INFORME sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015

5.3.2015 - (2014/2222(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente de opinión: Sergio Gutiérrez Prieto

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015

(2014/2222(INI))

El Parlamento Europeo,

–       Visto el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–       Vistos los artículos 145, 148 y 152 y el artículo 153, apartado 5, del TFUE,

–       Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y en particular su capítulo IV (Solidaridad),

–       Visto el artículo 349 del TFUE relativo a las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas,

–       Vista la Carta Social Europea revisada, y en particular su artículo 30, relativo a la protección contra la pobreza y la exclusión social,

–       Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: empleo y aspectos sociales[1],

–       Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014[2],

–       Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015» (COM(2014)0902) y el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la misma,

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–       Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020[3],

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–       Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto[4],

–       Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),

–       Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre el empleo y los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa[5],

–       Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea[6],

–       Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo[7],

–       Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil[8],

–       Visto el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 5 de diciembre de 2014,

–       Visto el documento de trabajo sobre tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico («Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth»), de 9 de diciembre de 2014,

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2014, titulada «Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el pleno potencial de crecimiento y empleo de la economía verde» (COM(2014)0446),

–       Vistas sus Resoluciones de 14 de septiembre de 2011[9] y de 16 de enero de 2014[10] sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar,

–       Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–       Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0043/2015),

A.     Considerando que Europa debe comprometerse con el modelo de la economía social de mercado, que garantiza un crecimiento sostenible, con el fin de ofrecer a la próxima generación puestos de trabajo, en lugar de deudas;

B.     Considerando que el contexto económico y social en la Unión Europea sigue siendo poco halagüeño y que, según las Previsiones económicas de otoño de 2014, la recuperación económica sigue siendo frágil; que, pese a las tasas de crecimiento negativas en la zona del euro para los dos últimos años, se espera que la zona del euro registre un crecimiento del 0,8 % en 2014 y del 1,1 % en 2015; que solo unos pocos Estados miembros tienen unas previsiones mejores, y que la Comisión ha revisado sistemáticamente a la baja sus propias previsiones durante los últimos años; que, pese a que el déficit global previsto en la UE-28 se ha reducido al 3 % en 2014, sigue siendo alto en algunos Estados miembros, lo que demuestra la necesidad de un mayor saneamiento presupuestario que sea compatible con el crecimiento y un empleo mejor y sostenible, ya que la recuperación no es sólida ni está bien asentada;

C.     Considerando que la vía rápida de saneamiento presupuestario adoptada durante la crisis económica ha impedido a los Estados miembros alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, lo que demuestra que las políticas presupuestarias deberían ser diferentes y adaptarse a la situación específica de cada Estado miembro; que el acusado descenso de los precios del petróleo puede suponer un impulso adicional para la economía de muchos Estados miembros de la UE, sobre todo si se refleja rápidamente en una reducción de los precios de la energía para las familias y las empresas;

D.     Considerando que la UE necesita seguir mejorando sus políticas económicas y sociales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 lo antes posible, superando al mismo tiempo los riesgos de estancamiento secular y deflación, y que para que ello suceda es necesario proseguir con los esfuerzos destinados a promover la inversión y las reformas estructurales que aumentan la competitividad económica de una manera socialmente responsable; que es necesaria una transformación ecológica para asegurar el cambio hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y garantizar el desarrollo sostenible; que la posición de la UE está perdiendo peso de manera preocupante en la economía mundial como consecuencia de la crisis, la pérdida de su base industrial y la falta de confianza de inversores y empresarios, mientras que otros países muestran signos de recuperación sólidos; que, en octubre de 2014, el FMI estimó que la probabilidad de una recesión en la zona del euro había aumentado y podría alcanzar el 35-40 % a final de año;

E.     Considerando que los Estados miembros desempeñan un papel preponderante en la elaboración de las políticas de empleo, incluidas las políticas de empleo juvenil, y que estas medidas se aplican mejor a nivel nacional;

F.     Considerando que la UE debe abordar el rápido envejecimiento de su población lo antes posible;

G.     Considerando que, pese a algunas mejoras (por primera vez desde 2011 se ha producido un pequeño aumento de los contratos a tiempo completo), la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente elevados, con cerca de 25 millones de personas sin trabajo en la UE; que el elevado nivel del desempleo de larga duración es preocupante, y que 12 millones de personas están en paro desde hace más de un año (un 4 % más que el año anterior); que las tasas de desempleo juvenil no se han reducido de forma significativa (solo se han reducido un 1,9 % con respecto a 2013) y el promedio de la UE es del 21,2 %; que el 75 % de los desempleados de larga duración de la UE tienen menos de 35 años; que la situación del mercado laboral es particularmente grave para los jóvenes, salvo en algunos Estados miembros, con independencia de su nivel de educación;

H.     Considerando que el Fondo Social Europeo, la Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil deben utilizarse de forma correcta y en su totalidad para financiar proyectos sostenibles, con el fin de luchar contra el desempleo y, en concreto, el desempleo juvenil;

I.      Considerando que la proporción de jóvenes que no tienen estudios, trabajo ni formación ha seguido siendo elevada, y que los jóvenes romaníes están sobrerrepresentados en este grupo;

J.      Considerando que varios factores –entre ellos la incapacidad para crear un entorno positivo para impulsar la inversión y el crecimiento, la reducción de los ingresos de los mercados y el debilitamiento del impacto de las transferencias sociales en el tiempo[11], así como los esfuerzos llevados a cabo por algunos Estados miembros para restablecer su balanza económica reduciendo el gasto en protección social– han dado lugar a importantes reducciones de la renta doméstica bruta disponible, contribuyendo a aumentar el número de familias europeas en riesgo de exclusión, y han aumentado las desigualdades de manera alarmante, incluidas las desigualdades de género; que uno de cada cuatro europeos está expuesto al riesgo de pobreza; que el subempleo y la precariedad han alcanzado su punto más alto y que, para el 50 % de todos los solicitantes de empleo, la garantía del empleo no basta para sacarlos de la pobreza;

K.     Considerando que las cifras de 2013, las últimas disponibles, reflejan un máximo histórico de desempleo de larga duración del 5,1 % de la población activa de la UE-28; que el desempleo de larga duración no solo tiene consecuencias cruciales para las personas durante toda su vida, sino que además puede transformarse en desempleo estructural en la UE;

L.     Considerando que el 25,1 % de la población de la UE se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social; que la tasa media de crecimiento de la pobreza infantil es superior a la tasa media de crecimiento de la pobreza en general, y que uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza en algunos Estados miembros;

M.    Considerando que los trabajadores de más edad constituyen el grupo con mayores probabilidades de ser desempleados de larga duración; que solo la mitad de los trabajadores de entre 55 y 65 años estaban trabajando en 2012; que las personas de edad avanzada se ven más afectadas por las reducciones del gasto público en servicios sociales, servicios sanitarios y prestaciones sociales; que algunas categorías de personas de edad avanzada, como las personas mayores de 80 años, las mujeres de edad avanzada, los migrantes de edad avanzada y los miembros de edad avanzada de las minorías étnicas, corren un riesgo especial de caer en la pobreza;

