Procedimiento : 2010/2311(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0286/2011

Textos presentados :

A7-0286/2011

Debates :

PV 12/09/2011 - 23
CRE 12/09/2011 - 23

Votaciones :

PV 13/09/2011 - 5.23
CRE 13/09/2011 - 5.23
Explicaciones de voto
PV 14/12/2011 - 9.2
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0577

INFORME     
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20.07.2011
PE 460.953v02-00 A7-0286/2011

sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros

(2010/2311(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Sophia in 't Veld

ENMIENDAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros

(2010/2311(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistos la Carta de los Derechos Fundamentales, los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

- Vistos la Estrategia Europea de Seguridad de 2003(1) y su informe de ejecución de 2008(2),

- Vistos la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo(3), modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI(4), y en particular su artículo 10 sobre protección y asistencia a las víctimas,

- Vista la Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo de 2005(5),

- Vista la Estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas(6),

- Vistos el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano(7), y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de abril de 2010, titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos: Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

- Visto el informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE en 2011 (TE-SAT 2011),

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 20 julio de 2010, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (COM(2010)0386),

- Vista la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 24 de noviembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros(8),

- Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros(9),

- Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la Estrategia de seguridad interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura (COM(2010)0673),

- Vistos el Convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos (Convenio nº 116 del Consejo de Europa), el Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la prevención del terrorismo (Convenio nº 196 del Consejo de Europa), los principios rectores del Consejo de Europa de 2005 relativos a la protección de las víctimas de los actos de terrorismo, las recomendaciones del Consejo de Europa de 2006 relativas a las asistencia a las víctimas de delitos, y la propuesta de la Comisión de 2011 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275),

- Vista la revisión intermedia del Séptimo Programa marco de investigación y el Libro verde titulado «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE»,

- Vistas sus diversas resoluciones relativas a la lucha contra el terrorismo,

- Vistos el Reglamento (CE) n° 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo(10), y la Posición común 2001/931/CFSP, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo(11),

- Visto el artículo 48 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores así como de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0286/2011),

A. Considerando que, tras los atroces atentados del 11 de septiembre de 2001, la primera década del siglo XXI ha estado marcada por la «guerra contra el terrorismo», especialmente en lo que concierne al enfoque de los EE.UU., y que, aunque esos atentados y otros atentados de magnitud similar no tuvieron lugar en suelo europeo, su planificación y preparativos sí se llevaron a cabo parcialmente en Europa, y muchos europeos los sintieron como un ataque a sus valores y su forma de vida,

B.  Considerando que en el siglo XXI la Unión Europea se ha convertido en un objetivo y en una víctima del terrorismo cada vez mayor y que tiene que hacer frente a una amenaza cada vez más importante,

C. Considerando que varios atentados terroristas graves en la UE desde los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, incluidos los atentados terroristas de Madrid en 2004 y los atentados de Londres en 2005, han tenido un impacto significativo en el sentimiento de seguridad común de los ciudadanos de la UE,

D. Considerando que el Informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE en 2011 (TE-SAT 2011) indica que la amenaza de atentados terroristas en la UE sigue siendo seria y que parecen incrementarse los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada y señala que se observa una tendencia a la baja de los atentados terroristas reivindicados o atribuidos a organizaciones terroristas separatistas, en comparación con 2006, aunque éstos siguen representando la mayoría de los atentados terroristas que se registran en Europa,

E.  Considerando que el Programa de Estocolmo define dos amenazas para la seguridad interior —el terrorismo internacional y la delincuencia organizada— que, en muchos casos, se dedican a las mismas actividades, como, por ejemplo, el tráfico de armas y de drogas,

F.  Considerando que el terrorismo no es un fenómeno reciente; considerando que en los últimos decenios el terrorismo ha adoptado nuevas formas tales como el ciberterrorismo y que las redes terroristas se han hecho con unas estructuras, medios y financiación más complejos, lo que complica la amenaza terrorista en mayor medida; considerando que la lucha contra el terrorismo ha formado siempre parte del ámbito de competencias de los Estados miembros y de las medidas ordinarias de aplicación de la ley; considerando que los atentados del 11 de septiembre, de Madrid y de Londres produjeron un cambio fundamental en la percepción del fenómeno terrorista y en los métodos e instrumentos utilizados para combatir el terrorismo; y considerando que, como resultado de esos atentados, el terrorismo se convirtió en una cuestión de seguridad de la Unión Europea en su conjunto y no sólo en una cuestión de seguridad nacional de los Estados miembros, con un marco jurídico muy diferente,

G. Considerando que no existe una definición de terrorismo carente de ambigüedades y aceptada universalmente, lo que supone una traba para el debate sobre el terrorismo y sobre cómo luchar contra él,

H. Considerando que la cooperación internacional es imprescindible para privar al terrorismo de sus bases financieras, logísticas y operativas,

I.   Considerando que, si bien la experiencia recabada en materia de terrorismo y los niveles de alerta en los distintos Estados miembros de la UE son divergentes, es necesario un enfoque común a escala de la UE, ya que frecuentemente las operaciones terroristas tienen carácter paneuropeo y los terroristas se aprovechan de las diferencias existentes en Europa en materia legislativa y en relación con las capacidades con respecto a la lucha contra el terrorismo, así como de la abolición de los controles fronterizos, cuando cometen los atentados,

J.   Considerando que los ciudadanos de la UE y otras personas también desean que su seguridad esté garantizada en la UE y fuera de ella y que a la UE le corresponde desempeñar un importante papel en ese ámbito,

K. Considerando que los actos terroristas ponen seriamente en peligro los derechos humanos, constituyen una amenaza para la democracia, persiguen la desestabilización de Gobiernos legítimamente constituidos, minan a las sociedades plurales y amenazan el ideal de todo individuo de poder vivir sin miedo,

L.  Considerando que las políticas antiterroristas deben ir encaminadas a combatir los objetivos del terrorismo y la ejecución de actos terroristas, que tienen como objetivo destruir las bases de las sociedades libres, abiertas y democráticas; considerando que los objetivos primordiales de la lucha contra el terrorismo deben ser proteger y fortalecer las bases de las sociedades democráticas, reforzando las libertades civiles y el control democrático, garantizando la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos, identificando a las partes responsables de perpetrar actos de terrorismo y persiguiéndolas, y respondiendo a las consecuencias de un atentado terrorista mediante políticas de inclusión, la cooperación judicial y policial a nivel transfronterizo, y una estrategia eficaz y coordinada a nivel de la UE; considerando que la efectividad de las políticas antiterroristas se debe medir en relación con estos objetivos; y considerando que el enfoque antiterrorista que mejores resultados puede dar es el de centrarse en la prevención del extremismo violento y de la escalada,

M. Considerando que la estrategia antiterrorista de la Unión Europea debe incidir, por consiguiente, no sólo en las consecuencias del terrorismo, sino también en las causas que provocan el fenómeno terrorista,

N. Considerando que la lucha contra el extremismo violento resulta esencial en la prevención y la represión del fenómeno terrorista,

O. Considerando que la lucha contra el terrorismo es la lucha contra toda forma de terrorismo, incluidos el ciberterrorismo, el narcoterrorismo y la interconexión de grupos terroristas con o dentro de múltiples operaciones delictivas, así como las tácticas que utiliza para ser operativo, tales como la financiación ilegal, la extorsión financiera, el lavado de dinero y la ocultación de operaciones de grupos terroristas por medio de supuestas entidades o instituciones legales,

P.  Considerando que el terrorismo es un problema de Estado y que corresponde a las instituciones democráticas elaborar y preservar las líneas esenciales de la política antiterrorista en la búsqueda del máximo consenso político y social posible; considerando que el combate democrático contra el terrorismo, en el marco indispensable del Estado de Derecho y del imperio de la ley, incumbe a todos los partidos políticos con representación en las instituciones democráticas, sea en funciones de gobierno, sea en las de oposición; considerando que, por ello, es aconsejable preservar la definición de la política antiterrorista —que en toda sociedad democrática corresponde a los gobiernos— de la confrontación legítima entre partidos y, consiguientemente, de la competición electoral,

Q. Considerando que es razonable evaluar los costes y beneficios de las políticas antiterroristas, ya que los responsables políticos deberían saber si sus decisiones tienen el efecto deseado, y los ciudadanos tienen el derecho a pedir cuentas a sus representantes electos,

R.  Considerando que, diez años después de los atentados que conmocionaron al mundo, ha llegado el momento de hacer balance de los logros alcanzados en la lucha antiterrorista; considerando que la evaluación permite desarrollar una política más eficiente y eficaz, y que en toda democracia moderna las decisiones políticas deben ser sometidas a evaluaciones y revisiones frecuentes,

S.  Considerando que se ha hecho muy poco por evaluar la medida en que las políticas antiterroristas de la UE han alcanzado sus objetivos; considerando que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones que se lleve a cabo una evaluación en profundidad de las políticas antiterroristas de la UE, ya que la evaluación y el examen son condiciones previas para la transparencia y la obligación de rendir cuentas de los responsables políticos; considerando que la ausencia de una evaluación adecuada de las políticas antiterroristas de la UE responde, en particular, a que gran parte de la misma se realiza en el ámbito de las políticas de seguridad e inteligencia, donde existe una tradición de secretismo,

T.  Considerando que los atentados terroristas han tenido repetidamente como objetivo causar el mayor número de víctimas posible, lo que supone un desafío para las capacidades institucionales disponibles,

U. Considerando que los terroristas apuntan a civiles inocentes para alcanzar su objetivo de destruir la democracia; considerando que los que han sufrido lesiones, daños o la pérdida de sus seres queridos en los atentados terroristas tienen derecho a nuestro apoyo y a nuestra solidaridad, y a obtener reparación, compensación y asistencia,

V. Considerando que es esencial que se haga justicia, que los culpables sean llevados ante los tribunales y que los crímenes terroristas no queden impunes, mereciendo la posición de las víctimas y testigos en los procesos judiciales una atención especial,

W. Considerando que la obligación de rendir cuentas y la responsabilidad son factores esenciales para la legitimidad democrática de las políticas de lucha contra el terrorismo, y que los errores, las acciones ilegales y las violaciones del Derecho internacional y de la legislación en materia de derechos humanos deben ser investigadas y corregidas, y procesarse judicialmente,

X. Considerando que las medidas antiterroristas deben respetar los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que toda medida adoptada en este ámbito influye recíprocamente en la esfera de las libertades civiles,

Y. Considerando que la vigilancia masiva se ha convertido en una característica esencial de las políticas antiterroristas, y que la recopilación a gran escala de datos personales, las tecnologías de detección e identificación, el seguimiento y la localización, la exploración de datos y la elaboración de perfiles, la evaluación de riesgos y el análisis del comportamiento se utilizan todos con el objetivo de prevenir el terrorismo; considerando que estos instrumentos entrañan el riesgo de hacer recaer la carga de la prueba sobre el ciudadano; considerando que las tasas de efectividad y éxito logradas por estos instrumentos para la prevención del terrorismo son discutibles; considerando que el intercambio de información entre agencias es inadecuado,

Z.  Considerando que las autoridades públicas utilizan cada vez más los datos recogidos con fines comerciales o privados; considerando que se obliga a empresas de diversos sectores a conservar y facilitar datos personales de sus bases de datos de clientes; considerando que los costes relacionados con el almacenamiento y la recuperación de datos (tanto inversiones en infraestructuras como costes operativos) son considerables,

AA.Considerando que se necesita urgentemente una definición legal uniforme del concepto de «elaboración de perfiles» basada en los derechos fundamentales y los estándares de protección de datos relevantes con el fin de reducir la incertidumbre sobre qué actividades están prohibidas y cuáles no,

Consideraciones generales

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y recuerda que ésta debe estar ligada a la futura Estrategia de Seguridad Interior de la UE; lamenta, sin embargo, que su alcance sea más bien reducido, limitado a la aplicación de las medidas adoptadas, y no incluya las políticas antiterroristas nacionales ni las medidas nacionales que transponen políticas aprobadas a nivel europeo o internacional, así como que no se haya realizado un examen más detallado sobre las posibles lagunas jurídicas o el posible solapamiento o duplicidad de acciones e instrumentos de la lucha contraterrorista adoptados a nivel de la UE; destaca la importancia de mantener la coherencia, a escala de la UE y de los Estados miembros, de las iniciativas adoptadas en el ámbito de la seguridad interior, prestando especial atención al terrorismo y a la delincuencia organizada;

2.  Lamenta también que la Comunicación no cubra suficientemente ni desarrolle con mayor detalle las medidas tomadas por otras DG que JLS (como TRAN, ENTER o MARKT) y que no de una idea clara de cómo interactúan las medidas y cuándo existen solapamientos o carencias; opina que todos los niveles precedentes deben tomarse en consideración, ya que las medidas europeas, nacionales e internacionales son complementarias y la evaluación de medidas individuales no proporciona una idea completa del impacto de las políticas antiterroristas en Europa;

3.   Lamenta que se haya perdido la oportunidad de explicar cómo ciertos instrumentos antiterroristas de la UE, como la conservación de datos, el acuerdo PNR y acuerdo Swift se inscriben en la estrategia antiterrorista de la UE;

4.  Considera que la Carta de los Derechos Fundamentales debe ser siempre el norte para las políticas de la UE en este ámbito y para los Estados miembros en la aplicación de las mismas, así como en la cooperación con terceras partes y terceros países;

5.  Subraya la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; insiste, además, en que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debe dirigirse en primer lugar a la prevención, y resalta la necesidad de fomentar el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre las diferentes culturas, civilizaciones y religiones;

6.  Recuerda que las políticas de lucha contra el terrorismo deben cumplir con las normas establecidas en lo que respecta a su necesidad, eficacia y proporcionalidad, las libertades cívicas, el Estado de Derecho y la responsabilidad y el control democrático, que la Unión se ha comprometido a respetar y desarrollar, y que la evaluación de todos los esfuerzos antiterroristas de la UE debe determinar también si se respetan esas normas; considera que esas políticas deben desarrollarse de conformidad con las disposiciones del Derecho primario de la UE y, en especial, priorizar el respeto de los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

7.  Reafirma que las medidas restrictivas para embargar, confiscar o inmovilizar los activos y fondos vinculados a personas físicas o jurídicas u organizaciones que cometen actos terroristas o están implicadas en ellos pueden resultar útiles como herramienta antiterrorista, pero que deben respetar plenamente el artículo 75 del TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales;

8.  Considera que la prevención, el seguimiento y la persecución de actividades terroristas son políticas críticas a nivel de la UE y deben formar parte de un planteamiento sistemático, basado no en normas de emergencia sino en una estrategia coherente fundada en la necesidad, deben ser útiles y eficaces en cuanto a los costes, y deben evitar la duplicación de medidas y funciones por parte de instituciones, agencias y organismos competentes;

9.  Subraya que la evaluación de diez años de políticas antiterroristas de la UE debe resultar en objetivos políticos claramente definidos;

10. Opina que el terrorismo es un fenómeno en constante cambio que debe ser combatido mediante una política de lucha antiterrorista que responda a la misma evolución;

11. Considera un acierto profundizar y desarrollar los cuatro aspectos esenciales de la estrategia de lucha contra el terrorismo: prevenir, proteger, perseguir y responder;

12. Recuerda que, dentro de la UE, la amenaza terrorista es multidimensional y ha estado alimentada durante décadas por sentimientos separatistas y movimientos separatistas organizados; subraya también que la UE debe encontrar el equilibrio adecuado entre las dos fuentes principales de violencia terrorista, a saber, terrorismo separatista y terrorismo de motivación religiosa, basándose en ejercicios de evaluación del riesgo y en información cualitativa y en el intercambio de información a nivel de la UE;

13. Considera que la prevención, la investigación y la persecución de actividades terroristas debe basarse en el refuerzo de la cooperación judicial y policial a nivel de la UE, junto con el pleno control parlamentario y la plena y oportuna finalización de la hoja de ruta para el establecimiento de un conjunto de alto nivel de garantías procesales uniformes;

14. Considera que, entre las autoridades judiciales y policiales, la formación y la sensibilización han de gozar de carácter prioritario con el fin de mejorar el grado de preparación para la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea;

15. Señala, a ese respecto, la importancia de la cooperación de los Estados miembros con la OLAF, así como con otras agencias de la UE tales como Europol, Eurojust y CEPOL;

16. Pide, a ese respecto, a la Comisión que evalúe plenamente el conjunto de las políticas y medidas antiterroristas adoptadas y se centre en los retos futuros, entre los cuales se incluyen la reforma de Europol y Eurojust a la luz de las nuevas potencialidades ofrecidas por el Tratado de Lisboa, la necesidad de estándares uniformes para obtener pruebas y realizar investigaciones, la plena implementación de equipos de investigación conjuntos, un marco comunitario más fuerte para la formación judicial y policial y políticas adecuadas de inclusión e integración;

17. Considera que las medidas antiterroristas deben ser acordes con el nivel de amenaza y que se debe ajustar en respuesta tanto al aumento como a la disminución del nivel de amenaza; señala que las medidas antiterroristas, en términos de nuevas competencias gubernamentales y agencias, deben estar diseñadas de manera que se pueden ampliar, así como reducir, en función de la situación;

18. Recuerda que la radicalización y el reclutamiento constituyen la amenaza continua más significativa a largo plazo, tal como se subraya en la Comunicación de la Comisión, y forman el eje en el que la UE debe centrar sus estrategias de prevención en la lucha contra el terrorismo al principio de la cadena; subraya que la inversión en políticas de lucha contra el racismo y la discriminación constituye un instrumento crucial con el que abordar e impedir la radicalización y el reclutamiento de potenciales terroristas;

19. Recuerda la importante contribución de muchas ONG y de la sociedad civil, a menudo cofinanciada por la UE y sus Estados miembros, al desarrollo socioeconómico, la consolidación de la paz, la consolidación de las instituciones del Estado y la democratización, todos ellos esenciales en la lucha contra la radicalización y el reclutamiento;

20. Pide el establecimiento de una estrategia global sobre la interconexión entre la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas y el terrorismo, y alienta el análisis continuo de las nuevas tendencias y características relativas a la diversificación, la radicalización y el reclutamiento, y al papel que desempeñan algunas organizaciones no gubernamentales internacionales en la financiación del terrorismo;

21. Pide, en ese contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que impidan el surgimiento del extremismo;

22. Llama la atención sobre la necesidad de ampliar las asociaciones estratégicas existentes en materia de lucha contra el terrorismo con países no europeos y de establecer otras nuevas, con la condición de que estas asociaciones respeten los derechos humanos; hace hincapié en la cooperación estratégica entre la Unión Europea y los EE.UU., y destaca la necesidad de cooperar con otros socios, reiterando la importancia que la Unión concede a la protección de los datos personales de los ciudadanos y de sus derechos humanos y civiles;

23. Subraya que la lucha contra el terrorismo es parte integrante de las relaciones de la Unión con terceros países; pide que se incremente la financiación de las medidas de lucha contra el terrorismo en el próximo Instrumento de Estabilidad para evitar la desestructuración de Estados; está de acuerdo, a ese respecto, en que las zonas prioritarias son el sur de Asia, en particular Pakistán y Afganistán, la región del Sahel (Mauritania, Malí, Níger), Somalia y Yemen; celebra la presentación de la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, de 21 de marzo de 2011, y pide al Consejo que la adopte, previa consulta del Parlamento Europeo; expresa su satisfacción por la inclusión de cláusulas sobre la lucha contra el terrorismo en los acuerdos internacionales;

24. Pide a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo que apliquen rápidamente disposiciones en relación con la cláusula de solidaridad que introduce el Tratado de Lisboa;

25. Insiste en la importancia de definir un conjunto uniforme de normas para la protección específica y el apoyo a las víctimas del terrorismo, incluidos los testigos, también en el marco de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275);

Evaluación por un grupo de expertos independientes y ejercicio de cartografía

26. Subraya que una evaluación adecuada de diez años de políticas antiterroristas debe centrarse en el examen de si las medidas adoptadas para evitar y combatir el terrorismo en la UE se han basado en datos probados (y no en suposiciones), han respondido a las necesidades, y han sido coherentes y parte de una estrategia global de la UE en materia antiterrorista, basada en una evaluación en profundidad y completa realizada con arreglo al artículo 70 del TFUE, debiendo informar la Comisión en una reunión parlamentaria conjunta del Parlamento Europeo y de las comisiones parlamentarias nacionales responsables de la supervisión de las actividades de lucha contra el terrorismo, a realizarse seis meses después de que se encargue ese estudio, que debe basarse en los informes que recabe de las organizaciones y agencias relevantes, como Europol, Eurojust, la Agencia de los Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas;

27. Aboga por un enfoque global y exhaustivo de la política antiterrorista, en forma de un alineamiento de la Estrategia Europea de Seguridad y de la Estrategia de Seguridad Interior, así como de un refuerzo de los mecanismos de coordinación existentes entre las estructuras de los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior, las agencias y el Servicio Europeo de Acción Exterior; subraya que una buena información de inteligencia es crucial para luchar contra el terrorismo y que la UE ocupa una posición única para facilitar el intercambio de dicha información entre los Estados miembros, pero que ello debe estar sujeto a los mismos estándares de responsabilidad aplicados en los Estados miembros; afirma, en consecuencia, que la información de inteligencia obtenida por personas, por encima de todos los medios técnicos disponibles, sigue siendo indispensable a la hora de enfrentarse a las redes terroristas y de evitar atentados a tiempo;

28. Subraya que toda evaluación debe:

a)  proporcionar un análisis claro de las aportaciones y los resultados en torno a las amenazas terroristas basado en definiciones acordadas a nivel de la UE, así como del marco de las políticas antiterroristas en Europa durante la pasada década para abordar dicha amenaza, y exponer con claridad los resultados de las políticas en términos de eficacia, prevención, imputaciones ante los tribunales e incremento de la seguridad en Europa;

b)  exponer los hechos y cifras, incluida la financiación presupuestaria asignada, relativos a la actividad terrorista (atentados con éxito, fracasados o evitados) y a la actividad antiterrorista (detenciones y condenas), en la medida en que la Comisión disponga de los datos, y con el mayor detalle posible; subraya que tales cifras deben ser comprobables y estar sujetas a controles cruzados;

c)  incluir una visión general completa de los efectos acumulados de las medidas antiterroristas en las libertades civiles y los derechos fundamentales, incluidas las políticas de los Estados miembros, las medidas de terceros países que tengan un impacto directo dentro de la UE y todas las medidas adoptadas en este ámbito con arreglo a la política de vecindad, cuantificada, como mínimo, en estadísticas sobre discriminación y violaciones de los derechos civiles, basadas en la jurisprudencia relevante del TEDH, del Tribunal de Justicia Europeo y de los tribunales nacionales;

d)  examinar si los instrumentos existentes para evaluar la incidencia de las medidas antiterroristas sobre la vida privada y las libertades cívicas son adecuados y se basan en prácticas internacionales de evaluación comparativa aplicadas por países democráticos, a la vista de los acuerdos interinstitucionales y otras actividades para legislar mejor;

e)  examinar el nivel de eficacia y proporcionalidad de las competencias conferidas a las agencias y servicios comunitarios implicados en la lucha contra el terrorismo;

f)    identificar la forma en que pueden mejorarse las medidas antiterroristas cuando existan fallos de seguridad que puedan aprovecharse para realizar actos terroristas;

29. Pide a la Comisión que indique qué medidas tienen objetivos distintos a la lucha contra el terrorismo, o cuándo se han agregado objetivos nuevos al objetivo inicial de lucha antiterrorista (ampliación de la misión y desviación del uso), como la aplicación de la ley, las políticas de inmigración, la sanidad pública o el orden público;

30. Pide a la Comisión que elabore un «mapa» completo y detallado de todas las políticas antiterroristas existentes en Europa, prestando especial atención al Derecho de la UE y a la forma en que se ha transpuesto y aplicado a nivel de la UE; pide al mismo tiempo a los Estados miembros que procedan a una evaluación completa de sus políticas de lucha contra el terrorismo, prestando una atención particular a la interacción con las políticas de la UE, las superposiciones y las carencias, para cooperar mejor en la evaluación de las políticas de la Unión, incluida la presentación de cuadros de correlación, en los que se identifiquen las disposiciones de las leyes de los Estados miembros por las que se transponen las disposiciones de los actos de la UE, y de sus contribuciones en los plazos establecidos, como en el caso de la Directiva sobre conservación de datos;

31. Pide a la Comisión que elabore, antes de marzo de 2012, un informe completo y sobre todos los fondos de la UE utilizados, directa o indirectamente, para fines antiterroristas, y que presente un análisis de la evolución de las líneas presupuestarias de la Unión pertinentes desde 2001, incluidos los recursos asignados a los países terceros en este ámbito, que contemple por lo menos los siguientes elementos:

- gasto clasificado específicamente como medidas antiterroristas,

- gasto correspondiente a políticas que incluyan actividades antiterroristas,

- gasto correspondiente a agencias y personal de la UE que realicen tareas antiterroristas,

- gasto correspondiente a bases de datos y sistemas de TI relacionados con la lucha antiterrorista,

- gasto correspondiente a proyectos de investigación (co)financiados por la UE, en el ámbito de la lucha antiterrorista o en ámbitos conexos,

- gasto correspondiente a la protección de los derechos fundamentales y a la protección de datos en el contexto de la lucha antiterrorista,

- gasto para reforzar la democracia y el Estado de Derecho,

- un análisis del desarrollo de las líneas presupuestarias de la UE mencionadas más arriba desde 2001;

32. Pide a la Comisión que verifique si las medidas de lucha contra el terrorismo se están aplicando correctamente y que informe con regularidad al Parlamento y al Consejo a este respecto;

33. Pide a la Comisión que realice un estudio de los costes de las políticas antiterroristas asumidos por el sector privado, así como un resumen general de los sectores que se benefician de las políticas antiterroristas;

Control y responsabilidad democráticos

34. Pide a la Comisión que efectúe un estudio para determinar si las políticas antiterroristas son objeto de un escrutinio democrático efectivo que incluya, por lo menos, los siguientes puntos:

a)  Para cada medida, habrá que establecer si los Parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo dispusieron de todos los derechos y medios de control, como el acceso a la información, un plazo suficiente para un procedimiento completo, y el derecho de modificar las propuestas; la evaluación incluirá una visión general del fundamento jurídico utilizado para cada medida política;

b)  Todas las medidas existentes deberán someterse a un examen de proporcionalidad retrospectivo(12);

c)  Conviene facilitar información general sobre la clasificación de los documentos, la evolución de la utilización de la clasificación y el número de accesos a los documentos relativos a las políticas antiterroristas concedidos o denegados y la evolución al respecto; los documentos puestos a disposición del Parlamento deben asimismo consultarse en un lugar seguro;

d)  Una visión general de los instrumentos para el escrutinio democrático de la cooperación transfronteriza por parte de las agencias de inteligencia, y más concretamente del SITCEN, de la Capacidad de Guardia Permanente, del Centro de Crisis, del Grupo Preparatorio del Consejo y del COSI;

e)  Una visión general de las medidas adoptadas por terceros países que tengan un efecto extraterritorial en la UE;

f)   Una visión general de las medidas acordadas en los organismos gubernamentales y no gubernamentales (Naciones Unidas, OACI, IATA), y de los instrumentos existentes para el control democrático;

g)  Una visión general de las actividades no legislativas (que cuentan con financiación) de la UE, como los programas de investigación, y de la forma en la que son objeto de un control democrático;

35. Solicita además que en las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo se atienda al principio de proporcionalidad y se observen los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo en cuenta que todas estas medidas tienen que ajustarse a la ley y al Estado de derecho;

36. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades competentes que investiguen los actos ilícitos o las violaciones de los derechos humanos, del Derecho internacional y del ordenamiento jurídico en caso de que haya alguna prueba o sospecha de tal presunta acción o violación, y pide a los Estados miembros que aseguren su rectificación;

37. Considera que la UE y los Estados miembros deben establecer claramente cuál ha sido su papel en el programa de entregas extraordinarias y cárceles clandestinas de la CIA, de conformidad con las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en el contexto de las nuevas pruebas reveladas, estrictamente sobre la base de hechos y no prejuicios o intereses políticos;

38. Subraya que la UE debe ayudar a los EE.UU. a hallar soluciones adecuadas para las cuestiones relacionadas con el cierre de Guantánamo y a garantizar que los reclusos tengan un juicio justo;

39. En este contexto, insta al Consejo y a la Comisión a que, al revisar las medidas relativas a las listas negras y la congelación de activos, tengan especialmente en cuenta la posición de las ONG y de la sociedad civil, a fin de garantizar que no se incluya a ONG en las listas «por asociación» ni se obstaculice indebidamente su labor con sus organizaciones asociadas;

40. Se muestra firmemente en desacuerdo con el llamamiento del Consejo (Plan de Acción del 17 de enero de 2011) a la Comisión y a los Estados miembros para que presenten recursos contra la sentencia más reciente del Tribunal General en el asunto Kadi contra Comisión; invita, por el contrario, a todos los actores a proceder a una revisión en profundidad del régimen de sanciones y a asegurarse de que este respeta plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos y el Estado de derecho, con arreglo a toda la jurisprudencia en la materia(13); considera que quienes sean objeto de sanciones deben recibir información que sustancie por qué lo son y tener derecho a vías de recurso judicial efectivas;

41. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el caso de que se haya producido, investiguen la posible recopilación de datos personales con fines represivos sin que exista una base jurídica adecuada o aplicando procedimientos irregulares e incluso ilegales;

Supervisión y elaboración de perfiles

42. Insta a la Comisión a proceder a una verificación obligatoria de la proporcionalidad y a una evaluación de impacto completa para toda propuesta que impliquen la recopilación de datos personales a gran escala, la utilización de tecnologías de detección e identificación, la localización y el seguimiento, la exploración de datos y la elaboración de perfiles, la evaluación de riesgos y el análisis del comportamiento o técnicas similares;

43. Subraya la necesidad de mejorar el uso de los datos: la recopilación de datos solo debería autorizarse una vez que se haya demostrado de forma explícita el principio de necesidad y la no existencia de un posible solapamiento con otras medidas existentes y la no existencia de posibles medidas menos intrusivas, y solo sobre la base de una limitación estricta de la finalidad y de la minimización de los datos y cuando se mejore de forma drástica el intercambio y el procesamiento de datos;

44. Pide al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los Derechos Fundamentales que informen sobre el nivel de protección de los derechos fundamentales y de los datos de carácter personal en el ámbito de la política antiterrorista de la Unión Europea;

45. Insta a la Comisión y al Consejo a que aclaren completamente la división del trabajo entre el Coordinador de la lucha contra el terrorismo y el Alto Representante;

46. Pide al Coordinador de la lucha contra el terrorismo que elabore un informe sobre el uso de los servicios de información humana y su cooperación con los servicios de inteligencia extranjeros en las políticas antiterroristas de la UE;

47. Pide a la Comisión que lance propuestas para reforzar la protección de las libertades civiles, la transparencia y el control democrático en el contexto de las políticas antiterroristas, por ejemplo mejorando el acceso a los documentos mediante una ley de libertad de información de la UE y reforzando la Agencia de los Derechos Fundamentales, el SEPD y del Grupo de Trabajo del Artículo 29;

48. Pide a la Comisión que proponga enmiendas a la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por última vez en 2008, a fin de elevar el nivel de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, mediante la actualización de la definición de los delitos de terrorismo, y de enlazar mejor con los instrumentos de derechos humanos ya existentes a nivel de la UE, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales;

49. Pide a la Comisión que incorpore una definición jurídica uniforme del concepto de «elaboración de perfiles»;

50. Invita a la Comisión a que presente una propuesta de marco legislativo para la protección de datos, incluida la Política Exterior y de Seguridad Común, sobre la base del artículo 16 del TFUE, sin perjuicio de las normas específicas establecidas en el artículo 39 del TUE;

°

° °

51. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1)

Una Europa segura en un mundo mejor - Estrategia Europea de Seguridad, aprobada por el Consejo Europeo en Bruselas el 12 de diciembre de 2003, y elaborada bajo la responsabilidad de Javier Solana, Alto Representante de la UE.

(2)

Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad – Ofrecer seguridad en un mundo en evolución (S407/08).

(3)

DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.

(4)

DO L 330 de 09.12.08, p. 21.

(5)

Documento del Consejo 14469/4/05.

(6)

Documento del Consejo 14781/1/05. La Estrategia fue revisada en noviembre de 2008. Documento del Consejo 15175/08.

(7)

DO C 115 de 04.05.10, p. 1.

(8)

DO C 56 de 22.2.2011, p. 2.

(9)

SOC/388, CESE 800/2011.

(10)

DO L 344 de 28.12.01, p. 70.

(11)

DO L 344 de 28.12.01, p. 93.

(12)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, S. y Marper/ v. Reino Unido, 8 de diciembre de 2008, apartado 95, 101-103, 125.

(13)

Véanse, entre otros, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P.


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (27.5.2011)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros

(2010/2311(INI))

Ponente de opinión: Ágnes Hankiss

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Reconoce que el terrorismo, tal como se indica en la Estrategia Europea de Seguridad(1) y en su informe de aplicación(2), sigue siendo una importante amenaza para la estabilidad internacional y las sociedades europeas que requiere una respuesta coordinada a escala mundial que respete plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales; insiste en que la lucha antiterrorista requiere un planteamiento exhaustivo basado en medios de inteligencia, policiales, judiciales, políticos y, en casos muy limitados, militares; recuerda que, de conformidad con el principio de solidaridad consagrado en el artículo 222 del TFUE, podría decidirse llevar a cabo una operación de la PCSD para ayudar a un Estado miembro, a solicitud de sus autoridades políticas, en caso de atentado terrorista; subraya la necesidad de estar preparados y se felicita de la continua actualización de la base de datos militar y la contribución de la Agencia Europea de Defensa a la lucha contra el terrorismo;

2.   Subraya la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados Miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; insiste en que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debe dirigirse en primer lugar a la prevención, y resalta la necesidad de fomentar el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre las diferentes culturas, civilizaciones y religiones;

3.   Destaca que sigue habiendo obstáculos institucionales para una política antiterrorista eficaz de la UE, en particular los numerosos comités, agencias y administraciones implicados; destaca la importancia del papel del Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE para garantizar la aplicación y la evaluación de la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, coordinar las tareas antiterroristas en la Unión e impulsar una mejor comunicación entre la UE y terceros países; le pide que continúe informándole periódicamente sobre estos asuntos;

4.   Aboga por un enfoque holístico y exhaustivo de la política antiterrorista proponiendo la armonización de la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrategia de Seguridad Interior(3), así como el refuerzo de los mecanismos de coordinación existentes entre las estructuras del Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior, las agencias y el Servicio Europeo de Acción Exterior, aprovechando las nuevas capacidades del Centro de Situación (SitCen) con objeto de facilitar en el momento debido información y análisis estratégicos y contribuir así a una mejor coordinación de los instrumentos de política exterior e interior; anima al Coordinador de la lucha contra el terrorismo a que prosiga sus esfuerzos en este ámbito;

5.   Insta a los Estados miembros a que velen por que no se originen actos terroristas dentro de sus propias fronteras y, por consiguiente, a que asignen recursos suficientes a las actividades nacionales contra la radicalización y el terrorismo; pide una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN en política antiterrorista, y propone que la AR/VP y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo participen activamente en las conversaciones con la OTAN sobre lucha antiterrorista; acoge con satisfacción la colaboración entre grupos informales de Estados miembros como el Grupo de Salzburgo, el Grupo Operativo del Mar Báltico y el G-6, para coordinar la seguridad y llevar a cabo ejercicios antiterroristas; aboga por una ampliación de estos esfuerzos a fin de incluir a un mayor número de Estados miembros, y recomienda que las fuerzas de seguridad y policía de los Estados miembros compartan la misma formación;

6.   Llama la atención sobre la necesidad de ampliar las asociaciones estratégicas existentes en materia de lucha contra el terrorismo con países no europeos y de establecer otras nuevas, con la condición de que estas asociaciones respeten los derechos humanos; hace hincapié en la cooperación estratégica entre la Unión Europea y los EE.UU. y destaca la necesidad de cooperar con otros socios, reiterando la importancia que la Unión concede a la protección de los datos personales de los ciudadanos y de sus derechos humanos y civiles; toma nota de acuerdos e iniciativas bilaterales como la Declaración sobre la lucha antiterrorista de la UE, los EE.UU. y los Estados miembros de 2010, el Acuerdo sobre el Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo (el llamado Acuerdo SWIFT), la Declaración de Toledo sobre seguridad aérea, así como la Declaración conjunta UE-India sobre terrorismo internacional, que son ejemplos positivos que cabe seguir en las relaciones de la Unión con terceros países;

7.   Subraya que una buena información de inteligencia es crucial para luchar contra el terrorismo y que la UE ocupa una posición única para facilitar que los Estados miembros compartan esta información; afirma, en consecuencia, que la información de inteligencia obtenida por personas, además de todos los medios técnicos disponibles, sigue siendo indispensable a la hora de enfrentarse a las redes terroristas y de evitar atentados a tiempo; celebra la labor del SitCen para ofrecer análisis estratégicos y promover el intercambio de información de inteligencia a nivel de la UE entre los Estados miembros y terceros países; recomienda una mayor cooperación de Europol y Eurojust con órganos policiales y judiciales de terceros países para garantizar las alertas tempranas;

8.   Subraya que la lucha contra el terrorismo es parte integrante de las relaciones de la Unión con terceros países; pide que se incremente la financiación de las medidas de lucha contra el terrorismo en el próximo Instrumento de Estabilidad para evitar la desestructuración de Estados; está de acuerdo, a este respecto, en que las zonas prioritarias son el sur de Asia, en particular Pakistán y Afganistán, la región del Sahel (Mauritania, Malí, Níger), Somalia y Yemen; celebra la presentación de la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, de 21 de marzo de 2011, y pide al Consejo que la adopte, previa consulta del Parlamento Europeo; expresa su satisfacción por la inclusión de cláusulas sobre la lucha contra el terrorismo en los acuerdos internacionales;

9.   Destaca la importancia de la cooperación antiterrorista entre la Unión y otras organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, que se basa en valores y objetivos comunes, y pide la ratificación universal y la plena aplicación de todos los convenios y protocolos de las Naciones Unidas pertinentes en materia de terrorismo; pide una relación de trabajo más estrecha con los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones regionales a fin de que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas puedan cumplir plenamente sus obligaciones en esta materia; aboga por la adopción de una Convención General de las Naciones Unidas sobre Terrorismo y una mayor cooperación con el Consejo de Europa y la OSCE en el ámbito de la lucha antiterrorista; destaca los logros de la Unión en la promoción de una estrategia global contra el terrorismo al nivel de las Naciones Unidas y pide un examen detenido de los procedimientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para añadir o suprimir nombres en la lista de personas y organizaciones terroristas; celebra, en este contexto, la aprobación de la Resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se establece la revisión periódica de la lista y se crea una Oficina del Ombudsman para asistir al Comité de Sanciones a la hora de retirar nombres de la lista;

10. Pide el establecimiento de una estrategia global sobre la interconexión entre la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas y el terrorismo; alienta el análisis continuo de las nuevas tendencias y características relativas a la diversificación, radicalización y reclutamiento, y al papel que desempeñan algunas organizaciones no gubernamentales internacionales en la financiación del terrorismo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

48

7

4

Miembros presentes en la votación final

Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Baroness Sarah Ludford, Norbert Neuser, Doris Pack, Vittorio Prodi, Dominique Vlasto, Luis Yáñez-Barnuevo García

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Joachim Zeller

(1)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.

(2)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf.

(3)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf.


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (13.4.2011)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros

(2010/2311(INI))

Ponente de opinión: Luis de Grandes Pascual

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y recuerda que ésta debe estar ligada a la futura Estrategia de Seguridad Interior de la UE;

2.   Lamenta que se haya perdido la oportunidad de explicar cómo ciertos instrumentos antiterroristas de la UE, como la conservación de datos, el acuerdo PNR y acuerdo Swift se inscriben en la estrategia antiterrorista de la UE;

3.  Considera un acierto el profundizar y desarrollar los cuatro aspectos esenciales de la estrategia de lucha contra el terrorismo: prevenir, proteger, perseguir y responder;

4.  Advierte que constituye un error describir como "terrorismo islamista" lo que debiera considerarse "terrorismo yihadista radical"; considera que generalizar descalificando toda una creencia religiosa legítima es injusto e inapropiado;

Prevenir

5.  Es consciente de que todas las medidas que llevan a un proceso judicial pueden ser al mismo tiempo medidas preventivas y, por consiguiente, manifiesta su preocupación por el retraso en la aplicación de la Decisión marco 2002/475/JAI y pide a la Comisión que evalúe la aplicación de la Decisión marco 2008/919/JAI; teniendo en cuenta que, en las sociedades democráticas, ninguna causa legitima las acciones terroristas, considera que las medidas preventivas no deben implicar una estigmatización a priori, y que es necesario buscar la cooperación y el diálogo con la sociedad civil para lograr la inclusión social en los Estados miembros de la UE y en los proyectos con terceros países;

6.   Acoge con satisfacción el hecho de que muchos Estados miembros han añadido artículos específicos a sus códigos penales para condenar los actos terroristas y establecer penas más severas por las actividades relacionadas con el terrorismo; pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para tipificar como delictivos los grupos terroristas y sus actividades, incluyendo los intercambios de información en virtud de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo;

7.   Pide a la Comisión y al Consejo que busquen formas de incentivos o sanciones frente a los gobiernos nacionales, regionales y locales, en caso de que no colaboren eficazmente en la lucha contra el terrorismo; pide a la Comisión que verifique si las medidas de lucha contra el terrorismo se están aplicando correctamente y que informe con regularidad al Parlamento y al Consejo a este respecto;

Proteger

8.  Considera que el terrorismo es un fenómeno en constante cambio que debe ser combatido mediante una política de lucha antiterrorista que responda a la misma evolución; en este sentido acoge con satisfacción las recientes medidas adoptadas en el campo de la seguridad aérea en el control de la carga; pide a la Comisión que vele por que la tramitación de los registros de nombres de pasajeros, tanto en la UE como en terceros países, cumpla con la legislación europea sobre protección de datos y que la introducción de escáneres corporales respete los derechos individuales y no cause ningún daño a la salud;

9.   Considera además que deberá alcanzarse siempre el mejor equilibrio posible entre la obligación que tienen las autoridades públicas, a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros, de garantizar la integridad y seguridad de sus ciudadanos, y la preservación de los derechos individuales de los mismos;

Perseguir

10. Recuerda la importancia del Parlamento en la prevención y lucha contra el terrorismo y las actividades con él relacionadas, como la financiación del terrorismo; acogería con agrado la introducción de medidas administrativas respecto de la inmovilización de activos para prevenir y combatir el terrorismo y las actividades conexas; insta a la Comisión a aclarar el papel de ciertos instrumentos de lucha contra el terrorismo (la conservación de datos, el acuerdo PNR, el acuerdo TFTP entre la UE y los Estados Unidos);

11. Solicita además que en las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo se atienda al principio de proporcionalidad y se observen los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo en cuenta que todas estas medidas tienen que ser conformes con la ley y el Estado de derecho;

Responder

12. Se felicita por la inclusión de las víctimas de terrorismo en la futura propuesta legislativa de la Comisión, que contempla un instrumento global para la protección de las víctimas; en este sentido hace suya la petición de los Congresos Internacionales de Victimas del Terrorismo: insta a los Estados miembros a que adopten las leyes necesarias para otorgar a las victimas un régimen de ayuda, protección y asistencia digno y suficiente, así como el reconocimiento social de su condición de víctimas del terrorismo;

13. Pide que, en virtud del principio de subsidiariedad, los Parlamentos nacionales desempeñen un papel activo en el espacio de libertad, seguridad y justicia, en especial a fines de la evaluación y la aplicación de las políticas de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del TFUE; considera que también deberían participar en el control político de Europol y en la evaluación de las actividades de Eurojust, de conformidad con el artículo 12, apartado c), del TUE;

14. Pide a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo que apliquen rápidamente disposiciones en relación con la cláusula de solidaridad que introduce el Tratado de Lisboa;

15. Pide una evaluación más precisa de las medidas de lucha contra el terrorismo ya adoptadas, que incluya también los derechos fundamentales y los aspectos presupuestarios.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

12.4.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

21

2

0

Miembros presentes en la votación final

Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Claudio Morganti


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

12.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

29

24

0

Miembros presentes en la votación final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

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