INFORME sobre el Libro Blanco: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia

9.3.2009 - (2008/2154(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Ponente: Klaus-Heiner Lehne

Procedimiento : 2008/2154(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0123/2009
Textos presentados :
A6-0123/2009
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Blanco: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia

(2008/2154(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 2 de abril de 2008, sobre Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (COM(2008)0165),

–   Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre el Libro Verde: Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia[1],

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2007, titulada Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013: Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz (COM(2007)0099),

–    Vistos el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado[2], el Reglamento (CE) n° 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE[3] y el Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas ("Reglamento de concentraciones")[4],

–    Vistos la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel[5] y el Reglamento (CE) nº 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel[6],

–    Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–    Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6‑0123/2008),

A.  Considerando que la política de competencia contribuye a incrementar el rendimiento de la economía europea y coadyuva considerablemente a los objetivos de la estrategia de Lisboa,

B.   Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto que, a fin de garantizar la aplicación efectiva del artículo 81, los particulares y las empresas pueden ejercitar acciones para obtener resarcimiento por los perjuicios que hayan sufrido a raíz de una infracción de las normas de competencia,

C.  Considerando que las acciones de indemnización de daños y perjuicios son uno de los elementos de un sistema eficaz de ejecución a escala privada y que, en las circunstancias apropiadas, los mecanismos alternativos de solución de litigios son una eficaz alternativa a la reparación colectiva que debería fomentarse, pues ofrecen una resolución extrajudicial de litigios justa y rápida,

D.  Considerando que las cuestiones abordadas en el Libro Blanco se refieren a todas las categorías de afectados, a todos los tipos de infracción de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y a todos los sectores de la economía,

E.   Considera que toda propuesta para la introducción de mecanismos de indemnización colectiva por infracción de las normas comunitarias antitrust debería completar las formas alternativas de protección que ya existen en algunos Estados miembros (por ejemplo, las acciones representativas y los llamados «test cases»), y no substituirlas;

F.   Considerando que las acciones civiles de indemnización deben estar enfocadas al pleno resarcimiento económico del daño sufrido por la víctima y que se deben respetar los principios de responsabilidad no contractual que prohíben el enriquecimiento indebido y las indemnizaciones múltiples, y evitan los daños e intereses de carácter represivo,

G.  Considerando que la aplicación del Derecho de competencia por la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros debe regirse por los principios del Derecho público y que, si bien las acciones particulares incoadas ante las autoridades jurisdiccionales nacionales han sido escasas, muchos Estados miembros han adoptado o adoptarán medidas que facilitarán a los particulares la ejercitación de acciones de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de competencia,

H.  Considerando que las acciones particulares por daños y perjuicios pueden servir de complemento y subvenir a la acción de los órganos de administración dirigida a la efectiva ejecución del derecho de prevención de cárteles, pero que no debe sustituirse a ella; que es imprescindible reforzar la dotación en personal y medios de los órganos de supervisión de la competencia, con objeto de garantizar la persecución eficaz de las infracciones,

I.    Considerando que, independientemente de la manera de resolver un litigio, resulta esencial que se establezcan procedimientos y salvaguardias con miras a garantizar que se dispense un trato justo a todas las partes y que no se haga un uso indebido del sistema, como ha ocurrido en otros marcos jurídicos, en particular en los Estados Unidos de América;

J.  Considerando que en cada propuesta cuyo ámbito de aplicación no se limite a esferas en que la Comunidad disponga de competencias plenas, la Comisión debe respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

1.   Celebra la presentación del Libro Blanco y subraya que las normas del Tratado relativas al Derecho de competencia y, en particular, su aplicación efectiva, exigen que los perjudicados por las infracciones al Derecho de competencia tengan derecho a un resarcimiento por el perjuicio sufrido;

2.   Observa que, hasta ahora, la Comisión no ha especificado el fundamento jurídico de las medidas propuestas, y estima que se debe seguir tomando en consideración la definición del fundamento para las medidas previstas que afectan directamente a los procedimientos nacionales de reclamación de daños y perjuicios extracontractuales y a las normas procesales;

3.   Considera que algunos factores que obstaculizan la reparación efectiva a las personas perjudicadas por las infracciones a las normas de defensa de la competencia, tales como la cuestión de los perjuicios colectivos o dispersos que se registren, las asimetrías en materia de información y otros problemas relacionados con la ejecución de derechos a indemnización por daños y perjuicios se plantean no solo en relación con las normas de defensa de la competencia, sino también en otros ámbitos, como el de la responsabilidad vinculada a los productos y otros problemas relacionados con los consumidores;

4.   Recuerda que los consumidores particulares ,pero también las pequeñas empresas, sobre todo cuando se trata de daños aislados y de una cuantía relativamente escasa, a menudo desisten de incoar acciones individuales de reparación de daños y perjuicios, debido a los costes, retrasos, incertidumbre, riesgos y cargas que éstas entrañan; subraya, en este contexto, que el recurso colectivo, que permite la acumulación de las demandas de las personas perjudicadas por las infracciones a las normas de defensa de la competencia y mejora su capacidad de obtener acceso a la justicia, constituye un instrumento disuasorio importante; acoge con satisfacción, a este respecto, las propuestas de la Comisión de establecer mecanismos para mejorar la reparación colectiva y evitar al mismo tiempo el exceso de litigios;

