Informe - A7-0406/2012Informe
A7-0406/2012
Parlamento europeo

INFORME sobre la renovación urbana como contribución al crecimiento económico en el marco de la política de cohesión de la UE

10.12.2012 - (2011/2311(INI))

Comisión de Desarrollo Regional
Ponente de opinión: Andrea Cozzolino

Procedimiento : 2011/2311(INI)
Ciclo de vida en sesión
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A7-0406/2012
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A7-0406/2012
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la renovación urbana como contribución al crecimiento económico en el marco de la política de cohesión de la UE

(2011/2311(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 174 y 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen el objetivo de la cohesión económica, social y territorial y definen los instrumentos financieros de finalidad estructural para alcanzarlo, y que prevén que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales existentes en la Unión,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y de la UE 2020[1],

–  Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica cohesión económica, social y territorial dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para la competitividad global?[2],

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

–  Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la situación y sinergias futuras para una mayor eficacia entre el FEDER y otros Fondos Estructurales[3],

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante»[4],

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora[5],

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 2013[6],

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas para la futura política de cohesión de la UE[7],

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 marzo 2012, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 (COM(2011)0615),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, sobre disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de «inversión en el crecimiento y empleo» y por el que se revoca el Reglamento (CE) nº 1080/2006 (COM(2011)0614),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 marzo 2012, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (COM(2011)0609),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social[8],

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana»[9],

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo periodo de programación[10],

–  Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre un plan de acción sobre movilidad urbana[11],

–  Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión[12],

–  Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre la dimensión urbana en el contexto de la ampliación[13],

–  Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2006, sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano[14],

–  Vista la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada durante la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial celebrada los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig,

–  Vista la Declaración de Toledo sobre desarrollo urbano, aprobada durante la reunión informal de ministros celebrada en Toledo el 22 de junio de 2010,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0406/2012),

A. Considerando que el 80 % de los ciudadanos europeos vive en zonas urbanas (esta cifra está aumentando debido a la aceleración de los flujos migratorios del medio rural al urbano) y que es en las ciudades donde se concentran esencialmente los efectos de la crisis económica y se plantean desafíos relacionados con la lucha contra el cambio climático, la creación de puestos de trabajo, el bienestar y la calidad de vida;

B.  Considerando que las zonas urbanas deberían elaborar planes de acción a medio y largo plazo en el ámbito de una cohesión económica, social y territorial de carácter sostenible;

C. Considerando que las ciudades constituyen el motor económico, productivo y laboral, y que son al mismo tiempo el contexto en el que se manifiestan los problemas relacionados con la suburbanización, el desempleo y, de forma general, la exclusión social, la segregación y la contaminación ambiental;

D. Considerando que las grandes áreas metropolitanas también tienen una influencia positiva sobre el entorno rural y con ello se pueden conseguir efectos de arrastre;

E.  Considerando la necesidad de replantear el concepto de periferia urbana para cambiar la tendencia actual a procesos de segregación territorial, que generan una polarización social;

F.  Considerando que los procesos de transformación que se están produciendo en el tejido urbano generan expectativas y problemas cada vez mayores a los que la actuación pública tradicional apenas puede dar respuesta, y que, por tanto, requieren mecanismos de cohesión económica, social y territorial innovadores e integrados;

G. Considerando que, en muchas ciudades, los cambios sociodemográficos han provocado el desplazamiento de la población de sus hogares en las zonas urbanas más antiguas a otras zonas residenciales nuevas, más periféricas, a zonas urbanizadas situadas en los límites de la ciudad o, simplemente, a nuevas ciudades próximas a las grandes aglomeraciones;

H. Considerando que la desigualdad social es un reto en muchas zonas urbanas, y que las desigualdades entre barrios se deben en un gran número de casos a la existencia de unas políticas de vivienda inadecuadas y al hecho de que la prestación de servicios se limite en ocasiones a zonas más prósperas;

I.   Considerando que la revisión de los enfoques tradicionales puede dar pie al inicio de un proceso de experimentación urbanística y de nuevos proyectos basados en una reinterpretación de las acciones de planificación de los espacios, de las necesidades colectivas y de la participación de los ciudadanos;

