Procedimiento : 2013/2111(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0459/2013

Textos presentados :

A7-0459/2013

Debates :

PV 13/01/2014 - 25
CRE 13/01/2014 - 25

Votaciones :

PV 14/01/2014 - 5.14
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0014

INFORME     
PDF 228kWORD 134k
12.12.2013
PE 519.788v02-00 A7-0459/2013

sobre la protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos

(2013/2111(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente: Vilija Blinkevičiūtė

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos

(2013/2111(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el artículo 3, apartado 3, y el artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–   Vistos los artículos 9, 53 y 151 a 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vistos los artículos 5, 15, 16, 27, 31, 34 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 y 23 de la Carta Social Europea (revisada),

–   Visto el Convenio n° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1952, sobre la seguridad social (norma mínima),

–   Visto el Convenio nº 117 de la OIT, de 1962, sobre política social (normas y objetivos básicos),

–   Vistos el Convenio n° 121, de 1964, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Convenio n° 128, de 1967, sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes; el Convenio n° 130, de 1969, sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad; el Convenio n° 168, de 1988, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; y el Convenio n° 183, de 2000, relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) de la OIT,

–   Vista la Recomendación de la OIT, de 2012, sobre los pisos de protección social,

–   Visto el informe de la OIT titulado «Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010/11: Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis»(1),

–   Visto el informe de la OIT, de noviembre de 2003, titulado «Protección social: una inversión durante todo el ciclo de vida para propiciar la justicia social, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible»(2),

–   Visto el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(3),

–   Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo(4),

–   Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(5),

–   Vista la Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (92/441/CEE)(6),

–   Vista la Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y las políticas de protección social (92/442/CEE)(7),

–   Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, sobre la intensificación de la cooperación para modernizar y mejorar la protección social(8),

–   Visto el informe del Comité de Protección Social, de 10 de febrero de 2011, titulado «The social dimension of the Europe 2020 Strategy» (La dimensión social de la Estrategia Europa 2020)(9),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulada «Libro Blanco – Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

–   Visto el informe de la Comisión, de 8 de enero de 2013, titulado «Employment and Social Developments in Europe 2012» (Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2012)(10),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, sobre la protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea (COM(2012)0446),

–   Visto el Libro Verde de la Comisión, de 22 de noviembre de 2006, titulado «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708),

–   Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de abril de 2010, titulado «Nuevas tendencias del trabajo autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente»(11),

–   Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de marzo de 2013, sobre el uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo(12),

–   Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, relativa a una Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (COM(2008)0639) y su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(13),

–   Vistas la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2009 (COM(2009)0545) y su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía(14),

–   Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de diálogo social(15),

–   Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la protección social y la inclusión social(16),

–   Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(17),

–   Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones(18),

–   Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la intensificación de la lucha contra el trabajo no declarado(19),

–   Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos(20),

–   Vista sus Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre el tema «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI»(21),

–   Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general(22),

–   Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(23),

–   Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles(24),

–   Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»(25),

–   Visto el estudio encargado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de mayo de 2013, titulado «Social protection rights of economically dependent self employed workers» (Los derechos de protección social de los trabajadores autónomos económicamente dependientes)(26),

–   Visto el informe personalizado de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 2013, titulado «Self-employed or not self-employed? Working conditions of “economically dependent workers”» (Trabajador autónomo: ¿sí o no? Las condiciones laborales de los «trabajadores económicamente dependientes»)(27),

–   Visto el informe de Eurofound, de 2 de marzo de 2009, titulado «Self-employed workers: industrial relations and working conditions» (Trabajadores autónomos: relaciones industriales y condiciones de trabajo)(28),

–   Visto el informe comparativo de Eurofound, de abril de 2013, titulado «Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe» (La participación de los interlocutores sociales en los regímenes de prestaciones por desempleo en Europa)(29),

–   Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0459/2013),

A. Considerando que el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental que, de conformidad con el Derecho de la UE y la legislación y las prácticas nacionales, constituye un elemento fundamental del modelo social europeo; que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado recomendaciones relativas a los pisos nacionales de protección social que aspiran a garantizar el derecho fundamental de toda persona a la seguridad social y a un nivel de vida digno;

B.  Considerando que la seguridad social es una competencia nacional, coordinada a nivel de la UE;

C. Considerando que la protección social facilita la adaptación a la evolución del mercado de trabajo, lucha contra la pobreza y la exclusión social, asegura la integración en el mercado de trabajo e invierte en recursos humanos; que la seguridad social ejerce un efecto estabilizador en la economía y desempeña una función anticíclica que puede impulsar la demanda y el consumo internos;

D. Considerando que, para superar la crisis, algunos Estados miembros han recortado drásticamente el gasto público en el mismo momento en que crecía la demanda de protección social como consecuencia del aumento del desempleo; que las asignaciones de los presupuestos nacionales destinadas a la cobertura social se han reducido aún más, al haber disminuido las cotizaciones como consecuencia de la pérdida de empleos a gran escala o de la disminución de los salarios, lo que pone en grave peligro la economía de mercado social europea;

E.  Considerando que la cobertura de la protección social en algunos Estados miembros es insuficiente y podría mejorarse; que en la UE se siguen dando casos de trato abusivo de los trabajadores vulnerables y que la segmentación de los mercados de trabajo, con niveles de protección muy variables en función del tipo de contrato y de las relaciones laborales, provoca inadaptación y desigualdad sociales;

F.  Considerando que, si bien la mayoría de los modelos tradicionales de protección social y, en particular, los sistemas de seguridad social y de Derecho laboral, han sido concebidos para salvaguardar los derechos sociales y laborales de los trabajadores asalariados, existe el riesgo de que, ante las nuevas formas de empleo que están surgiendo y con un número cada vez mayor de trabajadores que ejercen una actividad autónoma, los nuevos grupos de trabajadores puedan tener que aceptar una protección social inferior;

G. Considerando que las mujeres que deciden hacerse empresarias mencionan, con más frecuencia que los hombres, un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y/o la necesidad económica como motivación principal de su decisión;