5.   Recuerda que a finales de 2008 la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión publicó los resultados de dos estudios sobre los instrumentos colectivos de indemnización de los Estados miembros y las trabas para el mercado interior que se derivan de las diferencias normativas entre Estados miembros; señala asimismo que la Comisión publicó un libro verde sobre las posibles opciones de acción de la Comunidad en el ámbito de la protección de los consumidores y ha anunciado la publicación de otro documento de orientación en 2009; subraya que las medidas a escala comunitaria no deben conducir a una parcelación arbitraria e innecesaria del Derecho procesal de los Estados miembros y que, por lo tanto, se ha de examinar con detenimiento hasta qué punto conviene optar por un régimen horizontal o integrado para facilitar la resolución extrajudicial de litigios y la ejercitación de acciones de daños y perjuicios; pide por lo tanto a la Comisión que dilucide la cuestión de los posibles fundamentos jurídicos y cómo proceder de manera horizontal e integrada, aunque no necesariamente con un único instrumento horizontal, y que se abstenga, por el momento, de presentar sistemas de recurso colectivo para las víctimas de las infracciones al Derecho comunitario de competencia sin permitir que el Parlamento participe en su adopción de conformidad con el procedimiento de codecisión;

6.   Constata que, en la medida de lo posible, las reclamaciones de las víctimas de infracciones al Derecho comunitario de competencia se deben tratar de la misma manera que otras reclamaciones extracontractuales; estima que un enfoque horizontal o integrado podría cubrir normas de procedimiento comunes a mecanismos de recurso colectivo en diferentes ámbitos jurídicos, y subraya que este enfoque no tiene que retrasar o impedir el desarrollo de las propuestas y medidas que se consideren necesarias para la plena aplicación del Derecho comunitario de competencia; toma nota, asimismo, del análisis más avanzado acerca del recurso civil en materia de normas de competencia y el marco avanzado de las autoridades de control de la competencia, incluida la Red Europea de Competencia, y considera que, al menos por lo que concierne a determinados aspectos, cabe progresar rápidamente teniendo en cuenta que algunas de las medidas previstas podrían ampliarse a ámbitos distintos del de la competencia; estima que estas normas sectoriales ya se podrían proponer habida cuenta de las situaciones complejas y difíciles en que se han encontrado las víctimas de las infracciones al Derecho comunitario de competencia;

7.   Observa que resulta conveniente lograr una solución definitiva para los demandados, con miras a reducir la incertidumbre y efectos económicos exagerados que pudieran repercutir en los empleados, proveedores, subcontratistas y otras partes inocentes; pide que se examine la posibilidad de introducir un procedimiento de resolución para las demandas colectivas que podrán iniciar las partes antes de incoar una acción judicial o bien a instancias del tribunal ante el que se haya presentado el caso con el fin de solucionar el litigio por la vía extrajudicial, recabando la aprobación judicial de un acuerdo de resolución que se podrá declarar obligatorio para todos los perjudicados que hayan participado en el procedimiento; subraya que dicho procedimiento no deberá suponer una prolongación indebida de la acción, ni dar lugar a la solución injusta de los litigios; pide a la Comisión que examine la forma de lograr mayor certeza y evalúe si, normalmente, un demandante ulterior sólo debería acogerse al resultado de la resolución colectiva;

8.   Considera que los compradores, directos o indirectos, deberían tener la posibilidad, para defender sus derechos, bien sea en asuntos aislados o en el marco de cuestiones que hayan sido objeto de una investigación instruida por la administración, de promover demandas individuales, demandas en representación o demandas colectivas, que incluso se podrán presentar en forma de demanda tipo de reconocimiento de un derecho, pero que, para evitar acciones múltiples relacionadas con una misma infracción, la selección de una de estas acciones por una de las partes debe impedir que se recurra a cualquiera de las demás acciones, ya sea simultánea o sucesiva; considera que, en caso de que distintas partes entablaran acciones separadas, debe intentarse combinarlas o secuenciarlas;

9.   Considera que, para evitar litigios abusivos, los Estados miembros deberían otorgar capacidad para ejercitar acciones de daños y perjuicios en representación a órganos estatales, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, o a entidades cualificadas como las asociaciones de consumidores, de conformidad el artículo 3 de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores[7], y que debería tomarse en consideración la concesión de autorizaciones ad hoc para ejercitar dichas acciones principalmente a las asociaciones profesionales que promueven acciones en defensa de los daños y perjuicios de las empresas;

