INFORME sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo

9.6.2015 - (2015/2058(INI))

Comisión de Desarrollo
Ponente: Elly Schlein
                      Ponente de opinión (*):
                      Hugues Bayet, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
                      (*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo

(2015/2058(INI))

El Parlamento Europeo,

–       Vistas la Declaración de Monterrey (2002), la Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo de Doha (2008), la Declaración de París (2005) y el Programa de Acción de Acra (2008),

–       Vistas las Resoluciones 68/204 y 68/279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015,

–       Vistos los trabajos del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas,[1]

–       Vista la Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo[2],

–       Vista la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[3],

–       Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales» (COM(2010)0163),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de febrero de 2015, titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» (COM(2015)0044),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2015)0136),

–       Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales[4],

–       Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales[5],

–       Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal[6],

–       Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países[7],

–       Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo[8],

–       Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015[9],

–       Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, relativa al Informe de la UE de 2013 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo[10],

–       Visto el artículo 208 del TFUE, que estipula que el objetivo principal de la política en el ámbito del desarrollo de la UE es la erradicación de la pobreza y que establece el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

–       Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–       Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0184/2015),

A.     Considerando que los flujos financieros ilícitos, es decir, todos los flujos financieros no registrados de particulares que implican fondos ilegalmente obtenidos, transferidos o utilizados, suelen proceder de actividades de evasión y elusión fiscal, como precios de transferencias abusivos, contrarias al principio de que han de pagarse impuestos allí donde se hayan generado beneficios; y que todos los principales textos y conferencias internacionales sobre financiación del desarrollo han definido la evasión fiscal y la elusión fiscal como obstáculos importantes para la movilización de recursos nacionales en favor del desarrollo;

B.     Considerando que, según el informe de Global Financial Integrity de 2014, la inversión extranjera directa (IED )y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en su conjunto, desde 2003 a 2012, representan una cifra ligeramente inferior a la de los flujos de salida ilícitos; y que los flujos financieros ilícitos suman aproximadamente diez veces el total de la ayuda recibida por los países en desarrollo para la erradicación de la pobreza y reforzar el bienestar e impulsar el desarrollo sostenible, lo que equivale a una fuga de capitales a partir de los países en desarrollo estimada en 1 billón de USD;

C.     Considerando que la generación de recursos públicos a partir de las industrias extractivas es fundamental para las estrategias de desarrollo de numerosos países en desarrollo, en particular los países en desarrollo menos adelantados (PMA), pero que, en términos generales, y debido a las carencias en las normativas fiscales o a las dificultades para asegurar su aplicación, el potencial de las industrias extractivas para aumentar los ingresos fiscales no se explota correctamente, ya que los acuerdos entre los Gobiernos de los países en desarrollo y las empresas que extraen recursos minerales suelen ser ad hoc y se negocian sin transparencia y sin pautas claras;

D.     Considerando que la existencia de amplios sectores informales en las economías de los países en desarrollo hace prácticamente imposible una imposición de amplio espectro; y que en los países donde un porcentaje elevado de la población vive en la pobreza una parte considerable del PIB no es imponible;

E.     Considerando que unos regímenes fiscales justos, equilibrados, eficaces y transparentes proporcionan a los gobiernos una financiación vital para asegurar los derechos de los ciudadanos a unos servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación universales, y que unas políticas fiscales redistributivas eficaces contribuyen a mitigar el efecto de las crecientes desigualdades sobre las personas más necesitadas;

F.     Considerando que, según la UNCTAD, alrededor de un 30 % de las inversiones empresariales transfronterizas se han canalizado a través de países de tránsito antes de alcanzar su destino como activos productivos;

G.     Considerando que los ingresos fiscales en concepto del impuesto de sociedades representan una parte importante de la renta nacional de los países en desarrollo, por lo que se ven particularmente afectados por la evasión del impuesto de sociedades; y que en los últimos años los países en desarrollo han reducido constantemente los tipos del impuesto de sociedades;

H.     Considerando que los paraísos fiscales y las jurisdicciones opacas que permiten la no divulgación de la información bancaria o financiera, junto con regímenes que aplican impuestos nulos para atraer capital e ingresos que deberían haber sido gravados en otros países, crean una competencia fiscal perjudicial, minan la equidad del sistema fiscal y distorsionan el comercio y las inversiones, y afectan en particular a los países en desarrollo, con una pérdida estimada en 189 000 millones de ingresos fiscales anuales;

I.      Considerando que los impuestos pueden ser una fuente fiable y sostenible de ingresos en los países en desarrollo y ofrecen la ventaja de la estabilidad en comparación con los mecanismos tradicionales de financiación del desarrollo, como los préstamos en condiciones favorables, solamente si existe un régimen fiscal justo, equilibrado, eficaz y transparente, una administración fiscal eficiente y eficaz que fomente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y una utilización transparente y responsable de los recursos públicos;

J.      Considerando que los beneficios potenciales de unas políticas fiscales e impositivas eficaces y transparentes van más allá del incremento de los recursos disponibles para fomentar el desarrollo y que tienen efectos directos positivos sobre la buena gobernanza y la consolidación del Estado, al reforzar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos con vistas al establecimiento de un vínculo recíproco entre impuestos, servicios públicos y sociales y los esfuerzos por impulsar la estabilidad de los presupuestos públicos, fomentando de ese modo una independencia a largo plazo con respecto a la ayuda exterior y permitiendo a los países en desarrollo la posibilidad de responder y rendir cuentas en relación con los objetivos nacionales y asumir la autoría de sus decisiones políticas;

K.     Considerando que la necesidad de aumentar los recursos nacionales se ha vuelto más acuciante debido a la crisis financiera y económica;

