Procedimiento : 2009/0054(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0136/2010

Textos presentados :

A7-0136/2010

Debates :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Votaciones :

PV 20/10/2010 - 6.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0374

INFORME     ***I
PDF 676kWORD 569k
4.5.2010
PE 438.475v02-00 A7-0136/2010

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición)

(COM(2009)0126 – C7‑0044/2009 – 2009/0054(COD))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Barbara Weiler

(Refundición – artículo 87 del Reglamento)

Ponente de opinión(*):

Raffaele Baldassarre, Comisión de Asuntos Jurídicos

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 50 del Reglamento

ERRATA/ADDENDA
ENMIENDAS
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición)

(COM(2009)0126 – C7‑0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–   Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0126),

–   Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0044/2009),

–   Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–   Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE,

–   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

–   Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(1),

–   Vista la carta dirigida el [...] por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,

–   Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7‑0136/2010),

A. Considerando que, según el Grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de actos anteriores, junto con dichas enmiendas, la propuesta contiene una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos,

1.  Adopta la posición que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda  1

Propuesta de Directiva

Considerando 7

Texto de la Comisión

Enmienda

(7) Una de las acciones prioritarias del «Plan Europeo de Recuperación Económica» consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que los poderes públicos pagan a sus acreedores, incluidas las PYME, las facturas por sus suministros y servicios en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

(7) Una de las acciones prioritarias del «Plan Europeo de Recuperación Económica» consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por sus suministros y servicios se paguen a los acreedores, incluidas las PYME, en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

Justificación

Los deudores públicos y privados deben tener en principio la obligación de realizar los pagos en un plazo de 30 días. Sin embargo deben mantenerse excepciones, como las contempladas en la Directiva. Por ejemplo, los servicios y las facturas correspondientes en el sector de la construcción pueden ser tan complejos que su examen puede requerir más tiempo del período estipulado. El pago de anticipos podría ser una compensación en este caso.

Enmienda  2

Propuesta de Directiva

Considerando 12

Texto de la Comisión

Enmienda

(12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos de reclamación. Es necesario un cambio decisivo, entre otras cosas, disponiendo que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea una cláusula contractual abusiva y estableciendo el pago de una compensación a los acreedores por los gastos en que hayan incurrido, para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias.

(12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos de reclamación. Es necesario un cambio decisivo a una cultura de pago sin demora para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias. Este cambio debe incluir el establecimiento de la duración máxima de los plazos de pago, previendo la compensación para los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como la consideración, como condiciones contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes de cobro. Hay que prestar una especial atención a las PYME. Por lo tanto, es esencial no proponer actuaciones que generen papeleo o burocracia.

 

Justificación

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar lugar a una reclamación por daños.

Enmienda  3

Propuesta de Directiva

Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(12 bis) En consecuencia, debe preverse que, como norma general, los plazos de pago de los contratos entre empresas no excedan de 60 días. Sin embargo, pueden existir razones para que las empresas necesiten plazos de pago más amplios, como cuando las ventas se concentran en una época determinada del año, mientras que las compras tienen que efectuarse durante todo el año. Por lo tanto, debe seguir siendo posible que las partes del contrato acuerden específicamente contratos sobre plazos de pago superiores a 60 días, pero siempre que dicha ampliación no perjudique de forma injustificada a ninguna de las partes contratantes.

Enmienda  4

Propuesta de Directiva

Considerando 13

Texto de la Comisión

Enmienda

(13) En aras de la coherencia de la legislación comunitaria, a efectos de la presente Directiva, debería aplicarse la definición de «poderes adjudicadores» de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

 

(13) En aras de la coherencia de la legislación comunitaria, a efectos de la presente Directiva, debería aplicarse la definición de «poderes adjudicadores» de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. No obstante, las empresas públicas definidas en la Directiva 2004/17/CE no deben incluirse en la definición de «poderes públicos».

 

_____

1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Justificación

La inclusión de las empresas públicas definidas en la Directiva 2004/17/CE provocaría distorsiones de la competencia en este sector. Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 2, apartado 2.

Enmienda  5

Propuesta de Directiva

Considerando 15

Texto de la Comisión

Enmienda

(15)Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro derivados de la morosidad para que las consecuencias de esta última sean disuasivas. Los costes de cobro deben incluir también los costes administrativos y una compensación por los costes internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debería establecer la posibilidad de añadir una cantidad mínima a tanto alzado al interés de demora. La compensación por los costes de cobro debe preverse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un juez nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.

(15) Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro derivados de la morosidad para que las consecuencias de esta última sean disuasivas. Los costes de cobro deben incluir también los costes administrativos y una compensación por los costes internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debería establecer la posibilidad de añadir una cantidad a tanto alzado al interés de demora. La compensación por los costes de cobro debe preverse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un juez nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.

Justificación

Enmienda  6

Propuesta de Directiva

Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(15 bis) Aparte del derecho al pago de una cantidad fija por costes de cobro, los acreedores deberían tener derecho igualmente a la restitución de los demás gastos de cobro ocasionados por el retraso en el pago del deudor, entre los cuales se encuentran, en particular, los gastos incurridos por el acreedor para la contratación de un abogado o una empresa de cobros. Asimismo, el acreedor puede reclamar los gastos incurridos por recurrir a una línea de crédito.

Justificación

Es necesario aclarar con precisión qué gastos deben considerarse gastos de cobro incurridos por el acreedor como consecuencia del retraso en los pagos del deudor. Esta relación no es exhaustiva.

Enmienda  7

Propuesta de Directiva

Considerando 16

Texto de la Comisión

Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los poderes públicos exigen a menudo plazos de pago contractuales en las operaciones comerciales sensiblemente superiores a treinta días. En consecuencia, los plazos de pago de los contratos de adquisición adjudicados por los poderes públicos deben limitarse, por norma general, a un máximo de treinta días.

suprimido

Justificación

Enmienda  8

Propuesta de Directiva

Considerando 17

Texto de la Comisión

Enmienda

(17) La morosidad es especialmente lamentable si el deudor es solvente. Las encuestas muestran que los poderes públicos pagan a menudo sus facturas bastante después de que haya expirado el plazo de pago. Los poderes públicos tienen menos limitaciones financieras porque pueden disponer de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas privadas. Además, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Por ello, pueden tener menos alicientes para hacer sus pagos dentro de los plazos. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas privadas. Por tanto, la morosidad de los poderes públicos no solo causa costes injustificados a las empresas privadas, sino que es motivo de ineficacia en general. Procede, por tanto, introducir una compensación proporcionalmente más disuasoria en caso de morosidad de los poderes públicos.

(17) La morosidad es especialmente lamentable si el deudor es solvente. Las encuestas muestran que los poderes públicos pagan a menudo sus facturas bastante después de que haya expirado el plazo de pago. Los poderes públicos tienen menos limitaciones financieras porque pueden disponer de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas privadas. Además, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Por ello, pueden tener menos alicientes para hacer sus pagos dentro de los plazos. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas privadas. Por tanto, la morosidad de los poderes públicos no solo causa costes injustificados a las empresas privadas, sino que es motivo de ineficacia en general. Este efecto negativo de la morosidad de los poderes públicos debe evaluarse teniendo en cuenta la importancia de la contratación pública en la economía general de la Unión Europea. Procede, por tanto, introducir normas específicas por lo que respecta a las transacciones comerciales entre empresas y poderes públicos, previendo, en particular, como norma para los contratos de adquisición adjudicados por los poderes públicos, plazos de pago que no excedan de 30 días.

Justificación

Enmienda  9

Propuesta de Directiva

Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(17 bis) Las instituciones de la Unión Europea se encuentran en una situación comparable a la de los poderes públicos de los Estados miembros en lo que respecta a su financiación y relaciones comerciales. Los plazos de pago máximos para los poderes públicos fijados en la presente Directiva se aplican en consecuencia a las instituciones de la Unión Europea.

Justificación

Esta enmienda debe considerarse en relación con el artículo 2, apartado 2. La ponente considera que la Directiva debería aplicarse a las instituciones de la Unión Europea.

Enmienda  10

Propuesta de Directiva

Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(17 ter) Particularmente preocupante en relación con la morosidad es la situación de los servicios sanitarios en una gran parte de los Estados miembros. Sin embargo, los problemas del sector sanitario no pueden solucionarse de un día para otro debido a que los problemas de los centros sanitarios tienen su origen en deudas heredadas del pasado. Por ese motivo, los centros sanitarios deben disponer de más flexibilidad para cumplir sus compromisos de pago. Los Estados miembros deben hacer, sin embargo, todo lo posible para que los pagos en el sector sanitario se efectúen dentro de los plazos de pago establecidos en los contratos.

Justificación

En muchos Estados miembros, los servicios sanitarios tienen problemas para efectuar los pagos en los plazos establecidos. En muchos casos, dichos problemas tienen su origen en «errores del pasado» y problemas estructurales. Los Estados miembros deben esforzarse para asegurar que las normas establecidas en la presente Directiva se aplican también a los pagos efectuados por los centros sanitarios. No obstante, dichos centros deben disponer de más flexibilidad para efectuar los pagos.