N.     Considerando que, para superar la crisis, algunos Estados miembros han recortado drásticamente el gasto público en el mismo momento en que crecía la demanda de protección social como consecuencia del aumento del desempleo; que las asignaciones presupuestarias nacionales destinadas a la cobertura de la seguridad social se han reducido nuevamente debido a que las cotizaciones han caído a raíz de los recortes salariales y laborales a gran escala, poniendo así en serio peligro el modelo social europeo; que las reformas introducidas no responden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en el terreno social y del empleo;

O.     Considerando que la reducción de la pobreza no solo es uno de los principales objetivos de la estrategia Europa 2020 sino también una responsabilidad social de los Estados miembros y que un empleo digno y sostenible es la mejor vía de salida de la pobreza; que por consiguiente los esfuerzos deben centrarse en facilitar el acceso al empleo, en particular para las personas más alejadas del mercado laboral; que el mercado laboral sigue estando marcado por desigualdades considerables en las condiciones de empleo, y que las mujeres corren mayor riesgo que los hombres de vivir en la pobreza o la exclusión social pasados los 55 años;

P.     Considerando que los desequilibrios socioeconómicos se han agudizado aún más entre los Estados miembros, mientras que el efecto es el contrario por lo que se refiere al objetivo de convergencia regional; que la brecha en materia de desempleo entre el centro y la periferia ha aumentado del 3,5 % en 2000 al 10 % en 2013; que esta divergencia aumenta el riesgo de fragmentación y amenaza la estabilidad económica y la cohesión social de la UE; que el sexto informe sobre la cohesión destaca el papel que desempeñan los fondos estructurales en la superación de la desigualdad, especialmente durante la crisis;

Q.     Considerando que el artículo 174 del TFUE establece que «a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña»;

R.     Considerando que las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves o permanentes por lo general presentan tasas de desempleo más altas, menor crecimiento económico y una falta de inversión significativa destinada a mejorar su potencial;

S.     Considerando que el Parlamento ha advertido durante los dos últimos años de los riesgos sociales de la deflación en un contexto de bajo crecimiento, elevado desempleo y presiones a la baja de los salarios; que el Banco Central Europeo (BCE) prevé una baja tasa de inflación a largo plazo, y ha advertido de las consecuencias de esta situación en la demanda interna, el crecimiento y el empleo; que la deflación se ha convertido en una realidad desde agosto de 2014 en ocho Estados miembros (seis de los cuales pertenecen a la zona del euro); que la demanda y la creación de empleo en la UE está muy restringida por la actual debilidad de la oferta de crédito a las pymes y la necesidad de reducir la excesiva deuda pública y privada, en especial con respecto a los préstamos hipotecarios; que la caída de las tasas de inflación aumenta considerablemente estas dificultades al elevar los tipos de interés reales y la verdadera carga de la deuda, y podría dar lugar a un círculo vicioso de depresión económica; que el BCE reaccionó a todos estos aspectos el 22 de enero de 2015 aplicando un programa ampliado de compra de activos con compras mensuales de activos por valor de 60 000 millones EUR que está previsto que continúe hasta septiembre de 2016 como mínimo;

T.     Considerando que puede utilizarse una política monetaria expansiva para fomentar las exportaciones como forma de mejorar la economía de la UE a corto plazo;

U.     Considerando que pueden utilizarse bajos tipos de interés para impulsar las inversiones en la UE;

V.     Considerando que el ritmo del saneamiento presupuestario ha aumentado, y que se han introducido nuevos objetivos principales — centrados más en los déficits estructurales que en los cíclicos; que, a pesar de ello, la dimensión de los multiplicadores presupuestarios en el contexto actual sigue siendo muy elevada; que es necesario conseguir el objetivo a medio plazo y el objetivo de deuda de crear un entorno que favorezca el crecimiento económico y la creación de empleo; que es necesario evaluar sistemáticamente el impacto social, medioambiental y de género de estas medidas;

W.    Considerando que las políticas fiscales dispares seguidas en los distintos Estados miembros a menudo obligan a las pymes al cierre o a la deslocalización, provocando pérdidas de puestos de trabajo y movilidad laboral forzosa;

X.     Considerando que la inversión pública y privada en la UE se ha reducido de manera alarmante, pasando actualmente a situarse cerca de un 20 % por debajo de los niveles anteriores y de los de sus principales interlocutores económicos de todo el mundo; que la inversión en un empleo mejor y sostenible, en capital humano, en investigación e innovación (incluyendo proyectos a pequeña escala) y en una unión energética eficiente en el uso de los recursos, el mercado único digital, el fomento del espíritu emprendedor y un mejor entorno empresarial para las pymes deben ser medidas prioritarias tanto para la Comisión como para los Estados miembros, ya que las inversiones en estos ámbitos son fundamentales no solo para garantizar la recuperación, sino también para incrementar el potencial económico de la UE para crecer y crear prosperidad;

Y.     Considerando que la insuficiente participación de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de las autoridades locales y regionales, de las organizaciones de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo en nivel nacional y de la UE ha limitado la apropiación de las reformas por parte de los Estados miembros y el desarrollo de soluciones inclusivas, sociales y sostenibles y ha reducido la confianza de los ciudadanos en el proyecto de la UE;

Z.     Considerando que la fijación de los salarios es competencia de los Estados miembros;

Políticas económicas ambiciosas para el crecimiento, la creación de empleo de calidad y la lucha contra la deflación

1.      Acoge favorablemente el enfoque integrado de crecimiento de la Comisión, que se basa en tres pilares principales: un Plan de Inversiones para Europa, reformas estructurales y responsabilidad fiscal; pide una política económica y fiscal expansiva ambiciosa, dentro de las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y crear empleo mejor y sostenibles; señala que la solidaridad es el valor fundamental en el que se basa la Unión Europea; Pide a la Comisión que apoye los esfuerzos de los Estados miembros formulando recomendaciones concretas que sean de ayuda tanto a ellos como al conjunto de la UE, de manera que puedan abordar no solo la consolidación fiscal sino también las reformas estructurales de manera socialmente equilibrada y económicamente eficiente y sostenible; subraya que la baja inflación ya está aumentando los tipos de interés reales, así como la deuda pública y privada real, que, junto con la elevada tasa de desempleo juvenil y de larga duración, reduce el crecimiento y aumenta la pobreza;

2.      Es consciente de la vinculación entre responsabilidad fiscal y la necesidad de impulsar la inversión y las reformas estructurales en los Estados miembros, en el contexto del PEC; celebra, en este sentido, la Comunicación de la Comisión titulada «Una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento»; pide a los socios que, cuando un Estado miembro deba afrontar excesivos desequilibrios macroeconómicos, apliquen las reformas sirviéndose de la flexibilidad ya integrada en las normas y acuerdos, garantizando de este modo la compatibilidad de la responsabilidad fiscal con el crecimiento económico, la creación de empleo y el Estado del bienestar;