L.     Considerando que la cantidad de recursos recaudados por los países en desarrollo mediante la movilización de los recursos nacionales ha ido aumentando a ritmo constante y que se han realizado avances importantes en este ámbito con la ayuda de los donantes internacionales;

M.    Considerando que los países en desarrollo se enfrentan a importantes limitaciones políticas, administrativas y de tipo técnico a la hora de recaudar ingresos fiscales debido a la insuficiencia de los recursos humanos y financieros para llevar a cabo la recaudación de impuestos, una capacidad administrativa débil para hacer frente a la complejidad de la imposición fiscal en relación con las compañías transnacionales, la falta de capacidades y infraestructuras en relación con la recaudación tributaria, la fuga del personal cualificado de las administraciones tributarias, la corrupción, la falta de legitimidad del sistema político, la falta de participación en materia de cooperación fiscal a nivel internacional, una distribución injusta de los ingresos y la mala gobernanza en asuntos fiscales;

N.     Considerando que el contexto mundial actual favorable a la liberalización de los intercambios comerciales y la supresión gradual de las barreras al comercio en los últimos decenios han generado un aumento del comercio transfronterizo de mercancías y, además, dificultades a los países en desarrollo que dependen en gran medida de los impuestos procedentes del comercio, en particular los PMA, para compensar el declive de los impuestos comerciales y adoptar otros tipos de recursos nacionales, en particular una mezcla equilibrada de impuestos;

O.     Considerando que en los últimos años se ha multiplicado el número de convenios en materia tributaria entre los países desarrollado y los países en desarrollo que se han utilizado para reducir la imposición en relación con las transferencias financieras transfronterizas, lo que ha reducido las capacidades de movilización de los recursos nacionales de los países en desarrollo y ha abierto vías para que las empresas multinacionales puedan eludir los impuestos; y que una reciente evaluación del impacto realizada por las autoridades de los Países Bajos llegó a la conclusión de que el sistema fiscal neerlandés facilitaría la elusión de la retención fiscal en origen, lo que generaría unas pérdidas en concepto de dividendos e intereses derivados de la retención en origen en los países en desarrollo que oscilarían entre 150 y 550 millones de euros anuales[11];

P.     Considerando que, comparativamente hablando, los países en desarrollo recaudan mucho menos que las economías avanzadas (con una ratio impuestos/PIB que oscila entre el 10 y el 20 % frente al 30-40 % de las economías de la OCDE) y que se caracterizan por unas bases imponibles sumamente reducidas; y que existe un potencial considerable para incrementar las bases imponibles y aumentar el volumen de los ingresos fiscales a fin de que se pueda disponer de los recursos necesarios para los servicios públicos básicos;

Q.     Considerando que los países en desarrollo han estado intentando atraer inversiones en particular ofreciendo diversos incentivos y exenciones fiscales que no son transparentes ni se guían por una análisis coste-beneficio adecuado y que, a menudo, no atraen inversiones reales y sostenibles, lo que ha situado a unas economías en desarrollo contra otras, pues compiten por ofrecer el tratamiento fiscal más favorable, lo que conlleva resultados insatisfactorios en términos de sistemas tributarios eficaces y eficientes y una competencia fiscal perjudicial;

R.     Considerando que los Estados miembros ya se han comprometido a asignar el 0,7 % de su renta nacional bruta a la asistencia oficial para el desarrollo; que el importe de las ayudas en apoyo de la movilización de recursos nacionales sigue siendo reducido, ya que en 2011 representaba menos del 1 % del total de la asistencia oficial para el desarrollo; y que se calcula que solo un 0,1 % (118,4 millones de USD) de la asistencia oficial para el desarrollo se ha dedicado al desarrollo de capacidades en materia tributaria en 2012;

S.     Considerando que numerosos países en desarrollo ni siquiera llegan a alcanzar el nivel impositivo mínimo necesario para financiar su funcionamiento básico, sus servicios públicos o sus actuaciones de reducción de la pobreza;

T.     Considerando que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BEDR) y las organizaciones de financiación del desarrollo apoyan directamente a las empresas privadas en los países en desarrollo proporcionando préstamos o, indirectamente, apoyando a los intermediarios financieros, como las entidades bancarias comerciales y los fondos de capital de inversión, que, a continuación, invierten en las empresas o les conceden préstamos;

U.     Considerando que los países en desarrollo deberían estar mejor representados en las estructuras y procedimientos de cooperación fiscal a nivel internacional para poder participar en pie de igualdad en la elaboración y al reforma de las políticas fiscales a nivel mundial;

V.     Considerando que el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social que presta especial atención a los países en desarrollo y a los países con economías en transición;

W.    Considerando que la recaudación de recursos públicos suficientes puede desempeñar un papel fundamental en el fomento de sociedades más justas que rechacen la discriminación entre hombres y mujeres y que presten un apoyo especial a los menores y a otros grupos vulnerables;

1.      Pide a la Comisión que presente en el plazo más breve posible un plan de acción ambicioso, en forma de comunicación, para ayudar a los países en desarrollo en su lucha contra la evasión y la elusión fiscales y a establecer unos sistemas impositivos justos, equilibrados, eficaces y transparentes, teniendo en cuenta la labor emprendida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en la preparación de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015, así como el impacto sobre los países en desarrollo de los convenios internacionales en materia tributaria;

