Procedimiento : 2014/2205(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0043/2016

Textos presentados :

A8-0043/2016

Debates :

PV 14/04/2016 - 5
CRE 14/04/2016 - 5

Votaciones :

PV 14/04/2016 - 7.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0137

INFORME     
PDF 381kWORD 187k
26.2.2016
PE 541.481v02-00 A8-0043/2016

sobre el sector privado y el desarrollo

(2014/2205(INI))

Comisión de Desarrollo

Ponente: Nirj Deva

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores
 OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el sector privado y el desarrollo

(2014/2205(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» (COM(2014)0263), y las Conclusiones del Consejo al respecto de 23 de junio de 2014 y de 12 de diciembre de 2014,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» (COM(2015)0044),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092), y las Conclusiones del Consejo al respecto de 25 de junio de 2013,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637), y las conclusiones del Consejo al respecto de 14 de mayo de 2012,

–  Visto el Plan de acción para la inversión privada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuesto en el Informe de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo 2014(1),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014,sobre el fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(3),

–  Vista su resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo(4), y especialmente su llamamiento a la alineación del sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible;

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo(5),

–  Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a las actividades de la Plataforma de financiación combinada de la UE para la cooperación exterior, desde su creación hasta finales de julio de 2014 (COM(2014)0733),

–  Vistos la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de 2 de marzo de 2005, y el Programa de Acción de Accra (PAA), de 4 de septiembre de 2008,

–  Visto el Informe Especial n.º 16/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La eficacia de la combinación de subvenciones regionales del mecanismo de inversión con préstamos de las instituciones financieras para apoyar las políticas exteriores de la UE»,

–  Vista la Alianza de Busan por una Cooperación Eficaz para el Desarrollo, de 1 de diciembre de 2011(6), en particular su apartado 32, que hace referencia a la necesidad de reconocer «la función esencial del sector privado en la promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza»,

–  Vistas la Declaración conjunta sobre la cooperación entre los sectores público y privado(7), y la Asociación por la Prosperidad(8) surgida del bloque «sector privado» de Busan,

–  Visto el documento final titulado «El futuro que queremos» de la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los días 20 a 22 de junio de 2012(9),

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos(10),

–  Vistos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales: complementariedades y contribuciones específicas(11),

–  Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD(12),

–  Vista la estrategia de desarrollo del sector privado 2013-2017 del Grupo del Banco Africano de Desarrollo («Apoyo a la transformación del sector privado en África»)(13),

–  Vista la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social(14),

–  Vista la Declaración de Lima de la ONUDI: Hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible

(15),

–  Visto el Programa de Trabajo Decente de la OIT,

–  Visto el artículo 9, apartado 2, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se establece la obligación de asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad(16),

–  Vista la Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas (COM(2011)0681),

–  Vistos el marco de desarrollo posterior a 2015, que considera al sector privado como el principal socio ejecutor, y su papel en la transición a la economía verde,

–  Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra de 2010(17),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0043/2016),

A.  Considerando que el papel del sector público es fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); considerando que el sector privado es el motor de la creación de empleo y del crecimiento económico en todas las economías de mercado, generando el 90 % de los empleos e ingresos en los países en desarrollo; que, según las Naciones Unidas, el sector privado representa el 84 % del PIB en los países en desarrollo y puede ser una base sostenible para la movilización de los recursos nacionales, lo que conduce a una menor dependencia de la ayuda, siempre que esté regulado adecuadamente, se ajuste a los principios de los derechos humanos y a las normas medioambientales, y que se vincule a mejoras concretas a largo plazo en la economía nacional, el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades;

B.  Considerando que el índice de pobreza humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 1 200 millones de personas ganan menos de 1,25 dólares al día; que la desigualdad va en aumento y es una de las principales amenazas para la estabilidad mundial;

C.  Considerando que existe una clara correlación entre el desarrollo de un sector manufacturero fuerte y la reducción de la pobreza: un aumento del 1 % en el valor añadido en la industria manufacturera (VAM) per cápita disminuye en casi un 2 % el número de personas en situación de pobreza(18);

D.  Considerando que se necesitan importantes inversiones, calculándose que los fondos necesarios en los países en desarrollo ascienden a 2,4 billones de dólares anuales más de lo que se gasta en la actualidad; que la financiación privada puede complementar, pero no sustituir a la financiación pública;

E.  Considerando que las Naciones Unidas declararon 2012 Año Internacional de las Cooperativas con el fin de poner de relieve su papel a la hora de garantizar el desarrollo, empoderar a las personas, fortalecer la dignidad humana y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM); considerando que a nivel mundial el sector cooperativo tiene unos 800 millones de miembros en más de 100 países y que se estima que representa más de 100 millones de puestos de trabajo;

F.  Considerando que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, que constituyen la columna vertebral de todas las economías de mercado, están sometidas a una carga normativa mucho mayor en los países en desarrollo que en la Unión, y que la mayoría de ellas operan en la economía informal, que se encuentra a merced de la volatilidad y en la que se les priva de protección jurídica, de derechos laborales y de acceso a financiación; que, según el informe del Banco Mundial titulado «Doing Business» (Haciendo negocios), de 2014, los países más pobres son de hecho los que sufren la mayor cantidad de cargas reglamentarias(19);

G.  Considerando que la industrialización (especialmente a través del desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes) y las pequeñas y medianas empresas industriales (PMEI)) es un motor del bienestar y el desarrollo;

H.  Considerando que la Declaración de 1986 de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo define el desarrollo como un derecho humano fundamental; que la Declaración adopta un enfoque basado en los derechos humanos, caracterizado por la realización de todos los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, civiles y políticos); que la Declaración también se compromete a reforzar la cooperación internacional;

I.  Considerando que la inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como se refleja en la propuesta de la UNCTAD para un plan de acción para promover las contribuciones del sector privado(20), a condición de que se regule adecuadamente la IED y se la vincule a mejoras concretas en la economía nacional, entre otros, en términos de transferencia de tecnología y creación de oportunidades de formación para la mano de obra local, incluidas las mujeres y los jóvenes;

J.  Considerando que los aranceles a la importación son una fuente vital de ingresos de los Estados y son fundamentales para permitir que las industrias incipientes puedan crecer dentro del propio mercado nacional de los países en desarrollo; considerando que los aranceles a la importación de productos agrícolas transformados pueden permitir la creación de valor añadido y puestos de trabajo en las economías rurales, promoviendo al mismo tiempo la seguridad alimentaria;

K.  Considerando que el 60 % de los puestos de trabajo en los países en desarrollo se encuentran en microempresas y pequeñas y medianas empresas del sector informal, y que el 70 % de estas empresas no reciben financiación de las instituciones financieras, a pesar que la necesitan para crecer y generar empleo;

L.  Considerando que 51 de los 100 mayores operadores económicos del mundo son empresas, y que las 500 empresas multinacionales más importantes representan casi el 70 % del comercio mundial;

M.  Considerando que el valor añadido en la industria manufacturera (VAM) per cápita medio en los países industrializados es diez veces superior al de los países en desarrollo y noventa veces superior al de los países menos adelantados (PMA)(21);

N.  Considerando que el margen de maniobra presupuestario de los países desarrollados y en desarrollo está limitado de hecho por las exigencias de los inversores mundiales y los mercados financieros; que, según el FMI, los países en desarrollo se ven particularmente afectados por la elusión fiscal de las empresas, ya que estos países dependen en mayor medida del impuesto de sociedades para obtener ingresos que los países de la OCDE; que los Estados miembros de la Unión recurren ampliamente a prácticas que facilitan la elusión fiscal por parte de las empresas transnacionales y de los particulares;

O.  Considerando que el Grupo de Alto Nivel que asesoró al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la Agenda para el desarrollo después de 2015 consultó a los directores ejecutivos de 250 empresas (con ingresos anuales de 8 billones de dólares) de 30 países y llegó a la conclusión de que es preciso incorporar las necesidades en materia de sostenibilidad a sus estrategias empresariales de modo que las empresas puedan aprovechar las oportunidades comerciales de crecimiento sostenible; considerando que la disposición del sector privado a contribuir al desarrollo sostenible se ve a menudo frenada porque las empresas no tienen modelos claros de asociación con el sector público; considerando que el sector privado es un proveedor potencial de bienes y servicios para las personas y comunidades en situación de pobreza, al reducir los costes, incrementar las opciones y adaptar los productos y servicios a sus necesidades específicas, y contribuir a la divulgación de salvaguardias y normas medioambientales y sociales;