3.      Destaca la necesidad de reformas estructurales en los Estados miembros; observa que si bien algunos de los Estados miembros que han aplicado reformas han tenido éxito en la recuperación de competitividad en el mercado global, dichas reformas deberían ser compatibles tanto con un crecimiento inteligente, sostenible e integrador como con la creación de puestos de trabajo dignos; pide que, en aras de la consecución de estos objetivos, se amplíe el alcance de las reformas para que cubran también ámbitos como el Mercado Único Digital, la Unión Energética o la fiscalidad; considera que las reformas promovidas en el mercado laboral deben también introducir la flexibilidad y la seguridad necesarias para poner fin a la segmentación y garantizar unos salarios dignos;

4.      Acoge con satisfacción que la nueva combinación de políticas añada la inversión a las anteriores prioridades de saneamiento presupuestario y reformas estructurales; considera, no obstante, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería prestar mayor atención a la demanda agregada y su relación con los incrementos salariales y las desigualdades sociales; subraya que la principal prioridad con respecto a la reducción de los macrodesequilibrios no debería ser el aumento del superávit de la balanza por cuenta corriente, sino el aumento de las tasas de crecimiento, inversión y empleo y la reducción de la tasa de pobreza;

5.      Manifiesta su preocupación por que las inversiones en la UE se han reducido significativamente en los últimos años y se encuentran ahora cerca de un 20 % por debajo del nivel anterior a la crisis; advierte que la disminución ha sido aún mayor en los Estados miembros de la periferia en los que el saneamiento presupuestario ha sido más agudo; destaca una vez más el potencial de empleo de la economía ecológica, que según estimaciones de la Comisión podría crear 5 millones de empleos hasta el año 2020 sólo en los sectores de eficiencia energética y energías renovables, siempre que se pongan en práctica políticas energéticas y climáticas ambiciosas; pide a los Estados miembros que garanticen niveles suficientes de inversión en estos sectores y que prevean las futuras competencias de los trabajadores;

6.      Acoge con satisfacción el hecho de que uno de los tres pilares de la estrategia de la Comisión para 2015 es la inversión, y pide que el plan se lleve a la práctica sin demora; toma nota de que las contribuciones de los Estados miembros al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) no se contabilizarán al definir el ajuste presupuestario en el marco del componente preventivo o corrector del PEC;

7.      Considera que los tres pilares principales de la estrategia de la Comisión para 2015 deben aplicarse conjuntamente para impulsar las inversiones de manera responsable en los ámbitos con un efecto real en el crecimiento y la creación de empleo, como la economía digital, los sectores ecológicos y la atención sanitaria;

8.      Toma nota del hecho de que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) se basará en recursos existentes de la UE y no aumentará el dinero público «fresco», además de un importe adicional de 5 000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI); subraya los riesgos de un fondo insuficiente basado en hipótesis excesivamente optimistas acerca de la probabilidad de atraer la mayor parte de la financiación necesaria de los inversores privados; pide al BEI que estudie la posibilidad de cambiar su orientación de modelo de banca comercial hacia un modelo de evaluación de riesgos de proyecto basada en unos criterios definidos y en la transparencia; pide a la Comisión que reflexione sobre la manera de utilizar el presupuesto de la UE y otros recursos nuevos para garantizar que el FEIE no dejará de cumplir;

9.      Pide a la Comisión y al BEI que evalúen los efectos de la crisis económica sobre el sistema bancario y para los receptores finales de la financiación del BEI, prestando especial atención a las pymes, al sector de la economía social y a las empresas públicas;

10.    Hace hincapié en el hecho de que el FEIE debe centrarse en la creación de nuevas inversiones en aquellos ámbitos en los que el interés de los inversores es limitado y no en la sustitución de inversiones que se deberían haber producido en otro lugar (efecto de exclusión o «crowding out»), o en dar prioridad a inversiones de elevada rentabilidad que se habrían producido en cualquier caso (efecto de «peso muerto»); pide también a la Comisión que incluya y fomente inversiones sociales que no solo generan rentabilidad financiera, sino que promueven repercusiones sociales positivas, tales como inversiones en capital humano, inversiones con alto impacto en la creación de empleo mejor y sostenible o la inclusión social y la reducción de la pobreza, como los sistemas de protección social y los servicios sociales, o inversiones en la economía social; reitera su llamamiento en favor de la aplicación del Paquete de Inversión Social;

11.    Pide a la Comisión que asegure las inversiones en regiones económicamente más débiles que sufren una alta tasa de desempleo, y en las pymes en dichas regiones, habida cuenta de su muy limitado acceso a la financiación, a fin de garantizar que estos esfuerzos tengan un impacto significativo donde son más necesarios, y que la selección se realice teniendo debidamente en cuenta las características económicas de las inversiones; comparte el punto de vista de la opinión de la Comisión en cuanto a la necesidad de mano de obra cualificada en sectores pujantes como la economía digital, los sectores ecológicos y la atención sanitaria;

12.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen mecanismos específicos reforzados para aplicar programas de inversión en las regiones ultraperiféricas, cuya lejanía, fragmentación geográfica, frágil economía y limitaciones naturales crean mayores desigualdades en el acceso a las oportunidades de empleo, los bienes y los servicios;

13.    Pide a la Comisión que tenga en cuenta a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves o permanentes al programar el Plan Europeo de Inversiones, en particular en lo relativo al acceso a la banda ancha;

14.    Pide a la Comisión que reexamine en profundidad y mejore la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos UE-BEI, que se puso en marcha en 2012 como proyecto piloto para resumir el Plan Europeo de Inversiones, con el fin de darle un papel más importante en el fomento del empleo; pide también, en este contexto, un reexamen detallado de los bonos de impacto social incluidos en el Paquete de Inversión Social;

Política responsable reorientada a la inversión, la creación de empleo de calidad y el crecimiento

15.    Toma nota de que el Plan Europeo de Inversiones es un complemento necesario de los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, que deben respaldarse con recursos públicos y privados para tener éxito; acoge con satisfacción el hecho de que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 reitere su llamamiento para que se redoblen los esfuerzos de los países con margen de maniobra presupuestario como un medio para fomentar la demanda europea y la inversión;

16.    Acoge con satisfacción la ampliación del ritmo de saneamiento presupuestario y la introducción de nuevos objetivos principales — centrándose más en los déficits estructurales que en coyunturales — que deberían tener un efecto positivo en el empleo y en el crecimiento sostenible; observa, no obstante, que la dimensión de los multiplicadores presupuestarios en el contexto actual sigue siendo, sin embargo, muy grande y que esto tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico y la creación de empleo, así como en la sostenibilidad de los sistemas de protección social; pide a la Comisión que facilite el uso de la máxima flexibilidad en el marco de las normas existentes del PEC;