10. Pide que únicamente un grupo de personas claramente delimitado esté facultado para participar en las acciones colectivas, y que la identificación de los miembros de dicho grupo, en el caso de las acciones colectivas, y la identificación en el caso de las demandas en representación entabladas por organismos cualificados designados de antemano o autorizados sobre una base ad hoc deberá llevarse a cabo en un plazo claramente determinado, sin retrasos innecesarios y dentro del respeto de la legislación vigente que prevea una fecha posterior; subraya que se deberán indemnizar únicamente los daños o perjuicios realmente sufridos; observa que, en caso de prosperar una demanda, la indemnización solicitada se pagará al grupo identificado de a su mandatario, mientras que el organismo habilitado no podrá ser compensado más que en la medida de los gastos realmente incurridos, sin que dicho organismo pueda ser beneficiario directo ni indirecto de la reparación de daños;

11. Subraya que la resolución positiva sobre una reclamación individual no impide que la autoridad pública incoe posteriormente un procedimiento por infracción al derecho de competencia; reitera asimismo que para exhortar a las empresas a que indemnicen a las personas perjudicadas por su conducta ilícita con la mayor rapidez y eficacia, las autoridades de control de la competencia deberán tener en cuenta dichas indemnizaciones al establecer la multa que haya de imponerse a la empresa, aun cuando esto no debe interferir con el derecho de la persona perjudicada a una indemnización plena por el daño sufrido ni con la necesidad de mantener el carácter disuasorio de las multas, ni entrañar una incertidumbre prolongada en lo que respecta a la firmeza de la liquidación para las empresas; pide al Consejo y a la Comisión que incorporen al Reglamento (CE) n° 1/2003 dichos principios de sanción, que los mejoren y definan con miras a cumplir con los principios generales del Derecho;

12. Observa que debería efectuarse algún tipo de evaluación prima facie de los méritos de una acción colectiva en una fase preliminar, y destaca que una demanda colectiva no debería recibir un trato ni más ni menos favorable que una demanda individual; pide que en el contexto de las acciones colectivas prevalezca el principio según el cual la parte que alegue la existencia de una infracción deberá probar su aserto, a menos que el Derecho nacional aplicable prevea una ponderación de la carga de la prueba o facilite el acceso a la información y a las pruebas en posesión del demandado;

13. Pide que, en el curso de una investigación, la Comisión garantice que los perjudicados por una infracción a las normas de competencia tengan acceso a la información necesaria para entablar una demanda de reparación de daños y perjuicios, y subraya que el artículo 255 del Tratado CE y el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001 definen el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, que podrán denegarlo únicamente en las condiciones descritas en el mencionado Reglamento, en particular en su artículo 4; considera, por lo tanto, que la Comisión tiene que interpretar el Reglamento (CE) n° 1049/2001 en consecuencia o proponer que se modifique; subraya que si las autoridades autorizan el acceso a los documentos, debe prestarse especial atención a la protección del secreto comercial y empresarial del demandado o de terceros y observa que se precisan orientaciones en relación con la tramitación de las solicitudes de clemencia;

14. Considera que los tribunales de un Estado miembro no deben estar condicionados en su autonomía judicial por la decisión de una autoridad de control de la competencia de otro Estado miembro, sin perjuicio de las normas que prevén el carácter obligatorio de las decisiones adoptadas por un miembro de la Red Europea de Competencia (REC) en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado y en relación con la misma infracción; observa que los programas de formación e intercambio deben conducir a una convergencia de las decisiones, de tal modo que se convierta en norma la aceptación de las decisiones de las autoridades nacionales de control de la competencia;

15. Subraya que, por principio, todo derecho a indemnización presupone la existencia de una falta y que la infracción a las normas comunitarias de competencia debe ser al menos el resultado de negligencia, salvo en caso de presunción o de presunción refutable de falta en derecho nacional en el caso de una infracción a la normativa comunitaria de competencia, lo que garantiza una aplicación uniforme y coherente del Derecho de competencia;

16. Se congratula de que la propuesta plantee la indemnización como una compensación por pérdidas o beneficios no realizados, con inclusión de costes excesivos e intereses, y pide que este principio adquiera carta de naturaleza para los mecanismos colectivos de demanda de daños y perjuicios a escala comunitaria;

17. Se felicita por los trabajos de la Comisión encaminados a la elaboración de un marco de orientación no vinculante en relación con la cuantificación de las indemnizaciones, que podría incluir de forma provechosa una orientación sobre las informaciones necesarias para realizar los cálculos y la aplicación de dichos cálculos a mecanismos para el recurso a soluciones alternativas a los litigios, siempre que resulte posible;

18. Reconoce la oportunidad de un planteamiento común de la repercusión (passing-on) de costes excesivos y es favorable a la admisibilidad de este tipo de defensa; subraya que el demandado siempre deberá presentar pruebas al respecto y subraya que los tribunales pueden aplicar normas nacionales probadas para en lo tocante a la relación de causalidad e imputabilidad y resolver en justicia asuntos individuales; sugiere la elaboración de orientaciones sobre la posibilidad para el comprador indirecto, y en particular el último comprador indirecto, de basarse en la presunción refutable de que se le repercutió en su totalidad el coste excesivo ilegal.;

