Procedimiento : 2011/2048(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0326/2011

Textos presentados :

A7-0326/2011

Debates :

PV 24/10/2011 - 14
CRE 24/10/2011 - 14

Votaciones :

PV 25/10/2011 - 8.10
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0454

INFORME     
PDF 269kWORD 248k
5.10.2011
PE 467.024v04-00 A7-0326/2011

sobre la modernización de la contratación pública

(2011/2048(INI))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Heide Rühle

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional
 OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario
 OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
 OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modernización de la contratación pública

(2011/2048(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE sobre los procedimientos de contratación pública(1) y la Directiva 2007/66/CE sobre los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos(2),

–   Vista la Decisión 2010/48 del Consejo, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad(3), que entró en vigor el 22 de enero de 2011 y en la cual se establece que las Directivas que regulan la contratación pública son actos comunitarios relativos a las materias regidas por la Convención,

–   Visto el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 15 de abril de 1994,

–   Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y especialmente su artículo 26 (Integración de las personas discapacitadas),

–   Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la igualdad de acceso a los mercados del sector público en la UE y en terceros países(4),

–   Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la modernización de la política de la contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente (COM(2011)0015),

–   Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE (COM(2010)0571),

–   Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre un mercado único para las empresas y el crecimiento(5),

–   Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre nuevos aspectos de la política de contratación pública(6),

–   Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles(7),

–   Vista la Comunicación de la Comisión «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

–   Vista la Comunicación de la Comisión «Hacia un Acta del Mercado Único. Por una economía social de mercado altamente competitiva. Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

–   Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único»,

–   Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2010)1214),

–   Visto el informe titulado «Evaluación del acceso de las PYME a los mercados de la contratación pública de la UE»(8),

–   Vista la Comunicación de la Comisión «Contratación pública para un medio ambiente mejor» (COM(2008)0400),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa (COM(2008)394),

–   Vista la Comunicación de la Comisión «Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la Innovación» (COM(2010)0546),

–   Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 11 y 12 de mayo de 2011, sobre el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo más eficiente,

–   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de julio de 2011, sobre el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo más eficiente,

–   Visto el dictamen de Comité Económico y Social Europeo, de 13 de julio de 2011, sobre el Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE,

–   Visto el Artículo 48 de su Reglamento,

–   Visto el informe del Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0326/2011),

A. Considerando que un mercado de contratación pública de la UE que funcione correctamente es un motor clave de crecimiento y una piedra angular del mercado único y, además, fundamental para estimular la competencia y la innovación y hacer frente a los retos políticos medioambientales y sociales que surgen rápidamente, así como a cuestiones relativas a la calidad del trabajo, incluidas una remuneración adecuada, igualdad, cohesión social e inclusión, al tiempo que se logra un valor óptimo para los ciudadanos, las empresas y los contribuyentes;

B.  Considerando que las normas europeas relativas a la contratación pública han contribuido en gran medida a lograr una mayor transparencia e igualdad de trato, a luchar contra la corrupción y a profesionalizar el proceso de contratación;

C. Considerando que, en el contexto económico actual, es más importante que nunca garantizar una eficiencia óptima del gasto público, limitando en la mayor medida posible los costes soportados por las empresas, y que un mejor funcionamiento del mercado de la contratación pública favorecería la consecución de estos dos objetivos;

1.  Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión y el amplio proceso de consulta como punto de inicio para la revisión de las Directivas relativas a la contratación pública, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con arreglo a las normas revisadas sobre ayudas públicas;

2.  Señala que, si bien la revisión, en 2004, de las Directivas de la UE relativas a la contratación condujo a un útil desarrollo adicional del mercado único de la contratación pública, algunos años después de la transposición a la legislación nacional de las Directivas 2004/17 y 2004/18 existe la necesidad de determinar si será preciso optimizarlas y clarificarlas con objeto de corregir las deficiencias que se han puesto de manifiesto en la práctica; subraya que muchas partes interesadas consideran que las normas relativas a la contratación pública son muy complejas, lo que da lugar a procedimientos administrativos costosos y gravosos; lamenta los frecuentes casos de transposición inadecuada de las normas a la legislación nacional y la escasez de medidas en materia de formación; insta a la Comisión a proponer una importante simplificación y consolidación de las normas, clarificándolas posteriormente en caso necesario; destaca además que el mayor uso de las TIC debe ahora desempeñar un papel importante a la hora de reducir las cargas y los costes administrativos y que las diversas iniciativas europeas sobre procedimientos de contratación electrónicos y comercio electrónico deberían armonizarse en consecuencia con la reforma de las normas relativas a la contratación pública;

3.  Pide que en las directivas se afirme claramente que no impiden que ningún país cumpla el Convenio C94 de la OIT; insta a la Comisión a que aliente a todos los Estados miembros a cumplir dicho convenio; subraya que el funcionamiento eficaz de una contratación pública sostenible exige unas normas de la UE claras e inequívocas que definan con precisión el marco de la legislación de los Estados miembros y su aplicación;

Primera misión: mejora de la claridad jurídica

4.  Pide que se clarifique el alcance de las directivas; observa que el principal objetivo de la contratación pública es la adquisición de bienes, obras y servicios por parte de las autoridades públicas que satisfagan las necesidades de sus ciudadanos y garanticen un uso eficaz de los fondos públicos; señala que debe haber un beneficio directo para la autoridad contratante a fin de que el procedimiento pueda catalogarse como contratación pública;

5.  Pide que se clarifiquen las definiciones recogidas en las directivas ―por ejemplo la definición de «organismo de Derecho público»― conforme a la jurisprudencia del TJUE y sin reducir el alcance de las normas relativas a la contratación pública de la UE;

6.  Recuerda su Resolución, de mayo de 2010, sobre las novedades ocurridas en la esfera de la contratación pública, que tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE y consideró que la cooperación en el sector público no está sujeta a las normas relativas a la contratación pública siempre que se cumplan los siguientes criterios: que el objeto de la cooperación sea la prestación de un servicio público que incumbe a todas las autoridades locales interesadas; que el servicio lo presten exclusivamente las autoridades públicas interesadas, es decir, sin participación de capital privado; y que la actividad de que se trate se realice esencialmente en nombre de las autoridades públicas interesadas; destaca el hecho de que la transferencia de tareas entre organizaciones del sector público es incumbencia de la organización administrativa interna de los Estados miembros y no está sujeta a las normas relativas a la contratación pública; opina que estas clarificaciones deberían codificarse en las directivas relativas a la contratación pública;

7.  Subraya la exclusión de las concesiones de servicios del ámbito de las normas europeas relativas a la contratación pública; reitera que ha de tenerse debidamente en cuenta tanto la complejidad de los procedimientos como las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de cultura y práctica jurídicas con respecto a la concesión de servicios; considera que el proceso de definición del término «concesiones de servicios» y el establecimiento del marco jurídico que rige dichas concesiones ha evolucionado a raíz de las Directivas de 2004 relativas a la contratación pública y la jurisprudencia complementaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; insiste en que una propuesta de acto legislativo relativo a la concesión de servicios sólo estaría justificada si tiene por objeto corregir posibles distorsiones del funcionamiento del mercado interior; resalta que, a día de hoy, no se ha observado ninguna distorsión de este tipo y que un acto legislativo relativo a la concesión de servicios será, por lo tanto, innecesario si no persigue una mejora evidente del funcionamiento del mercado interior;

8.  Pone énfasis en que se debería mantener la clasificación actual de las categorías de servicios A y B en la medida en que las prestaciones de servicios B, que son «menos importantes», se justifican por el hecho de ser principalmente servicios prestados a nivel local o regional; pide a la Comisión que elabore instrumentos que permitan a las autoridades locales y regionales decidir más fácilmente a qué categoría pertenece un contrato público específico;

9.  Observa en este contexto que, a menudo, la aplicación, a la prestación de servicios sociales personales, de la normativa relativa a la contratación pública no constituye el mejor modo de asegurar resultados óptimos a los usuarios de los servicios en cuestión; pide que se reconozcan, en el marco del Derecho de la Unión, los procedimientos acreditados de los Estados miembros basados en el principio de que se autorice a todos los prestadores de servicios que estén en condiciones de cumplir los requisitos prefijados legalmente a prestar estos servicios, independientemente de su forma jurídica, y siempre que se tengan en cuenta los principios generales de igualdad de trato, transparencia y no discriminación;

10. Subraya que se debe evitar la introducción de nuevas normas para los mercados de contratación pública que no alcancen los umbrales de la UE, ya que se puede poner en peligro la seguridad jurídica establecida a escala nacional;

11. Insta a la Comisión a que ajuste la Directiva relativa a los procedimientos de recurso al nuevo marco de contratación pública que se formulará tras la revisión actual, y que lo haga al mismo tiempo que se elabora la propuesta legislativa principal, a fin de asegurar la coherencia;

12. Recalca la responsabilidad de la Comisión a la hora de controlar la correcta transposición de las directivas de la UE en los Estados miembros;

Segunda misión: desarrollar todo el potencial – la mejor rentabilidad

13. Considera que, para desarrollar todo el potencial de la contratación pública, el criterio del precio más bajo no debería seguir siendo determinante para la adjudicación de los contratos, y que procede sustituirlo, en general, por el de la oferta más ventajosa en términos de beneficios económicos, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta los costes del ciclo completo de vida de los productos, servicios y trabajos pertinentes; subraya que esto no excluiría el criterio del precio más bajo como criterio decisivo en el caso de productos o servicios normalizados; solicita a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, elabore una metodología para el cálculo de los costes del ciclo de vida con carácter general y no obligatorio; subraya que apoyar el criterio de la «oferta más ventajosa desde el punto de vista económico» fomentaría la innovación y los esfuerzos para lograr la mejor calidad y el mayor valor, es decir para cumplir los requisitos de la Estrategia Europa 2020; resalta que esto es especialmente importante para la contratación pública de productos que repercuten en la salud de los consumidores ―en el sector de la alimentación, por ejemplo―, donde la calidad y los métodos de producción desempeñan un importante papel; hace hincapié en que las normas relativas a la contratación pública deben ser suficientemente flexibles para asegurar que los consumidores pasivos —por ejemplo, en hospitales, centros de atención a las personas mayores, colegios y guarderías— tengan igualdad de acceso a alimentos saludables y de buena relación calidad-precio, y no sólo a la opción más barata disponible;

14. Reconoce que la contratación pública, si se utiliza con eficacia, podría ser una auténtica fuerza motriz para la promoción de puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales de calidad, así como de igualdad, de capacitación y formación, de promoción de políticas ambientales y de concesión de incentivos para investigación e innovación; insta a la Comisión a animar a los gobiernos y a las autoridades contratantes a utilizar más la contratación pública sostenible, apoyando y promoviendo empleos de alta calidad y proporcionando servicios y productos de calidad en Europa; invita a la Comisión a analizar como ha contribuido la contratación pública al cumplimiento de los objetivos generales de la UE y a explicar qué debería hacerse para mejorar estos objetivos en el futuro;

15. Recuerda que la contratación precomercial es una herramienta infrautilizada que puede impulsar la innovación en la contratación pública y realizar una contribución importante para identificar y establecer mercados líderes y mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública; considera además que el modelo propuesto de compartir riesgos y beneficios (DPI) en la contratación precomercial requiere clarificación y simplificación jurídicas para que los profesionales de la contratación puedan utilizar esta herramienta de forma habitual y eficaz; insta, en consecuencia, a la Comisión a proponer la adaptación de las normas pertinentes relativas a la contratación pública o las ayudas estatales como parte del proceso general de revisión, con el fin de impulsar la adopción de la contratación precomercial;

16. Observa la importancia de las normas relativas a la contratación pública en cuanto que pueden ayudar a los contratantes públicos a cumplir sus objetivos políticos de manera eficaz y transparente; pide, a ese respecto, que se cree y actualice frecuentemente una base de datos de normas, en particular las relacionadas con los criterios sociales y medioambientales, que se ponga a disposición de las autoridades públicas, con el fin de asegurar que los adjudicadores tengan acceso a una orientación adecuada y a un conjunto normativo claro cuando procedan a elaborar licitaciones, de forma que puedan verificar fácilmente el cumplimiento de las normas pertinentes;

17. Solicita una mayor confianza en las normas de no discriminación y apertura en la contratación pública en beneficio de los objetivos de simplificación e innovación, especialmente en las áreas de accesibilidad, TIC y medio ambiente;

18. Subraya que, independientemente de si un producto o servicio se ha producido de forma sostenible, se considerará efectivamente como una característica del producto que se pueda comparar con productos o servicios que no se han producido de forma sostenible, con el fin de que las autoridades contratantes puedan controlar el impacto ambiental y social de los contratos por ellas adjudicados de manera transparente, sin debilitar al mismo tiempo la necesaria vinculación con el objeto del contrato; señala la necesidad de clarificar el alcance a fin de incluir los requisitos relativos al proceso de producción en las especificaciones técnicas de todos los tipos de contratos, cuando sea pertinente y proporcionado; hace hincapié en el asunto Wienstrom, que se ha convertido en el clásico ejemplo de cómo y por qué las características se pueden incluir como especificaciones técnicas;

19. Subraya la necesidad de reforzar la dimensión sostenible de la contratación pública permitiendo su integración en cada fase del proceso de contratación (es decir, prueba de capacidad, especificaciones técnicas y cláusulas de cumplimiento del contrato);

20. Señala que, en respuesta a la mayor sensibilización con respecto al impacto medioambiental y climático de los productos, obras y servicios, las autoridades de contratación deben incluir los costes ambientales en su evaluación de la «oferta económicamente más ventajosa» y su cálculo de los costes durante el ciclo de vida; recalca en este contexto que la consideración de criterios «ajenos» a la adjudicación debe tener carácter voluntario y que esta decisión debe quedar reservada a las autoridades públicas o al órgano decisorio legitimado democráticamente de forma directa que las respalda, previo procedimiento político específico sobre el terreno; exhorta a la Comisión a clarificar los conceptos de «proveedor local» y «producido localmente»;

21. Observa que el texto de las directivas debería ser más específico a fin de mejorar el acceso al mismo de las personas con discapacidad;

22. Entiende que deberían reforzarse las disposiciones actuales en materia de subcontratación, ya que el recurso a múltiples niveles de subcontratación puede plantear problemas en materia de respeto de los convenios colectivos, las condiciones de trabajo y las normas de salud y seguridad; propone, en consecuencia, que se informe a las autoridades públicas de todos los detalles relativos al recurso a subcontratistas antes de la celebración del contrato; pide a la Comisión que, teniendo presente la futura revisión de las directivas, evalúe si son necesarias más normas sobre la adjudicación de subcontratos, por ejemplo sobre la determinación de la cadena de responsabilidades, en particular para evitar que los subcontratistas de las PYME sean sometidos a condiciones peores que las que se aplican al contratista principal al que se ha adjudicado el contrato público;

23. Reconoce el papel que puede desempeñar la UE en el fomento del desarrollo de colaboraciones público-privadas eficaces promoviendo la competencia leal y compartiendo las mejores prácticas entre los Estados miembros en relación con las políticas sociales y de empleo; señala, no obstante, que existen notables diferencias entre los requisitos normativos y procedimentales de los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión que clarifique el concepto de colaboración público-privada, en particular por lo que respecta a la asunción de los riesgos y el cumplimiento de los compromisos económicos por las partes;

24. Pide a la Comisión que reevalúe el nivel adecuado de los umbrales de los contratos de suministro y prestación de servicios, y que los incremente si es necesario; pide que se tengan muy en cuenta los requisitos jurídicamente vinculantes del Acuerdo de la OMC sobre contratación pública; hace hincapié en que, habida cuenta de las dificultades ya existentes en las negociaciones sobre la cuestión del acceso a la contratación pública, ha de tenerse asimismo presente que un aumento de los umbrales en Europa podría ocasionar fácilmente nuevas complicaciones para la política comercial de la UE; considera que la adaptación de estos umbrales a los umbrales ya armonizados de las Directivas relativas a los contratos de servicios públicos (2004/17/CE) y a las contrataciones de defensa (2009/81/CE) proporcionaría el máximo nivel de simplificación y claridad a las autoridades contratantes y a los proveedores;

25. Hace hincapié en que toda ampliación de las normas relativas a la contratación pública de la UE al ámbito de «qué comprar» significaría un importante cambio con respecto al régimen actual que debería estudiarse con detenimiento; duda de que esto contribuya a la simplificación y modernización, y teme que daría lugar a normas más complejas, con muchas excepciones, que resultarían difíciles de gestionar en la práctica, dado que las directivas relativas a la contratación pública («cómo comprar») son directrices de procedimiento que no deben complementarse con disposiciones relativas a «qué comprar»;

Tercera misión: simplificar las normas y permitir procedimientos más flexibles

26. Señala que a menudo existe la percepción de que las directivas son demasiado detalladas y cada vez más técnicas y complejas y de que, al mismo tiempo, el riesgo legal de incumplimiento ha aumentado considerablemente tanto para las autoridades contratantes como para los proveedores; observa que el temor del reto conduce a un enfoque de aversión al riesgo que obstaculiza la innovación y el desarrollo sostenible, lo que provoca a menudo que las autoridades contratantes opten por el precio más bajo en lugar de por la mejor relación calidad-precio; pide más margen de negociación y comunicación, junto con medidas que aseguren la transparencia e impidan los abusos y la discriminación, e insta a que se permita expresamente consultar al mercado como un posible primer paso;

27. Señala que la política de contratación pública debe garantizar principalmente un uso eficaz de los fondos por parte de los Estados miembros, lograr resultados óptimos en materia de contratación pública mediante la utilización de procedimientos claros, transparentes y flexibles y permitir que las empresas europeas compitan en igualdad de condiciones en toda la Unión;

28. Aboga, cuando se revise la legislación europea relativa a la contratación pública, por normas claras, sencillas y flexibles que reduzcan el nivel de detalle y configuren los procedimientos de adjudicación de contratos de un modo más simple, sencillo, más barato, más abierto a las PYME y más propicio a las inversiones; considera, por lo tanto, necesaria una mayor confianza en los principios generales de transparencia, igualdad de trato y no discriminación; considera que la simplificación de las normas relativas a la contratación pública permitiría reducir el riesgo de error y prestar más atención a las necesidades de las pequeñas autoridades que participan en los concursos públicos;

29. Aboga por que se evalúe permitir un uso más generalizado del procedimiento negociado y la publicación previa a nivel de la UE, más allá de lo previsto en las directivas vigentes, de modo que las autoridades contratantes y los operadores económicos puedan comunicarse mejor y la oferta y la demanda coordinarse más eficazmente; considera que, si se contempla una ampliación del alcance del procedimiento negociado, se deberían introducir salvaguardias adicionales contra los abusos, como por ejemplo la obligación de que las autoridades contratantes establezcan desde el principio al menos algunas condiciones mínimas en relación con la ejecución del procedimiento, conforme a la práctica válida en las contrataciones privadas, así como la exigencia de documentación escrita;

30. Insta a la Comisión a revisar los planteamientos actuales con respecto a la cualificación de los proveedores (especialmente los acuerdos marco, los sistemas de compra dinámicos y la aplicación de sistemas de cualificación por los contratantes de servicios públicos), de manera que los nuevos planteamientos con respecto a la cualificación reduzcan costes y plazos, sean atractivos para las autoridades contratantes y para los operadores económicos, y generen los mejores resultados posibles;

31. Insiste nuevamente en la admisión sistemática de ofertas alternativas (o variantes), ya que son vitales para fomentar y difundir soluciones innovadoras; pone énfasis en que las especificaciones referidas al rendimiento y a los requisitos funcionales, así como la admisión expresa de variantes, brinda a los licitadores la oportunidad de proponer soluciones innovadoras, en particular en sectores altamente innovadores como las TIC; pide además que se exploren todas las vías, legislativas y no legislativas, para garantizar una mayor contribución de los contratos públicos al fomento de la innovación en Europa;

32. Pide a la Comisión que aclare el marco reglamentario relativo a la contratación pública, en particular con respecto a la fase de ejecución de los contratos (por ejemplo, en relación con las «modificaciones sustanciales» de un contrato durante su periodo de vigencia, los cambios relacionados con el contratista y la terminación de los contratos);

33. Lamenta que los licitadores cuenten únicamente con posibilidades limitadas de rectificar omisiones en sus ofertas; pide por ello a la Comisión que dé detalles sobre qué omisiones podrían rectificar los licitadores, qué ajustes adicionales están permitidos y cómo garantizar la transparencia y la igualdad de trato;

34. Señala que las autoridades contratantes deberían poder beneficiarse de experiencias previas con un licitador basándose en un informe de evaluación oficial; recomienda fijar un plazo límite para las exclusiones, lo que debería garantizar la transparencia y la objetividad; señala la necesidad de aclaraciones legislativas en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE que establezcan que un licitador que haya sido declarado culpable de conducta indebida en un procedimiento de contratación anterior pueda recuperar su fiabilidad si demuestra satisfactoriamente que ha llevado a cabo un proceso de autocorrección eficaz; considera que dicha aclaración fomentaría los mecanismos anticorrupción estableciendo incentivos para agilizar la supresión de prácticas corruptas y eliminaría graves incertidumbres jurídicas;

35. Lamenta que el Libro Verde no mencione errores ni falta de conocimiento sobre la contratación pública, así como tampoco la insuficiencia de las estrategias de contratación en el sector público; hace hincapié en la importancia de promover el profesionalismo y garantizar la objetividad tanto entre las autoridades contratantes como entre los operadores del mercado, en particular apoyando el desarrollo de programas de formación destinados a los mismos; recomienda establecer una red de centros de excelencia en los marcos nacionales existentes y promover el intercambio de información y buenas prácticas entre Estados miembros; anima además a las organizaciones de empresas, tanto a nivel nacional como de la UE, a asumir la responsabilidad compartida de facilitar el acceso a la información pertinente así como el intercambio de información entre sus miembros en toda Europa; recalca la importancia de que adjudicatarios y licitadores dispongan de manuales claros y comprensibles; considera lamentable que los documentos «¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica» y «Adquisiciones sociales: Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas», publicados en 2005 y 2010 respectivamente, no sean suficientemente útiles en este sentido;

36. Observa que solo un 1,4 % de los contratos públicos se concede a empresas de otro Estado miembro; subraya que la profesionalización y una mejor formación de los adjudicatarios y los licitadores promoverían la competencia en toda la UE y aprovecharían plenamente las ventajas de un mercado interior de la contratación pública;

Cuarta misión: mejora del acceso para las PYME

37. Subraya que un buen acceso de las PYME, que son el motor de la economía europea, a la contratación pública es vital para mantener el empleo, así como para un desarrollo sostenible, la innovación y el crecimiento; hace hincapié en que simplificar los procedimientos, crear estrategias favorables a las PYME y aplicar el Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos facilitaría el acceso a éstas, permitiendo su participación en condiciones más equitativas y más justas; opina que facilitando un acceso simplificado, equitativo y justo a la contratación pública para todos los operadores económicos se podría utilizar mejor el dinero de los contribuyentes; señala que las PYME no poseen por regla general una gran capacidad administrativa especializada, por lo que resulta esencial minimizar la carga administrativa que se les impone;

38. Señala que los criterios de selección aplicables a la posición financiera, por ejemplo con respecto a la facturación de la empresa, deben ser proporcionales a la naturaleza de un contrato determinado; advierte a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando adopten instrumentos flexibles y fáciles de manejar por los usuarios, no creen nuevos obstáculos para las PYME y que, prioritariamente, tengan en cuenta sus intereses; pide a la Comisión que, con objeto de mejorar el acceso a las licitaciones e incrementar su transparencia, en particular en beneficio de las pequeñas autoridades contratantes y los licitadores, modernice la página web «Tenders Electronic Daily» (TED) para hacerla más accesible, mejorando su atractivo y facilidad de uso, prestando particular atención a los criterios de búsqueda y a la calidad y el detalle de las traducciones resumidas para cada licitador; recomienda que la página web TED ofrezca un servicio de alerta a los usuarios, con objeto de informarles cuando se publiquen nuevas licitaciones de interés;

39. Pide a la Comisión que garantice la inclusión en el ACP de una cláusula que permita a la UE dar preferencia a los productores europeos, en particular a las PYME, a la hora de adjudicar determinados contratos públicos, de conformidad con las cláusulas ya aplicadas por otros Estados parte de dicho Acuerdo;

40. Pide a la Comisión que aumente la sensibilización sobre la importancia de dividir los contratos en lotes, y que considere la aplicación del principio «cumplir o explicar», que implica que las normas relativas a cuestiones como la división en lotes deben respetarse o, en caso de que no se respeten, explicarse;

41. Señala que las autoridades contratantes deberían aprovechar en mayor medida la posibilidad de dividir los contratos públicos en lotes, lo que proporcionaría a las PYME mayores posibilidades de participar en contrataciones públicas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, aumentando así la competencia; anima a las PYME a utilizar la contratación conjunta y la agrupación de contratos, que les permitiría realizar economías de escala en ámbitos como la logística y el transporte; alienta a las autoridades públicas a ser flexibles a la hora de estudiar estos mecanismos modernos y de carácter voluntario; pide a la Comisión que estudie todas las posibilidades de alentar la agrupación, temporal o permanente, de PYME y pequeñas empresas, a fin de que puedan participar en licitaciones que no estén divididas en lotes sin tener que actuar como subcontratistas; pide a la Comisión que, en este sentido, analice en particular la actual práctica de subcontratar con PYME, a menudo en condiciones peores a las aplicables al contratista principal, parte de los contratos que no están dividido en lotes y que son demasiado grandes para que las PYME participen en el procedimiento de licitación;

42. Propone permitir las autodeclaraciones, cuando sea factible, y solo solicitar documentos originales a los candidatos preseleccionados o al adjudicatario, evitando posibles retrasos o distorsiones del mercado causadas por declaraciones incorrectas; pide a la Comisión que promueva la opción de un «pasaporte de contratación electrónico», aceptado por todos los Estados miembros y en el que se mencione que los operadores económicos cumplen las condiciones que requiere la legislación de la UE sobre contratación pública; destaca el hecho de que podría ser útil contar con un instrumento de precualificación europeo siempre que sea sencillo, económico y fácilmente accesible para las PYME;

Quinta misión: asegurar unos procedimientos razonables y evitar ventajas desleales

43. Pide a la Comisión que, con objeto de luchar contra la corrupción en la contratación pública, fomente procedimientos de información más eficaces, entre ellos, el intercambio de información entre los Estados miembros sobre la exclusión de los licitadores deshonestos; pide a la Comisión que establezca normas claras en lo relativo a la protección de los denunciantes de irregularidades, de conformidad con las recomendaciones de la Resolución 1729(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa(9), para mejorar la transparencia de los contratos financiados con fondos de la UE, y que promueva iniciativas educativas a escala institucional y en la opinión pública;

44. Señala que algunos Estados miembros ya están implementando procedimientos eficientes de contratación pública que garantizan la transparencia y el uso adecuado de los impuestos de los contribuyentes; insta a la Comisión a analizar las buenas prácticas de los Estados miembros en este ámbito y a establecer principios de contratación pública más eficientes en toda la UE;

45. Señala que la lucha contra la corrupción y el favoritismo es uno de los objetivos de las Directivas; subraya el hecho de que los Estados miembros afrontan diferentes retos en este aspecto y que con un enfoque europeo más elaborado se corre el riesgo de debilitar los esfuerzos para racionalizar y simplificar las normas y de crear más burocracia; señala que los principios de transparencia y competencia son claves para luchar contra la corrupción; solicita un enfoque común sobre las medidas de «autocorrección» a fin de evitar la distorsión del mercado y asegurar certidumbre jurídica tanto a los operadores económicos como a las autoridades contratantes;

46. Considera que, dado que los contratos públicos afectan a fondos públicos, deben ser transparentes y estar sujetos a escrutinio público; solicita a la Comisión una aclaración con miras a garantizar certidumbre jurídica a las autoridades locales y otras autoridades públicas y permitirles que informen a sus ciudadanos de sus obligaciones contractuales;

47. Insta a la Comisión a que evalúe los problemas relacionados con ofertas excepcionalmente bajas y proponga soluciones adecuadas; recomienda a las autoridades contratantes que proporcionen información temprana y suficiente a los demás licitadores en caso de que haya ofertas anormalmente bajas, a fin de que puedan valorar si existen motivos para iniciar un procedimiento de revisión; pide una mayor coherencia entre la política comercial exterior común de la UE y las prácticas de los Estados miembros cuando se aceptan ofertas excepcionalmente bajas;

Sexta misión: incrementar el uso de la contratación electrónica

48. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica; señala que el plan de acción relativo a la contratación electrónica no ha cumplido su objetivo y que hace falta mayor liderazgo político a todos los niveles de gobierno —incluida la UE— para mantener y acelerar la transición a la contratación electrónica; desea asegurar que al menos el 50 % de las licitaciones públicas tanto de las instituciones de la UE como de los Estados miembros se realicen electrónicamente, con arreglo al compromiso contraído por los Gobiernos de los Estados miembros en la Conferencia ministerial sobre administración electrónica celebrada en Manchester en 2005;

49. Subraya el hecho de que la Comisión tiene una misión única que desempeñar para promover el progreso en materia de normalización e infraestructuras ―la firma electrónica y los sellos temporales, por ejemplo, necesitan un formato comúnmente acordado por razones de seguridad; pide a la Comisión que elabore las normas comunes en cuestión; hace hincapié en que la imposición de requisitos técnicos onerosos para la autentificación del licitador puede actuar como barrera para los operadores; destaca, en este contexto, la necesidad de elaborar un sistema normalizado para la firma electrónica; insta a los Estados miembros a que pongan a disposición un servicio de validación para los certificados expedidos por prestatarios de servicios de certificación bajo su supervisión;

50. Subraya el hecho de que, para garantizar la interoperabilidad de diferentes sistemas y evitar la dependencia de un proveedor, deben utilizarse normas abiertas y mantener la neutralidad tecnológica; pide a la Comisión que garantice una verdadera interoperabilidad entre las diferentes plataformas de contratación electrónica que ya existen en los Estados miembros, y que utilice más los resultados obtenidos por iniciativas de la UE como PEPPOL y e-CERTIS;

51. Señala que toda propuesta legislativa destinada a aumentar y simplificar el uso de la contratación electrónica debe integrarse en la revisión de las Directivas principales relativas a la contratación electrónica y estar en consonancia con el alcance y las normas generales relativas a la contratación pública, como las obligaciones vinculadas a umbrales;

52. Subraya el hecho de que la contratación electrónica puede impulsar la simplificación de todo el proceso de contratación introduciendo eficiencias que generen importantes ahorros en tiempo y costes tanto para las empresas como para las administraciones públicas e incrementando la transparencia y la accesibilidad; señala que la adjudicación electrónica de contratos públicos en particular abre nuevas perspectivas a la modernización de la administración en el ámbito de la contratación pública; reitera que la contratación electrónica debe ser menos costosa, más ágil y más transparente que los procedimientos convencionales de contratación pública; considera, no obstante, que todavía hay margen de mejora y que hay que seguir trabajando en relación con el acceso a información y datos estadísticos fiables, comparables y objetivos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el uso transfronterizo de la contratación pública electrónica;

53. Señala que la legislación no es la única clave para promover el cambio; pide, por tanto, a la Comisión que explore nuevas vías para intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y transferir conocimientos a través de las fronteras entre agentes locales y regionales; resalta la imperiosa necesidad de seguir ampliando las capacidades y los conocimientos del personal que maneja la contratación electrónica y, mediante incentivos a escala nacional o de la UE destinados a establecer «igualdad de condiciones» entre las PYME y las grandes empresas, ayudar a las PYME a obtener capacidades y conocimientos; acoge con satisfacción el Instrumento de Interconexión para Europa como un nuevo instrumento destinado a impulsar la contratación electrónica transfronteriza, facilitando de este modo el desarrollo del mercado único;

54. Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión en su Plan de Acción sobre administración electrónica 2011-2015 de que la plataforma epractice.eu se va a convertir en un instrumento eficaz para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros y los profesionales de la administración electrónica, e insta a que su alcance se amplíe a los profesionales locales y regionales;

55. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

(2)

DO L 335 de 20.12.2007, p. 31.

(3)

DO L 23 de 27.1.2010, p. 35.

(4)

Textos Aprobados, P7_TA(2011)0233.

(5)

Textos Aprobados, P7_TA(2011)0146.

(6)

Textos Aprobados, P7_TA(2010)0173.

(7)

DO C 67E de 18.3.2010, p. 10.

(8)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf

(9)

      Resolución 1729(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, aprobada el 29 de abril de 2010.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La legislación europea en materia de contratación pública está de aniversario este año: Hace cuarenta años, el 26 de julio de 1971, entró en vigor por primera vez la Directiva 71/305/CEE contratos públicos de obras. Este evento se menciona muy pocas veces. En el Libro Verde «Sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE» se hizo sólo una vez referencia a esta Directiva. Y sin embargo, el 40º aniversario se prestaría para hacer un inventario y analizar los éxitos y fracasos de la política de contratación europea.

Respecto de los éxitos: la legislación europea sobre contratos públicos ha contribuido significativamente a hacer más transparentes las adjudicaciones y a proceder en contra de la corrupción y el nepotismo, ha dado un nuevo impulso para la profesionalización del poder adjudicador y ha contribuido también a la caída de los precios. Pero ahí se revela, sin embargo, un aspecto negativo, ya que muchos estudios y opiniones se quejan de que los precios bajos han ido en detrimento de la calidad y la innovación e igualmente que la duración de los productos y servicios, es decir, el costo de su completo ciclo de vida, ha sido tenido muy poco en cuenta.

Otros costes, por el contrario, han aumentado; debido al énfasis unilateral de cuestiones jurídicas aumentaron los costes de transacción y la consultoría externa debió comprarse más cara. Asimismo, la tendencia de los organismos públicos a apostar por los procedimientos burocráticos en caso de incertidumbre jurídica se vio fortalecida involuntariamente, lo que tuvo como consecuencia que se evitaran los riesgos y, en caso de duda, se adjudicara el contrato al producto/servicio más barato, en lugar de al más innovador, o en general, el mejor. Esta evolución es particularmente problemática en tiempos de crisis económica y fuerte contracción del gasto público.

Es altamente positivo, por lo tanto, que la Comisión quiera simplificar y flexibilizar, mediante una revisión, la legislación europea en materia de contratación pública. Sin embargo, del Libro Verde presentado se pueden extraer algunas contradicciones. Por un lado, el volumen y el grado de detalle de las 114 preguntas da la impresión de que se quería entrar en un microreglamento de la contratación pública, y por otro lado, algunas de las preguntas o de las propuestas sugeridas resultan contradictorias; así por ejemplo, las cuotas o metas obligatorias para la contratación laboral, pueden oponerse al objetivo declarado de simplificación y creación de una mayor seguridad jurídica y contribuir a una mayor burocratización y juridificación en un sentido negativo.

La ponente asume la posición de que una revisión de las directivas de contratación pública debe partir de la base de que la ley europea de contratación pública se ha convertido entretanto en una práctica habitual en Europa: si inicialmente eran necesarios procedimientos estrictamente formalizados para crear un cierto profesionalismo en las prácticas de contratación pública y acostumbrar a las agencias de contratación pública a los principios de transparencia, no discriminación y competencia, actualmente esto es ya práctica habitual. Ahora se trata de reducir de nuevo la legislación de contratación pública y llevarla de vuelta a su esencia propiamente dicha, la garantía de transparencia, la no discriminación y la salvaguardia de la competencia.

Claridad y seguridad jurídicas

Por supuesto, esta revisión debe realizarse con cautela, una práctica probada no debe ser puesta en duda —esto incluye, por ejemplo, la división en dos directivas o la subdivisión en suministros, obras y servicios, así como también la subdivisión en la prestación de servicios A y B. Las reglas especiales para la prestación de servicios B se fundamentan principalmente en el carácter local de estos servicios. Sin embargo, existen algunas ambigüedades en relación a algunos servicios financieros, también debería regularse con más claridad la asignación de servicios de rescate.

Aparte de esto, existen numerosas incertidumbres jurídicas que en el pasado han llevado, una y otra vez, a procedimientos de reclamación o procesos judiciales. La contratación pública se caracteriza por un «valor de disputa» especialmente alto y la revisión también debería contribuir también a disminuir esta «cultura de disputa» y favorecer una mayor seguridad jurídica; sólo así puede utilizarse mejor y con más facilidad el potencial de la contratación pública para el desarrollo innovador y sostenible de la economía, lo que en tiempos de crisis económica y elevada deuda pública adquiere una enorme importancia.

Por lo tanto, en el ámbito de aplicación de las directrices debe señalarse claramente que se trata de regular la contratación pública que, de conformidad con las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe proporcionar al comprador público un beneficio económico inmediato; que las colaboraciones público-públicas, según las definiciones del Tribunal de Justicia, no están sujetas a la legislación en materia de contratos públicos y que las concesiones de servicios tampoco se incluyen en el ámbito de las directivas de contratación pública.

Si la Comisión presenta una normativa separada para las concesiones de servicios, esta debería quedar limitada, de acuerdo con las sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a lo más necesario, el ámbito de aplicación ser definido en coherencia con la Directiva de servicios y su tratamiento parlamentario llevarse a cabo en paralelo con la revisión de las directivas de contratación pública para evitar una mayor fragmentación de la legislación y garantizar la coherencia. En este marco, también se debe precisar la necesaria seguridad jurídica para la colaboración público-privada.

La innovación y la adquisición sostenible

La ponente acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea para poner la celebración de contratos públicos de mejor manera al servicio de los objetivos generales de la sociedad, pero señala que el mayor obstáculo se encuentra en las directivas de contratación pública como tales. Siempre y cuando el criterio de la oferta más barata en las directivas tenga el mismo valor que la oferta económicamente más ventajosa, habrá en este ámbito pocos cambios de cara a los grandes problemas económicos de los compradores públicos. En este contexto, sólo se logrará un cambio, si se hace regla la oferta económicamente más ventajosa (por ejemplo, según el principio de «cumplir o explicar») y mejor operacionalizables los criterios para la determinación de esta oferta.

Por lo tanto, la contratación pública debería llevarse a cabo según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, abarcando todos los costes del ciclo de vida de los suministros, obras o servicios, por lo cual se insta a la Comisión a desarrollar una metodología para determinar los costes del ciclo de vida, que vaya más allá de la metodología orientada, hasta ahora unilateralmente, a la eficiencia energética e incluya todos los temas de la sostenibilidad.

También debería precisarse que en las especificaciones técnicas se pueden incluir criterios de una producción sostenible y éticamente responsable, no hay ninguna razón legal que lo prohíba, por el contrario, la sentencia del TJUE en el asunto Wienstrom ha dejado claro que en caso de adquisición sostenible es de vital importancia justamente el proceso de producción.

La revisión también debe aclarar las cuestiones en las que una interpretación parcial de la legislación en materia de contratos públicos puede entrar en conflicto con los objetivos generales de la sociedad, tanto de los tratados europeos y la Estrategia de la UE para 2020. Debería examinarse, por ejemplo, la medida en que entidades adjudicadoras (por ejemplo, hospitales) pueden tener acceso a productos regionales en caso de adquisición de productos alimenticios, para evitar daños ambientales innecesarios.

Simplificación y flexibilización

Una simplificación de la normativa europea de adquisiciones y un mejor acceso a instrumentos flexibles contribuirá al fomento de la contratación pública sostenible e innovadora. La ponente propone en este sentido varias posibilidades, tales como el seguimiento sistemático del mercado, un mejor uso del procedimiento de negociación con publicación previa y otras medidas de acompañamiento para aumentar la transparencia general o la autorización general de ofertas colaterales, teniendo especialmente en cuenta las ofertas presentadas bajo el punto de vista del desarrollo sostenible. Para lograr resultados de adquisición innovadores y orientados al medio ambiente se presta mejor la posibilidad de referirse a los requisitos de rendimiento y funcionales que las especificaciones técnicas detalladas. Asimismo, el ajuste o la corrección de errores en la licitación deben ser más fáciles —por supuesto, con garantías de seguridad adecuadas— para asegurar la transparencia y el control del proceso.

Además, en el marco de la revisión debe llevarse a cabo una discusión sobre el ajuste de los umbrales, según lo que señalan muchas opiniones, no obstante, esta cuestión se discute de manera muy controvertida y, sin duda, tendría sentido organizar una consulta adicional al respecto.

Asimismo, la ponente señala, sin embargo, que la parte legal del proceso de contratación pública no debe ser sobreestimada, la Comisión debe brindar también un mayor apoyo al aspecto práctico, por ejemplo, en la organización de intercambios de experiencias o del desarrollo de buenas prácticas y metodologías, y en el apoyo de programas de capacitación en los Estados miembros. Estas capacitaciones deberían además dirigirse no sólo a compradores locales, sino que incluir también a los responsables políticos y a otros agentes, especialmente a las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios sociales. En este contexto, se podría extraer también un beneficio de la experiencia francesa, ya que este modelo está siendo probado actualmente en Francia.

Acceso de pequeñas y medianas empresas (PYME)

La ponente ha señalado en su informe del año pasado «sobre nuevos desarrollos en materia de contratación pública» la importancia de esta cuestión y ha recomendado diversos instrumentos para mejorar el acceso de las PYME. El acceso de las PYME a contratos públicos se enfrenta a con numerosos obstáculos, así también la implementación del «Small Business Act» deja que desear.

Por esto, la ponente propone medidas que, por una parte, reduzcan los costes transaccionales para las PYME, tales como el principio «only-once», según el cual sólo los licitadores exitosos deben presentar los documentos originales al final del proceso de contratación pública, o el desarrollo de un pasaporte de contratación pública estandarizado en forma de un registro electrónico en el que se almacenen los certificados correspondientes; tales sistemas existen ya en algunos Estados miembros.

Por otra parte, debería fomentarse y exigirse más la división en lotes, aquí podría tener aplicación el procedimiento «apply or explain», lo que conllevaría una mayor transparencia.

Medidas adicionales para fortalecer las PYME son el enfoque en la oferta económicamente más ventajosa, el mejor acceso para ofertas colaterales, el aumento del uso del procedimiento negociado y, muy en general, una simplificación y flexibilización de las normativas de contratación pública.

e-Procurement

El plan de acción de expansión de la contratación pública electrónica no ha tenido, lamentablemente, el éxito esperado: el 50 % de contratación pública en 2010 por procedimiento electrónico. Los valores medios apenas llegan al 5 %. Sólo unos pocos países, como Portugal, tuvieron éxito en este sentido. La ponente acoge por tanto con satisfacción el Libro Verde sobre la contratación pública electrónica y pide a la Comisión Europea que asuma en este ámbito una responsabilidad política más fuerte e incorpore en la revisión de las directivas relativas a la contratación pública normativas necesarias, a fin de promover la contratación pública electrónica en la UE.


OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (1.9.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Kader Arif

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Pide a los Estados parte en el Acuerdo sobre contratación pública (ACP) que concluyan lo antes posible la reforma de dicho acuerdo, a fin de incrementar la equidad y la transparencia a escala internacional, luchando de un modo más eficaz contra la corrupción, dentro del respeto de la multifuncionalidad de las políticas de contratación pública; insta a dichos Estados a que limiten razonablemente sus reservas, tanto territoriales como sectoriales, a la hora de ratificar el futuro acuerdo; lamenta, sin embargo, que ninguna de las principales economías emergentes haya suscrito ya el ACP; pide a estos países que participen en el proceso de revisión actual y que posteriormente celebren y ratifiquen rápidamente el futuro acuerdo;

2.  Subraya la necesidad de transformar la política comercial de la Unión en un verdadero vector de desarrollo sostenible y de creación de puestos de trabajo más numerosos y de mejor calidad; pide a la Comisión que desarrolle una política comercial coherente con una política industrial sólida, fuente de creación de empleo; sostiene que los socios comerciales de la UE deben someterse a determinadas normativas y velar por que estas se respeten, dado que, en caso contrario, se habrán incumplido obligaciones internacionales, lo que mermará gravemente el buen funcionamiento del mercado único;

3.  Recuerda que el ACP, que debe seguir siendo el principal instrumento de regulación de la contratación pública a escala internacional, prevé un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo; pide a la Comisión que respete este principio en sus relaciones bilaterales con estos países;

4.  Resalta que, en un contexto de competencia internacional acrecentada, las empresas europeas se distinguen por su capacidad de innovación, la alta tecnología que desarrollan y la calidad de las normas sociales y medioambientales que aplican; pide a la Comisión que favorezca el reconocimiento, en el ACP, no solo del criterio «precio», sino también de criterios complementarios relativos al objeto del contrato, en la adjudicación de contratos públicos, en particular la capacidad de garantizar una mayor seguridad laboral; pide a la Comisión que incluya dichos criterios complementarios al negociar acuerdos de libre comercio con países no signatarios del ACP, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la otra parte al escoger y definir esos criterios; considera que unas normas mejores en materia de contratación pública permitirían crear más puestos de trabajo de calidad, apoyar la política industrial europea y promover un desarrollo medioambiental y social sostenible;

5.  Pide a la Comisión que amplíe las directivas europeas para integrar en ellas las disposiciones establecidas en el Convenio nº 94 de la OIT (relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas), cuyo objetivo es la promoción de contratos públicos socialmente responsables, exigiendo a licitadores y entidades adjudicadoras que se ajusten a las remuneraciones y otras condiciones laborales en vigor a escala local, como las que establecen los convenios colectivos o la legislación nacional;

6.  Subraya que la contratación pública constituye un instrumento de política económica necesario para lograr objetivos a corto, medio y largo plazo relativos al desarrollo ecológicamente sostenible y puede, además, fomentar estrictas normas sociales a nivel mundial; pide a la Comisión que en los acuerdos comerciales prevea incentivos destinados a las empresas a fin de lograr que la contratación pública tenga más en cuenta la dimensión social y medioambiental y favorezca la innovación;

7.  Señala a la Comisión que, a pesar de que las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE ofrecen cierto margen para la inclusión de normas sociales, medioambientales y de sostenibilidad, siempre que estén directamente relacionadas con el contrato, la modernización de la legislación actual debería tratar de ampliar dicho margen y reducir las restricciones para poder hacer un mejor uso de las posibles sinergias que ofrece la contratación pública a fin de lograr objetivos en otros ámbitos políticos pertinentes;

8.  Señala la necesidad de incrementar la efectividad del gasto público por lo que respecta a su influencia positiva en el compromiso social y medioambiental de empresas tanto nacionales como internacionales y de aprovechar la oportunidad para desarrollar la dimensión social y medioambiental del comercio mundial y europeo por medio de la contratación pública responsable;

9.  Señala que las empresas pueden fomentar e influir en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de las leyes laborales y las normas sociales, la accesibilidad, el comercio justo, el respeto de los derechos humanos y el compromiso social ofreciendo altos niveles a la hora de responder a las convocatorias de contratos públicos; pide a la Comisión, por consiguiente, que examine e introduzca un espacio legislativo oportuno por medio de la modernización de los acuerdos de contratación pública;

10. Pide a la Comisión que garantice la inclusión, en el ACP, de una cláusula que permita a la UE dar preferencia a los productores europeos, en particular a las PYME, a la hora de adjudicar determinados contratos públicos, de conformidad con las cláusulas ya aplicadas por otros Estados que son parte en dicho Acuerdo;

11. Considera que las reglamentaciones existentes en materia de contratos públicos son demasiado complejas y pueden ser prácticamente inviables para los clientes más pequeños y las PYME, lo que constituye una barrera no arancelaria al comercio; pide a la Comisión, por tanto, que en el acto legislativo que proponga sobre la modernización de la contratación pública se adapte a las necesidades de los pequeños clientes y de las PYME a fin de incrementar su participación en la contratación pública y el comercio internacional; expresa asimismo su deseo de simplificar el procedimiento administrativo mediante el recurso a las tecnologías de la información, especialmente con los procedimientos de licitación publicados en línea; insta a la Comisión a que tenga en cuenta el valor social de las PYME en la modernización de la contratación pública y a que adopte medidas específicas para promover su participación en la contratación pública y reforzar su posición competitiva;

12. Pide a la Comisión que simplifique las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, racionalice los procedimientos de contratación, promueva una reglamentación menos detallada y reduzca las cargas administrativas, mejorando con ello el entorno empresarial tanto para las empresas y los clientes europeos como para los socios comerciales de la UE, lo que garantizará una competencia leal y un aumento de la eficiencia y eficacia de la contratación pública europea; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de mejorar el entorno empresarial para las PYME, adaptando los umbrales, reduciendo las cargas administrativas e incrementando el margen de actuación;

13. Considera esencial disponer de una visión clara de las empresas extranjeras que operan en suelo europeo, en particular cuando sus actividades gocen de un importante apoyo estatal extranjero; expresa su preocupación por la posible elusión de las normas del mercado interior por parte de las empresas extranjeras que abren una filial en la UE o compran empresas europeas; pide, por tanto, a la Comisión que cree un organismo encargado de evaluar las inversiones extranjeras ex ante, siguiendo el modelo de la Comisión CFIUS de los Estados Unidos;

14. Considera que el mercado europeo no puede permanecer abierto unilateralmente a los operadores de terceros países, y pide a la Comisión que presente propuestas sobre un instrumento eficaz que permita, por un lado, fomentar el cumplimiento del principio de una mayor reciprocidad con respecto a Estados, pertenecientes o no al ACP, que actualmente no conceden un acceso equivalente a los operadores europeos y, por otro lado, garantizar unas condiciones de competencia leal y justa a escala mundial.

15. Pide a la Comisión que se muestre más firme en el marco de las negociaciones bilaterales con los países industrializados con objeto de garantizar un mejor acceso al mercado y una mayor reciprocidad en materia de contratación pública; subraya que el acceso real al mercado no debería verse limitado por barreras no arancelarias, y pide a la Comisión que preste especial atención a este problema en las negociaciones que lleva a cabo a escala internacional;

16. Señala que los capítulos relativos a la contratación pública incluidos en los acuerdos comerciales de la UE constituyen acuerdos vinculantes en el ámbito internacional, y pide por ello a la Comisión que garantice que el contenido de dichos capítulos no contradiga los esfuerzos actuales por modernizar la legislación en materia de contratación pública en la Unión Europea, incluida la revisión de los umbrales de las licitaciones;

17. Cree que promover los intereses de las empresas de la UE en el exterior requiere una selección sensata de los instrumentos y objetivos políticos y que, en épocas económicas difíciles, es poco probable que un giro hacia el proteccionismo ayude a la recuperación económica europea;

18. Considera que el delito de asociación mafiosa o de delincuencia organizada, con sentencia firme con fuerza de cosa juzgada en un Estado miembro, debe constituir un motivo de exclusión de los procedimientos de licitación para una empresa europea o no europea en todos los Estados miembros de la Unión;

19. Considera que, habida cuenta del papel de primer orden que desempeñan las grandes empresas, sus filiales y sus cadenas de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de las empresas debe pasar a formar parte integrante de los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

31.8.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

2

2

Miembros presentes en la votación final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Roger Helmer, Patrice Tirolien


OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (14.7.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la política de contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Bart Staes

SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Destaca que, en el contexto de la utilización de los fondos de la UE, la correcta aplicación de las normas en materia de contratación pública en los Estados miembros es primordial para la protección de los intereses de los contribuyentes de la UE; recuerda que el gasto público en obras, bienes y servicios es responsable de aproximadamente el 19 % del PIB de la UE (2009) y casi una quinta parte se inscribe en el ámbito de las directivas de la UE sobre contratación pública (aproximadamente 420 000 millones de euros o el 3,6 % del PIB de la UE), tal y como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la UE(1) de 2011; recuerda que, según el Tribunal de Cuentas Europeo(2), solo el incumplimiento de las normas de contratación pública es responsable del 43 % de todos los errores cuantificables y de aproximadamente tres cuartas partes del porcentaje de error estimado en el gasto de cohesión;

2.  Pide a la Comisión que realice los análisis necesarios de las normas derivadas de la jurisprudencia de la UE para aclarar el marco jurídico y dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes;

3.  Insta a la Comisión a que proponga sin demora normas adecuadas para evitar la corrupción y el favoritismo y a que establezca la igualdad de condiciones para todos los participantes en los procedimientos de contratación; pide a la Comisión que introduzca definiciones comunes de los conceptos «conflicto de intereses» y «falta profesional grave» en el ámbito de la contratación pública y que adopte todas las medidas necesarias para impedir la corrupción por colusión;

4.  Subraya que con la reforma de la contratación pública se debe procurar incrementar la efectividad del gasto público, garantizar un uso más eficiente de la dotación financiera estatal y aspirar a unos resultados óptimos en la contratación pública aplicando procedimientos claros, transparentes y flexibles que les permitan a los proponentes la posibilidad de una competencia en igualdad de condiciones en toda la UE;

5.  Pide a la Comisión que, con objeto de luchar contra la corrupción en la contratación pública, fomente procedimientos de información más eficaces, entre ellos, el intercambio de información entre los Estados miembros sobre la exclusión de los licitadores deshonestos; pide a la Comisión que establezca normas claras en lo relativo a la protección de los denunciantes de irregularidades, de conformidad con las recomendaciones de la Resolución 1729(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa(3) para mejorar la transparencia de los contratos financiados con dinero de la UE, y que promueva iniciativas educativas a escala tanto institucional como de la opinión pública;

6.  Insiste en la importancia de instruir a los órganos de contratación y realizar campañas de difusión de información sobre las normas aplicables en el ámbito de la contratación pública, y señala que este conocimiento es un instrumento fundamental para garantizar una participación informada en los procedimientos y evitar errores; propone la creación en cada Estado miembro de un servicio central de asistencia que preste una atención especial a las PYME;

7.  Pide a la Comisión que aclare el marco reglamentario sobre contratación pública, en particular con respecto a la fase de ejecución del contrato (por ejemplo, en relación con las «modificaciones sustanciales» de un contrato durante su periodo de vigencia, así como los cambios relacionados con el contratista y la terminación de los contratos);

8.  Pide a la Comisión que fomente la celebración de contratos públicos sostenibles, que respondan a los criterios sociales, medioambientales y de comercio justo, obligando a los Estados miembros a incluir los requisitos pertinentes a este fin en los documentos contractuales;

9.  Observa que la contratación pública electrónica mejora la accesibilidad, la transparencia, la eficiencia y la competitividad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el uso transfronterizo de la contratación pública electrónica;

10. Señala que algunos Estados miembros ya están implementando procedimientos efectivos de contratación pública que garantizan la transparencia y el uso eficiente de los impuestos de los contribuyentes; insta a la Comisión a analizar las experiencias positivas de los Estados miembros en este ámbito y a establecer principios de contratación pública más eficientes en toda la UE;

11. Pide a la Comisión que revise los criterios actuales de selección cualitativa e incorpore a los balances, como prueba de la capacidad económica y financiera del operador económico, los estados de flujos de tesorería, que permiten demostrar la solidez financiera;

12. Pide a la Comisión que ponga los medios para simplificar el proceso de contratación reduciendo la carga administrativa de los licitadores a fin de incrementar las posibilidades de acceso a los contratos públicos de las PYME, tal y como se señala en el informe del Parlamento sobre la iniciativa denominada «Small Business Act» (2008/2237(/INI)); destaca que esto también reducirá el riesgo de errores administrativos; sugiere que se trabaje con un pasaporte o un registro central o regional para que las PYME reduzcan la carga administrativa derivada de los requisitos de la fase de selección.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

13.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

0

0

Miembros presentes en la votación final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Cozzolino, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder

(1)

  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo relativa a la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2011)0308).

(2)

    Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de las instituciones (DO C 303 de 9.11.2010, p. 1).

(3)

    Resolución 1729(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, aprobada el 29 de abril de 2010.


OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (18.7.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la política de contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Julie Girling

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Señala que los contratos públicos representan aproximadamente el 17 % del PIB de la UE y son una herramienta esencial, basada en el mercado y centrada en las necesidades de la sociedad, que, junto con otros objetivos, puede desempeñar un papel en la promoción de empleo sostenible, de las condiciones de trabajo, de la innovación, especialmente para las empresas, principalmente las PYME, de la inclusión social y del reconocimiento de las necesidades en materia de empleo de los grupos sociales vulnerables y desfavorecidos, así como que puede contribuir significativamente a la consecución de los objetivos de la UE para 2020; resalta, además, la importancia de la contratación pública a fin de promover un modelo social europeo basado en trabajos de calidad, igualdad de oportunidades, no discriminación e inclusión social; subraya, asimismo, que la aplicación de la legislación sobre contratación pública a la prestación de servicios sociales personales muchas veces no es lo más indicado para ofrecer unos resultados óptimos a los usuarios de las prestaciones;

2.  Señala que la actual legislación de la UE en materia de contratación pública ya permite tener en cuenta los aspectos sociales en la adjudicación de los contratos; declara, no obstante, que aún son precisas aclaraciones respecto a la aplicación práctica;

3.  Apoya el mantenimiento de la clasificación actual de categorías de función A y B, la segunda de ellas para asuntos sin competencias transfronterizas o cuya naturaleza desaconseje la contratación pública en la UE, como, por ejemplo, la atención sanitaria y los servicios sociales;

4.  Reconoce que las autoridades públicas gastan más del 16 % del PIB de Europa y que, por lo tanto, sería necesario animarlas a que ofrezcan un mayor compromiso en el aporte de soluciones para la innovación social y las oportunidades en el mercado laboral con este gasto, en concreto ofreciendo unos servicios públicos más eficientes;

5.  Apoya el fomento de la contratación social en el ámbito de las mercancías, por ejemplo, usando criterios de comercio justo;

6.  Reconoce la importancia del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), que podría limitar el alcance de los cambios legislativos a escala de la UE, dado que varios de los requisitos procedimentales emanan directamente de dicho Acuerdo, pero subraya que las normas de contratación pública son, en determinadas áreas, más restrictivas incluso que el Acuerdo; pide a la Comisión que, respetando los principios aplicables (competencia, transparencia, no discriminación, rentabilidad), procure introducir una mayor simplicidad y flexibilidad en las normas con objeto de conseguir y favorecer una contratación pública social;

7.  Subraya que el desarrollo de la legislación de la UE en los contratos públicos podría contribuir a perfilar determinados conceptos y nociones de base con vistas a garantizar una mayor seguridad jurídica a los órganos de contratación, a las empresas y también a los trabajadores;

8.  Pide a la Comisión que reconozca formalmente otras modalidades para la selección de proveedores, tales como métodos «dentro de la casa» y de «concesión de servicios», y que se conceda explícitamente el mismo valor a todas las opciones para la contratación y la financiación de servicios sociales de interés general (SSIG);

9.  Insiste en que la Directiva debería fomentar y permitir explícitamente a los poderes adjudicadores hacer referencia a objetivos de políticas;

10. Reconoce que los poderes adjudicadores desempeñan un papel importante, ya que pueden utilizar su poder de adquisición para obtener bienes y servicios con un valor «societal» más elevado; subraya que debería fomentarse la contratación social de acuerdo con los principios de competencia, transparencia, no discriminación y rentabilidad, respetando al mismo tiempo las necesidades de las PYME; pide, por consiguiente, a los órganos de contratación que evalúen los riesgos sociales y la repercusión de su actividad y de la cadena de suministro; pide a la Comisión que promueva el desarrollo de puntos de contacto para la contratación pública responsables desde el punto de vista ecológico en los Estados miembros individuales, a fin de desarrollar prácticas en materia de contratación pública socialmente responsables y proporcionar asesoría jurídica especializada a las partes interesadas;

11. Subraya que toda revisión de las Directivas debe reflejar las disposiciones del Tratado de Lisboa, en términos del compromiso con el pleno empleo, una economía social de mercado y las responsabilidades relativas a servicios públicos de calidad y la libertad de las autoridades públicas y los Estados miembros para decidir la financiación, organización y prestación de los servicios públicos;

12. Pide a la Comisión que promueva, entre los poderes adjudicadores y las entidades competentes a escala nacional, una mayor participación de las organizaciones socioeconómicas y de voluntariado en la fase de estudio inicial de los contratos, a fin de evaluar más detenidamente los problemas específicos de índole social durante la redacción de los documentos de licitación;

13. Destaca la importancia de una mayor cooperación y comunicación entre todas las partes interesadas, a fin de promover una colaboración responsable y socialmente sostenible entre compradores y empresas; pide a la Comisión que intensifique las campañas de información y comunicación sobre las ventajas de los contratos socialmente responsables mediante la difusión de buenas prácticas entre los Estados miembros;

14. Destaca la importancia que reviste, por una parte, formar al personal de los poderes adjudicadores y de cada operador, y, por otra, como estrategia a largo plazo, prever en los pliegos de condiciones requisitos en materia de competencias y formación, como programas de aprendizaje y prácticas o programas de formación de adultos; subraya, no obstante, que tales medidas deben guardar una relación concreta con el objeto del contrato, ser proporcionales y presentar ventajas económicas;

15. Observa que sería necesaria una mayor precisión del texto de las directivas a fin de mejorar su accesibilidad para las personas con discapacidad;

16. Observa que las PYME, que, de acuerdo con las estimaciones, reciben la adjudicación del 31 % al 38 % del total de los contratos públicos, son el pilar de la economía de la UE y tienen un enorme potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación, y que un mayor acceso a los mercados de contratación pública puede ayudar a las PYME a desarrollar este potencial, por ejemplo mediante unas obligaciones menos estrictas, una reducción de la burocracia y una mayor oferta de servicios de asesoramiento técnico y jurídico a la hora de redactar las ofertas; pide, a este respecto, que los Estados miembros adopten más medidas para fomentar que se siga el código europeo de buenas prácticas, cuyo objetivo es garantizar una competencia justa y un acceso adecuado para las PYME; exhorta a la Comisión a que analice si es necesario establecer recursos legislativos al nivel de la UE que garanticen que las entidades contratantes aprovechan plenamente el potencial económico e innovador de las PYME a la hora de realizar contrataciones públicas;

17. Destaca que el mercado de contratación pública de la UE es más abierto que el de los socios internacionales de la UE, por lo que las empresas de la UE no pueden competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras y les resulta complicado acceder a los mercados de terceros países; exhorta a la Comisión a que vele por el cumplimiento de la mutua apertura del mercado y las posibilidades de acceder a los mercados de contratación pública tanto de la UE como del exterior, tal como está previsto en los acuerdos de la UE con terceros países;

18. Reconoce el valioso papel de la contratación electrónica a la hora de reducir tareas administrativas, tales como costes de transacción, sobre todo para las PYME; subraya, en este contexto, que el uso de la contratación electrónica debería fomentarse aún más y que los empresarios y empleados deberían recibir formación a este respecto;

19. Subraya que la modificación de las prácticas de contratación pública debe ir dirigida a simplificar las normas de contratación, a darles mayor flexibilidad y a reducir al mínimo las obligaciones que deben cumplir las empresas para participar en los procedimientos de contratación pública, con objeto de facilitar así una contratación pública innovadora desde el punto de vista económico y social, a fin de fomentar la innovación y crear mejores oportunidades de empleo; resalta que la legislación de la UE en materia de contratación pública ya dispone de instrumentos apropiados (por ejemplo, requisitos de resultados y el principio de la oferta más ventajosa económicamente); apela a la Comisión a que siga impulsando la aplicación de dichos instrumentos, como la consideración del coste total del ciclo de vida, además de otras opciones para fomentar la innovación social; subraya que se ha de otorgar una importancia mucho mayor a los criterios sociales y ecológicos en el procedimiento de adjudicación, y que en la adjudicación el criterio del precio más bajo debe pasar a un segundo plano;

20. Destaca que la contratación pública socialmente responsable contribuye a la mejora y el respeto de los valores y exigencias de la comunidad, ya que tiene en cuenta las necesidades de todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad y las de procedencia étnica diferente;

21. Desea que el marco legislativo actual relativo a los contratos públicos se modifique en función asimismo de las particularidades de los servicios sociales;

22. Subraya la importancia de garantizar que una mayor flexibilidad no suponga una menor responsabilidad de las autoridades contratantes y de los licitadores, con consecuencias negativas para las oportunidades de empleo;

23. Subraya que el fomento de determinadas prioridades en el área de las políticas sociales y de empleo por medio de la contratación pública puede aumentar el riesgo de la subjetividad en la toma de decisiones y hacer que tales decisiones sean difíciles de anular;

24. Reconoce el papel que puede desempeñar la UE en el fomento del desarrollo de colaboraciones público-privadas eficaces al promover la competencia leal y fomentar el uso compartido de mejores prácticas entre los Estados miembros en relación con las políticas sociales y de empleo; señala, no obstante, que existen notables diferencias entre los requisitos normativos y procedimentales de los distintos Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión que defina mejor el concepto de colaboración público-privada, en particular por lo que respecta a la asunción conjunta de los riesgos y a los compromisos económicos entre las partes;

25. Reconoce que la contratación pública, si se usa eficazmente, podría ser un auténtico motor para fomentar puestos de trabajo, salarios y condiciones de calidad, igualdad, desarrollo de habilidades, formación, promoción de políticas medioambientales y oferta de incentivos para la investigación y la innovación;

26. Lamenta que el Libro Verde no aproveche la oportunidad de examinar la aplicación efectiva del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(1) y su repercusión sobre el acceso al mercado de la contratación pública de la UE por parte de empresas de terceros países;

27. Pide a la Comisión que, en el contexto de la revisión en curso, publique un manual de uso práctico y claro para los poderes adjudicadores que incluya estudios de casos concretos en los que la contratación pública social haya tenido éxito;

28. Solicita que se reduzcan al máximo los gastos en los que deben incurrir las empresas para licitar un contrato público con vistas a mejorar su competitividad e incrementar, de esa forma, el volumen de empleo;

29. Preconiza una mayor flexibilidad y celeridad en el marco de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos para que las empresas mejoren su competitividad y se incremente así el número de puestos de trabajo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

13.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

28

17

4

Miembros presentes en la votación final

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Peter van Dalen, Cecilia Wikström

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Ashley Fox, Marit Paulsen

(1)

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 3 de abril de 2008, en el asunto C-346/06, Rec. 2008, p. I-01989 (Dirk Rüffert /Land Niedersachsen).


OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (20.7.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la política de contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Åsa Westlund

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

Generalidades

1.  Aplaude el hecho de que la Comisión considere la contratación pública un elemento importante en la transición hacia una economía sostenible y para la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; subraya la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar que las políticas en materia de contratación pública respalden los esfuerzos para alcanzar estos objetivos y acoge con satisfacción la mayor atención prestada por la Comisión a las necesidades de las pequeñas autoridades contratantes;

2.  Señala que el consumo anual del sector público en la UE representa aproximadamente el 17 % del producto interior bruto de la UE; reitera el potencial del poder de compra de las autoridades públicas a la hora de promover objetivos comunes y subraya la importancia, por lo tanto, de aprovechar la posibilidad de incluir otros elementos determinantes distintos del precio, como los factores medioambientales y sociales, en los procedimientos de contratación pública; considera que los modelos de producción y consumo perjudiciales podrían reducirse mediante la contratación pública;

3.  Aplaude el deseo generalizado de las autoridades locales, regionales y nacionales de adjudicar contratos que apoyen el desarrollo sostenible, incluidos la eficiencia energética, un mayor uso de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático; observa que hay muchos indicios que apuntan a que la Directiva y su aplicación dificultan la realización de este deseo, y a que la ambigüedad en las actuales normas en materia de contratación pública ha dado pie a confusiones e interpretaciones divergentes en lo que se refiere a la inclusión de criterios de sostenibilidad medioambiental en los contratos; subraya que los Tratados de la UE exigen que la legislación se conciba para fomentar, no para inhibir u obstaculizar, la capacidad de los Estados miembros y de las autoridades locales y regionales para promover los objetivos en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible;

4.  Sostiene que las Directivas deben alentar y permitir de forma explícita que las autoridades hagan referencia a objetivos políticos horizontales, como los criterios para el desarrollo sostenible, en el objeto de las licitaciones;

5.  Aboga por la inclusión de las consideraciones medioambientales, así como de otros aspectos importantes que contribuyen al desarrollo sostenible, en todos los contratos públicos pertinentes; subraya la necesidad de modificar la Directiva sobre contratación pública, a fin de dejar más claro que resulta deseable y posible que las autoridades contratantes:

     –   impongan condiciones medioambientales en las especificaciones técnicas y tengan en cuenta el impacto ambiental durante la fase de adjudicación,

     –   impongan normas sociales, por ejemplo, para promover la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, y normas sobre seguridad en el trabajo,

     –   impongan condiciones para el bienestar de los animales de granja y para el transporte de animales vivos cuando proceda,

     –   impongan que se apliquen las mismas condiciones en caso de subcontratación;

6.  Opina que debe darse prioridad a los criterios de etiqueta ecológica desarrollados para los servicios; subraya que, en la compra y alquiler de maquinaria que utilice energía, las autoridades contratantes deben aplicar criterios equivalentes a las normas relativas al consumo de energía y las etiquetas ecológicas para cuantificar el ahorro global de energía;

7.  Observa en particular la necesidad de clarificar que es posible imponer unas condiciones de protección medioambiental, del ecosistema, social y animal más estrictas que las normas comunes de la UE; pide una declaración expresa en la Directiva de que no impide a ningún país el cumplimiento del Convenio nº 94 de la OIT y subraya que el funcionamiento eficaz de una contratación pública ecológica exige unas normas de la UE claras e inequívocas, que definan con precisión el marco de la legislación de los Estados miembros y su aplicación;

8.  Prefiere alentar y facilitar una contratación sostenible por parte de los operadores públicos en lugar de establecer unas cuotas obligatorias; sigue opinando que el mayor obstáculo a una contratación pública más ecológica no es tanto la falta de voluntad como el desconocimiento de las posibilidades y una legislación poco clara y poco flexible;

9.  Pide a las instituciones de la UE que incluyan la sostenibilidad como criterio estándar en la contratación pública;

10. Expresa su preocupación por la ineficaz aplicación del instrumento voluntario de la UE en materia de contratación pública ecológica (CPE);

Ciclo de vida

11. Cree firmemente que debe modificarse la Directiva para dejar claro que es posible y también deseable tener en cuenta el impacto ambiental del objeto del contrato durante la totalidad de su ciclo de vida, incluido todo el proceso de producción y sus condiciones, hasta la fase de consumo, a la vista de las estadísticas sobre despilfarro asociadas a las actividades previas; considera que, para facilitar a las autoridades contratantes información adecuada sobre la aplicación de los aspectos medioambientales y otros aspectos en materia de sostenibilidad, la Comisión debe proporcionales una metodología para calcular los costes del ciclo de vida;

12. Insiste en que debe alentarse a las autoridades públicas, y aconsejarlas al respecto, a que establezcan condiciones medioambientales en las licitaciones desde el principio, y pide que se modifique la legislación para garantizar que, por regla general, los contratos se adjudiquen a la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico incluyendo el coste total del ciclo de vida, y teniendo en cuenta el coste de la contaminación del medio ambiente cuando ello sea posible;

13. Destaca que una mayor atención al aspecto medioambiental en la contratación pública crea un gran potencial de ahorro, ya que supone una mayor atención al coste del ciclo de vida;

14. Subraya la importancia de que los Estados miembros y la Comisión fomenten el desarrollo de normas climáticas y medioambientales internacionales que partan de la perspectiva del ciclo de vida, con lo que se facilita, por un lado, una contratación respetuosa del medio ambiente en el sector público y, por otro, el que las empresas compitan para la obtención de contratos en distintos países;

Relaciones con el mundo empresarial

15. Subraya que debe establecerse un vínculo entre los criterios medioambientales y el objeto del contrato, con el fin de evitar distorsiones de la competencia e inseguridad jurídica, lo que impediría la participación de algunas empresas, en particular las PYME, en los procedimientos de contratación pública;

16. Subraya la importancia de que los Estados miembros alienten la participación de las PYME en la contratación pública; opina que es más probable que las PYME innovadoras aporten nuevas formas de abordar las consideraciones medioambientales en la contratación pública;

17. Recomienda que, si el artículo o servicio objeto de la licitación se puede obtener localmente, de acuerdo con el principio de proximidad, el procedimiento quede abierto a las empresas locales (en particular, las PYME), lo que permite reducir la carga medioambiental de la contratación pública (por ejemplo, las emisiones de CO2);

18. Subraya que es posible reducir el número de viajes, la necesidad del transporte por automóvil y las emisiones de CO2 a través de la contratación pública y subvencionando las soluciones logísticas respetuosas del medio ambiente;

19. Opina que la mayor preocupación que existe en relación con el impacto medioambiental y sobre el clima de los productos y actividades exige que se examine de nuevo la posibilidad de favorecer a los proveedores locales; pide, en este contexto, que se vuelvan a examinar los umbrales y considera que la sostenibilidad debe prevalecer sobre la interpretación estricta de las normas del mercado interior;

20. Subraya el nexo existente entre una contratación ecológica y el fomento de las innovaciones; destaca que esto resulta aún más claro si se combina la inclusión de condiciones medioambientales en las especificaciones técnicas con la atribución de ventajas, en la fase de adjudicación, a las ofertas que cumplan determinados requisitos medioambientales punteros y aporten soluciones ecológicas;

Aspectos de procedimiento

21. Considera muy importantes las auditorías y seguimientos ex post del cumplimiento del contrato; señala que las autoridades contratantes deben poder imponer sanciones en caso de que no se cumplan los objetivos sostenibles y medioambientales establecidos en los criterios de la licitación, también en caso de subcontratación;

22. Cree firmemente que un mayor uso del procedimiento negociado fomentaría la innovación y soluciones sostenibles, siempre que se establezcan las garantías adecuadas para evitar abusos;

23. Subraya el hecho de que es pertinente considerar como una característica del producto o servicio el que se haya producido o no de forma sostenible; señala que debe clarificarse el margen para incluir requisitos en relación con el proceso de producción en las especificaciones técnicas de todos los tipos de contratos, con el fin de que las autoridades contratantes controlen el impacto medioambiental y social de los contratos que adjudican;

24. Considera que el criterio de adjudicación a la oferta más baja únicamente debe aplicarse si cabe justificarlo aduciendo que los requisitos medioambientales y otros requisitos de sostenibilidad no son importantes en el caso específico de que se trate o que se han impuesto unas condiciones medioambientales y sociales estrictas en las especificaciones técnicas; señala, no obstante, que la responsabilidad de la decisión final debe corresponder a la entidad contratante.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

13.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

49

0

1

Miembros presentes en la votación final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Nessa Childers, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Marisa Matias, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Giommaria Uggias

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Lorenzo Fontana


OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (19.7.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Konrad Szymański

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que es de esencial importancia contar con un mercado de la contratación pública que funcione correctamente para impulsar el mercado único, estimular la innovación, promover un elevado nivel de protección del medio ambiente y del clima y la inclusión social en el conjunto de la UE, así como para obtener la mejor rentabilidad para las autoridades públicas, los ciudadanos, las empresas y los contribuyentes;

1.  Pide a la Comisión Europea que proponga una revisión extensa y profunda de las Directivas sobre contratación pública en vigor con la que se simplifiquen los procedimientos, se aumente la flexibilidad, la transparencia y la seguridad jurídica para todas las partes que intervienen en los procedimientos de contratación y se reduzcan los errores en la transposición del Derecho de la UE al Derecho nacional y los riesgos de prácticas comerciales desleales; considera que, por consiguiente, en el futuro la Comisión debería evitar reformas frecuentes, ya que son, para los participantes, la principal causa de los elevados costes y las cargas administrativas que restringen de forma grave y desproporcionada el acceso de las PYME a los contratos públicos;

2.  Pide que la contratación pública se guíe por el principio de «pensar primero a pequeña escala» a insta a los Estados miembros a aplicar plenamente el Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos; señala que la simplificación de los procedimientos es un factor crucial para alcanzar ese objetivo; pide a la Comisión, asimismo, que complemente la revisión de la legislación con iniciativas no legislativas como una plataforma para el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, algunos de los cuales ya aplican procedimientos de contratación pública que garantizan el empleo eficaz del dinero de los contribuyentes;

3.  Señala que el objetivo de esta revisión debe ser el restablecimiento de la finalidad original de la contratación pública, es decir, asegurar el uso eficaz de los fondos por los Estados miembros y la competencia en el mercado, con el fin de conseguir resultados óptimos; considera que deben aplicarse criterios más claros, sencillos, flexibles y transparentes, para animar a las PYME a participar en concursos públicos de ofertas; pide a la Comisión, además, que examine las opciones que permitan intensificar el diálogo entre los licitadores públicos y los licitantes potenciales convirtiéndolo en parte del proceso de contratación;

4.  Insta a la Comisión a que conceda prioridad a la desburocratización y la simplificación de los procedimientos de contratación pública reduciendo el número general de procedimientos y agilizando los trámites en cada uno de ellos; considera que las licitaciones abiertas deben seguir siendo la piedra angular de la contratación pública pero que deben simplificarse, en particular permitiendo un mayor nivel de criterios funcionales de adjudicación en lugar de especificaciones técnicas excesivamente detalladas, de manera que los potenciales proveedores puedan definir los métodos específicos, los materiales, las tecnologías, etc. que deben usarse; considera asimismo que podría reducirse la carga administrativa permitiendo un mayor grado de evaluación simultánea de los criterios de selección y adjudicación y mayor flexibilidad en caso de incumplimiento de criterios formales, previendo, por ejemplo, que los licitantes presenten en fecha más tardía los impresos que falten; señala que las PYME se ven particularmente afectadas por esa falta de flexibilidad, al ser eliminadas por pequeños errores involuntarios de procedimiento;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias, incluida la introducción de disposiciones específicas en la futura directiva sobre contratación pública, para asegurar que al menos el 50 % de las licitaciones públicas tanto de las instituciones de la UE como de los Estados miembros se realicen en formato electrónico, con arreglo al compromiso contraído por los Gobiernos de los Estados miembros en la conferencia ministerial sobre administración electrónica celebrada en Manchester en 2005;

6.  Observa con satisfacción el recurso a la contratación pública electrónica, que contribuirá eficazmente a reducir costes y aumentar la accesibilidad de los procedimientos de licitación; pide, en consecuencia, que en la proyectada revisión de las principales Directivas sobre contratos públicos se integren las propuestas legislativas de extensión y simplificación del uso de la contratación pública electrónica; pone de relieve la importancia de los estándares abiertos y la neutralidad tecnológica para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas y evitar la dependencia de un proveedor; pide a la Comisión que asegure una auténtica interoperabilidad entre las varias plataformas de contratación pública electrónica ya instaladas en los Estados miembros;

7.  Señala que la mayor parte de los contratos públicos se adjudican a empresas del Estado miembro de la autoridad que convoca el concurso y reclama el establecimiento de un verdadero mercado de la contratación pública a escala de la UE;

8.  Insta a la Comisión, además, a que realice una encuesta en los 27 Estados miembros para medir la tasa de licitaciones transfronterizas, a fin de evaluar la pertinencia de los actuales umbrales y la posibilidad de elevarlos para que las licitaciones transfronterizas sean más atractivas;

9.  Observa que la distinción actual entre servicios A y B resulta obsoleta, pues algunos de los servicios B, como el agua y el transporte ferroviario, la contratación de personal y los servicios de seguridad, son claramente de interés transfronterizo; insta a la Comisión, por consiguiente, a revisar los anexos de las Directivas como parte de su reforma de la normativa sobre contratación pública; expresa, no obstante, su convicción de que los servicios sociales básicos deben seguir siendo un servicio B exento de la aplicación de las normas de contratación pública de la UE;

10. Hace hincapié en que la contratación pública debe desempeñar un papel clave como motor de la innovación, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética y otros sectores políticos definidos en la estrategia UE 2020, y que puede estimular el funcionamiento del mercado de productos y servicios sostenibles; respalda las medidas adoptadas con miras a lograr que las autoridades públicas tengan presentes estos factores cuando definan sus criterios de adjudicación de contratos; subraya, sin embargo, que conviene prestar la debida atención a los costes administrativos adicionales que ello puede conllevar para las empresas y las autoridades públicas y que deben realizarse previamente evaluaciones adecuadas de impacto y pruebas con PYME concretas, con el fin de prevenir excesos de burocracia;

11. Señala que introducir requisitos obligatorios de innovación o especificaciones técnicas muy detalladas, por ejemplo sobre el comportamiento energético del objeto de contrato público, entraña el riesgo de limitar la competencia y restringir el margen de elección de las autoridades contratantes;

12. Suscribe las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, en las que se pedía a los Estados miembros que incluyeran normas de eficiencia energética en la contratación pública a partir del 1 de enero de 2012; observa que el coste inicial de los productos o servicios energéticamente eficientes y sostenibles podría entrar en conflicto, en principio, con las actuales normas de contratación pública relativas a la aplicación del criterio de «precio más económico» en la adjudicación de contratos, pero subraya que ello queda compensado por los menores costes de funcionamiento y mantenimiento o eliminación; recomienda que se aplique el principio de «lo económicamente más ventajoso», incluyendo no solo el precio, sino también aspectos de calidad y costes de ciclo de vida, con el fin de fomentar soluciones más innovadoras;

13. Considera que la futura legislación de la UE en materia de contratación pública debe reforzar las disposiciones vigentes que exigen la aplicación de criterios de eficiencia energética para las decisiones sobre adjudicación de contratos públicos, sin vulnerar las normas de libre competencia; insiste en que este planteamiento estimulará la innovación y la diversificación de la oferta;

14. Pide a la Comisión que proponga criterios claros de eficiencia energética para las especificaciones técnicas de la contratación pública;

15. Señala que todos los criterios de «mejor tecnología disponible» (MTD) y de eficiencia energética deben someterse a un análisis de rentabilidad basado en la depreciación;

16. Pide a la Comisión que establezca normas que se basen en las mejores prácticas actuales y permitan a las autoridades contratantes medir los costes totales en relación con el ahorro potencial de energía de un producto o servicio determinado, aplicando, por ejemplo, el planteamiento de «costes del ciclo de vida» para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa; recomienda, por lo tanto, que la Comisión siga el modelo de la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, que permite a las autoridades públicas utilizar como criterio de evaluación en los procedimientos contratación pública el coste total generado por el uso del vehículo durante un periodo normal de utilización y no el simple precio inicial de compra;

17. Celebra la iniciativa adoptada por algunos Estados miembros de apoyar la innovación mediante contratación precomercial, es decir, ofreciendo contratos para el desarrollo de respuestas a los retos específicos detectados por los servicios públicos; señala que el exceso de requisitos y especificaciones técnicas en los procedimientos de contratación pública puede dar lugar a un exceso de burocracia, dificultando así la innovación; considera que la contratación pública debería centrarse, por el contrario, en la funcionalidad y el resultado final;

18. Pone de relieve que la cuestión específica de la defensa de la igualdad de trato y la competencia leal en los mercados de contratación pública en la UE y en terceros países requiere una mayor atención política, en particular teniendo en cuenta los actuales problemas relacionados con el acceso a los mercados del sector público en terceros países, el lento avance de las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y la evidente renuencia de muchos terceros países a adherirse a dicho Acuerdo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

12.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

47

0

2

Miembros presentes en la votación final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Lena Ek, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Antonio Cancian, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Holger Krahmer, Bernd Lange, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău


OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (13.7.2011)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la política de contratación pública

(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Ramona Nicole Mănescu

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Considera que unas prácticas de contratación pública transparentes y creíbles desempeñan un papel especialmente importante en la eficacia del gasto público y en la repercusión de las inversiones públicas sobre la economía, en particular sobre el crecimiento sostenible y la innovación; considera que el precio no debe ser un criterio, como lo ha sido hasta la fecha, que influya en la calidad de los servicios objeto de una licitación y señala, en este sentido, que en la contratación pública no se debe aplicar el principio del precio más bajo, sino que se ha de tener en cuenta la oferta más sostenible y económicamente más ventajosa, teniendo también presente el coste del ciclo de vida; pide a la Comisión que examine la posibilidad de aplicar a determinados contratos y sectores el criterio de la oferta económicamente más ventajosa;

2.  Opina que la Comisión debe presentar a los Estados miembros una propuesta de modelo único y normalizado con objeto de armonizar el marco jurídico de la contratación pública;

3.  Considera que, dado que la inversión pública se está descentralizando progresivamente y que en sus dos terceras partes corresponde a gobiernos de nivel inferior al nacional, los órganos de contratación locales y regionales deberían asumir la dirección de la revisión de las normas de la UE en materia de contratación pública, proceso que debería concederles una mayor autonomía y flexibilidad para adquirir lo que consideren apropiado para sus necesidades;

4.  Constata que el marco normativo para la adjudicación de contratos públicos es muy complejo, especialmente para los municipios pequeños y las PYME; considera que un marco procedimental simplificado para la adjudicación de contratos relativamente pequeños por parte de órganos de contratación locales y regionales de menor talla contribuiría a reducir la carga administrativa precisamente en aquellos ámbitos en los que esta podría ser desproporcionada; pide a la Comisión que examine en qué medida se podrían aplicar normas simplificadas en materia de adjudicación en el caso de los órganos de contratación de menor talla; recuerda, no obstante, que un marco procedimental simplificado de este tipo no debe poner en peligro la necesidad de transparencia y de una buena gestión financiera;

5.  Aboga por un acceso más amplio de los representantes, funcionarios y expertos locales, regionales y nacionales a informaciones claras sobre las normas de la UE en materia de contratación pública, así como por una estrecha cooperación entre todos estos agentes;

6.  Recuerda que las PYME tienen un enorme potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación; opina que, con objeto de aprovechar al máximo el potencial económico e innovador de las PYME en el marco de la contratación pública, se debe alentar a las PYME a participar en los procedimientos de contratación pública organizados por las autoridades locales y regionales; considera que sería útil optimizar las licitaciones en lo que respecta a las condiciones de participación y la garantía de igualdad de oportunidades, especialmente en la fase de selección, donde está demostrado que residen los principales obstáculos para la participación de las PYME en las licitaciones, y pide, por consiguiente, que se introduzcan medidas adicionales para fomentar la participación de las PYME en la contratación pública;

7.  Considera fundamental la creación de instrumentos para aumentar la cooperación transfronteriza en materia de contratación pública, garantizando al mismo tiempo un acceso adecuado de las PYME a los procedimientos transfronterizos con objeto de mantener los niveles de empleo y a fin, por ejemplo, de incrementar la eficacia del gasto en la ejecución de los programas financiados por los instrumentos de la política de cohesión; considera que, en el marco de la contratación pública transfronteriza, es imprescindible aclarar los aspectos relacionados con el Derecho de propiedad intelectual;

8.  Considera que el desarrollo ulterior de la legislación de la UE en materia de contratos públicos ha de tener como objetivo lograr procedimientos de contratación pública más sencillos, más rentables y más favorables a las PYME y a la inversión; observa que la revisión del procedimiento debe atender a las necesidades de reducción de costes, de seguridad jurídica y de simplificación de las normas de contratación pública; opina que este proceso, junto con el proceso de armonización, debe basarse en una evaluación de las repercusiones de cualquier cambio sobre las autoridades locales y regionales, y sobre las PYME, con objeto de que no recaigan sobre las autoridades competentes cargas excesivas;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo acciones de formación, consultas y campañas de sensibilización destinadas a las autoridades regionales y locales y a las PYME, y que impliquen asimismo a otras partes interesadas, con objeto de garantizar una participación con conocimiento de causa en la contratación pública y reducir el índice de errores, y para que los órganos de contratación de las autoridades locales y regionales desarrollen las competencias necesarias para poner en práctica una contratación pública innovadora; recomienda asimismo a los Estados miembros que, en el marco de los programas operativos de asistencia técnica, prevean la formación o el intercambio de experiencias en materia de contratación pública;

10. Pide a la Comisión que promueva el desarrollo de un sistema de registro electrónico creíble, en forma de «pasaporte para los contratos públicos», válido durante un periodo de tiempo determinado, que podría contribuir a reducir la carga administrativa que los procedimientos de contratación pública conllevan para las PYME;

11. Constata que la disminución de los costes de procedimiento exige una reducción de la estricta formalización de la legislación de la UE en materia de contratos públicos a favor de una mayor eficiencia y economía (rentabilidad) y un mayor margen de maniobra de los órganos de contratación;

12. Considera que las asociaciones público-privadas (APP) son esenciales para que la Unión Europea pueda llevar a cabo las inversiones necesarias en determinados ámbitos; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para eliminar los obstáculos existentes y crear un marco coherente para el recurso a las APP sobre la base de las normas aplicables a la contratación pública y a los Fondos Estructurales; recomienda a los Estados miembros que flexibilicen sus marcos jurídicos y garanticen la coherencia de las disposiciones legislativas con objeto de garantizar APP más eficaces;

13. Pide a la Comisión que investigue y aborde seriamente las graves deficiencias en el cumplimiento de las normas sobre contratación pública señaladas repetidamente por el Tribunal de Cuentas en la ejecución de proyectos del FEDER y del Fondo de Cohesión, que representan el 43 % de todos los errores cuantificables según el Informe del Tribunal para 2009 y que tenga en cuenta que son consecuencia en su mayor parte de la complejidad de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, de la falta de coherencia entre estos procedimientos y aquellos en los que se basa la utilización de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión y de la incorrecta transposición de las disposiciones de la UE al Derecho nacional; destaca la necesidad de aportar aclaraciones jurídicas a las directivas con objeto de evitar nuevas deficiencias en la aplicación de las normas aplicables a la contratación pública; aprueba las medidas adoptadas por la Comisión con vistas a la colaboración con los Estados miembros y las autoridades regionales y locales en la revisión de las normas aplicables a la contratación pública con miras a su simplificación y, por ende, a la reducción del riesgo de error, así como a garantizar una utilización más eficaz de los créditos de los Fondos Estructurales;

14. Considera que en Europa existe un enorme potencial no explotado de estímulo de la innovación por medio de la contratación pública y pide a la Comisión que elabore una estrategia flexible que permita a los órganos de contratación recurrir a procedimientos de licitación orientados a la innovación que permitan alentar a la industria a investigar con objeto de desarrollar soluciones avanzadas;

15. Pide a la Comisión que simplifique el marco reglamentario en su conjunto evitando las excepciones y exenciones aplicables por los órganos de contratación y que aclare las dudas expresadas por estos en las adjudicaciones inferiores a los umbrales fijados en las directivas, especialmente facilitando más orientaciones para ayudar a los órganos de contratación a determinar si existe o no un determinado interés transfronterizo en algunos casos; considera que, en lo tocante a la contratación pública y con miras a la obtención de resultados óptimos, se debe lograr un equilibrio entre el deseo de simplificar los procedimientos y la necesidad de garantizar una competencia leal; considera que deben aumentarse los umbrales para los contratos públicos de servicios y suministros;

16. Pide a la Comisión que desarrolle una guía de buenas prácticas para la contratación pública precomercial, completada con un manual de ejemplos prácticos que muestren la manera de llevar a cabo una contratación pública innovadora en el marco de las normas en materia de contratación pública, con objeto de ayudar a las pequeñas autoridades locales y regionales a comprender el proceso y ver de qué modo les puede beneficiar;

17. Considera vital para la innovación y el crecimiento de las regiones europeas que se insista en el papel que desempeña una contratación pública electrónica que funcione de manera transparente y sea fácilmente accesible para los licitadores locales y regionales de menor envergadura, con un punto de contacto único y con la publicación en línea de los resultados de los procedimientos de selección; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que utilicen preferentemente los procedimientos de adjudicación electrónicos, con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos;

18. Constata que los órganos de contratación hacen un uso insuficiente del diálogo competitivo y de los sistemas de adquisición dinámicos debido a su complejidad, y pide por tanto a la Comisión que examine en qué medida se podría mejorar el pragmatismo de este tipo de procedimientos y hasta qué punto se podría utilizar el procedimiento de diálogo no solo para contratos especialmente complejos, sino también para procedimientos de adquisición ordinarios;

19. Opina que, con objeto de evitar la pérdida de fondos de la UE como consecuencia de retrasos y de incrementar el porcentaje de ejecución de los créditos de los Fondos Estructurales, se debe apoyar a las autoridades en su función de órganos de contratación públicos; aboga por la aplicación de procedimientos acelerados a gran escala, dado que la posibilidad de reducir los plazos contribuye a acelerar y flexibilizar en general el procedimiento de adjudicación, para no poner en peligro la ejecución de los proyectos.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

12.7.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

44

2

0

Miembros presentes en la votación final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marek Henryk Migalski, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Derek Vaughan

Suplentes (art. 187, apdo. 2) presentes en la votación final

Norica Nicolai


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

26.9.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

0

0

Miembros presentes en la votación final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Pascal Canfin, Frank Engel, Marielle Gallo, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber

Aviso jurídico - Política de privacidad