17.    Insta a la creación de un marco europeo para garantizar que todas las inversiones previstas en el marco del Plan Europeo de Inversiones tengan un impacto significativo en términos de fomento del crecimiento sostenible, la creación de empleo de calidad y el fomento del progreso social; pide a la Comisión Europea que supervise y controle las inversiones en el marco del citado Plan y que audite y mida el impacto económico y social de las inversiones en términos reales; pide a la Comisión que incluya a especialistas en políticas sociales en el comité de expertos del nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que aprobará los proyectos que recibirán financiación, y que vele por que el impacto social positivo sea uno de los principales criterios en esta selección;

18.    Hace hincapié en la importancia de la flexibilidad que puede utilizarse dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento existente para asegurar un margen de maniobra para las inversiones sociales, es decir, las inversiones sociales en personas, que les doten de las cualificaciones y las condiciones de apoyo necesarias para participar de forma productiva y satisfactoria en la economía y la sociedad durante toda su vida; destaca, en este contexto, el posible papel de la economía social en la creación de empleos sostenibles, integradores y de calidad;

Restablecimiento de la financiación de las pymes para impulsar la inversión y la creación de empleo

19.    Subraya que, si bien las pymes constituyen la columna vertebral de la creación de empleo en la UE, siguen enfrentándose a importantes dificultades a la hora de acceder a la financiación, y que están sometidas a un endeudamiento excesivo preocupante; acoge con satisfacción, por consiguiente, las nuevas recomendaciones de la Comisión sobre el acceso de las pymes a la financiación, que implican un nuevo enfoque respecto de la insolvencia y el fracaso empresarial; pide más esfuerzos por parte de los Estados miembros para mejorar los planes de reestructuración de la deuda como un medio para lograr este fin; pide a la Comisión que promueva, cuando proceda, la aplicación a nivel nacional de los principios establecidos en su recomendación de 12 de marzo de 2014 a través de recomendaciones específicas por país; destaca que los proyectos empresariales y las pymes dirigidas por mujeres afrontan más dificultades para obtener acceso a la financiación; pide a la Comisión que analice las causas de esta situación y proponga medidas para subsanarla;

20.    Hace hincapié en la importancia de crear una cultura de emprendimiento en Europa reduciendo los obstáculos al empleo por cuenta propia y la fundación de empresas; señala que esto puede apoyarse mediante una combinación inteligente de apoyo financiero como el eje de microfinanciación y emprendimiento social del programa EaSI o soluciones de ventanilla única en la administración pública para registrar nuevas empresas;

21.    Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, la fragmentación financiera en la zona del euro está poniendo en peligro la sostenibilidad y el crecimiento de las pymes; pide que se restablezca la capacidad de préstamo de la economía, permitiendo así a las pymes invertir y crear puestos de trabajo, y que se facilite el acceso a iniciativas de emprendimiento y el acceso de las pymes a programas como COSME u Horizonte 2020;

22.    Pide a los Estados miembros que eliminen las cargas administrativas y la burocracia innecesarias para los trabajadores por cuenta propia y para las microempresas y las pymes, y que faciliten las condiciones para las empresas de nueva creación;

23.    Acoge con satisfacción el plan conjunto de préstamos a las pymes de la Comisión y el BEI para utilizar los Fondos Estructurales a fin de racionalizar las inversiones en estas empresas con el fin de estimular la creación de empleo mejor y sostenible; pide al BCE que complemente esta acción política y estudie la forma de adquirir activos de las pymes y apoyar el desarrollo de las pymes en el marco de los programas de expansión cuantitativa basados en las buenas prácticas de otras regiones económicas, o de servir de garante de las fuentes de financiación de las pymes, las cuales generan hasta el 80 % del empleo en muchos Estados miembros;

24.    Toma nota del programa ampliado de compra de activos del BCE, dirigido una vez más al sistema bancario, por lo que pide al BCE que optimice todo su potencial para mejorar la economía real proporcionando crédito con el fin de impulsar el crecimiento y atajar el desempleo en la Unión Europea;

25.    Acoge con satisfacción las medidas anunciadas por la Comisión para impulsar la creación de empleo en las pymes, desbloqueando alternativas a los préstamos bancarios, y mejorar el marco reglamentario y presupuestario a fin de aumentar las inversiones a largo plazo en las pymes; pide que estas medidas se lleven a cabo sin dilación; pide a la Comisión que apoye asimismo los proyectos a pequeña escala; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren a las cooperativas financieras para financiar a las pymes (cooperativas de crédito) como instrumentos alternativos de financiación y que permitan un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y a la financiación europea y nacional;

26.    Hace hincapié en la importancia de los organismos intermediarios vinculados a las pymes, por ejemplo las cámaras de comercio, como motores con un efecto multiplicador en la aplicación de las políticas de la UE relacionadas con las pymes y pide a la Comisión Europea que entable un diálogo de asociación con dichos organismos sobre cómo podrían aplicarse mejor las políticas de la UE relacionadas con las pymes para impulsar la creación de empleos de calidad;

Un uso más eficiente de los fondos

27.    Destaca que las políticas de crecimiento y empleo tienen efectos territoriales diferentes, dependiendo de la situación específica de cada región de la UE, y que las disparidades regionales se han ampliado desde el inicio de la crisis; subraya que las recomendaciones específicas por país deberían tener en cuenta las diferencias territoriales dentro de los Estados miembros para impulsar el crecimiento y el empleo y preservar al mismo tiempo la cohesión social;

28.    Considera que las medidas de la política de cohesión tienen un papel esencial que desempeñar en la reducción de las diferencias de competitividad interna y de los desequilibrios estructurales en las regiones que más lo necesitan; pide a la Comisión que estudie soluciones adecuadas para aquellos países que, aunque sufriendo tasas de desempleo muy elevadas, se ven obligados a devolver fondos de la UE debido a problemas de cofinanciación; pide a la Comisión que considere la prefinanciación para facilitar el pleno uso de los fondos por parte de estos Estados miembros en el período 2014-2020, garantizándose siempre en todo caso la defensa del principio de responsabilidad presupuestaria;

29.    Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes para luchar contra el dumping fiscal, el fraude fiscal y la evasión fiscal y pide que se adopte al nivel del Consejo un impuesto sobre las transacciones financieras ambicioso, puesto que ambas medidas permitirían la inversión pública a favor del crecimiento y el empleo de calidad;

30.    Cree firmemente que la financiación de la UE, particularmente en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo (FSE), no debe utilizarse para subvencionar enfoques nacionales, sino más bien para prestar una ayuda adicional de modo que complemente y refuerce los programas nacionales con arreglo a la decisión de los Estados miembros;

31.    Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que velen por la plena ejecución de los fondos de la UE para 2007-2013 y que vinculen estrechamente el FSE y otros fondos estructurales europeos con la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que garantice la estricta supervisión de la consignación del 20 % del FSE para la pobreza; pide a la Comisión que introduzca en el próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en las recomendaciones específicas por país un capítulo relacionado con la aplicación del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas;