19. Se congratula de que en caso de infracciones prolongadas o sostenidas, el plazo de prescripción comience a contar desde la cesación de la infracción, o siempre que quepa suponer razonablemente que la víctima ha tenido noticia de la misma, según cuál sea la fecha más tardía; subraya que las disposiciones sobre prescripción refuerzan la seguridad jurídica, por lo que parece imperativo establecer un plazo de carencia de cinco años para los casos de infracciones que no hayan sido objeto de una acción pública o privada; asimismo manifiesta su satisfacción por el hecho de que se prevea que para las demandas individuales, los plazos de prescripción se rijan por las normas del respectivo Estado miembro, y pide que la misma regla se aplique a las demandas que se presenten a raíz de investigaciones instruidas por la administración; señala que todo ello no afecta a la legislación de los Estados miembros que regula la suspensión o interrupción de la prescripción;

20. Saluda que se deje en manos de los Estados miembros discernir sobre las normas de costas a aplicar; deja que los propios Estados miembros consideren la oportunidad de asegurar que la asimetría de recursos entre demandante y demandado en los procedimientos judiciales no represente un factor disuasorio a la hora de entablar acciones justificadas para la reparación de daños y perjuicios; observa que el acceso a la justicia debe verse contrarrestado también por unas medidas enérgicas que impidan cualquier abuso, por ejemplo en forma de acciones frívolas, vejatorias o coactivas;

21. Observa que los programas de clemencia contribuyen considerablemente a revelar la existencia de infracciones al Derecho de competencia y que, sustancialmente, permiten el ejercicio de acciones civiles; solicita la elaboración de criterios que garanticen que los programas de clemencia sigan ofreciendo alicientes; subraya que, independientemente de la importancia del programa de clemencia, la dispensa completa de responsabilidad civil solidaria otorgada al autor de la infracción es contraria al sistema y rechaza categóricamente este tipo de dispensa por ser perjudicial para numerosas víctimas;

22. Pide a la Comisión que, para facilitar y no socavar el derecho de las personas que han sufrido un perjuicio a entablar la correspondiente demanda, con carácter prioritario no abandone los procedimientos relativos a los cárteles y a la competencia y los concluya adecuadamente con una decisión clara;

23. Insiste en la necesidad de que se cuente con la cooperación del Parlamento Europeo, con arreglo al procedimiento de codecisión, en todo proyecto legislativo que se refiera a la ejercitación colectiva de acciones de derecho;

24. Espera que toda propuesta legislativa vaya precedida de un análisis independiente de los costes y los beneficios.

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y los interlocutores sociales a escala comunitaria.

  • [1]  DO C 74 E de 20.3.2008, p.653.
  • [2]  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
  • [3]  DO L 123 de 27.4.2004, p. 18.
  • [4]  DO L   24 de 29.1.2004, p. 1.
  • [5]  DO C 298 de 8.12.2006, p. 17.
  • [6]  DO L 171 de 1.7.2008, p.3.
  • [7]  DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente se felicita de que con su Libro Blanco, la Comisión marque distancias con respecto a muchas de las propuestas de su Libro Verde del año 2005, que habrían propiciado una progresiva asimilación de los estándares de ejecución del Derecho al uso en los Estados Unidos. Para su informe, el ponente ha partido de la premisa de que cada perjudicado debe tener derecho a un resarcimiento por el perjuicio sufrido. Sin embargo, es importante no privilegiar a los demandantes en representación colectiva frente a los demandantes individuales.

El ponente advierte contra la idea de que los mecanismos disponibles en los Estados miembros para ejercitar acciones de derecho civil no se encuentren suficientemente desarrollados, toda vez que muchos Estados miembros, siguiendo las pautas establecidas por la jurisprudencia del TJ, han reforzado el «private enforcement». No obstante, parece importante que la ejecución del Derecho de competencia sea un asunto del que se ocupen los órganos de la administración pública, ya que éstos disponen de instrumentos de vigilancia de Derecho público que no pueden ser transferidos a los particulares; la ejecución a través del Derecho civil debería revestir un carácter complementario, en todo caso.

El ponente duda por otra parte de que la Comisión tenga la capacidad jurídica para formular estas propuestas. Parece evidente que la Comisión no puede basar medidas tocantes al Derecho de indemnización y al Derecho procesal de los Estados miembros en el artículo 83 del Tratado. Y para saber hasta qué punto podría basarlas en los artículos 95 ó 65 del Tratado habría que proceder a un examen muy detallado.