2.      Insiste en que la movilización efectiva de los recursos nacionales y el refuerzo de los sistemas fiscales serán factores esenciales para realizar el marco posterior a 2015 que sustituirá a los objetivos de desarrollo del milenio, lo que representa una estrategia viable para, a largo plazo, conseguir superar la dependencia de la ayuda exterior, así como que unos sistemas fiscales eficaces y justos revisten una importancia fundamental para la reducción de la pobreza, la lucha contra las desigualdades, la buena gobernanza y la consolidación del Estado; recuerda que ciertas actividades económicas transnacionales han tenido repercusiones sobre la capacidad de los países para generar recursos públicos nacionales y la elección de su estructura fiscal, mientras que el incremento de la movilidad de los capitales, junto con el recurso a los paraísos fiscales, ha alterado considerablemente las condiciones de la imposición; manifiesta, asimismo, su preocupación por el nivel de corrupción y de falta de transparencia de la administración pública, lo que constituye un obstáculo a la inversión de los ingresos fiscales en la consolidación del Estado y en infraestructuras y servicios públicos;

3.      Observa que los recursos fiscales siguen siendo bajos en relación con el PIB en la mayoría de los países en desarrollo, lo que les hace especialmente vulnerables a la evasión fiscal y a las actividades elusivas de los contribuyentes y empresas; subraya que esto representa una pérdida financiera considerable para los países en desarrollo que promueve la corrupción y repercute negativamente sobre la política de desarrollo de la UE, y que la adopción de medidas adecuadas a nivel nacional, de la UE y a escala internacional para luchar contra estas prácticas debe ser una prioridad absoluta para la UE y sus Estados miembros, teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones a las que deben hacer frente los países en desarrollo para tener acceso a sus ingresos fiscales; considera que la UE debería asumir un papel protagonista en la conducción de los esfuerzos internacionales en materia de lucha contra los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscales, predicando con el ejemplo; y que debería cooperar con los países en desarrollo para contrarrestar las prácticas de evasión fiscales agresivas adoptadas por algunas empresas transnacionales, así como en la búsqueda de formas para ayudarlos a resistir presiones para adoptar medidas en materia de competencia fiscal;

Plan de acción para luchar contra la elusión y la evasión fiscales en los países en desarrollo

4.      Insta a la Comisión a que adopte medidas concretas y eficaces para apoyar a los países en desarrollo y a los marcos de cooperación regional de las administraciones tributarias, como el Foro Africano de Administración Tributaria y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en la lucha contra la evasión y elusión fiscales, el desarrollo de unas políticas fiscales justas, equilibradas, eficaces y transparentes, la promoción de reformas administrativas y el refuerzo de la cuota, en términos de ayudas y desarrollo, de la asistencia financiera y técnica a las administraciones tributarias nacionales de los países en desarrollo; considera que esta ayuda debería prestarse para reforzar las autoridades judiciales y los órganos de lucha contra la corrupción en estos países; pide que se pongan en común los conocimientos del sector público de los Estados miembros y de los países beneficiarios, con el objetivo de mejorar las actividades de cooperación mientras generan unos resultados concretos acordados previamente en favor de los países beneficiarios; expresa su apoyo a la organización de talleres, sesiones de formación, misiones de expertos, visitas de estudio y el asesoramiento;

5.      Pide a la Comisión que asigne a la buena gobernanza en materia fiscal y a la recaudación tributaria justa, equilibrada, eficaz y transparente, un puesto destacado en la agenda de su diálogo político (en materia de política, desarrollo y comercio) y en todos los acuerdos de cooperación al desarrollo con los países socios, reforzando la apropiación y rendición de cuentas a nivel nacional mediante el fomento de un entorno en el que los Parlamentos nacionales puedan contribuir significativamente a la elaboración y supervisión de los presupuestos nacionales, también en relación con los recursos nacionales y los asuntos fiscales, y apoyando el papel de la sociedad civil para garantizar el control público de la gestión tributaria y el seguimiento de los casos de fraude fiscal creando, por ejemplo, sistemas eficaces para la protección de los denunciantes y de las fuentes periodísticas;

6.      Pide que la información sobre la titularidad efectiva de las empresas, los fideicomisos y otras entidades jurídicas se haga pública con carácter de urgencia en formatos de datos de libre acceso, para evitar que sociedades ficticias anónimas y estructuras jurídicas similares sean utilizadas para blanquear capitales, financiar actividades ilegales o terroristas, ocultar la identidad de individuos corruptos y criminales y encubrir el robo de dinero público y de los beneficios procedentes del tráfico ilegal y la evasión fiscal; considera, por otra parte, que, como mínimo, todos los países deberían adoptar y aplicar plenamente las recomendaciones contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera (GAFI);

7.      Pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen el principio según el cual las multinacionales de todos los países y sectores —y especialmente aquellas que extraen recursos naturales— deben publicar, por norma, la información desglosada por países, lo que les obligaría a publicar en su informe anual para cada territorio en el que operan, desglosados por países, los nombres de todas sus filiales, el rendimiento financiero de estas, información fiscal relevante, activos y número de empleados, así como a garantizar que esta información tenga carácter público, al mismo tiempo que minimizan las cargas administrativas sobre la base de la exclusión de las microempresas; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa dirigida a modificar en consecuencia la Directiva contable; recuerda que la transparencia en los asuntos públicos es vital para reconfigurar el sistema impositivo vigente y fomentar la confianza de los ciudadanos; pide a la OCDE que recomiende que todas las empresas multinacionales hagan pública su propuesta de plantilla para la información desglosada por países con el fin de garantizar que todas las autoridades fiscales de todos los países tengan acceso a una información completa, de tal manera que puedan evaluar los riesgos asociados a los precios de transferencia y determinar la forma más efectiva para desplegar los recursos de auditoría; hace hincapié en que las exenciones y ventajas fiscales concedidas a los inversores extranjeros mediante convenios fiscales bilaterales proporcionan a las empresas multinacionales una ventaja competitiva injusta frente a las empresas nacionales, en particular las pymes;