P.  Considerando que, a falta de una acepción que goce de la aceptación general, se pueden definir las asociaciones público-privadas como unos mecanismos multilaterales entre agentes privados, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil mediante los que se aspira a lograr un objetivo público en beneficio mutuo gracias a la puesta en común de recursos o conocimientos especializados;

Q.  Considerando que instituciones europeas de financiación del desarrollo, que constituyen un grupo de 15 instituciones bilaterales que desempeñan un papel importante proporcionando financiación a largo plazo para el sector privado en las economías en desarrollo o en proceso de reforma, tienen por objetivo invertir en empresas con una amplio espectro de efectos para el desarrollo, desde el suministro fiable de electricidad y agua salubre a la concesión de financiación a las pymes y la apertura del acceso a los mercados para las pequeñas explotaciones agrícolas;

R.  Considerando que las asociaciones público-privadas son desde hace décadas una forma común de capital riesgo en los países desarrollados, particularmente los países europeos y los EE.UU., y hoy en día son muy utilizadas en los países en desarrollo por la mayoría de los donantes, representando aproximadamente entre el 15 y el 20 % de las inversiones totales en infraestructuras;

S.  Considerando que 2 500 millones de personas, que en su mayoría viven en países en desarrollo y son mujeres y jóvenes, siguen estando excluidas de las comunidades empresariales, del sector financiero formal y de las oportunidades de titularidad de la propiedad y la tierra; que en los países en desarrollo sigue existiendo una diferencia debida al género de entre 6 y 9 puntos porcentuales entre los grupos de renta; considerando que el diálogo social es un medio importante de apoyar la igualdad de género en el trabajo y de invertir el patrón de la infrarrepresentación de las comunidades empresariales en los países en desarrollo;

T.  Considerando que las asociaciones público-privadas que están bien concebidas y se utilizan eficientemente pueden movilizar fondos privados y públicos a largo plazo, generar innovación en materia de tecnologías y modelos de negocio, e incorporar mecanismos integrados para garantizar su propia responsabilidad respecto de los resultados de desarrollo;

U.  Considerando que, en los países en desarrollo, las asociaciones público-privadas se concentran hasta la fecha esencialmente en los sectores de la energía, las infraestructuras y las telecomunicaciones, aunque sus posibilidades en sectores tales como la agricultura, el agua y el saneamiento, la educación, las tecnologías verdes, la investigación y la innovación, la asistencia sanitaria y los derechos de propiedad siguen en gran medida sin explotarse;

V.  Considerando que prácticamente dos tercios de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) estos últimos diez años se han destinado a operaciones del sector privado; que el Mecanismo de inversión de Cotonú del BEI está considerado como un fondo rotatorio singular con capacidad de absorción de riesgos para la financiación de inversiones con riesgos superiores en apoyo del desarrollo del sector privado;

W.  Considerando que, pese a que 45 millones de solicitantes de empleo se incorporan cada año a la población activa de los países en desarrollo(22), un 34 % de las empresas reconocen que no encuentran los trabajadores que necesitan;

X.  Considerando que, en el contexto del Programa para el Cambio, se considera la cofinanciación como un importante instrumento para la movilización de recursos adicionales combinando subvenciones de la Unión con préstamos o capital de fuentes de financiación públicas y privadas; considerando no obstante que, en el Informe Especial n.º 16/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la financiación combinada, se llega a la conclusión de que en prácticamente la mitad de los proyectos examinados no se disponía de pruebas suficientes para considerar que las subvenciones estuvieran justificadas, mientras que en algunos de estos casos había indicios de que las inversiones se hubieran realizado sin la contribución de la Unión;

Y.  Considerando que la industria manufacturera, con aproximadamente 470 millones de empleos en todo el mundo en 2009 y unos 500 millones en 2013(23), tiene un gran potencial de creación de riqueza y empleo, y de que este sea digno y altamente cualificado;

Z.  Considerando que la riqueza mundial se está concentrando cada vez más en las manos de una pequeña élite acaudalada y que se espera que el 1 % más rico posea más de la mitad de la riqueza mundial en 2016;

AA. Considerando que una fiscalidad justa y progresiva junto con criterios de bienestar y justicia social desempeña un papel fundamental para reducir las desigualdades al permitir una redistribución de la riqueza desde los ciudadanos con rentas más altas hacia aquellos con mayores necesidades en un país;

La estrategia a largo plazo para colaborar con el sector privado

1.  Reconoce que la inversión del sector privado en los países en desarrollo puede, siempre que esté debidamente regulada, contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; celebra y concuerda con las Conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2014 sobre una mayor implicación del sector privado en la cooperación al desarrollo; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de respaldar al sector privado para que se convierta, junto con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del ámbito del desarrollo y modelos de empresas integradoras como cooperativas y empresas sociales, en un importante socio en la consecución de un desarrollo integrador y sostenible en el marco de los ODS de las Naciones Unidas, lo cual implica un compromiso del sector privado con la buena gobernanza, la mitigación de la pobreza, la creación de riqueza mediante inversiones sostenibles, así como con la reducción de las desigualdades, el fomento de los derechos humanos, las normas medioambientales y la capacitación de las economías locales; subraya la necesidad de que se comprenda claramente la diferencia de funciones entre los agentes del sector privado y los del sector público y que esta diferencia sea reconocida por todas las partes involucradas;

2.  Pide a la Comisión que siga participando activamente en los debates sobre la Agenda 2030, reconociendo al mismo tiempo la diversidad del sector privado y los desafíos a los que se hace frente para mitigar la pobreza de aquellos que están más marginados y a los que más difícil resulta acceder; considera que toda política de la Unión que pretenda la participación del sector privado en el ámbito del desarrollo ha de especificar a qué tipo de sector privado se dirige;

3.  Subraya que las futuras asociaciones en el marco de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible deben centrarse más en combatir la pobreza y la desigualdad; recuerda que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe seguir siendo un medio clave para erradicar todas las formas de pobreza y cubrir las necesidades sociales básicas en los países desarrollados, y no puede sustituirse por financiación privada; reconoce la posibilidad de apalancar la financiación privada con la AOD en condiciones de transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y adaptación a las prioridades de los países y los riesgos para la sostenibilidad de la deuda;

4.  Pide que haya más inversión pública en servicios públicos de acceso universal, especialmente en el sector del transporte, el acceso a agua potable, la sanidad y la educación;

5.  Cree que los sectores público y privado son más eficaces cuando colaboran para crear un entorno saludable para la inversión y la actividad empresarial y para establecer las bases del crecimiento económico; subraya que todas las asociaciones y alianzas con el sector privado han de centrarse en las prioridades basadas en valores compartidos que compatibilicen los objetivos empresariales con los objetivos de desarrollo de la Unión, y respetar las normas internacionales en materia de eficacia del desarrollo; considera que deben estar diseñadas y administradas conjuntamente con los países socios en cuestión de modo que se garantice que se comparten riesgos, responsabilidades y beneficios, que sean rentables, y tengan objetivos precisos, metas objetivas y una rendición de cuentas y transparencia claras;

6.  Celebra el papel desempeñado por la inversión del sector privado extranjero en los países en desarrollo en relación con la aceleración del desarrollo nacional; pone de relieve, asimismo, la importancia de fomentar une inversión responsable, que apoye a los mercados locales y contribuya a reducir la pobreza;

7.  Apoya las labores realizadas por la Asociación de Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo, ya que sus miembros proporcionan capital a las empresas en los países en desarrollo a través de inversiones directas en empresas y, de manera indirecta, invirtiendo capital en los bancos comerciales locales y el mercado de capital privado emergente, centrándose en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas (pymes); insta a la Comisión a favorecer este tipo de programas en su financiación y cooperación, ya que el sector privado en los países en desarrollo reviste la máxima importancia;