32.    Pide a la Comisión que desarrolle medidas estructurales en los mercados energéticos para lograr una Unión Europea resistente, menos dependiente de las fuentes externas, y con una diversificación de las fuentes de suministro (por ejemplo del gas argelino);

Reformas para aumentar el potencial de crecimiento, el capital humano y la productividad

33.    Observa que los planes de inversión decisivos para el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo mejores y sostenibles, así como las medidas adoptadas por el BCE, solo pueden tener éxito si se combinan con reformas nacionales que mejoren una participación laboral de calidad, impulsen la actividad y la productividad, desarrollen el capital humano en todos los grupos de edad, incluidos los grupos más vulnerables, y apoyen sistemas de protección social y servicios sociales sólidos; señala que la decisión del Parlamento y del Consejo de reforzar la cooperación en la red de servicios públicos de empleo es un elemento fundamental en los esfuerzos por mejorar los mercados laborales; considera que las reformas estructurales del mercado laboral deben introducir medidas de flexibilidad interna destinadas a mantener el empleo en épocas de perturbación económica, garantizar la calidad del empleo y la seguridad en las transiciones entre empleos, y proporcionar regímenes de prestaciones por desempleo basados en requisitos de activación realistas que aseguren un apoyo adecuado a los trabajadores despedidos y que estén vinculados a políticas de reintegración;

34.    Lamenta que la atención de la Comisión en las reformas estructurales se centre excesivamente en la reducción de la protección laboral para los puestos de trabajo existentes, así como para los nuevos; recuerda que, según los datos disponibles, es precisamente la insistente aplicación de respuestas estratégicas incorrectas, que combinan flexibilidad y menores ingresos, lo que está retrasando la recuperación; hace hincapié en que las reformas estructurales deben diseñarse con una perspectiva más amplia y holística, adaptada a cada Estado miembro, y abordar distintas cuestiones, como la gestión empresarial, organizativa y del mercado laboral, la educación, la investigación y la innovación y los sistemas tributarios de la administración pública, y orientarse al fomento del potencial de crecimiento y la sostenibilidad y a la reducción de las desigualdades sociales;

35.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien formas innovadoras de fomentar la inversión en la UE; destaca la reciente tendencia de las empresas a devolver actividades de producción y servicios a la UE y las oportunidades de creación de empleo que ello supone, especialmente para los jóvenes; cree que las economías de la UE tienen una oportunidad única para acelerar esta tendencia de relocalización de puestos de trabajo;

36.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciban políticas a medida para respaldar la creación de empleo de calidad para los desempleados de larga duración, los desempleados de mayor edad, las mujeres y otros grupos prioritarios a los que la crisis ha afectado con especial virulencia, como los inmigrantes, la comunidad romaní y las personas con discapacidad, incluyendo medidas para la promoción de políticas de lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo, el equilibrio entre la vida personal y laboral, el aprendizaje permanente y la formación, y la lucha contra el bajo nivel educativo que afecta a algunos de estos grupos, muchos de los cuales están en riesgo de exclusión social; pide que las recomendaciones específicas por país aborden sistemáticamente la reducción de la brecha salarial y en materia de pensiones por razón de género; insta a la Comisión a que exija a cada Estado miembro que establezca un plan nacional de empleo para la creación de empleo tal y como acordaron en el Consejo de Primavera de 2012;

37.    Pide a la Comisión que ponga en marcha una nueva iniciativa destinada a promover las oportunidades de empleo para la población romaní en los Estados miembros, con medidas que promuevan las competencias y cualificaciones, y que luchen contra la discriminación y fomenten la creación de empleo, por ejemplo, mediante el autoempleo y el emprendimiento y a través del uso de instrumentos financieros innovadores;

38.    Pide a los Estados miembros que conviertan en una prioridad reducir las brechas de género en el empleo, abordando en particular la diferencia salarial por razón de género y aplicando medidas que faciliten la conciliación de la vida profesional y la vida familiar, también aumentando la disponibilidad de guarderías;

39.    Lamenta que el Semestre Europeo no haya estado suficientemente en consonancia con la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adecúen las medidas económicas aplicadas en el curso del Semestre Europeo a los objetivos sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020 y los principios sociales recogidos en los Tratados; pide esfuerzos más determinantes para orientar y coordinar las políticas de la UE a fin de impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y crear puestos de trabajo mejores y sostenibles; pide a la Comisión que presente sin dilación la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta la urgente necesidad de lograr más avances hacia la reducción de la pobreza y otros objetivos sociales, y la necesidad de mejorar la participación significativa de las partes interesadas;

Educación y políticas activas de empleo para ampliar el capital humano

40.    Cree que el aumento de la competencia internacional motivado por una mano de obra cada vez más cualificada ha ocasionado que la UE sufra graves déficits y desfases de capacitación que frenan el crecimiento económico; considera que, si los Estados miembros quieren tener una oportunidad realista de alcanzar los objetivos en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020, deben centrarse en crear el entorno adecuado para la creación de empleo;

41.    Reitera su petición al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros para que incorporen un pilar de género en el marco de la Estrategia Europa 2020;

42.    Señala que la estrategia para recuperar competitividad no debe centrarse únicamente en los costes laborales, sino también en el aumento de la productividad mediante inversiones en capital humano y reformas estructurales;

43.    Pide a los Estados miembros que recuperen la inversión en capital humano hasta los niveles anteriores a la crisis, en particular para suavizar la transición de los jóvenes entre la educación y el empleo, y para invertir en programas de formación profesional y de aprendizaje permanente;

44.    Acoge con satisfacción que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015, la Comisión pida a los Estados miembros que mantengan o promuevan inversiones a largo plazo en educación, investigación e innovación; toma nota, no obstante, de que los Estados miembros con presupuestos ya limitados carecen de medios suficientes para alcanzar ese objetivo; pide por tanto a la Comisión que excluya las inversiones productivas en educación, investigación y desarrollo de los objetivos de déficit establecidos en las normas de la UE;

45.    Destaca la importancia de las políticas activas del mercado de trabajo en el caso de algunos Estados miembros en el contexto actual; pide a esos Estados miembros que incrementen la cobertura y eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo;

Empleo y salarios de calidad como motores de la productividad y el crecimiento

46.    Pide a los Estados miembros que presten especial atención al elevado índice de desempleo entre los grupos desfavorecidos y den prioridad a su acceso e integración en el mercado de trabajo, así como a la generalización de políticas de acceso e integración, dado que el empleo es la clave para una integración satisfactoria;

47.    Recuerda que unos salarios dignos son importantes no solo para la cohesión social, sino también para mantener una recuperación fuerte y una economía productiva; pide a la Comisión que estudie las consecuencias de la introducción por parte de los Estados miembros de salarios mínimos en el contexto de reducción de las desigualdades salariales; pide a la Comisión que organice una conferencia sobre un marco europeo de salarios mínimos;

