INFORME sobre el informe relativo a las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios (Peticiones 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 y otras)

13.11.2008 - (2008/2126(INI))

Comisión de Peticiones
Ponente: Simon Busuttil

Procedimiento : 2008/2126(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0446/2008

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe relativo a las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios (Peticiones 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 y otras)

(2008/2126(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las peticiones 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 y otras,

–   Vistas las deliberaciones anteriores de la Comisión de Peticiones sobre la petición 0045/2006 y otras,

–   Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada)[1], que derogó la Directiva 84/450/CEE[2] modificada por la Directiva 97/55/CE[3],

–   Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»)4;

–   Visto el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores»)5,

–   Vista la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores6,

   Visto el estudio titulado «Misleading practices of ‘directory companies’ in the context of current and future internal market legislation aimed at the protection of consumers and SMEs» (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–   Visto el artículo 192, apartado 1, de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Peticiones y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0446/2008),

A. Considerando que el Parlamento ha recibido más de 400 peticiones de pequeñas empresas (que representan sólo una pequeña parte de las mismas) que se quejan de haber sido víctimas de la publicidad engañosa de empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales y que han sufrido, en consecuencia, estrés psicológico, sentimiento de culpabilidad, vergüenza, frustración y pérdidas económicas,

B.  Considerando que estas quejas reflejan un modelo extendido y concertado de prácticas empresariales engañosas por parte de algunas empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales organizadas de manera transfronteriza y que, por lo tanto, desarrollan sus actividades en dos o más Estados miembros, que afectan a miles de empresas, en la Unión Europea y fuera de ella, con un importante impacto económico para ellas, y considerando que no existe ningún mecanismo administrativo o instrumento jurídico que permita a las autoridades nacionales encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley trabajar conjuntamente a nivel transfronterizo de manera eficiente y eficaz,

C. Considerando que el carácter engañoso de estas prácticas resulta más evidente cuando presentan carácter electrónico y se difunden utilizando Internet (véase la petición 0079/2003),

D. Considerando que las prácticas empresariales objeto de las quejas consisten generalmente en que una empresa dedicada a la elaboración de directorios profesionales se pone en contacto, normalmente por correo, con empresas a las que invita a cumplimentar o actualizar su razón social y sus datos de contacto, dándoles la falsa impresión de que serán incluidas en un directorio profesional de forma gratuita, para descubrir más tarde los signatarios que, de hecho, han firmado involuntariamente un contrato, generalmente vinculante por un mínimo de tres años, para estar incluidos en un directorio profesional por un precio anual de unos 1 000 euros,

E.  Considerando que los formularios utilizados en tales prácticas son generalmente ambiguos y de difícil comprensión, al inducir a la idea errónea de que se trata de la inclusión gratuita en un directorio profesional, cuando, de hecho, incitan a las empresas a celebrar contractos no deseados para anunciarse en directorios profesionales,

F.  Considerando que no existe legislación comunitaria ni nacional específica en los Estados miembros aplicable a las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales en sus relaciones con otras empresas, y que los Estados miembros tienen la facultad discrecional de introducir una legislación más exhaustiva y de mayor alcance,

G. Considerando que la Directiva 2006/114/CE se aplica también a las transacciones entre empresas y define «publicidad engañosa» como «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor»; que, no obstante, las diferentes interpretaciones sobre lo que se considera «engañoso» constituyen un obstáculo jurídico fundamental a la hora de luchar contra estas prácticas llevadas a cabo por empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales en sus relaciones con otras empresas,

H. Considerando que la Directiva 2005/29/CE prohíbe la práctica de «incluir en la documentación de comercialización una factura o un documento similar de pago que dé al consumidor la impresión de que ya ha encargado el producto comercializado sin que éste haya hecho el pedido correspondiente»; que, no obstante, la Directiva no se aplica a las prácticas engañosas entre empresas y, por lo tanto, no se puede contar con ella en su forma actual para ayudar a los peticionarios; que, no obstante, esta Directiva no excluye un sistema de normas nacionales sobre prácticas comerciales desleales que se pueda aplicar por igual en todas las circunstancias tanto a los consumidores como a las empresas,

I.   Considerando que la Directiva 2005/29/CE no impide a los Estados miembros ampliar su aplicación también a las empresas en el marco de la legislación nacional; que, no obstante, esto da lugar a niveles diferentes de protección para las empresas que son víctimas de las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales en los diferentes Estados miembros,

J.   Considerando que el Reglamento (CE) nº 2006/2004, define «infracción intracomunitaria» como «todo acto u omisión contrario a la legislación protectora de los intereses de los consumidores [...] que perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores que residen en uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro en el que se originó o tuvo lugar el acto u omisión en cuestión, o en el que esté establecido el comerciante o proveedor responsable, o en el que se encuentren las pruebas o los activos correspondientes al acto u omisión»; que, no obstante, esta Directiva no se aplica a las prácticas engañosas entre empresas y, por lo tanto, en su forma actual, no se puede contar con ella tampoco para ayudar a los peticionarios,

K. Considerando que la mayoría de los peticionarios mencionan el directorio profesional conocido como European City Guide (cuyas actividades han sido objeto de acciones legales y administrativas), pero también otras empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales como Construct Data Verlag, Deutscher Adressdienst GmbH y NovaChannel; que, no obstante, otras empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales desarrollan prácticas empresariales legítimas,

L.  Considerando que los destinatarios de estas prácticas empresariales engañosas son, principalmente, pequeña empresas pero también profesionales y entidades sin ánimo de lucro, como organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas, escuelas, bibliotecas y clubes sociales locales, por ejemplo, clubes de música,

M. Considerando que las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales a menudo tienen su sede en un Estado miembro distinto al de la víctima, lo que hace difícil para las víctimas dirigirse a las autoridades nacionales en busca de protección debido a la existencia de diferentes interpretaciones en los Estados miembros sobre lo que se considera engañoso; que las víctimas a menudo no encuentran reparación ni en la legislación nacional ni en las autoridades nacionales de protección del consumidor debido a que se les dice que la legislación tiene por objeto proteger a los consumidores y no a las empresas; que, al tratarse de pequeñas empresas, la mayoría de las víctimas carecen a menudo de los recursos necesarios para lograr una solución eficaz por vía contenciosa, y que los mecanismos de autorregulación para las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales tienen poca importancia ya que son ignorados por aquellas que llevan a cabo publicidad engañosa,

N. Considerando que las víctimas de estas prácticas son objeto de una persecución rigurosa para que paguen, bien por parte de las propias empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales, bien por agencias de cobro de deudas contratadas por ellas; que las víctimas se quejan de que se sienten angustiadas y amenazadas por estas prácticas y que muchas de ellas acaban pagando de mala gana para evitar que siga el acoso,

O. Considerando que las víctimas que se niegan a pagar casi nunca han sido llevadas ante la justicia, salvo unas pocas excepciones,

P.  Considerando que algunos Estados miembros han adoptado iniciativas, en particular, de concienciación entre las empresas que pueden verse afectadas y que entre tales iniciativas figuran el intercambio de información, el asesoramiento, la alerta a las autoridades nacionales competentes y, en algunos casos, el mantenimiento de un registro de denuncias, para hacer frente al problema,

Q. Considerando que Austria, desde 2000, ha modificado su legislación nacional sobre prácticas comerciales desleales, cuya sección 28 bis establece que queda prohibido, en el ámbito comercial y a efectos de competencia, realizar publicidad que tenga por objeto la inclusión en directorios, tales como las páginas amarillas, las guías telefónicas o listines similares, mediante formulario de pago, formulario de giro postal, factura, oferta de corrección o similar, o proponer directamente tal inclusión sin indicar de manera inequívoca y por medios gráficos claros que dicho anuncio es exclusivamente una oferta de contrato,

R.  Considerando que tales prácticas se llevan realizando desde hace años, ocasionando un gran número de víctimas y dañando y distorsionando de manera significativa el mercado interior,

1.  Expresa su preocupación ante el problema planteado por los peticionarios, que parece estar bastante extendido, ser de naturaleza transfronteriza y tener un impacto económico significativo, especialmente para pequeñas empresas;

2.  Considera que la naturaleza transfronteriza de este problema impone a las instituciones comunitarias la responsabilidad de ofrecer una solución adecuada a las víctimas, por ejemplo, que se impugne y anule de manera efectiva la validez de los contratos celebrados sobre la base de una publicidad engañosa y que las víctimas puedan obtener el reembolso del importe que pagaron;

3.  Insta a las víctimas a que informen a las autoridades nacionales de los casos de estafas empresariales y pide a los Estados miembros que proporcionen a las pequeñas y medianas empresas los conocimientos necesarios para permitirles presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales, garantizando que los canales de comunicación estén abiertos y que las víctimas sepan que pueden ser asesoradas a fin de que puedan buscar la orientación adecuada antes de satisfacer los pagos que les exijan esas empresas que llevan a cabo prácticas engañosas; insta a los Estados miembros a que creen y mantengan una base de datos centralizada de estas denuncias;

4.  Lamenta que, a pesar de la extensión de estas prácticas, la legislación nacional y comunitaria no parezcan ser adecuadas cuando se trate de ofrecer unos medios de protección significativos y una solución eficaz o que no se esté aplicando adecuadamente a nivel nacional; lamenta que las autoridades nacionales tampoco parezcan capaces de dar una solución;

5.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por las organizaciones empresariales europeas y nacionales para concienciar a sus miembros y les pide que intensifiquen sus esfuerzos en colaboración con las organizaciones de base, sobre todo para que cada vez menos personas se conviertan en víctimas de las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales; expresa su preocupación por el hecho de que algunas de estas organizaciones, debido a sus actividades de concienciación, hayan sido llevadas ante los tribunales por las empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales aduciendo una supuesta difamación o acusaciones similares;

6.  Acoge con satisfacción las acciones llevadas a cabo por algunos Estados miembros, entre ellos Italia, España, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, pero sobre todo Austria, para tratar de evitar que las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales realicen prácticas engañosas; considera, no obstante, que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes y que es necesaria una coordinación del control a nivel internacional;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos, en estrecha cooperación con las organizaciones empresariales representativas nacionales y europeas, a fin de aumentar la concienciación sobre este problema para que cada vez más personas estén informadas y capacitadas para evitar la publicidad engañosa que les puede inducir a concluir contratos de publicidad no deseados;

8.  Pide a la Comisión que resuelva el problema de las estafas empresariales en el contexto de su iniciativa en favor de las pequeñas empresas («Small Business Act for Europe»), tal como propone en su Comunicación titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI», y que coopere con la red Enterprise Europe Network, la red Solvit y los portales de las DG pertinentes como forma adicional de facilitar información y asistencia en relación con estos problemas;

9.  Lamenta que la Directiva 2006/114/CE, que se aplica a las transacciones entre empresas, como es este caso, parezca ser insuficiente para ofrecer una solución adecuada o ser aplicada inadecuadamente por los Estados miembros; pide a la Comisión que informe, a más tardar en diciembre de 2009, sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de la modificación de la Directiva 2006/114/CE con el fin de incluir una lista «negra» o «gris» de prácticas que deban considerarse como engañosas;

10. Recuerda que, si bien la Comisión no tiene poderes para aplicar la Directiva 2006/114/CE directamente a personas o empresas, sí tiene, en cambio, la obligación, en su calidad de guardiana de los Tratados, de velar por que los Estados miembros apliquen de manera adecuada y eficaz esta Directiva; pide, por lo tanto, a la Comisión que vele por que los Estados miembros transpongan de manera plena y eficaz la Directiva 2005/29/CE a fin de garantizar la protección en todos los Estados miembros, y que influya en la configuración de los instrumentos jurídicos y de procedimiento disponibles, como en el caso de la Directiva 84/450/CEE, que proporcionó instrumentos a Austria, España y los Países Bajos, cumpliendo de esa forma su deber como guardiana del Tratado en términos de protección de las empresas y asegurando al mismo tiempo que el derecho de establecimiento y la libertad de prestar servicios no se vean afectados;

11. Pide a la Comisión que intensifique su seguimiento de la aplicación de la Directiva 2006/114/CE, sobre todo en aquellos Estados miembros donde se sabe que tienen su sede empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales, en particular en España, donde está establecida la empresa dedicada a la elaboración de directorios profesionales que más a menudo mencionan los peticionarios, y en la República Checa y en Eslovaquia, donde se ha dictado una sentencia judicial contra las víctimas, de tal forma que se pone en cuestión la aplicación de la Directiva 2006/114/CE en esos países; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre sus conclusiones;

12. Lamenta que la Directiva 2005/29/CE no incluya en su ámbito de aplicación las transacciones entre empresas y que los Estados miembros parezcan renuentes a ampliar ese ámbito de aplicación; señala, no obstante, que los Estados miembros pueden ampliar unilateralmente el ámbito de aplicación de su legislación nacional en materia de protección del consumidor para incluir las transacciones entre empresas y les anima vivamente a que lo hagan y a que garanticen la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, tal como prevé el Reglamento (CE) nº 2006/2004, para que sea posible seguir el rastro de las actividades transfronterizas de este tipo llevadas a cabo por empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales establecidas en la UE o en un tercer país; pide además a la Comisión que informe, a más tardar en diciembre de 2009, sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29/CE para incluir los contratos entre empresas, en particular, en lo que se refiere al punto 21 del anexo I de dicha Directiva;

13. Acoge con satisfacción el ejemplo establecido por Austria, que ha introducido una prohibición específica en su legislación nacional en relación con los directorios profesionales engañosos, y pide a la Comisión que, a la luz de la naturaleza transfronteriza de este problema, presente una propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29/CE, basada en el modelo austriaco, de tal forma que se prohíba específicamente la publicidad sobre directorios profesionales a no ser que se informe a los posibles clientes de manera inequívoca y a través de medios gráficos claros que ese anuncio es exclusivamente una oferta de contrato por el que se ha realizar un pago;

14. Señala que la legislación nacional resulta con frecuencia inadecuada para lograr soluciones contra las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales que tienen su sede en otro Estado miembro e insta, por lo tanto, a la Comisión a que facilite una cooperación transfronteriza más activa entre las autoridades nacionales a fin de que puedan ofrecer una solución más eficaz a las víctimas;

15. Lamenta que el Reglamento (CE) nº 2006/2004 no se pueda aplicar a las transacciones entre empresas y que, por lo tanto, no se pueda contar con él como instrumento para luchar contra los directorios profesionales engañosos; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para ampliar su ámbito de aplicación en consecuencia;

16. Acoge con satisfacción el ejemplo de Bélgica, donde todos los afectados por prácticas engañosas pueden emprender acciones legales en su país de residencia;

17. Señala que la experiencia de Austria muestra que el derecho de las víctimas a emprender una acción legal colectiva contra empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales a través de asociaciones comerciales u órganos similares parece ser una solución eficaz que podría incluirse dentro de las iniciativas que están siendo consideradas por la DG Competencia de la Comisión en relación con las acciones por daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de competencia comunitarias y por la DG Salud y Consumidores en relación con los recursos colectivos para los consumidores a nivel europeo;

18. Insta a los Estados miembros a que garanticen que las víctimas de publicidad engañosa cuenten con una autoridad nacional claramente identificable ante la que puedan formular una denuncia y de la que puedan obtener una solución, incluso en casos, como el presente, en que las víctimas de la publicidad engañosa son empresas;

19. Pide a la Comisión que elabore unas orientaciones sobre buenas prácticas destinadas a los organismos nacionales encargados de la aplicación de la legislación que puedan utilizar cuando se pongan en su conocimiento casos de publicidad engañosa;

20. Pide a la Comisión que prosiga la cooperación internacional con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes a fin de que las empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales con sede en terceros países no ocasionen perjuicios a empresas establecidas en la Unión Europea;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

  • [1]  DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
  • [2]  Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250 de 19.9.1984, p. 17).
  • [3]  Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa (DO L 290 de 23.10.1997, p. 18).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Muchas empresas, a menudo pequeñas empresas, son víctimas de estafa por medio de publicidad engañosa. Una estafa común consiste en que las víctimas se inscriban involuntariamente para colocar un anuncio en un directorio profesional después de que se les haya hecho creer que será gratuito.

Las víctimas suelen recibir formularios de empresas de directorios profesionales que emplean prácticas engañosas, en los que se les invita a completar, corregir o actualizar sus datos comerciales. Se les suele decir que la actualización de los datos es gratuita. Esto les arrastra a actualizarla y enviar el formulario de vuelta. Pero no se dan cuenta de que al firmar el formulario también están suscribiendo un contrato que les obligará a anunciarse en un directorio profesional durante un periodo mínimo de tres años y por un coste anual de en torno a los 1 000 euros. Las víctimas se percatan de la estafa al recibir una carta de la empresa de directorios profesionales en la que se les informa de que han colocado un anuncio en el directorio, además de recibir la factura en la que se solicita el pago. Las empresas de directorios o sus agencias de cobro a morosos suelen acosar a los que se niegan a pagar e incluso les llegan a amenazar con acciones judiciales. Muchos sencillamente se rinden y terminan pagando para que dejen de acosarles.

Han sido miles las empresas afectadas en toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta que el contrato asciende a unos 1 000 euros anuales y dura un mínimo de tres años, el impacto económico en toda la UE es considerable.

Aunque es evidente que las prácticas comerciales son engañosas, lo cual suele ser ilegal, no está completamente claro si la legislación comunitaria ofrece una solución y, en caso afirmativo, si se está aplicando correctamente a nivel nacional en los distintos Estados miembros. Así pues, estas empresas suelen explotar las zonas grises de la ley o la pobre aplicación a nivel nacional para llevar a cabo la estafa. Un elemento común es que los directorios profesionales engañosos suelen tener su sede en un país distinto del de la víctima. Esto dificulta a las víctimas recurrir a la legislación y a las autoridades nacionales para que les defiendan en otro Estado miembro. Asimismo, las empresas suelen descubrir que las autoridades nacionales responsables de la protección de los consumidores tienden a hacer caso omiso de sus reclamaciones sobre la base de que la legislación de protección de los consumidores es aplicable a los consumidores pero no a las empresas. Esto les deja sin un recurso eficaz y abre la puerta a la generalización de las estafas comerciales de este tipo.

No todos los directorios profesionales se basan en publicidad engañosa, y muchos de ellos son completamente legítimos. De hecho, incluso operan conforme a un Código de Conducta que deja claro que las órdenes deben identificarse claramente como tales y que la publicidad gratuita no puede mezclarse con la publicidad mediante pago. No obstante, algunos directorios profesionales se basan en prácticas engañosas. La mayoría de las reclamaciones recibidas por el Parlamento Europeo han apuntado al directorio profesional European City Guide, con sede en Valencia (España), aunque también se han mencionado otros como Construct Data Verlag, Deutscher Adressdienst GmbH y NovaChannel. Algunos directorios profesionales engañosos también tienen visibilidad en la web. Según los representantes de European City Guide, sólo esta empresa envía unos 6,5 millones de formularios cada año.

Objetivos de este informe

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recibido más de 400 peticiones de pequeñas empresas, tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea, que afirman haber sido víctimas. Asimismo, algunos diputados han escrito a la Comisión Europea a propósito de estas reclamaciones y algunos también han presentado una serie de preguntas escritas y orales al respecto. Por su parte, el Parlamento Europeo ha autorizado la elaboración de este informe para investigar este problema en mayor profundidad y proponer vías de futuro. En consecuencia, a través de este informe, el ponente desea:

o Aumentar la sensibilización en torno a la cuestión, para reducir el número de empresas víctimas de estas estafas comerciales;

o Instar a los países de la UE a que endurezcan las leyes nacionales y se aseguren de que la legislación comunitaria relativa a publicidad engañosa y prácticas comerciales desleales se aplica adecuadamente;

o Instar a la Comisión a que intensifique su control de la aplicación de la legislación comunitaria y a que mejore la ya existente cuando se determine que no es adecuada para acabar con estas estafas de una vez por todas, y

o Facilitar apoyo y orientación a los que ya han sido víctima de estos actos.

Legislación comunitaria

Los actos legislativos comunitarios más relevantes son los siguientes:

o Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa que derogó la Directiva 84/450/CEE[1], modificada por la Directiva 97/55/CE[2];

o Directiva 2005/29/CE[3] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales);

o Reglamento (CE) 2006/2004[4] del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores);

Consulta previa a la elaboración del informe

Antes de completar el informe, el ponente organizó una serie de reuniones consultivas, entre otros con la Comisaria Europea de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, y con varios diputados interesados en la cuestión al haber recibido reclamaciones de sus electores. El ponente también celebró reuniones consultivas con organizaciones de representación empresarial, especialmente de pequeñas empresas europeas, como Eurochambres y Ueapme, así como con la European Association of Business Directories y, por supuesto, con las propias víctimas.

El jueves 11 de septiembre de 2008 la Comisión de Peticiones celebró un taller público en el Parlamento Europeo llamado «Stop the Scam: Combating Misleading Business Directories» (Detengamos las estafas: lucha contra los directorios profesionales engañosos). El taller permitió a los diputados escuchar a los peticionarios, así como a organizaciones representativas, a representantes de la Comisión y a representantes del directorio profesional European City Guide, la empresa más importante identificada por los peticionarios.

Conclusiones del informe

El ponente considera que los peticionarios plantean realmente un grave problema que parece ser generalizado, de naturaleza transfronteriza y tener una repercusión económica importante, especialmente para las pequeñas empresas. Asimismo, el ponente considera que la naturaleza transfronteriza del problema confiere una clara responsabilidad a las instituciones comunitarias, que deben facilitar una solución adecuada a las víctimas. Esta solución debería permitir a las víctimas impugnar la validez de los contratos suscritos con arreglo a publicidad engañosa, así como recuperar el dinero pagado como consecuencia de prácticas engañosas.

El informe lamenta que las autoridades nacionales existentes no sean capaces de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas y considera asimismo que, a pesar de la naturaleza generalizada de estas prácticas comerciales engañosas, la legislación comunitaria y nacional no parece ofrecer un recurso eficaz al respecto ni aplicarse correctamente.

Orientación a las víctimas

El informe insta a las víctimas a que denuncien los casos de estafa a las autoridades nacionales y sean debidamente asesoradas antes de pagar las sumas que les exijan las empresas de directorios profesionales que empleen prácticas engañosas. Asimismo, las víctimas deben informar a las asociaciones empresariales y de consumo, así como a sus representantes ante el Parlamento Europeo, para que puedan reforzarse las medidas comunitarias para combatir dichos directorios profesionales engañosos.

Sensibilización

El informe acoge con satisfacción cualquier iniciativa de las organizaciones empresariales comunitarias y nacionales para sensibilizar a sus miembros y les insta a intensificar sus esfuerzos con objeto de que, para empezar, haya menos víctimas de los directorios profesionales engañosos. También aplaude las acciones emprendidas por determinados Estados miembros como Italia, España, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, pero sobre todo Austria, para intentar evitar que las empresas de directorios profesionales lleven a cabo prácticas engañosas. Sin embargo, observa que dichos esfuerzos siguen siendo insuficientes.

Por lo que respecta a la sensibilización, el informe pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos, en total cooperación con las organizaciones empresariales nacionales y comunitarias, para aumentar la sensibilización en torno al problema, de modo que haya más gente informada y capacitada para evitar publicidad engañosa que pueda arrastrarles a contratos no deseados.

El informe también pide a la Comisión Europea que aborde esta situación en el contexto de su iniciativa «Small Business Act».

Directiva 2006/114/CE[5] sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa

El informe observa que la Directiva 2006/114/CE[6] sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa es aplicable a las relaciones entre empresas y, por tanto, a los problemas a los que deben enfrentarse las víctimas de los directorios profesionales engañosos. Esta Directiva ha sido transpuesta en todos los Estados miembros y prevé el uso de órdenes de cese y otros procedimientos judiciales para prohibir el uso continuado de publicidad engañosa. Sin embargo, bien parece insuficiente a la hora de facilitar una solución eficaz o bien no aplicarse correctamente en los Estados miembros.

El informe pide por tanto a la Comisión Europea que intensifique su control de la aplicación de la Directiva 2006/114/CE[7]. Ello debe hacerse especialmente en aquellos Estados miembros en los que se sabe que tienen su sede directorios profesionales engañosos, pero en concreto en España, donde se asienta la empresa de este tipo citada de forma más recurrente por los peticionarios. Asimismo, debe prestarse especial atención a la República Checa, donde se ha dictado recientemente una sentencia judicial contra las víctimas, lo que parece poner en entredicho la eficacia de la aplicación de esta Directiva en dicho país.

El informe insta a la Comisión a que informe al Parlamento Europeo de sus conclusiones.

Directiva 2005/29/CE[8] relativa a las prácticas desleales

El informe observa con pesar que la Directiva 2005/29/CE[9] relativa a las prácticas desleales no cubre las relaciones entre empresas y que los Estados miembros se muestran reacios a ampliar su alcance. Por otra parte, los Estados miembros pueden ampliar unilateralmente el alcance de su legislación nacional relativa a la protección de los consumidores a las relaciones entre empresas y, por ello, aquellos que deseen asegurar su protección en su legislación nacional pueden hacerlo libremente sin necesidad de esperar a una iniciativa legislativa comunitaria para cambiar la legislación comunitaria.

El mejor modelo para luchar contra los directorios profesionales engañosos parece ser el de Austria, que en 2000 modificó su legislación nacional en materia de prácticas comerciales desleales. El artículo 28 bis de esta legislación establece ahora que queda prohibido, en el ámbito comercial y a efectos de competencia, realizar publicidad que tenga por objeto la inclusión en directorios, tales como las páginas amarillas, las guías telefónicas o listines similares, mediante formulario de pago, formulario de giro postal, factura, oferta de corrección o similar, o proponer directamente tal inclusión sin indicar de manera inequívoca y por medios gráficos claros que dicho anuncio es exclusivamente una oferta de contrato.

El ponente considera que el modelo austriaco es un bueno ejemplo que debería seguirse. Por ello, el informe pide a la Comisión Europea que considere, dada la naturaleza transfronteriza de este problema, la presentación de una nueva iniciativa legislativa, basada en el modelo austriaco, que prohíba expresamente la publicidad en directorios profesionales a menos que los posibles clientes sean informados de forma inequívoca y por medios gráficos claros de que dicho anuncio es exclusivamente una oferta de contrato remunerado.

Reglamento (CE) 2006/2004[10] sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores

El informe observa asimismo que la legislación nacional suele ser inadecuada para emprender acciones contra las empresas de directorios profesionales con sede en otros Estados miembros y, por lo tanto, insta a la Comisión a que facilite una cooperación transfronteriza más activa entre las autoridades nacionales para que puedan ofrecer soluciones más eficaces a las víctimas.

En Bélgica, por ejemplo, todos los afectados por prácticas engañosas pueden emprender acciones judiciales en su país de residencia y, de hecho, las víctimas de uno de estos directorios profesionales engañosos han ganado un juicio (se impuso una multa al directorio), aunque en el momento de redactar este escrito, el asunto parece encontrarse sub iudice en la fase de recurso.

En Austria, hay evidencias de demandas entabladas con éxito por las víctimas de las empresas de directorios profesionales.

Por otra parte, en la República Checa, algunas víctimas parecen haber perdido demandas presentadas por dichas empresas de directorios, lo que plantea serias dudas sobre si dicho país está aplicando debidamente la Directiva 2006/114/CE[11].

En España, una de las empresas de directorios profesionales más citadas, European City Guide, fue multada en tres ocasiones por la Generalitat de Catalunya cuando dicha empresa tenía su sede en Barcelona, además de ordenarse su cierre temporal durante un año. Finalmente se trasladó a Valencia, donde actualmente sigue operando en condiciones ligeramente más estrictas. Por ejemplo, ahora se informa a las víctimas de su derecho a cancelar la orden en un plazo de siete días. Sin embargo, normalmente se percatan de lo que realmente firmaron una vez vencido dicho plazo. La empresa creó también la figura de un defensor del cliente para recibir sus quejas. Sin embargo, esta oficina no parece ser independiente de la propia empresa de directorios profesionales y, por tanto, no inspira la confianza suficiente. El ponente cree por tanto que esta empresa de directorios profesionales no ha hecho suficiente para asegurarse de que sus posibles clientes no sean arrastrados a firmar de forma engañosa un contrato de publicidad que jamás desearon suscribir.

Asimismo, no hay evidencias de que las autoridades nacionales de otros Estados miembros hayan emprendido directamente acciones ante los tribunales valencianos sobre la base del Reglamento (CE) 2006/2004[12] sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores.

En el Reino Unido, se ha informado de que la Office of Fair Trading (OFT) ha aplicado el Reglamento (CE) nº 2006/2004[13] sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores. La OFT, encargada igualmente de la protección de los consumidores, parece haber aplicado con éxito el Reglamento para lograr medidas cautelares contra empresas de Bélgica y Holanda que enviaron ofertas engañosas y no solicitadas a consumidores británicos. Aunque se trata de un paso positivo en la dirección correcta, el caso no concernía a directorios profesionales engañosos.

Aparte de este último caso, existen pocas evidencias de que el Reglamento (CE) nº 2006/2004[14] haya sido suficientemente usado por las autoridades nacionales para buscar una solución, como la obtención de medidas cautelares, para aquellas reclamaciones originadas en otros Estados miembros. Parece que ello se debe al coste que entraña presentar una demanda, a la complejidad y duración de los procedimientos, y al alcance limitado de las medidas cautelares.

Necesidad de reforzar a las autoridades nacionales

El informe insta a los Estados miembros a que se aseguren de que las empresas víctimas de publicidad engañosa tienen una autoridad nacional claramente identificable a la que reclamar y en la que buscar una solución. En la actualidad no suele ser así, puesto que las autoridades nacionales de protección de los consumidores no tratan las reclamaciones presentadas por las empresas, limitándose exclusivamente a las presentadas por los consumidores. El informe pide asimismo a la Comisión que desarrolle orientaciones de las mejores prácticas destinadas a las autoridades nacionales competentes, para que éstas puedan seguirlas en los casos de publicidad engañosa que les sean sometidos.

Directorios comerciales engañosos con sede en otros países

Por último, el informe pide a la Comisión que entable una cooperación internacional con otros países y con las organizaciones internacionales competentes con el fin de que los directorios empresariales engañosos con sede en otros países no puedan perjudicar a los negocios de la Unión Europea.

  • [1]  DO L 250 de 19.9.1984, pp. 17-20.
  • [2]  DO L 290 de 23.10.1997, pp. 18-23.
  • [3]  DO L 149 de 11.6.2005, pp. 22-39.
  • [4]  DO L 364 de 9.12.2004, pp. 1-11.
  • [5]  DO L 376 de 27.12.2006, pp. 21–27.
  • [6]  DO L 376 de 27.12.2006, pp. 21–27.
  • [7]  DO L 376 de 27.12.2006, pp. 21–27.
  • [8]  DO L 149 de 11.6.2005, pp. 22-39.
  • [9]  DO L 149 de 11.6.2005, pp. 22-39.
  • [10]  DO L 364 de 9.12.2004, pp. 1-11.
  • [11]  DO L 376 de 27.12.2006, pp. 21-27.
  • [12]  DO L 364 de 9.12.2004, pp. 1-11.
  • [13]  DO L 364 de 9.12.2004, pp. 1-11.
  • [14]  DO L 364 de 9.12.2004, pp. 1-11.

OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (7.10.2008)

para la Comisión de Peticiones

sobre el informe relativo a las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios(Petición 45/2006)
(2008/2126(INI))

Ponente de opinión: Diana Wallis

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

−   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las disposiciones del mismo por las que se establece el mercado interior y se garantiza a las empresas la libertad de prestar servicios en otros Estados miembros,

−   Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, en las que se declara que no debe suceder que la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros impida a personas y empresas ejercer sus derechos o las disuada de ejercerlos,

−   Vistas las 393 peticiones recibidas por su Comisión de Peticiones sobre empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios en 24 Estados miembros y 19 terceros países,

A. Considerando que la actividad irregular de la empresa European City Guide (ECG) y de otras compañías similares se ha prolongado durante varias décadas, cambiando éstas su radicación a lo largo del tiempo para asegurar la continuidad de su actividad más allá de las sanciones, y que numerosas empresas han sido afectadas,

B.  Considerando que la actividad de ECG ha sido objeto de acciones judiciales y administrativas, tales como las ejercidas por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (España), que condujeron a la suspensión temporal de la actividad de la empresa y una sanción económica,

C. Considerando que, cuando se organiza un fraude de este tipo de forma transfronteriza que implica, por tanto, una actividad en dos o más Estados miembros, no existe ningún mecanismo para que las fuerzas y los cuerpos de seguridad nacionales puedan trabajar conjuntamente de manera transfronteriza —ni presupuesto o tan siquiera una guía telefónica para consultar los contactos policiales al otro lado de la frontera o en otros Estados miembros lejanos— y, en consecuencia, es comprensible que las fuerzas y los cuerpos nacionales pierdan interés a la hora de perseguir a los defraudadores dada la buena organización transfronteriza de estos últimos en fronteras que las propias fuerzas y los cuerpos nacionales no pueden cruzar,

1.  Lamenta que, al mismo tiempo que ofrece nuevas posibilidades de realizar transacciones comerciales de buena fe, el mercado interior también pueda ofrecer oportunidades no deseadas a los que se aprovechan de las PYME; pide que se lleve a cabo una acción a escala de la UE, en cooperación con los Estados miembros, para impedir y limitar este fenómeno;

2.  Propone que la Comisión y el Consejo garanticen la aplicación y el cumplimiento plenos de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa[1] («Directiva sobre publicidad engañosa»), junto con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior[2] («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), y que se preste especial atención al uso intencionado de lenguaje ambiguo, con el fin de poner fin a las prácticas de las empresas fraudulentas que elaboran directorios;

3.  Destaca que la Ley austriaca sobre prácticas comerciales fraudulentas (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG) de 1984, que prohíbe las prácticas de las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios, constituye un ejemplo de buenas prácticas; insta a los Estados miembros a que introduzcan disposiciones similares en el marco de la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, evitando así perjuicios a los consumidores y a las pequeñas empresas y propiciando un funcionamiento correcto de la competencia sin lastimar los intereses económicos de los competidores legítimos;

4.  Pide a la Comisión, habida cuenta del estudio sobre las prácticas fraudulentas de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios, encargado por su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y que presenta como posibles opciones legislativas para abordar el problema de las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios la modificación de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa[3], para incluir en ella una «lista negra» de las prácticas que han de considerarse fraudulentas, y la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales para que abarque los contratos B2B (contratos entre empresas), especialmente en relación con el punto 21 de su anexo, que informe antes de diciembre de 2009 sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de esa modificación o ampliación;

5.  Insta a la Comisión a que tenga presente la posición especial de las PYME cuando defina el término «consumidor» en la revisión del acervo en materia de consumidores; pide que esto también forme parte del trabajo sobre el marco común de referencia sobre Derecho contractual, de manera que las PYME puedan beneficiarse de un régimen de protección más estricto en la legislación comunitaria en materia de contratos;

6.  Celebra que en la Ley de la pequeña empresa se pida a los Estados miembros que refuercen la red Solvit y ofrezcan a las PYME servicios de asesoramiento y apoyo para que puedan defenderse de las prácticas comerciales desleales; pide a la Comisión que participe activamente en la cooperación y en la facilitación de asistencia a las víctimas de los operadores de las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen en la organización de campañas de sensibilización sobre esas prácticas fraudulentas, explotando plenamente los instrumentos que pueda ofrecer Internet y con la participación de las PYME y las organizaciones de consumidores, incluida la Red Europea de Empresas y los Centros Europeos del Consumidor; aguarda con interés el portal de justicia en línea propuesto por la Comisión como una nueva manera de facilitar información y asistencia en relación con estos problemas;

7.  Lamenta que, al tiempo que mejora, acertadamente, el acceso transfronterizo a la justicia, el proceso monitorio europeo pueda ser utilizado por agencias de cobro sin escrúpulos para asediar a las PYME y a los particulares; recomienda que se examine la posibilidad de establecer un código de conducta a escala europea para las agencias de cobro;

8.  Pide a los Estados miembros que cooperen activamente para poner fin a las prácticas de las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios y a otras actividades similares;

9.  Señala que en el caso de que los Estados miembros no quieran o no puedan actuar, deben elaborarse mecanismos que permitan a las víctimas particulares presentar conjuntamente y con carácter transfronterizo recurso ante los tribunales; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que examinen la posibilidad de establecer un sistema coherente de recurso colectivo para la resolución de las reclamaciones transfronterizas, basado tanto en una amplia investigación que reúna las experiencias en todo el mundo como en un examen pormenorizado de los problemas existentes y de los beneficios previsibles para los consumidores, y que aborde claramente la cuestión de una base jurídica adecuada para este instrumento a escala de la UE;

10. Lamenta que las dificultades existentes para perseguir este tipo de actividades distorsionen el mercado interior y alteren el funcionamiento de la competencia;

11. Insta a los Estados miembros a tomar acciones contra todas las actividades fraudulentas de ECG y otras empresas de este tipo, con la suspensión de su actividad en última instancia para evitar perjuicios a los consumidores y a las empresas;

12. Pide a los órganos de supervisión de los Estados miembros —de conformidad con su mandato y las responsabilidades que les incumben en virtud de sus legislaciones nacionales y de la legislación comunitaria, en particular el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores»)[4]— que emprendan una acción común para impedir toda propagación adicional de las prácticas fraudulentas de las empresas que elaboran directorios e introduzcan medidas eficaces que obliguen a tales empresas a abandonar su actividad empresarial y que permitan sancionar a sus responsables;

13. Considera que las prácticas descritas de las empresas que elaboran directorios no sólo son indecentes y contrarias a las normas del comercio leal, sino que además llevan casi siempre el sello del fraude y otros delitos e infracciones penales, y pide por tanto a los correspondientes órganos de supervisión, cuerpos de policía y fiscalías de los Estados miembros —así como a Europol y Eurojust— que lleven a cabo una investigación exhaustiva de las prácticas de los organizadores que pueda conducir a la presentación de cargos contra las partes culpables procedentes de la UE; pide a la Comisión que, en caso de tratarse de personas de terceros países, haga todo lo posible por celebrar acuerdos internacionales con los países en cuestión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) n° 2006/2004;

14. Pide a la Comisión —con miras a la prohibición de las prácticas fraudulentas de las empresas que elaboran directorios— que estudie atentamente las siguientes medidas:

      −    la normalización de la sección obligatoria de los pedidos, de manera que se garantice que contiene acuerdos que no atenten contra la decencia y que definan de forma transparente las relaciones jurídicas básicas (incluida una declaración clara del precio); el contenido de dicha sección podría ser verificado por los órganos correspondientes en los Estados miembros (como la inspección de normas comerciales o las autoridades responsables de la protección de los datos personales);

      −    la sumisión de los contratos o pedidos tipo, en los que la parte más débil del contrato o del pedido no tiene posibilidad alguna de alterarlo y sólo puede aceptarlo o rechazarlo, a normas similares a las que se aplican a las prácticas comerciales desleales, incluso si la parte más débil del contrato o pedido no es un consumidor;

      −    la sumisión de los contratos o pedidos tipo a una prueba del «consumidor medio» similar a la que se aplica a las prácticas comerciales desleales, incluso si la parte más débil del contrato o pedido no es un consumidor;

      −    la introducción del principio por el que, en caso de que el texto de un contrato o pedido tipo induzca a engaño a un número considerable de personas, se invierte la carga de la prueba y la empresa que elabora directorios asume la carga de demostrar que el texto del contrato o pedido tipo no induciría a engaño a un gestor financiero «competente»;

15. Señala a la Comisión que las prácticas fraudulentas de esta naturaleza por parte de empresas que elaboran directorios no sólo van dirigidas a los empresarios, sino también a personas físicas (incluidos los representantes políticos) que no desarrollan actividades empresariales, pero que reciben ofertas relativas a entradas ficticias en publicaciones biográficas (como «¿Quién es quién?», Personalidad del Año en un ámbito determinado, etc.) basadas en el mismo principio deshonesto, por lo que las futuras medidas deben prohibir también este tipo de prácticas fraudulentas.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

7.10.2008

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

0

0

Miembros presentes en la votación final

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Diana Wallis

  • [1]  DO L 250 de 19.9.1984, p. 17.
  • [2]  DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
  • [3]  DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
  • [4]  DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

6.11.2008

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

0

0

Miembros presentes en la votación final

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marian Harkin, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Marie-Hélène Descamps, Roger Helmer, Yiannakis Matsis, Juan Andrés Naranjo Escobar, Tatjana Ždanoka

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Richard Corbett, Luis de Grandes Pascual, Salvador Garriga Polledo