8.  Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos, sustentar la corrupción o actuar en contra de los intereses de la UE en materia de seguridad;

9.  Subraya que las políticas comerciales, de inversión, de seguridad y de desarrollo de la Unión están interrelacionadas e inciden directamente en los países en desarrollo; recuerda que en el artículo 208 del Tratado de Lisboa se consagra el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo, al requerirse que se tengan en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; pide una evaluación de todas las políticas comerciales y de inversión en términos de impacto en el desarrollo, en especial por lo que respecta al acceso universal a bienes y servicios de interés general; hace hincapié en que se mejoren los capítulos sobre desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales bilaterales futuros con vistas a incluir programas obligatorios de información dirigidos al sector privado;

10.  Pone de relieve la necesidad de estudiar cómo se puede implicar más al sector privado en el marco de la política europea de vecindad para ayudar a generar crecimiento económico y puestos de trabajo en los vecinos de Europa, por ejemplo compartiendo la experiencia en lo que respecta a proporcionar acceso al capital;

11.  Pide a la Comisión que el fomento, apoyo y financiación de las asociaciones público-públicas sea la opción preferente y que sea obligatorio redactar y poner a disposición del público evaluaciones ex ante de las repercusiones sociales y para la pobreza siempre que los programas de desarrollo se ejecuten junto con el sector privado;

12.  Pide a la Unión que incluya la deliberación formal con las organizaciones de la sociedad civil y con las comunidades que se vean afectadas directa o indirectamente por los proyectos de desarrollo;

13.  Destaca el gran potencial del valor añadido de la Unión al establecerse asociaciones con el sector privado, en estrecha coordinación con sus Estados miembros y las organizaciones internacionales pertinentes, muchos de los cuales tienen una probada experiencia de colaboración con el sector privado; subraya que una economía de mercado plenamente operativa, basada en el Estado de Derecho, sigue siendo un motor importante del desarrollo económico y social y que la política de desarrollo de la Unión debe reflejar este hecho;

14.  Celebra el Marco para el compromiso de las empresas con las Naciones Unidas, que hace hincapié en que un sector privado sólido que genere crecimiento económico es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que el sector privado está haciendo contribuciones importantes con vistas a un progreso económico, social y medioambiental compartido;

15. Celebra la participación del sector privado en el Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda de la OCDE; acoge con satisfacción, en particular, las iniciativas adoptadas en este contexto en materia de vías innovadoras para aprovechar en mayor medida la financiación al desarrollo del sector privado y la declaración conjunta formulada en Busan en 2011 sobre la ampliación y el refuerzo de la cooperación público-privada en aras de un crecimiento de amplio alcance, inclusivo y sostenible;

16.  Acoge con satisfacción el hecho de que el porcentaje de la ayuda bilateral no condicionada haya aumentado de manera continuada, pero expresa su preocupación por que sigan existiendo formas de ayuda condicionada, tanto de carácter formal como informal(24); pide a la Unión y a sus Estados miembros que cumplan el compromiso que contrajeron en el Consenso Europeo sobre Desarrollo de fomentar una mayor desvinculación de la ayuda más allá de las recomendaciones de la OCDE; subraya el potencial de generación de crecimiento de más ayuda no condicionada, lo que beneficiaría a las industrias locales en los países en desarrollo; pide un aumento de la ayuda verdadera («real aid») y un desarrollo sostenible de las cadenas de valor regionales/locales; pide que se fomente en mayor medida la capacitación de los agentes locales y que se ponga énfasis en el establecimiento de cadenas de valor sostenibles a nivel regional/local; subraya la importancia de la apropiación local y regional, de las estrategias nacionales propias de los países asociados y de sus programas de reforma, de la participación de los proyectos de desarrollo y del valor añadido proporcionado al asegurar las cadenas de suministro locales; cree que la política de desarrollo desempeña una función importante al abordar las causas subyacentes de los actuales flujos migratorios hacia la Unión Europea;

17.  Reconoce asimismo el derecho de todos los países y, en particular, de los países en desarrollo, a imponer restricciones temporales al capital para evitar que ocurran crisis financieras por flujos financieros privados a corto plazo y volátiles; pide que se supriman las restricciones a este derecho en todos los acuerdos comerciales y de inversión, también a escala de la OMC;

18.  Señala que la Unión ha de tener en cuenta la accesibilidad a la hora de apoyar el sector privado, puesto que la exclusión de amplios sectores de población, como las personas con discapacidad, priva a las empresas privadas de un mercado nada despreciable;

El apoyo al sector privado local en los países en desarrollo

19.  Señala que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas de los países en desarrollo pueden afrontar unas cargas reglamentarias mucho mayores que las existentes en la Unión, carecen de protección legal y derechos de propiedad y operan dentro de una economía informal volátil; hace hincapié en este sentido en la importancia de los sistemas de registro de la tierra; subraya la necesidad de fomentar el sector privado local de los países en desarrollo, por ejemplo, dando acceso a financiación y promoviendo la iniciativa empresarial; pide a la Comisión, a otros donantes y a agencias de desarrollo que incrementen su apoyo para reforzar la capacidad de las pymes nacionales;

20.  Pide a la Unión que impulse estrategias nacionales de desarrollo que conformen las contribuciones del sector privado en este sentido contando con su colaboración en un marco de desarrollo centrado en las cooperativas nacionales, las pymes y las microempresas, en particular los pequeños agricultores, al ser los que mayor potencial ofrecen en cuanto al impulso de un desarrollo equitativo en los países;

21.  Subraya la necesidad de apoyar en mayor medida las asociaciones con los países en desarrollo a fin de modernizar sus marcos reglamentarios mediante la creación de un entorno favorable a las iniciativas privadas proporcionando mecanismos de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo, encontrando el equilibrio correcto entre, por una parte crear un entorno propicio a la inversión y, por otra, proteger el interés público y el medio ambiente mediante la legislación; señala la necesidad de facilitar la creación de sistemas bancarios y administraciones tributarias fiables en los países en desarrollo capaces de garantizar una regulación financiera y gestión de los fondos públicos y privados eficaz; pide a los gobiernos asociados que introduzcan una cláusula de extinción que permita anular las medidas redundantes; observa que la legislación debería ser objeto de evaluaciones de impacto para hacer una estimación de la creación negativa de empleo y las amenazas para los estándares ambientales;

22.  Pide a la Unión que refuerce la capacidad de los países en desarrollo de movilizar los recursos nacionales con el fin de combatir la evasión fiscal, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, y en particular para permitir a los países menos adelantados y a los Estados frágiles la creación de instituciones de gobierno de mayor eficacia y estabilidad, inclusive a través del desarrollo de sistemas tributarios justos y eficaces; pide a la Unión que, a tal efecto, amplíe la asistencia técnica y financiera en los países en desarrollo, con el fin de garantizar un nivel más elevado de transparencia y rendición de cuentas; pide a la Unión, y a sus Estados miembros, así como a todas las organizaciones pertinentes y a los países desarrollados y en desarrollo signatarios de la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, de 2011, que cumplan su compromiso de intensificar los esfuerzos con vistas a luchar contra la corrupción y contra los flujos financieros ilícitos;

23.  Pide a la DG DEVCO de la Comisión que colabore con la DG Crecimiento en la reproducción de las estructuras de apoyo regionales para las pymes y las microempresas en los países en desarrollo, basándose en el modelo de la red Enterprise Europe, a fin de ayudarlas a incorporarse a la legalidad, conseguir acceso a financiación y capital, así como a los mercados, y superar los obstáculos legales, apoyando, en particular, el fortalecimiento de sus organizaciones representativas intermedias; destaca el hecho de que, con el tiempo, estas estructuras podrían convertirse también en plataformas de lanzamiento de asociaciones público-privadas a escala regional y local en ámbitos que abarcarían desde el sector agroalimentario hasta la formación profesional y los programas de atención sanitaria, facilitando el desarrollo de capacidades, la transferencia de conocimientos y la experiencia, así como de recursos locales e internacionales;

