INFORME sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2012

    24.9.2013 - (2013/2013(INI))

    Comisión de Peticiones
    Ponente: Edward McMillan-Scott


    Procedimiento : 2013/2013(INI)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    A7-0299/2013
    Textos presentados :
    A7-0299/2013
    Textos aprobados :

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

    sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2012

    (2013/2013(INI))

    El Parlamento Europeo,

    –   Vistas las resoluciones anteriores sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

    –   Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

    –   Vistos los artículos 24, 227, 228, 258 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

    –   Vistos el artículo 48 y el artículo 202, apartado 8, de su Reglamento,

    –   Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0299/2013),

    A. Considerando —sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo 30 del Tratado— que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha convertido en un acto jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa[1]; que, de conformidad con el artículo 51, la Carta es vinculante para las instituciones y órganos de la Unión así como para los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión; que el Tratado de Lisboa establece también el fundamento jurídico para que la UE acceda al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, así como para la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea;

    B.  Considerando que uno de los cometidos de la Comisión de Peticiones consiste en revisar constantemente y, si es posible, mejorar su función, en particular en cuanto al desarrollo de los principios democráticos, como el aumento de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea y la mejora de la transparencia y de la rendición de cuentas; que, en su actividad habitual, la comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros, la Comisión, el Defensor del Pueblo Europeo y otros órganos a fin de garantizar el cumplimiento tanto de la letra como del espíritu del Derecho de la UE;

    C. Considerando que, en 2012, la Comisión de Peticiones registró 1 986 peticiones, referidas principalmente a cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, el medio ambiente, el mercado interior y la crisis económica y social; que se admitieron a trámite 1 406 peticiones de las que 853 se remitieron a la Comisión para una investigación más detallada de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado, y que 580 fueron declaradas improcedentes; que los asuntos objeto de al menos cinco peticiones presentadas en 2012 se sometieron al Tribunal de Justicia de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado; que la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2011 en el asunto T-308/07 dejó claro que también las decisiones de procedimiento del Parlamento en casos de peticiones están sujetas a control judicial; que, en vista del análisis estadístico recogido en este informe, el mayor número de peticiones se refiere a la UE en su conjunto (27,3 %), seguida de asuntos españoles (15,0 %), alemanes (12,5 %) e italianos (8,6 %);

    D. Considerando que, en el ámbito de los derechos fundamentales, la comisión dedicó en 2012 una gran atención a los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, los derechos de los consumidores, los derechos de propiedad, los derechos de libre circulación sin discriminación por motivo alguno, la protección de la libertad de expresión y la privacidad, y el derecho al acceso a documentos e información, así como a los derechos relativos a la libertad de asociación política y sindical; que la situación creada por la crisis económica ha originado una serie de peticiones relativas a problemas sociales como la vivienda, el empleo y las malas prácticas del sector bancario para con los ahorradores;

    E.  Considerando que las peticiones presentadas por los ciudadanos demuestran una persistente discriminación de ciudadanos debida a su discapacidad, pertenencia a una minoría o determinado grupo étnico, sexo, edad u orientación sexual;

    F.  Considerando que las iniciativas de la UE en la lucha contra la discriminación, como el Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población romaní, de 2011, deben ser adoptadas sin demora como estrategias nacionales y se deben revisar y controlar a la luz de la evolución de la situación económica y social;

    G. Considerando que, en lo que respecta a la protección del medio ambiente, no debe subestimarse la amenaza que suponen la contaminación y las malas prácticas en materia medioambiental, con los consiguientes riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas, así como para la salud pública, todos ellos duraderos y, a menudo, con peligro para la vida; que, en lo que respecta a la biodiversidad, algunos Estados miembros todavía no han determinado todas las zonas de protección mínima de la red Natura 2000 ni implantado plenamente una protección eficaz; considerando los objetivos de lucha contra la contaminación y contra el cambio climático; considerando que la comisión dedicó gran atención en 2012 a la aplicación de la legislación sobre residuos y agua, así como a la evaluación de impacto de proyectos y actividades sobre el medio ambiente y la salud pública;

    H. Considerando la necesidad de preservar los recursos naturales con el fin de evitar riesgos sobre el futuro del planeta, así como la importancia de hacer prevalecer el principio de precaución en lo que se refiere a innovaciones tecnológicas como los OMG y la nanotecnología;

    I.   Considerando que en lo referente al tema de la gestión de residuos, la misión de información a Italia puso de relieve la necesidad urgente de que todas las autoridades italianas implicadas encuentren una solución sostenible que dé respuesta a las necesidades de la gestión de residuos en la provincia de Roma y que garantice el respeto de la salud y dignidad de los ciudadanos; que, pese a que la situación de emergencia en la ciudad de Nápoles ha concluido, sigue habiendo muchos problemas para lograr un enfoque integrado sobre la gestión de residuos en la región de Campania en relación con la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos) y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de marzo de 2010;

    J.   Considerando que, aunque la Comisión solo puede supervisar plenamente el cumplimiento de la legislación europea una vez que las autoridades nacionales han adoptado una decisión definitiva, conviene comprobar lo antes posible, en particular respecto de las cuestiones medioambientales, que las autoridades locales, regionales y nacionales aplican correctamente todos los requisitos de procedimiento pertinentes previstos en la normativa de la Unión Europea, incluida la aplicación del principio de precaución;

    K. Considerando que el trabajo de la comisión ha hecho que el agua sea declarada un bien público por el Parlamento; que la Iniciativa Ciudadana Europea «Derecho al agua» ha sido la primera en alcanzar el umbral de un millón de firmas de ciudadanos europeos;

    L.  Considerando la importancia de prevenir nuevas pérdidas irreparables en la biodiversidad, especialmente en las zonas designadas en el marco de Natura 2000, así como el compromiso de los Estados miembros de garantizar la protección de las zonas especiales de conservación previstas por la Directiva 92/43/CEE (Directiva «Hábitats») y la Directiva 79/409/CEE (Directiva «Aves»);

    M. Considerando que, en su Resolución de 13 de diciembre de 2012, sobre una nueva siderurgia sostenible y competitiva (a raíz de una petición)[2], el Parlamento abogaba por la aplicación del principio de «quien contamina paga»;

    N. Considerando que, a pesar del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión, esta última parece reacia a proporcionar información oportuna sobre la naturaleza de sus deliberaciones, así como sobre las decisiones adoptadas en los procedimientos de infracción relativos a las peticiones y a la aplicación de la legislación sobre el medio ambiente; que esto constituye un motivo de gran preocupación dado el daño y la destrucción irreversibles que podrían causar sobre nuestros ecosistemas y nuestra salud; que las instituciones europeas deben proporcionar más información y ser más transparentes de cara a los ciudadanos de la UE;

    O. Considerando que 2013 ha sido designado Año Europeo de los Ciudadanos, y que precisamente los ciudadanos y residentes de la UE, de manera individual o colectiva, están en condiciones de valorar la eficacia de la aplicación de la legislación europea y de señalar las posibles lagunas que impiden la correcta aplicación de la legislación y el pleno ejercicio de los derechos; considerando los contenidos de la Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento; considerando además que, a este respecto, constituye un requisito fundamental poner a disposición práctica de los ciudadanos información sobre la legislación europea;

    P.  Considerando que, por este motivo, la Comisión de Peticiones dedicó, en 2012, una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a debatir sobre el significado de la ciudadanía europea, que está estrechamente relacionado con la plena libertad de circulación y de residencia en la UE, según se definen en la tercera parte del TFUE, pero que además comprende muchos otros derechos y beneficia también a aquellos ciudadanos que no abandonan su país de origen; que las peticiones demuestran que los ciudadanos y los residentes de la Unión se enfrentan todavía a obstáculos tangibles y generalizados a la hora de ejercer en particular sus derechos transfronterizos, una situación que afecta diariamente y de manera directa a las vidas y al bienestar de miles de hogares;

    Q. Considerando que el procedimiento de petición puede ser complementario a otros instrumentos europeos a disposición de los ciudadanos, como la posibilidad de presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo o denuncias ante la Comisión; que la Comisión de Peticiones trabaja mano a mano con el Defensor del Pueblo Europeo, otras comisiones del Parlamento, organismos, agentes y redes europeos, así como con los Estados miembros;

    R.  Considerando que el proceso relativo a las peticiones puede y debe seguir siendo complementario de otros mecanismos de recurso disponibles para los ciudadanos, como la presentación de denuncias ante la Comisión o de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo; que Solvit, en particular, es un instrumento valioso que los ciudadanos de la UE pueden utilizar para resolver con celeridad los problemas derivados de la aplicación errónea de la legislación relativa al mercado interior por parte de las autoridades públicas y que, en este sentido, son exigibles avances en acciones colectivas de resolución de litigios por parte de los consumidores y sus asociaciones; que el portal de Internet único «Haga valer sus derechos» contiene información importante para aquellos ciudadanos que deseen presentar denuncias sobre la aplicación correcta de la legislación de la UE;

    S.  Considerando que el ámbito de actuación y el modus operandi del derecho de petición concedido a todos los ciudadanos y residentes de la UE en virtud del Tratado difiere de otros recursos de los que disponen los ciudadanos, como, por ejemplo, la presentación de denuncias ante la Comisión o de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo;

    T.  Considerando que es necesario aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea con vistas a reforzar su legitimidad y responsabilidad;

    U. Considerando que el 1 de abril de 2012 entró en vigor un nuevo instrumento de democracia participativa, la Iniciativa Ciudadana Europea, que registró un total de dieciséis iniciativas a lo largo del año; que diversos promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea han manifestado su preocupación por los obstáculos técnicos encontrados para la recogida efectiva de firmas; que la Comisión de Peticiones desempeñará un papel primordial en la organización de las audiencias públicas para aquellas iniciativas que prosperen;

    V. Considerando que sigue siendo evidente la falta de información estructurada y de divulgación generalizada, así como la falta de conocimiento de sus derechos entre los ciudadanos de la UE, lo que constituyen obstáculos decisivos a la hora de ejercer una ciudadanía activa de la UE; que, a este respecto, los Estados miembros deben cumplir mejor con sus obligaciones en materia de información y transparencia;

    W. Considerando que los ciudadanos y residentes europeos tienen derecho legítimo a esperar que las cuestiones que plantean ante la Comisión de Peticiones encuentren una pronta solución dentro del marco jurídico de la Unión Europea, y, en particular, que los miembros de la Comisión de Peticiones defiendan el entorno natural, la salud, la libertad de circulación, la dignidad y los derechos y libertades fundamentales del peticionario; que la eficiencia del trabajo de la comisión depende considerablemente de la celeridad de la actuación y de la rigurosidad de su secretaría y que se podría seguir mejorando en este sentido, sobre todo agilizando la tramitación de las peticiones y sistematizando el procedimiento para su evaluación; que, en vista del aumento progresivo del número de peticiones recibidas cada año, se deben dedicar más recursos y tiempo de reunión de la comisión a este fin; que es necesario que se dé continuidad a la tramitación de peticiones independientemente de los cambios de legislatura y de los cambios de personal resultantes; considerando las numerosas peticiones presentadas en relación con las víctimas del franquismo y con los niños robados en España;

    X. Considerando que algunas peticiones circulan entre la Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia y las autoridades nacionales sin que se encuentre una solución, lo que deja a los peticionarios en una situación incierta sin visos de conclusión;

    Y. Considerando que ha habido un aumento significativo del número de peticiones con respecto al incumplimiento de los principios de los derechos democráticos fundamentales y del Estado de Derecho amparados por el Tratado de la Unión Europea en los Estados miembros, lo que demuestra que los ciudadanos europeos confían cada vez más en las instituciones de la Unión para que defiendan sus derechos fundamentales;

    Z.  Considerando que los individuos y las entidades locales, así como las organizaciones de voluntariado y las empresas, se encuentran en una situación idónea para valorar la eficacia de la legislación europea, dado que les afecta, y para señalar las posibles lagunas que deben analizarse a fin de garantizar una aplicación mejor, más uniforme y más equiparable del Derecho de la UE en todos los Estados miembros;

    *         *         *

    1.  Toma nota de que las peticiones de ciudadanos y residentes en la Unión Europea recibidas en 2012 estaban centradas en supuestos incumplimientos de la legislación de la UE en materia de derechos fundamentales, medio ambiente, mercado interior y derechos de propiedad; considera que las peticiones demuestran que todavía existen casos frecuentes y generalizados de transposición incompleta o de error en la aplicación de la legislación de la UE;