El problema de la capacidad jurídica se plantea también en relación con la adopción de un instrumento horizontal. A juicio del ponente sería conveniente esperar hasta la publicación de la Comunicación de la Dirección General Protección de los Consumidores sobre la cuestión de los mecanismos de ejercitación colectiva de demandas judiciales, para entrar a discutir después sobre la posible adopción de un instrumento horizontal en este ámbito. Dicha Comunicación estará basada en dos estudios, que proporcionarán información sobre los mecanismos actuales de ejercitación colectiva de demandas judiciales de los Estados miembros y las posibles trabas al mercado interior resultantes de las diferencias entre las normas legales aplicables. Los problemas descritos por la Comisión en relación con el Derecho de competencia se plantean también en otros ámbitos, de modo que parece indicado abstenerse de proponer fórmulas sectoriales. Por el contrario, sería preferible plantearse si un enfoque horizontal es realmente necesario para mejorar las posibilidades de ejercitar acciones de daños y perjuicios en Europa. Toda medida que se adopte a escala europea debe velar por no redundar en una parcelación del Derecho procesal.

El ponente señala que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce que también deben poder presentar demandas los denominados compradores indirectos, que tienen la posibilidad de promover demandas en representación (a cargo de organismos cualificados) y/o demandas colectivas, en relación bien con un asunto aislado (stand-alone) o de una demanda ejercitada a raíz de una investigación instruida por la administración (follow-on).

Un organismo cualificado puede recibir el encargo de presentar una demanda en nombre de una asociación, confederación, etc. El ponente opina que esta fórmula debería regirse por un procedimiento análogo al contemplado por el art. 3 de la Directiva 98/27/CE relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. Parece que así conviene para evitar abusos. Las autorizaciones ad-hoc deberían reservarse a las demandas en representación ejercitadas por un organismo cualificado con miras a obtener una indemnización para empresas, perjudicadas por una infracción al Derecho de competencia. Precisamente las pequeñas y medianas empresas pueden verse afectadas por infracciones de las normas de competencia de la UE, de modo similar a los particulares.

El ponente considera, sin embargo, que el número de personas que participen en una demanda presentada por un organismo cualificado debe estar claramente delimitado; la posibilidad de que esas personas sean identificables no constituye una garantía suficiente. Por otra parte es preciso que la identidad de los codemandantes haya sido relevada con anterioridad a la presentación de la demanda. El Libro Blanco sugiere que la demanda en representación adopte la forma de un modelo de opting out, algo que los ordenamientos constitucionales de algunos Estados miembros no admitirían. La identificación de los reclamantes es imprescindible para determinar la cuantía de la indemnización y su reparto.

La indemnización deberá estar limitada a los perjuicios realmente causados. La doctrina cy‑pres derivada del Derecho común (reparto de proximidad) contradice este principio, dado que no se liquida el perjuicio realmente causado. Por otra parte no es lícito dejar parte del montante de la indemnización en depósito ante la asociación, a fin de no incentivar la presentación de demandas injustificadas, o desvirtuar el concepto de compensación. Sí parece lícito, en cambio, prever una compensación por los gastos ligados a la ejercitación de la demanda.

El ponente también es partidario de aceptar las demandas colectivas de opting-in. La Comisión debe especificar aún en qué condiciones, estableciendo, por ejemplo, que el opting-in debe haberse producido con anterioridad a la presentación de la demanda. Asimismo, cuando se opte por uno de los instrumentos de demanda de perjuicios, debe excluirse el recurso a los demás instrumentos de reclamación, a fin de evitar que un demandado tenga que hacer frente a varias acciones de daños y perjuicios que, de forma simultánea, se ejerciten contra él por el mismo concepto.

En su nueva propuesta, la Comisión abandona el principio, enunciado también en el art. 2 del Reglamento 1/2003, de acuerdo con el cual, el reclamante debe aportar las pruebas en que basa su acusación. Es evidente que no se puede obligar a un demandado a presentar en bandeja las pruebas que la acusación necesita contra él. Difícil es negar la asimetría de información entre demandante y demandado, rasgo que caracteriza, además, a muchas relaciones procesales. Precisamente en el contexto del acceso a las pruebas es importante que un demandante colectivo no parta de una situación más ventajosa que el demandante individual. En lugar de establecer nuevas obligaciones de publicidad cuya valía no ha sido puesta aún a prueba, sería aconsejable que siguieran siendo los Estados miembros los que regularan el acceso a las pruebas con arreglo a sus normas nacionales. En estas condiciones se minimiza el peligro del Forum shopping, puesto que las obligaciones de publicidad encarecen los costes del contencioso y tienen un efecto disuasorio para la presentación de demandas. En el caso de las demandas presentadas tras una investigación instruida por la administración, los demandantes deben poder consultar los documentos custodiados por la Comisión, a menos que con ello se pusieran en peligro legítimos intereses de protección. El ponente considera que ese derecho se deriva del artículo 255 del Tratado CE y del Reglamento 1049/2001 sobre transparencia, y que se mantiene intacto no obstante la propuesta de acto modificativo COM(2008)229.

