INFORME sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir
24.6.2010 - (2009/2171(INI))
Comisión de Desarrollo
Ponente: Eleni Theocharous
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,
– Vistos los compromisos contraídos por el G-8 en 2005 en la Cumbre de Gleneagles por lo que se refiere al volumen de la ayuda, la ayuda al África subsahariana y la calidad de la ayuda,
– Vista la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, de 2 de marzo de 2005, y las conclusiones del Foro de alto nivel, reunido en Accra entre el 2 y el 4 de septiembre de 2008, en relación con el seguimiento de dicha Declaración,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Ayuda de la UE: realizar más, mejor y más rápido» (COM(2006)0087),
– Visto el informe de las Naciones Unidas titulado «Rethinking poverty - Report on the World Social Situation 2010»,
– Vistos los informes anuales realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Declaración del Milenio,
– Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo»[1], y firmada el 20 de diciembre de 2005,
– Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo[2] (el ICD, Instrumento de Cooperación al Desarrollo),
– Vista la Declaración de Abuja realizada por los Jefes de Estado y de Gobierno africanos el 27 de abril de 2001 sobre el VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas relacionadas,
– Visto el Reglamento (CE) nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial[3],
– Vistas las conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 2007, intituladas «Promover el empleo a través de la cooperación para el desarrollo de la UE»,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» (COM(2001)0252),
– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM(2002)0116),
– Vista la resolución, de 3 de diciembre de 2009, de la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-UE sobre la gobernanza mundial y la reforma de las instituciones internacionales,
– Visto el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo,
– Visto el informe de la OIT titulado «World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis and Beyond», publicado en diciembre de 2009,
– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre los contratos ODM[4],
– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo[5],
– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos[6],
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2009, sobre un enfoque para la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana[7],
– Visto el estudio realizado en 2009 por Megapesca Lda, titulado «Estudio general de evaluación de la política para los acuerdos de asociación en materia de pesca»,
– Vistas las reformas en curso de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común,
– Visto el artículo 48 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0192/2010),
A. Considerando que un crecimiento económico fuerte y sostenible dentro de un entorno estable y favorable para las empresas contribuye a crear riqueza y empleo y, por lo tanto, constituye el camino más seguro y sostenible para salir de la pobreza,
B. Considerando que el hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas del acceso a los alimentos y los servicios públicos básicos son consecuencia de políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala nacional e internacional,
C. Considerando que un entorno jurídico seguro y sin corrupción resulta fundamental para el desarrollo de las empresas,
D. Considerando que los Estados miembros de la UE-15 se han comprometido a gastar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) en ayuda oficial al desarrollo (AOD) para 2015; que los niveles actuales de AOD rondan el 0,4 %,
E. Considerando que la reducción de la pobreza y la cohesión de la política de desarrollo constituyen ahora obligaciones en virtud del Tratado UE,
F. Considerando que hay que respaldar a los países en desarrollo en su voluntad por conseguir un máximo de valor añadido en sus respectivos países, lo que implica adoptar una estrategia de desarrollo industrial que debe no obstante seguir siendo conforme a los imperativos del desarrollo sostenible y, en particular, a la protección del medio ambiente;
G. Considerando que los donantes de la UE y los Gobiernos de los países en desarrollo no están logrando cumplir sus objetivos de gasto en salud y educación,
H. Considerando que el mundo en desarrollo se enfrenta a una urgente escasez de personal sanitario cualificado; que la falta de personal sanitario cualificado en los países desarrollados constituye uno de los factores que agravan los frágiles sistemas de salud de los países en desarrollo, y considerando que numerosos trabajadores cualificados, en el sector sanitario y en otros, no vuelven a sus países para beneficiar a sus propias comunidades por motivos diversos,
I. Considerando que la reciente crisis de los precios de los alimentos puso de manifiesto la importancia que siguen teniendo la agricultura y la seguridad alimentaria para los países pobres,
J. Considerando que el 90 % de los ciudadanos de la UE está a favor de la cooperación al desarrollo, aunque la recesión económica amenaza con reducir este apoyo,
K. Considerando que el G-20 se ha comprometido a tomar medidas firmes contra los paraísos fiscales,
L. Considerando que la evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales de los países en desarrollo equivale a varias veces el valor de la ayuda al desarrollo,
M. Considerando que las remesas representan más entradas de capital para los países en desarrollo que la AOD,
N. Considerando que 2 700 millones de personas no tienen acceso actualmente al crédito,
O. Considerando que, para reducir la pobreza, no sólo es necesario generar empleo, sino también crear empleo de calidad,