    2.  Señala que los derechos fundamentales siguen siendo un tema clave de las peticiones presentadas, que plantean principalmente cuestiones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, los derechos de propiedad, el derecho de libre circulación —incluida la transferibilidad de los derechos adquiridos en materia de seguridad social sin ningún tipo de discriminación—, la protección de la libertad de expresión y la privacidad, la libertad de asociación y el derecho de acceso a documentos e información; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente y respeten esos derechos tal y como se establece en el Tratado, y solicita a la Comisión que adopte las medidas necesarias para obligar a los Estados miembros incumplidores a reducir el desfase entre las leyes nacionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE;

    3.  Opina que el Parlamento Europeo debe poner a disposición del público una guía interactiva a través de Internet, similar a la que facilita el Defensor del Pueblo Europeo, con miras a reducir el número de peticiones presentadas en relación con un asunto que no corresponde al ámbito de actividad de la UE;

    4.  Confirma el papel clave de la Comisión de Peticiones a la hora de encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos al margen de los tribunales, logrando al mismo tiempo que se tome conciencia de cómo ven la Unión Europea los ciudadanos europeos, lo cual, a su vez, permite extraer conclusiones sobre si la legislación europea consigue en realidad el resultado esperado y responde a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Unión;

    5.  Pide a la Comisión de Peticiones que examine las repercusiones en la admisibilidad de las peticiones de la línea jurisprudencial Equal Rights Trust del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que otorga a los ciudadanos de la Unión un nivel más elevado de protección, incluso en cuestiones puramente de Derecho nacional, en caso de que una sentencia nacional afecte al ejercicio de sus derechos como ciudadanos de la UE; pide que se investiguen las dificultades reales a las que se enfrentan los ciudadanos de la Unión para obtener una interpretación fidedigna de la legislación europea en causas seguidas ante órganos jurisdiccionales nacionales al solicitar decisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

    6.  Pide, como parte de los esfuerzos por mejorar el trabajo de la Comisión de Peticiones, un procedimiento que incluya misiones de información que garantice, por una parte, que todos los miembros de la misión de información tengan derecho a presentar los hechos desde su punto de vista y, por otra, que todos los miembros de la comisión tengan la oportunidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones relativo a las conclusiones que ha de extraer la Comisión de Peticiones;

    7.  Está resuelto a organizar el procedimiento de petición de forma más eficiente, transparente, ecuánime y acorde a los derechos de participación de los miembros de la Comisión de Peticiones, a fin de que la tramitación de las peticiones no pueda ser censurada judicialmente por motivos de procedimiento;

    8.  Pone de relieve la persistente discriminación de ciudadanos por motivos de religión o creencias, discapacidad, pertenencia a un grupo minoritario, edad u orientación sexual; advierte, en especial, de que la población romaní sigue encontrando obstáculos a su integración en toda la UE; apela, por tanto, a la Comisión a que fomente la cooperación intergubernamental en esta cuestión, proporcione la financiación necesaria para la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní y supervise de manera activa si dichas estrategias se aplican efectivamente en los Estados miembros;

    9.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para resolver definitivamente los problemas relacionados con el reconocimiento mutuo en los Estados miembros de los certificados de estado civil y sus efectos, que respete, no obstante, las tradiciones en materia de política social de cada uno de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

    10. Reitera sus anteriores llamamientos a los Estados miembros para que garanticen la libertad de circulación de todos los ciudadanos de la UE y de sus familias, sin discriminación por razones de orientación sexual o nacionalidad; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que garanticen plenamente los derechos reconocidos por los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino también a la pareja registrada, el miembro del hogar o la pareja con quien el ciudadano de la UE mantiene una relación debidamente comprobada y estable, incluyendo las parejas del mismo sexo, sobre la base de los principios de reconocimiento mutuo, igualdad, no discriminación, dignidad y respeto por la vida privada y familiar; pide a la Comisión, en este contexto, que garantice una aplicación estricta de esta Directiva y, en última instancia, su revisión con este fin si fuese necesario, y que garantice que, en su caso, se inicien procedimientos de infracción de conformidad con los Tratados contra aquellos Estados miembros que no apliquen dicha Directiva;

    11. Observa que el medio ambiente sigue siendo otro tema clave en las peticiones, lo cual demuestra que, en numerosas ocasiones, las autoridades públicas de los Estados miembros no logran garantizar la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas, ni los más altos niveles de salud pública; señala, en particular, las numerosas peticiones presentadas sobre la gestión de los residuos, el agua, los posibles peligros de la energía atómica y de la ingeniería genética, las especies protegidas, y la evaluación de impacto de proyectos y actividades en el medio ambiente y la salud pública, como la extracción de gas de esquisto mediante fracturación; insta a la Comisión a reforzar el marco legislativo en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático y, en particular, su correcta aplicación; lamenta que algunos Estados miembros, a pesar de sus esfuerzos, no hayan sido capaces de encontrar soluciones duraderas a los problemas de gestión de los residuos;

    12. Insta a la Comisión a tomar las medidas oportunas para garantizar que los Estados miembros consideren el agua como bien común; considera que el principio de precaución ha de aplicarse escrupulosamente en la utilización de la biotecnología y la nanotecnología en aquellos productos que puedan afectar seriamente a la salud de los consumidores;

    13. Espera que la Directiva revisada sobre la evaluación del impacto ambiental, que modifica la Directiva 2011/92/UE, no solo se vea reforzada mediante la definición de parámetros más claros, sino que, sobre todo, sea debidamente aplicada por los Estados miembros;

    14. Opina que, en el caso de las peticiones de carácter urgente, se deben desarrollar procedimientos que hagan viables las misiones de información también durante el largo período «blanco» (sin actividad parlamentaria) en torno a las elecciones europeas y, asimismo, cuando la naturaleza de la petición lo requiera, durante el período «blanco» del verano (como en el caso de Damüls, en el que los meses de verano constituían el único período en el que era posible llevar a cabo una misión de información);

    15. Celebra que haya concluido la situación de emergencia en la ciudad de Nápoles y las nuevas iniciativas relativas a la gestión de residuos, y confía en que se traten debidamente los problemas que persisten en la región de Campania, concretamente mediante un plan regional general de gestión de residuos de conformidad con la jerarquía que establece la Directiva marco de la UE sobre residuos y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE; sigue albergando serias preocupaciones por el enfoque de la gestión de residuos de la región del Lacio, en particular en lo que respecta al seguimiento del cierre del vertedero de Malagrotta;

    16. Señala, asimismo, que los ciudadanos de la Unión Europea siguen encontrando barreras en el mercado interior, especialmente a la hora de ejercer su libertad de circulación como individuos, proveedores y consumidores de bienes y servicios y como trabajadores, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores búlgaros y rumanos que siguen enfrentándose a restricciones de acceso al mercado laboral en algunos Estados miembros; destaca, en particular, que la cooperación y eficacia judiciales transfronterizas siguen suscitando especial preocupación; concluye, en resumen, que el fortalecimiento de la cooperación y la armonización transfronterizas proporcionan beneficios notorios para la protección de los derechos de los ciudadanos, además de un estímulo económico;

    17. Insta a la Comisión a que adopte medidas para facilitar el acceso de los consumidores a las tecnologías de la información y la comunicación, con las debidas garantías de seguridad y transparencia, y, en particular, a que asegure que los sitios web de los organismos del sector público son accesibles;

    18. Destaca los esfuerzos realizados por esta comisión para transmitir la petición de muchos ciudadanos en favor de que la UE desarrolle un marco jurídico que ofrezca una protección más amplia y mejoras en el ámbito del bienestar de los animales, incluidos los animales callejeros y de compañía;

    19. Hace hincapié en la importancia de la creación del grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, que puede servir como precedente para iniciativas similares, y que ha examinado con detalle las peticiones sobre este tema y la modificación de la Ley; reitera la importancia de un contacto directo con las autoridades nacionales españolas a este respecto y destaca la necesidad apremiante de intensificar aún más la cooperación para lograr un mayor equilibrio entre los derechos de propiedad y su función social, y mejores soluciones en aquellos casos en los que el objetivo último de proteger el medio ambiente exija la expropiación; teme que la nueva Ley de Costas aprobada por el Parlamento español no está consiguiendo resolver las preocupaciones de los peticionarios, y que tampoco existen planes para una mayor protección medioambiental de las zonas costeras en España;

    20. Subraya la necesidad de regular de forma efectiva la protección del litoral, pero señala que la Ley de Costas no es coherente con los objetivos perseguidos, dado que está afectando al patrimonio histórico y a poblaciones tradicionales, castigando a los habitantes de pequeños pueblos costeros que siempre han convivido de forma sostenible con el mar y sus ecosistemas;

    21. Acoge con satisfacción las conclusiones de la Comisión de Peticiones sobre el bienestar de la juventud y la familia, en particular en casos de custodia transfronteriza, derivadas de la misión de investigación en Berlín; señala, no obstante, que, en vista de la llegada constante de peticiones de dicha naturaleza, es evidente que la cuestión de la custodia transfronteriza sigue sin resolverse, y que se han señalado a la atención de esta comisión casos similares registrados en otros Estados miembros, especialmente de Dinamarca; toma nota asimismo de que, en lo que concierne a Dinamarca, algunos de los afectados eran extranjeros residentes allí, y que se han registrado casos probados de sustracción de menores en este país (también desde el extranjero);

    22. Considera que una mejor gobernanza y unos mecanismos de recurso más eficientes están directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1049/2001;

    23. Concede importancia al refuerzo de la cooperación con los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, sobre la base de la reciprocidad, y, cuando sea necesario, a que se aliente a las autoridades de los Estados miembros a transponer y aplicar la legislación de la UE con total transparencia; hace hincapié en la importancia de la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, y lamenta la negligencia de ciertos Estados miembros a la hora de aplicar y hacer cumplir la legislación medioambiental europea;

    24. Destaca, a este respecto, el Eurobarómetro de opinión pública que indica que únicamente un 36 % de los ciudadanos de la UE se considera bien informado sobre sus derechos y solo un 24 % se considera bien informado sobre qué puede hacer si no se respetan dichos derechos; hace hincapié, por lo tanto, en la necesidad urgente de mejorar el acceso a la información y de establecer una distinción más clara entre las funciones de las diferentes instituciones nacionales y europeas, con el fin de que las peticiones y reclamaciones puedan dirigirse al organismo adecuado;

    25. Pide específicamente a la Comisión que facilite el manejo del portal de Internet «Haga valer sus derechos» y que dé a conocer su existencia entre los ciudadanos de la UE;

    26. Está decidido a poner en marcha, antes de finales de 2013, un portal web sobre peticiones más práctico y visible, a fin de facilitar el acceso al proceso de petición y de proporcionar información valiosa sobre las peticiones, su divulgación pública y un enfoque interactivo del proceso de petición, así como sobre otros mecanismos de recurso; pide que se otorgue una mayor visibilidad al derecho de petición en la página principal del sitio web del Parlamento;

    27. Destaca que la Comisión de Peticiones, junto con otros organismos, instituciones e instrumentos como la Iniciativa Ciudadana Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión y las comisiones de investigación, tienen un papel independiente y claramente definido como puntos de contacto para todos y cada uno de los ciudadanos; señala, asimismo, que la Comisión de Peticiones debe seguir siendo un punto de referencia para los ciudadanos cuyos derechos están siendo presuntamente vulnerados;

    28. Celebra la cooperación constructiva entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, por ejemplo, en el caso del informe especial del Defensor del Pueblo sobre el aeropuerto de Viena en relación con la debida aplicación de la Directiva relativa a la evaluación del impacto medioambiental; respalda la labor del Defensor del Pueblo en casos de mala administración en las actividades de las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE; espera que esta labor continúe sobre la base de una independencia plena, como ha sido el caso hasta ahora;

    29. Señala que no todos los ciudadanos de la UE disponen de un Defensor del Pueblo a escala nacional que posea competencias amplias, por lo que no todos los ciudadanos de la UE tienen las mismas posibilidades de recurso; considera que, si cada Estado miembro contara con un Defensor del Pueblo nacional, la Red Europea de Defensores del Pueblo proporcionaría un apoyo considerable al Defensor del Pueblo Europeo;