24.  Reitera que es responsabilidad de la Unión apoyar un sistema fiscal justo a nivel mundial, lo que implica definir requisitos realmente obligatorios en relación con las empresas transnacionales por lo que se refiere a la publicación de informaciones desglosadas por país, crear registros públicos de la titularidad real de las empresas, fideicomisos y entidades jurídicas similares, y garantizar el intercambio automático de información fiscal y una distribución justa de los derechos tributarios y negociar, simultáneamente, tratados fiscales y de inversión con los países en desarrollo; considera asimismo que las instituciones financieras de desarrollo solo deberían invertir en empresas y fondos que estén dispuestos a revelar públicamente su titularidad real y a comunicar sus cuentas financieras desglosadas por país;

25.  Recuerda que los regímenes arancelarios constituyen un elemento esencial de un marco normativo adaptado a un desarrollo del sector privado que favorezca a los desfavorecidos y la creación de empleo; observa, no obstante, con preocupación que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) exigen reducir los aranceles a la importación en toda una gama de sectores económicos de los países ACP, aunque la supresión de todos los aranceles sobre las importaciones procedentes de la Unión reduciría notablemente los ingresos arancelarios, pudiendo en algunos casos esta disminución llegar a ser de entre el 15 y el 20 % de los ingresos del Estado; insta a la Unión a definir su política comercial de conformidad con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo;

26.  Acoge favorablemente el paquete de financiación con impacto del BEI de 500 millones de euros en el marco del Mecanismo de inversión de Cotonú, que permite al BEI reforzar su compromiso con el sector privado en zonas con mayor nivel de riesgo y en entornos más difíciles; lamenta que se haya recortado la dotación de préstamos del BEI para Asia; destaca que todas las inversiones del BEI realizadas en el marco del Mecanismo de inversión de Cotonú deben adaptarse a las estrategias de desarrollo adoptadas por cada país, de conformidad con el principio de apropiación democrática;

27.  Señala el hecho de que los obstáculos al desarrollo del sector privado de los Estados frágiles y de aquellos que han sufrido conflictos son superiores a los de cualquier otro sitio y requieren un planteamiento más específico a fin de mejorar el clima de inversiones y eliminar las normativas empresariales asfixiantes y obsoletas, las prácticas predatorias y el elevado nivel de corrupción; recomienda, en este contexto, a la Comisión que entable un diálogo con los países socios y el sector privado acerca de la reforma de las políticas, a fin de superar la profunda desconfianza que existe entre los Gobiernos y el sector privado, alimentada tradicionalmente por comportamientos parasitarios, el amiguismo y la falta de legitimidad;

28.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los países en desarrollo que se esfuercen en mayor medida en fomentar la capacitación económica de las mujeres y establecer mecanismos de apoyo para las mujeres emprendedoras; observa que el enfoque orientado al ahorro con vistas a la inclusión de las mujeres en el ámbito financiero tiene un historial acreditado; recomienda que se aplique un enfoque de integración de la dimensión de género en todos los programas de asociación, junto con una formación en materia de emprendimiento para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades y las redes específicas de inversoras providenciales; pide que se apoye en mayor medida a las mujeres empresarias, de forma que puedan beneficiarse del crecimiento impulsado por el sector privado; recomienda que se adopten medidas para supervisar el proceso de capacitación económica de las mujeres, y observa que, según el FMI, la renta per cápita aumentaría significativamente si las mujeres participasen en el mercado laboral en la misma medida que los hombres;

La participación del sector empresarial europeo e internacional en la consecución de un desarrollo sostenible

29.  Destaca el hecho de que el potencial de la contribución del sector privado al desarrollo sostenible a largo plazo va más allá de sus recursos financieros, su experiencia y conocimientos especializados, e incluye el establecimiento a escala local de cadenas de valor y canales de distribución, lo que se traduce en creación de empleo y en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la promoción de los derechos y las oportunidades de las mujeres y en sostenibilidad medioambiental, mayor alcance y eficiencia, y más posibilidades de acceso a productos, servicios y tecnologías asequibles y disponibles en el mercado; pide que los esfuerzos europeos en materia de desarrollo desempeñen un papel importante en la aplicación de las normas internacionales acordadas, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas y las normas de la Organización Internacional del Trabajo, también en el marco del trabajo con empresas e inversores, para garantizar el pleno cumplimiento de estos Principios Rectores y las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales en sus actividades comerciales y en sus cadenas de suministro en los países en desarrollo;

30.  Destaca que el diálogo social resulta esencial para garantizar el compromiso efectivo del sector privado con el desarrollo; subraya la responsabilidad de los países en desarrollo de apoyar el diálogo social entre los empresarios del sector privado, los trabajadores y los Gobiernos nacionales para mejorar así la gobernanza y aumentar la estabilidad estatal; pide, en particular, a los países en desarrollo que velen por la ampliación del diálogo social a las zonas francas industriales y a las agrupaciones industriales;

31.  Subraya que el sector privado, y en particular las pymes locales, deben participar en el diálogo sobre políticas junto con los demás socios en materia de desarrollo, a fin de facilitar la comprensión mutua y gestionar las expectativas, garantizando la eficacia y la transparencia; subraya, en este contexto, la importante función que desempeñan las delegaciones de la UE en los países en desarrollo como plataforma para dicho diálogo; destaca el papel positivo de las cooperativas como catalizadoras del desarrollo incluyente desde el punto de vista social y su capacidad para reforzar las comunidades gracias a la generación de empleo e ingresos; apunta, en particular, que los trabajadores han formado cooperativas de servicios comunes y asociaciones para contribuir al trabajo autónomo en la economía informal, mientras que, en las zonas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito proporcionan acceso a servicios bancarios que no existen en muchas comunidades y financian la formación de las empresas pequeñas y las microempresas; reconoce que el sector privado agrupa a agentes como las empresas sociales y las organizaciones de comercio justo, cuya labor se basa en principios sociales y medioambientales; pide a la Comisión que reconozca estos esfuerzos en su trabajo sobre el papel del sector privado en el desarrollo;

32.  Pide a la Comisión que defienda la propuesta de los inversores y otras partes interesadas de impulsar unas normas vinculantes en materia de derechos sociales, ambientales y humanos mediante informes elaborados por las empresas, de conformidad con la Directiva de la UE sobre la presentación de informes no financieros, que se engloben como una de las nuevas propuestas de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

33.  Pide que la Unión contribuya al refuerzo y la creación de estructuras, redes e instituciones de agentes del sector privado nacional, especialmente en el marco de las microempresas y las pymes, teniendo en cuenta su función en la elaboración de políticas nacionales y regionales;

34.  Subraya que una de las limitaciones clave a la hora de incrementar la participación privada en los países en desarrollo se deriva de la falta de proyectos válidos provocada por la debilidad de las capacidades de ejecución y de los marcos legales, institucionales y presupuestarios, y también de la falta de recursos para la planificación de las inversiones y la preparación de los proyectos; pide un aumento de la asistencia técnica para el sector de las empresas públicas de los países socios a fin de incrementar su capacidad de asumir la responsabilidad de la gestión de las asociaciones público-privadas y de reclamar la propiedad al final del proceso; destaca la necesidad de que los agentes del sector privado prevean el rendimiento de las inversiones a largo plazo, ya que, de lo contrario, dependiendo de los accionistas, podrían carecer de la perspectiva a largo plazo necesaria para el rendimiento en los sectores sociales fundamentales para el desarrollo humano;

35.  Toma nota de que, en los países en desarrollo, la participación privada en infraestructuras se ha incrementado considerablemente, pasando de 18 000 millones de dólares en 1990 a 150 000 millones de dólares en 2013; pide que se mantenga el compromiso al respecto, teniendo en cuenta que la falta de acceso a la infraestructura es una limitación fundamental para el crecimiento del sector privado que socava la producción y la creación de empleo;

36.  Destaca que, dentro de un marco legislativo claramente definido y fuerte en materia de derechos de propiedad y seguridad de la tenencia de la tierra, las asociaciones público-privadas en el ámbito agrícola tienen un potencial enorme para evitar el acaparamiento de tierras y garantizar una producción agrícola mayor y efectiva; acoge con satisfacción la puesta en marcha en 2014 de un programa de la UE para fortalecer la gobernanza territorial en los países africanos; recomienda que la UE y sus delegaciones desempeñen un papel fundamental colaborando con los Gobiernos socios, el BEI, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otros organismos similares, e involucrando al sector privado en el desarrollo de soluciones basadas en el mercado para los desafíos agrícolas; destaca la necesidad de establecer incentivos financieros para evitar la exclusión de las poblaciones pobres y alejadas y los agricultores que cultivan variedades que no son de gran interés comercial y que probablemente no resulten atractivas para los socios agroempresariales; hace hincapié en que, en el marco de la protección, es necesario prever una evaluación del riesgo social y medioambiental, la consulta con representantes legítimos de las comunidades afectadas, con su consentimiento libre, previo y fundado del correspondiente proyecto, y, cuando lo necesiten, el respaldo jurídico para las comunidades en cuestión; pide a la Comisión que incorpore en los proyectos procedimientos de supervisión y que negocie una revisión de los contratos en casos en que hayan resultado perjudiciales para la población local;

37.  Destaca asimismo que es preciso prevenir el riesgo asociado a las APP en el ámbito agrícola, incluido el acaparamiento de tierras; subraya la importancia de concentrar la ayuda en los pequeños agricultores, especialmente las mujeres; pide a la Comisión que combine las APP del sector agrícola con participación económica de la UE con medidas exhaustivas para proteger a los pequeños agricultores, pastores y otros usuarios de la tierra vulnerables, contra la posible pérdida de acceso a la tierra o al agua; hace hincapié en que, en el marco de la protección, es necesario prever una evaluación del riesgo social y medioambiental, la consulta obligatoria con representantes legítimos de las comunidades afectadas, con su consentimiento libre, previo y fundado como condición para el inicio del correspondiente proyecto, y, cuando lo necesiten, el respaldo jurídico para las comunidades en cuestión; recomienda que los proyectos de la Nueva Alianza del G8 se sustituyan por iniciativas con arreglo al Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP); destaca que las compensaciones financieras y sociales deben adoptar la forma de compromisos vinculantes y que siempre hay que tener en cuenta los planes de desarrollo alternativos;

38.  Recomienda que la Unión siga apoyando proyectos de energías renovables y verdes en los países en desarrollo, en especial en zonas rurales remotas, de manera sostenible; celebra que una de las prioridades del Mecanismo de inversión con impacto del BEI sea la inversión en el sector de la energía, que está considerado en general como un elemento clave para liberar el crecimiento económico en África; espera que los instrumentos de financiación innovadores catalicen la inversión del sector privado en energía renovable, eficiencia energética y acceso a la energía; anima, asimismo, al BEI y a las instituciones financieras de desarrollo europeas a seguir financiando proyectos de inversión para contribuir a la mitigación del cambio climático en África, así como a la adaptación al mismo, de conformidad con el compromiso y las obligaciones de la Unión adquiridos con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); recuerda que se debe dar prioridad a proyectos a pequeña escala, descentralizados y fuera de red en el ámbito de la energía renovable, para garantizar que las zonas rurales tengan acceso a la energía, evitando al mismo tiempo el posible impacto social y medioambiental negativo de la infraestructura energética a gran escala;

39.  Insta a la UE a que desarrolle un marco reglamentario sólido, basado en criterios de eficacia del desarrollo, en el que pueda operar el sector privado, también para la promoción de APP contractuales a largo plazo; insta a la UE a que solo promocione las APP si no están disponibles otras opciones de financiación menos costosas y arriesgadas, sobre la base de un análisis de la relación entre coste y eficacia; pide a la UE que aplique políticas de salvaguardia eficaces para los proyectos de APP a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres;

40.  Celebra los logros alcanzados a la hora de compartir los recursos público-privados en favor de la asistencia sanitaria y un mejor acceso a los medicamentos, así como con vistas a aprovechar en mayor medida el potencial en materia de transferencia de tecnologías en los países en desarrollo; recomienda que la UE desempeñe un papel de facilitador abriendo vías para la cooperación más allá del acceso a medicamentos, a fin de reformar los sistemas de salud disfuncionales en los países en desarrollo; destaca que es posible aumentar el apoyo a las pymes/pymis locales no solo a través de instrumentos financieros, sino también mediante transferencias de tecnología, el desarrollo de capacidades, el desarrollo sostenible de los proveedores y los vínculos empresariales;

41.  Destaca la importancia de salvar la brecha que existe entre el sistema de educación y el mercado laboral en los países en desarrollo; pide a la Comisión que facilite programas y apoye a las APP que cuentan con la participación de todas las partes interesadas, incluidas escuelas, universidades, centros de formación y agentes del sector privado, con el fin de ofrecer oportunidades de formación y educación que sean pertinentes en el mercado; alienta la creación de instituciones de formación profesional dual a través de las cuales los jóvenes, al mismo tiempo que participan en un programa de aprendizaje profesional que preste especial atención a los aspectos prácticos de la profesión, puedan igualmente recibir clases teóricas en escuelas de formación profesional especializadas;

42.  Destaca que las capacidades de los Gobiernos de los países en desarrollo, como reguladores, deben fortalecerse para lograr un desarrollo sostenible;

Principios de compromiso con el sector privado

43.  Destaca el hecho de que el compromiso con el sector empresarial requiere un enfoque flexible, configurado no solo sobre la base de los resultados perseguidos, sino también teniendo presente la medida en que las condiciones locales son favorables para las inversiones y las empresas privadas; recomienda un enfoque diferenciado con respecto a los países menos desarrollados y los Estados frágiles; observa que el compromiso de la inversión y el sector privado en los sectores ODS varía mucho entre los países en desarrollo; pide a los donantes que concedan la mayor parte de la ayuda que brindan a los países menos avanzados en forma de subvenciones;

44.  Acoge con satisfacción los criterios enunciados en la Comunicación de la Comisión sobre el sector privado y el desarrollo de cara a la prestación de ayuda directa al sector privado; pide que se establezca un acuerdo marco claramente definido aplicable a todas las asociaciones con el sector privado, aplicando indicadores tales como las acciones destinadas a las microempresas, las estrategias de acceso al crédito y la integración laboral de los grupos desfavorecidos, las mujeres y los jóvenes, que ha de garantizar el respeto del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, del principio de eficacia del desarrollo y de los objetivos de la política de desarrollo, en concreto la reducción de la pobreza y de la desigualdad; considera que cualquier decisión de promover el uso de APP a través de la financiación combinada en los países en desarrollo debería fundamentarse en una evaluación exhaustiva de estos mecanismos en lo que se refiere a su impacto sobre el desarrollo, la rendición de cuentas y la transparencia y en las lecciones aprendidas de las experiencias del pasado;

45.  Muestra su preocupación por que no siempre se hayan instaurado salvaguardias para garantizar un uso apropiado del dinero público; subraya que es necesario acordar indicadores de rendimiento cuantificables y mecanismos de supervisión y de evaluación en la fase preparatoria de los proyectos, garantizando también al mismo tiempo que estas inversiones respetan los derechos humanos, las normas sociales y medioambientales y la transparencia, al tiempo que garantizan que el sector privado paga los impuestos que le corresponden; subraya la importancia de la evaluación del riesgo, la sostenibilidad de la deuda, la transparencia y la protección de las inversiones; destaca la importancia del papel consultivo y de control formal de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil a la hora de garantizar una transparencia y una rendición de cuentas plenas; recomienda que, en los países en desarrollo en que se esté ejecutando un proyecto de desarrollo, se faciliten el acceso efectivo a la justicia y vías de recurso de las víctimas de abusos empresariales;

46.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las empresas que participan en asociaciones para el desarrollo estén en consonancia con los ODS y respeten los principios de la responsabilidad social de las empresas (RSE); apoya firmemente la difusión y la aplicación eficaces y generalizadas de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, tanto en la UE como fuera de ella, e insiste en la necesidad de adoptar todas las medidas políticas y legislativas necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de dichos Principios Rectores, también en lo referente al acceso a la justicia; recomienda que todas las empresas que operan en países en desarrollo practiquen un nivel de transparencia en consonancia con las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, la contribución positiva al bienestar social y ambiental de los países en desarrollo y la cooperación en asociación con las organizaciones de la sociedad civil; destaca la necesidad de que los Estados miembros elaboren planes nacionales para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y especialmente las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo;

47.  Hace hincapié en la necesidad de que la políticas comercial y de desarrollo de la UE respeten el margen de maniobra político y económico de los países en desarrollo, en particular de los países menos desarrollados, a fin de mantener los aranceles a la importación fundamentales cuando sea necesario, e impulsar la creación de puestos de trabajo cualificados y decentes en la industria manufacturera y agroindustrial local como factores que puedan crear un valor añadido nacional y un crecimiento industrial mayores y un aumento de las exportaciones y de la diversificación, componentes clave de una modernización económica y social inclusiva; pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan medidas concretas para velar por que las empresas multinacionales tributen en los países en que se generan sus beneficios y promuevan una información eficaz sobre cada país por parte del sector privado, reforzando de este modo la movilización de los recursos nacionales y una competencia justa;

48.  Anima a la Unión a apoyar el proceso actual de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, que aclare las obligaciones de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, y de las empresas con respecto a los Estados, y prevea el establecimiento de soluciones eficaces para las víctimas en aquellos casos en los que es evidente que la jurisdicción nacional es incapaz de sancionar a esas empresas de forma eficaz;

49.  Acoge positivamente el enfoque de la Comisión según el cual han de fomentarse los pilares estratégicos de la Agenda de la OIT sobre el trabajo digno como medio para abordar la desigualdad y la exclusión social, particularmente entre las personas más marginadas, incluyendo a las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y a las personas con discapacidad; subraya la necesidad de que las empresas den su apoyo a un trato justo a los trabajadores y a unas condiciones laborales seguras y saludables, a la protección social y al diálogo social facilitando al mismo tiempo el establecimiento de una relación constructiva entre los trabajadores, el personal directivo y los contratistas;

Perspectivas para el futuro: qué medidas se requieren para convertir el sector privado en un socio sostenible en la política de desarrollo

50.  Pide a las instituciones y los organismos europeos que establezcan un marco claro, estructurado, transparente y responsable aplicable a las asociaciones y alianzas institucionales con el sector privado en los países en desarrollo, y destaca que es importante desarrollar, en paralelo al aumento de la importancia del sector privado, salvaguardias y capacidades institucionales adecuadas;

51.  Pide que la Unión y los Estados miembros desarrollen una estrategia clara y concreta para garantizar que el sector privado se adapta a las prioridades de desarrollo de los Gobiernos nacionales y la sociedad civil de los países en desarrollo;

52.  Pide que se creen a escala de la Unión plataformas sectoriales con múltiples partes interesadas, que reúnan al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los grupos de reflexión, los gobiernos asociados, los donantes, las organizaciones cooperativas, las empresas sociales y a otras partes interesadas, a fin de superar las reservas y la falta de confianza entre socios, y de resolver los desafíos que se derivan inopinadamente de las intervenciones colaborativas en materia de desarrollo; subraya, en este sentido, la importante función que desempeñan las delegaciones de la UE en los países respectivos como facilitadoras de dichos diálogos; señala que la propuesta de la Comisión de reforzar los mecanismos existentes, tales como el Foro político sobre el desarrollo, es un paso en la dirección correcta;

53.  Reconoce la recomendación del Tribunal de Cuentas de que la Comisión demuestre claramente la adicionalidad financiera y de desarrollo de las subvenciones de la Unión para proyectos de financiación combinada; respalda el propósito de la Comisión de ampliar el alcance de la financiación combinada para abarcar ámbitos más allá de las infraestructuras, como la agricultura sostenible, los sectores sociales y el desarrollo del sector privado local si la Comisión presenta argumentos convincentes; insiste, sin embargo, en que todas las operaciones de financiación combinada deben ser plenamente coherentes con los principios de eficacia del desarrollo, como la responsabilización, la rendición de cuentas y la transparencia, y que conviene cerciorarse de que persigan los ODS; pide a la Comisión que evalúe los mecanismos de financiación combinada de préstamos y subvenciones y que refuerce sus capacidades de gestión en relación con los proyectos de financiación combinada, tal como recomienda el Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que democratice la estructura de gobernanza de la Plataforma de financiación combinada de la Unión y de los instrumentos de financiación combinada, comprometiéndose debidamente con todas las partes interesadas a nivel local, incluidos los gobiernos socios, los parlamentos nacionales, los agentes del sector privado, los sindicatos y las comunidades locales; le insta asimismo a que adopte unos criterios más estrictos para el establecimiento de subvenciones y de sus cuantías, y que especifique detalladamente el valor añadido de la financiación combinada en cada uno de sus proyectos;

54.  Pide que se amplíe el actual mandato de préstamos exteriores del BEI, para incrementar su papel a la hora de lograr un desarrollo sostenible y, en particular, que participe de forma más activa en la nueva estrategia para el sector privado, a través de la financiación combinada, la cofinanciación de proyectos y el desarrollo del sector privado local; pide, además, una mayor transparencia y rendición de cuentas en las asociaciones y los proyectos asociados al BEI; recuerda que las operaciones de financiación del BEI realizadas en los países en desarrollo con la garantía de la Unión concedida al BEI deben tener como objetivo fundamental la reducción de la pobreza y, con el tiempo, su erradicación; pide al BEI y a las demás instituciones financieras de desarrollo de los Estados miembros que se aseguren de que las empresas que reciben su apoyo no practican la evasión fiscal;

55.  Pide a la Comisión que garantice que las asociaciones y los préstamos al sector privado en países de renta baja y Estados frágiles van acompañados de subvenciones directas a las organizaciones de la sociedad civil y se ajustan a las prioridades de desarrollo de los países de que se trate, a fin de contar con el compromiso de los ciudadanos, e incluyen procesos multilaterales entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y los sindicatos;

56.  Pide a la Comisión que vele por que todas las delegaciones de la UE cuenten con personal formado y cualificado que esté plenamente preparado para facilitar y llevar a cabo asociaciones con actores del sector privado; observa que el compromiso de agilizar el establecimiento conjunto de oficinas del BEI en las delegaciones de la UE constituye una medida acertada; pide a la Comisión que aplique sobre el terreno las mejores prácticas de los Estados miembros, cuyas embajadas suelen ser un «primer punto de contacto» para los actores del sector privado;

57.  Pide un mayor compromiso por parte de la Comisión en lo que respecta a la utilización de su peso político y las vías de diálogo en sus contactos con los gobiernos asociados y las autoridades locales, a fin de facilitar una interacción mayor y más positiva con el sector privado; destaca que los Documentos de Estrategia nacionales, los Programas indicativos nacionales y el apoyo presupuestario pueden ser los instrumentos más valiosos a la hora de liderar las reformas del entorno empresarial en los países socios y de promover la industrialización nacional; recomienda que la Unión respalde el Plan de acción de la UNCTAD para la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; señala a la atención que las tareas de configuración, estructuración y ejecución de APP siguen siendo una empresa compleja y exigente, y que su éxito depende también de que operen en un entorno propicio;

58.  Hace hincapié en que la responsabilidad de una actuación conjunta efectiva no solo radica en los donantes y las empresas que participan, sino también en los gobiernos asociados; pide a la Unión que trabaje para fortalecer el desarrollo de capacidades de los países socios con el fin de determinar cuándo resulta adecuado participar en proyectos de APP; subraya que la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la existencia de un marco para las reformas empresariales, las medidas de lucha contra la corrupción, la gestión de las finanzas públicas y la existencia de unas instituciones públicas eficaces revisten una importancia fundamental para las inversiones, la innovación y el desarrollo del sector privado;

59.  Pide una mayor atención a la mejora de la coordinación y la programación conjunta, así como una atención central a la obtención de resultados cuantificables y resultados de desarrollo, a fin de maximizar la incidencia de la política de desarrollo de la UE y garantizar una responsabilidad plena en lo que respecta a los gastos en materia de desarrollo;

60.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la UNCTAD, a la ONUDI y al Grupo de alto nivel sobre el programa de desarrollo posterior a 2015.

(1)

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2014_overview_es.pdf.

(2)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0163.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0196.

(5)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0250.

(6)

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf.

(7)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_5.pdf.

(8)

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/idg_home/p4p_home.

(9)

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf

(10)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

(11)

http://www.oecd.org/corporate/mne/34873731.pdf

(12)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf

(13)

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf

(14)

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf.

(15)

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_SP_web.pdf

(16)

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

(17)

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es

(18)

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

(19)

Grupo del Banco Mundial, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 29 de octubre de 2013.

(20)

http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014ch4_en.pdf

(21)

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

(22)

Building an Employment-Oriented Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth - en «Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion», documento de trabajo para la Conferencia de Alto Nivel OIT-FMI, OIT, 2010

(23)

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR13_Spanish_overview_1118_for_web.pdf

(24)

«Real Aid An Agenda for Making Aid Work» («Ayuda real - Un programa para que la ayuda funcione»), p. 4.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el momento de empezar a evaluar de nuevo nuestros compromisos de ultramar, el debate sobre el papel del sector privado en el desarrollo ha ido cobrando un relieve cada vez mayor. Pese a sus numerosos éxitos indiscutibles, las previsiones del gasto incremental global en los países en desarrollo es de 2,4 billones de dólares anuales más de lo que se gasta en la actualidad: una carga que el sufrido contribuyente probablemente no esté dispuesto a soportar. Con todas las imperfecciones que pueda tener una asociación como la de la ayuda privada y pública, en la actualidad no existe ningún proyecto significativo de desarrollo en el mundo que no consulte a inversores privados y no trabaje con ellos. En efecto, el grupo de alto nivel que asesoró al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre el programa de desarrollo posterior a 2015 consultó a los directores ejecutivos de 250 empresas de 30 países y llegó a la conclusión de que es preciso incorporar las necesidades en materia de sostenibilidad en sus estrategias empresariales a fin de aprovechar las oportunidades comerciales de crecimiento sostenible.

¿Por qué el trabajar con el sector privado es fundamental para el desarrollo?

El crecimiento demográfico y de las rentas en los países en desarrollo propiciará a escala mundial una población de clase media en aumento, que se cifra en 5 000 millones de personas para el año 2030, que demandarán unos niveles de consumo significativamente más elevados. Se prevé que la demanda de alimentos, agua y energía crecerán en un 50 %, un 40 % y un 30 %, respectivamente, de aquí a 2030. El sector considera cada vez más el valor compartido no como un factor filantrópico sino como el camino hacia el éxito económico. Se calcula que las inversiones del sector privado en los países en desarrollo con suma frecuencia alcanzan unas elevadas tasas de rendimiento de dos dígitos en relación con los proyectos en el ámbito de la energía, la electricidad y el transporte.

Apoyo al sector privado local en los países en desarrollo

Las pequeñas y medianas empresas y las microempresas de los países en desarrollo afrontan unas cargas reglamentarias mucho mayores que las de la UE, a menudo operan dentro de una economía informal y carecen de protección legal. Según el informe del Banco Mundial titulado «Doing Business» (Haciendo negocios), de 2014, los países más pobres son de hecho los que sufren la mayor cantidad de cargas reglamentarias.(1) La creación de un entorno favorable a las iniciativas privadas, junto con la inclusión y el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas dentro de la economía formal debe ser una prioridad al menos tan importante como la reducción de la burocracia y la mejora del entorno empresarial general para su desarrollo satisfactorio.

La DG Enterprise cuenta con un extenso historial de instrumentos y herramientas que han apoyado con éxito las pequeñas y medianas empresas y las microempresas en Europa. El aprovechamiento de su excepcional pericia en los países en desarrollo y la reproducción de mecanismos como la red de apoyo a las empresas europeas y el Europe Enterprise y el Portal europeo para las PYME, adaptados a las circunstancias locales y a las prioridades nacionales o regionales, constituiría un paso importante en la dirección correcta. Aunque inicialmente operarían con arreglo a las orientaciones de la Comisión, con el tiempo podrían pasar a ser propiedad y responsabilidad nacionales. Estas estructuras con el tiempo también podrían convertirse en plataformas de lanzamiento de asociaciones público-privadas a escala regional y local en ámbitos que abarcarían desde el sector agroalimentario hasta la formación profesional y los programas de atención sanitaria, facilitando con ello el desarrollo de capacidades, la puesta en común de conocimientos y experiencia así como de recursos locales e internacionales.

Resulta inconcebible que más de 2 500 millones de personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, sigan estando excluidos del sector financiero formal. Debemos cerciorarnos de que todas nuestras asociaciones sean coherentes con la dimensión de género. En Costa de Marfil, por ejemplo, en el contexto de su cadena de abastecimiento agrícola, Cargill trabajó conjuntamente con la Fundación Mundial del Cacao para mejorar las oportunidades de las madres, de tal forma que 30 mujeres recibieron una subvención para poner en marcha una pequeña empresa y cubrir las tasas escolares de sus hijos y recibieron una formación relativa a aptitudes comerciales básicas, contabilidad básica, preparación de presupuestos y planificación de actividades comerciales.

Participación del sector empresarial europeo e internacional para lograr un desarrollo sostenible

Asociaciones público-privadas

Las finanzas, la innovación y la responsabilidad pueden impulsarse a través de las asociaciones público-privadas (APP), que establecen las expectativas de empresas y gobiernos de forma transparente. Estas asociaciones deben basarse en una total claridad con respecto al cometido de cada una de las partes, a fin de poder superar los riesgos y retos asociados: riesgos macroeconómicos, riesgos políticos y riesgos de construcción, especialmente por lo que se refiere a la seguridad de la tenencia de la tierra y las consecuencias del acaparamiento de tierras.

En los países en desarrollo, las APP se concentran esencialmente hasta el momento en la energía, las infraestructuras y las telecomunicaciones, aunque las posibilidades en sectores tales como la agricultura, el agua y el saneamiento, la educación, las tecnologías verdes, la investigación y la innovación, la asistencia sanitaria y los derechos de propiedad siguen sin explotarse en gran medida.

Agricultura: Existe un potencial extraordinario en la participación del sector privado para desarrollar soluciones basadas en el mercado a retos agrícolas y la inseguridad alimentaria, como la formación de los agricultores locales en la mejora de las técnicas agrícolas, aumentando su acceso a la financiación y buscando como principales resultados del desarrollo el aumento del empleo y los ingresos, el apoyo del crecimiento comercial y el desarrollo de cadenas de valor existentes y nuevas. En la India, Thomson Reuters, que proporciona información sobre el precio de los cultivos y asesoramiento a las explotaciones a dos millones de pequeños agricultores, ha visto cómo sus ingresos han aumentado en un 60 %, triplicándose en ocasiones.

Tenencia de la tierra y derechos de propiedad: En la reforma de la legislación sobre tenencia de la tierra y derechos de propiedad en los países en desarrollo, las APP podrían desempeñar un papel esencial en la aplicación de la titulación sistemática y la cartografía catastral con tecnologías de bajo coste, así como en la informatización de los registros de tierras. Por ejemplo, en 2001 el Banco Asiático de Desarrollo (BASD) financió en Mongolia un proyecto sobre estudios catastrales y registro de la tierra para crear el entorno institucional para la supervisión y el registro de parcelas denominadas «hashaa» en todo el país. Esta iniciativa del Gobierno de Mongolia de modernización de las funciones del proceso de registro de la tierra fija y protege los derechos de sus ciudadanos.

Energía sostenible y sectores verdes: Por ejemplo, el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (GEEREF) es un fondo de fondos financiado públicamente por la Unión Europea, Alemana y Noruega cuyo objetivo consiste en crear nuevos fondos de capital privados centrados en proyectos relacionados con las energías renovables y la eficacia energética en los mercados emergentes y las economías en transición. En 2013, los inversores del sector privado se adhirieron al GEEREF y seis fondos recibieron financiación.

Asistencia sanitaria: Si bien se han registrado numerosos avances en lo que respecta al acceso a los medicamentos en la última década, también es necesario adoptar un enfoque integrado a nivel local, lo que presenta un potencial significativo para crear infraestructuras autónomas, lo que permitiría reducir el coste de los medicamentos y aumentar su disponibilidad en las zonas en las que son más necesarios. Destaca en este contexto la fructífera experiencia de Ely Lilly en el ámbito de la transferencia de tecnología en lo que se refiere a los medicamentos relacionados con la MDR-TB (tuberculosis multirresistente) en la India y Rusia.