Enmienda  11

Propuesta de Directiva

Considerando 18

Texto de la Comisión

Enmienda

(18) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando un acuerdo sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, por ejemplo, negando a este último la posibilidad de cobrar intereses de demora o especificando un tipo de interés de demora sustancialmente inferior al interés legal establecido en la presente Directiva, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de las que él mismo sea beneficiario, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales que no sean equitativas para el deudor.

(18) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando una cláusula contractual o una práctica sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, por ejemplo, negando a este último la posibilidad de cobrar intereses de demora o especificando un tipo de interés de demora sustancialmente inferior al interés legal establecido en la presente Directiva, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas en virtud de las condiciones de las que él mismo sea beneficiario, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. De conformidad con el proyecto académico de Marco Común de Referencia, debería considerarse abusiva toda cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas prácticas comerciales y sea contraria a la buena fe y a una actuación leal. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales que no sean equitativas para el deudor.

Enmienda  12

Propuesta de Directiva

Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

.

(18 bis) En el marco de un mayor esfuerzo por evitar el abuso de la libertad de contratación en perjuicio de los acreedores, los Estados miembros, las entidades oficialmente reconocidas y las que tengan un interés legítimo deberían fomentar, con el apoyo de la Comisión, la elaboración y difusión de códigos de buena conducta y la adopción de sistemas de resolución de conflictos basados en la mediación y el arbitraje, que deberían ser voluntarios, ofrecer mecanismos de reclamación adecuados, negociarse a escala nacional o de la Unión y diseñarse para garantizar la aplicación efectiva de los derechos contemplados en la presente Directiva.

Justificación

Es de todo punto oportuna la inclusión en dichos códigos de mecanismos de reclamación eficaces contra los miembros que no cumplan sus obligaciones contractuales. No obstante, dichas disposiciones sólo pueden tener una efectividad limitada si se crean de forma voluntaria, dada, además, la falta de medios vinculantes para asegurar el correcto comportamiento de los socios interesados (salvo la declaración de expulsión). Es, por lo tanto esencial, asegurar la mayor implicación posible de las entidades representativas así como fomentar la mediación y el arbitraje con el fin de obtener soluciones lo menos onerosas y lo más rápidas posibles.

Enmienda  13

Propuesta de Directiva

Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(18 ter) La presente Directiva establece criterios específicos para evaluar el posible carácter abusivo de las condiciones contractuales, a la vista de las características particulares de las operaciones entre empresas o entre empresas y poderes públicos, que difieren significativamente de las condiciones de las operaciones en las que intervienen consumidores.

Justificación

Esta enmienda aclara que los criterios específicos para la evaluación del posible carácter abusivo de las condiciones contractuales establecidas en la presente Directiva se han fijado teniendo en cuenta las características particulares de las operaciones entre empresas o entre empresas y poderes públicos, que difieren significativamente de las condiciones de las operaciones en las que intervienen consumidores.

Enmienda  14

Propuesta de Directiva

Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(20 bis) Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros deberán fomentar el recurso a la mediación o a otros medios alternativos de solución de conflictos.

Justificación

La ponente desea fomentar el uso de la mediación y de otros medios alternativos de solución de conflictos.

Enmienda  15

Propuesta de Directiva

Considerando 22

Texto de la Comisión

Enmienda

(22) Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo.

(22) Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, con la posibilidad de seguir adelante con las reclamaciones contra las empresas y los poderes públicos mediante un procedimiento en línea de amplio acceso, disponible en las mismas condiciones para todos los acreedores establecidos en la Unión, y accesible de forma inmediata a través del portal europeo de justicia en red en cuanto esté operativo.

Enmienda  16

Propuesta de Directiva

Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(22 bis) De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», los Estados miembros deben establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que deben mostrar la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y hacerlos públicos.

Enmienda  17

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión

Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE y en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/17/CE, con independencia del objeto o valor del contrato, así como de cualquiera de las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión Europea;

Justificación

Enmienda  18

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión

Enmienda

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo especificado en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 5, apartado 2;

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo especificado contractualmente o, en su defecto, en el plazo especificado en el artículo 3, apartado 2, letra b),o en el artículo 5, apartado 2, letra b);

Justificación

Esta enmienda es importante porque debe permitir que contractualmente se pacte un plazo de pago inferior al establecido en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 5, apartado 2, y, si así fuera, su incumplimiento debería implicar la imposición de una sanción al deudor.

Enmienda  19

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión

Enmienda

(5) «interés de demora»: interés legal o interés negociado y acordado entre las partes;

(5) «interés de demora»: interés legal o interés negociado y acordado entre las partes, que no será inferior al interés legal;

Enmienda  20

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión

Enmienda

6. «interés legal»: interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo equivale al tipo de referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales;

6. «interés legal»: interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo equivale al tipo de referencia aumentado en al menos nueve puntos porcentuales;

Justificación

Un conjunto de normas más uniforme que se aplicara a todos los sectores y que conllevara un ligero aumento del interés legal, en lugar de una indemnización a tanto alzado por morosidad, garantizaría un trato equitativo para todos los deudores, sometiéndoles a una penalización proporcionada pero disuasoria. Esta enmienda está vinculada a la supresión del artículo 5, apartado 5, de la propuesta de la Comisión.

Enmienda  21

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(9 bis) «factura comprobable: una factura final desglosada con claridad en la que se indique el orden de las partidas acordado y se utilicen las denominaciones que figuran en el contrato. Deberán adjuntarse los cálculos de cantidades, dibujos y otros comprobantes necesarios para justificar la naturaleza y cantidad del trabajo realizado;

Justificación

Para que una factura ponga en marcha el plazo de pago y se satisfaga la obligación de pago, debe bastar con la obligación de que sea comprobable. Para ello debe presentar, entre otras cosas, la relación de las partidas de cálculo, la posibilidad de asignar las partidas a los servicios prestados, y los comprobantes correspondientes. Para que se considere integral y correcta, la factura debe ser coherente con las disposiciones de los acuerdos contractuales entre las partes.

Enmienda  22

Propuesta de Directiva

Artículo 3 - título

Texto de la Comisión

Enmienda

Intereses de demora

Transacciones entre empresas

Justificación

A efectos aclaratorios, el título debería indicar que el artículo 3 sólo se refiere a la demora entre empresas.

Enmienda  23

Propuesta de Directiva

Artículo 3 - apartado 2 - letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes :

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes :

(i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

(i) 30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura, y la fecha de vencimiento de esta, o una solicitud de pago equivalente;

(ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

(ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días después de dicha  fecha.

(iii) si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha.

 

(b bis) la fecha de presentación de la factura no será objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

Enmienda  24

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 30 días.

 

2 ter. Los Estados miembros se asegurarán de que los plazos de pago fijados en los contratos no excedan de 60 días, salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello no ocasione daños injustificados a ninguna de las partes contratantes.

Justificación

Enmienda  25

Propuesta de Directiva

Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el interés de demora en las transacciones comerciales con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo que se indique otra cosa en el contrato, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor las cantidades siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el interés de demora en las transacciones comerciales con arreglo a los artículos 3 y 5, el acreedor tenga automáticamente derecho a cobrar al deudor, es decir, sin que el acreedor individual deba tomar ninguna medida, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros:

Justificación

Según el artículo 6 de la Propuesta de Directiva, «se considerará siempre manifiestamente abusiva una cláusula que excluya el interés de demora». Una especificación contractual diferente del dispositivo propuesto en el artículo 3 perjudicaría las garantías contractuales del acreedor. Así pues, es importante garantizar que el procedimiento sea automático con objeto de evitar eventuales formas de retorsión del mandante. La tabla de los importes debidos como compensación de los gastos de recuperación se debe expresar en valores mínimos.

Enmienda  26

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión

Enmienda

(a) para una deuda de 1 000 EUR o más, pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad fija de 70 EUR;

suprimido

Enmienda  27

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 - letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

(b) para una deuda de 10 000 EUR o más, una cantidad equivalente al 1 % del importe por el que son pagaderos intereses de demora.

suprimido

Enmienda  28

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión

Enmienda

(c) para una deuda de 10 000 EUR o más, una cantidad equivalente al 1 % del importe por el que son pagaderos intereses de demora.

suprimido

Justificación

Un índice de compensación sin restricciones del 1 % pagadero en caso de morosidad para sumas de 10 000 EUR o más podría conllevar unos costes significativos y desproporcionados para las operaciones de más cuantía y puede no reflejar los costes reales. En opinión de la ponente, debería existir un límite máximo fijo para la compensación de los costes de cobro.

Enmienda  29

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Los Estados miembros se asegurarán de que en caso de existir varias deudas del mismo deudor, la compensación por los costes de cobro a tenor del apartado 1 se realice por la suma de las deudas y no por cada una de ellas.

Justificación

No sería justo ni una práctica adecuada el pago a los mismos proveedores y clientes de las compensaciones por los costes de cobro de cada una de las deudas, sino que el pago de la compensación por los costes de cobro indicada en el apartado 1 debería corresponder a la suma de todas estas deudas acumuladas en demora. Esto es especialmente importante en materia de salud, cuando los hospitales no pueden pagar a un único proveedor de diferentes tipos de medicamentos por los diferentes suministros realizados debido a la demora en el pago por parte de las compañías aseguradoras.