1.  Pone de relieve que el modelo de desarrollo local representa un punto fuerte de la política de cohesión porque moviliza factores decisivos, promueve la selección de las opciones más adecuadas y cercanas a los ciudadanos, las acciones conjuntas y las medidas más coherentes, eficaces y eficientes, y otorga, por otra parte, una gran visibilidad a las intervenciones comunitarias, especialmente en las zonas de la UE que se enfrentan a los retos más difíciles;

2.  Pide una nueva fase normativa de la UE, vinculada a la elaboración de un plan para la salvaguardia y la recalificación de las zonas urbanas, que, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, proporcione el fundamento jurídico necesario, defina objetivos comunes y compartidos a medio-largo plazo y optimice la utilización de los fondos de la política de cohesión;

3.  Espera que se pongan en marcha acciones encaminadas a completar y rehabilitar partes ya existentes de las ciudades, incluidos los barrios marginales, a llevar a cabo la reconversión funcional de zonas en desuso y de superficies en conversión, a desarrollar, mediante un proceso de desarrollo dinámico, el atractivo de los lugares donde viven las personas y a recuperar para la comunidad espacios de alto valor simbólico y sentimental que han perdido su función original o que se han ido abandonando de forma progresiva, promoviendo al mismo tiempo el patrimonio cultural;

4.  Pide que se movilicen recursos culturales y económicos, otorgando un carácter prioritario a la sostenibilidad social de la transformación urbana, de modo que se contribuya a la solidaridad urbana, la inclusión social y la integración de los grupos vulnerables y marginales en las zonas urbanas, con objeto de utilizar plenamente el potencial de desarrollo teniendo en cuenta que los procesos de regeneración urbana pueden conllevar el riesgo de expulsión de los grupos sociales más vulnerables; destaca, por consiguiente, la necesidad de involucrar en mayor medida a los habitantes desde la etapa más temprana posible;

5.  Destaca la función clave que han de desempeñar las zonas urbanas en la consecución de los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Estrategia Europa 2020, y señala que, para que la Unión sea globalmente competitiva, es imprescindible que su política de cohesión explote plenamente el potencial de desarrollo de todas las regiones y zonas urbanas;

6.  Pide que se aplique un enfoque integrado que prevea la interconexión del sistema natural y medioambiental con el sistema histórico-cultural y con el socio-productivo, para garantizar el desarrollo de la red de infraestructuras, la mejora de los espacios urbanos y el crecimiento del entramado económico y promover un uso mixto del suelo a través de la integración de obras residenciales y no residenciales, infraestructuras materiales y sistemas de relaciones inmateriales;

7.  Destaca la necesidad de nuevas formas de recalificación urbanística que centren la atención en las necesidades colectivas de espacios públicos, verdes, de ocio, cultura y deporte;

8.  Pide que se pongan en marcha dinámicas de planificación participativa en colaboración con asociaciones y ciudadanos para garantizar la conexión necesaria entre las políticas generales y los ámbitos territoriales específicos, valorando sus peculiaridades, identidad, memoria e historia, y reforzando el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la confianza en las instituciones;

9.  Subraya que la recalificación urbanística y la reactivación económica están estrechamente ligadas, y que la creación de un entorno atractivo puede convertirse en un factor para la recuperación económica; señala que, para conseguir este objetivo, la recalificación urbanística debería combinarse con una nueva concepción que aúne esfuerzos para evitar el deterioro urbanístico, promover el desarrollo de zonas desfavorecidas y marginadas y apoyar el crecimiento económico local y la creación de empleo, junto con medidas sociales;

10. Pide que se lleven a cabo acciones decididas para luchar contra la insuficiencia energética mediante la regeneración funcional de los edificios y la construcción de unidades residenciales más eficientes, en particular para viviendas sociales; pide que se reduzca la congestión, la contaminación y el ruido de manera que la ciudad sea más competitiva con respecto a los problemas medioambientales;

11. Destaca la necesidad de una estrategia de salvaguardia y protección del patrimonio urbanístico y residencial en las zonas certificadas de alto riesgo sísmico e hidrogeológico;

12. Insiste en la necesidad de coordinar el uso de los fondos para garantizar un enfoque integrado de las disfunciones relacionadas con el desarrollo demográfico, el envejecimiento progresivo y la concentración urbana; señala que los proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales pueden contribuir a encontrar soluciones para problemas graves y que deberían centrarse en las personas y prestar una atención particular a las personas más desfavorecidas de la sociedad, como niños, jóvenes, mujeres y personas de edad;