8.      Pide que se revisen las condiciones y las normativas fiscales que constituyen el marco operativo de las industrias extractivas; pide a la UE que refuerce su asistencia dirigida a los países en desarrollo en apoyo del objetivo de gravar adecuadamente la extracción de recursos naturales, reforzando la posición negociadora de los Gobiernos de los países de acogida para mejorar el rendimiento de su base de recursos naturales y estimular la diversificación de sus economías; expresa su apoyo a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) y su extensión a las empresas productivas y a las empresas que comercian con materias primas;

9.      Acoge con satisfacción la adopción de un Mecanismo de Intercambio de Información Automático, una herramienta fundamental para mejorar la transparencia y la cooperación mundial en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales; reconoce, no obstante, la necesidad de continuar prestando ayuda en términos de finanzas, conocimientos técnicos y tiempo para que los países en desarrollo puedan desarrollar la capacidad necesaria para poder enviar y elaborar la información; destaca, por tanto, la importancia de garantizar que la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la OCDE incluya un período de transición para los países en desarrollo, reconociendo que, al conferir un carácter recíproco a dicha norma, los países que no disponen de los recursos y las capacidades para establecer la infraestructura necesaria para compilar, gestionar y compartir la información exigida podrían quedar excluidos en la práctica; considera, además, que debería contemplarse la posibilidad de establecer una norma única en materia de confidencialidad;

10.    Pide que antes de que finalice 2015 se adopte una definición global del concepto de «paraíso fiscal», se establezcan sanciones para los operadores que los utilizan y que se elabore una lista negra de los países, incluidos los Estados miembros de la UE, que no luchan contra la evasión fiscal o la aceptan; pide a la UE que apoye la reconversión económica de los países en desarrollo que se utilizan como paraísos fiscales; pide a los Estados miembros con dependencias y territorios que no forman parte de la Unión que trabajen con las administraciones de estas zonas para que adopten los principios de transparencia fiscal, y velen por que no se utilicen como paraísos fiscales;

11.    Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que velen por que en las negociaciones de convenios fiscales y de inversión con los países en desarrollo se vele por que los ingresos o los beneficios resultantes de las actividades transfronterizas se sometan a imposición en el país de origen en el que se extrae o crea su valor; pone de relieve, en este contexto, que la Convención modelo de las Naciones Unidas garantiza una distribución justa de los derechos impositivos entre los países de origen y de residencia; destaca que, al negociar convenios fiscales, la Unión Europea y sus Estados miembros deben respetar el principio de coherencia de la política en el ámbito del desarrollo establecido en el artículo 208 del TFUE;

12.    Insta a la Comisión y a todos los Estados miembros, siguiendo el ejemplo de algunos de ellos, a llevar a cabo evaluaciones de impacto de las políticas fiscales europeas en los países en desarrollo y a intercambiar las buenas prácticas, para reforzar la coherencia de las políticas en materia de desarrollo y mejorar las prácticas existentes, así como tener mejor en cuenta los efectos negativos indirectos sobre los países en desarrollo y sus necesidades especiales; acoge con satisfacción, en este contexto, el Plan de acción revisado de la Comisión sobre evasión y elusión fiscales, que se presentará en 2015, e insta a los Estados miembros a que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre una base imponible consolidada común en relación con el impuesto sobre sociedades (BICCIS);

13.    Apoya firmemente el actual abanico de iniciativas internacionales dirigidas a reformar el sistema global, incluida la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE, con un enfoque centrado en una mayor participación de los países en desarrollo en las estructuras y los procedimientos de cooperación fiscal internacional; insta a la UE y a los Estados miembros a que garanticen que el Comité en cuestiones de tributación de Naciones Unidas se transforme en un verdadero organismo intergubernamental, mejor dotado y que cuente con recursos adicionales suficientes, en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforme de las políticas fiscales a escala mundial; pone de relieve que sanciones deberían preverse sanciones tanto para las jurisdicciones no cooperativas como para las entidades financieras que operen en los paraísos fiscales;

14.    Destaca que cuando los recursos públicos son suficientes pueden contribuir a reequilibrar la desigualdad de género y ayudar mejor a los menores y a los grupos vulnerables de la sociedad, y reconoce que, si bien la evasión fiscal afecta al bienestar de las personas, es especialmente perjudicial para los hogares pobres y con bajos niveles de renta, en muchos de los cuales las mujeres están representadas de forma desproporcionada;

15.    Observa con preocupación que muchos países en desarrollo se encuentran en una posición de negociación muy débil ante algunos inversores extranjeros directos; considera que las empresas tendrían que asumir compromisos concretos en términos de efectos positivos indirectos de sus inversiones en el desarrollo socioeconómico a nivel local y/o nacional en el país de acogida; pide a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos asociados que velen por que los incentivos fiscales no representen posibilidades adicionales para la evasión fiscal; destaca que los incentivos deberían ser más transparentes y orientarse preferentemente en el fomento de las inversiones en favor de un desarrollo sostenible;

16.    Pide al BEI y al BERD, así como a las organizaciones de financiación del desarrollo, que controlen y velen por que las empresas y otras entidades jurídicas que reciben su apoyo no practican la evasión y la elusión fiscales mediante la interacción con intermediarios financieros establecidos en centros financieros extraterritoriales y en paraísos fiscales o facilitando flujos de capitales ilícitos, así como que refuercen sus políticas de transparencia, por ejemplo haciendo públicos todos sus informes e investigaciones; pide al BEI que actúe con la debida diligencia, exigiendo informes anuales desglosados por países, determinando la titularidad real de los beneficiarios y asegurando la verificación de los precios de transferencia con vistas a garantizar la transparencia de sus inversiones y prevenir la evasión y la elusión fiscales;

17.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

• [1]  http://www.un.org/esa/ffd/tax/
• [2]  http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateSp.pdf
• [3]  DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
• [4]  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205.
• [5]  DO C 199 E de 7.7.2012, p. 37.
• [6]  DO C 341 E de 16.12.2010, p. 29.
• [7]  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
• [8]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0163.
• [9]  Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
• [10]  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0251.
• [11]  «Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries», estudio encargado por la Dirección de Evaluación de Políticas y Operaciones del ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, noviembre de 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Comprender la movilización de ingresos de los recursos nacionales en los países en desarrollo

¿Por qué es importante la movilización de ingresos?