Enmienda  30

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Salvo que el deudor no sea responsable del retraso, además de las cantidades establecidas en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste.

3. Salvo que esté excluida la responsabilidad del deudor por el retraso, además de las cantidades establecidas en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Los demás costes incluyen, en particular, los gastos incurridos por el acreedor para la contratación de un abogado o una empresa de cobros debido al retraso en los pagos, así como los gastos derivados de recurrir a una línea de crédito.

Justificación

Es necesario aclarar qué partidas de gastos forman parte de los gastos ocasionados por el retraso del deudor en sus pagos.

Enmienda  31

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – título

Texto de la Comisión

Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos

Operaciones entre empresas y poderes públicos

Enmienda  32

Propuesta de Directiva

Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios remunerados a los poderes públicos, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios remunerados a los poderes públicos, o con el fin de llevar a cabo los objetivos de los poderes públicos, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

Justificación

Esta enmienda debe considerarse en el contexto del artículo 2, apartado 1. La mayor parte de los servicios adquiridos por los poderes públicos no son prestados a los poderes públicos, sino a terceros que representan diferentes grupos sociales para los que el poder público contrata los respectivos servicios o mercancías. La contratación de estos servicios o mercancías para satisfacer las necesidades de un grupo dado forma parte del objeto de actividad de los poderes públicos, aunque el poder público no sea el beneficiario de los servicios o mercancías en cuestión.

Enmienda  33

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión

Enmienda

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes:

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora sea pagadero automáticamente, a más tardar tras el vencimiento de cualquiera de los plazos siguientes:

(i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

(i) 30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura comprobable o una solicitud de pago equivalente;

(ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

(ii) si el deudor recibe la factura comprobable o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días después de dicha  fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura comprobable o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de esta última fecha,

 

(iii bis) si la fecha de presentación de la factura o de la solicitud de pago equivalente no está determinada, 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o servicios.

 

(b bis) la fecha de presentación de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

Justificación

La posibilidad de comprobar la factura es un requisito necesario para redimir una obligación de pago. Para la redención de la obligación de pago, una factura final debe cumplir el requisito de que su integridad, expedición legal y carácter definitivo puedan comprobarse. Una factura final que no cumple estos criterios no puede representar en principio una obligación de pago.

Enmienda  34

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis. En el caso de las instituciones sanitarias públicas, así como de las instituciones médico-sociales públicas, los plazos indicados en el artículo 5, apartado 2, letra b), incisos i), ii) y iii) serán de 60 días.

Justificación

Las instituciones sanitarias públicas, así como las instituciones médico-sociales públicas (por ejemplo, hogares para personas con minusvalías), deben disponer de un plazo de pago de 60 días debido a la especificidad de su modo de financiación a nivel nacional (reembolso mediante el sistema de seguridad social). No se trata de excluir a estos establecimientos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ni de crear, por principio, una excepción para una categoría de pagadores, sino de tener en cuenta la especificidad de su sistema de financiación, que no les permite, con independencia de su voluntad, respetar el plazo de pago de 30 días.

Enmienda  35

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, salvo que se disponga lo contrario y se justifique debidamente en los documentos de licitación y en el contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 30 días desde la fecha de recepción de los bienes o servicios.

Justificación

La derogación del plazo de verificación de 30 días es susceptible de innumerables interpretaciones, por lo que debería ser eliminada. Además, como a menudo no hay igualdad de condiciones entre los compradores públicos y los proveedores privados, abre la puerta a que los poderes públicos establezcan distintos plazos para el procedimiento de verificación. Asimismo, la enmienda propuesta especifica la fecha de inicio del cómputo del plazo de 30 días: la fecha de recepción de los bienes o servicios.

Enmienda  36

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijarán plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 2, letra b), salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijarán plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 2, letra b), salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello esté objetivamente justificado por el carácter o las características particulares del contrato y, en ningún caso, excederán de 60 días.

Justificación

Ni las empresas ni los poderes públicos deben poder ampliar el plazo de pago de 30 días salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Es importante establecer un plazo máximo con el fin de limitar esta excepción y evitar posibles abusos.

Enmienda  37

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sean pagaderos intereses de demora, el acreedor tenga derecho a una compensación a tanto alzado equivalente a un 5 % de la cantidad adeudada. La compensación será complementaria de los intereses de demora.

suprimido

Justificación

Establecer una sanción pagadera a un acreedor es algo anómalo, pues los beneficiaros son los individuos afectados y no un poder público. Lo adecuado es que al acreedor se le compense por medio de los intereses de demora.

Enmienda  38

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – título y apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión

Enmienda

Cláusulas contractuales manifiestamente abusivas

Cláusulas contractuales y prácticas abusivas

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales relativas a la fecha de pago, el tipo de interés de demora o los costes de cobro no sean ejecutables o puedan ser objeto de reclamación por daños si son manifiestamente abusivas para el acreedor. Para determinar si una cláusula es manifiestamente abusiva para el acreedor, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto o del servicio. Se tendrá en cuenta también si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b) .

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales o las prácticas relativas a la fecha o al plazo de pago, al tipo de interés de demora o a la compensación por los costes de cobro no sean ejecutables y puedan ser objeto de reclamación por daños si son abusivas para el acreedor.

 

Para determinar si una cláusula o una práctica es abusiva para el acreedor en el sentido del apartado 1, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

 

(a) cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal;

 

(b) la naturaleza del producto o del servicio; y

 

(c) si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b).

 

(La supresión del término «manifiestamente [abusiva]» y la introducción del término «práctica» se aplican a la totalidad del texto. La adopción de esta enmienda exigirá las correspondientes modificaciones en todo el texto).

Justificación

Se entiende que la traducción del término inglés «term» es «cláusula» en español, «clausola» en italiano y «clause» en francés. Esto es coherente, por ejemplo, con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Enmienda  39

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

A efectos del primer párrafo, se considerará siempre manifiestamente abusiva una cláusula que excluya el interés de demora.

A efectos del apartado 1, se considerará siempre abusiva una cláusula o una práctica que excluya el interés de demora o la compensación por costes de cobro, o ambos.

Justificación

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar lugar a una reclamación por daños.

Enmienda  40

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades representativas  el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas resultan manifiestamente abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se sigan utilizando.

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de empresas, o que tengan interés legítimo en representarlas, el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen.

Justificación

Esta enmienda, cuya redacción se inspira en la Directiva 2000/35/CE, intenta aclarar el concepto de «entidades». Por oposición a la Directiva 2000/35/CE, no obstante, pretende ampliar el concepto más allá de las entidades representativas de las PYME, abarcando por ejemplo las organizaciones de un sector industrial determinado.

La enmienda precisa también que el ejercicio de acciones por estas entidades representativas, conforme a la legislación nacional de que se trate, no debe verse impedido por el solo hecho de que las cláusulas presuntamente abusivas figuren en un contrato individual, por contraposición a las condiciones generales.

Enmienda  41

Propuesta de Directiva

Artículo 7 - título

Texto de la Comisión

Enmienda

Transparencia

Transparencia y sensibilización

Justificación

Esta enmienda ha de considerarse en relación con los cambios introducidos en el artículo 7.

Enmienda  42

Propuesta de Directiva

Artículo 7

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros garantizarán plena transparencia sobre los derechos y las obligaciones que emanen de la presente Directiva, en particular, mediante la publicación del tipo de interés legal aplicable.

Los Estados miembros garantizarán la plena transparencia sobre los derechos y las obligaciones que emanen de la presente Directiva, en particular, mediante la publicación del tipo de interés legal aplicable y del procedimiento relativo a los pagos efectuados por los poderes públicos, como garantía específica para toda posible cadena de subcontrataciones.

Enmienda  43

Propuesta de Directiva

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

 

 

 

 

1 bis. La Comisión publicará en sus Diarios Oficiales y en sus páginas de Internet información relativa a los porcentajes legales actuales de los intereses que se aplicarán en todos los Estados miembros en caso de demoras en el pago en operaciones comerciales.

Justificación

Esta medida asegurará la máxima transparencia y accesibilidad de los tribunales y acreedores a información relativa a los porcentajes legales de los intereses que se aplican en los Estados miembros Esto es particularmente importante con relación a las operaciones transfronterizas.

Enmienda  44

Propuesta de Directiva

Artículo 7 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

1 ter. Los Estados miembros se servirán, cuando proceda, de publicaciones profesionales, campañas de promoción o cualquier otro tipo de medios funcionales para incrementar la sensibilización respecto de las soluciones para la morosidad entre las empresas.

Justificación

Las pruebas empíricas que aporta la Comisión en su evaluación de impacto muestran que, en ocasiones, las empresas no son conscientes de las soluciones contra la morosidad. En opinión de la ponente, la aplicación de la presente Directiva debe ir acompañada de acciones de sensibilización destinadas a las empresas, en particular las PYME, que las informen de sus derechos.