13. Aprecia las medidas que se han tomado para promover la creación de redes entre ciudades y el intercambio de experiencias y buenas prácticas; señala que estas medidas se deberían reforzar y ampliar aún más para incluir las zonas urbanas funcionales; pide que se difundan los instrumentos existentes a este fin, al tiempo que destaca que antes de crear nuevas estructuras se debería recurrir a los programas y los organismos ya existentes;

14. Acoge con satisfacción que se haya dispuesto que al menos el 5 % de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinados a acciones integradas de desarrollo urbano sostenible se deleguen en las ciudades para su gestión; subraya que este 5 % es un objetivo mínimo y que debería utilizarse para apoyar el desarrollo de las zonas urbanas funcionales; pide a las autoridades, a sus diferentes niveles, que utilicen instrumentos nuevos, como el desarrollo a escala local liderado por la comunidad;

15. Se opone a la rigidez en la utilización de los recursos antes mencionados en la aplicación de las inversiones territoriales integradas (ITI); opina que se debería dar a los Estados miembros la posibilidad de aplicar las acciones integradas de desarrollo urbano sostenible también a través de un programa operativo específico o un eje prioritario específico;

16. Destaca que, a pesar de que las zonas urbanas pueden contribuir de modo esencial como centros y motores de crecimiento, es necesario integrar las necesidades de desarrollo local a las hora de abordar los problemas de las zonas suburbanas, limítrofes y rurales con objeto de promover así una relación que, en vez de ser conflictiva, sea complementaria y sinérgica, y para hacer frente a la progresiva pérdida de zonas rurales periurbanas debido a la tendencia a la expansión urbana y a la conversión de zonas rurales en zonas edificables, desarrollando al mismo tiempo la accesibilidad a los servicios públicos;

17. Pide que se mejore la capacidad administrativa –por ejemplo mediante un mayor recurso a la asistencia técnica– de las autoridades locales y regionales, así como de los agentes económicos y sociales, en la gestión de los Fondos Estructurales para lograr una auténtica gobernanza a varios niveles, a fin de garantizar el logro de los objetivos; considera esencial que se desarrollen redes multifuncionales sostenibles, basadas en buenas prácticas, y que se fomenten de tal manera que incentiven la formación de asociaciones entre el mundo urbano y el rural vibrantes e integradas y cimentadas en las necesidades de las regiones individuales;

18. Subraya la conveniencia de crear una red de contactos entre los proyectos piloto de desarrollo urbano sostenible financiados por el FEDER y el nuevo programa plurianual «Horizonte 2020» para garantizar la obtención de soluciones innovadoras y la creación de estrategias que se puedan reproducir en el ámbito de la recalificación urbanística;

19. Está convencido de que la experiencia del «Pacto entre alcaldes» puede suponer un excelente punto de partida para avanzar en la consecución de los objetivos de la «Estrategia Europa 2020»;

20. Pide que se establezca un modelo de gestión de la movilidad sostenible, integrado en la planificación urbanística, que incluya un mayor número de servicios públicos y redes sistémicas de logística adaptadas a las exigencias de la distribución de bienes y servicios en la ciudad, prestando la debida atención a las necesidades del transporte ecológico;

21. Está convencido de que algunos problemas ambientales como la gestión de los residuos representan un problema importante que trasciende de los problemas puramente técnicos y repercute en los aspectos sociales; pide, además, que se sigan aplicando medidas para garantizar la calidad del agua y el saneamiento en las zonas urbanas en interés de los ciudadanos y del medio ambiente;

22. Señala que el aumento de las zonas verdes y los parques urbanos constituye un elemento de gran valor para el patrimonio natural, histórico y cultural, contribuye a regular los efectos negativos del microclima, a mejorar el equilibrio energético y a conseguir ahorros económicos, aumenta la sostenibilidad y la calidad del entorno urbano y permite satisfacer necesidades recreativas y sociales;

23. Espera que, a la hora de definir los cauces para el desarrollo urbano, se dé prioridad a los materiales y soluciones de tipo técnico que admitan la aplicación de medidas de ahorro energético, de acuerdo con los objetivos de las políticas comunitarias;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de dos tercios de la población europea viven en áreas urbanas. Las ciudades son lugares donde surgen problemas, pero también son lugares donde es posible encontrar soluciones. El tejido urbano es un terreno fértil para la ciencia y la tecnología, la cultura y la innovación. Por otra parte, también es en las ciudades donde se concentran, agravados, problemas como el desempleo, la discriminación y la pobreza. Asimismo, es en las ciudades donde más se sienten los efectos de la crisis económica y se plantean desafíos relacionados con la reducción del impacto del cambio climático, la creación de puestos de trabajo, el bienestar y la calidad de vida. Por tanto, será el desarrollo de nuestras ciudades lo que determine el futuro del desarrollo económico, social y territorial.

Como se indica en el reciente estudio de la Comisión «Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir», la fase de expansión urbana de las últimas décadas ha puesto en evidencia una grave situación de deterioro urbanístico y del sector de la construcción que, con frecuencia, se materializa en la carencia de obras de urbanización y de servicios esenciales. Por ello, desde las instituciones europeas deben surgir nuevos estímulos e instrumentos adecuados que permitan concebir las ciudades del mañana. Al mismo tiempo, las ciudades deben participar de forma activa en la concepción y elaboración de las políticas europeas y de aquellas intervenciones que tengan un impacto inmediato en el desarrollo de su territorio: movilidad en los centros urbanos, mejora del rendimiento energético de las viviendas antiguas, creación de nuevas viviendas sociales, etc. Esta sinergia se puede crear promoviendo modelos de participación democrática, incluyendo a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y contribuyendo a la realización concreta del concepto de ciudadanía europea. La aplicación de dichos principios constituye, además, un elemento decisivo para hacer frente a los retos de la sociedad multicultural y reforzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad y la confianza en las instituciones, luchar contra la exclusión social y conseguir que las ciudades sean más seguras, abiertas y tolerantes.

Promover la recalificación y la regeneración urbana como medios para la creación de riqueza y oportunidades es uno de los principales retos a los que la Unión Europea debe dar respuesta, reforzando la unión entre ciudad y desarrollo y entre centro urbano y área circundante. Como ya se ha dicho, en las ciudades se manifiestan de manera agravada problemas como el desempleo, la discriminación y la pobreza. El modelo europeo de desarrollo urbano sostenible está en peligro. Los cambios demográficos son la causa de una serie de desafíos como el envejecimiento de la población, la reducción del número de habitantes o los intensos fenómenos de suburbanización, cuyo carácter varía de una ciudad a otra. Además, Europa ya no atraviesa una fase de crecimiento económico constante, por lo que muchas ciudades deben hacer frente ahora a graves amenazas de estancamiento o declive económico. Con la situación actual, nuestras economías ya no están, pues, en condiciones de garantizar una tasa de empleo adecuada, de modo que un porcentaje cada vez mayor de la población queda excluido del mercado laboral o bien se ve obligado a conformarse con empleos poco cualificados y mal remunerados en el sector servicios. Esto contribuye a aumentar las diferencias y, al mismo tiempo, incluso en las sociedades y ciudades más ricas, la crisis económica intensifica la polarización de ingresos y la segregación social.

Por consiguiente, para la reactivación social y económica de las ciudades, es necesario replantear las metodologías del sector urbanístico y de la ordenación del territorio, llevando a cabo una comparación de las prácticas de ordenación e instrumentos de intervención capaces de enriquecer las políticas medioambientales, territoriales, comerciales, de transportes y de tráfico, a través de un uso mixto del territorio que integre infraestructuras materiales y sistemas de relaciones inmateriales.

En este sentido, la contribución de los programas de iniciativa comunitaria, como «Urban», ha sido determinante, ya que, además de tener un efecto en la «ciudad física», estos programas han permitido poner en marcha medidas orientadas a la integración social: un nuevo modo de concebir la recalificación urbanística –en cuanto a instrumentos y objetivos–, una nueva visión integrada que va más allá de la simple suma de medidas sociales, económicas, medioambientales y aplicadas a infraestructuras, incluyendo la participación de los agentes locales. Por consiguiente, conviene seguir en esta dirección, considerando las ciudades en toda su complejidad a fin de promover un planteamiento global de los problemas, superar la compartimentación de los distintos sectores y establecer de forma definitiva el principio de integración entre los distintos segmentos de intervención.

La nueva concepción de la política de cohesión –a través de este enfoque estructural– tendrá que desarrollar acciones de gestión del territorio que concedan un carácter prioritario a la sostenibilidad social de la transformación urbana, teniendo en cuenta que los procesos de regeneración y rehabilitación siempre pueden conllevar el riesgo de expulsión de los grupos sociales más vulnerables. Al mismo tiempo, también es conveniente prever instrumentos para el aumento de la calidad de vida, valorando la identidad, la memoria y la historia del territorio. Para garantizar la maximización de estos objetivos, las políticas tendrán que estar en consonancia con los ámbitos territoriales específicos, valorando sus peculiaridades y recursos. La competitividad en la economía global tendrá que ir acompañada de economías locales sostenibles, basando las competencias fundamentales y recursos en el tejido económico local, así como incentivando la participación social y la innovación. Para conseguirlo, sería oportuno impulsar la planificación participativa, puesto que la elaboración de planes de acción y de proyectos operativos ofrece un punto de encuentro para las asociaciones, los ciudadanos y todos aquellos que actúan en el territorio, y permite abrir nuevos cauces de colaboración.

Por otra parte, existe una serie de asuntos particularmente delicados a los que conviene prestar una atención especial. Entre otros, las dificultades de la periferia –que en muchos sentidos son endémicas, pero que ahora se han visto agravadas a raíz de los efectos más generales de la crisis– son un aspecto urgente para el conjunto del tejido urbano y, al mismo tiempo, constituyen uno de los retos más importantes, tanto para las ciudades como para las instituciones europeas. Sería conveniente que, junto con los ciudadanos, se replanteara el concepto de periferia evitando los planteamientos políticos de tipo descendente que, tras el fracaso de los proyectos utópicos de construir grandes edificios rodeados de espacios verdes que han acabado siendo una pesadilla de cemento que rodea de forma amenazadora el casco antiguo, corren el riesgo de generar una fuerte oposición. La clave para la revitalización de la periferia se halla precisamente en superar la contraposición periferia-centro: si se logra ampliar los límites de la ciudad a los barrios periféricos, estas zonas pueden llegar a convertirse en el epicentro de un nuevo modelo de desarrollo social y económico. De este modo, también se evitarían los incipientes procesos de segregación territorial a consecuencia de la polarización social que pueden contribuir al desarrollo de «subculturas» cerradas, las cuales pueden adoptar posturas hostiles con respecto al resto de la sociedad.

De acuerdo con las prioridades y objetivos principales expresados en la Carta de Leipzig, en la Declaración de Toledo y en la Agenda territorial 2020, así como en el V Informe sobre la política de cohesión, es necesario insistir en la importancia de reforzar la dimensión territorial en la futura política de cohesión. Para alcanzar de forma eficaz los principales objetivos de la «Estrategia Europa 2020», será necesario emplear un enfoque integrado, coherente y global que implique a todos los sectores y niveles administrativos y territoriales. Y para poder poner en práctica esa metodología, los mecanismos de coordinación fijos tendrán que integrarse con otros mecanismos flexibles y asegurar así el diálogo y la cooperación entre los distintos niveles territoriales y administrativos, así como entre los distintos sectores interesados en el desarrollo urbano.

La escasa atención prestada a las zonas urbanas representa uno de los principales puntos débiles que han impedido que la estrategia de Lisboa alcance plenamente sus objetivos relativos al desarrollo y a la homogeneización de las regiones y de los territorios. Por tanto, el modelo de desarrollo local puede convertirse en un punto fuerte de la futura política de cohesión, ya que es capaz de movilizar factores decisivos –como las competencias y motivaciones de la población local– y promover la selección de las opciones más adecuadas y las medidas más coherentes, eficaces y económicamente más eficientes. Por otra parte, si se estimula la implicación y la participación democrática y civil en las elecciones de la política de cohesión, se podrá otorgar una gran visibilidad a las intervenciones comunitarias, especialmente en las zonas de la UE que se enfrentan a los retos más difíciles y que están bajo la amenaza constante de un espíritu de «euroescepticismo» que, en muchos casos, va ligado a fenómenos racistas y xenófobos. Se requiere una auténtica evolución de las políticas de cohesión que, fomentando una mayor y mejor implicación de las zonas urbanas, permita no solo maximizar los resultados y los objetivos perseguidos, sino también fomentar el consenso en las instituciones comunitarias y un espíritu europeísta capaz de vencer las tendencias disgregadoras que la crisis económica ha acentuado.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

27.11.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

36

0

1

Miembros presentes en la votación final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter
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