Los recursos nacionales son y seguirán siendo la fuente de financiación más importante para los países en desarrollo. Pero, si bien es cierto que su peso relativo en la composición del PIB ha aumentado durante el último decenio, la ratio impuestos/PIB sigue siendo demasiado baja en los países en desarrollo: en comparación, los países en desarrollo obtienen considerablemente menos ingresos que las economías avanzadas. En los países de renta baja, la ratio impuestos/PIB oscila entre el 10 % y el 20 %, y en muchos de ellos no alcanza el 15 % (que se considera generalmente el umbral por debajo del cual los gobiernos tienen dificultades para financiar sus funciones y servicios básicos). En las economías de la OCDE, este ratio se sitúa entre el 30 y el 40 %. Los expertos coinciden en que el potencial para incrementar la recaudación de impuestos es considerable: según cálculos de Oxfam relativos a 52 países en desarrollo, se podrían movilizar 269 000 millones USD adicionales para financiar servicios públicos si se mejorara de forma significativa la recaudación de impuestos. Por este motivo es fundamental que la recaudación nacional de impuestos sea más predecible, sólida y estable, y que todos los sectores de la sociedad —personas físicas y jurídicas— contribuyan con arreglo a sus recursos.

¿Qué problemas se plantean con los sistemas actuales?

    Comercio: En los países en desarrollo, una parte desproporcionada de los recursos públicos procede del comercio, que es comparativamente fácil de gravar, pero expone a los presupuestos a la variabilidad de los precios de las materias primas, y no ofrece demasiados márgenes para incrementar los ingresos fiscales. Los países en desarrollo tienen dificultades para compensar el declive de los impuestos comerciales resultante del actual contexto mundial de liberalización comercial y adoptar otros recursos nacionales.

    La economía informal: La economía informal limita las posibilidades de movilizar los ingresos, sobre todo en los países en desarrollo, donde está ampliamente implantada, tanto en zonas urbanas como rurales. El coste administrativo de llegar al sector informal puede ser muy elevado, en la medida en que, por sus características, este sector de la economía no es detectado por los recaudadores y, cuando el mismo es de gran tamaño, una fiscalización de amplio espectro de los ingresos pasa a ser casi imposible.

    Condicionantes de tipo político: Es probable que los grupos de interés socioeconómicos presionen a los gobiernos para obtener ventajas fiscales y que ejerzan una influencia continua sobre los funcionarios que trabajan en el ámbito de la política fiscal y la administración, promoviendo de ese modo la corrupción.

    Condicionamientos administrativos: La capacidad de las administraciones fiscales para aplicar la ley y garantizar su cumplimiento es variable. En particular, cuando los países necesitan imponer impuestos a las empresas multinacionales, la complejidad de la tarea puede convertirse en un importante obstáculo para los países en desarrollo. Otros ejemplos de los desafíos con los que se ven confrontados los países en desarrollo son la fuga de personal cualificado de las administraciones fiscales a las organizaciones internacionales o a empresas del sector privado, las carencias de la infraestructura de recaudación de impuestos y la necesidad de actualización de los sistemas informáticos.

    Limitaciones económicas: La base impositiva de muchos países en desarrollo es a menudo modesta. En países donde gran parte de la población vive en la pobreza, una elevada proporción del PIB no es imponible. Debido a su escaso desarrollo económico, el sector industrial en estos países suele estar infradesarrollado, mientras que el agrícola es de gran tamaño, siendo más fácil recaudar impuestos del primero que del segundo.

    Competición a la baja: En los últimos años, los Gobiernos de los países en desarrollo han bajado continuamente los tipos del impuesto de sociedades y ofrecido diversos incentivos y exenciones fiscales para atraer a inversores y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, se ha demostrado que estos incentivos no son un motor importante de la inversión extranjera. Por lo tanto, este tipo de prácticas enfrentan a unas economías con otras, en una lucha por ofrecer el trato fiscal más ventajoso. Esta competición a la baja resulta más beneficiosa para las multinacionales que para los países en desarrollo.

    Industrias extractivas: Las cuestiones relacionadas con la manera en que los ingresos obtenidos se distribuyen entre inversores y gobiernos son cruciales para los países en desarrollo. El tratamiento fiscal de las inversiones mineras varía considerablemente de un país a otro, y los acuerdos suelen ser ad hoc y poco transparentes, y se negocian directamente entre los responsables políticos y las empresas al margen del sistema tributario y sin unas directrices claras. Existe un elevado potencial de corrupción y de que la cuota de participación en los ingresos disminuya.

¿Qué consecuencias se derivan de ello?