Enmienda  45

Propuesta de Directiva

Artículo 7 – apartados 1 quater y 1 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

1 quater. Los Estados miembros podrán fomentar el establecimiento de códigos de pago sin demora que fijen límites temporales de pago claramente definidos y un proceso adecuado para la tramitación de los pagos en conflicto, o cualquier otra iniciativa que aborde la cuestión crucial de la morosidad y contribuya a desarrollar una cultura de pago sin demora que apoye los objetivos de la presente Directiva.

 

1 quinquies. Los Estados miembros velarán por fomentar la publicación de una lista de buenos pagadores con el fin de favorecer la difusión de buenas prácticas.

Justificación

En su documento de trabajo, la ponente indicaba que solo con una amplia gama de medidas complementarias se podía luchar contra la morosidad. Dichas medidas deben incluir el uso de listas de buenos pagadores y la difusión de las mejores prácticas para promover el respeto de los plazos de pago, con instrumentos tales como los códigos de pago sin demora.

Enmienda  46

Propuesta de Directiva

Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Artículo 7 bis

 

Calendarios de pago

 

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la capacidad de las partes para acordar, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional aplicable, calendarios para el pago que prevean el pago a plazos de las cantidades adeudadas a lo largo de un determinado periodo de tiempo. En esos casos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses, la compensación y las demás cargas previstas en la presente Directiva se calcularán únicamente sobre la base de las sumas pendientes.

Justificación

Los acuerdos en materia de pago escalonado pueden contribuir a garantizar la liquidez de las empresas, en particular de las PYME. A este respecto, la ponente considera adecuado aclarar lo siguiente: (1) las partes de una operación comercial siguen teniendo total libertad para acordar modalidades de ese tipo, con arreglo a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional; y (2) en caso de pago con demora de un plazo, los intereses, la compensación y las demás cargas se calcularán únicamente sobre la base de las sumas pendientes.

Enmienda  47

Propuesta de Directiva

Artículo 9 - apartados 1 y 2

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento.

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, a través de un procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda, en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo dicha tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales. A este respecto, se ofrecerá a los acreedores la posibilidad de recurrir a un procedimiento en línea de amplio acceso.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Comunidad.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán, y el procedimiento en línea a que se refiere el apartado 1 será accesible, en las mismas condiciones a todos, y por todos, los acreedores que se encuentren establecidos en la Unión.

(1)

DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Observaciones introductorias

La ponente considera que la propuesta de la Comisión contribuye considerablemente a tratar el problema de la morosidad dado que mejora el funcionamiento del mercado interior, teniendo en cuenta especialmente la situación de las pequeñas y medianas empresas.

La ponente apoya los elementos centrales de la propuesta de la Comisión, pero también propone una serie de enmiendas sobre los aspectos sustantivos, en particular en relación con las sanciones, la definición de poderes públicos y los periodos de pago armonizados para los poderes públicos.

Dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas que están interrelacionadas, sólo se podrá luchar contra el mismo utilizando un amplio abanico de medidas complementarias. Por ello, la ponente considera que un enfoque puramente legalista centrado en encontrar mejores soluciones para la morosidad es necesario pero no suficiente. El enfoque «duro» de la Comisión, centrado en sanciones severas y desincentivos, ha de ampliarse para que incluya medidas «suaves», centradas en la oferta de incentivos positivos para luchar contra la morosidad. Además, se deben fomentar medidas prácticas, como la utilización de facturas electrónicas, en paralelo con la aplicación de la Directiva.

La ponente destaca que solo el efecto combinado de la Directiva sobre la morosidad y de estas medidas podrá finalmente hacer surgir una nueva cultura comercial en la que se tienda en mayor medida a respetar los plazos de pago y en la que la morosidad se considere un abuso inaceptable de la posición del cliente y una ruptura de contrato, pero no una práctica normal.

La ponente subraya que, si bien la presente Directiva no resolverá todos los problemas de la crisis financiera, sí es una herramienta importante para hacer frente a los retos actuales y futuros.

A continuación se expone más detalladamente la posición de la ponente sobre la propuesta de la Comisión:

Compensación por los costes de cobro

La ponente considera que un índice de compensación sin restricciones del 1 % pagadero en caso de morosidad para sumas de 10 000 euros o más podría conllevar unos costes significativos y desproporcionados para las transacciones de más cuantía y puede no reflejar los costes reales. Se debería fijar un límite máximo de 100 euros para la compensación de los costes de cobro.

Modalidades de pago escalonado

La ponente opina que los Estados miembros deberían poder mantener las modalidades de pago que prevean el pago a plazos o en un plazo determinado de las sumas adeudadas. La modalidad de pago a plazos por adelantado es una práctica común en una serie de Estados miembros, entre ellos Italia y Alemania, particularmente en relación con obras y servicios de gran envergadura, en especial en el marco de proyectos de construcción. De hecho, en el sector de la construcción es muy habitual prever el pago a plazos, a condición de que se cumplan parcialmente las obligaciones contractuales que corresponda.

La ponente insiste en que la modalidad de pago escalonado puede contribuir a garantizar la liquidez de las empresas y, en particular, de las PYME. En este sentido, considera adecuado aclarar que, por una parte, las partes de una operación comercial siguen teniendo total libertad para acordar, con arreglo a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, la adopción de ese tipo de modalidad, y que, por otra, en caso de morosidad en el pago de un plazo, los intereses, la compensación y las demás cargas deben calcularse únicamente sobre la base de las sumas pendientes.

Plazos de pago armonizados para los poderes públicos

La ponente considera que establecer excepciones a la aplicación del plazo de pago armonizado de treinta días debe seguir siendo una excepción. Si bien es necesario cierto grado de flexibilidad, se debe recurrir a las excepciones únicamente en circunstancias específicas. La última frase del artículo 5, apartado 4 («ello esté justificado por circunstancias particulares, como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago»), es en cierto modo ambigua y genera confusión, especialmente en lo que se refiere a su aplicación a los pagos escalonados.

La ponente propone una redacción más precisa de la posibilidad de establecer una excepción al plazo de treinta días que permita la flexibilidad necesaria para tener en cuenta los casos en que se justifica un plazo de pago más largo. Además, apoya el establecimiento de una duración máxima del plazo de pago de sesenta días para los poderes públicos.

Igualdad de sanciones para las empresas y los poderes públicos

La ponente apoya un enfoque más equilibrado en el trato dispensado a las empresas y los poderes públicos. Si bien es partidaria de un trato diferenciado de las empresas y los poderes públicos en materia de plazos de pago, considera que se deben aplicar las mismas normas sobre sanciones a las empresas y a los poderes públicos.

Asimismo, la ponente considera que la sanción consistente en exigir el pago del 5 % de la cantidad adeudada cuando el interés de demora es pagadero no es una sanción proporcionada. Además, no incentivaría la devolución más rápida de la cantidad adeudada una vez que ya se haya retrasado el pago. El deudor abonaría la misma cantidad (5 % de la suma adeudada) independientemente de que el pago se efectúe un día o un año después de que el interés de demora sea pagadero.

La ponente propone un sistema gradual y progresivo con arreglo al cual el deudor abonaría el 2 % de la suma en cuestión a partir de la fecha en que el interés de demora sea pagadero, y el 4 % de esa suma a partir del 45º día siguiente al de la fecha en que el interés de demora sea pagadero, aumentándose al 5 % una vez transcurridos 60 días desde esa fecha. La ponente propone también que la carga nunca supere los 50 000 euros.

Inclusión de empresas de servicios públicos (Directiva 2004/17/CE) en el régimen de los poderes públicos

La ponente apoya la inclusión de las operaciones comerciales de las empresas de servicios públicos en el sentido de la Directiva 2004/17/CE en el régimen para los poderes públicos previsto en la propuesta. Considera que, de forma similar a los poderes públicos, las empresas de servicios públicos que disfrutan de derechos especiales o exclusivos pueden contar con ingresos constantes o, cuando menos, previsibles. Por ello, las empresas de servicios públicos han de recibir el mismo trato que los poderes públicos.

Incentivos positivos y medidas de acompañamiento

La ponente propone medidas para ampliar el enfoque de la Comisión y transformar su carácter puramente legalista para que se base en los incentivos. En primer lugar, desea animar a los Estados miembros a que utilicen códigos de pago sin demora, listas de buenos pagadores y otros instrumentos similares que aborden la cuestión fundamental de la morosidad y contribuyan a desarrollar una cultura de pago sin demora que apoye los objetivos de la Directiva. En segundo lugar, propone que los Estados miembros se sirvan de publicaciones profesionales, campañas de promoción o cualquier otro tipo de medio funcional para sensibilizar en mayor medida a las empresas respecto de las soluciones frente a la morosidad. En tercer lugar, desea fomentar el uso de la mediación y de otros medios de solución alternativa de conflictos.

Proyecto de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos

La ponente toma nota de la enmienda del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el sentido de que se incluyan condiciones relativas a los plazos de pago en el ámbito del artículo 6, que entra dentro de la competencia de la Comisión JURI, tras un acuerdo entre las Comisiones IMCO y JURI. Asimismo, desea expresar su apoyo a dicha enmienda.