48.    Se muestra preocupado por que las reformas del mercado laboral en muchos Estados miembros no han logrado reducir el nivel de precariedad en el empleo; observa que el 50 % de los puestos de trabajo creados en 2014 han sido empleos temporales; toma nota de que, según la Comisión, persiste la pobreza en situación de empleo, y que para el 50 % de todos los solicitantes de empleo, la garantía de empleo no basta para sacarles de la pobreza, ni incrementa la productividad; pide a los Estados miembros que den prioridad a la calidad del empleo y que aborden la segmentación del mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que garanticen que las reformas del mercado de trabajo tengan como objetivo, además de la promoción de la creación de puestos de trabajo mejores y sostenibles, reducir la segmentación, avanzar en la inclusión de los grupos vulnerables en el mercado laboral, promover la igualdad de género, reducir la pobreza de los ocupados y proporcionar una adecuada protección social a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia;

49.    Cree que los Estados miembros solo pueden crear empleo si el mercado lo permite, si pueden contar con una mano de obra cualificada, si el mercado de trabajo es lo suficientemente flexible, si los costes laborales, incluidos los salarios, son acordes a la productividad, si los sistemas de protección social estimulan el trabajo y si la normativa es proporcionada y basada en la evidencia;

50.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por atajar el dumping social y salarial en la UE, que provoca perjuicios importantes a los trabajadores afectados y a los sistemas de protección social de los Estados miembros; pide asimismo que se incluya a los interlocutores sociales en dichos esfuerzos a todos los niveles;

51.    Acoge con satisfacción la iniciativa sobre una plataforma europea sobre el trabajo no declarado; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que garanticen que las personas con contratos precarios o que son trabajadores por cuenta propia disfruten de un conjunto básico de derechos y de una protección social adecuada, especialmente por lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y laboral; pide a la Comisión que realice esfuerzos especiales para atajar los problemas adicionales causados por el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntario y por el falso empleo por cuenta propia;

52     Muestra su preocupación por el enfoque de la Comisión sobre los indicadores sociales y de empleo; lamenta el hecho de que apenas se mencione la calidad o la sostenibilidad de los puestos de trabajo creados, especialmente en lo que respecta al empleo de las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial debido a las dificultades para conciliar la vida profesional y personal;

53.    Considera que la consecución de los objetivos de la reindustrialización es vital para la competitividad de la UE y que el relanzamiento de una auténtica política industrial europea podría fomentar el crecimiento y crear nuevos puesto de trabajo de gran calidad;

54.    Lamenta el hecho de que, al hacer referencia a la tasa de desempleo, no se tomen en la debida consideración otros factores, como el aumento de los índices de personas no activas, de movilidad y de migración;

Desempleo juvenil y movilidad laboral

55.    Acoge con satisfacción la disminución de los índices de desempleo juvenil, aunque señala que siguen siendo alarmantes y que no se basan necesariamente en una creación de empleo neto; subraya que la inseguridad laboral y el subempleo también han aumentado y que el 43 % de los jóvenes trabajan en condiciones precarias, con contratos a tiempo parcial no deseados o como falsos trabajadores por cuenta propia;

56.    Pide a la Comisión que proponga un marco europeo que incluya normas mínimas para la aplicación de garantías juveniles y medidas concretas para concienciar a la población; pide a los Estados miembros que utilicen el presupuesto disponible de manera eficaz y que apliquen las garantías juveniles sin dilación y que se aseguren de que también llegan a jóvenes de entornos sociales desfavorecidos; pide un presupuesto adecuado con arreglo a las recomendaciones de la OIT en la revisión intermedia del marco financiero plurianual; observa que la OIT calcula que se requieren 21 000 millones EUR para solucionar el problema del desempleo juvenil;

57.    Insta a la Comisión a que vaya más allá de la Recomendación del Consejo de marzo de 2014 sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas y que proponga un nuevo marco de calidad con vistas a impedir la discriminación y la explotación de los trabajadores jóvenes;

58.    Pide a los Estados miembros que hagan que los mercados laborales sean más inclusivos para aquellos que tienen obligaciones familiares, como la crianza de los hijos y el cuidado de familiares que requieren atención; pide, por tanto, medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional y familiar como parte de las reformas del mercado de trabajo promovidas por el Semestre Europeo;

59.    Reitera su petición a los Estados miembros para que inviertan en oportunidades de aprendizaje permanente, formación profesional y formación en el puesto de trabajo; pide que se evalúen los sistemas nacionales de aprendizaje permanente, como parte de las estrategias de reforma del mercado laboral del Semestre Europeo;

60.    Subraya que, según la Comisión, a pesar de las elevadas tasas de desempleo, existen dos millones de puestos vacantes en la UE, y que en 2013 solo el 3,3 % de la población activa trabajaba en otro Estado miembro, lo que indica que el nivel de movilidad sigue siendo bajo en comparación con los de los Estados Unidos y Japón; recuerda que las divergencias en las tasas de movilidad laboral —que pueden elevarse hasta los diez puntos porcentuales en los Estados miembros más afectados por la crisis— pueden verse afectadas positivamente por la utilización de la herramienta de la plataforma EURES; expresa su continuo apoyo al principio de la libre circulación;

61.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios públicos de empleo para facilitar y estimular la búsqueda de empleo en el extranjero;

62.    Considera que, habida cuenta del elevado número de trabajadores, especialmente jóvenes, que abandonan ahora sus países de origen para ir a otros Estados miembros en busca de oportunidades de empleo, es urgentemente necesario desarrollar medidas adecuadas para garantizar que ningún trabajador pierda la cobertura de sus derechos sociales y laborales; pide en este sentido a la Comisión y a los Estados miembros que sigan mejorando la movilidad laboral de la UE mediante instrumentos como EURES, defendiendo al mismo tiempo el principio de igualdad de trato y salvaguardando los salarios y las normas sociales; pide a cada uno de los Estados miembros que establezcan políticas sociales y de empleo que garanticen la igualdad de derechos y de retribución en el mismo lugar de trabajo de conformidad con los principios que sustentan la libertad de circulación de los trabajadores, y especialmente desde una perspectiva de género;

63.    Recuerda los objetivos de la UE en materia de género, en particular los objetivos de lograr una tasa de empleo del 75 % para mujeres y hombres para 2020 y de reducir en 20 millones el número de personas pobres o en riesgo de pobreza;

64.    Insta a la Comisión a que presente una propuesta relativa al permiso de paternidad que contribuya a garantizar unas condiciones laborales iguales para hombres y mujeres, también habida cuenta de que la UE está envejeciendo con rapidez, lo que representa un riesgo para la capacidad futura de los Estados miembros de mantener servicios sociales necesarios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejecuten más políticas que contribuyan al crecimiento demográfico de la UE estimulando la natalidad o la inmigración;

65.    Lamenta que las medidas de austeridad impuestas por la UE, destinadas a recuperar la confianza de los inversores, solo hayan provocado un empeoramiento de las condiciones laborales y sociales en toda la UE, con mayores niveles de desempleo, pobreza y desigualdad;

66.    Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación entre las empresas y el sector educativo en todos los niveles;

Un LLAMAMIENTO DECISIVO A FAVOR de LA dimensión social de la UE Y LA CONVERGENCIA

67.    Reitera su advertencia ante los retos socioeconómicos a los que se enfrenta la Unión, en especial algunos Estados miembros, y ante los riesgos que para su sostenibilidad y su potencial de crecimiento estable plantea un retroceso en la convergencia regional; recuerda que más de 122 millones de ciudadanos de la UE se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, incluida la pobreza de los ocupados y la pobreza infantil; señala que se calcula que actualmente el 19 % de los niños de la UE están en riesgo de pobreza e insiste en que estos niveles son inaceptables y deben reducirse inmediatamente; pide a la Comisión que continúe desarrollando la dimensión social de la UE; reconoce la labor realizada por la Comisión en cuanto al pilar social de la unión económica y monetaria como parte del proceso de integración de la dimensión social en la estructura actual de los mecanismos de gobierno económico, y pide que este sea el camino a seguir con objeto de avanzar en la realización de la Estrategia Europa 2020;

68.    Lamenta que no existan indicadores ni definiciones claras de la pobreza absoluta, que es motivo de preocupación en numerosos países de la UE;

69.    Recuerda a la Comisión que, de conformidad con el artículo 9 del TFUE, las políticas laborales y sociales para promover el acervo social europeo deben regir todas las políticas europeas; pide a la Comisión que cumpla su obligación de vincular el Semestre Europeo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

70.    Señala que la protección social y las políticas sociales, especialmente las prestaciones de desempleo, el apoyo a los ingresos mínimos y la fiscalidad progresiva, ayudaron en un primer momento a mitigar la gravedad de la recesión y estabilizaron los mercados laborales y el consumo; subraya, no obstante, que los estabilizadores sociales se han utilizado ampliamente como factores de ajuste en los miembros de la UEM que sufren perturbaciones económicas; hace hincapié en que la protección social y las políticas sociales son competencia de los Estados miembros;

Estabilizadores sociales europeos

71.    Observa que, en su informe anual de 2013 sobre el empleo y la situación social en la UE, la Comisión subrayaba la importancia del gasto en protección social como salvaguardia frente a los riesgos sociales; recuerda la importancia de los estabilizadores automáticos a la hora de hacer frente a los impactos asimétricos, evitar una degradación excesiva de los sistemas nacionales de protección social y reforzar así la sostenibilidad de la UEM en su conjunto; pide a la Comisión que incluya en sus recomendaciones específicas por país la importancia de preservar estabilizadores automáticos fuertes en los Estados miembros teniendo en cuenta su importantísimo papel a la hora de mantener la cohesión social además de estimular la demanda interna y el crecimiento económico; reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore un Libro Verde sobre los estabilizadores automáticos en la zona del euro;

72.    Toma nota del objetivo de la Comisión de «aligerar y simplificar la legislación de la UE y hacer menos costoso su cumplimiento en beneficio de los ciudadanos y las empresas»; subraya que la supresión de los obstáculos reglamentarios no debe socavar el acervo social europeo en ámbitos como la seguridad y la salud en el trabajo o la información y la consulta de los trabajadores, ni los principales convenios de la OIT ni la Carta Social Europea, y debe respetar la autonomía de los interlocutores sociales, tal y como se prevé en el Tratado; insta a la Comisión a esforzarse de manera creíble por garantizar la protección de las trabajadoras embarazadas o que hayan dado a luz recientemente;

Indicadores sociales

73.    Acoge con satisfacción el hecho de que el Informe Conjunto sobre el Empleo anejo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento incluya un cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo; pide a la Comisión que estudie si con estos indicadores basta para la realización de un análisis exhaustivo de la situación socioeconómica de los Estados miembros; hace hincapié en la importancia de comprender la dinámica y las consecuencias de los cambios en la renta familiar y de la desigualdad creciente en materia de ingresos; lamenta que gran parte de los datos presentados en la edición del cuadro de este año estén desfasados; pide a la Comisión que haga un mayor uso de este cuadro para la elaboración de políticas; pide una síntesis pormenorizada de las elecciones de los Estados miembros en los distintos ámbitos políticos y los resultados correspondientes; pide a la Comisión que evalúe y mejore su alcance y eficacia, a fin de garantizar que se tienen plenamente en cuenta al formular las recomendaciones específicas por país;

74.    Destaca que, en el proceso del Semestre Europeo, las consideraciones sociales y en materia de empleo deben colocarse al mismo nivel que las macroeconómicas;

75.    Pide la detección de los principales desequilibrios macroeconómicos y macrosociales en las economías de la UE y de la zona del euro, y que las recomendaciones específicas por país preparadas en el marco del Semestre Europeo se formulen sobre dicha base, incluidas medidas para la convergencia en materia de normas laborales y sociales y la coordinación en la fijación de salarios;

Pobreza y exclusión social

76.    Lamenta que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe Conjunto sobre el Empleo no contengan medidas ni un marco político para cumplir el objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que este objetivo quede mejor reflejado en el Semestre Europeo;

77.    Subraya la necesidad de reforzar el acervo social, la cláusula social horizontal y el Protocolo sobre los servicios de interés general;

78.    Acoge con satisfacción el llamamiento realizado por el presidente de la Comisión a los Estados miembros para que introduzcan una renta mínima con el objetivo de reducir la pobreza en la UE; pide a la Comisión que proponga una iniciativa para el fomento de la introducción de rentas mínimas en los Estados miembros; hace hincapié en que la determinación de los niveles de esta renta es competencia de cada Estado miembro, y que estos deben corresponderse con la situación socioeconómica concreta del país en cuestión;

79.    Lamenta que el enfoque de la Comisión para hacer frente a las desigualdades de género considere que la conciliación de la vida familiar y laboral es principalmente un asunto de mujeres; observa que las medidas destinadas a promover la conciliación, tanto para hombres como para mujeres, son cruciales para la creación de puestos de trabajo y tienen una influencia directa en la calidad del empleo creado; observa que el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad sigue constituyendo un importante obstáculo para esta conciliación, y pide por lo tanto a la Comisión que preste atención a este indicador en el análisis del cuadro de indicadores sociales y de empleo;

80.    Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para hacer frente de inmediato al alarmante aumento de la pobreza infantil en toda la UE a través de medidas globales y a largo plazo basadas en las buenas prácticas de ciertos Estados miembros, en particular las medidas para el aumento de las ayudas estatales para la alimentación escolar, y que aplique la Recomendación de la Comisión titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», basada en tres pilares clave, que está incluida en el conjunto de medidas sobre inversión social;