Por flujos financieros ilícitos se entienden todos los flujos financieros privados no consignados de salida de capitales adquiridos, transferidos o utilizados de manera ilegal. En 2011, los flujos financieros ilícitos ocasionaron a los países en desarrollo pérdidas por valor de más de 630 000 millones de dólares, equivalentes al 4,3 % de su PIB (con particular incidencia en los países de renta baja). Los flujos ilícitos son solo una de las vías por las que los países en desarrollo pierden ingresos fiscales procedentes de las empresas. Otro problema serio es la elusión fiscal abusiva, es decir, la elusión de impuestos por las empresas a través de complejas estructuras internas o de los resquicios de la legislación fiscal. La tributación de los beneficios de las empresas ha ido descendiendo en todo el mundo. Esta evolución repercute en particular sobre los países en desarrollo, que dependen en gran medida de la fiscalidad de las empresas: los ingresos en concepto de los impuestos que pagan las empresas representan una parte importante de sus ingresos nacionales.

La literatura y los datos sobre el tema son escasos, y ello se debe en particular a que la evasión y la elusión fiscales son difíciles de cuantificar. ONE calcula, a grandes rasgos, que 1 billón de USD se sacan cada año de los países en desarrollo a través de una red de actividades corruptas, entre las que figuran operaciones opacas sobre recursos naturales, el uso de sociedades ficticias anónimas, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal ilegal. Global Financial Integrity ha calculado que, entre 2003 y 2012, el mundo en desarrollo perdió unos 6,6 billones de USD como consecuencia de los flujos financieros ilícitos. Oxfam ha informado de que la deuda fiscal acumulada por las empresas en los países en desarrollo podría elevarse a 104 billones de USD al año. ActionAid ha calculado que la brecha tributaria en los países en desarrollo (la diferencia entre los impuestos efectivamente recaudados y los previstos), debida a la elusión y la evasión fiscales, se eleva típicamente al 20 %.

Modalidades relevantes de evasión fiscal en los países en desarrollo:

     Declaraciones inexactas, o no declaración, de la renta de las personas físicas o de los beneficios de las empresas, con miras a eludir el impuesto sobre la renta u otras obligaciones fiscales.

     Manipulación de precios comerciales mediante facturas falsas entre exportadores e importadores en connivencia, sirve como manera común de transferir dinero ilegalmente de un país en desarrollo a cuentas financieras en el extranjero, con la finalidad de eludir impuestos.  

     La defraudación del IVA, por medio de declaraciones falsas sobre transacciones económicas sujetas a IVA.

     Soborno de funcionarios fiscales.

Modalidades relevantes de elusión fiscal en los países en desarrollo:

    Transferencia de beneficios: se refiere al aprovechamiento legal de las lagunas de la legislación fiscal. Un ejemplo típico es que las autoridades fiscales tratan a las empresas multinacionales como entidades independientes. La transferencia de beneficios se puede efectuar manipulando los precios de transferencia o explotando los préstamos entre empresas del grupo. Aparte de eso, las multinacionales pueden alterar los precios de transferencia para reducir la carga fiscal global del grupo manipulando la asignación de los beneficios en determinadas jurisdicciones de elevada y de baja fiscalidad.

    La ubicación deliberada de determinados activos intangibles (patentes, marcas registradas y derechos de autor) ofrece a las multinacionales la oportunidad de optimizar su deuda tributaria global dentro del marco legal.

    En ciertas circunstancias (nepotismo, corrupción, escasa transparencia), los incentivos y las exenciones fiscales adquieren el cariz de « evasión fiscal con carta de naturaleza ». Los incentivos fiscales no solo permiten a las empresas extranjeras evitar impuestos, sino que pueden dar lugar actividades de evasión fiscal para las empresas nacionales, mediante la redenominación de las inversiones domésticas como inversión extranjera directa la ida y vuelta de fondos (round-tripping), o vendiendo empresas a filiales disfrazadas de nuevos inversores con miras a acogerse a una moratoria fiscal que solo se otorga a nuevos inversores (double-dipping).

II. Análisis de las soluciones existentes a escala mundial

Convenios fiscales entre países desarrollados y países en desarrollo

Los convenios fiscales, elementos clave del ordenamiento fiscal internacional, también pueden agravar el problema de la pérdida de ingresos fiscales. Pensados para evitar la doble imposición, los convenios bilaterales definen el reparto de derechos fiscales entre ambos países signatarios. Por lo que se refiere a los convenios fiscales bilaterales entre un país desarrollado y un país en desarrollo, existe una inquietud generalizada de que los países desarrollados logran proteger sus intereses mejor que los países en desarrollo. En segundo lugar, en la medida en que se utilicen para aminorar la tributación en las transferencias financieras transfronterizas, los convenios fiscales se convierten para las empresas transnacionales en un instrumento clave para transferir sus beneficios de los países en los que han sido obtenidos a jurisdicciones donde las multinacionales pagan menos impuestos o están exentas.

En su mayoría, los convenios fiscales mundiales están basados en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que establece un marco de definición del reparto de derechos fiscales entre gobiernos y empresas que tienen su sede en un país (el «país de la sede», generalmente un país desarrollado) pero operan en otro (el «país de obtención», en muchos casos un país en desarrollo). Partiendo de la base de que el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE tiende a favorecer al país de la sede de la empresa (es decir, un país de la OCDE), se ha desarrollado bajo los auspicios de las Naciones Unidas un Modelo de Convenio Tributario alternativo, cuya finalidad consiste en promover un reparto de derechos fiscales más equilibrado. Sin embargo, muchos países desarrollados siguen insistiendo en utilizar el Modelo de la OCDE en sus negociaciones con países en desarrollo.

Acción a escala global: Plan de Acción BEPS - OCDE

El Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), propuesto por la OCDE y aprobado por el G20, se propone redefinir las normas fiscales internacionales para poner coto a las actividades de transferencia de beneficios y asegurar que las empresas paguen sus impuestos en el lugar donde se realiza la actividad económica y se genera valor añadido. Habida cuenta de la fuerte dependencia de los países en desarrollo de la tributación de las empresas, el proceso puede ser muy beneficioso para ellos. No obstante, por varias razones, en su estado actual este proceso no desembocará en un sistema fiscal mundial más progresivo, ni beneficiará a los países en desarrollo.

    El BEPS tiene un ámbito de aplicación demasiado reducido, y se centra en exceso en los intereses de los países ricos (miembros de la OCDE). Su plan de 15 acciones no aborda una serie de preocupaciones fundamentales (el problema de los incentivos fiscales, por ejemplo), y los progresos en los capítulos más importantes para los países en desarrollo son aún muy lentos.

    Como el plan se ha diseñado, en particular, para los países desarrollados, los países en desarrollo no disponen de los instrumentos legislativos necesarios para actuar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Tienen dificultades a la hora de crear las capacidades necesarias para aplicar unas normas que son muy complejas y hacerlas valer con respecto a las multinacionales, y en muchos casos su acción se ve entorpecida por la falta de información.

En términos de gobernanza, la OCDE solo es responsable ante sus miembros, y el proceso BEPS no logra garantizar la adecuada representación y responsabilidad. Los países en desarrollo han sido consultados, pero las consultas sobre determinados aspectos colaterales no suplen la falta de oportunidades para una participación en pie de igualdad.

La necesidad de un plan de acción en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales en los países en desarrollo

Habida cuenta de la importancia de una mejor movilización de los recursos nacionales y de los problemas de los países en desarrollo para abordar la evasión y elusión fiscales, la ponente propone una serie de recomendaciones claras con miras a que el Parlamento Europeo las haga suyas y las defienda de cara a la Conferencia sobre la Financiación del Desarrollo que tendrá lugar en Adís Abeba, habida cuenta del amplio espectro de iniciativas internacionales existentes para reformar el sistema fiscal mundial.

Entre ellas figura la de reforzar la asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo y los marcos de referencia de las administraciones fiscales de la respectiva zona; la adopción de soluciones eficaces para mejorar la transparencia y la cooperación en la lucha contra la elusión fiscal, como el Mecanismo de Intercambio de Información Automático y los informes por países, teniendo en cuenta las necesidades y los condicionamientos de los países en desarrollo. un análisis, a nivel de la UE y de los Estados miembros, del impacto de las políticas fiscales en los países en desarrollo; la preservación de los derechos fiscales de los países donde se genera el beneficio cuando se negocian convenios fiscales, y la creación de un organismo verdaderamente intergubernamental que permita a los países en desarrollo participar en pie de igualdad en la reforma mundial de las normas fiscales internacionales.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS(*) (8.5.2015)

para la Comisión de Desarrollo

sobre la evasión fiscal y el fraude fiscal: retos para la gobernabilidad, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo
(2015/2058(INI))

                      Ponente de opinión (*): Hugues Bayet

                      (*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Reitera la apremiante necesidad de que tanto los países en desarrollo como los países desarrollados graven los beneficios donde se realizan las actividades económicas; subraya que también es pertinente cuando se negocien convenios fiscales con países en desarrollo;

2.  Saluda la labor realizada, en especial en el marco de la OCDE, para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus regímenes tributarios y luchar contra el fraude y la evasión fiscales y los flujos financieros ilícitos;

3.  Manifiesta su preocupación por el nivel de corrupción y de falta de transparencia de la administración pública de muchos países en desarrollo, lo que constituye un obstáculo a la inversión de los ingresos fiscales en la consolidación del Estado y en infraestructuras y servicios públicos;

4.  Pide a los Estados miembros que acuerden rápidamente una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) que inicialmente sería obligatoria para las sociedades y las sociedades cooperativas europeas y, posteriormente, para el resto de empresas excepto para las microempresas y las pymes, tal como se contempla en la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 2012, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)[1];

5.  Reitera la necesidad de elaborar, para finales de 2015, una lista negra de los paraísos fiscales y los países que distorsionan la competencia mediante condiciones fiscales favorables, incluyendo también a los que sean miembros de la UE; opina que la definición de paraíso fiscal debe incluir, como mínimo, los criterios establecidos por la OCDE junto con los siguientes: establecimiento de medidas fiscales que supongan la no aplicación de impuestos o la aplicación de impuestos simbólicos, ausencia de intercambio de información eficaz con autoridades fiscales extranjeras y falta de transparencia en las disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas, o concesión de ventajas incluso sin actividad económica real ni presencia económica sustancial en el país que conceda tales ventajas fiscales; pide asimismo que se elabore una definición a escala internacional (por ejemplo, las Naciones Unidas);

6.  Pide a los Estados miembros con dependencias y territorios que no forman parte de la Unión que colaboren con esas entidades en favor de la adopción de los principios de transparencia fiscal, y que garanticen que no sirven de paraísos fiscales;

7.  Pide a la Comisión que ponga en marcha un programa similar a Fiscalis y Hércules para ayudar a los países en desarrollo a crear capacidades para luchar contra el fraude fiscal, la corrupción, la evasión fiscal y la planificación fiscal abusiva, debiendo incluir dicho programa concretamente una asistencia técnica para la formación en el ámbito de los recursos humanos y el desarrollo de estructuras administrativas; destaca que la asistencia se debe prestar de modo transparente;

8.  Pide a la Comisión que elabore nuevas iniciativas para promover la buena gobernanza en materia fiscal en terceros países, afrontar la planificación fiscal abusiva y las deficiencias en materia de doble (no) imposición, y luchar contra los regímenes fiscales artificiales; señala que los acuerdos de doble (no) imposición entre Estados miembros y terceros países deben basarse en normas comunes; insiste en que no deberían celebrarse acuerdos de doble (no) imposición con paraísos fiscales ni con jurisdicciones no cooperadoras;