    30. Acoge con satisfacción la cooperación permanente con la Comisión en relación con el examen de las peticiones relativas a la aplicación del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros; subraya, no obstante, que la Comisión de Peticiones espera que se la mantenga informada, correctamente y sin demora, sobre el desarrollo de los procedimientos de infracción; pide a la Comisión que otorgue la misma consideración a las peticiones y a las quejas con respecto al funcionamiento de los procedimientos de infracción; solicita asimismo a la Comisión que proporcione a la Comisión de Peticiones datos y un análisis estadístico de todas las reclamaciones que investiga; subraya que, para que se respete plenamente el derecho de petición, es fundamental que la Comisión, cuando así se le solicite, proporcione un análisis y una respuesta exhaustivos, que se ocupen no solo de cuestiones formales y de procedimiento, sino también del contenido esencial de la materia;

    31. Subraya que el acceso a la información que obra en poder de las instituciones de la UE, tal como se especifica en el Reglamento (CE) n° 1049/2001, es de interés primordial para los ciudadanos que desean entender mejor el proceso de toma de decisiones, en particular en lo que respecta a proyectos con repercusiones para el medio ambiente; considera que la Comisión podría proporcionar un mayor acceso a la información sobre investigaciones y expedientes de infracción sin poner en peligro el propósito de las investigaciones, y que un interés público primordial podría justificar el acceso a estos expedientes, particularmente en asuntos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales, la salud humana o animal y la protección del medio ambiente contra daños irreversibles o cuando estén en curso procedimientos en relación con la discriminación de una minoría o por violaciones de la dignidad humana, siempre que se defienda la protección de los secretos comerciales y la información delicada relacionada con los asuntos judiciales, los asuntos de competencia y los ficheros personales;

    32. Pide que la Comisión adopte un planteamiento cautelar y preventivo cuando evalúe proyectos con un impacto potencial negativo para el medio ambiente o la salud pública y que coopere desde el primer momento con los Estados miembros en cuestión; señala la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares durante las deliberaciones en casos en los que se prevea que el daño es irreversible;

    33. Toma nota, en particular, de la importante contribución de la red Solvit para sacar a la luz y solucionar asuntos relacionados con la aplicación de la legislación sobre el mercado interior; alienta a que se mejore este instrumento de la UE garantizando que los Estados miembros proporcionan el personal necesario para los centros Solvit nacionales; añade que es preciso que los consumidores y sus asociaciones desarrollen acciones colectivas de resolución de conflictos;

    34. Subraya que, tal y como confirmó el Servicio Jurídico en su dictamen de 29 de febrero de 2012, los ámbitos de actividad de las instituciones de la Unión Europea, según figuran en el Tratado, representan más que la mera suma de las competencias ejercidas por la Unión; tiene en cuenta la opinión expresada por el Servicio Jurídico del Parlamento de que esta institución tiene derecho a tomar decisiones administrativas internas destinadas a establecer un procedimiento para tramitar las peticiones de los ciudadanos; lamenta, en este sentido, que el servicio correspondiente del Parlamento no haya dado seguimiento a la Resolución del Parlamento, de 21 de noviembre de 2012, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2011[3] con respecto a las peticiones de ciudadanos sobre temas no comprendidos en el ámbito de competencia de la UE; toma nota, por último de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto T-280/09), por la que se especifica que una petición ha de estar redactada con la claridad y precisión suficientes para que pueda ser bien entendida, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 227 del TFUE.

    35. Insta a los Estados miembros a transponer y aplicar la legislación de la UE con total transparencia, y con ese objetivo en mente, considera indispensable mejorar la cooperación de la Comisión con los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, con carácter recíproco y desde el primer momento;

    36. Lamenta los obstáculos burocráticos relacionados con las iniciativas ciudadanas europeas generados por la falta de asistencia informática; lamenta, sobre todo, que este instrumento destinado a los ciudadanos se esté utilizando de manera tan dispar en las diferentes administraciones, al haberse adoptado procedimientos de funcionamiento distintos en los Estados miembros;

    37. Acoge con satisfacción la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía en 2013; pide al conjunto de las instituciones y órganos de la Unión Europea y de los Estados miembros que mejoren y difundan más ampliamente su servicio a los ciudadanos y residentes europeos en este año, en virtud de los principios contenidos en los Tratados y de los hechos reflejados en el presente informe;

    38. Señala que el mecanismo de peticiones no es solo un servicio, sino un derecho de todos los ciudadanos y residentes europeos; se compromete a organizar el procedimiento de petición de forma más eficiente, transparente, ecuánime y acorde a los derechos de participación de los miembros de la Comisión de Peticiones, a fin de que la tramitación de las peticiones no pueda ser censurada judicialmente por motivos de procedimiento;

    39. Destaca el papel esencial de las misiones de información en el procedimiento de peticiones, no solo como un derecho de participación parlamentaria, sino como una obligación frente a los peticionarios; reafirma, como ya se manifestó en el anterior informe de esta comisión, la necesidad de normas de procedimiento escritas y más precisas en lo que respecta a la preparación, aplicación y evaluación de las misiones, que garanticen, por una parte, que todos los miembros de la misión de información tengan derecho a presentar los hechos desde su punto de vista, y, por otra, que todos los miembros de la comisión tengan la oportunidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones relativo a las conclusiones y recomendaciones que ha de elaborar la Comisión de Peticiones;

    40. Pide a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo que refuerce el papel investigador de esta comisión;

    41. Considera la organización de audiencias públicas un modo útil de estudiar con detenimiento temas presentados por los peticionarios; desea llamar la atención, por ejemplo, sobre la audiencia pública celebrada en relación con la exploración y explotación de fuentes de energía no convencionales, que recogió las preocupaciones que los ciudadanos de la UE habían expresado a este respecto en sus peticiones; reconoce el derecho de los Estados miembros a elegir su combinación de energía y la necesidad de una mejor coordinación a escala de la UE a la hora de alcanzar el triple objetivo de la política energética de la UE en su conjunto, a saber: competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro;

    42. Desea poder organizar audiencias públicas sobre las iniciativas ciudadanas europeas que prosperen, junto con la comisión legislativa competente, de conformidad con el artículo 197 bis del Reglamento del Parlamento Europeo; reafirma su creencia de que este nuevo instrumento fortalecerá las instituciones democráticas de la Unión y dotará de significado al concepto de ciudadanía europea;

    43. Expresa, no obstante, su preocupación por las barreras burocráticas y técnicas surgidas en los primeros meses de la aplicación práctica de la Iniciativa Ciudadana Europea; pide, por tanto, a la Comisión que se plantee seriamente adelantar la fecha de la revisión estipulada en virtud del artículo 22 del Reglamento (UE) nº 211/2011;

    44. Subraya la necesidad de revisar regularmente la situación de las iniciativas ciudadanas europeas a fin de mejorar el procedimiento y poder dar lo antes posible con soluciones efectivas a los inconvenientes que se presenten en cada etapa del procedimiento;

    45. Considera que la Comisión de Peticiones cumpliría mejor con su función y sus obligaciones, y que su visibilidad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia se verían reforzadas, si contase con mejores medios para presentar al Pleno los temas que importan a los ciudadanos europeos, y si se potenciara su capacidad para convocar testigos, llevar a cabo investigaciones y organizar audiencias;

    46. Decide comprobar hasta qué punto resulta apropiado modificar el Reglamento para aplicar estos requisitos formales en relación con las misiones de información y las resoluciones del Pleno con arreglo al artículo 202 del Reglamento;

    47. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus respectivas comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo u otros organismos competentes análogos.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    El derecho de petición

    El derecho de petición de los ciudadanos de la Unión Europea y las personas residentes en la misma, individualmente o en nombre de asociaciones, es un derecho antiguo conferido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 227) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 44). Es un instrumento democrático esencial ya que permite a los diputados al PE hacerse una idea real de las cuestiones que afectan a los ciudadanos, y también es una prueba de que el Parlamento Europeo está preparado para intervenir directamente para fomentar y proteger los derechos de los ciudadanos.

    Los miembros de la Comisión de Peticiones comprueban la admisibilidad de cada una de las peticiones presentadas, analizan su contenido y adoptan las acciones procedentes al respecto. Entre dichas acciones a menudo figura el diálogo con otras comisiones del PE y otras instituciones de la UE, particularmente la Comisión Europea, a las que se les pide que investiguen o emitan su dictamen. La comisión también puede consultar a las administraciones nacionales o las representaciones permanentes, organizar misiones de información y elaborar informes de propia iniciativa. El objetivo de sus miembros es responder a los peticionarios con conclusiones, recomendaciones o remisiones a otras instituciones u órganos.

    En 2012, la Comisión de Peticiones registró un total de 1 986 peticiones, lo cual representa un incremento significativo con respecto a las 1 414 peticiones del año 2011. El anexo estadístico del presente informe incluye datos detallados sobre el registro, la admisibilidad, los países interesados, la nacionalidad de los peticionarios, la lengua y el formato de las peticiones, así como sobre los temas principales de las mismas.

    El significado del concepto de «ciudadanía»

    A lo largo de 2012, los miembros de la Comisión de Peticiones dedicaron mucho tiempo y esfuerzos a debatir sobre el significado del concepto de ciudadanía y los obstáculos que los ciudadanos de la UE siguen encontrando en el ejercicio de sus derechos.

    Cabe destacar, en particular, que la Comisión de Peticiones acogió positivamente la puesta en práctica de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) el 1 de abril de 2012. Se trata del primer instrumento de democracia participativa transnacional y ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de participar activamente en la configuración de las políticas y la legislación europeas. La Comisión PETI desempeñará un papel primordial en el proceso como organizador independiente de audiencias públicas sobre las cuestiones objeto de las ICE que prosperen, junto con la comisión legislativa competente. En mayo los miembros mantuvieron un intercambio de puntos de vista con el Vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič y en el mismo este anunció el registro simbólico de la primera ICE, centrada en las políticas para Fraternidad 2020 (Juventud).

    La Comisión PETI solicitó la inclusión en el período parcial de sesiones de marzo, en Bruselas, de un debate clave durante el que el Parlamento adoptó su informe de propia iniciativa sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 (ponente: Adina-Ioana Vălean). En el informe, que incluía las opiniones de las Comisiones de Cultura, de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y de Asuntos Constitucionales, se resaltaban cuestiones relacionadas con la libre circulación de los ciudadanos de la UE y la protección de los derechos fundamentales, destacándose los obstáculos que encuentran los miembros de parejas del mismo sexo y la población romaní en el ejercicio de sus derechos. También se expresaba la esperanza de que se fomente la sensibilización y el debate sobre el significado del concepto de ciudadanía en la Unión Europea.

    A comienzos de año, la Comisión PETI también aportó su contribución a la labor de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior elaborando dos opiniones para sendos informes clave. En relación con la designación de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos, la Comisión PETI solicitó que se adoptasen medidas para facilitar a los ciudadanos de la UE información sobre su labor y la del Defensor del Pueblo Europeo, con el fin de que puedan utilizar mejor sus derechos en virtud del Derecho de la Unión Europea y defenderlos (ponente: Nikolaos Salavrakos). Con respecto al Programa de Derechos y Ciudadanía propuesto para 2014 a 2020, la Comisión PETI instó a que se incluyesen explícitamente referencias a los derechos de las personas con discapacidad y a la necesidad de una asignación juiciosa, accesible y transparente de los fondos en el marco del programa, cuestiones ambas que han sido objeto de numerosas peticiones (ponente: Adina-Ioana Vălean).

    A fin de proseguir el debate sobre el significado del concepto de ciudadanía en la Unión Europea, la Comisión PETI decidió celebrar una audiencia conjunta con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y con la Comisión Europea el 19 de febrero de 2013.

    o       El impacto de la crisis económica en el significado del concepto de ciudadanía

    La crisis económica siguió repercutiendo profundamente a lo largo de 2012 en la mayoría de las regiones de la Unión Europea, con lo que el bienestar de cientos de miles de hogares se fue deteriorando rápidamente. Esta realidad ha generado escepticismo entre los ciudadanos de la Unión Europea respecto del buen estado de las instituciones democráticas a escala tanto de los Estados miembros como europea, incluida la manera en que se adoptan las decisiones dentro del Parlamento Europeo.

    En septiembre, la Comisión de Peticiones mantuvo un largo debate sobre una petición en la que se trataba precisamente esa cuestión. En dicha petición, firmada por más de 10 000 ciudadanos, se abogaba por la creación de un gobierno económico federal en la Unión Europea, una unión fiscal que fuese democráticamente responsable ante el Parlamento Europeo y conllevase reformas estructurales para incrementar la competitividad y el empleo. Los peticionarios también abogaban por la celebración de una convención constitucional después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

    Durante el mencionado debate, los miembros de la Comisión PETI coincidieron en que la actual crisis económica viola los derechos de los ciudadanos, no solo sus derechos económicos sino también los derechos sociales y políticos que les confieren el Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales. Es indudable que en toda la Unión se percibe ampliamente la erosión de la democracia y que urge mantener un debate público más amplio.