ANEXO: CARTA DE LA COMISI ÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Se publicará por separado.

ANEXO: OPINIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 7 de mayo de 2009

DICTAMEN

                              A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSEJO

                                                              DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

COM(2009) 126 final de 8.4.2009 – 2009/0054(COD)

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión celebró, el 22 de abril de 2009, una reunión para examinar, entre otras, la propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

En dicha reunión(1), como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el grupo consultivo estableció, de común acuerdo, que las siguientes partes del texto de la propuesta de refundición deberían haber sido marcadas con el sombreado utilizado habitualmente para las modificaciones de fondo:

- en el considerando 15, la propuesta de sustitución de las palabras «causados por» por las palabras «relacionados con»;

- en el artículo 9, apartado 1, la palabra «normalmente» (ya marcada con doble tachado);

- en el artículo 9, la redacción existente del artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2000/35/CE, ya marcada en su totalidad con doble tachado.

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales. El grupo consultivo ha establecido asimismo que, en lo que se refiere a las disposiciones inalteradas del acto existente, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos.

(Fdo.)

C. PENNERA

(Fdo.)

J.-C. PIRIS

(Fdo.)

C.-F. DURAND

 

Jurisconsulto

 

Jurisconsulto

 

Director General

25.3.2010

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición).

(COM(2009)0126 – C7‑0044/2009 – 2009/0054(COD))

Ponente de opinión (*): Raffaele Baldassarre

(*)       Comisiones asociadas - Artículo 50 del Reglamento

BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La nueva propuesta de la Comisión, que adopta la forma de una refundición, se publicó el 8 de abril de 2009, junto con una evaluación de impacto(2). El Parlamento recibió oficialmente la propuesta el 14 de septiembre de 2009, que sigue ahora su curso conforme al procedimiento legislativo ordinario.

Según la evaluación de impacto de la Comisión, en algunos Estados miembros la puntualidad en los pagos de los poderes públicos ha sido hasta ahora «especialmente baja»(3). Con una contratación pública por parte de los Estados miembros que ascendió en 2006 a más de 1 943 mil millones de euros(4), la Comisión propone hacer frente a esta tendencia efectuando una distinción fundamental entre las empresas deudoras, para las que la directiva ofrece soluciones optativas, y los poderes públicos deudores, contra los que se prevén más soluciones automáticas con las que pueden contar las empresas acreedoras.

Con arreglo al acuerdo alcanzado entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, aquélla tendrá competencia exclusiva, conforme al artículo 50 del Reglamento, en lo que respecta a los artículos 6, 8 y 9 y a los considerandos 4, 12, 18, 19, 20 y 22 de la propuesta.

El ponente de opinión apoya la línea general de la propuesta y pretende que la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos alimente de forma constructiva el trabajo de la comisión competente para el fondo. Considera que la propuesta, con algunos retoques e innovaciones como los propuestos en la presente opinión, resulta esencial para un funcionamiento eficaz del mercado interior y puede contribuir de manera significativa a lograr el cambio necesario a una cultura de pago sin demora, que le gustaría ver implantada en los Estados miembros.

Posición del ponente respecto de los artículos 6, 8 y 9

Las enmiendas 3 y 10 contemplan distintos aspectos, que se detallan a continuación. En primer lugar, tratan de establecer que determinadas prácticas comerciales relacionadas con el contrato, pero que en sentido estricto no forman parte de él, tampoco sean ejecutables y sí puedan ser objeto de reclamación por daños. En segundo lugar, la Directiva sobre morosidad se refiere a «acuerdos» y la propuesta, a «cláusulas contractuales»; «cláusula» («term» en inglés) parece más adecuado en este contexto, además de coherente con el resto del acervo y con el proyecto de marco común de referencia (II. -9:401-410, en lo sucesivo, PMCR). En tercer lugar, estas enmiendas pretenden garantizar que la Directiva sobre morosidad sea coherente con el PMCR, que a su vez busca ser coherente con el sentido de «abusivo» aplicado a las cláusulas abusivas relacionadas con la morosidad (III. 3:711) y a las cláusulas abusivas de manera general en los contratos entre empresas (II. 9:405). En cuarto lugar, estas enmiendas aclaran que las cláusulas relativas a los plazos de pago también están cubiertas por esta disposición. Por último, estas enmiendas quieren presentar de modo más claro y sistemático los distintos criterios que un juez nacional debe tener en cuenta para decidir si una cláusula o una práctica comercial es abusiva.

El ponente de opinión se muestra favorable a la propuesta, que establece una «lista negra» de cláusulas contractuales en su artículo 6, apartado 1, segundo guión. No obstante, considera importante incluir en dicha lista una cláusula que pretenda excluir toda compensación por costes de cobro, ya que ello enviaría un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la exclusión de ese derecho de compensación, derecho que la propuesta intenta consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí ser objeto de una reclamación por daños (véanse las enmiendas 1 y 11).

El ponente de opinión considera que, en lo tocante a las reclamaciones por parte de entidades representativas, que es una disposición importante, la propuesta de la Comisión carece de claridad y seguridad jurídica. Propone retomar parcialmente el texto de la Directiva sobre morosidad, y apoya al mismo tiempo que el concepto de esas entidades vaya más allá de las que representan a las PYME, incluyendo también por ejemplo a las entidades que representan a un sector industrial concreto. También propone que se aclare que las acciones ejercitadas por dichas entidades representativas no se limitan a las condiciones generales, sino que pueden referirse también, por ejemplo, a una presunta violación de la Directiva por una cláusula incluida en un contrato individual (véase la enmienda 12).

Dado que la propuesta es una refundición, su artículo 8 («Reserva de dominio»), que la Comisión no ha modificado, se ha dejado también tal cual, a pesar de la importancia que esta cuestión tuvo para el Parlamento en las negociaciones que llevaron a la adopción de la Directiva sobre morosidad.

El ponente de opinión considera que la revisión de la Directiva sobre morosidad no debería afectar a las normas que rigen los procedimientos de ejecución forzosa, que deben seguir sometidos al Derecho nacional. Este principio está claramente recogido en la Directiva sobre morosidad y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(5). Al mismo tiempo, opina que se deben seguir realizando esfuerzos para reducir el plazo dentro del cual se puede obtener un título ejecutivo y facilitar los medios para ello (véanse las enmiendas 5 y 13). El ponente de opinión ha estado examinando una posible interrelación entre la Directiva sobre morosidad y el proceso monitorio europeo(6), y desearía seguir investigando en esta línea junto con los colegas de la comisión. En esta fase el ponente considera, sin embargo, que el material reducido y el ámbito geográfico de este último instrumento dificultan esa interconexión (que es por tanto puramente técnica; véase la enmienda 14). Considera importante vincular cualquier progreso realizado en la revisión de la Directiva sobre morosidad con el trabajo en curso del portal de la UE de justicia en red, para garantizar la mayor difusión y uso posible de aquélla (véase la enmienda 5).

El ponente de opinión reconoce que adoptar un enfoque de confrontación frente a la morosidad es insuficiente para provocar el deseado cambio cultural de puntualidad en el pago, ya que los acreedores suelen mostrarse reacios a ejercitar sus derechos en virtud de la Directiva sobre morosidad, como por ejemplo el de cobrar intereses, por miedo a poner en peligro una relación comercial estable. Se sugiere por ello un enfoque preventivo complementario, que incluye, por un lado, la elaboración y difusión de códigos de buena conducta y, por otro, el recurso a la mediación (véanse las enmiendas 4 y 15).

Posición del ponente respecto al artículo 5

Por último, la enmienda 9 pretende abordar el artículo 5 desde una perspectiva jurídica. Se suprime el artículo 5, apartado 5, ya que se considera una medida desproporcionada y punitiva, contraria al Derecho de la Unión. Además, la enmienda defiende el principio de que no deben armonizarse los plazos de pago en las operaciones entre empresas, ya que ello iría en contra de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y autonomía de las partes, y reduciría de forma drástica la posibilidad de que las PYME obtengan créditos comerciales.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que acepte, sin someterlas a votación, aquellas enmiendas que entran dentro de la competencia exclusiva de la comisión asociada, conforme al procedimiento de comisiones asociadas (artículo 50).

Enmienda  1

Propuesta de Directiva

Considerando 12

Texto de la Comisión

Enmienda

(12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos de reclamación. Es necesario un cambio decisivo, entre otras cosas, disponiendo que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea una cláusula contractual abusiva y estableciendo el pago de una compensación a los acreedores por los gastos en que hayan incurrido, para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias.

(12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos de reclamación. Es necesario un cambio decisivo a una cultura de pago sin demora para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias. Este cambio debe incluir el establecimiento de una compensación para los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como la consideración, como cláusulas contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes de cobro.

Justificación

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar lugar a una reclamación por daños.

Enmienda  2

Propuesta de Directiva

Considerando 17

Texto de la Comisión

Enmienda

(17) La morosidad es especialmente lamentable si el deudor es solvente. Las encuestas muestran que los poderes públicos pagan a menudo sus facturas bastante después de que haya expirado el plazo de pago. Los poderes públicos tienen menos limitaciones financieras porque pueden disponer de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas privadas. Además, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Por ello, pueden tener menos alicientes para hacer sus pagos dentro de los plazos. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas privadas. Por tanto, la morosidad de los poderes públicos no solo causa costes injustificados a las empresas privadas, sino que es motivo de ineficacia en general. Procede, por tanto, introducir una compensación proporcionalmente más disuasoria en caso de morosidad de los poderes públicos.

 

(17) La morosidad es especialmente lamentable si el deudor es solvente. Las encuestas muestran que los poderes públicos pagan a menudo sus facturas bastante después de que haya expirado el plazo de pago. Los poderes públicos tienen menos limitaciones financieras porque pueden disponer de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas privadas. Además, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Por ello, pueden tener menos alicientes para hacer sus pagos dentro de los plazos. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas privadas. Por tanto, la morosidad de los poderes públicos no solo causa costes injustificados a las empresas privadas, sino que es motivo de ineficacia en general.

Justificación

La sanción a los poderes públicos es desproporcionada y discriminatoria. Se crean unos incentivos perversos en el sistema y se abre la puerta a posibles abusos y corrupción. Los poderes públicos, a su vez, para tratar de cubrirse del coste extra de estas sanciones, tratarán de crear estructuras externas que funcionen como empresas públicas a través de las cuales canalizarán las adquisiciones de bienes y servicios. Se impondrá una estructura añadida pero posiblemente sin justificación desde el punto de vista de la eficiencia económica.

Enmienda  3

Propuesta de Directiva

Considerando 18

Texto de la Comisión

Enmienda

(18) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando un acuerdo sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, por ejemplo, negando a este último la posibilidad de cobrar intereses de demora o especificando un tipo de interés de demora sustancialmente inferior al interés legal establecido en la presente Directiva, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de las que él mismo sea beneficiario, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales que no sean equitativas para el deudor.

(18) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando una cláusula contractual o una práctica sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, por ejemplo, negando a este último la posibilidad de cobrar intereses de demora o especificando un tipo de interés de demora sustancialmente inferior al interés legal establecido en la presente Directiva, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de las que él mismo sea beneficiario, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. De conformidad con el proyecto académico de Marco Común de Referencia, debe considerarse abusiva cualquier cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, y sea contraria a la buena fe y actuación leal. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las cláusulas contractuales que no sean equitativas para el deudor.

Enmienda  4

Propuesta de Directiva

Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(21 bis) La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles1 ya establece un marco para la mediación en el ámbito de la Unión.

 

__________________

1 DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

Enmienda  5

Propuesta de Directiva

Considerando 22

Texto de la Comisión

Enmienda

(22) Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo.

(22) Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, con la posibilidad de seguir adelante con las reclamaciones contra las empresas y los poderes públicos mediante un procedimiento en línea de amplio acceso, disponible en las mismas condiciones para todos los acreedores establecidos en la Unión, y accesible de forma inmediata a través del portal europeo de justicia en red en cuanto esté operativo.

Enmienda  6

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión

Enmienda

8) «reserva de dominio»: la estipulación contractual en virtud de la cual el vendedor conserva la propiedad de los bienes en cuestión hasta el pago total del precio;

8) «reserva de dominio»: la cláusula contractual en virtud de la cual el vendedor conserva la propiedad de los bienes en cuestión, de manera que la propiedad no se transmite del vendedor al comprador hasta el pago total del precio;

Justificación

Precisión del término «reserva de dominio».

Enmienda  7

Propuesta de Directiva

Artículo 3 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas,  el acreedor tenga derecho a intereses de demora , sin necesidad de recordatorio, si se dan las condiciones siguientes :

1. Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas, el acreedor tenga derecho a intereses de demora, exigibles de pleno derecho en cuanto venza el plazo de pago, sin necesidad de recordatorio, si se dan las condiciones siguientes:

Justificación

Para una mejor comprensión del concepto de intereses de demora.

Enmienda  8

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Salvo que el deudor no sea responsable del retraso, además de las cantidades establecidas en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste.

3. Salvo que esté excluida la responsabilidad del deudor por el retraso, además de las cantidades establecidas en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste.

Justificación

Aclaración léxica.

Enmienda  9

Propuesta de Directiva

Artículo 5

Texto de la Comisión

Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos

Pago por parte de los poderes públicos

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios remunerados a los poderes públicos, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios remunerados a los poderes públicos, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

2. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

2. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora sea pagadero automáticamente en cualquiera de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora sea pagadero automáticamente, a más tardar tras el vencimiento de cualquiera de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

i) 30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días después de dicha fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, salvo que se disponga lo contrario y se justifique debidamente en los documentos de licitación y en el contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), se lleve a cabo de forma inmediata y no exceda de 30 días naturales.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 2, letra b), salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que:

 

a) en los contratos no se fijen plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 2, letra b), salvo que esté debidamente justificado en virtud del principio de necesidad y salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente. En cualquier caso, el plazo de pago no excederá nunca de 60 días naturales;

 

b) la fecha de la presentación de la factura a que se refiere el apartado 2, letra b), inciso i), no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sean pagaderos intereses de demora, el acreedor tenga derecho a una compensación a tanto alzado equivalente a un 5 % de la cantidad adeudada. La compensación será complementaria de los intereses de demora.

 

6. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios a los poderes públicos a cambio de una remuneración:

6. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios a los poderes públicos a cambio de una remuneración:

a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

Justificación

La enmienda de transacción aborda algunos aspectos jurídicos del artículo 5. Se suprime el apartado 5, ya que supone una medida desproporcionada y punitiva, contraria al Derecho de la Unión. Además, no deben armonizarse los plazos de pago en las operaciones entre empresas, ya que ello iría en contra de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, y reduciría de forma drástica la posibilidad de que las PYME obtengan créditos comerciales. El que un proveedor pueda conceder a un cliente una prórroga en el plazo de pago es una herramienta competitiva fundamental para las PYME.

Enmienda  10

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – título y apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión

Enmienda

Cláusulas contractuales manifiestamente abusivas

Cláusulas contractuales y prácticas abusivas

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales relativas a la fecha de pago, el tipo de interés de demora o los costes de cobro no sean ejecutables o puedan ser objeto de reclamación por daños si son manifiestamente abusivas para el acreedor. Para determinar si una cláusula es manifiestamente abusiva para el acreedor, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto  o del servicio. Se tendrá en cuenta también si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b).

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales o las prácticas relativas a la fecha o al plazo de pago, al tipo de interés de demora o a la compensación por costes de cobro no sean ejecutables y puedan ser objeto de reclamación por daños si son abusivas para el acreedor.

 

Para determinar si una cláusula o una práctica es abusiva para el acreedor en el sentido del apartado 1, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

 

a) cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal,

 

b) la naturaleza del producto o del servicio, y

 

c) si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b).

 

(La supresión del término «manifiestamente [abusiva]» y la introducción del término «práctica» se aplican a la totalidad del texto. La adopción de esta enmienda exigirá las correspondientes modificaciones en todo el texto).

Justificación

Se entiende que la traducción del término inglés «term» es «cláusula» en español, «clausola» en italiano y «clause» en francés. Esto es coherente, por ejemplo, con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Enmienda  11

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 (se convierte en un nuevo apartado)

Texto de la Comisión

Enmienda

A efectos del primer párrafo, se considerará siempre manifiestamente abusiva una cláusula que excluya el interés de demora.

A efectos del apartado 1, se considerará siempre abusiva una cláusula o una práctica comercial que excluya el interés de demora o la compensación por costes de cobro, o ambos.

Justificación

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar lugar a una reclamación por daños.

Enmienda  12

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades representativas  el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas resultan manifiestamente abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se sigan utilizando.

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de empresas, o que tengan interés legítimo en representarlas, el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen.

Justificación

Esta enmienda, cuya redacción se inspira de la Directiva 2000/35/CE, intenta aclarar el concepto de «entidades». Por oposición a la Directiva 2000/35/CE, no obstante, pretende ampliar el concepto más allá de las entidades representativas de las PYME, abarcando por ejemplo las organizaciones de un sector industrial determinado.

La enmienda precisa también que el ejercicio de acciones por estas entidades representativas, conforme a la legislación nacional de que se trate, no debe verse impedido por el solo hecho de que las cláusulas presuntamente abusivas figuren en un contrato individual, por contraposición a las condiciones generales.

Enmienda  13

Propuesta de Directiva

Artículo 9 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento.

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, a través de un procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda, en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo dicha tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales. A este respecto, se ofrecerá a los acreedores la posibilidad de recurrir a un procedimiento en línea de amplio acceso.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Comunidad.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales y el procedimiento en línea a que se refiere el apartado 1 se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Unión.

Enmienda  14

Propuesta de Directiva

Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1986/2006.

 

4. Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo1.

 

 

__________________

1 DO L 399 de 30.12.2006, p. 1.

Justificación

Rectificación de un error técnico en la propuesta de la Comisión.

Enmienda  15

Propuesta de Directiva

Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Artículo 9 bis

Mediación y códigos de buena conducta

 

1. Los Estados miembros fomentarán la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación, con la participación, entre otros, de las entidades a que se refiere el artículo 6, apartado 3.

 

2. Con el apoyo de la Comisión, los Estados miembros y las entidades a que se refiere el artículo 6, apartado 3, elaborarán y difundirán códigos de buena conducta con mecanismos de reclamación adecuados, negociados a escala nacional o de la Unión, y diseñados para contribuir a la correcta aplicación de la presente Directiva.

PROCEDIMIENTO

Título

Lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (refundición)

Referencias

COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)

Comisión competente para el fondo

IMCO

Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

14.9.2009

 

 

 

Comisión(es) asociada(s) - fecha del anuncio en el pleno

17.12.2009

 

 

 

Ponente de opinión

       Fecha de designación

Raffaele Baldassarre

2.9.2009

 

 

Examen en comisión

3.9.2009

6.10.2009

9.11.2009

28.1.2010

Fecha de aprobación

23.3.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

0

0

Miembros presentes en la votación final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

19.3.2010

OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Refundición)

(COM(2009)0126 – C7‑0044/2009 – 2009/0054(COD))

Ponente de opinión: Francesco De Angelis

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 2000/35/CE, adoptada en mayo de 2000, que entró en vigor el 8 de agosto de 2002 y que tiene por objeto luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales, ha producido efectos limitados. Las disparidades entre los Estados miembros en la regulación de las condiciones de pago son aún muy marcadas, y la práctica de la morosidad amenaza el futuro de las empresas, en primer lugar de las PYME, en particular en tiempos de crisis económica y financiera como la que viven Europa y el mundo.

La generalización de la morosidad, a causa de la necesidad, o a menudo deliberada, desestabiliza el mercado interior y afecta seriamente al comercio transfronterizo. Además, en los Estados miembros más afectados por este problema, las empresas están más expuestas al riesgo de un deterioro progresivo de los ingresos, que puede llevarlas a la quiebra. El problema es aún más grave en el ámbito de las transacciones entre los poderes públicos y las empresas, pero cabe preguntarse si es conveniente establecer un trato diferenciado para las transacciones entre particulares. Estos últimos, a menudo pequeños y medianos empresarios, pueden estar expuestos a cláusulas contractuales abusivas, firmadas por temor a dañar las relaciones con los clientes particulares de grandes dimensiones.

En su proyecto de opinión, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión. No obstante, considera que debe proponer algunos cambios en la forma y la sustancia que, si bien confirman el enfoque general de la propuesta de la Comisión, tienen por objeto introducir elementos de claridad y certeza en la interpretación y transcripción de la Directiva.

En opinión del ponente, el ámbito de aplicación de la legislación relativa a los poderes públicos debe ampliarse a las empresas de servicios públicos. Además, el ponente propone cambios en lo relativo a la seguridad de los plazos, el carácter disuasorio de las cargas adicionales del deudor, la reducción de las exenciones contractuales contempladas en la legislación y la información pasiva y activa en favor de las empresas con respecto a los nuevos derechos.

El proyecto de opinión es coherente con el documento de trabajo elaborado por la Sra. Barbara Weiler, ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Sin embargo, en la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, el ponente considera que debe introducir una protección adicional a favor de las empresas, en primer lugar, de las PYME. En particular, propone la aplicación obligatoria de las cargas relativas a la compensación de los costes de recuperación y de los intereses en caso de morosidad. Con esto se evitaría el requisito de la accionabilidad del acreedor individual, protegiéndolo de las eventuales medidas comerciales de represalia a las que podría recurrir el deudor.

La propuesta del ponente incorpora algunas de las indicaciones dadas por los ponentes alternativos con ocasión del primer intercambio de puntos de vista sobre la propuesta de Directiva. En particular, el ponente hace suya la necesidad, puesta de manifiesto por los colegas, de reducir los márgenes de exención aplicables a las disposiciones contempladas por el legislador europeo.

Por último, aún no se ha podido llegar a un resultado ampliamente consensuado sobre la retribución porcentual global (5 %), que el acreedor tiene derecho a recibir de los poderes públicos que han incurrido en la morosidad. El ponente podrá abordar la cuestión en el próximo intercambio de puntos de vista y, en su caso, propondrá un nuevo examen de la cuestión mediante la presentación de una enmienda ad hoc.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva

Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(10 bis) Aunque la presente Directiva no se aplique directamente a las instituciones de la Unión, debe asegurarse que estas instituciones, en aras de las buenas prácticas, aplican las disposiciones en materia de pagos establecidas por la presente Directiva.

Justificación

Las instituciones europeas deben predicar con el ejemplo efectuando sus pagos en tiempo oportuno.

Enmienda  2

Propuesta de Directiva

Considerando 16

Texto de la Comisión

Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los poderes públicos exigen a menudo plazos de pago contractuales en las operaciones comerciales sensiblemente superiores a treinta días. En consecuencia, los plazos de pago de los contratos de adquisición adjudicados por los poderes públicos deben limitarse, por norma general, a un máximo de treinta días.

(16) La experiencia muestra que los plazos de pago contractuales en las operaciones comerciales son a menudo sensiblemente superiores a treinta días. En consecuencia, los plazos de pago de las operaciones comerciales deben limitarse, por norma general, a un máximo de treinta días; cuando, de conformidad con el principio de necesidad o con disposiciones específicas del Derecho nacional, unos períodos de pago más largos estén debidamente justificados, y cuando se haya llegado a un acuerdo explícito al respecto entre el deudor y el acreedor, el período de pago podría ampliarse hasta un máximo de 60 días.

Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, bien para las privadas. Las relaciones comerciales entre empresas y poderes públicos son similares en muchos aspectos a las relaciones comerciales entre empresas. Para evitar períodos de pago desventajosos, en especial para las pequeñas y medianas empresas, los intereses deben pagarse en cualquier circunstancia en el plazo de 60 días tras recibir la factura.

Enmienda  3

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión

Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales1 y en la Directiva 2004/18/CE independientemente del objeto o valor del contrato, así como cualquiera de las instituciones de la Unión mencionadas en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea;

 

1DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Justificación

Es necesaria una referencia a la Directiva 2004/17/CE para evitar el malentendido de que los poderes adjudicadores definidos en la Directiva 2004/17/CE ya no se incluyen. Dado que las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE solo se aplican a temas específicos de los contratos y solo por encima de un umbral determinado, debe quedar claro que las mismas restricciones no se aplican en el caso de la Directiva 2000/35/CE. Los retrasos en los pagos también afectan a las instituciones de la UE y no solo a las autoridades nacionales. Las instituciones de la UE no pueden excluirse de las disposiciones que se imponen a otras autoridades públicas.

Enmienda  4

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(3 bis) «empresa sectorial», cualquier empresa que opera en el sector del agua, la energía o los servicios de transporte, en el sentido de la Directiva 2004/17/CE, con independencia del valor del contrato;

Justificación

Las «empresas sectoriales» gozan de una posición especialmente fuerte en el mercado debido a su situación particular. Son los únicos proveedores en el ámbito de las infraestructuras del agua, la energía y el transporte y no están sometidas a una verdadera competencia. Así, las empresas del sector con mucha frecuencia pueden establecer sus «condiciones de compra» y los plazos de pago de manera unilateral. No debe abusarse de esta posición dominante. Por tanto, las empresas sectoriales deben someterse a las mismas condiciones que los poderes adjudicadores sectoriales.

Enmienda  5

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión

Enmienda

(6) «interés legal»: interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo equivale al tipo de referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales;

(6) «interés legal»: interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo equivale al tipo de referencia aumentado en al menos nueve puntos porcentuales;

Justificación

En conexión con las modificaciones realizadas a los artículos 3 y 5 para reflejar un conjunto de normas más uniforme, equitativo y proporcionado aplicable tanto al sector público como al privado, un ligero aumento del tipo de interés legal ayudará a fomentar unas mejores prácticas de pago en ambos sectores.

Enmienda  6

Propuesta de Directiva

Artículo 3

Texto de la Comisión

Enmienda

Intereses de demora

Intereses de demora en las transacciones comerciales entre empresas

1. Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas,  el acreedor tenga derecho a intereses de demora , sin necesidad de recordatorio, si se dan las condiciones siguientes :

1. Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas,  el acreedor tenga derecho a intereses de demora , sin necesidad de recordatorio, si se dan las condiciones siguientes :

a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

2. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

2. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato, deberá tener en cuenta los plazos establecidos en la letra b), y no excederá de 60 días a partir de la fecha de recepción de los bienes o la prestación de los servicios a que se refiere el contrato;

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes :

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

i) 30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días después de dicha fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de esta última fecha;

 

c) la fecha de la presentación de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

 

2 bis. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 15 días, salvo que se disponga lo contrario y se justifique debidamente en los documentos de licitación y en el contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable:

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable:

a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

Enmienda  7

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el interés de demora en las transacciones comerciales con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo que se indique otra cosa en el contrato, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor las cantidades siguientes:

Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el interés de demora en las transacciones comerciales con arreglo a los artículos 3 y 5, el acreedor tenga automáticamente derecho a cobrar al deudor, es decir, sin que el acreedor individual deba tomar ninguna medida, las cantidades mínimas siguientes:

Justificación

Podría pensarse que un régimen contractual específico diferente del contemplado en los artículos 3 y 5 llevaría a la reducción de las garantías contractuales de protección del acreedor. El ponente considera esencial que los Estados miembros garanticen la aplicabilidad automática del procedimiento, de manera que el acreedor individual no tema una posible represalia por parte del comprador.

Enmienda  8

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Las cantidades que figuran en el párrafo primero estarán sujetas a revisión bienal.

Justificación

Es necesario actualizar los importes de las compensaciones, indicando asimismo que los importes propuestos son muy inferiores a los costes legales, por lo que no facilitan al acceso a la justicia. Al determinar los costes, debería hacerse referencia a los mecanismos de incremento bienal.

Enmienda  9

Propuesta de Directiva

Artículo 5

Texto de la Comisión

Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos

Pago por parte de los poderes públicos y de las empresas sectoriales

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios remunerados a los poderes públicos, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales, el acreedor tenga derecho a aplicar intereses de demora, sin necesidad de recordatorio, equivalentes al interés legal si se cumplen las condiciones siguientes:

(a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

(a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales;

(b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

(b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, salvo si el deudor no es responsable del retraso.

2. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

4. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

(a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes :

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés de demora  sea pagadero automáticamente, en cualquiera de los plazos siguientes :

(i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

(i) 30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente;

(ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

(ii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

(iii) si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días después de dicha fecha.

(iii) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de esta última fecha;

 

(c) la fecha de la presentación de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 2, letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, salvo que se disponga lo contrario y se justifique debidamente en los documentos de licitación y en el contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 4, letra b), inciso iii), no exceda de 15 días, salvo que se disponga lo contrario y se justifique debidamente en los documentos de licitación y en el contrato.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijarán plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 2, letra b), salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago.

2. (97%) Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijarán plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 4, letra b), salvo que el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado en virtud del principio de necesidad y, en cualquier caso, no podrán exceder de 60 días.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sean pagaderos intereses de demora, el acreedor tenga derecho a una compensación a tanto alzado equivalente a un 5 % de la cantidad adeudada. La compensación será complementaria de los intereses de demora.

 

6. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios a los poderes públicos a cambio de una remuneración:

6. Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable en las operaciones comerciales que den lugar al suministro de mercancías o la prestación de servicios a los poderes públicos a cambio de una remuneración:

(a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

(a) el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

(b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

(b) el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

Enmienda  10

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – título

Texto de la Comisión

Enmienda

Cláusulas contractuales manifiestamente abusivas

Cláusulas contractuales y prácticas comerciales manifiestamente abusivas

Justificación

Para evitar cláusulas abusivas o injustas en los contratos y relaciones empresariales, debe ampliarse el ámbito de este artículo a fin de incluir las prácticas comerciales, ya que éstas son un problema igualmente importante para las PYME, por ejemplo cuando las grandes empresas cambian retrospectivamente los plazos de pago.

Enmienda  11

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales relativas a la fecha de pago , el tipo de interés de demora o los costes de cobro no sean ejecutables o puedan ser objeto de reclamación por daños si son manifiestamente abusivas para el acreedor. Para determinar si una cláusula  es manifiestamente abusiva para el acreedor, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto o del servicio. Se tendrá en cuenta también  si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b) .

1. Los Estados miembros dispondrán que las cláusulas contractuales y/o las prácticas comerciales relativas a la fecha de pago, el tipo de interés de demora o los costes de cobro, o unas cláusulas semejantes en acuerdos informales y en cambios retrospectivos del contrato, no sean ejecutables o puedan ser objeto de reclamación por daños si son manifiestamente abusivas para el acreedor. Para determinar si una cláusula  es manifiestamente abusiva para el acreedor, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto o del servicio, así como la dimensión de la empresa. Se tendrá en cuenta también si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal o de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, letra b).

Justificación

Para garantizar que esta legislación protege por completo a las PYME de la conducta abusiva o desleal en relación con el pago es fundamental incluir las prácticas comerciales. Si no se contemplan las prácticas comerciales, incluidos los cambios retroactivos de las condiciones de pago de un contrato, la legislación propuesta por la Comisión no protege suficientemente a los acreedores para evitar que sean utilizados como «bancos», por ejemplo, cambios unilaterales destinados a prolongar el período de pago para aumentar la liquidez de los deudores, en detrimento de la del acreedor. El cambio de referencia a los artículos tiene por objeto que las enmiendas sean coherentes con las enmiendas de fusión de los artículos 3 y 5. Esto es para asegurar que, al determinar si una cláusula de un contrato es abusiva, no se tengan en cuenta sólo las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto o servicio, sino también el tamaño de la empresa de que se trate.

Enmienda  12

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

A efectos del primer párrafo, se considerará siempre manifiestamente abusiva una cláusula que permita sobrepasar el plazo previsto en el artículo 5, apartado 2, letra b), teniendo en cuenta asimismo los criterios establecidos en el artículo 5, apartado 4.

Enmienda  13

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 - párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Se considerará manifiestamente abusiva toda cláusula que añada una carga financiera suplementaria para el acreedor como condición previa para reclamar una compensación legal por motivos de demora.

Enmienda  14

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades representativas  el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas resultan manifiestamente abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se sigan utilizando.

3. Los medios a los que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones que permitan a las entidades representativas  el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas resultan manifiestamente abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se sigan utilizando. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de la cláusula de confidencialidad que exista entre las organizaciones representativas y las entidades miembros de las mismas.

Justificación

Las organizaciones representativas también deben ser capaces de actuar conforme a la ley nacional si las cláusulas en cuestión se utilizan de forma episódica o intermitente.

Enmienda  15

Propuesta de Directiva

Artículo 7

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros garantizarán plena transparencia sobre los derechos y las obligaciones que emanen de la presente Directiva, en particular, mediante la publicación del tipo de interés legal aplicable.

Los Estados miembros garantizarán la plena transparencia sobre los derechos y las obligaciones que emanen de la presente Directiva, en particular, mediante la publicación del tipo de interés legal aplicable y del procedimiento relativo a los pagos efectuados por los poderes públicos como garantía específica para toda posible cadena de subcontrataciones.

Justificación

Se trata de asegurar la trazabilidad y transparencia de los pagos efectuados por los poderes públicos. Esta medida es conveniente especialmente para garantizar que las ventajas de la mejora de los plazos de pago se extiendan efectivamente a posibles cadenas de subcontratación por parte de los contratistas principales.

Enmienda  16

Propuesta de Directiva

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

1 bis. A la hora de aplicar la presente Directiva, los Estados miembros organizarán campañas de información destinadas a aumentar la sensibilización de las empresas, en particular de las PYME, en relación con sus derechos.

 

Los Estados miembros considerarán la posibilidad de publicar información sobre los deudores «buenos» y «malos» y de difundir las buenas prácticas para promover la puntualidad en los pagos.

Justificación

Como se señala en la evaluación de las repercusiones de la Comisión, las empresas no reclaman los intereses porque no conocen sus derechos. La información podrá ir acompañada de medidas prácticas destinadas a alentar la puntualidad en los pagos.

PROCEDIMIENTO

Título

Lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (Refundición)

Referencias

COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)

Comisión competente para el fondo

IMCO

Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

14.9.2009

 

 

 

Ponente de opinión

       Fecha de designación

Francesco De Angelis

9.11.2009

 

 

Examen en comisión

2.12.2009

4.2.2010

 

 

Fecha de aprobación

18.3.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

46

0

1

Miembros presentes en la votación final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Rachida Dati, Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Britta Reimers

PROCEDIMIENTO

Título

Lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (Refundición)

Referencias

COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)

Fecha de la presentación al PE

8.4.2009

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO

14.9.2009

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

14.9.2009

JURI

14.9.2009

 

 

Comisión(es) asociada(s)

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

17.12.2009

 

 

 

Ponente(s)

       Fecha de designación

Barbara Weiler

14.9.2009

 

 

Examen en comisión

2.9.2009

28.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

26.1.2010

23.2.2010

 

 

Fecha de aprobación

28.4.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

30

0

6

Miembros presentes en la votación final

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Damien Abad, Pascal Canfin, Cornelis de Jong, Anna Hedh, Othmar Karas, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Kerstin Westphal

Fecha de presentación

4.5.2010

(1)

              El grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.

(2)

COM(2009)0126, SEC(2009)0315, SEC(2009)0316. Las observaciones del Comité de evaluación del impacto se encuentran en: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#entr.

(3)

Exposición de motivos, p. 4, y considerando 17 de la propuesta. En cuanto a las estadísticas por Estado miembro, véase la evaluación de impacto, pp. 60-61 y 68-71.

(4)

Véase la evaluación de impacto, p. 68.

(5)

Véase, por ejemplo, la sentencia, de 11 de septiembre de 2008, en el asunto C-265/07, Caffaro, Rec. 2008, p. I-45.

(6)

Reglamento (CE) n° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).

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