H. Considerando que las trabajadoras autónomas son una minoría dentro de este colectivo de trabajadores, pero tienen más probabilidades de caer en una situación de pobreza;

I.   Considerando que la falta de acceso de los trabajadores autónomos a unos derechos de pensión adecuados, prestaciones por enfermedad, vacaciones pagadas y otras formas de seguridad social agrava la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en el caso de las mujeres que ejercen una actividad autónoma, especialmente tras la jubilación;

J.   Considerando que cada vez hay más trabajadores autónomos o trabajadores con poco trabajo o con un trabajo mal remunerado, especialmente mujeres, que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza pero no están registrados oficialmente como desempleados;

K. Considerando que podría ser oportuno definir claramente el fenómeno del falso trabajo autónomo y prevenir posibles abusos al respecto a fin de evitar vulneraciones de los derechos sociales de los trabajadores, distorsiones de la competencia y el riesgo de dumping social;

L.  Considerando que el falso trabajo autónomo es, fundamentalmente, una forma de evasión parcial de cotizaciones de difícil detección que socava la sostenibilidad y la adecuación de los regímenes de pensiones y les resta recursos de vital importancia;

M. Considerando que el alto índice de desempleo que se observa en muchos Estados miembros, añadido a una presión a la baja constante sobre los costes laborales (unitarios), está dando lugar a tendencias y prácticas en los mercados de trabajo nacionales que favorecen el futuro desarrollo y el aumento del fenómeno del falso trabajo autónomo;

N. Considerando que, puesto que las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos económicamente dependientes no son radicalmente distintas de las condiciones de trabajo de los asalariados, sus derechos laborales y de seguridad social deberían, en su caso, asemejarse más a los derechos de los asalariados;

O. Considerando que, en el caso de los trabajadores autónomos, no existen información y datos fiables, precisos y comparables sobre la situación, las condiciones de trabajo y los mecanismos de seguridad social destinados a permitir conciliar el trabajo y la prestación de cuidados;

P.  Considerando que, en 2012, el trabajo autónomo representó más del 15 % del empleo total en la UE, pero que en algunos casos no se trataba de la opción preferida por la persona en cuestión, sino más bien de una necesidad debida a la falta de otras oportunidades de empleo o de regímenes de trabajo lo bastante flexibles como para combinar el trabajo y la prestación de cuidados a personas dependientes; que, en numerosos Estados miembros, los trabajadores autónomos tienen dificultades para adquirir suficientes derechos de pensión, lo que incrementa el riesgo de pobreza para las personas afectadas en el futuro; que no es frecuente que los trabajadores autónomos económicamente dependientes estén organizados o representados por sindicatos, aun cuando tienen más probabilidades de ser víctimas de abusos relacionados con las horas de trabajo y de abusos de otra índole;

Seguridad social para todos

1.  Hace hincapié en la necesidad de optimizar y modernizar constantemente los sistemas de protección social a escala de los Estados miembros con el fin de garantizar una protección social fuerte, sostenible y adecuada para todos, basada en los principios del acceso universal y la no discriminación y capaz de reaccionar con flexibilidad ante la evolución demográfica y del mercado de trabajo;

2.  Pide a los Estados miembros que garanticen una financiación responsable y sostenible a largo plazo de los sistemas de seguridad social, en particular en épocas de crisis económica, y que desarrollen la vertiente preventiva de los sistemas de seguridad social y hagan mayor hincapié en la activación de medidas, sin olvidar que uno de los aspectos más importantes de las inversiones sociales es que permiten conciliar los objetivos sociales y económicos y que a largo plazo pueden contribuir a mantener y desarrollar la economía; considera, a este respecto, que las inversiones sociales deben considerarse precisamente como tales, es decir, inversiones y no gastos;

3.  Destaca que, en algunos Estados miembros, el envejecimiento de la población, la basa tasa de natalidad y los cambios en los mercados de trabajo pueden hacer más urgente la necesidad de reformar los sistemas de seguridad social, incluidas las pensiones, a fin de garantizar su sostenibilidad; hace hincapié en que, con más frecuencia que en el caso de los hombres, las mujeres interrumpen su carrera profesional y ocupan puestos de trabajo a tiempo parcial para ocuparse de los niños y otras personas dependientes, lo que puede repercutir negativamente en sus pensiones y exponerlas a un mayor riesgo de pobreza; pide a los Estados miembros, en este contexto, que consideren esos periodos de interrupción de la carrera profesional como periodos cotizados a efectos de la determinación y el cálculo de sus derechos de pensión; subraya que se debe involucrar en las reformas a los interlocutores sociales con arreglo a la legislación y las prácticas nacionales, así como a las partes interesadas, y que se debe informar adecuadamente sobre ellas a los ciudadanos;

4.  Pide a los Estados miembros que garanticen una protección social nacional que asegure unos ingresos dignos establecidos por cada país y el acceso a las prestaciones sociales básicas, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad, discapacidad, jubilación, etc., con objeto de luchar contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros; alienta a los Estados miembros a que elaboren estrategias de desarrollo de la seguridad social en consonancia con las propuestas de la OIT;

5.  Destaca que una protección social eficaz de suficiente calidad debe basarse en medidas destinadas a fomentar la participación en el trabajo, que contribuye a mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, así como al aumento de la productividad, lo cual constituye una importante ventaja competitiva; subraya que la disminución del nivel de protección social no debe verse como una solución que allane el camino hacia tasas de empleo más elevadas;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos los trabajadores y todas las personas que ejercen una actividad autónoma tengan acceso al aprendizaje permanente mediante la redistribución de la financiación nacional y de la UE existente destinada exclusivamente a trabajadores con contratos permanentes para destinarla a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos, independientemente de su tipo de contrato;

7.  Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para aplicar reformas y medidas estructurales con el fin de crear empleo para los jóvenes y que velen por que no se discrimine a los trabajadores jóvenes restringiendo sus derechos a la seguridad social; pide asimismo a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, garanticen una protección social suficiente a los jóvenes que participan en programas de prácticas y aprendizaje concebidos para que adquieran experiencia laboral;

8.  Destaca que las personas de edad avanzada no suponen una carga económica y social, sino que, al contrario, la experiencia que han adquirido a lo largo de su trayectoria vital y sus conocimientos constituyen un activo; propone que, en el contexto de la solidaridad intergeneracional, se aliente a los trabajadores de más de sesenta años a seguir estando disponibles para el mercado de trabajo, con miras a la transmisión del conocimiento y la experiencia a las generaciones siguientes;

9.  Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de estructuras asequibles educativas y de atención infantil y garanticen el acceso de los trabajadores autónomos a los servicios públicos y a las ventajas fiscales y sociales correspondientes en relación con la atención infantil;

10. Pide a los Estados miembros que faciliten la posibilidad a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos y sus cónyuges o parejas que participen en sus actividades, de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, por ejemplo acelerando la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Directiva 2010/41/UE de 7 de julio de 2010 y ofreciendo a los trabajadores que lo soliciten flexibilidad en cuanto al horario de trabajo, el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial para el cuidado de menores y personas dependientes, y que esto se lleve a cabo sin pérdida de beneficios sociales para los trabajadores a fin de evitar que no tengan otra forma de conseguir la flexibilidad que recurrir al trabajo autónomo dependiente o involuntario;

11. Subraya la necesidad de ofrecer oportunidades para la formación continua y la reconversión profesional de trabajadores asalariados, trabajadores autónomos y aquellos que estén en transición de un trabajo asalariado a un trabajo autónomo; pide a los Estados miembros, en este sentido, que eliminen los obstáculos a la formación y la reconversión profesional, y que promuevan el aprendizaje permanente para todos;

12. Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten la autoorganización de los trabajadores autónomos, especialmente de las mujeres, con el objetivo de incrementar su capacidad para defender sus intereses colectivos;

13. Pide a los Estados miembros que garanticen una seguridad social adecuada, en particular, a los grupos más vulnerables, como los desempleados, las personas con discapacidad, las familias monoparentales, las familias jóvenes, los jóvenes, las personas de edad y los jubilados; pide además a los Estados miembros que velen por que los servicios sociales sean más accesibles para todos los miembros de los grupos sociales vulnerables y para las personas que precisan de cuidados a largo plazo, en particular en las zonas rurales y las regiones desfavorecidas;

14. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, conforme a sus competencias, adopten medidas para combatir todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo, en particular la discriminación de la mujer, así como medidas de protección social para que las mujeres no reciban salarios y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, inferiores a las de los hombres por un mismo trabajo, para garantizar la protección de la maternidad, para adoptar medidas encaminadas a evitar el despido improcedente de trabajadoras durante el embarazo y para proteger a mujeres y hombres que tengan responsabilidades de prestación de cuidados frente al despido improcedente; pide, asimismo, al Consejo que acelere la adopción de la Directiva relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia;

15. Destaca que, según la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, los Estados miembros deben poner solución a todos los obstáculos que impiden que las mujeres y sus cónyuges o parejas reconocidas de acuerdo con la legislación nacional puedan beneficiarse de la protección social a la que tienen derecho de conformidad con esa legislación;

16. Pide a los Estados miembros que aborden de manera eficaz la falta de protección social que se observa en los casos de familiares, e incluso cónyuges (parejas), que trabajan en empresas familiares pequeñas o muy pequeñas, dada la ambigüedad y la falta de formalidad que conllevan dichas relaciones laborales o cuando son ellos mismos trabajadores autónomos;

17. Insta a los Estados miembros a que adopten medidas concretas para combatir la pobreza y la exclusión social proporcionando un salario mínimo adecuado y un sistema de seguridad social, en especial a las comunidades marginadas y a las personas en riesgo de pobreza, definiendo las normas concretas sobre la base de las diversas prácticas nacionales, incluidos los convenios colectivos o la legislación nacional;

18. Pide a los Estados miembros que combatan con mayor dureza el trabajo no declarado y precario, entre otros los «mini jobs» y los falsos empleos a tiempo parcial, y que garanticen una protección social adecuada para todos los trabajadores; condena, por otra parte, el abuso de contratos de trabajo atípicos con el objetivo de eludir el cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo y protección social;

19. Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación administrativa entre las diferentes instituciones (inspecciones de trabajo, oficinas tributarias, entidades municipales y servicios de la seguridad social) a nivel nacional y de la UE, como medio de facilitar la aplicación de las disposiciones del Derecho laboral de la Unión, reduciendo el trabajo no declarado y resolviendo con más eficacia los problemas causados por las disparidades entre las disposiciones reglamentarias relativas al mercado de trabajo en los diferentes Estados miembros;

20. Pide a la Comisión que examine la legislación y vigile la aplicación y coordinación de los sistemas de seguridad social, cuando proceda con respecto al principio de subsidiariedad, y que señale a la atención de los Estados miembros el hecho de que los trabajadores migrantes de la UE que trabajan en otro Estado miembro no deben ser objeto de medidas discriminatorias de protección social; considera que todos los trabajadores migrantes de la UE deben disfrutar de los mismos derechos a la seguridad social y tener opción de asegurarse cuando trabajen en otro Estado miembro; considera que, antes de su comisión de servicio, los trabajadores contratados en el marco de la libre circulación de servicios deberán ser informados por su empleador sobre las condiciones salariales y otras condiciones laborales aplicables de conformidad con la Directiva 96/71/CE;

21. Pide a la Comisión y los Estados miembros que consigan un equilibrio adecuado entre la seguridad y la flexibilidad del mercado laboral, por ejemplo mediante la aplicación general de los principios de flexiguridad, y que hagan frente a la segmentación del mercado de trabajo proporcionando una cobertura social adecuada a las personas en transición o empleadas con contratos temporales o a tiempo parcial y asegurando al mismo tiempo el acceso a oportunidades de formación; señala que la insuficiente garantía de flexiseguridad tendrá graves consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, la calidad de sus prestaciones, los ingresos y la productividad de la población activa, así como para la economía real y la cohesión social, poniendo así en peligro los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para la conservación y el aumento de los niveles de empleo;

22. Pide a la Comisión que examine, desde el punto de vista de la Unión Europea, si, como consecuencia de los cambios recientes que los Estados miembros han aplicado a su legislación laboral a fin de mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo, la seguridad social de los empleados se ha visto mermada y si se han vulnerado los principios de flexibilidad y seguridad;

23. Apoya firmemente la propuesta de establecer un cuadro de indicadores clave de empleo y sociales, que podría ser una primera medida para definir unos valores de referencia concretos;

24. Insta a la Comisión a que integre en sus propuestas, cuando proceda, los cuatro objetivos fijados en el Programa de Trabajo Decente de la OIT y examine, en el marco de su estudio anual sobre el crecimiento, los objetivos establecidos en la Recomendación de la OIT relativa al nivel mínimo de protección social, a fin de que todos los trabajadores en Europa puedan disfrutar de protección social;

La seguridad social de los trabajadores autónomos

25. Hace hincapié en que el trabajo autónomo debe reconocerse debidamente como una forma de trabajo que favorece la creación de empleo y la disminución del desempleo, y que su evolución positiva debería ir acompañada de medidas adecuadas de protección social de los trabajadores autónomos definidas en la legislación nacional de los Estados miembros;

26. Pide a los Estados miembros que faciliten la conciliación del trabajo y las responsabilidades de prestación de cuidados ofreciendo a los trabajadores flexibilidad en relación con la jornada laboral y el lugar de trabajo, a fin de evitar una situación en la que no tengan más opciones de flexibilidad que la de recurrir al empleo autónomo dependiente;

27. Hace hincapié en la necesidad de contar con datos estadísticos actualizados y más detallados que los disponibles actualmente, que podrían utilizarse para analizar la importancia económica de los trabajadores autónomos y de sus diferentes grupos; pide asimismo que se incluyan las cuestiones relativas al trabajo autónomo en la encuesta de población activa de la Unión Europea;

28. Señala que la falta de una definición nacional clara de trabajo autónomo aumenta el riesgo del falso trabajo autónomo entre los trabajadores de la UE y puede dificultar su acceso a una seguridad social adecuada; señala que los diferentes estatutos de los trabajadores autónomos entre los Estados miembros precisan de soluciones para una mejor coordinación de la seguridad social de los trabajadores autónomos a fin de que no se restrinja la libre circulación de trabajadores;

29. Pide a la Comisión que promueva los intercambios entre los Estados miembros a fin de proporcionar orientación sobre las diferentes formas del empleo atípico, incluido el trabajo autónomo, con vistas a ayudar a los Estados miembros a aplicar correctamente las legislaciones laborales y las medidas de protección social pertinentes a los trabajadores empleados en tales condiciones; considera también necesario que los Estados miembros identifiquen claramente el falso trabajo autónomo y sancionen a los empresarios si se constatan y acreditan tales casos; insiste, no obstante, en que la determinación de la condición de trabajador asalariado debe seguir siendo una responsabilidad jurídica del Estado miembro anfitrión en cuyo territorio se realice el trabajo;

30. Pide a los interlocutores sociales europeos, a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la cuestión del trabajo autónomo dependiente y que encuentren soluciones prácticas, especialmente en aquellos sectores en los que las actividades transfronterizas desempeñan una función importante y entre los grupos vulnerables, como los trabajadores domésticos y los trabajadores con salarios bajos;

31. Insta a los Estados miembros a que velen por que el trabajo autónomo no se convierta en un medio de impedir que los trabajadores disfruten de los beneficios de la seguridad social y la seguridad en el trabajo ni un medio de que los empleadores eludan el Derecho laboral y de la seguridad social; pide, por otra parte, que se evite la asimilación de los trabajadores autónomos con los asalariados a fin de proteger las ventajas del trabajo autónomo y de la actividad económica de tal naturaleza, y de contribuir al desarrollo del espíritu empresarial y de la calidad de los servicios;

32. Pide a los Estados miembros que, de ser necesario, amplíen la protección social en lo que se refiere a la jubilación, la incapacidad, los permisos de maternidad/paternidad y el desempleo, de manera que la protección social de los trabajadores autónomos se adapte mejor a las necesidades de los mismos y sea equiparable al nivel de los trabajadores asalariados;

33. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que vinculen los derechos de seguridad social y de protección social a la persona y no al contrato laboral, garantizando así una protección social digna para todos, incluidos los trabajadores autónomos y los trabajadores asalariados, independientemente del tipo de contrato de trabajo o de su situación laboral;

34. Pide a los Estados miembros que promuevan y apoyen los seguros de grupo para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; pide a los Estados miembros que garanticen a los trabajadores autónomos el acceso a regímenes colectivos de seguro y de pensiones basados en la solidaridad;

35. Solicita a los Estados miembros que pongan a disposición de todos los ciudadanos información relativa a sus derechos en materia de protección social y faciliten asimismo a las personas que deseen adquirir la condición de trabajadores autónomos información adecuada acerca de las modificaciones en su grado de protección social y sus derechos laborales que se deriven de la obtención de dicha condición, así como los cambios en otros derechos y obligaciones vinculados a su actividad económica; pide asimismo a la Comisión que ponga a disposición de los trabajadores autónomos y de los trabajadores móviles información sobre sus derechos y obligaciones en caso de migración, inmigración y trabajo transfronterizo;

36. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que involucren a los interlocutores sociales, de conformidad con las prácticas nacionales, en un proceso de desarrollo y modernización de la protección social, y que profundicen el diálogo social a nivel nacional y de la UE; solicita asimismo a los interlocutores sociales que incluyan en el orden del día las cuestiones relacionadas con los derechos laborales y la protección social de los trabajadores autónomos, con objeto de seguir creando un marco de protección social suficiente para los trabajadores autónomos, sobre la base de la reciprocidad y el principio de no discriminación, y que analicen si es preciso incluir a los trabajadores autónomos en la negociación colectiva y el modo de hacerlo, adoptando estrategias concretas sobre el modo de abordar los problemas de los trabajadores autónomos en los casos en que la legislación nacional no permite la representación sindical de los trabajadores autónomos; insta a los interlocutores sociales a que intercambien buenas prácticas entre los sindicatos y las asociaciones profesionales en materia de servicios prestados a los trabajadores autónomos, la lucha contra el fenómeno del falso trabajo autónomo y la organización de los trabajadores autónomos que ejerzan una actividad por cuenta propia;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184942/lang--es/index.htm

(2)

http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/ciclodevida.pdf.

(3)

DO L 166 de 30.4.2004. p. 1.

(4)

 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.

(5)

 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(6)

DO L 245 de 26.8.1992, p. 46.

(7)

DO L 245 de 26.8.1992, p. 49.

(8)

DO C 8 de 12.1.2000, p. 7.

(9)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/st06/st06624.es11.pdf.

(10)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7315.

(11)

DO C 18 de 19.1.2011, p. 44.

(12)

           DO C 161 de 6.6.2013, p. 14.

(13)

            DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.

(14)

            DO C 161 E, 31.5.2011, p. 112.

(15)

            DO C 351 E de 2.12.2011, p. 39.

(16)

            DO C 291 E de 30.11.2006, p. 304.

(17)

DO C 70 E de 8.3.2012, p. 8.

(18)

            Textos Aprobados, P7_TA(2013)0365.

(19)

            DO C 9 E de 15.1.2010, p. 1.

(20)

      DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.

(21)

      DO C 175 E de 10.7.2008, p. 401.

(22)

      DO C 33 E de 5.2.2013, p. 65.

(23)

            Textos Aprobados, P7_TA(2011)0495.

(24)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0204.

(25)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0266.

(26)

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570

(27)

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.

(28)

http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.

(29)

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Seguridad social para todos

La protección social se sitúa en el centro del modelo social europeo. Su función principal consiste en fomentar la inclusión y de la justicia social, proteger los ingresos y garantizar los servicios de educación y de asistencia sanitaria de calidad para todos. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la política de protección social es competencia de los Estados miembros. No obstante, la UE ha establecido un método abierto de coordinación: un proceso voluntario de cooperación política basado en la aceptación de objetivos e indicadores comunes. Uno de los principales objetivos de la protección social es aumentar la equidad y la eficiencia de los servicios, fomentando al mismo tiempo la inclusión social y la cohesión, pilares fundamentales del crecimiento integrador y sostenible y de la reducción de la pobreza. Estos objetivos hallan su fuente natural en los valores fundamentales de la Unión Europea(1).

Las sociedades necesitan contar con una protección social eficaz para afrontar los desafíos de la mundialización y adaptarse a los cambios. La seguridad social dependiente del trabajo sigue siendo un elemento clave de los sistemas de seguridad social, si bien no está garantizada aún para todos los residentes. La protección social universal ─de conformidad con el convenio nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad social (norma mínima), que comprende todas las ramas de la seguridad social en el nivel mínimo de prestaciones─ todavía no es accesible para todos. Por consiguiente, es indispensable asegurarle a cada persona un nivel mínimo nacional de protección social. El nivel mínimo de protección social (en inglés: Social Protection Floors), como política social integrada, quiere garantizar los ingresos y el acceso a los servicios sociales básicos a todos los residentes, prestando una atención especial a los grupos más vulnerables (los desempleados, los discapacitados, las familias monoparentales, los jóvenes, los jubilados, las familias jóvenes, etc.). Conviene asegurar igualmente una renta mínima, que desempeña un papel destacado en la redistribución de la riqueza y a la hora de garantizar la solidaridad y la justicia social, y que, especialmente en épocas de crisis, asume una función anticíclica proporcionando fondos adicionales para reforzar la demanda y el consumo interior.

Las prestaciones de la seguridad social pueden considerarse adecuadas si permiten obtener los resultados esperados de una política social, por ejemplo, responder a las necesidades de las personas que afrontan los riesgos principales, y si contribuyen a la relación entre el nivel de las prestaciones y los impuestos o las cotizaciones aportadas a lo largo de la vida, lo que se consideraría una adecuación social «equitativa».

Los sistemas de seguridad social en Europa deberían ayudar a protegerse contra los riesgos y los bajos ingresos, así como a mitigar las desigualdades en los Estados miembros de la UE. Sin embargo, debido a las persistentes dificultades económicas ligadas a la crisis financiera, es necesario abordar cuestiones complicadas en lo que se refiere a la financiación de los sistemas. Durante la crisis económica, las finanzas públicas de los Estados miembros de la UE se han reducido, mientras que el número de desempleados que precisan ayuda social se ha elevado. Además, el fuerte aumento del paro y la disminución de los salarios han motivado la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, poniendo en riesgo así el modelo social europeo. Conviene asimismo indicar que, debido a la presión ejercida sobre los presupuestos nacionales y a la reducción de las pensiones de jubilación y de otras prestaciones sociales, las personas más vulnerables se han visto afectadas y se han situado por debajo del umbral de la pobreza. De este modo, en un esfuerzo por superar la crisis, mientras se ha acordado como prioridad el saneamiento presupuestario, la dimensión de las políticas sociales no se ha tomado en consideración de manera suficiente, y los Estados miembros no han prestado la atención precisa a los objetivos definidos en la estrategia Europa 2020 en materia social, de empleo y de educación, en particular, a la reducción de la pobreza y la exclusión social.

De cara a garantizar una protección social sostenible y eficaz, teniendo en cuenta las propuestas de la OIT, los Estados miembros deberían elaborar y ejecutar estrategias nacionales de desarrollo de la seguridad social. Uno de los objetivos más importantes de la estrategia de desarrollo social debería ser el mantenimiento de las inversiones sociales y su eficacia, ya que facilitan la coordinación de los objetivos sociales y económicos. En consecuencia, no deberían considerarse como gastos, sino más bien como una inversión en pro de mejores resultados y de un crecimiento económico sostenible.

II. Los trabajadores autónomos y su protección social

1. La importancia del trabajo autónomo en tanto que forma de empleo, su desarrollo y sus nuevas formas

La iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» reconoce que el trabajo autónomo es un factor importante para la creación de empleo, y obliga a los Estados miembros a eliminar las medidas que lo desincentivan.

El trabajo autónomo está experimentando una rápida expansión adoptando una variedad de formas nuevas. En 2012, el número de trabajadores autónomos en la UE ascendía a 32,8 millones de personas, lo que representaba el 15 % del empleo total en la UE. Son Grecia, Italia, Portugal y Rumanía los países donde el trabajo autónomo está más extendido. Esta forma de trabajo es la menos común en Luxemburgo, Dinamarca, Estonia y Lituania(2). La Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, subraya que el trabajo autónomo está adquiriendo una mayor popularidad, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, y también como actividad de transición entre el empleo y la jubilación(3).

En el transcurso de las últimas décadas, la composición de la categoría de los trabajadores autónomos ha variado de manera significativa. La categoría de los trabajadores autónomos es muy heterogénea según su función en el mercado de trabajo y la naturaleza de su actividad. Conviene resaltar la categoría de trabajadores autónomos económicamente dependientes para entender mejor la evolución del trabajo autónomo que, debido a los grandes cambios sociales y económicos, supera las formas de trabajo autónomo tradicionalmente reconocidas en los países de la UE(4).

2. No existe una definición clara de trabajo autónomo reconocida a nivel europeo

No solo no existe a nivel de la UE una definición admitida universalmente del trabajo autónomo, sino que la situación es incluso más compleja debido a la diversidad de las formas del trabajo autónomo. La definición acuñada por la OIT en la «Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo» describe el «empleo independiente» como aquel cuya remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos. Desde el punto de vista histórico, se diferencian tres grupos principales de trabajadores autónomos: las microempresas, las pequeñas empresas y los freelance.

En sentido literal, los trabajadores autónomos son aquellos que trabajan más para sí mismos que para un tercero. Aunque esta definición parece realmente sencilla, conviene señalar que el trabajo autónomo abarca una gran diversidad de situaciones sociales y económicas que no pueden abordarse de la misma manera.

No existe actualmente ninguna definición clara, aplicada en toda la Unión Europea, que establezca una distinción precisa entre, por un lado, los verdaderos autónomos que trabajan por su propia cuenta y, por otro, los falsos autónomos. Cada autoridad competente y organismo individual utiliza su propio marco jurídico y reglamentario, que puede variar en función de la competencia y del ámbito político (legislación fiscal, seguridad social, derecho mercantil, mercado de trabajo, seguros)(5).

No existe ninguna definición clara de trabajo autónomo económicamente dependiente. Solamente algunos países europeos han adoptado una categoría intermedia entre los trabajadores autónomos y los asalariados. El objetivo principal de tal regularización consiste en garantizar una mejor protección a esta categoría intermedia, sin asimilarla, no obstante, a la de los asalariados.

3. Seguridad social de los trabajadores autónomos: visión general del problema

El desarrollo del autoempleo revela una cierto número de problemas relativos a los derechos laborales y a la protección social de los trabajadores autónomos. Los sistemas tradicionales de seguridad social en Europa se han concebido siempre para la protección de los asalariados y adaptado parcialmente a ellos; esta situación que sigue siendo todavía la más habitual. Sin embargo, no son fáciles de adaptar a los trabajadores autónomos.

Si se resume la política de los Estados miembros de la UE acerca de los trabajadores autónomos, se evidencia que son víctimas de una discriminación y/o disponen de una protección inferior en algunos países debido a unas mayores cotizaciones sociales o, por el contrario, a unas menores cotizaciones que ofrecen una cobertura social inferior. Dinamarca es probablemente una de las excepciones más positivas, donde los trabajadores autónomos gozan de los mismos derechos que los asalariados(6).

La política de protección social en lo que respecta a los trabajadores autónomos se complica por ser este grupo muy heterogéneo, como se ha mencionado anteriormente. Por consiguiente, las medidas de seguridad social aplicadas a una de las partes de este grupo pueden ser ilógicas e inaceptables para otra. El grupo de trabajadores autónomos comprende tanto a las personas capaces de cuidarse ellas mismas o a los profesionales de ciertos sectores que perciben unas remuneraciones considerables, como a aquellas cuya actividad o prestaciones dependen de un solo cliente, y a aquellas cuyo trabajo no difiere del trabajo asalariado. En el primer caso, las medidas de seguridad social aplicadas a los asalariados pueden resultar excesivas e inaceptables; en el segundo, existe un riesgo de que no se proteja a los asalariados de manera adecuada contra los riesgos sociales.

4. Uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo

La OIT ya ha avisado de los eventuales abusos de ciertas formas de actividad por cuenta propia que ignoran los derechos de los trabajadores y la protección comunitaria que garantizan normalmente las relaciones laborales. Estos abusos toman diversas formas, desde el fraude a las cotizaciones sociales, pasando por el fraude fiscal o la elusión del Derecho laboral, hasta el trabajo no declarado. Se trata de una grave distorsión de la competencia en detrimento de los auténticos trabajadores autónomos, las microempresas y las PYME.

El trabajador autónomo tiene derecho a decidir libremente el ejercicio de una actividad no remunerada, pero debe ser informado de una posible disminución de su protección social. Es preciso señalar la aparición cada vez más frecuente del problema de los «falsos trabajadores autónomos», a quienes sus empleadores obligan a menudo a trabajar en condiciones precarias. Sin embargo, es necesario recordar las disposiciones de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, que subraya que el derecho fundamental debe constituir una garantía para todos los trabajadores, independientemente de su condición.

5. Los derechos a la seguridad social de los trabajadores autónomos son inferiores

En numerosos países, los trabajadores autónomos solo están afiliados parcialmente al sistema de pensiones. Esta disposición puede calificarse de racional cuando se aplique al grupo de profesionales que recibe una remuneración considerable y que son capaces de cuidarse ellas mismas, pero cuando se trata de trabajadores autónomos económicamente dependientes o, incluso, de falsos trabajadores autónomos representa un riesgo de pobreza a una edad avanzada debido a las bajas cotizaciones y a las escasas pensiones de jubilación que se derivan de ellas. Un argumento similar se aplica a la pensión de invalidez.

Los trabajadores autónomos están asimismo menos protegidos en caso de maternidad/paternidad. No disponen siempre de los derechos adecuados en lo relativo a bajas por maternidad y paternidad y otros derechos conexos (por ejemplo: Chipre, Países Bajos, Reino Unido y Polonia)(7). Y en este caso, debe mostrarse un particular interés por la protección social de los trabajadores autónomos. Ciertos estudios y análisis recientes(8) confirman la recomendación que se invita a armonizar la protección de la maternidad/paternidad de los trabajadores autónomos con la de los asalariados.

Los trabajadores autónomos gozan de una protección aún menor en caso de desempleo. Las cotizaciones de desempleo se aplican principalmente a los asalariados. Solo algunos países con una protección social avanzada ofrecen una cobertura a los trabajadores autónomos(9).

6. Necesidad de una acción colectiva

Muchos trabajadores autónomos perciben que son más vulnerables que los asalariados. Saben que no les protegen convenios colectivos y que el mercado resolverá solo parcialmente sus problemas. Esto podría constituir la base de sus compromisos colectivos en materia de solidaridad obligatoria. Los sindicatos deben asumir el desafío consistente en repensar sus actividades y unirse en interés de todos los trabajadores, tengan un empleo permanente o flexible, típico o atípico, sean asalariados, cuasi asalariados o autónomos(10).

7. Problemas derivados de la coordinación de la seguridad social

Las definiciones varían no solamente de un país europeo a otro, sino también en el Derecho de la UE. Esta falta de claridad genera problemas notables en las situaciones transfronterizas. La falta de interconexión entre los marcos jurídicos nacionales y europeos en lo que respecta a la distinción entre la ocupación de un empleo y la prestación de servicios convierte el concepto de autónomo en una cuestión problemática, especialmente en el caso del trabajo transfronterizo(11).

(1)

Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, sobre la protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea (COM(2012)446).

(2)

Encuesta de población activa de la Unión Europea 2012.

(3)

Textos Aprobados, P7_TA(2010)0263.

(4)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de abril de 2010, titulado «Nuevas tendencias del trabajo autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente» (SOC/344).

(5)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de marzo de 2013, sobre el uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo, (INT/628).

(6)

Informe del Observatorio Europeo del Empleo (2010).

(7)

Informe de la Comisión titulado «Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood», Comisión Europea, DG Justicia, noviembre de 2012, p. 29.

(8)

«Self-employed workers: industrial relations and working conditions» (Trabajadores autónomos: relaciones industriales y condiciones de trabajo), Eurofound 2009, p. 76.

(9)

«Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010-2011: Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis», Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, OIT, 2010, p. 59.

(10)

Westerveld M.: «The new self-employment: an issue for social policy?» European Journal of Social Security, Volumen 14 (2012), n° 3, pp. 170-171.

(11)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de marzo de 2013, sobre el uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo, (INT/628).


OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (26.11.2013)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la protección social para todos, incluidos los trabajadores por cuenta propia

(2013/2111(INI))

Ponente de opinión: Marije Cornelissen

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que las mujeres que deciden hacerse empresarias mencionan, con más frecuencia que los hombres, un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y/o la necesidad económica como motivación principal para su decisión;

B.  Considerando que, en muchos casos, el trabajo por cuenta propia no es la opción preferible de la persona que la ejerce, sino más bien una necesidad por falta de otras oportunidades laborales o de condiciones de trabajo lo suficientemente flexibles para permitir la conciliación del trabajo y la prestación de cuidados; que estas circunstancias han empeorado en tiempos de crisis, lo que ha aumentado el número de trabajadores por cuenta propia por razones de necesidad, especialmente entre las mujeres;

C. Considerando que las trabajadoras por cuenta propia son una minoría dentro de este colectivo de trabajadores, pero es más probable que puedan caer en una situación de pobreza;

D. Considerando que la falta de acceso de los trabajadores por cuenta propia a unos derechos de pensión adecuados, prestaciones por enfermedad, vacaciones pagadas y otras formas de seguridad social empeora la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en el caso de las mujeres que trabajan por cuenta propia, especialmente tras la jubilación;

E.  Considerando que cada vez hay más trabajadores por cuenta propia con poco trabajo o con un trabajo muy mal remunerado, especialmente mujeres, que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza pero no están registrados oficialmente como desempleados;

F.  Considerando que existe una falta de información y datos fiables, precisos y comparables sobre la situación, las condiciones de trabajo y en materia de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia que les permitan la conciliación del trabajo y la prestación de cuidados;  

1.  Subraya la necesidad de unos sistemas mejores de seguridad social y asistencia sanitaria y de que se promueva la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia; pide a los Estados miembros que vinculen los derechos de seguridad social y de protección social a la persona y no al contrato laboral, garantizando de esa forma un nivel digno de protección social para todos, incluidos los trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges o parejas que participen en las actividades del trabajador por cuenta propia y los demás trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o de su estatuto laboral;

2.  Subraya el hecho de que las estadísticas disponibles sobre el empleo femenino sugieren que las mujeres están más abocadas al trabajo precario y más expuestas al despido, lo que conduce a que estén menos cubiertas por los sistemas de seguridad social;

3.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos los trabajadores y todas las personas que trabajan por cuenta propia tengan acceso a un aprendizaje permanente haciendo que la financiación nacional y de la UE existente destinada exclusivamente a trabajadores con contratos permanentes se redistribuya para destinarla a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato, y a los trabajadores por cuenta propia;

4.  Hace hincapié en el hecho de que la diferencia entre el empleo femenino y el masculino en Europa sigue siendo significativa, y que el fomento del trabajo por cuenta propia entre las mujeres puede desempeñar una función importante para la reducción de la pobreza;

5.  Destaca la necesidad de mejora y de transparencia en los sistemas de seguridad social de determinados Estados miembros con vistas a conseguir unos estándares de cotización más justos para los trabajadores por cuenta propia, especialmente en lo relativo al embarazo y al permiso de maternidad;

6.  Denuncia que los recortes presupuestarios y las privatizaciones que están llevando a cabo muchos Estados miembros en sus sistemas de salud pública están destruyendo los sistemas públicos de seguridad social y minando el derecho de los trabajadores y los ciudadanos en general a la protección social; denuncia en particular los recortes en salud sexual y reproductiva que afectan especialmente a mujeres, que ven como citologías, mamografías y revisiones ginecológicas se dilatan en el tiempo y dejan de revestir carácter anual;

7.  Llama la atención sobre el hecho de que en algunos Estados miembros el envejecimiento de la población, la basa tasa de natalidad y los cambios en los mercados de trabajo pueden hacer más urgente la reforma de los sistemas de seguridad social, incluidas las pensiones, a fin de garantizar su sostenibilidad; hace hincapié en el hecho de que, con más frecuencia que en el caso de los hombres, las mujeres interrumpen su carrera profesional o trabajan a tiempo parcial para ocuparse de los niños y otras personas dependientes, lo que puede tener consecuencias negativas para sus pensiones y colocarlas en un riesgo grave de pobreza; pide a los Estados miembros, por lo tanto, que consideren estos periodos de interrupción de las carreras profesionales como periodos cotizados a efectos de la determinación y el cálculo de sus derechos de pensión; subraya que las reformas deben contar con la participación de los interlocutores sociales de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, así como con la de las partes interesadas, y que debe informarse adecuadamente sobre ellas a los ciudadanos;

8.  Destaca el hecho de, según la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, los Estados miembros deben poner solución a todos los obstáculos que impiden que las mujeres y sus cónyuges o parejas reconocidas de acuerdo con la legislación nacional puedan beneficiarse de la protección social a la que tienen derecho de conformidad con esa legislación;

9.  Señala que un permiso parental compartido entre hombres y mujeres, más prolongado y remunerado, que se considere trabajo a tiempo completo a efectos de las prestaciones de la seguridad social, puede constituir un incentivo importante para la natalidad;

10. Pide a los interlocutores sociales europeos, a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la cuestión del trabajo por cuenta propia dependiente y que encuentren soluciones prácticas, especialmente en aquellos sectores en los que las actividades transfronterizas desempeñan una función importante y entre los grupos vulnerables, como los trabajadores domésticos y los trabajadores con salarios bajos;

11. Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten la autoorganización de los trabajadores por cuenta propia, especialmente de las mujeres, con el objetivo de incrementar su capacidad para defender sus intereses colectivos;

12. Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de estructuras asequibles educativas y de atención infantil y velen por el acceso de los trabajadores por cuenta propia a los servicios públicos y a las ventajas fiscales y sociales en relación con el cuidado de los niños;

13. Pide a la Comisión que proponga una revisión ambiciosa de la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad por cuenta propia, con el fin de garantizar unos mejores derechos mínimos al permiso de maternidad, de paternidad, de adopción, filial y para el cuidado de personas dependientes, y que haga a los Estados miembros responsables de garantizar que los trabajadores por cuenta propia tengan derecho a estos permisos en el marco de sus sistemas de seguridad social; pide al Consejo que adopte una posición común sobre la propuesta de revisión, aprobada por el Parlamento, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia; recuerda que la propuesta aprobada por el Parlamento contiene medidas importantes en este ámbito que fomentan la conciliación entre la vida personal y la vida profesional de hombres y mujeres;

14. Pide a los Estados miembros que faciliten la posibilidad a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges o parejas que participen en sus actividades, de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, por ejemplo acelerando la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Directiva 2010/41/CE de 7 de julio de 2010 y ofreciendo a los trabajadores que lo soliciten flexibilidad en cuanto al horario de trabajo, el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial para el cuidado de menores y dependientes, y que esto se lleve a cabo sin pérdida de beneficios sociales para los trabajadores a fin de evitar que no tengan otra forma de conseguir la flexibilidad que recurrir al trabajo por cuenta propia dependiente o involuntario;

15. Pide a los Estados miembros que legislen para luchar contra el uso de «falsos» trabajadores por cuenta propia, una forma de empleo precario que afecta en particular a las mujeres, y anima a los interlocutores sociales a que intercambien las mejores prácticas en materia de servicios prestados a los trabajadores por cuenta propia, a fin de abordar la cuestión del «falso» trabajo por cuenta propia y organizar a los verdaderos trabajadores por cuenta propia;

16. Pide a los Estados miembros que desarrollen políticas sociales y servicios sociales encargados del cuidado de niños, personas mayores y otras personas dependientes para permitir a hombres y mujeres continuar con su actividad profesional si así lo desean;

17. Subraya la necesidad de ofrecer oportunidades para la formación continua y la reconversión profesional de trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia y aquellos que estén en transición de un trabajo asalariado al autoempleo; pide a los Estados miembros, en consecuencia, que eliminen los obstáculos a la formación y la reconversión profesional, y que promuevan el aprendizaje permanente para todos;

18. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de las mujeres solteras y las mujeres lesbianas a los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos que tengan en cuenta la perspectiva de género y sean fiables, exactos y comparables, y que hagan un seguimiento de cerca de la situación y la protección social de los trabajadores por cuenta propia, así como de las tendencias del mercado de trabajo que tengan repercusiones en el trabajo por cuenta propia, entre otras formas de empleo, mediante la inclusión de preguntas relativas al trabajo por cuenta propia en la encuesta de población activa de la Unión.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

26.11.2013

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

8

2

Miembros presentes en la votación final

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack, Zuzana Roithová

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Birgit Collin-Langen, Jill Evans, María Irigoyen Pérez


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

5.12.2013

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

29

4

1

Miembros presentes en la votación final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Georges Bach, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Csaba Sógor

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