81.    Señala que la aparición de nuevas formas de pobreza y su empeoramiento por la crisis de la deuda, como las dificultades que agravan la pobreza de los ocupados (por ejemplo, el pago de hipotecas, o el elevado nivel de los precios de los servicios públicos, lo que origina una pobreza energética), han dado lugar a un aumento del número de desahucios, embargos y personas sin hogar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas integradas que fomenten el acceso a viviendas sociales y asequibles, políticas de prevención eficaces para reducir el número de desahucios y políticas para hacer frente a la pobreza energética basadas en las buenas prácticas de los Estados miembros, y que pongan fin a la criminalización de las personas sin hogar que ha salido a luz en ciertos Estados miembros; pide a la Comisión que ponga en marcha inmediatamente un plan de acción de la UE sobre la carencia de hogar, tal y como el Parlamento, al igual que otros organismos de la UE, ha solicitado en repetidas ocasiones, para ayudar a los Estados miembros a atajar el acuciante y cada vez mayor problema de la carencia de hogar;

82.    Solicita a la Comisión que elabore una estrategia que apoye a los Estados miembros a la hora de hacer frente a la situación de carencia de hogar a través de políticas integradas y una adecuada inversión social;

83.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan medidas urgentes para abordar la situación de carencia de hogar; señala que esta manifestación extrema de pobreza y exclusión social viola los derechos fundamentales y ha aumentado en la gran mayoría de los Estados miembros; pide a la Comisión que proponga mecanismos concretos para supervisar y apoyar el esfuerzo de los Estados miembros por hacer frente a la carencia de hogar, como ha solicitado el Parlamento en sus Resoluciones, de 14 de septiembre de 2011 y de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar;

84.    Pide a la Comisión que evalúe si es posible aumentar el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas durante la revisión intermedia del marco financiero plurianual;

Pensiones y sanidad sostenibles

85.    Pide unos servicios públicos asequibles y de calidad en el ámbito de la atención a la infancia y a las personas dependientes que permitan, especialmente a las mujeres, volver a ocupar un puesto de trabajo y faciliten la conciliación de la vida personal y laboral;

86.    Recuerda a la Comisión que, para garantizar tanto la sostenibilidad y seguridad como la idoneidad de las pensiones, las reformas de estas deben ir acompañadas de políticas que creen oportunidades de empleo para los trabajadores mayores y los jóvenes para que se contribuya a un sistema de pensiones sostenible, limiten los incentivos a los regímenes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, prevean compensación por los periodos dedicados al cuidado de los hijos o de familiares dependientes, creen oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad, garanticen el acceso al aprendizaje permanente a las personas empleadas y desempleadas de todas las edades, mejoren el envejecimiento saludable en el lugar de trabajo teniendo en cuenta los riesgos físicos y psicosociales para la seguridad y la salud, introduzcan medidas de ventajas fiscales que ofrezcan incentivos para trabajar durante más tiempo, y apoyen el envejecimiento activo saludable; subraya que las reformas de los sistemas de pensiones exigen cohesión política y social nacional y deben negociarse con los interlocutores sociales y con los representantes de las generaciones jóvenes y de más edad, en calidad de grupos de población directamente afectados, para tener éxito; pide a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta la posición del Parlamento sobre los Libros Verdes o Blancos relativos a las pensiones;

87.    Toma nota de la recomendación de la Comisión de que se reformen los sistemas de asistencia sanitaria para que cumplan sus objetivos de facilitar el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, incluido el acceso asequible a los medicamentos, en particular los salvadores de vidas, y de que se garantice el respeto de los derechos del personal médico; señala que, como consecuencia de la crisis, algunos Estados miembros no han podido garantizar la cobertura total en salud pública; pide a la Comisión que formule recomendaciones concretas para que se corrija esta situación; pide que se redoblen los esfuerzos de reforma para garantizar que no se ponen en peligro la calidad y la accesibilidad financiera de las infraestructuras sanitarias;

88.    Señala que la Comisión ha reconocido que los sectores de la salud y de la asistencia social tienen un importante potencial de crecimiento y son ámbitos cruciales para la inversión en pos de una economía sostenible; invita a la Comisión a informar acerca de los avances en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Europa 2020, de iniciativas de inversión en los sectores de la salud y de la asistencia social en lo que respecta al empleo de calidad;

89.    Pide que se refuercen e impulsen las medidas eficaces de salud preventiva, como el envejecimiento saludable a lo largo de la vida, con el fin de aumentar la calidad de vida y, al mismo tiempo, disminuir el coste que suponen para los sistemas nacionales de salud los tratamientos médicos y farmacéuticos necesarios en los últimos años de vida;

Regímenes fiscales del trabajo más equitativos

90.    Subraya que la brecha fiscal tiene un impacto mayor en el caso de las personas con salarios bajos o que aportan una segunda renta al hogar, y que esto sigue constituyendo un problema; pide a la Comisión que tome nota del informe sobre fiscalidad del FMI, de octubre de 2013, en el que se señala que queda margen para formas de fiscalidad mejores y más progresivas;

91.    Señala la importancia de reducir la fiscalidad del trabajo, en especial en el caso de los trabajadores poco cualificados y con salarios bajos, los desempleados de larga duración y otros grupos vulnerables, velando al mismo tiempo por la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas públicos de pensiones; pide a los Estados miembros que desplacen la presión fiscal del trabajo al consumo, el capital y el medio ambiente, al tiempo que prestan la debida consideración a los posibles efectos de redistribución;

Reforzar la legitimidad democrática del Semestre Europeo

92.    Expresa su profunda preocupación por el papel limitado que los Parlamentos nacionales y él, así como los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, han de desempeñar en la formulación, supervisión y ejecución de las prioridades económicas y sociales en el Semestre Europeo; reitera su petición de una mayor participación estructurada de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en la UE y en el ámbito nacional, con el fin de aumentar la legitimidad del proceso del Semestre Europeo mediante la elaboración de directrices concretas;

93.    Pide la participación de los parlamentos subnacionales y de las autoridades regionales y locales en la concepción y la ejecución de los Programas Nacionales de Reformas, también a través de acuerdos de gobernanza multinivel;

94.    Insta a la Comisión a involucrar más estrechamente a los interlocutores sociales en la preparación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y, de modo más general, a formalizar el papel de estos en el proceso del Semestre Europeo;

95.    Reitera su petición de un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

96.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

• [1]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0129.
• [2]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0038.
• [3]  Textos Aprobados, P8_TA(2014)0060.
• [4]  DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
• [5]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0240.
• [6]  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0246.
• [7]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0394.
• [8]  Textos Aprobados, P8_TA(2014)0010.
• [9]  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0383.
• [10]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0043.
• [11]  «Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015» COM(2014)0906), p. 44. Véase también el documento «OECD Employment Outlook 2014», http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2014_empl_outlook-2014-en#page1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	26.2.2015
Resultado de la votación final	+: –: 0:	38 10 4
Miembros presentes en la votación final	Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber
Suplentes presentes en la votación final	Heinz K. Becker, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl
Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final	Andrey Kovatchev