El ponente atrae la atención sobre el hecho de que los efectos de las decisiones que adopten los órganos nacionales de supervisión de la competencia no rebasan la mera constatación de la infracción del Derecho de competencia de la Comunidad. La tarea de establecer el alcance del perjuicio sufrido como consecuencia de la infracción incumbe al tribunal ante el que se ejercite la demanda. La fuerza legal de las decisiones de la Comisión está precisada en el art. 16 del Reglamento 1/2003. En los comentarios contenidos en la propuesta (COM(2000)582) relativa a dicho Reglamento, la Comisión reconoció que las decisiones adoptadas por autoridades nacionales de competencia no tienen efectos jurídicos fuera del territorio del respectivo Estado miembro. No parece que existan razones para apartarse del principio de que una decisión adoptada por las autoridades administrativas de un país está limitada en sus efectos al territorio de ese país. Las decisiones adoptadas por un órgano de supervisión de la competencia no pueden tener efectos vinculantes más que en ese Estado miembro. No obstante, los Estados miembros son libres de reconocer en su territorio la vigencia de la decisión de un órgano de supervisión de la competencia de otro país.

A juicio del ponente, para promover una acción de daños y perjuicios, debe probarse que en el origen de la infracción ha existido negligencia. No hay ningún motivo para apartarse del principio de culpabilidad, que es, además, una condición necesaria para la imposición de una multa coercitiva con arreglo al art. 23 del Reglamento 1/2003.

El ponente comparte la apreciación de la Comisión de que es preciso compensar las pérdidas causadas y los beneficios no realizados, incluidos los intereses. No obstante hay que evitar casos de sobrecompensación; no se trata solo de fijar unos estándares mínimos, sino de instaurarlos a escala de la Unión, a fin de prevenir el «forum shopping» (elección del órgano judicial más ventajoso). Si bien el Tribunal de Justicia ha reconocido en el asunto Manfredi la legalidad de las disposiciones nacionales en materia de indemnización de daños y perjuicios sufridos a raíz de una infracción, el TJ tiene a bien observar que ese reconocimiento se hace en ausencia de disposiciones comunitarias en la materia. El legislador comunitario puede partir de la base de que no hay sanciones punitivas por infracciones al Derecho comunitario de la competencia.

Para el cálculo de las indemnizaciones sería útil contar con un marco orientativo no vinculante. En cualquier caso, el cálculo será motivo de numerosos quebraderos de cabeza, porque debe basarse en complejas fórmulas económicas.

La cuestión de saber si es lícito dejar que los perjuicios repercutan en terceros no es fácil de resolver, dado que las partes del contencioso, en la medida en que no tengan un conocimiento exacto de la cadena económica, tendrán problemas para probar la repercusión del daño de un eslabón a otro de la cadena. El ponente, aun reconociendo el fundamento del reparo, rechaza la discutible norma de presunción avanzada por la Comisión, de conformidad con la cual se supone que el daño ha repercutido enteramente en el comprador indirecto. Solo en casos muy excepcionales deben preverse excepciones al principio de la carga de la prueba, aunque la Comisión se abstenga de definir en qué condiciones. Los analistas académicos no han encontrado pruebas de que el perjuicio repercute en general y por principio en los compradores indirectos. Por otra parte, si no se puede probar la absorción del perjuicio por éstos últimos, se corre el peligro de confrontar al demandado con varias demandas simultáneas, toda vez que en virtud de esa presunción, se le imputarán obligaciones tanto con respecto a los compradores indirectos como también, por la dificultad de probar la presunción de traslado del perjuicio, a los compradores directos. Una indemnización cuya cuantía se eleve a más del doble del daño constatado constituye una sanción, y como tal solo la puede imponer un organismo público. Por consiguiente, hay que mantener el principio de que sea el demandante quien justifique su reclamación. Esta solución tiene en cuenta la jurisprudencia del TJ, de conformidad con la cual, todos tienen en principio derecho a una indemnización. La matización 'en principio' deja a los tribunales nacionales el margen de apreciación suficiente para suponer en casos concretos que se ha producido una cesión en cadena, por ejemplo en el caso de los contratos cost-plus. Además, conforme expone la Comisión en su documento de trabajo en el epígrafe sobre remoteness, (apartado 205), los tribunales deben tener la capacidad de ajustar el reparto de los diferentes daños con arreglo a las normas nacionales del Derecho de delitos.

El ponente concuerda con la Comisión en la apreciación de que la prescripción de una infracción duradera y sostenida del Derecho de competencia comienza el día en que cese la infracción, siempre que se hubiese tenido razonablemente noticia de la misma. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que un daño sufrido no prescribe si no se ha tenido noticia del mismo. Esa situación tiene sus inconvenientes, máxime sabiendo que la prescripción es un elemento que favorece la seguridad jurídica. Parece indicado, pues, establecer, cualesquiera que sean las circunstancias, un plazo máximo de prescripción de 10 años. El ponente considera razonable que el plazo de prescripción de las demandas stand-alone se rija por el Derecho nacional. No hay ninguna razón para establecer para ellas un plazo mínimo de dos años, sino que su duración debería ser regulada por la legislación nacional. El efecto suspensivo que causa en el plazo de prescripción la incoación de un expediente administrativo sobre una infracción al Derecho de competencia es suficientemente eficaz; no es preciso que el plazo comience a correr de nuevo. El efecto suspensivo protege a los perjudicados contra la expiración de sus derechos, al tiempo que deja a salvo la seguridad y paz jurídicas.