    A raíz de todo ello, la Comisión PETI decidió proponer la organización de una audiencia pública sobre los derechos de los ciudadanos y la crisis económica en 2013. En la audiencia, que se celebrará conjuntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales, participarán ciudadanos de todos los Estados miembros y se debatirán las modalidades y los instrumentos adecuados para alcanzar un mayor grado de responsabilidad y compromiso democráticos.

    o       El imperativo de la buena administración y la adecuada aplicación del Derecho de la UE

    El derecho a una buena administración es un derecho fundamental que garantiza que las cuestiones, problemas y otros asuntos relativos a los ciudadanos se tratan de forma imparcial y justa en un marco temporal razonable. En los últimos años, numerosas peticiones han aportado pruebas de que los ciudadanos tienen una relación cada vez más directa con las instancias administrativas de la Unión y de que existe el riesgo de que los casos de arbitrariedad, inseguridad jurídica y falta de transparencia socaven la confianza que los ciudadanos de la UE han depositado en las instituciones europeas. En consecuencia, la Comisión PETI aprobó en abril una opinión para la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que expresaba su inquietud ante la insuficiente protección del derecho a una buena administración. En la opinión se acogía positivamente la propuesta de una nueva Ley de procedimientos administrativos y se destacaba la necesidad de disposiciones específicas sobre los procedimientos de infracción y los conflictos de intereses (ponente: Margrete Auken).

    La adecuada aplicación del Derecho de la Unión Europea es también una condición esencial para la legitimidad de la gobernanza democrática y para asegurar que los ciudadanos disfrutan plenamente de sus derechos. En otra opinión para la Comisión de Asuntos Jurídicos, los miembros de la Comisión PETI pusieron de relieve que las organizaciones de la sociedad civil siguen utilizando el mecanismo de las peticiones para informar y quejarse de la inobservancia del Derecho de la UE por parte de las autoridades de los Estados miembros a diferentes niveles. En particular, advirtieron del hecho de que los ciudadanos siguen estando muy poco informados acerca de los procedimientos de infracción y a menudo se sienten inducidos a error sobre la aplicabilidad de la legislación de la UE en casos de transposición tardía y respecto del ámbito de aplicación real de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por ello, la Comisión PETI instó a que se avance, de forma sustantiva y tangible, en pos de una mayor transparencia gracias a un mayor acceso a la información sobre reclamaciones, expedientes de infracción y otros mecanismos de cumplimiento de la legislación (ponente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

    Defensa de los derechos fundamentales

    Al igual que en años anteriores, los derechos fundamentales siguen siendo un asunto central de las peticiones presentadas a la Comisión de Peticiones. En un total de 500 peticiones presentadas en 2012 se denunciaban, en cierta medida, violaciones de los derechos fundamentales, solicitándose en consecuencia una protección más efectiva de los valores europeos consagrados en la Carta y en los Tratados. Esta cifra representa el 25,1 % de las peticiones presentadas en 2012, en comparación con el 21 % en 2011, el 20,4 % en 2010 y el 22,3 % en 2009.

    La UE y sus instituciones tienen el deber de respetar, garantizar, proteger y fomentar los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. La Comisión de Peticiones desempeña un papel fundamental respecto de ese deber al habérsele encomendado específicamente la búsqueda de soluciones no judiciales en nombre de los peticionarios, con el fin de ayudar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales y en la correcta aplicación de los valores y principios contemplados en la Carta y los Tratados.

    En este ámbito, la Comisión de Peticiones ha contribuido con una opinión para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) (ponente: Adina-Ioana Vălean). En la opinión se ponía de relieve la persistente discriminación de ciudadanos debido a su religión o creencia, discapacidad, pertenencia a un grupo minoritario, edad u orientación sexual. También se lamentaban las restricciones a la libertad de los medios de comunicación que con frecuencia obstaculizan el pluralismo de los mismos, se recordaba que los ciudadanos gozan del derecho a desplazarse y residir libremente dentro de la Unión Europea, y se destacaba que la posibilidad de transferir prestaciones de la seguridad social, pensiones y asistencia sanitaria y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de los certificados de estado civil y de sus efectos son derechos importantes.

    o       Los derechos de las personas con discapacidad

    El 5 de diciembre de 2012 la Comisión de Peticiones participó activamente en el tercer Parlamento Europeo de las personas con discapacidad. Numerosas peticiones dan testimonio de las dificultades con que se enfrentan las personas con discapacidad y del hecho de que no disfrutan de los derechos y las libertades fundamentales establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por esa razón, los miembros de la Comisión PETI asumen muy seriamente su responsabilidad de establecer un marco para la aplicación de la Convención y se refieren sistemáticamente a la misma en los trabajos de la comisión.

    En el marco del citado acto, los miembros de la Comisión PETI advirtieron de que los ciudadanos afectados ponen regularmente en conocimiento de la comisión las lagunas en la aplicación del principio vigente de igualdad de trato de las personas con discapacidad. Esta realidad crea obstáculos que les impiden disfrutar de los derechos de los ciudadanos de la UE, tales como el uso normal del sistema educativo, el acceso al empleo, a los seguros, a la financiación o a los transportes públicos.

    Los miembros de la Comisión PETI recordaron a los participantes que ya en 2009 la comisión recibió una petición acompañada de más de un millón de firmas en la que se pedía una protección extensiva en todas las políticas de la Unión Europea para las personas con discapacidad. En una petición más reciente se denunciaba la utilización abusiva de los Fondos Estructurales de la UE por parte de algunos Estados miembros, práctica que entorpece la realización de los objetivos de la estrategia en materia de discapacidad. La Comisión PETI instó a la Comisión Europea a convertir la discapacidad en un elemento de condicionalidad previa para todos los proyectos financiados por la UE.

    o       Protección de la libertad de expresión y la intimidad

    Uno de las cuestiones más controvertidas en el Parlamento Europeo durante la primera mitad de 2012 fue el debate sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA). En el mes de febrero, la Presidenta de la Comisión PETI, Erminia Mazzoni, y el ponente del Parlamento Europeo para el Tratado relativo al Acuerdo ACTA, David Martin, que es miembro de la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, recibieron formalmente una petición acompañada de más de dos millones y medio de firmas. Los peticionarios exponían su oposición al Acuerdo ACTA aduciendo que violaría los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo relativo a la libertad de expresión y la intimidad. El día en que se entregó la petición, las declaraciones a la prensa se difundieron y divulgaron ampliamente en los medios de comunicación.

    En el mes de junio se celebró un debate durante la reunión mensual de la Comisión PETI, que contó con la presencia de los peticionarios, quienes advirtieron a los diputados de que el año 2012 era un momento crítico para la receptividad y responsabilidad de la Unión Europea. Miembros de la Comisión de Comercio Internacional, incluido el ponente Davis Martin, recibieron quejas en el sentido de que la Comisión Europea no había intentado reconsiderar el contenido del Acuerdo ACTA sobre la base de las extendidas críticas e inquietudes formuladas por los ciudadanos. Los miembros de la Comisión PETI concluyeron que había una mayoría clara a favor del rechazo del Acuerdo ACTA y acordaron transmitir esta posición a las comisiones legislativas competentes del Parlamento Europeo.

    Las cinco comisiones legislativas competentes (Desarrollo, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Comercio Internacional) rechazaron el Acuerdo en sus respectivas reuniones. En el periodo parcial de sesiones de julio, el Pleno del Parlamento Europeo votó abrumadoramente a favor del rechazo del Acuerdo ACTA, con 478 votos en contra y solo 39 a favor (146 abstenciones).

    o       Acceso a los documentos y a la información

    En noviembre la Comisión de Peticiones examinó una petición relativa al derecho fundamental en materia de acceso a los documentos, que está protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales. Se trataba del caso de una ciudadana octogenaria española cuyo padre fue detenido y ejecutado durante la Guerra Civil española (1936-1939); la peticionaria exponía a los miembros de la Comisión PETI que los tribunales y la administración nacionales le denegaban el acceso a los documentos cuya existencia ella afirmaba.

    Si bien la Comisión Europea afirmó que, lamentablemente, el asunto no incidía en el ámbito de competencias de la UE, la Comisión PETI remitió a la Carta y a la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el acceso público a los documentos, en la que ya se ponía de relieve que, con carácter general, el derecho de los ciudadanos a la información no es respetado por las autoridades de los Estados miembros, y se instaba a una mayor transparencia a escala de los Estados miembros. Al término del debate, la Comisión PETI decidió ponerse en contacto con las autoridades nacionales a nivel local, regional y nacional, e instarles a facilitar las investigaciones de la peticionaria y a garantizar que España firmaría y ratificaría el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (CETS nº 205).

    o       Respeto de la elección en el marco del derecho de asociación

    Tanto la Carta de los Derechos Fundamentales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos cubren el derecho de los ciudadanos a la libertad de asociación. No obstante, en ocasiones la Comisión de Peticiones recibe peticiones en las que se solicita el respeto de libertades negativas. En 2012 la Comisión PETI estuvo trabajando sobre una petición recibida un tiempo antes que puede servir de ejemplo al respecto.

    En 2008 una asociación cristiana sueca de empresarios informó de que sus miembros eran objeto de amenazas e intimidación porque se habían negado, por razones religiosas, a suscribir convenios colectivos celebrados por sindicatos suecos. Aducían que la libertad de no asociación es un derecho individual de igual peso que la libertad de asociación y, en consecuencia, solicitaban que se respetase su derecho a una libertad de asociación negativa. Si bien la Comisión Europea mantenía que la cuestión planteada se refería a una situación interna de Suecia que no guardaba relación alguna con el Derecho de la UE, los miembros de la Comisión PETI seguían preocupados por la posibilidad de que ello constituyese una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que en 2012 siguieron examinando la petición, presentaron una pregunta con solicitud de respuesta oral a la Comisión y se comprometieron a debatir el fondo de la cuestión a comienzos de 2013.

    Esta petición sirve de recordatorio de que la labor de la Comisión de Peticiones es muy diferente de la de la Comisión y del poder judicial. En lo que respecta en particular a la protección de los derechos fundamentales, y con el fin de dotar de significado tangible al concepto de ciudadanía, los miembros de la Comisión PETI tienen ante todo el deber de investigar las quejas de los peticionarios y garantizar que las deliberaciones e interpretaciones del Derecho de la UE a nivel institucional no se convierten en algo inflexible, estancado o alejado de la vida cotidiana de los ciudadanos.

    o       Derechos de propiedad

    A comienzos de 2012 la Comisión de Peticiones creó un grupo de trabajo informal constituido por miembros de todos los grupos políticos y encargado de debatir sobre la antigua cuestión del respeto de los derechos de propiedad en España y, más concretamente, la Ley de Costas de dicho país.

    Entre marzo y noviembre se celebraron seis reuniones durante las que los miembros de la Comisión PETI examinaron el contenido de las 79 peticiones recibidas sobre este asunto y en las que se planteaban una amplia gama de cuestiones, y muy particularmente la relativa a la situación de la inseguridad jurídica a la que se enfrentaban los propietarios de bienes a causa de una ley que, en su opinión, se había aplicado retroactivamente y, en muchos de los casos expuestos por los peticionarios, de manera arbitraria.

    En el mes de abril el grupo de trabajo mantuvo un intercambio de puntos de vista con dos representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español. Tal como había anunciado el Director General competente para las costas al grupo de trabajo, el Gobierno modificó la Ley de Costas en octubre. A finales de 2012, el proyecto de Ley se encontraba en la fase de enmiendas en el marco del proceso legislativo nacional.

    El diálogo con las autoridades españolas ha sido positivo en términos generales. Con el fin de proseguir el intercambio de puntos de vista y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los peticionarios, el grupo de trabajo decidió, a finales de año, efectuar un seguimiento de su labor y realizar una misión de información estudio a Madrid a comienzos de 2013 [21 y 22 de marzo] durante la cual una delegación de la Comisión PETI se reuniría con peticionarios, autoridades y otros representantes de la sociedad civil.

    El imperativo de la protección del medio ambiente y la salud pública

    La Comisión de Peticiones está firmemente convencida de que en las autoridades públicas, del nivel local al europeo, recae la responsabilidad de garantizar que la biodiversidad y nuestros ecosistemas se preservan y fortalecen no solo en las zonas designadas para protección especial, sino también en el resto de las zonas.

    Es indudable que no se puede disociar la protección del medio ambiente de la protección de la salud pública. La contaminación y las malas prácticas ambientales exponen a los ciudadanos a riesgos sanitarios peligrosos, de larga duración y que con frecuencia suponen amenazas mortales. Para la Comisión de Peticiones el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un entorno sano es algo muy serio, por lo que estima que la toma en consideración de los riesgos para la salud es inherente a toda correcta evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades.

    Así pues, es una realidad innegable que la vida cotidiana y el sustento de los ciudadanos europeos dependen profundamente del estado de nuestro entorno, como también es innegable que la responsabilidad de garantizar unos elevados niveles de protección recae en las autoridades públicas a escala de los Estados miembros. Estas realidades se reflejan en el hecho de que una gran mayoría de las peticiones dirigidas a la Comisión de Peticiones se refiere al medio ambiente. En 2012 se presentó un total de 279 peticiones sobre este asunto en general, lo que representa el 14,1 % del total de las peticiones presentadas, frente al 18,4 % en 2011, el 14,9 % en 2010 y el 11,9 % en 2009. Muchas de las peticiones se referían específicamente a cuestiones de contaminación (57), residuos (37), protección y preservación (31), evaluaciones de impacto (23) y agua (24).

    El 5 de diciembre la presidenta de la comisión, Erminia Mazzoni, intervino en la Conferencia del Comité de las Regiones en la que se debatió el séptimo Programa de acción ambiental y las modalidades de mejora de la ejecución de la legislación ambiental de la UE. En nombre de la Comisión PETI, la presidenta puso principalmente de relieve el derecho de los ciudadanos, en virtud de la Directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental, a ser consultados sobre una amplia variedad de proyectos que podían influir en el medio ambiente. La Comisión PETI recibe, con demasiada frecuencia, peticiones de ciudadanos que denuncian la ausencia de consulta pública sobre obras públicas y privadas de gran envergadura. En segundo lugar, la presidenta instó a la Comisión Europea a llevar un seguimiento mucho más exhaustivo de los planes de gestión de los residuos en Europa, habida cuenta de que numerosas peticiones se refieren a la violación sistemática de las directivas relativas a los residuos. Por último, la presidenta recordó a la Comisión que, según el Acuerdo interinstitucional, los pormenores de las razones y las fases de los procedimientos de infracción se han de comunicar al Parlamento a su debido tiempo y exhaustivamente.

    A lo largo de 2012 los miembros de la Comisión PETI han manifestado inequívocamente que existe un vínculo directo entre, por una parte, una mejor gobernanza ambiental y unos mecanismos de recurso más eficientes y, por otra, la transparencia y el acceso a la información. En la opinión de la Comisión PETI sobre cómo sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE, que contribuyó a la labor de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, se destaca que unas normas elevadas en materia de información y transparencia son elementos esenciales para garantizar que la política ambiental de la UE cuenta con el acuerdo de los ciudadanos (ponente: Giles Chichester).

    o       Las prácticas de gestión de los residuos en Italia – Misión de información de la Comisión PETI en 2012

    La gestión de los residuos ha sido una cuestión recurrente y tratada cada vez con más frecuencia en las peticiones presentadas en los últimos años, pasándose de 18 peticiones en 2009 a 37 peticiones en 2012. La Comisión PETI ya le dedicó mucho tiempo y recursos en 2011, labor que culminó con la adopción por el Pleno del Parlamento Europeo, en febrero de 2012, de un informe de propia iniciativa sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios con respecto a la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos y directivas afines en los Estados miembros de la Unión Europea (ponente: Carlos José Iturgaiz Angulo).

    No obstante, las generalizadas prácticas deficientes de gestión de los residuos en Italia impulsaron a la Comisión de Peticiones a seguir investigando las peticiones sobre este asunto a lo largo de 2012. A comienzos de ese año los miembros mantuvieron debates sobre nuevas peticiones relativas a la gestión de los residuos y los vertederos ilegales en las regiones de Campania y Lacio. En los debates participaron peticionarios y representantes de las autoridades italianas, y durante los mismos la Comisión Europea afirmó estar insatisfecha con los progresos realizados en Italia desde el auto de 2007 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que este ordenaba a Italia que se ajustase a la Directiva relativa a la gestión de residuos. En octubre de 2012 la Comisión Europea decidió llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia con el objetivo de solicitar la imposición de una multa por el incumplimiento por parte de las autoridades italianas de la mencionada sentencia.

    A la vista de lo anterior, la Comisión PETI decidió realizar una misión de información a las regiones de Campania y Lacio. La delegación viajó del 29 al 31 de octubre de 2012 y estuvo formada por tres miembros (Judith Merkies, en calidad de jefa de la delegación, Margrete Auken y Erminia Mazzoni, presidenta de la comisión), así como por siete miembros acompañantes del Estado miembro interesado (Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria Sassoli y Niccolò Rinaldi). La delegación visitó las instalaciones de Malagrotta, Monti dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo y A.M.A. Via Salaria en las cercanías de Roma, y se reunió con peticionarios y autoridades públicas en Roma y Nápoles.

    A su vuelta, la delegación hizo pública su desaprobación de las políticas aplicadas en la región de Lacio en materia de gestión de los residuos, particularmente la dependencia excesiva de los vertederos. La delegación también manifestó una gran inquietud por la aparente incapacidad de las autoridades regionales y provinciales para trabajar de manera más transparente y coherente con los ayuntamientos y la sociedad civil para elaborar una estrategia factible en materia de residuos, basándose en la reducción, selección y reciclado de los residuos y con la inclusión del compostaje y del tratamiento biomecánico. No obstante, los miembros reconocieron que el enfoque adoptado por el ministro en ejercicio de Medio Ambiente era positivo y constructivo y merecía contar con el apoyo de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

    La delegación también llegó a la conclusión de que, a la vista de los asombrosos niveles de persistente mala gestión y de que las competencias de emergencia eran contraproducentes y violaban de manera flagrante numerosos aspectos de la legislación de la UE sobre residuos, el papel y la autoridad del Comisario Especial de Lacio no se adecuaban a los problemas reales con que se enfrentaba la población. Además, los miembros señalaron que la privatización había contribuido a la espiral descendente de la gestión de los residuos, con consecuencias desastrosas para la población local, y de que esto había beneficiado sobre todo a las bandas de delincuencia organizada englobadas en el término genérico de mafia.

    Entre las diferentes recomendaciones, la delegación instó a las autoridades italianas a emprender un diálogo constructivo con los peticionarios y la sociedad civil, y les recordó el derecho de los ciudadanos a ser consultados públicamente. La delegación solicitó a la Comisión Europea que pusiese a disposición los fondos necesarios para respaldar los esfuerzos de las autoridades municipales de Nápoles, incluyendo la realización regular de auditorías de los gastos efectuados y la publicación de dichas auditorías anuales en un registro transparente abierto al público para su examen. Asimismo, la delegación recomendó que el ejército se abstuviese de intervenir en los diferentes componentes de la política de residuos y que se revocasen inmediatamente las competencias otorgadas al Comisario Especial en virtud del instrumento legislativo de emergencia.

    o       Evaluación del impacto de proyectos y actividades en el medio ambiente y la salud pública

    En 2012 la Comisión de Peticiones volvió a tratar numerosas peticiones presentadas por ciudadanos afectados o concernidos por el impacto de determinados proyectos o actividades en el medio ambiente o en su salud. Al menos 23 peticiones presentadas en 2012 incidían en esa categoría.

    Por ejemplo, los miembros volvieron a dar la bienvenida en la reunión de la comisión del mes de marzo a un agricultor irlandés que había presentado una petición en 2006. La comisión visitó la explotación agrícola en 2007 y desde entonces el peticionario ha venido contando con el apoyo de diferentes miembros en su intento de obtener reconocimiento y disculpas por el efecto devastador que las emisiones tóxicas de una fábrica cercana han tenido para la salud del agricultor y de su familia. Las autoridades irlandesas y el antiguo presidente del sindicato de agricultores irlandeses también asistieron al debate, que concluyó con la decisión de los miembros de la Comisión PETI de solicitar una evaluación independiente sobre los datos y la información disponibles hasta entonces.

    Los peticionarios de Tarento (Italia) también están afectados por el impacto de la excesiva contaminación industrial en la salud y el bienestar de la población local. Su petición se refiere a unos niveles extremadamente elevados de emisiones de dioxina procedentes de una planta siderúrgica que coloca a más de 20 000 familias en una situación de riesgo de enfermedad crónica. El Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Trajano, y la Presidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Amalia Sartori, asistieron al debate sobre esta petición que se celebró en octubre. Esta petición impulsó a los miembros de la Comisión PETI a presentar al Pleno una propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva industria siderúrgica sostenible y competitiva.

    En general, las autorizaciones de actividades de explotación de canteras son mal recibidas por la población cercana, que se inquieta inmediatamente por el impacto de las actividades de este sector en el medio ambiente. Por otra parte, la comisión observa que en las peticiones sobre estas cuestiones se formulan frecuentemente quejas sobre las evaluaciones del impacto ambiental por considerarlas inexactas y sesgadas, caso de realizarse, y también destaca a menudo que no se consulta de manera sistemática a la población local ni se garantiza el acceso a la información. En 2012 la comisión examinó varias peticiones relativas a actividades de extracción en Angulema (Francia) y Oencia (España), entre otros lugares.

    Otra petición que generó un debate de fondo en noviembre se refería a la autorización concedida a una empresa energética francesa para almacenar 120 000 toneladas de CO2 en Jurançon (Francia). Los peticionarios advertían de que el lugar elegido estaba situado en una zona de actividad sísmica y en el corazón de una región vitivinícola. Según los peticionarios, en Alemania, los Países Bajos y los Estados Unidos se habían suspendido proyectos similares debido a los importantes riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Los miembros de la Comisión PETI insistieron en que la Comisión Europea investigase este asunto en mayor medida.

    Dentro del sector de la energía, la exploración y explotación de pizarra bituminosa y gas de esquisto mediante la técnica de fracturación hidráulica suscitan gran inquietud y rechazo dentro de la Unión Europea. En los últimos años han presentado peticiones ciudadanos de Francia, Rumanía, Polonia, Bulgaria, el Reino Unido, Alemania y España. En opinión de los peticionarios, el actual marco jurídico de la UE aplicable a la fracturación hidráulica es inadecuado y contiene lagunas y resquicios legales preocupantes. En particular, los peticionarios destacaron que las principales normativas ambientales de la UE, como la Directiva marco del agua y la Directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental, no han sido objeto de las modificaciones necesarias para cubrir y asumir adecuadamente los impactos y riesgos que plantea esta nueva técnica. Además, los peticionarios sostenían que la exploración y extracción de pizarra bituminosa y gas de esquisto van en contra de la transición energética hacia una sociedad sin carbono, que, en su opinión, es la única opción viable para mitigar el cambio climático. Solicitaron a la Comisión PETI que promueva una moratoria inmediata para la exploración y explotación de la pizarra bituminosa y del gas de esquisto, y que después apoye la elaboración de normativas que prohíban dichas actividades.

    A la vista del carácter urgente de este asunto y de los numerosos ciudadanos y Estados miembros afectados, la comisión organizó un seminario sobre el gas de esquisto el 9 de octubre de 2012, en colaboración con el Departamento Temático del PE de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales. Asistieron a dicho seminario los ponentes de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, junto con peticionarios, expertos en este ámbito, representantes del sector y funcionarios de los Estados miembros. La comisión creó una plataforma para que todos los participantes comparasen, contrastasen y confrontasen sus puntos de vista, y acogió positivamente el informe que elaboró posteriormente el Departamento Temático.

    Por último, cabe señalar que, en el segundo semestre del año, la Comisión de Peticiones examinó dos peticiones presentadas por ciudadanos irlandeses de las que llevará un seguimiento a través de la misión de información que realizará en 2013. Se trata, por una parte, de una petición presentada ya en 2006 y relativa a los lodos tóxicos acumulados en el estuario del río Shannon como consecuencia de la actividad desarrollada en una planta de aluminio situada en las cercanías. Los peticionarios han advertido de que los lodos contaminan grave e irreparablemente las aguas subterráneas y el río Shannon. La otra petición se refiere a un proyecto inmobiliario de alta densidad que se ha previsto construir en una zona con riesgo de inundación reconocido. Los residentes locales temen que sus casas se inunden a consecuencia de dicho proyecto. Antes de decidir las fechas en que realizará su misión de información en 2013, los miembros de la Comisión PETI decidieron solicitar la opinión al respecto de la Representación Permanente de Irlanda y de la Comisión sobre investigaciones, supervisión y peticiones del Oireachtas (Parlamento de Irlanda).

    o       Aplicación de la normativa sobre el agua

    A comienzos de año la comisión elaboró para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria una opinión sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua (ponente: Nikolaos Chountis). En dicha opinión se declara que el agua es un recurso compartido por la humanidad y un bien público y, por lo tanto, no debe ser una fuente de beneficios. Por otra parte, los miembros de la comisión comparten la opinión de que el agua es un derecho universal y fundamental, y de que el uso sostenible del agua es una necesidad en materia ambiental y de salud que desempeña un papel fundamental en el ciclo de regulación del clima.

    Por consiguiente, la rápida y correcta aplicación de la Directiva marco del agua es una preocupación de primer orden para los miembros de la comisión, en particular porque los ciudadanos aportan repetidamente pruebas de una ejecución y aplicación ineficaces muy extendidas. Ya en enero, a raíz de una petición procedente del Reino Unido, la comisión decidió ponerse en contacto con el Ejecutivo escocés y el Consejo de Distrito interesado para solicitar aclaraciones sobre la inobservancia de la Directiva relativa al agua potable y la Directiva marco del agua. En mayo la comisión oyó a peticionarios de España que denunciaban las actividades de extracción de agua supuestamente no autorizadas en pozos ilegales situados cerca de Jaén, lo que había dañado gravemente a un sitio Natura 2000.

    En la opinión de la Comisión PETI se pedía específicamente que la Comisión Europea suprimiese las subvenciones que debilitan los incentivos en favor de una gestión eficaz del agua y que, en su lugar, liberase fondos para subvenciones específicas —en particular para las poblaciones pobres y rurales—, con el fin de lograr un acceso asequible para todos. Simultáneamente, la comisión instaba a la Comisión y a los Estados miembros a que mejorasen el control y la información sobre los contaminantes químicos en el agua, y solicitaba a la Comisión que elaborase una hoja de ruta para lograr una mayor eficiencia de la gestión de los recursos hídricos y un Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE. Las estrategias deben basarse en la revisión exhaustiva de la aplicación de la Directiva marco del agua, las políticas de la UE en materia de escasez de agua y sequías, y la política de adaptación de la UE en relación con la gestión de los recursos hídricos.

    Por último, la comisión decidió realizar en 2013 una misión de información a la región española de Galicia para investigar una serie de peticiones en las que se denuncian unos niveles elevados de contaminación del agua en diferentes zonas costeras, en concreto en varios estuarios con un grado notable de biodiversidad, incluido un sitio Natura 2000.

    Los ciudadanos en el mercado interior

    o       La movilidad transfronteriza

    Las peticiones aportan pruebas de que, en la Unión Europea, los ciudadanos siguen encontrando obstáculos en el ejercicio de su libertad de circulación como individuos, trabajadores y también proveedores y consumidores de bienes y servicios. En 2012 se presentaron 143 peticiones en relación con el mercado interior, lo que representa el 7,2 % del total de peticiones, frente al 8,2 % tanto en 2011 como en 2010 y el 7,4 % en 2009.

    Una serie de peticiones relacionadas con el mercado interior se refieren específicamente a la libre circulación de personas (el 37 % del total de peticiones sobre el mercado interior), la libre circulación de bienes y servicios (12 %) o el reconocimiento de cualificaciones (22 %). A modo de ejemplo, cabe señalar que miembros de la Comisión PETI encabezaron una petición procedente de España en la que se formulaban quejas por los diferentes sistemas de peaje en la UE que crean obstáculos a la libre circulación de personas, bienes y servicios. La Comisión Europea informó a los peticionarios y a la Comisión PETI de que supervisa continuadamente este asunto con vistas a fomentar la armonización de las políticas aplicadas a los peajes de carretera.

    En el mes de marzo, en una opinión de la comisión para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre las veinte principales preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas europeas relacionadas con el funcionamiento del Mercado Único, se subrayaba que, de manera reiterada, los Estados miembros transponen o aplican incorrectamente la normativa de la UE en este ámbito, y se pedía a la Comisión que tomase las medidas oportunas y adecuadas cuando se producían estas situaciones (ponente: Simon Busuttil).

    La Comisión de Peticiones también recibe quejas sobre casos de cooperación judicial transfronteriza ineficaz. En el mes de noviembre oyó el caso de un peticionario de nacionalidad portuguesa que había trabajado dieciséis años para una empresa neerlandesa en una plataforma del mar del Norte y cuyos empleadores no lo habían declarado a las autoridades competentes para la seguridad social, con lo que le habían privado de las prestaciones a que tenía derecho. La Comisión Europea indicó que este caso constituía la base de un procedimiento de infracción y que un auto del Tribunal de Justicia se había traducido en la imposición de sanciones en favor del peticionario.

    o       La protección del derecho de los consumidores

    La mejora y la protección de los derechos de los consumidores son de máxima importancia para la vida cotidiana de los ciudadanos. Las peticiones presentadas en 2012 en relación con esta cuestión ascendieron a 101, lo que representa alrededor del 5,1 % del número total de peticiones, frente al 3,9 % en 2011, el 5,1 % en 2010 y el 5 % en 2009.

    Los ciudadanos cuentan con tener garantías en lo que respecta a la calidad y seguridad de los productos y servicios que adquieren en la Unión Europea, pero, con demasiada frecuencia, se registran casos de etiquetado engañoso, prácticas de venta discriminatorias, nivel de seguridad inferior al establecido en la normativa, plazos y mala información en los servicios para el cliente, y prácticas empresariales claramente abusivas. Por ejemplo, en julio los miembros de la Comisión PETI debatieron sobre un grupo de cinco peticiones presentadas por ciudadanos italianos que denunciaban el hecho de que las primas de seguro de responsabilidad por vehículo son mucho más elevadas en algunas regiones de Italia que en otras. Los miembros de la Comisión PETI temen que esta práctica sea discriminatoria y constituya una violación de la protección de los consumidores, por lo que siguen dialogando con las autoridades nacionales y la Comisión Europea para investigar en mayor medida el contenido de las peticiones.

    Por otra parte, las peticiones presentadas aportan pruebas de que una cooperación y armonización transfronterizas reforzadas van claramente en beneficio de la protección de los derechos de los consumidores. En noviembre la comisión acogió positivamente las sugerencias formuladas por un peticionario que se quejaba de la manera en que las compañías aéreas se ocupan de los equipajes extraviados y del hecho de que, al parecer, en los aeropuertos de la UE se extravían cada vez más equipajes. La cuestión de los equipajes ha impulsado una consulta pública sobre la posible revisión de la reglamentación de la UE al respecto. Por ello, los miembros de la Comisión PETI han instado a la Comisión a que siga fomentando la concienciación de los pasajeros con respecto a las normas aplicables y lleve un seguimiento de las medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar la aplicación de dichas normas.

    El bienestar de los animales en la Unión Europea

    En 2012 la Comisión de Peticiones dedicó mucha atención al bienestar de los animales. A comienzos de año, la comisión elaboró una opinión para el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (ponente: Victor Boştinaru).

    En dicha opinión se destacaba el número cada vez mayor de peticiones presentadas por ciudadanos europeos de todos los Estados miembros que solicitaban una mayor rigurosidad de las reglamentaciones sobre protección y bienestar de los animales a fin de cubrir las lagunas existentes. La comisión no solo hacía referencia a los espectáculos actuales que causan estrés o heridas y/o matan a los animales, como las corridas de toros, sino también al gran número de perros y gatos callejeros, que evidentemente no cubre la legislación marco sobre el bienestar animal.

    En junio a la vista de la gran cantidad de peticiones presentadas por ciudadanos de la UE en las que solicitaban la creación de un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de compañía y callejeros, la Comisión PETI presentó en el Pleno una propuesta de resolución sobre el establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de compañía y callejeros, que el Parlamento aprobó en julio. En dicha Resolución se pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio europeo para la protección de los animales de compañía, y a la Comisión Europea que presente un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de compañía y callejeros.

    Visibilidad

    La Comisión de Peticiones pone todo el énfasis posible en destacar la necesidad existente de incrementar la visibilidad del proceso relativo a las peticiones entre los ciudadanos de la Unión Europea. En el desarrollo de su labor, los miembros de la Comisión PETI no solo estudian las cuestiones tratadas en las peticiones, sino que también contribuyen a la sensibilización respecto de los derechos de que gozan los ciudadanos de la Unión Europea y los residentes en la misma. A este respecto, cabe señalar que, según el Flash Eurobarómetro 365 sobre la ciudadanía de la Unión Europea, en 2012 algo más de un tercio de los ciudadanos (36 %) se consideraban bien informados acerca de sus derechos. El Eurobarómetro también dejó patente que casi nueve de cada diez ciudadanos (89 %) tenían conocimiento del derecho a dirigir una reclamación a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo.

    Con el fin de incrementar la visibilidad, en 2012 la Comisión PETI ha seguido estando activamente en contacto con ciudadanos y peticionarios por diferentes medios participativos, centrando sus esfuerzos en varios aspectos clave:

    o       Acogida de los peticionarios en las reuniones de la comisión

    Al igual que en años anteriores, en 2012 hubo peticionarios presentes en cada una de las reuniones mensuales de la comisión. No se exige que los peticionarios asistan a las reuniones de la comisión, pero es indudable que la asistencia de los mismos dinamiza el debate. También son bienvenidas las autoridades públicas del Estado miembro interesado, así como otras partes interesadas. Cabe señalar que la Comisión PETI es la única comisión que ofrece sistemáticamente una plataforma para que los ciudadanos expongan sus inquietudes directamente a los diputados al PE, y que permite mantener un diálogo multipartito entre instituciones de la UE, autoridades nacionales y peticionarios, en un espacio de total transparencia.

    o       Organización de las misiones de información

    Las delegaciones de miembros de la Comisión PETI se desplazan aproximadamente entre una y cuatro veces al año a las zonas objeto de las peticiones; estos desplazamientos son un componente decisivo de la labor de la comisión. La decisión de enviar una delegación responde normalmente a la necesidad de recopilar datos sobre las peticiones debatidas en las reuniones de la comisión. Las visitas requieren muchas semanas de preparativos para garantizar que los miembros y el personal de la Comisión PETI pueden visitar los lugares de que se trata y reunirse con los peticionarios y las autoridades nacionales, así como con otros representantes de la sociedad civil. Las visitas son breves e intensas y van seguidas de nuevos debates en las reuniones de la comisión y de un documento de trabajo en el que se recogen las conclusiones y recomendaciones.

    En 2012 la Comisión de Peticiones envió una delegación de dos días de duración a las regiones italianas de Campania y Lacio para examinar las cuestiones relativas a la gestión de los residuos (véase la sección específica sobre peticiones relativas a residuos y medio ambiente).

    De cara a 2013, la comisión decidió el envío de delegaciones a los siguientes lugares: Galicia (España), donde visitará una serie de rías y examinará las cuestiones relativas a la contaminación de las aguas; Madrid (España), para proseguir el diálogo con las autoridades españolas en relación con la Ley de Costas; Grecia, donde examinará las peticiones sobre la gestión de los residuos; Polonia, visita pospuesta en 2012 y prevista para examinar una serie de proyectos de minas a cielo abierto en Baja Silesia; y, por último, Irlanda, donde la comisión también examinará cuestiones relacionadas con la contaminación de las aguas en los alrededores de Cork y Kilkenny a invitación de la Comisión de Peticiones del Oireachtas.

    o       Mejora del acceso electrónico a la información

    El sitio web de la Comisión de Peticiones contiene una gran cantidad de información sobre el derecho de petición y el procedimiento de admisión a trámite y examen. También permite a los ciudadanos presentar peticiones rellenando al efecto un formulario sencillo y corto. En 2012 el 70 % de las peticiones se presentó en línea, mientras que el resto se envió por correo. Esta cifra representa un aumento del 58 % en 2011 y del 63 % tanto en 2010 como en 2009.

    A fin de mejorar el acceso de los ciudadanos al proceso relativo a las peticiones, la comisión sigue trabajando en el diseño y lanzamiento de un nuevo portal web. El nuevo sitio web facilitará nueva información y, lo que es más importante, ofrecerá nuevas prestaciones como, por ejemplo, información sobre las peticiones existentes y la posibilidad de añadir firmas a las mismas. Para los ciudadanos no tendrá solo un valor participativo sino también educativo, porque ofrecerá una imagen transparente de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y de la labor que realiza la Comisión PETI para responder a dichas preocupaciones.

    o       Publicación del Boletín PETI y del Informe anual

    Se han publicado seis ediciones del Boletín PETI, que se han distribuido a más de 1 500 personas. Dicho boletín se distribuye en las reuniones de la comisión y otros actos, se encuentra disponible en el sitio web de la misma y se difunde asimismo a través de medios sociales como Facebook. Aproximadamente la mitad de los destinatarios son diputados al PE o miembros de su personal, mientras que el resto son miembros del personal de otras instituciones de la UE y otras partes interesadas del público en general.

    El Informe anual de la Comisión de Peticiones de 2011 fue el primero que se publicó en un formato accesible para su distribución entre el público en general. La difusión alcanzó a 18 000 ciudadanos, una cifra significativa. La comisión espera que el presente Informe anual de 2012 alcance e interese a un número todavía mayor de ciudadanos.

    o       Introducción de la interactividad

    La retransmisión por Internet de sus reuniones es extremadamente importante para la Comisión de Peticiones. Un gran número de peticiones va firmado por varios peticionarios que, con frecuencia, no pueden viajar a Bruselas para asistir a las reuniones. Por ello, la retransmisión por Internet permite a numerosos ciudadanos seguir los debates en directo por Internet. La Comisión PETI seguirá fomentando el conocimiento de sus reuniones y actos y la participación en las mismas por medio de la tecnología del «streaming» como un instrumento para llegar al mayor número posible de partes interesadas.

    A fin de incrementar la visibilidad e interactividad, la comisión también divulga información y reacciona a la misma a través de las redes sociales, como Facebook y Twitter. Casi 2 500 personas, fundamentalmente público en general, siguen los posts, los marcan con «I like», los redifunden y los comentan, con una difusión global que alcanza una cifra superior a 1,5 millones.

    Por último, la comisión hace todo lo posible para estar presente en la Jornada anual de puertas abiertas. El sábado 12 de mayo de 2012 miembros y personal de la secretaría dieron la bienvenida a cientos de visitantes que acudieron al mostrador de información de la DG IPOL para informarse sobre la labor del Parlamento Europeo y sobre el derecho de petición.

    o       Colaboración con las Oficinas de información del PE en los Estados miembros

    Las Oficinas de Información del Parlamento Europeo en los Estados miembros desarrollan una función crucial como fuentes descentralizadas de acceso a todos los servicios del Parlamento para la sociedad civil y los órganos oficiales. La comisión se coordina, en particular durante las misiones de información, con las correspondientes Oficinas de Información a fin de divulgar la información entre los ciudadanos y organizar conferencias de prensa con los medios de comunicación. Por su parte, los ciudadanos presentan ocasionalmente peticiones a través de la Oficina de Información del PE en su país respectivo, y esta las transmite a la Comisión PETI.

    ANEXO ESTADÍSTICO

    Cuadros sinópticos

    Cuadro 1: Registro y admisión a trámite de las peticiones

    Cuadro 2: Peticiones desglosadas por formatos de presentación

    Cuadro 3: Peticiones desglosadas por temas

    Cuadro 3.a. Temas principales en 2012

    Cuadro 3.b. Otros temas en 2012

    Cuadro 4: Peticiones desglosadas por países interesados

    Cuadro 5: Peticiones desglosadas por nacionalidades de los peticionarios

    Cuadro 6: Peticiones desglosadas por lenguas de presentación

    Cuadro 7: Peticiones desglosadas por años de registro y estado de la tramitación

    Cuadro 8: Participación pública en las reuniones de la comisión y reembolsos

    Cuadro 1: Registro y admisión a trámite de las peticiones (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales

     

    2009

    2010

    2011

    2012

     

    TOTAL DE PETICIONES PRESENTADAS

    1 924

    -

    1 746

    -

    2 091

    -

    2 322

    -

    de las cuales, no registradas*

    0

    0,0 %

    91

    5,2 %

    677

    32,4 %

    337

    14,5 %

    de las cuales, registradas como peticiones

    1 924

    100,0 %

    1 655

    94,8 %

    1 414

    67,6 %

    1 986

    85,5 %

     

    TOTAL DE PETICIONES REGISTRADAS

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

    -

    1 986

    -

    DECLARADAS IMPROCEDENTES

    816

    42,4 %

    667

    40,3 %

    416

    29,4 %

    580

    29,2 %

    DECLARADAS PROCEDENTES

    1 108

    57,6 %

    988

    59,7 %

    998

    70,6 %

    1 406

    70,8 %

     

    TOTAL DE PETICIONES DECLARADAS PROCEDENTES

    1 108

    -

    988

    -

    998

    -

    1 406

    -

    de las cuales, cerradas con respuesta directa

    424

    38,3 %

    405

    41,0 %

    315

    31,6 %

    510

    36,2 %

    remitidas a la CE para dictamen

    710

    64,1 %

    607

    61,4 %

    649

    65,0 %

    853

    60,7 %

    remitidas a otras partes para dictamen

    29

    2,6 %

    26

    2,6 %

    26

    2,6 %

    59

    4,2 %

    remitidas a otras partes para información

    211

    19,0 %

    184

    18,6 %

    162

    16,2 %

    297

    21,1 %

    *Las peticiones que no se presentan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 194 TCE) no se registran como tales.

    Cuadro 2: Peticiones desglosadas por formatos de presentación (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Formatos de presentación

    2009

    2010

    2011

    2012

    Electrónico

    1 204

    63 %

    1 046

    63 %

    815

    58 %

    1 387

    70 %

    Papel

    720

    37 %

    609

    37 %

    599

    42 %

    599

    30 %

    TOTAL DE REGISTROS

    1 924

     -

    1 655

    1 414

     -

     1986

     -

    Cuadro 3: Peticiones desglosadas por temas (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Cuadro 3.a. Temas principales en 2012

    Temas

    (desglose por porcentajes en 2012)

    2009

    2010

    2011

    2012

    Derechos fundamentales

    430

    22,3 %

    338

    20,4 %

    297

    21,0 %

    500

    25,1 %

    Discapacidad

    0

    0,0 %

    0

    0,0 %

    1

    0,1 %

    10

    0,5 %

    Justicia

    159

    8,3 %

    125

    7,6 %

    131

    9,3 %

    242

    12,2 %

    Propiedad

    106

    5,5 %

    61

    3,7 %

    51

    3,6 %

    47

    2,4 %

    Medio ambiente

    229

    11,9 %

    246

    14,9 %

    260

    18,4 %

    279

    14,1 %

    Evaluación de impacto

    40

    2,1 %

    43

    2,6 %

    26

    1,8 %

    23

    1,2 %

    Contaminación

    53

    2,8 %

    48

    2,9 %

    49

    3,5 %

    57

    2,9 %

    Protección y preservación

    48

    2,5 %

    62

    3,7 %

    38

    2,7 %

    31

    1,6 %

    Residuos

    18

    0,9 %

    25

    1,5 %

    25

    1,8 %

    37

    1,9 %

    Agua

    11

    0,6 %

    14

    0,8 %

    19

    1,3 %

    24

    1,2 %

    Mercado interior

    142

    7,4 %

    135

    8,2 %

    116

    8,2 %

    143

    7,2 %

    Libre circulación de bienes y servicios

    17

    0,9 %

    22

    1,3 %

    19

    1,3 %

    17

    0,9 %

    Libre circulación de personas

    71

    3,7 %

    52

    3,1 %

    33

    2,3 %

    53

    2,7 %

    Reconocimiento de cualificaciones

    20

    1,0 %

    23

    1,4 %

    24

    1,7 %

    31

    1,6 %

    Sanidad

    104

    5,4 %

    83

    5,0 %

    74

    5,2 %

    110

    5,5 %

    Derechos de los consumidores

    96

    5,0 %

    84

    5,1 %

    55

    3,9 %

    101

    5,1 %

    Bienestar de los animales

    37

    1,9 %

    34

    2,1 %

    36

    2,5 %

    60

    3,0 %

    TOTAL DE REGISTROS

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

    -

    1 986

    -

    Cuadro 3: Peticiones desglosadas por temas (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros (cont.)

    Cuadro 3.b. Otros temas en 2012

    Temas

    (desglose alfabético)

    2009

    2010

    2011

    2012

    Agricultura

    22

    1,1 %

    21

    1,3 %

    21

    1,5 %

    31

    1,6 %

    Ampliación

    5

    0,3 %

    1

    0,1 %

    1

    0,1 %

    0

    0,0 %

    Asilo

    6

    0,3 %

    12

    0,7 %

    6

    0,4 %

    12

    0,6 %

    Asuntos constitucionales

    26

    1,4 %

    27

    1,6 %

    26

    1,8 %

    63

    3,2 %

    Asuntos económicos y monetarios

    27

    1,4 %

    26

    1,6 %

    53

    3,7 %

    75

    3,8 %

    Asuntos personales

    216

    11,2 %

    191

    11,5 %

    97

    6,9 %

    150

    7,6 %

    Asuntos sociales

    93

    4,8 %

    77

    4,7 %

    78

    5,5 %

    89

    4,5 %

    Comercio

    9

    0,5 %

    8

    0,5 %

    6

    0,4 %

    18

    0,9 %

    Competencia

    25

    1,3 %

    20

    1,2 %

    14

    1,0 %

    27

    1,4 %

    Cultura y patrimonio

    35

    1,8 %

    26

    1,6 %

    21

    1,5 %

    25

    1,3 %

    Derecho de voto y elecciones

    23

    1,2 %

    4

    0,2 %

    7

    0,5 %

    8

    0,4 %

    Desarrollo urbano

    77

    4,0 %

    35

    2,1 %

    28

    2,0 %

    11

    0,6 %

    Educación

    47

    2,4 %

    46

    2,8 %

    53

    3,7 %

    48

    2,4 %

    Empleo

    105

    5,5 %

    62

    3,7 %

    45

    3,2 %

    74

    3,7 %

    Energía

    30

    1,6 %

    24

    1,5 %

    43

    3,0 %

    48

    2,4 %

    Fiscalidad

    61

    3,2 %

    63

    3,8 %

    48

    3,4 %

    67

    3,4 %

    Fraude y corrupción

    22

    1,1 %

    32

    1,9 %

    25

    1,8 %

    66

    3,3 %

    Igualdad de oportunidades y género

    14

    0,7 %

    12

    0,7 %

    6

    0,4 %

    6

    0,3 %

    Industria y empresas

    45

    2,3 %

    33

    2,0 %

    21

    1,5 %

    48

    2,4 %

    Inmigración

    38

    2,0 %

    37

    2,2 %

    45

    3,2 %

    33

    1,7 %

    Instituciones

    36

    1,9 %

    30

    1,8 %

    17

    1,2 %

    64

    3,2 %

    Investigación e innovación

    9

    0,5 %

    3

    0,2 %

    1

    0,1 %

    6

    0,3 %

    Pensiones

    51

    2,7 %

    68

    4,1 %

    30

    2,1 %

    51

    2,6 %

    Pesca y asuntos marítimos

    11

    0,6 %

    5

    0,3 %

    9

    0,6 %

    6

    0,3 %

    Política regional

    13

    0,7 %

    10

    0,6 %

    8

    0,6 %

    7

    0,4 %

    Relaciones exteriores

    38

    2,0 %

    18

    1,1 %

    16

    1,1 %

    26

    1,3 %

    Restitución

    27

    1,4 %

    9

    0,5 %

    1

    0,1 %

    3

    0,2 %

    Seguridad

    10

    0,5 %

    8

    0,5 %

    10

    0,7 %

    21

    1,1 %

    Seguridad alimentaria

    3

    0,2 %

    9

    0,5 %

    7

    0,5 %

    12

    0,6 %

    Servicios financieros

    26

    1,4 %

    19

    1,1 %

    24

    1,7 %

    45

    2,3 %

    Sociedad de la información y medios de comunicación

    33

    1,7 %

    26

    1,6 %

    27

    1,9 %

    27

    1,4 %

    Transportes

    101

    5,2 %

    101

    6,1 %

    69

    4,9 %

    91

    4,6 %

    TOTAL DE REGISTROS

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

    -

    1 986

    -

    Cuadro 4: Peticiones desglosadas por países interesados (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Estados miembros

    (desglose alfabético)

    2009

    2010

    2011

    2012

    Alemania

    299

    15,5 %

    273

    16,5 %

    183

    12,9 %

    249

    12,5 %

    Austria

    34

    1,8 %

    36

    2,2 %

    18

    1,3 %

    19

    1,0 %

    Bélgica

    30

    1,6 %

    28

    1,7 %

    12

    0,8 %

    21

    1,1 %

    Bulgaria

    56

    2,9 %

    36

    2,2 %

    52

    3,7 %

    55

    2,8 %

    Chipre

    13

    0,7 %

    18

    1,1 %

    10

    0,7 %

    14

    0,7 %

    Dinamarca

    14

    0,7 %

    25

    1,5 %

    14

    1,0 %

    21

    1,1 %

    Eslovaquia

    19

    1,0 %

    7

    0,4 %

    8

    0,6 %

    18

    0,9 %

    Eslovenia

    12

    0,6 %

    6

    0,4 %

    7

    0,5 %

    6

    0,3 %

    España

    279

    14,5 %

    288

    17,4 %

    216

    15,3 %

    298

    15,0 %

    Estonia

    4

    0,2 %

    7

    0,4 %

    3

    0,2 %

    4

    0,2 %

    Finlandia

    20

    1,0 %

    26

    1,6 %

    11

    0,8 %

    18

    0,9 %

    Francia

    73

    3,8 %

    62

    3,7 %

    64

    4,5 %

    77

    3,9 %

    Grecia

    74

    3,8 %

    71

    4,3 %

    48

    3,4 %

    79

    4,0 %

    Hungría

    25

    1,3 %

    36

    2,2 %

    23

    1,6 %

    62

    3,1 %

    Irlanda

    37

    1,9 %

    27

    1,6 %

    22

    1,6 %

    28

    1,4 %

    Italia

    177

    9,2 %

    183

    11,1 %

    138

    9,8 %

    170

    8,6 %

    Letonia

    11

    0,6 %

    7

    0,4 %

    3

    0,2 %

    8

    0,4 %

    Lituania

    14

    0,7 %

    7

    0,4 %

    8

    0,6 %

    19

    1,0 %

    Luxemburgo

    4

    0,2 %

    3

    0,2 %

    4

    0,3 %

    7

    0,4 %

    Malta

    9

    0,5 %

    13

    0,8 %

    9

    0,6 %

    21

    1,1 %

    Países Bajos

    35

    1,8 %

    12

    0,7 %

    20

    1,4 %

    25

    1,3 %

    Polonia

    100

    5,2 %

    66

    4,0 %

    104

    7,4 %

    80

    4,0 %

    Portugal

    37

    1,9 %

    26

    1,6 %

    30

    2,1 %

    31

    1,6 %

    Reino Unido

    83

    4,3 %

    66

    4,0 %

    60

    4,2 %

    73

    3,7 %

    República Checa

    13

    0,7 %

    15

    0,9 %

    15

    1,1 %

    18

    0,9 %

    Rumanía

    143

    7,4 %

    102

    6,2 %

    106

    7,5 %

    146

    7,4 %

    Suecia

    17

    0,9 %

    16

    1,0 %

    13

    0,9 %

    17

    0,9 %

    «Unión Europea»

    404

    21,0 %

    285

    17,2 %

    311

    22,0 %

    542

    27,3 %

    Países terceros, en conjunto

    95

    4,9 %

    84

    5,1 %

    74

    5,2 %

    70

    3,5 %

    TOTAL DE REGISTROS*

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

     

    1 986

    -

    *El total de registros no se corresponde con la suma del número de peticiones por país interesado.

    Cuadro 5: Peticiones desglosadas por nacionalidades de los peticionarios* (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Estados miembros

    (desglose alfabético)

    2009

    2010

    2011

    2012

    Alemania

    496

    25,8 %

    409

    24,7 %

    315

    22,3 %

    475

    23,9 %

    Austria

    38

    2,0 %

    25

    1,5 %

    24

    1,7 %

    29

    1,5 %

    Bélgica

    27

    1,4 %

    29

    1,8 %

    22

    1,6 %

    33

    1,7 %

    Bulgaria

    54

    2,8 %

    40

    2,4 %

    49

    3,5 %

    57

    2,9 %

    Chipre

    8

    0,4 %

    8

    0,5 %

    4

    0,3 %

    7

    0,4 %

    Dinamarca

    13

    0,7 %

    17

    1,0 %

    11

    0,8 %

    11

    0,6 %

    Eslovaquia

    14

    0,7 %

    4

    0,2 %

    7

    0,5 %

    11

    0,6 %

    Eslovenia

    10

    0,5 %

    4

    0,2 %

    7

    0,5 %

    7

    0,4 %

    España

    237

    12,3 %

    261

    15,8 %

    204

    14,4 %

    311

    15,7 %

    Estonia

    3

    0,2 %

    2

    0,1 %

    3

    0,2 %

    2

    0,1 %

    Finlandia

    26

    1,4 %

    25

    1,5 %

    12

    0,8 %

    15

    0,8 %

    Francia

    79

    4,1 %

    78

    4,7 %

    78

    5,5 %

    92

    4,6 %

    Grecia

    78

    4,1 %

    69

    4,2 %

    49

    3,5 %

    74

    3,7 %

    Hungría

    17

    0,9 %

    31

    1,9 %

    26

    1,8 %

    62

    3,1 %

    Irlanda

    31

    1,6 %

    27

    1,6 %

    16

    1,1 %

    34

    1,7 %

    Italia

    219

    11,4 %

    215

    13,0 %

    166

    11,7 %

    241

    12,1 %

    Letonia

    11

    0,6 %

    8

    0,5 %

    3

    0,2 %

    8

    0,4 %

    Lituania

    8

    0,4 %

    12

    0,7 %

    6

    0,4 %

    21

    1,1 %

    Luxemburgo

    2

    0,1 %

    0

    0,0 %

    4

    0,3 %

    7

    0,4 %

    Malta

    11

    0,6 %

    11

    0,7 %

    6

    0,4 %

    7

    0,4 %

    Países Bajos

    44

    2,3 %

    18

    1,1 %

    23

    1,6 %

    31

    1,6 %

    Polonia

    129

    6,7 %

    94

    5,7 %

    125

    8,8 %

    99

    5,0 %

    Portugal

    32

    1,7 %

    25

    1,5 %

    24

    1,7 %

    33

    1,7 %

    Reino Unido

    122

    6,3 %

    91

    5,5 %

    80

    5,7 %

    105

    5,3 %

    República Checa

    6

    0,3 %

    9

    0,5 %

    10

    0,7 %

    14

    0,7 %

    Rumanía

    152

    7,9 %

    101

    6,1 %

    102

    7,2 %

    140

    7,1 %

    Suecia

    13

    0,7 %

    11

    0,7 %

    12

    0,8 %

    17

    0,9 %

    Países terceros, en conjunto

    44

    2,3 %

    31

    1,9 %

    26

    1,8 %

    43

    2,2 %

    TOTAL DE REGISTROS

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

    -

    1 986

    -

    *Nacionalidad del peticionario «principal».

    Cuadro 6: Peticiones desglosadas por lenguas de presentación (2009-2012); porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Estados miembros

    (desglose por porcentajes en 2012)

    2009

    2010

    2011

    2012

    Alemán

    548

    28,5 %

    430

    26,0 %

    348

    24,6 %

    498

    25,1 %

    Inglés

    343

    17,8 %

    295

    17,8 %

    263

    18,6 %

    360

    18,1 %

    Español

    237

    12,3 %

    260

    15,7 %

    200

    14,1 %

    303

    15,3 %

    Italiano

    203

    10,6 %

    199

    12,0 %

    145

    10,3 %

    224

    11,2 %

    Francés

    107

    5,6 %

    100

    6,0 %

    91

    6,4 %

    123

    6,2 %

    Rumano

    110

    5,7 %

    72

    4,4 %

    74

    5,2 %

    105

    5,3 %

    Polaco

    116

    6,0 %

    86

    5,2 %

    112

    7,9 %

    86

    4,3 %

    Griego

    61

    3,2 %

    58

    3,5 %

    41

    2,9 %

    68

    3,4 %

    Húngaro

    16

    0,8 %

    23

    1,4 %

    16

    1,1 %

    53

    2,7 %

    Búlgaro

    37

    1,9 %

    25

    1,5 %

    38

    2,7 %

    37

    1,9 %

    Neerlandés

    46

    2,4 %

    23

    1,4 %

    22

    1,6 %

    28

    1,4 %

    Portugués

    27

    1,4 %

    19

    1,1 %

    17

    1,2 %

    28

    1,4 %

    Lituano

    7

    0,4 %

    5

    0,3 %

    2

    0,1 %

    15

    0,8 %

    Finlandés

    19

    1,0 %

    21

    1,3 %

    6

    0,4 %

    11

    0,6 %

    Eslovaco

    11

    0,6 %

    4

    0,2 %

    6

    0,4 %

    10

    0,5 %

    Sueco

    8

    0,4 %

    5

    0,3 %

    10

    0,7 %

    10

    0,5 %

    Checo

    4

    0,2 %

    5

    0,3 %

    1

    0,1 %

    7

    0,4 %

    Letón

    7

    0,4 %

    6

    0,4 %

    1

    0,1 %

    5

    0,3 %

    Danés

    9

    0,5 %

    13

    0,8 %

    8

    0,6 %

    4

    0,2 %

    Esloveno

    4

    0,2 %

    3

    0,2 %

    7

    0,5 %

    4

    0,2 %

    Catalán

    0

    0,0 %

    1

    0,1 %

    0

    0,0 %

    4

    0,2 %

    Estonio

    1

    0,1 %

    1

    0,1 %

    2

    0,1 %

    2

    0,1 %

    Texto multilingüe

    1

    0,1 %

    1

    0,1 %

    3

    0,2 %

    1

    0,1 %

    Maltés

    2

    0,1 %

    1

    0,1 %

    1

    0,1 %

    0

    0,0 %

    TOTAL DE REGISTROS

    1 924

    -

    1 655

    -

    1 414

    -

    1 986

    -

    Cuadro 7: Peticiones desglosadas por años de registro (1997-2012) y estado de la tramitación*; porcentajes respecto a las cifras totales de registros

    Año

    de registro

    Totalde registros

     

    Procedimiento abierto

    Procedimiento cerrado

    2012

    1 986

    894

    45,0 %

    1 092

    55,0 %

    2011

    1 414

    299

    21,1 %

     1 115

    78,9 %

    2010

    1 655

    176

    13,5 %

    1 480

    86,5 %

    2009

    1 924

    141

    9,3 %

    1 783

    90,7 %

    2008

    1 886

    109

    7,5 %

    1 777

    92,5 %

    2007

    1 506

    102

    8,0 %

    1 506

    92,0 %

    2006

    1 021

    44

    4,4 %

    977

    95,6 %

    2005

    1 016

    28

    2,8 %

    988

    97,0 %

    2004

    2 002

    15

    1,6 %

    987

    98,4 %

    2003

    1 315

    6

    0,5 %

    1 309

    99,5 %

    2002

    1 601

    4

    0,3 %

    1 597

    99,7 %

    2001

    1 132

    0

    0,0 %

    1 132

    100,0 %

    2000

    908

    1

    0,1 %

    907

    99,9 %

    1999

    934

    1

    0,1 %

    933

    99,9 %

    1998

    1 127

    2

    0,2 %

    1 125

    99,8 %

    1997

    1 306

    1

    0,1 %

    1 305

    99,9 %

    *A 1 de julio de 2013.

    Cuadro 8: Participación pública en las reuniones de la comisión y reembolsos (2009‑2012)

     

    2009

    2010

    2011

    2012

    Total de participantes

    245

    243

    242

     234

    de los cuales, peticionarios principales

    86

    89

    148

     62

    Peticionarios reembolsados

    24

    12

    10

     22

    Coste del reembolso

    10 665 €

    5 710 €

    6 513 €

    13 447 €

    RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

    Fecha de aprobación

    17.9.2013

     

     

     

    Resultado de la votación final

    +:

    –:

    0:

    26

    0

    1

    Miembros presentes en la votación final

    Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Edward McMillan-Scott, Roberta Metsola, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

    Suplente(s) presente(s) en la votación final

    Pablo Arias Echeverría, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Norica Nicolai, Ioannis A. Tsoukalas