P. Considerando que los países más pobres están infrarrepresentados en las instituciones internacionales y en los foros mundiales,
Q. Considerando que los sistemas de protección social han demostrado ser instrumentos sumamente útiles para la reducción de la pobreza y la cohesión social, y que la mayoría de la población mundial no cuenta con una protección social adecuada,
I. Retos para los países en desarrollo
En materia de economía
1. Insta a los Gobiernos de los países en desarrollo a diversificar sus economías por medio del desarrollo de su sector de fabricación y a que eviten sobrecargar a las empresas, en concreto a las PYME, motores de empleo y crecimiento, con excesivos trámites administrativos;
2. Pide a todos los países en desarrollo que suscriban el Programa de Trabajo Decente de la OIT y la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la protección social mínima para garantizar normas laborales satisfactorias, altos niveles de amplia protección social que llegue a las personas más pobres y marginadas y un diálogo social auténtico, así como, en particular, el recurso al proyecto de «gran intensidad de mano de obra»;
3. Subraya la importancia de suscribir y aplicar los diversos convenios de la OIT relativos a normas laborales internacionales y recomienda el uso de las disposiciones de la resolución de la OIT titulada «Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo»;
4. Pide que se respete el derecho a no ser víctima de trabajos forzados y en particular del trabajo infantil sin excepciones, ya que sin educación los niños están condenados a vivir toda la vida en la pobreza;
5. Pide que se preste especial atención a la lucha contra el trabajo infantil a fin de crear a cambio puestos de trabajo para adultos y que los niños puedan recibir una educación escolar adecuada;
6. Insta a los Gobiernos a que den prioridad a las ayudas para cubrir las necesidades sociales básicas y promuevan la protección de los niños y las mujeres vulnerables que han sido duramente afectados por la crisis, de los jóvenes en situación de riesgo, de los trabajadores de rentas bajas, de los trabajadores no cualificados y los inmigrantes, así como de los trabajadores rurales y las personas con discapacidad;
7. Recuerda que las pequeñas empresas y las microempresas, especialmente las del sector agrícola, requieren una financiación adecuada para conservar los empleos ya existentes y crear otros nuevos; anima a los países en desarrollo a que fomenten el acceso al ahorro y al crédito, a través de los microcréditos, los microseguros y los nuevos agentes de crédito, como las oficinas rurales de correos o las aplicaciones de banca móvil;
8. Pide a la UE que reconozca la contribución de la economía social (por ejemplo, las cooperativas) a la creación de empleo y la promoción del trabajo digno en los países en desarrollo, y que incluya la economía social en sus programas de desarrollo y estrategias de cooperación;
9. Invita a los países en desarrollo a que extiendan la propiedad de la tierra entre los pobres y los desposeídos, por ejemplo, otorgando a los ocupantes de asentamientos de chabolas la propiedad de la tierra que habitan;
10. Alienta a los países en desarrollo a diversificar al máximo su economía a fin de no depender exclusivamente de un número muy limitado de producciones, en particular de productos agrícolas destinados a la exportación;
11. Recuerda a los países en desarrollo que deben respetar las tradiciones locales de explotación común de la tierra para la agricultura a fin de facilitar y proteger los minifundios ya existentes;
12. Anima a los países en desarrollo a que consideren prioritario el desarrollo del sector agrícola y de la seguridad alimentaria en la formulación de los documentos de estrategia nacional y los programas indicativos nacionales;
13. Recuerda que el concepto de «Estado justo», es decir, un Estado garante de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, incluye la gobernanza; considera que un Estado justo es aquel que garantiza a la vez sus funciones soberanas, como el acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a la administración, y que promueve y protege los derechos humanos y las libertades fundamentales;
En materia de ciudadanía y gobernanza
14. Pide a todos los países en desarrollo que firmen urgentemente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que implementen de forma efectiva sus disposiciones; insta también a los Estados miembros de la UE y a las empresas de la UE a que respeten dicha Convención;
15. Estima que los Estados miembros de la UE deberían servir de ejemplo a los países en desarrollo en materia de disciplina presupuestaria, recaudación tributaria y gobernanza;
16. Cree que la acción contra la corrupción también debe dirigirse al sector privado, así como a mejorar la cooperación internacional, por ejemplo, mediante el intercambio de información y los programas de recuperación de activos;
17. Insta a todos los países en desarrollo a que promuevan la creación de parlamentos independientes, capaces de contribuir de forma eficaz a intensificar la democracia, mediante el ejercicio libre de sus funciones legislativas, presupuestarias y de control; recuerda asimismo la enorme importancia de un aparato judicial independiente y debidamente desarrollado;
18. Alienta a los Gobiernos de los países en desarrollo a maximizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación y supervisión de la política pública;
19. Recalca que los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico y reforzar la cohesión social, por lo que debería promoverse la creación y consolidación de las organizaciones representativas pertinentes;
20. Pide que se respete el derecho de asociación de los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva sin excepciones a fin de implantar, mejorar y defender unas condiciones de trabajo dignas;
21. Insta a todos los Estados que hayan adoptado leyes que restrinjan la libertad de las organizaciones de la sociedad civil a que deroguen dichas leyes;
22. Pide que se respete el derecho a la no discriminación, es decir, el derecho a trabajar y ser tratado en condiciones de igualdad, independientemente del sexo, origen étnico, edad, discapacidad u orientación sexual, como principio fundamental de la lucha contra la pobreza;
23. Pide que se refuerce sustancialmente la situación jurídica y social de las mujeres a fin de evitar discriminaciones y de aprovechar el potencial de las mujeres para el desarrollo económico y social;
24. Apoya a los países en desarrollo en sus esfuerzos por reforzar y ahondar en la integración regional, mediante zonas de libre comercio, comunidades económicas regionales, bancos de desarrollo regional, etc.;
II. Retos compartidos
25. Reitera su llamamiento a que en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo y en la ayuda al desarrollo de la UE se asigne como mínimo un 20 % del gasto a la salud y a la educación básica;
26. Pide que se reconsideren las políticas de privatización, en particular la de servicios públicos como el agua, el saneamiento y los servicios de interés general, así como el papel social de los Estados en la gobernanza del desarrollo, incluido el papel de las empresas públicas como empleadoras y proveedoras de servicios sociales;
27. Señala el papel crucial que desempeñan los sistemas de protección social, según se indica en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT y las iniciativas de las Naciones Unidas sobre protección social mínima; pide en consecuencia que se haga mayor hincapié en los sistemas de protección social para evitar el aumento de la pobreza y aliviar las privaciones sociales, y al mismo tiempo para ayudar a estabilizar la economía y mantener y promover la empleabilidad;
28. Pide el libre y pleno acceso a todos los sistemas educativos, es decir, a la enseñanza básica y superior y a la formación profesional, para que la población local pueda convertirse en mano de obra cualificada;
29. Insiste en que tanto los países donantes como los países en desarrollo deben cumplir sus compromisos de alcanzar los ODM en 2015;
30. Apoya medidas como las subvenciones a los salarios y las oportunidades de empleo y formación que animan a los científicos y otros trabajadores especializados locales a quedarse y ejercer la medicina en sus comunidades, y refuerzan los sistemas de atención sanitaria accesibles a todos;
31. Apoya la creación de nuevos puestos de trabajo en los países en desarrollo;
32. Apoya medidas encaminadas a crear servicios públicos en general y a invertir en ellos a fin de generar puestos de trabajo y reforzar las capacidades e instituciones del Estado, así como la cohesión social, tal y como se indica en el Informe de las Naciones Unidas «Rethinking poverty»;
33. Pide que se dé más énfasis a la atención sanitaria práctica y a la sensibilización de la población acerca de las ventajas de los tratamientos médicos, por ejemplo, mediante la distribución de analizadores de sangre y la formación de la población local en su uso;
34. Destaca que el desarrollo de los recursos humanos es indispensable en todas las estrategias de desarrollo y crucial para la creación de empleo; pide a la UE y a los países en desarrollo que analicen las necesidades de empleo y el mercado laboral y que elaboren previsiones y anticipen los principales problemas de adaptación de la formación profesional al empleo;
35. Cree que todas las estrategias de desarrollo deberían prestar especial atención a los más vulnerables y marginados, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores y con discapacidad;
36. Considera indispensable satisfacer las necesidades básicas, por lo que estima sumamente prioritarias, en particular, las medidas a favor de la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable;
37. Subraya el problema del trabajo infantil y reconoce que es uno de los principales obstáculos para lograr la enseñanza primaria universal y para reducir la pobreza, dificultando asimismo el desarrollo saludable y la educación necesaria de esos niños; pide por ello que se promueva la coordinación entre organismos y la adaptación de la política en materia de ayudas a la educación y de trabajo infantil por medio del refuerzo de los mecanismos ya existentes, incluido el Grupo mundial sobre el trabajo infantil y la educación; pide, por último, a la comunidad internacional, a todos los Estados afectados y a la UE que se comprometan a hacer todo lo posible por erradicar el trabajo infantil con carácter urgente y con medidas específicas;
38. Destaca la importancia que reviste la igualdad de género para el éxito económico de los Estados y pide por ello que se redoblen los esfuerzos para lograr también dicha igualdad en la economía;
39. Insiste en que los donantes y los países asociados deberían asegurarse de que la agricultura, en concreto las explotaciones granjeras de pequeños agricultores y las pequeñas y medianas explotaciones agroindustriales respetuosas del medio ambiente, pasen a ocupar una situación prioritaria en el programa de desarrollo;
40. Subraya que las pequeñas explotaciones agrícolas basadas en medios de producción descentralizados, verdes y sostenibles favorecen la creación de empleo y el desarrollo sostenible, ya que ofrecen más puestos de trabajo por hectárea que las grandes explotaciones, y los agricultores y trabajadores gastan proporcionalmente más en productos rurales no agrícolas intensivos en mano de obra;
41. Pide un apoyo más eficaz a la creación de puestos de trabajo mediante la coordinación de las políticas macroeconómicas y de empleo, teniendo en cuenta que las primeras no deben limitarse a controlar la inflación y los déficits comerciales y fiscales, sino que también deben promover la estabilidad de la producción real, los ingresos y el empleo;
42. Apoya la inversión en «empleos verdes» y en la industria ecológica mediante, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de energías renovables y eficiencia energética en países pobres, incluida la energía solar en beneficio de las comunidades locales, como medio de ofrecer fuentes de energía sostenibles y, al mismo tiempo, crear empleos y proteger el medio ambiente;
43. Pide un aumento de la igualdad de oportunidades y de acceso al desarrollo de las cualificaciones, y a una formación y educación de calidad; pide igualmente que se mejore el acceso al crédito (incluidos los microcréditos) para estimular la creación de puestos de trabajo;
44. Espera que aumente la cooperación entre el Parlamento y sus homólogos regionales de los países en desarrollo;
45. Subraya la importancia de promover indicadores alternativos al PIB para medir los avances sociales en los países en desarrollo, en particular teniendo presentes las propuestas de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el Progreso Social, presidida por Joseph Stiglitz;
46. Pide que las respuestas a la crisis económica mundial sean concebidas por país y región y que incluyan las medidas mencionadas en el instrumento político de la OIT «Un pacto mundial por el empleo», con el fin de facilitar las inversiones en sectores de gran intensidad de mano de obra y que respetan el medio ambiente y en sistemas de protección social;
III. Retos para los donantes
En materia de ayuda
47. Pide a todos los países ricos, en especial a los Estados de la UE, que cumplan sus promesas de gastos en concepto de ayuda, de al menos el 0,7 % de su RNB para el año 2015;
48. Aboga por una definición común de la pobreza para todos los Estados miembros a fin de identificar los ámbitos de actuación pertinentes y los beneficiarios con derecho a recibir la ayuda al desarrollo de la UE;
49. Subraya que las subvenciones a la exportación han dado lugar al «dumping» de productos comunitarios en los mercados de los países en desarrollo y han contribuido a la destrucción de empleo al hacer que algunos productos agrícolas locales, como las piezas de pollo congeladas, la carne de porcino, el azúcar y los tomates en lata, no resulten competitivos y los productos industriales resulten antieconómicos;
50. Considera que la coherencia entre políticas puede dar resultados útiles en términos de creación de empleo en los países en desarrollo; pide por ello a la UE que cambie sus políticas exteriores, ya que tienen repercusiones directas en las economías de los países en desarrollo y deberían concebirse de manera que contribuyan a satisfacer las necesidades sostenibles de dichos países a fin de luchar contra la pobreza, garantizar unos ingresos y medios de sustento dignos, y respetar los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos sociales y económicos y la protección del medio ambiente;
51. Solicita fondos importantes adicionales para afrontar los efectos del cambio climático y de la crisis económica mundial en los países en desarrollo;
52. Pide que la educación básica y la sanidad pública sean el fundamento de las políticas de desarrollo y subraya que la situación actual no puede justificar ninguna reducción del gasto nacional y de las ayudas internacionales para estos sectores;
53. Pide a la Unión Europea que cumpla sus compromisos en materia de ayuda al comercio;
54. Hace hincapié en que la UE debe revisar sus políticas de subvenciones, en particular en el sector agrícola y con arreglo a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de la UE, a fin de conceder condiciones de comercio justo a los países en desarrollo;
55. Solicita a todos los donantes, una vez más, que se adhieran de modo más comprometido al programa sobre la eficacia de la ayuda, especialmente en lo que respecta a la coordinación y responsabilidad de los donantes;
56. Insiste en que la Comisión vele por que la dimensión externa de la reforma en curso de la Política Pesquera Común se integre en la política de desarrollo de la UE, pues ambas están directamente relacionadas con los medios de subsistencia de la población de los países en desarrollo;
57. Subraya que, en muchos países, el sector pesquero es fundamental para el empleo y la seguridad alimentaria y que, por consiguiente, todos los países en desarrollo deberían poder optar a la ayuda de la UE en este sector para desarrollar su propia industria pesquera sostenible y la investigación en este ámbito, así como medidas de control y ejecución para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con independencia de cualquier acuerdo con la Unión Europea en materia de acceso a las pesquerías;
58. Subraya que la ayuda de la UE al sector pesquero de terceros países está destinada a dotar a los puertos de estos países de las infraestructuras necesarias para facilitar el desembarque y procesamiento de pescado a escala local a fin de crear nuevos puestos de trabajo; pide a la Comisión que siga de cerca y verifique la consecución de estos objetivos, y que preste asistencia financiera y técnica para mejorar la capacidad de los países terceros de supervisar las actividades pesqueras en sus aguas y detener los buques que cometan infracciones;
59. Insiste en que la UE debería simplificar su estructura de asistencia, así como los procedimientos relacionados con ésta;
60. Pide una coordinación reforzada de las políticas de desarrollo entre la Comisión y los Estados miembros de la UE para impedir que acciones políticas diferentes tengan un impacto negativo en la realización de los ODM;
61. Espera que, dado que la coherencia de la política de desarrollo constituye ahora un requisito del Tratado, las políticas de la Unión Europea en materia de agricultura, comercio, emigración y pesca no socaven en modo alguno los esfuerzos en materia de desarrollo; pretende supervisar de cerca el cumplimiento de esta obligación por parte de la UE;
62. Invita a los donantes a que inviertan de modo inteligente en educación para el desarrollo en favor de sus ciudadanos;
63. Anima a los países donantes a que aprovechen esta crisis para estudiar en profundidad las posibilidades de recurrir a fuentes innovadoras y complementarias de financiación del desarrollo, y para buscar nuevas fuentes que permitan que los países en desarrollo diversifiquen sus propias fuentes de ingresos y adopten programas de gastos eficientes, concretos y operativos;
64. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que promuevan empresas sostenibles que creen empleos dignos como un sector específico de la cooperación al desarrollo, de conformidad con el Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 2005, y que promuevan su integración en sectores más tradicionales de dicha cooperación, como las infraestructuras, el desarrollo rural, la gobernanza y la ayuda relacionada con el comercio;
En materia de nuevas fuentes de financiación
65. Insta a los países del G-20 a que se comprometan a suprimir los paraísos fiscales, a aumentar la supervisión de los mercados financieros y a ser abanderados del intercambio de información fiscal; considera asimismo que los países del G-20 deberían dar instrucciones al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para adoptar una nueva norma que incluya los informes por países;
66. Pide a los países del G-20 y a los Estados miembros de la UE que tomen medidas para que los envíos de remesas resulten más baratos y sencillos;
67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las ayudas financieras públicas a las pequeñas empresas, las microempresas y los agricultores de los países en desarrollo, incluido el sector informal, como se pide en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT;
En materia de creación de capacidades y gobernanza mundial
68. Insta a la UE a dirigir su ayuda a promover la creación de capacidades en áreas que beneficien directamente al tejido económico de los países asociados y que creen empleo, es decir, el desarrollo de su capacidad productiva, la creación de sistemas fiscales eficientes, la lucha contra la corrupción, el refuerzo de las instituciones y de la sociedad civil, el fácil acceso a los microcréditos y a otras fuentes de financiación, etc.;
69. Pide que todas las políticas de desarrollo de la UE que tengan un impacto en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza se centren en medidas que exijan a los gobiernos, a la sociedad civil, a las empresas, a las fundaciones y a las comunidades locales que realicen los ODM para el año 2015;
70. Pide a la UE que destine sus ayudas igualmente a la construcción de sistemas de protección social en los países en desarrollo, por ser un medio importante y eficaz para reducir la pobreza;
71. Pide que se conceda prioridad a la educación, al seguimiento de los jóvenes tras su salida del sistema escolar, a la formación profesional, a la enseñanza de las tecnologías, a la adquisición de cualificaciones, a la formación continua, al acceso a la financiación, a la creación de períodos de prácticas de calidad que mejoren las perspectivas de futuro de los interesados, a la salud y a la seguridad, así como a la promoción de programas de iniciativa empresarial, principalmente para las microempresas y las pequeñas empresas, con el fin de crear una fuerza de trabajo sostenible, poniendo el acento sobre todo en los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas desplazadas, las mujeres y cualquier otro grupo marginalizado;
72. Cree que la UE debería tener en cuenta criterios en materia de derechos humanos y de gobernanza al diseñar los acuerdos de comercio con países en desarrollo y no dudar en aplicar sanciones a aquellos Estados que no respeten sus obligaciones de gobernanza; recuerda que los criterios de condicionalidad se aplican tanto al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) como al Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD);
73. Pide a la UE que vele escrupulosamente por el respeto de la condicionalidad tal y como se contempla en el Convenio de Cotonú;
74. Subraya que tanto el FED como el ICD deben responder a los mismos criterios de aplicación de la condicionalidad;
75. Exhorta a la Comisión a que promueva los métodos y calendarios oportunos para llevar a cabo el seguimiento de las cadenas productivas de las empresas europeas que operan en el exterior, a fin de comprobar la eliminación del trabajo infantil y el respeto de las normas laborales que estipulan los convenios de la OIT, así como a que fomente el acceso a la educación, que es un factor crucial para la lucha contra la pobreza;
76. Insta a la creación de una red fiable para establecer relaciones estrechas entre las principales instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a reducir la pobreza en todos los países en desarrollo, a fin de intercambiar puntos de vista y experiencias en la formulación, aplicación y seguimiento de la política de ayuda de la UE;
77. Apoya la creación de bases de datos nacionales y de la UE para recoger y comparar datos básicos sobre la pobreza en los países en desarrollo, como medio para facilitar y redoblar los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza;
78. Subraya la necesidad de reforzar la coordinación actual entre las organizaciones internacionales y regionales en un esfuerzo complementario por prestar asistencia técnica para la aplicación y el seguimiento del Plan de acción de la UE para la reducción de la pobreza;
79. Observa que es necesario crear «grupos consultivos» sobre temas específicos como un paso concreto y un medio fiable de prestar asistencia técnica para aplicar en los países en desarrollo los objetivos del Plan de acción de la UE para la reducción de la pobreza;
80. Acepta el uso del apoyo presupuestario únicamente si existen garantías serias de que los fondos van a alcanzar su destino previsto y van a cumplir su propósito original, y siempre que los destinatarios cumplan los criterios en materia de derechos humanos y gobernanza democrática; espera que se realice una evaluación y auditoría más eficaces del apoyo presupuestario para analizar si se ha alcanzado el objetivo previsto y si los Gobiernos de los países beneficiarios cumplen los criterios arriba mencionados; pide a la Comisión que establezca un marcador informatizado de indicadores bajo el control del Parlamento Europeo para evaluar la eficiencia de las ayudas comunitarias en el ámbito de la reducción de la pobreza, la educación y la creación de empleo, marcador que deberá basarse en el grado de cumplimiento de los coeficientes financieros y objetivos previstos;
81. Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una propuesta coherente y creíble sobre la política postelectoral de la UE que respete la libre elección de la población en cada país, y expresa su temor de que la falta actual de una política postelectoral coherente merme la credibilidad de las misiones de observación electoral de la UE;
82. Respalda una mayor representación democrática de los países en desarrollo en las instituciones mundiales;
83. Invita a las instituciones financieras internacionales a que revisen sus políticas de concesión de préstamos para apoyar las opciones de desarrollo económico y sostenible de los países en desarrollo, y a que se abstengan de imponer condiciones perjudiciales que han contribuido a la crisis financiera internacional;
84. Pide a la UE que adopte medidas concretas para acabar con los abusos de los paraísos fiscales, la evasión fiscal y las fugas ilícitas de capitales de los países en desarrollo, y que permita que estos recursos se inviertan en los países en desarrollo;
85. Aboga por la celebración de un nuevo acuerdo financiero mundial de carácter vinculante que obligue a las empresas transnacionales a revelar automáticamente los beneficios que han obtenido y los impuestos que han pagado en cada país;
86. Invita a la UE a que apoye la iniciativa sobre protección social mínima de la UE destinada a ampliar o implantar sistemas de protección social sostenibles en los países en desarrollo por medio de una mayor coherencia de sus políticas exteriores y la elaboración de una Comunicación sobre protección social en la cooperación al desarrollo, como se propone en las Conclusiones del Consejo sobre «Promover el empleo a través de la cooperación para el desarrollo de la UE»;
IV. En materia de educación
87. Coincide con la Comisión en que tener un empleo es la mejor manera de evitar la pobreza y la exclusión social; entiende que colmar la brecha educativa en los países en desarrollo es una de las estrategias más eficaces para romper el ciclo de pobreza y desempleo;
88. Acoge con beneplácito la Iniciativa de financiación acelerada «Educación para Todos» y el apoyo que presta en principio la Comisión; insta a esta última a que indique los fondos que concede actualmente a los países incluidos en esta iniciativa y sus finalidades, en particular en los siguientes ámbitos:
- asistencia a la primera infancia y aprendizaje,
- enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos,
- aprendizaje y cualificación para la vida para jóvenes y adultos,
- alfabetización de adultos,
- igualdad de género,
- calidad de la educación;
89. Insta a la UE a que cree programas de asistencia para padres y madres de familia en diversos ámbitos en los que la pobreza genera falta de conocimiento respecto a la educación de los hijos, a fin de que los niños de los países en desarrollo gocen de verdaderas oportunidades;
90. Señala que la calidad de la salud mental y física no es tan solo una cuestión de educación, formación y nuevas tecnologías de la información, sino también una cuestión de acceso al agua, a los alimentos y a los medicamentos, por lo cual la UE debería prestar más atención a la integración en los proyectos de ayuda globales de materiales didácticos gratuitos, comidas gratuitas, autobuses escolares gratuitos y exámenes gratuitos; considera que es imperativo que exista una relación clara entre los proyectos escolares financiados por la UE y los programas sanitarios y de alimentos en los países en desarrollo;
91. Pide a la UE que centre sus esfuerzos en la identificación de los sectores en los que los países en desarrollo cuentan con una ventaja competitiva, por lo cual el establecimiento de períodos de prácticas en estos sectores deberá ser una de las prioridades absolutas de la ayuda al desarrollo de la UE;
92. Pide a la UE que ofrezca más oportunidades educativas a los estudiantes de los países en desarrollo, y los aliente, no obstante, a que regresen a sus países una vez finalizados sus estudios a fin de beneficiar a sus propias comunidades;
V. Acceso al mercado
93. Señala que se recomienda a los países en desarrollo que sus productos compitan en el mercado libre, mientras que a menudo este principio no se aplica al mundo desarrollado;
94. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un enfoque coherente que respete los aspectos fundamentales del libre mercado y garantice la reciprocidad en el ámbito del comercio;
95. Subraya que numerosos países en desarrollo se caracterizan, ante todo en relación con su sector agrícola, por tener una economía de subsistencia y que dichas economías son a menudo la única fuente de ingresos y medios de vida;
o
o o
96. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a la OIT.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (28.4.2010)
para la Comisión de Desarrollo
sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo en los países en desarrollo: el camino a seguir
(2009/2171(INI))
Ponente de opinión: Gabriele Zimmer
SUGERENCIAS
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Subraya la importancia de promover una definición más amplia de la pobreza, como la que se adoptó en la Cumbre mundial para el desarrollo social de Copenhague en 1995, que incluye las privaciones, la exclusión social y la falta de participación, y la idea de un modelo de desarrollo social como el presentado en el informe de las Naciones Unidas «Repensar la pobreza - Informe sobre la situación social en el mundo 2010»;
2. Subraya la importancia de promover indicadores distintos del PIB para medir los avances sociales en los países en desarrollo, en particular teniendo presentes las propuestas de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el Progreso Social, presidida por Joseph Stiglitz;
3. Pide que las respuestas a la crisis económica mundial sean concebidas por país y región y que incluyan las medidas mencionadas en el instrumento político de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Un pacto mundial por el empleo», con el fin de facilitar las inversiones en sectores de gran intensidad de mano de obra y que respetan el medio ambiente y en sistemas de protección social;
4. Pide que todas las medidas de creación de empleo se basen en la Agenda por un Trabajo Decente de la OIT, con el fin de favorecer un reparto equitativo de los beneficios del crecimiento económico;
5. Recalca que los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico y reforzar la cohesión social, por lo que debería promoverse la creación y consolidación de las organizaciones representativas pertinentes;
6. Pide que se respete el derecho de asociación de los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva sin excepciones a fin de implantar, mejorar y defender unas condiciones de trabajo dignas;
7. Pide que se respete el derecho a la no discriminación, es decir, el derecho a trabajar y ser tratado en condiciones de igualdad, independientemente del género, origen étnico, edad, discapacidad u orientación sexual, como principio fundamental de la lucha contra la pobreza;
8. Pide que se respete el derecho a no ser víctima de trabajos forzados y en particular del trabajo infantil sin excepciones, ya que sin educación los niños están condenados a vivir toda la vida en la pobreza;
9. Pide que se preste especial atención a la lucha contra el trabajo infantil a fin de crear puestos de trabajo para adultos y que los niños puedan recibir una educación escolar adecuada;
10. Subraya que las pequeñas explotaciones agrícolas basadas en medios de producción descentralizados, verdes y sostenibles favorecen la creación de empleo y el desarrollo sostenible, ya que ofrecen más puestos de trabajo por hectárea que la grandes explotaciones y los agricultores y trabajadores gastan proporcionalmente más en productos rurales no agrícolas intensivos en mano de obra;
11. Recuerda que las pequeñas empresas y las microempresas, especialmente las del sector agrícola, requieren una financiación adecuada, por ejemplo en forma de microcréditos, para conservar los empleos ya existentes y crear nuevos;
12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las ayudas financieras públicas a las pequeñas empresas, las microempresas y los agricultores de los países en desarrollo, incluido el sector informal, como se pide en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT;
13. Pide que se conceda prioridad a la educación, al seguimiento de los jóvenes tras su salida del sistema escolar, a la formación profesional, a la enseñanza de las tecnologías, a la adquisición de cualificaciones, a la formación continua, al acceso a la financiación, a la creación de períodos de prácticas de calidad que mejoren las perspectivas de futuro de los interesados, a la salud y a la seguridad, así como a la promoción de programas de iniciativa empresarial, principalmente para las microempresas y las pequeñas empresas, con el fin de crear una fuerza de trabajo sostenible, poniendo el acento sobre todo en los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas desplazadas, las mujeres y cualquier otro grupo marginalizado;
14. Pide que se refuerce sustancialmente la situación jurídica y social de las mujeres a fin de evitar discriminaciones y de aprovechar el potencial de las mujeres para el desarrollo económico y social;
15. Pide que todas las políticas de desarrollo de la UE que tengan un impacto en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza se centren en medidas que exijan a los gobiernos, a la sociedad civil, a las empresas, a las fundaciones y a las comunidades locales que realicen los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) para el año 2015;
16. Pide una coordinación reforzada de las políticas de desarrollo entre la Comisión y los Estados miembros de la UE para impedir que acciones políticas diferentes tengan un impacto negativo en la realización de los ODM,
17. Anima a los países donantes a que aprovechen esta crisis para estudiar en profundidad las posibilidades de recurrir a fuentes innovadoras y complementarias de financiación del desarrollo, y para buscar nuevas fuentes que permitan que los países en desarrollo diversifiquen sus propias fuentes de ingresos y adopten programas de gastos eficientes, concretos y operativos;
18. Anima a los países en desarrollo a que consideren prioritario el desarrollo del sector agrícola y de la seguridad alimentaria en la formulación de los documentos de estrategia nacional y los programas indicativos nacionales;
19. Pide que los Gobiernos den prioridad a las ayudas para cubrir las necesidades sociales básicas y promuevan la protección de los niños y las mujeres vulnerables que han sido duramente afectados por la crisis, de los jóvenes en situación de riesgo, de los trabajadores de rentas bajas no cualificados e inmigrantes, de los trabajadores rurales y de las personas con discapacidad;
20. Pide que la educación básica y la sanidad pública sean el fundamento de las políticas de desarrollo y subraya que la situación actual no puede justificar ninguna reducción del gasto nacional y de las ayudas internacionales para estos sectores;
21. Pide un aumento de la igualdad de oportunidades y de acceso al desarrollo de las cualificaciones, y a una formación y educación de calidad; pide igualmente que se mejore el acceso al crédito (incluso a los microcréditos) para estimular la creación de puestos de trabajo;
22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan el modelo empresarial basado en la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en programas destinados a los países en desarrollo como principio legalmente vinculante para la integración de los aspectos sociales y ambientales en las operaciones comerciales de las empresas y en su interacción con los subcontratistas y partes interesadas;
23. Pide una poyo más eficaz a la creación de puestos de trabajo y de empleo mediante la coordinación de las políticas macroeconómicas y de empleo, teniendo en cuenta que las primeras no deben limitarse a controlar la inflación y los déficit comerciales y fiscales, sino que también deben promover la estabilidad de la producción real, los ingresos y el empleo;
24. Pide la integración vinculante de las normas de la OIT sobre trabajo decente y de normas ambientales en los acuerdos comerciales;
25. Pide que se reconsideren las políticas de privatización, en particular la de servicios públicos como el agua, el saneamiento y los servicios de interés general, así como el papel social de los Estados en la gobernanza del desarrollo, incluido el papel del sector público como empleador y proveedor de servicios sociales;
26. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que trabajen en pro de una interpretación diferente del artículo XXIV de la OMC para permitir una excepción de los acuerdos comerciales para los sectores industriales y otros sectores vulnerables cuando esté justificado, y hace hincapié en la necesidad de tener más en cuenta factores nacionales específicos para la competitividad en los mercados de exportación, como las pautas de empleo precomercial, las políticas del sector social, los niveles de desarrollo social, los modelos de propiedad de la tierra y las relaciones de poder en las zonas rurales, la capacidad de oferta para la exportación, las cualificaciones tecnológicas y la existencia de mercados bien desarrollados;
27. Propone que la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros estudien las posibilidades de liberalizar la importación de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo sin mantener acuerdos recíprocos de libre comercio que puedan destruir mercados regionales en los países en desarrollo;
28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que promuevan empresas sostenibles que creen empleos dignos como un sector específico de la cooperación al desarrollo, de conformidad con el Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 2005, y que promuevan su integración en sectores más tradicionales de dicha cooperación, como las infraestructuras, el desarrollo rural, la gobernanza y la ayuda relacionada con el comercio;
29. Señala el papel crucial que desempeñan los sistemas de protección social, según se indica en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT y las iniciativas de las Naciones Unidas sobre protección social mínima; pide en consecuencia que se haga mayor hincapié en los sistemas de protección social para evitar el aumento de la pobreza y aliviar las privaciones sociales, y al mismo tiempo para ayudar a estabilizar la economía y mantener y promover la empleabilidad.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
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Fecha de aprobación |
28.4.2010 |
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Resultado de la votación final |
+: –: 0: |
43 0 1 |
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Miembros presentes en la votación final |
Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu |
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Suplente(s) presente(s) en la votación final |
Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer |
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Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final |
João Ferreira |
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
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Fecha de aprobación |
10.5.2010 |
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Resultado de la votación final |
+: –: 0: |
13 11 3 |
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Miembros presentes en la votación final |
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer |
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Suplente(s) presente(s) en la votación final |
Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia |
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