El ponente no propone, como tampoco lo hace la Comisión, una modificación de las disposiciones nacionales en materia de repercusión de costas, tomando en consideración que el probado principio conforme al cual las costas se imponen a la parte perdedora es un elemento que disuade de la presentación de demandas infundadas. Siendo así, la Comisión debería abstenerse de usar instrumentos del Derecho indicativos para alentar a los Estados miembros a modificar sus normas sobre imposición de costas. Asimismo debería abstenerse de elaborar propuestas sobre la financiación de acciones por daños y perjuicios, a fin de no fomentar la creación de un sector especializado en la producción de demandas por daños y perjuicios.

El ponente reconoce que el programa de clemencia contribuye significativamente a la revelación de infracciones contra las normas sobre la constitución de cárteles, permitiendo así la ejercitación de acciones de Derecho civil. Por lo tanto parece conveniente que se elaboren criterios para preservar el atractivo del programa de clemencia, frente al principio de compensación. La complejidad de la cuestión está reñida con las soluciones precipitadas. Por otra parte no está muy claro cómo las propuestas del Libro Blanco se conjugan con la propuesta relativa al nuevo procedimiento de conciliación.

OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (3.12.2008)

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Libro Blanco sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia
(2008/2154(INI))

Ponente: Gabriela Creţu

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Pide a la Comisión, con el fin de asegurar un mayor grado de seguridad jurídica y de protección de los consumidores, que considere la posibilidad de proponer una combinación adecuada de medidas legislativas y no legislativas con normas y mecanismos comunes que permitan el acceso a una compensación integral para toda persona que haya sufrido daños como resultado de una violación de la legislación en materia de competencia;

2.   Celebra la combinación de propuestas de la Comisión en cuanto a las acciones representativas llevadas a cabo por entidades cualificadas, tales como asociaciones de consumidores, organismos estatales y asociaciones comerciales, junto con la posibilidad de entablar demandas colectivas «opt-in», que deberían contribuir a asegurar la indemnización de la mayoría de las víctimas; considera, sin embargo, que debe prestarse más atención a las demandas colectivas, que ofrecen la ventaja de resolver «de una vez por todas» el procedimiento para los demandantes y, así, reducir la incertidumbre jurídica;

3.   Respalda la opinión de que las acciones representativas y las acciones colectivas «opt-in» deben completarse mutuamente para lograr un equilibrio claro entre la protección de los intereses de los consumidores individuales y de los grupos de consumidores;

4.   Apoya el recurso a las acciones colectivas «opt-in», si bien destaca la necesidad de garantizar en todo momento que el consumidor pueda elegir libremente el «opt-in», sin que interferencias externas indeseadas afecten a esta decisión;

5.   Pide a la Comisión que proporcione nuevas orientaciones a nivel comunitario en lo que respecta a la evaluación de daños; rechaza los denominados daños punitivos, ya que los daños reconocidos no deben ser superiores a los daños realmente ocasionados;

6.   Considera que, por lo que respecta a las acciones colectivas, deberían establecerse dos condiciones previas antes de poder iniciarse dichas acciones:

a)      algún tipo de evaluación o prueba de méritos llevados a cabo por un órgano regulador nacional competente, ya sea un juez, un mediador o una figura similar;

b)     algún intento o recomendación preliminar a las partes para que lleguen a un acuerdo mediante acciones por daños derivados de la violación de la legislación en materia de defensa de la competencia;

y opina que ninguna de estas condiciones debe retrasar indebidamente el procedimiento ni perjudicar a las partes;

7.   Apoya la idea de que los costes de los procedimientos judiciales no deberían disuadir a las personas que presentan quejas de iniciar acciones justificadas y, por consiguiente, pide a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para reducir los costes asociados a las acciones por daños derivados de la violación de la legislación en materia de defensa de la competencia mediante la concesión de excepciones o la limitación del nivel de los costes; considera, sin embargo, que la Comisión debe examinar con mayor detenimiento la forma en que estas acciones pueden ser financiadas por los demandantes y estudiar varios modelos de financiación para así garantizar el acceso a la justicia;

8.   Considera que deben consolidarse las normas relativas al acceso de los demandantes a las pruebas para posibilitar a los demandantes el acceso necesario a los expedientes en poder de las autoridades de competencia, con el fin de poder estimar los daños lo más exactamente posible, siempre y cuando dicho acceso no ponga en peligro las investigaciones de las autoridades;

9.   Considera que la Comisión debe promover un mecanismo de conciliación extrajudicial con objeto de resolver las diferencias y reducir los costes;

10.  Apoya la propuesta de revertir la carga de la prueba en interés de los compradores indirectos, basándose en la presunción de que soportan todos los costes adicionales generados por las prácticas ilegales en cuestión;

11. Considera que, cuando se ha establecido una violación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, el requisito de conducta culpable genera dificultades para las víctimas y les impide obtener una justa indemnización por los daños sufridos; apoya por tanto la propuesta de dar a las decisiones definitivas de las autoridades nacionales de competencia un carácter vinculante en toda la Unión Europea;

12.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque coherente entre las normas de recurso colectivo vinculadas a la legislación en materia de competencia y las normas previstas en el marco general de la protección de los consumidores.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

2.12.2008

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

1

14

Miembros presentes en la votación final

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Suplente(s) (art. 178, apdo.   2) presente(s) en la votación final

Maddalena Calia

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (22.1.2009)

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Libro Blanco: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia
(2008/2154(INI))

Ponente de opinión: Francesco Enrico Speroni

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Acoge con satisfacción la presentación de un Libro Blanco destinado a garantizar, en el plano comunitario, el acceso a la justicia de las partes, persiguiendo así objetivos de política general (en este caso, garantizar un más amplio acceso a la justicia aplicando la política de concurrencia y desalentando las prácticas abusivas por parte de las empresas), impidiendo al mismo tiempo acciones judiciales injustificadas y falaces;

2.   Considera que cualquier propuesta para la introducción de mecanismos de indemnización colectiva por violación de las normas comunitarias antitrust debería:

a) permitir que las víctimas de infracciones de dichas normas reciban una compensación por los daños sufridos;

b) completar las formas de protección que ya existen en algunos Estados miembros (por ejemplo, las acciones representativas y los llamados test cases) y no   substituirlas;

c) basarse en un esquema aplicable también a otros tipos de litigios para proporcionar protección judicial a los consumidores en casos similares; considera, a este respecto, que la Comisión debería examinar si conviene optar por un enfoque horizontal para facilitar el recurso para obtener compensación;

d) incluir normas destinadas a prevenir los efectos negativos en esta materia observados en otros marcos jurídicos, en particular en los Estados Unidos de América;

3.   Considera que cualquier mecanismo de acción colectiva en materia de daños y perjuicios debería:

a) excluir toda posibilidad de indemnización con fines punitivos o que resulte desproporcionada con respecto al daño realmente sufrido;

b) particularmente en el caso de acciones colectivas del tipo que sugiere la Comisión, y sin que esto retrase indebidamente el procedimiento, exigir que un órgano regulador nacional (por ejemplo, un juez, un mediador o una figura similar) examine el buen fundamento de las acciones antes de que puedan iniciarse;

c) particularmente en el caso de acciones colectivas del tipo que sugiere la Comisión, y sin que esto retrase indebidamente el procedimiento ni perjudique a las partes, exigir o recomendar que las partes intenten alcanzar un acuerdo a través de una vía alternativa de resolución (ADR) antes de iniciar un procedimiento judicial;

d)  respetar el principio de que la parte que inicia la reclamación por infracción debe aportar pruebas en apoyo de su demanda a fin de evitar las investigaciones aleatorias (fishing expeditions), a menos que los Estados miembros prevean una simplificación de la carga de la prueba;

e) mantener el principio fundamental de que la parte perdedora debe pagar los costes, a menos que un Estado miembro haya establecido normas diferentes sobre la imputación de los costes;

f)  obligar a quienes asumen la defensa en virtud de un pacto de quota litis a informar claramente a las partes asistidas sobre los costes que habrán de asumir en caso de que la acción no tenga éxito, cuando el Estado miembro en el que se introduce el recurso prevea la posibilidad de acuerdos de quota litis en materia de honorarios;

g) permitir acciones ulteriores (opt-in) y representativas realizadas por entidades cualificadas;

4.   Opina que la autoridad jurisdiccional competente debe disponer de plenos poderes in limine litis para pronunciarse preventivamente sobre la admisibilidad o no admisibilidad de la causa y, de manera más general, dicha autoridad debe disfrutar de una amplia libertad para conducir el procedimiento de modo flexible y poder así adaptarse a las circunstancias específicas del caso en cuestión;

5.   Opina que conviene permitir que las asociaciones de consumidores o los representantes de las organizaciones creadas para la defensa de los mismos participen en los procedimientos antitrust iniciados por las autoridades competentes;

6.   Considera que proponer una reducción de la sanción impuesta por la infracción cometida a la empresa que proponga una transacción equitativa a los ciudadanos damnificados podría ser beneficiosa para estos últimos, tanto en el aspecto procedimental como en el material, aunque una transacción forzosa no debe servir para impedir a las partes que incoen una acción judicial;

7.   Espera que toda propuesta legislativa vaya precedida de un análisis independiente de los costes y los beneficios.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

20.1.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

21

0

0

Miembros presentes en la votación final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

2.3.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

27

0

0

Miembros presentes en la votación final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer