Procedimiento : 2008/2235(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0024/2009

Textos presentados :

A6-0024/2009

Debates :

Votaciones :

PV 05/02/2009 - 5.2
CRE 05/02/2009 - 5.2
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2009)0047

INFORME     
PDF 145kWORD 82k
27.1.2009
PE 414.969v02-00 A6-0024/2009

sobre la aplicación en la Unión Europea de la Directiva 2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros: visitas de la Comisión LIBE de 2005 a 2008

(2008/2235(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Martine Roure

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación en la Unión Europea de la Directiva 2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros: visitas de la Comisión LIBE de 2005 a 2008

(2008/2235(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros(1) («Directiva de acogida»),

–   Vista la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(2) («Directiva de procedimiento»),

–   Visto el Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país(3) («Reglamento de Dublín II»),

–   Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2003/9/CE, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM(2007)0745),

–   Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y, en particular, sus artículos 5 y 8,

–   Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,

–   Vistos los informes de las delegaciones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a Italia (Lampedusa), España (Ceuta y Melilla, Canarias), Francia (París), Malta, Grecia, Bélgica, el Reino Unido, los Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Chipre,

–   Vista su Resolución de 14 de abril de 2005 sobre Lampedusa(4),

–   Vista su Resolución de 6 de abril de 2006 sobre los campos de refugiados en Malta(5),

–   Vistas la propuesta de refundición de la Directiva por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM(2008)0815) (en lo sucesivo, «propuesta de refundición») y la propuesta de revisión del Reglamento Dublín II (COM(2008)0820) presentadas conjuntamente por la Comisión el 3 de diciembre de 2008,

–   Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6‑0024/2008),

A. Considerando que la Directiva 2003/9/CE del Consejo por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros es un elemento fundamental de la primera fase del sistema europeo común de asilo,

B.  Considerando que la Directiva 2003/9/CE se aplica a los solicitantes de asilo y a los refugiados,

C. Considerando que se han de garantizar en todo momento los derechos fundamentales como el derecho a vivir con dignidad, la protección de la vida familiar, el acceso a la asistencia sanitaria y el derecho de recurso,

D. Considerando que las Directivas de acogida y de procedimiento imponen a los Estados miembros la obligación de proporcionar a los solicitantes de asilo información escrita sobre sus derechos, así como sobre las organizaciones que proporcionan asistencia y que, dada la complejidad de los procedimientos y la brevedad de los plazos, sobre todo en los casos de procedimiento acelerado, es fundamental que los solicitantes de asilo se beneficien de la asistencia jurídica apropiada, tengan acceso a un intérprete en caso de necesidad y sean informados de las decisiones que les conciernen en una lengua de la que se pueda suponer razonablemente que la entiendan,

E.  Considerando que es importante velar por que los procedimientos de asilo sean claros (criterios de aceptación o denegación de una solicitud de asilo), justos, efectivos y proporcionales, con el fin de garantizar el acceso efectivo al asilo,

F.  Considerando que el artículo 7 de la Directiva 2003/9/CE otorga a los solicitantes de asilo el derecho a circular libremente en el Estado miembro en el que han solicitado asilo, pero que los Estados miembros pueden restringir este derecho,

G. Considerando que la Directiva 2003/9/CE sobre las condiciones de acogida se aplica a los solicitantes de asilo y a los refugiados, pero que, en varios de los centros visitados, los solicitantes de asilo visitados y los migrantes irregulares se ven retenidos en los mismos recintos;

H. Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas protege los derechos de todos los menores, incluidos aquellos que se encuentran en un país distinto al de origen y que la Directiva relativa a la acogida obliga a los Estados miembros a tener en cuenta la situación particular de los menores y les otorga derechos específicos, como el derecho a la educación,

I.   Considerando que no todos los Estados miembros recurren a centros de acogida para todos o muchos solicitantes de asilo, prefiriendo alternativas basadas en la Comunidad y considerando que la Comisión LIBE todavía no ha investigado ese aspecto de la práctica en los Estados miembros,

J.   Considerando que, a los efectos del presente informe, el término «retención» tiene el sentido de un procedimiento administrativo de carácter temporal;

K. Considerando que la retención es una medida administrativa temporal, distinta a la detención de carácter penal,

L.  Considerando que, durante alguna de las visitas, los diputados hicieron constar en repetidas ocasiones, cuando así fue necesario debido a las malas condiciones de un determinado centro, que las condiciones de retención en algunos centros eran intolerables en cuanto a la higiene, el hacinamiento y el estado de los equipamientos disponibles y que no se estaba procediendo a informar de manera sistemática a las personas retenidas ni de las razones de su retención, ni de sus derechos, ni de la evolución de sus expedientes,

     Observaciones generales y procedimientos de asilo

1.  Lamenta que en algunas de las visitas realizadas se pusiera de manifiesto que algunos Estados miembros aplican mal o no aplican las directivas existentes; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para garantizar la transposición y el respeto no sólo formal de las directivas;

2.  Hace hincapié en que los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, como el derecho a vivir con dignidad, la protección de la vida familiar, el acceso a la asistencia sanitaria y el derecho de recurso efectivo contra la detención debe garantizarse en todo momento e independientemente del estatus del nacional de un tercer país implicado; por lo tanto, no puede aceptar que no se trate en consecuencia a una persona por la única razón de que o él o ella sea un inmigrante en situación irregular;

3.  Deplora el número de deficiencias relativas al nivel de las condiciones de acogida resultantes principalmente del hecho de que la Directiva 2003/9/CE deja actualmente a los Estados miembros un amplio margen ancho de la discreción en cuanto al establecimiento de las condiciones de acogida a nivel nacional; acoge por ello con satisfacción la propuesta de refundición citada;

4.  Expresa su satisfacción por el contenido de la propuesta de refundición de la Comisión , y se congratula de que el objetivo declarado sea asegurar unas normas más elevadas para el tratamiento de los solicitantes de asilo a fin de garantizar un nivel de vida digna y permitir una mayor armonización de las normas nacionales que rigen las condiciones de acogida;

5.  Expresa su satisfacción por la propuesta de la Comisión de extender el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/9/CE para cubrir la protección subsidiaria a fin de asegurar un mismo nivel de derechos para toda forma de protección internacional;

6.  Pide a los Estados miembros que muestren una mayor solidaridad, más allá de los ámbitos técnicos y/o financieros, con los países más expuestos a los retos de la inmigración; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer un instrumento europeo de solidaridad destinado a aliviar la carga derivada del alto número de refugiados que acogen los Estados miembros con fronteras exteriores, dicho instrumento se basará en el principio del respeto de la voluntad de los solicitantes de asilo y garantizará un alto nivel de protección;

7.  Pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con el Parlamento Europeo, un sistema de visita e inspección permanente; expresa su deseo de que la Comisión LIBE prosiga sus visitas con el fin de garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de condiciones de acogida y procedimientos de retorno y de que se organice un debate anual en sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre los resultados de dichas visitas;

Acogida

8.  Lamenta la reducida capacidad de los centros de acogida abiertos que ciertos Estados miembros han establecido y que no parece responder a las necesidades reales de los migrantes;

9.  Pide que la acogida de los solicitantes de asilo se realice preferentemente en centros de acogida abiertos, antes que en unidades cerradas, siguiendo el ejemplo de los que existen en determinados Estados miembros;

10. Recuerda la obligación de los Estados miembros de garantizar el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo;

11. Exhorta a los Estados miembros a que apliquen la Directiva sobre la acogida a todos los solicitantes de asilo a partir del momento en que expresan su deseo de pedir protección en un Estado miembro, incluso cuando la solicitud de asilo no se haya presentado formalmente;

12. Exhorta a la Comisión a que recuerde a los Estados miembros que la retirada o la reducción de condiciones de acogida basada en argumentos no incluidos en la Directiva sobre la acogida está o debería estar estrictamente prohibida;

13. Estima que las condiciones básicas de acogida, como alimentación, alojamiento y cuidados sanitarios de emergencia, nunca han de denegarse, puesto que su retirada puede violar los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo;

14. Considera necesario encontrar un justo equilibrio entre rapidez de los procedimientos, recuperación del retraso y tratamiento justo caso por caso, sobre todo para los procedimientos acelerados;

Acceso a la información y derecho a interpretación

15. Constata que la mayoría de la información sobre los procedimientos es escrita y que los plazos son muy breves, lo que puede generar problemas de comprensión y constituir un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos de los solicitantes de asilo en la presentación de su solicitud; pide que los folletos informativos que explican todos los derechos de los solicitantes de asilo e inmigrantes estén disponibles en los principales idiomas internacionales, así como en las lenguas habladas por un número significativo de solicitantes de asilo y de inmigrantes del Estado miembro de que se trata; pide a los Estados miembros que difundan asimismo la información por otras vías, incluidos medios orales, televisivos e Internet;

16. Expresa su preocupación por la frecuente falta de intérpretes adecuadamente formados, incluso en las entrevistas oficiales; insta a los Estados miembros a garantizar un servicio de interpretación público y gratuito y, en caso necesario, telefónico o a través de Internet;

17. Anima a los Estados miembros a recurrir a la ayuda financiera del Fondo Europeo para los Refugiados, con el objetivo de mejorar el acceso a la información y, sobre todo, de ampliar el número de lenguas de difusión de la información o sus soportes; pide a la Comisión que garantice la difusión a los Estados miembros de información sobre los instrumentos financieros disponibles para este fin y sobre las mejores prácticas en el uso de estos instrumentos;

Asistencia jurídica

18. Lamenta que el acceso a una asistencia jurídica gratuita parezca no estar al alcance de los solicitantes de asilo o de los inmigrantes irregulares retenidos y que, a veces, la asistencia jurídica se limite a una lista de nombres de abogados, lo que tiene como consecuencia que las personas sin recursos económicos suficientes se queden sin asistencia;

19. Recuerda que es especialmente difícil para las personas retenidas encontrar asistencia jurídica adecuada, debido a las dificultades que tienen para comunicarse con el exterior y a la naturaleza específica de la legislación pertinente;

20. Observa que cuando se traslada a las personas en situación de retención entre distintos centros de acogida o de retención administrativa, se dificulta un acceso continuo a la asistencia letrada;

21. Felicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales por su labor de asistencia jurídica, pero considera que no pueden sustituir a los Estados en el cumplimiento de sus responsabilidades;

22. Insta a los Estados miembros a asegurar el acceso a la asistencia jurídica y/o defensa gratuita en casos en que el solicitante de asilo no pueda asumir los costes derivados;

Acceso a la sanidad

23. Lamenta que en la mayoría de los centros de retención visitados, los solicitantes de asilo y las personas migrantes se quejen sistemáticamente de la atención sanitaria insuficiente e inadecuada, la dificultad para ir al médico o comunicarse con él, la falta de atención sanitaria específica (en particular para las mujeres embarazadas y las víctimas de torturas) y la falta de medicamentos apropiados;

24. Pide a los Estados miembros que amplíen los servicios de atención sanitaria actuales prestados a los solicitantes de asilo y a los migrantes, a fin de que no se limiten a las urgencias y que garanticen también la asistencia psicológica y los cuidados de salud mental; recuerda que el derecho a la salud y a cuidados médicos figura entre los derechos humanos más fundamentales;

Acceso al empleo

25. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión de abordar los obstáculos al acceso al mercado laboral y de permitir el acceso al empleo tras un periodo de seis meses después de que la presentación de una solicitud de protección internacional;

26. Pide a los Estados miembros que no impongan obligaciones legales o administrativas que obstaculicen el acceso al empleo;

Asistencia proporcionada por las ONG

27. Reconoce el gran trabajo de asistencia a solicitantes de asilo y personas migrantes en situación irregular realizado por las asociaciones;

28. Pide a los Estados miembros que aprendan de las buenas prácticas desarrolladas dentro del capítulo sobre solicitantes de asilo en el programa EQUAL referentes a la preparación efectiva para el mercado laboral;

29. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso libre de trabas legales o administrativas de los solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular a la ayuda para la defensa de sus derechos, a través de actores independientes de las autoridades nacionales, también en el momento de la retención; pide a los Estados miembros que garanticen legalmente a la sociedad civil un derecho de acceso a los centros de retención de extranjeros;

30. Pide a los Estados miembros que en ningún caso recurran a la retención de solicitantes de asilo, puesto que son personas vulnerables que necesitan protección;

Retención

31. Lamenta que algunos Estados miembros recurran cada vez más a la retención; insiste en que no debe retenerse a una persona en ningún caso por la única razón de que solicite protección internacional; insiste en que debe ser una medida de último recurso, proporcionada, con la menor duración posible y aplicable solo en los casos en que no puedan aplicarse otras medidas menos coercitivas y son base en una evaluación individual de cada caso;

32. Recuerda que el artículo 5 del CEDH otorga el derecho de presentar un recurso contra una medida de privación de libertad; pide que todo ciudadano de un tercer país en situación de retención pueda presentar este tipo de recurso;

33. Expresa su preocupación por las condiciones de privación de libertad en que se retiene a inmigrantes y solicitantes de asilo en situación irregular a pesar de que no hayan cometido delito alguno; pide que se retenga a estas personas por separado, preferiblemente en edificios distintos con el fin de garantizar su protección y la prestación de asistencia;

34. Expresa su inquietud por el estado de deterioro y la falta de higiene de ciertos centros de retención; recuerda que las personas en situación de retención también tienen derecho a recibir una acogida digna; insta a que se proceda lo antes posible al cierre de todos aquellos centros que no respeten las normas;

35. Constata que el acceso a la atención sanitaria y, en particular, a la atención psicológica, resulta a menudo difícil, ya que algunos centros de retención se encuentran ubicados en instalaciones penitenciarias; pide a los Estados miembros que garanticen unos servicios médicos apropiados, incluidos los psicológicos, día y noche en los centros de retención;

36. Pide a los Estados miembros que mejoren el contacto de las personas en situación de retención con el mundo exterior, mediante permisos para recibir visitas con regularidad, la mejora del acceso a la comunicación telefónica y la generalización del acceso en determinadas condiciones a Internet y a los medios de comunicación de masas en todos los centros;

37. Pide a los Estados miembros que publiquen un informe anual sobre el número, el lugar y el número de personas retenidas y el funcionamiento de los centros cerrados;

38. Pide a los Estados miembros que aseguren un control regular de los centros cerrados y de la situación de las personas en dichos centros mediante la creación de un mediador nacional encargado de esos centros de retención;

Menores no acompañados y familias

39. Recuerda que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior del niño será primordial en todas las decisiones o medidas que se tomen concernientes a los menores; recuerda la necesidad de adoptar las medidas y liberar los recursos necesarios para la protección de los menores no acompañados, sean refugiados o no;

40. Pide a los Estados miembros que consideren la creación de órganos oficiales independientes para controlar las normas y condiciones en los centros de retención. así como la puesta en servicio de un sistema oficial de inspección que publique sus informes;

41. Pide que se prohíba por principio la retención de menores; pide que la retención de menores junto a sus progenitores sea excepcional y tenga el fin de proteger el interés superior del niño;

42. Hace un llamamiento a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho para que firmen y ratifiquen sin reservas la Convención sobre los Derechos del Niño;

43. Pide a los Estados miembros que hagan cumplir la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, de prohibir toda forma de castigo corporal, incluso dentro de la familia, especialmente cuando los menores están retenidos;

44. Recuerda que todos los menores tienen derecho a la educación, se encuentren o no en su país de origen; pide a los Estados miembros que respeten este derecho, incluso cuando el menor esté en situación de retención; pide que el acceso a la educación tenga lugar directamente en la comunidad, de una manera apropiada que corresponda a la evaluación del nivel de conocimiento de los niños, desarrollando al mismo tiempo modelos transitorios que permitan la adquisición de las necesarias competencias lingüísticas para una enseñanza normal, a fin de garantizar así una mejor integración de los niños y de sus familias;

45. Recuerda que los menores tienen derecho al esparcimiento propio de su edad y pide a los Estados miembros que velen por este derecho, incluso en el caso de los niños en situación de retención;

46. Pide a los Estados miembros que garanticen que los menores no acompañados y las familias sean alojadas en lugares separados, incluso en retención, a fin de garantizar la intimidad y vida familiar adecuadas conforme al artículo 8 del CEDH, así como un entorno de protección para los niños;

47. Expresa su deseo de que todas las personas que trabajen con menores y menores no acompañados reciban una formación especializada y adaptada a las necesidades de los niños; considera importante la contribución que podrían aportar a ello las asociaciones no gubernamentales especializadas en este ámbito;

Menores no acompañados

48. Pide que se asigne a cada menor no acompañado un responsable legal independiente que vele por su protección, tanto en áreas de espera como los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril como en el conjunto del territorio de los Estados miembros; pide que se definan con claridad las competencias y funciones de este responsable legal;

49. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan una obligación proactiva de localizar a los miembros de la familia, aplicable también a organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

50. Expresa su inquietud con respecto al fenómeno de las desapariciones de menores no acompañados; pide a los Estados miembros que recopilen datos y estadísticas conforme al artículo 4, apartado 3, letra a) del Reglamento 862/2007/CE sobre la identificación y asistencia a menores no acompañados con el objetivo de luchar contra este fenómeno; opina que la mejor manera de contrarrestar la desaparición de menores es la creación de estructuras adaptadas a sus conocimientos donde los menores puedan recibir una formación adecuada a su edad (aprendizaje, formación profesional, etc.);

51. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un mecanismo armonizado y fiable de identificación de menores no acompañados –recurriendo a la última tecnología, como los datos biométricos– y de reglas comunes para los procedimientos de impugnación de la edad de la persona; recuerda en este sentido que, en virtud del principio de precaución, durante un procedimiento de impugnación de la edad, la persona en cuestión debe ser considerada menor de edad hasta la resolución del procedimiento y, por lo tanto, ha de ser tratada como tal; y que, siempre que subsista una duda razonable en cuanto a la edad del menor, ello ha de beneficiar al propio menor ;

Familias

52. Pide a los Estados miembros que estudien medidas alternativas a la privación de libertad y que, en su caso y antes de proceder a la retención de las familias con menores, demuestren que las alternativas estudiadas no son eficaces;

53. Desea que las familias solicitantes de asilo tengan acceso a los servicios familiares y de infancia y a las visitas médicas especializadas en la protección de la infancia;

Personas vulnerables

54. Pide a la Comisión que defina normas comunes obligatorias para la identificación de personas vulnerables, en particular víctimas de torturas o de trata de seres humanos, personas que necesiten cuidados médicos particulares, mujeres embarazadas y menores;

55. Considera que, por su situación personal, no se debe retener a ninguna persona vulnerable debido a las consecuencias importantes que esto puede tener sobre su estado;

56. Insta a los Estados miembros a garantizar una asistencia especializada para las personas vulnerables y las víctimas de torturas y trata, sobre todo una asistencia psicológica que garantice su protección; pide que todo el personal en contacto con personas vulnerables, incluido el que se encarga de las solicitudes de asilo y el de las fuerzas de orden público, reciba una formación especializada;

Sistema de Dublín

57. Muestra su preocupación por el aumento del número de personas retenidas en el marco del sistema de Dublín y por el hecho de que ciertos Estados miembros recurran de manera prácticamente sistemática a medidas de privación de libertad; expresa su deseo de que no se retenga a estas personas, a menos que exista riesgo de fuga demostrado por el Estado miembro;

58. Deplora que ciertos Estados miembros limiten el acceso a las normas de acogida a las personas a las que se aplica el sistema de Dublín; pide que la Comisión establezca claramente que la Directiva 2003/9/CE se aplica igualmente a estas personas, con el objetivo de garantizar que puedan ejercer el conjunto de sus derechos;

59. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

DO L 31 de 6.2.2003, p. 18.

(2)

DO L 326 de 13.12.2005, p. 13.

(3)

DO L 50 de 25.2.2003, p. 1.

(4)

DO C 33 de 9.2.2006, p. 598.

(5)

Textos aprobados, P6_TA(2006)0136.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

21.1.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

50

2

0

Miembros presentes en la votación final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final

Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà

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