9.  Pide a los organismos de la UE que no colaboren con las jurisdicciones consideradas no cooperadoras en cuestiones fiscales, o con las empresas condenadas por fraude fiscal, evasión de impuestos o planificación fiscal abusiva, por ejemplo velando por que instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) dejen de cooperar a través de sus intermediarios financieros con las jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal que adopten medidas fiscales que supongan la no aplicación de impuestos o la aplicación de impuestos simbólicos, una falta de intercambio eficaz de información con las autoridades fiscales extranjeras y una falta de transparencia en las disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas, y comprometiéndose a no conceder financiación de la UE a empresas condenadas por fraude fiscal, evasión fiscal o planificación fiscal abusiva;

10. Recuerda el compromiso de los Estados miembros en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio de destinar cuanto antes el 0,7 % de su PIB a la ayuda oficial al desarrollo;

11. Pide a la Comisión que coopere plenamente con la OCDE, el G20 y los países en desarrollo para hacer frente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y que informe periódicamente al Parlamento y al Consejo sobre los progresos realizados; acoge positivamente el futuro Plan de acción revisado de 2015 de la Comisión sobre la evasión fiscal y la elusión fiscal, y pide a la Comisión que presente una directiva de la UE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

12. Pide que, al aplicar la nueva norma mundial, se ejecuten proyectos piloto sobre el intercambio automático de información fiscal con los países en desarrollo durante un periodo de transición no recíproco ;

13. Pide asimismo a la Comisión que proponga modificaciones del Derecho de sociedades de la UE al objeto de prohibir de forma eficaz las empresas fantasma y similares mediante, por ejemplo, el establecimiento de requisitos para que demuestren fehacientemente su actividad mercantil y restricciones a la multiplicidad de cargos directivos;

14. Acoge con satisfacción la iniciativa de la OCDE de «Inspectores de hacienda sin fronteras», y pide a la Comisión y a los Estados miembros que participen en ese proyecto;

15. Subraya la necesidad apremiante de llevar a cabo un estudio de impacto de los convenios fiscales internacionales y analizar los efectos indirectos de los regímenes del impuesto de sociedades de los Estados miembros y de los convenios fiscales bilaterales entre estos y los países en desarrollo, basándose en los principios y la metodología de los estudios llevados a cabo anteriormente por el Fondo Monetario Internacional; pide además que se haga una evaluación de impacto de las políticas fiscales nacionales y de sus entidades instrumentales y estructuras jurídicas similares;

16. Pide a los países miembros de la OCDE que elaboren un código de conducta para sus Gobiernos, con el fin de garantizar una gestión eficaz de los sistemas fiscales, sobre la base de un análisis de la labor que lleva a cabo el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) de la UE;

17. Subraya que es posible reducir el margen de ingeniería fiscal de las empresas mediante, por ejemplo, normas vinculantes a escala mundial, consiguiéndose con ello que prácticas como las consistentes en desviar beneficios o disminuirlos artificialmente dejen de ser de utilidad;

18. Pide a todos los Estados miembros que apoyen la inclusión de la lucha contra el fraude fiscal en el programa de desarrollo posterior a 2015;

19. Pide a los Estados miembros que intercedan en favor de un intercambio automático y obligatorio de información entre autoridades fiscales nacionales a escala mundial;

20. Pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen el principio según el cual las multinacionales deben, por norma, comunicar la información desglosada por países en todos los sectores y en todos los países, publicándola como parte de su informe anual, pero que al mismo tiempo minimicen las cargas administrativas excluyendo a las pymes;

21. Pide la creación de un órgano fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas para garantizar que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la formulación y reforma de las políticas fiscales mundiales;

22. Pide la rápida aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales y el Reglamento relativo a las transferencias de fondos; estima, sin embargo, que queda margen de mejora e insta a los Estados miembros a aprovechar la flexibilidad disponible, prevista concretamente en la mencionada Directiva, en favor de una utilización sin restricciones de los registros públicos y que permita acceder a información relevante sobre titularidad en relación con empresas, fideicomisos, fundaciones y otras personas jurídicas;

23. Celebra que el paquete de medidas de transparencia fiscal de la Comisión contenga el compromiso de llevar a cabo una evaluación del impacto de la posibilidad de hacer públicos informes desglosados por países para todos los sectores económicos; subraya la necesidad de examinar no solo los costes que entrañaría la publicación de informes desglosados por países, sino también los beneficios que reportaría a los países en desarrollo y a los países europeos; recuerda que la transparencia en los asuntos públicos es vital para reconfigurar el sistema impositivo vigente y fomentar la confianza de los ciudadanos; anima enérgicamente a la Comisión a que garantice que esta información sea pública.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	6.5.2015
Resultado de la votación final	+: –: 0:	43 2 5
Miembros presentes en la votación final	Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni
Suplentes presentes en la votación final	Isabella De Monte, Marian Harkin, Eva Joly, Eva Kaili, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Tomc, Beatrix von Storch

• [1]  DO C 258 E de 7.9.2013, p. 134.

VOTACIÓN FINAL NOMINAL

A favor 24	PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská   S-D: Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira   ECR: Bernd Lucke   ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen   GUE/NGL: Dennis De Jong, Miguel Urbán Crespo   Verts/ALE:Heidi Hautala, Maria Heubuch   EFDD: Ignazio Corrao
En contra 0
Abstenciones 0

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	1.6.2015
Resultado de la votación final	+: –: 0:	24 0 0
Miembros presentes en la votación final	Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská
Suplentes presentes en la votación final	Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig
Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final	Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong