienen debates con la troika (los representantes de las presidencias anterior, actual y entrante del Consejo).

Por iniciativa propia, la Comisión ECON también ha organizado un intercambio regular de puntos de vista con el Presidente del Eurogrupo, normalmente dos veces al año. En estas reuniones, el Presidente del Eurogrupo explica los debates y decisiones anteriores del grupo y su futuro programa de trabajo. Estas reuniones con los miembros de ECON han sido útiles, en especial porque el Eurogrupo es un organismo informal sin facultad decisoria. Estos diálogos han contribuido al aumento de la transparencia en la coordinación de políticas económicas llevada a cabo por el Eurogrupo.

Dentro del Parlamento, la Comisión ECON tiene la responsabilidad de realizar audiencias de confirmación de los candidatos a la Comisión Europea dentro de su ámbito de competencias. Además de los contactos entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea previstos en el derecho comunitario, la Comisión ECON entabla un diálogo periódico con el Comisario responsable de los asuntos económicos. A este Comisario se le invita a asistir a las reuniones en las que se presentan las previsiones económicas bianuales de la Comisión Europea, el informe sobre las finanzas públicas, las OGPE y otras informaciones relevantes en materia de política económica. La información relacionada con las actividades de la Comisión y la evaluación de los últimos acontecimientos económicos en los Estados miembros y la Unión dan lugar a un debate que permite el intercambio exhaustivo de puntos de vista entre el Comisario y los miembros de ECON.

Los contactos y debates frecuentes y regulares con los representantes del Comité Económico y Financiero (CEF) y del Comité de Política Económica (CPE) han permitido aclarar a los miembros de ECON las actividades del CEF y del CPE y mantener un interesante intercambio de puntos de vista.

Las reuniones conjuntas regulares del Parlamento y los Parlamentos nacionales han contribuido a facilitar una mayor responsabilización de los Parlamentos nacionales en la coordinación necesaria de las políticas económicas. En este contexto se ha prestado atención especial a la Agenda de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

Puesto que las Orientaciones Generales de Política Económica constituyen el documento político clave para la coordinación de las políticas económicas, el Parlamento ha adoptado medidas para que el proceso hacia la adopción de las OGPE sea más abierto e integrador tanto a escala nacional como europea. El Parlamento Europeo ha intentado contribuir de modo efectivo a la elaboración de un informe preparatorio y una resolución antes de los informes anuales de la Comisión sobre las directrices integradas. Con el fin de aumentar su influencia, la Comisión ECON ha introducido la práctica de realizar debates con la troika. Estos debates tienen lugar después de que la Comisión haga pública las recomendaciones para las OGPE y el informe preparatorio del Parlamento sobre este asunto. En estos encuentros se ha debatido con los representantes de los Estados miembros la posición general del Parlamento sobre asuntos clave. Paralelamente, el Comité ha elaborado un segundo informe con enmiendas a las recomendaciones de la Comisión para nuevas orientaciones. Ya durante la segunda etapa se iniciaron los procesos informales de consulta de la UEM y el Parlamento ha propuesto y negociado desde 1994 más enmiendas formales a las OGPE. Nuestras instituciones han trabajado en pro de un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones principales con el fin de clarificar las respectivas funciones y los calendarios, pero este trabajo aún no ha finalizado ni se ha formalizado. 

En su trabajo, el Parlamento Europeo ha apoyado la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo. Opina que la estrategia debe añadir valor a escala de la Comunidad con el fin de mejorar la coherencia de las reformas y ampliar al máximo los efectos derivados positivos, además de garantizar que los programas de reforma, tales como las reformas estructurales y la inversión en conocimiento, den lugar efectivamente a la creación de más y mejores puestos de trabajo en toda la Unión Europea.

El Parlamento se ha esforzado por racionalizar el proceso de la Estrategia de Lisboa y combinar las OGPE y las directrices de empleo en las directrices integradas. Asimismo, hemos supervisado exhaustivamente las orientaciones específicas para la zona del euro y, de esta forma, respaldado una mayor coordinación de las políticas económicas.

Nuestra institución opina que es preciso fortalecer la dimensión específica de la zona del euro de la supervisión estructural asociada a la Estrategia de Lisboa con la inclusión de medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la UEM. Un primer paso en esta dirección ha sido que los Informes anuales de progreso de la Comisión sobre el estado de aplicación de la Estrategia de Lisboa presten atención a la zona del euro.

Además, los Informes anuales de la Comisión sobre la zona del euro han constituido una buena base para un debate amplio sobre la situación económica global en la zona del euro y los retos a que tendrá que enfrentarse. También ha permitido que el Parlamento Europeo exprese sus opiniones y formule prioridades sobre las políticas económicas y la gobernanza.

No obstante, el Parlamento Europeo ha lamentado la escasa visibilidad de la Estrategia de Lisboa en las políticas nacionales de muchos Estados miembros. Por ello, nuestra institución ha puesto de relieve la necesidad de una mayor participación de los interlocutores sociales, los Parlamentos nacionales, las autoridades regionales y locales y la sociedad civil con el fin de garantizar su aplicación efectiva.

El Parlamento Europeo ha respaldado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado en marzo de 2005. En su Resolución de 2004 sobre el Consejo de primavera, el Parlamento Europeo expresó su convicción de que era necesaria una reforma inteligente del PEC con el fin de que la economía europea recuperara rápidamente el equilibrio y admitiera mejoras de la sostenibilidad económica, social y ambiental de Europa. En general, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha demostrado su utilidad y por consiguiente debe mantenerse en el futuro a fin de fortalecer la estabilidad y fiabilidad de la zona del euro. El Parlamento opina que una buena política fiscal debe ser una condición necesaria para el crecimiento sostenido y la creación de empleo en todos los Estados miembros, en consonancia con las disposiciones relevantes del Tratado, como responsabilidad común de la Unión Europea.

Nuestra institución ha puesto de relieve la importancia de que todos los Estados miembros, o al menos aquellos que pertenecen a la zona del euro, coordinen sus distintos calendarios fiscales nacionales y basen sus proyecciones presupuestarias en criterios similares, con el fin de evitar disparidades causadas por la aplicación de previsiones macroeconómicas diferentes (crecimiento global, crecimiento de la UE, precio del barril de petróleo y tipos de interés) y otros parámetros. El Parlamento Europeo ha urgido a la Comisión a que garantice la validez de los datos disponibles de los Estados miembros.

Incluso antes de que se produjera la turbulencia financiera y la tensión económica actuales, el Parlamento señaló que los crecientes desequilibrios mundiales, la demanda añadida y la presión inflacionaria global pueden suponer un reto significativo para la política monetaria. Durante estos años también ha expresado su preocupación por la volatilidad del tipo de cambio del euro, que puede mermar la competitividad de la economía europea.

Política y diálogo monetarios

Desde que comenzó el proyecto de la Unión Económica y Monetaria a principios de los años noventa, el Parlamento Europeo, bajo los auspicios de la Subcomisión Monetaria primero y de la Comisión ECON más tarde, ha participado intensamente en su diseño, desarrollo y progresión.

Ya en 1992, la Subcomisión participó activamente en la supervisión y negociación de la legislación derivada para la primera, segunda y tercera etapas de la UEM y en el diseño de la campaña informativa. El Parlamento Europeo también participó en el debate sobre el tipo de billetes y monedas que deberían emitirse en interés del consumidor. En particular, el Parlamento ha desempeñado una función fundamental de supervisión y control de la política monetaria en la zona del euro desde que esta tarea se transfirió al Banco Central Europeo (BCE) en 1999.

Esta responsabilidad, consagrada en el Tratado UE, implica que el Parlamento Europeo es la institución europea mejor situada para garantizar la responsabilidad democrática real de nuestro banco central, una entidad que, dada la estructura institucional de la UE, representa el banco central más independiente de cualquier sistema político de la historia. Aunque la independencia del BCE debe respetarse plenamente, no se le puede eximir de su responsabilidad de informar sobre sus actividades y entablar un diálogo regular con políticos elegidos democráticamente.

Por lo tanto, se puede decir que el trabajo del Parlamento Europeo en el ámbito de la política monetaria ha tenido éxito en lo que se refiere a la responsabilidad democrática. Mediante sus informes y opiniones, ha definido la forma que deben adoptar estos diálogos. La Comisión ECON ha logrado que el BCE rinda cuentas gracias a sus numerosas iniciativas, en particular la práctica de los diálogos monetarios trimestrales.

El Parlamento ha hecho un gran esfuerzo por asegurar que el BCE asuma sus responsabilidades en este sentido, dado que el Tratado no define la forma exacta en que deben entablarse estos diálogos. Se puede argumentar que en la actualidad el Parlamento Europeo ha adquirido una función aún más activa que la del Congreso de los Estados Unidos frente a la Reserva Federal.

Ya en un informe de marzo de 1998 sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM, el Parlamento pidió el establecimiento del marco común para el diálogo (basado en el Tratado) entre el Parlamento Europeo y el BCE sobre asuntos monetarios. El Parlamento aclaró que tiene algunos poderes en asuntos monetarios, en particular por el hecho de que el Tratado y los Estatutos del SEBC y del BCE no sólo otorgan derechos al BCE, sino también deberes.

La relación entre el Parlamento y el BCE se basa en los siguientes asuntos:

(a) procedimiento para nombrar a miembros del Comité Ejecutivo del BCE;

(b) la presentación de informes al Parlamento Europeo; y

(c) las publicaciones del BCE, especialmente el informe anual presentado al Parlamento, así como el informe de convergencia.

Los nombramientos al Comité Ejecutivo sólo pueden efectuarse después de consultar con el Parlamento. De esta forma, el Parlamento se convierte en la institución europea mejor situada para garantizar la responsabilidad democrática de las posiciones clave del BCE. El proceso de consulta se lleva a cabo en forma de audiencias públicas celebradas por ECON. Se ha comprobado que ésta es la mejor forma de obtener la información necesaria sobre un candidato antes de la recomendación final del PE. El objetivo principal de las audiencias consiste en conocer más de cerca la personalidad y las opiniones del candidato sobre asuntos clave de política monetaria y económica, sobre la forma en que debe administrarse el BCE y sobre su noción de la responsabilidad democrática del BCE. A continuación, los miembros de la Comisión adoptan inmediatamente una decisión sobre la idoneidad del candidato para el cargo, que se remite al Pleno para su ratificación.

También existe un objetivo a largo plazo: esta práctica permite que los diputados al Parlamento conozcan mejor a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE, que tendrán que presentarse regularmente ante la Comisión.

Según el Tratado[2], el Presidente del BCE y otros miembros de su Comité Ejecutivo pueden, a petición de cualquiera de las partes, «ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo». Esta disposición ha dado lugar a un compromiso pleno de transparencia y supervisión basado en intercambios de puntos de vista regulares, instituidos de mutuo acuerdo a instancias de ECON, entre las dos instituciones. El Presidente del BCE, o en ocasiones el Vicepresidente, comparece en una reunión televisada de ECON al menos cada tres meses para responder a las preguntas sobre la situación económica y la aplicación de la política monetaria en la zona del euro. En total, han tenido lugar 38 diálogos monetarios desde 1999. Los miembros de la Comisión seleccionan dos temas sobre los que desean llamar la atención del Presidente del BCE. Para preparar estas reuniones, el Parlamento recibe periódicamente notas informativas preliminares realizadas por un grupo de doce académicos especialistas y otros asesores (estas comunicaciones y las actas literales de las reuniones se pueden encontrar en la página web de ECON). Tras una introducción a cargo del Presidente del BCE, se procede a la sesión de preguntas y respuestas. El Presidente del BCE también ha respondido a las preguntas escritas formuladas en cualquier momento por los diputados.

Los informes anuales del BCE son instrumentos para lograr una mayor transparencia de la política monetaria. El Presidente del BCE presenta en el Parlamento Europeo, para su debate, los informes anuales del BCE, que forman la base de resoluciones parlamentarias elaboradas cada año por ECON. Es una oportunidad que tienen los diputados para evaluar anualmente la evolución de la política monetaria. Los debates tienen lugar en la sesión plenaria y constituyen una ocasión solemne en que el Presidente del BCE brinda un resumen general del año y formula futuras iniciativas.

La Comisión ECON ha presionado continuamente al BCE para que éste desarrolle y publique los modelos y otros instrumentos de análisis económico en que se basan sus decisiones de política monetaria. En su Resolución sobre el informe del BCE en 1999 solicitó al Banco que publicara previsiones macroeconómicas cada seis meses, junto con la investigación y el modelo macroeconómico en que se basan; así como informes sobre las economías nacionales (similar al Libro Beige de los Estados Unidos). En la Resolución del siguiente año se pudo acoger con satisfacción el compromiso del BCE de publicar las previsiones y el modelo.

Existe un asunto recurrente relativo a la transparencia de la toma de decisiones por el Consejo de Gobierno del BCE. En los informes de 1999 y subsiguientes se ha pedido concretamente que «se publiquen las actas resumidas de todas las reuniones del Consejo de Gobierno [del BCE] poco tiempo después de la siguiente reunión del mismo, en las que se expongan claramente los argumentos a favor y en contra, así como las razones por las que se han adoptado dichas decisiones», junto con el recuento de votos, aunque éste de forma anónima. Hasta ahora, el BCE no ha aceptado los argumentos del Parlamento en este terreno.

La función del SEBC y del BCE con respecto a la ejecución y supervisión del sistema financiero de la zona del euro no está totalmente clara. Ya en una Resolución del Parlamento sobre el informe anual del BCE correspondiente al año 2000 se pone de relieve «la necesidad de la intensa participación del SEBC en la supervisión preventiva macroeconómica» y la función del BCE en la defensa de la estabilidad financiera.

En su diálogo monetario con el BCE, el Parlamento se esfuerza por favorecer una mejor combinación de políticas y reforzar la legitimidad de la política monetaria aplicada. También ha habido diálogos conjuntos entre el Eurogrupo, la Comisión y el Parlamento, similares a los diálogos monetarios entre el Parlamento y el BCE.

Ampliación de la zona del euro

Un aspecto importante de la función legislativa del Parlamento[3] hace referencia a la posible cualificación de un Estado miembro de la UE para adherirse a la zona del euro: la decisión final compete a los Gobiernos de los Estados miembros, pero sólo después de que el Parlamento haya expresado su opinión. Desde 1998, Grecia, Malta, Chipre y Eslovenia se han adherido a la zona del euro; el siguiente en la lista es Eslovaquia. La ampliación de la zona del euro es, en cada uno de los casos, un reto histórico importante, tanto para el Estado miembro de que se trate como para el resto de la zona del euro. Por ello, el Parlamento opina que el proceso de convergencia económica de un Estado miembro debe supervisarse cuidadosamente y que el camino hacia la adopción del euro debe ser el adecuado al estado real de sus economías.

En el contexto del procedimiento de consulta, el Parlamento Europeo ha emitido un dictamen sobre cada propuesta para una decisión del Consejo de conformidad con el apartado 2 del artículo 122 del Tratado, es decir, para cada ampliación de la zona del euro. El Parlamento también ha solicitado una consulta previa a cargo de la Comisión con el fin de disponer de más tiempo para preparar su dictamen tras analizar profundamente la situación. Una delegación de ECON viajó a Eslovaquia a principios de 2008 con el fin de recopilar más información antes de emitir su opinión.

El asunto de la ampliación también se ha tratado en varias ocasiones, como en el informe especial de 2006 sobre la ampliación de la zona del euro y en el contexto de los informes anuales sobre la zona del euro y el informe anual del BCE.

En lo que respecta a las condiciones necesarias para la ampliación futura de la zona del euro, el Parlamento siempre ha defendido el cumplimiento estricto de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht y se ha opuesto enérgicamente a la adopción de disposiciones especiales relativas al cumplimiento de los criterios de Maastricht. Asimismo, ha afirmado que considera que la estabilidad a largo plazo de la zona del euro debe evaluarse desde el punto de vista de su capacidad para absorber a nuevos miembros. Volviendo a las condiciones técnicas necesarias para la ampliación de la zona del euro, el Parlamento ha pedido a los Estados miembros en proceso de adhesión que presten especial atención a la protección de los consumidores durante la fase de transición, y recordado la necesidad de iniciar a tiempo amplias campañas de información a los ciudadanos de los Estados miembros candidatos.

Nuestra institución también ha establecido requisitos especiales para la candidatos a la adhesión, señalando que una adhesión prematura a la zona del euro puede dar lugar a cambios inesperados en el proceso de convergencia económica y que la ampliación de la zona del euro facilita el proceso de convergencia económica y contribuye a fortalecer la zona del euro en su conjunto.

Estrategia de comunicación del euro

El Parlamento ha manifestado su punto de vista sobre la aplicación de la estrategia de comunicación e información sobre el euro y la UEM, señalando que ya en 2005 la aparente falta de popularidad del euro entre determinados ciudadanos contrastaba con el hecho de que el euro es posiblemente el proyecto europeo de más éxito que jamás se ha llevado a cabo. Su opinión es que la moneda única sigue siendo una prioridad en materia de comunicación para la UE y considera que los beneficios del euro deben seguir vendiéndose y explicándose al público en general. A este respecto, el Parlamento ha pedido una serie de acciones específicas para fomentar la aceptación del euro.

Integración de los mercados financieros

Como legislador y responsable político, el Parlamento Europeo ha desempeñado una función primordial en la integración de los mercados financieros en la Unión Europea. Nuestro trabajo legislativo se ha centrado en ofrecer un mercado integrado en beneficio de los consumidores. El Plan de Acción sobre Servicios Financieros aprobado en 1999 finalizó en 2005. No obstante, el trabajo ha continuado desde entonces por la necesidad de responder a los avances o carencias del mercado. Para mencionar solamente un tema en particular, el Parlamento Europeo estuvo luchando durante muchos años por armonizar los gastos de los pagos en toda la zona del euro, hasta que finalmente se aprobó un reglamento al respecto en 2001. Además de esta labor destinada a la creación de un espacio único de pagos en euros (SEPA), el trabajo legislativo ha englobado los servicios de seguros, como el reaseguro y la solvencia, los servicios bancarios, como los requisitos de capital, los mercados de valores, los servicios de inversión y cuestiones de supervisión y regulación en general en el marco del proceso de Lamfalussy. El Parlamento ha participado activamente en el establecimiento del marco de Lamfalussy con el fin de mejorar la supervisión y regulación de los mercados financieros. En este proceso se ha asegurado las mismas competencias que el Consejo, ya que ambos son los órganos legisladores. También se ha esforzado por asegurar que todas las etapas de este proceso sean más transparentes.

Representación externa del euro

Si debe haber una política de tipos de cambio para el euro y, en su caso, quién exactamente sería el responsable de la misma, son dos cuestiones más o menos abiertas. El Tratado no es claro a este respecto, como tampoco queda claro quién puede hablar en nombre de la zona del euro a escala internacional: el Presidente del BCE, la Comisión, la Presidencia del Consejo o la Presidencia del Eurogrupo (si no coincide con la Presidencia del Consejo). Por ello, en los informes parlamentarios se ha pedido una «mayor representación de la zona del euro en las instituciones políticas internacionales» y «la elección de un único representante de la zona del euro».

Según la opinión expresada por el Parlamento Europeo, la Unión Europea y los Estados miembros tienen la responsabilidad compartida de afrontar los retos, las oportunidades y las incertidumbres que afectan a los ciudadanos a resultas de la globalización. Nuestra institución ha defendido la opinión de que es preciso desarrollar la dimensión exterior del mercado interior.

El Parlamento Europeo ha puesto de relieve que es necesario dar más pasos antes de que la representación exterior de la zona del euro refleje su creciente importancia en la economía global. Por ello, en los informes parlamentarios se ha pedido una «mayor representación de la zona del euro en las instituciones directivas internacionales» y «la elección de un único representante de la zona del euro».

• [1]  El marco legislativo en materia de política económica se encuentra definido en los artículos 98, 99 y 104 del Tratado.
• [2]  El apartado 3 del artículo 113 del Tratado estipula que el BCE remitirá un informe anual sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y la Comisión, así como al Consejo Europeo. El presidente del BCE presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. El presidente del BCE y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo.
• [3]  El apartado 2 del artículo 122 del Tratado CE establece que el Consejo ECOFIN, sobre la base de los informes de la Comisión y el BCE, previa consulta al Parlamento Europeo y previo debate en el Consejo, reunido en la formación de Jefes de Estado o de Gobierno, pronunciándose por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá decidir que los Estados miembros acogidos a una excepción reúnen las condiciones necesarias con arreglo a los criterios expuestos en el apartado 1 del artículo 121 y suprimir las excepciones de los Estados miembros de que se trate.

OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (10.9.2008)

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la UEM 100: Logros y retos de diez años de Unión Económica y Monetaria
(2008/2156(INI))

Ponente de opinión: Jean-Pierre Audy

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Se felicita de que, diez años después de su creación, la Unión Económica y Monetaria esté considerada un éxito técnico y político y de que el euro se haya ido estableciendo al lado del dólar de los EE.UU. como una moneda para transacciones comerciales no sólo entre los países de la zona del euro y terceros países sino más allá;

2.  Opina que el sistema del euro, su política monetaria y la consiguiente estabilidad del euro han contribuido a la integración económica y financiera de la economía mundial;

3.  Señala, tal y como demuestran numerosos estudios, el vínculo esencial que existe entre la política monetaria y la política comercial en el mundo y subraya, en este sentido, el papel positivo que desempeña la estabilidad de la cotización de las monedas para garantizar un crecimiento sostenible del comercio internacional;

4.  Señala que la creciente utilización del euro como moneda comercial internacional beneficia especialmente a los miembros de la zona del euro porque reduce los riesgos de cambio y, por tanto, los costes del comercio internacional para las empresas de esos Estados;

5.  Celebra que la introducción del euro, además de fortalecer el mercado interior de la Unión Europea, haya mejorado la competitividad internacional de las empresas europeas y consolidado el peso de la Unión Europea en las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales;

6.  Se congratula de que la Unión Económica y Monetaria haya fortalecido la capacidad de atracción de la zona del euro para las inversiones extranjeras directas;

7.  Considera que la inflación es una realidad mundial y que en una economía abierta no se podrá luchar contra este fenómeno global únicamente con la política monetaria europea; considera que el Banco Central Europeo, al cumplir con éxito el mandato de dar prioridad a la estabilidad del valor de la moneda, ha fortalecido la confianza en el euro y ha contribuido de ese modo decisivamente a la atracción internacional del euro;

8.  Lamenta que la Comisión, en el marco de la comunicación sobre la UEM@10, no haya efectuado un análisis más detallado y preciso sobre el papel internacional del euro; pide a la Comisión que elabore un informe detallado sobre la dimensión exterior de la política monetaria común y sobre sus repercusiones en las actividades económicas y comerciales de la zona del euro;

9.  Considera que la política comercial de la UE no puede basarse en los tipos de cambio, ya que los instrumentos de la política comercial (derechos de aduana, cuotas, etc.) son poco flexibles y, por consiguiente, resultan inadecuados para contrarrestar las fluctuaciones monetarias;

10. Celebra la apertura de la zona del euro y considera que la actual apreciación del euro posiblemente tenga efectos negativos, ya que ha afectado a las exportaciones y favorecido las importaciones en el mercado interior, así como efectos positivos al ayudar a la economía de la Unión Europea a hacer frente al drástico aumento de los precios del petróleo; toma nota, en este sentido, de las preocupaciones de algunas empresas europeas y observa que es de gran importancia para la competitividad internacional de las empresas y trabajadores de la UE , particularmente en el sector industrial, disponer de divisas correctamente valoradas en todos los países; al mismo tiempo las empresas, como resultado de la mayor presión competitiva, deberán seguir mejorando su competitividad, lo que podría darles a medio plazo una ventaja sobre sus rivales;

11. Subraya que ciertos socios de la Unión Europea aplican políticas monetarias con el objetivo de infravalorar su moneda, que esta práctica perjudica de manera desleal a los intercambios comerciales y que podría ser considerada como una barrera no arancelaria al comercio internacional;

12. Aboga en favor de una coordinación más eficaz entre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los llamados organismos de «Bretton Woods» (el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial) para luchar contra la especulación y afrontar los retos provocados por la grave crisis monetaria, así como financiera, energética y alimentaria que amenaza en la actualidad a todos los países; considera que esta coordinación contribuiría a la estabilidad monetaria y financiera de la economía mundial;

13. Propone, a la vista de los graves desórdenes monetarios actuales, que, bajo los auspicios del FMI, se organice una conferencia monetaria mundial para lograr una concertación mundial sobre cuestiones monetarias;

14. Propone asimismo que se estudie la viabilidad de la creación de un órgano de solución de diferencias en el ámbito monetario según el modelo que los países han logrado crear en materia comercial en la OMC, órgano que podría ayudar a estabilizar el sistema monetario mundial, reducir el riesgo de prácticas abusivas y devolver a los mercados mundiales la confianza que necesitan para hacer frente con éxito a los nuevos desafíos económicos planteados, en concreto, por la globalización la creciente escasez de recursos naturales y la emergencia de nuevas potencias comerciales.

15. Apoya la propuesta de la Comisión de establecer posiciones monetarias comunes de la UE, consolidando la representación de la zona del euro y logrando en el futuro un puesto único para la zona del euro en las instituciones y los foros financieros internacionales.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	9.9.2008
Resultado de la votación final	+: –: 0:	26 1 0
Miembros presentes en la votación final	Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	20.10.2008
Resultado de la votación final	+: –: 0:	21 1 5
Miembros presentes en la votación final	Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Margaritis Schinas