Agua y saneamiento: Se trata de un sector en el que las APP han tenido un éxito particular en lo que se refiere a la construcción de plantas de distribución de agua y la prestación de servicios de saneamiento de calidad en los núcleos urbanos de los países en desarrollo. Por lo tanto, debemos apoyar y ampliar aún más su alcance en las zonas rurales.

Educación: La educación es la clave para la reducción de la pobreza y la desigualdad y resulta esencial para el crecimiento económico en una economía global competitiva, impulsada cada vez más por el conocimiento y la información. Tenemos que trabajar con el sector privado para reforzar su participación en los programas de educación y de formación profesional en los países en desarrollo, en particular en lo que se refiere a temas relevantes, como administración de empresas, las tecnologías de la información y la ingeniería.

Papel del Banco Europeo de Inversiones

La ampliación del mandato actual del BEI en materia de préstamos exteriores con vistas a reforzar su papel en el establecimiento de un desarrollo sostenible podría tener un fuerte impacto positivo en la nueva estrategia dirigida al sector privado. Utilizar la amplia experiencia y los conocimientos del BEI en materia de colaboración con empresas privadas en materia de financiación combinada, cofinanciación de proyectos, desarrollo del sector privado local y la financiación de proyectos en los sectores de energía verde sería mucho más rentable que la creación de nuevas estructuras institucionales para coordinar, supervisar y evaluar las asociaciones con el sector privado.

Estrategia a largo plazo para colaborar con el sector privado

Todas las asociaciones y alianzas con el sector privado deben centrarse en prioridades basadas en valores compartidos que compatibilicen los objetivos empresariales con los objetivos de desarrollo de la UE, se basen en las capacidades básicas de cada socio, y se codiseñen y coadministren de manera que se compartan los riesgos, responsabilidades y beneficios, sean rentables, y tengan objetivos precisos, metas objetivas y una rendición de cuentas y transparencia claras.

Plataformas de partes interesadas

Las plataformas de partes interesadas permitirían a la UE desempeñar un papel de facilitador y coordinador de todos los socios del desarrollo que deseen colaborar para alcanzar los objetivos de la política de desarrollo de la UE y los ODS. Los canales de comunicación con el sector privado o bien son inexistentes o están cerrados al diálogo con el sector privado. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión de reforzar los mecanismos existentes, tales como el Foro político sobre el desarrollo, sería un paso en la dirección correcta, con la condición de que se garantice que el diálogo en el sector privado sea en una de las prioridades absolutas de este tipo de plataformas.

Delegaciones de la UE

Las delegaciones de la UE deben desempeñar un papel crucial en la ejecución de las asociaciones con el sector privado. Ocupan un lugar privilegiado para convertirse en el «primer punto de contacto» para la amplia gama de redes empresariales y cámaras de comercio en Europa y en los países en desarrollo y para facilitar tanto el desarrollo del sector privado local como el compromiso con el sector empresarial europeo.

Acuerdo marco para las asociaciones público-privadas

Por lo tanto, es fundamental establecer un marco estructurado claro en relación con las asociaciones y alianzas con el sector privado, incluidas las APP y otras asociaciones multilaterales en los países en desarrollo, que pueda definir los indicadores de ejecución que deberán seguirse. El marco podría adoptar la forma de memorando de entendimiento (ME) o cualquier otra forma viable de acuerdo de alianza/asociación.

Titularidad y responsabilidades de los Gobiernos socios en los países en desarrollo

Uno de los aspectos más significativos del valor añadido de la UE con respecto a las acciones del sector privado es su peso político y las vías de diálogo existentes con los Gobiernos socios y las autoridades locales, que han dado muestras de su valor. Si bien la Comunicación sigue siendo imprecisa en lo que se refiere al nivel de compromiso que está dispuesta a asumir, los documentos de estrategia por país, los programas indicativos nacionales y el apoyo presupuestario pueden ser, de hecho, los instrumentos más valiosos para realizar reformas en relación con el medio empresarial en los países socios;

La responsabilidad de una actuación conjunta efectiva radica no solo en los donantes y las empresas que participan sino, también, en los gobiernos asociados. Como se señala en el Marco estratégico de la UNCTAD para la inversión privada en los ODS(2), uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la inversión del sector privado es encontrar el mejor mecanismo para minimizar los riesgos, al tiempo que se maximiza el impacto del desarrollo. Los riegos van desde una débil capacidad de absorción y una falta de seguridad con respecto a la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad hasta riesgos de impacto social y medioambiental imprevistos.

Los países menos adelantados y los Estados frágiles son todavía más problemáticos debido a la debilidad de sus instituciones, la inadecuación de sus marcos reglamentarios, la corrupción generalizada, la fuga de capitales y la debilidad de la legislación en materia de derechos humanos de derechos laborales.

Por lo tanto, la UE debe adoptar un enfoque diferenciado con sus países socios, dando prioridad en este ámbito a los aspectos políticos clave que son de suma importancia para nuestro compromiso con los países socios y con el sector privado: el Estado de Derecho; la buena gobernanza; la protección de los derechos de propiedad; la independencia del poder judicial; unos marcos reglamentarios eficaces y una reforma de las empresas que facilite las inversiones y el desarrollo del sector privado; medidas de lucha contra la corrupción; la gestión de las finanzas públicas: una mayor capacidad de absorción; instituciones públicas fuertes y el respeto de los derechos humanos.

Hoy por hoy, el sector privado crea el 90 % de los puestos de trabajo y de la renta de la población pobre de los países socios; representa el 84 % del PIB (según las Naciones Unidas) y proporciona una base sostenible para la movilización de los recursos internos. A pesar de los desafíos inherentes que plantea toda asociación de estas características, mientras sigamos trabajando en dos plataformas distintas, sin entender lo que cada uno de los actores está intentando lograr, nunca se erradicará la pobreza.

(1)

Grupo del Banco Mundial, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 29 de octubre de 2013.

(2)

http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=194


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (24.6.2015)

para la Comisión de Desarrollo

sobre el sector privado y el desarrollo

(2014/2205(INI))

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Subraya que, de conformidad con el artículo 208 del TFUE, el objetivo principal de la política de la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo es la reducción y la erradicación de la pobreza, lo que se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; reconoce que la pobreza tiene causas muy variadas e interrelacionadas, entre las que figuran las de naturaleza económica, política, sociocultural o medioambientales o las relacionadas con conflictos y la seguridad; señala que, en virtud del artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE), el objetivo de la UE en sus relaciones con el resto del mundo es contribuir al desarrollo sostenible, la solidaridad y el respeto mutuo, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, y que el sector privado tiene el potencial para contribuir a un desarrollo sostenible, eficiente y a largo plazo; pone de relieve, asimismo, que la política de cooperación al desarrollo de la UE tiene como objetivo promover los derechos humanos y expandir y reforzar la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho; hace hincapié, por consiguiente, en que la cooperación al desarrollo debe regirse por estos objetivos; recuerda que los objetivos en materia de cooperación al desarrollo deben tenerse en cuenta en la aplicación de las políticas de la UE que puedan afectar a los países en desarrollo; cree que el desarrollo económico es esencial para erradicar la pobreza y que el progreso en este ámbito es fundamental si se quiere alcanzar el objetivo de acabar con la pobreza extrema antes de 2030; apoya, asimismo, los objetivos de desarrollo del milenio como marco para reducir la pobreza y alcanzar otras metas, como mejoras en la salud y la educación;

2.  Celebra las Conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2014 sobre una mayor implicación del sector privado en la cooperación al desarrollo; está de acuerdo con las Conclusiones en las que se manifiesta que el sector privado se está convirtiendo en un agente cada vez más activo en el campo del desarrollo y se señala la necesidad de reforzar el papel del sector privado en la implementación de los futuros objetivos de desarrollo sostenible, sobre la base de los principios de eficacia de la ayuda;

3.  Pone de relieve el potencial de la contribución del sector privado al desarrollo sostenible a largo plazo y subraya el posible valor añadido de la UE al asociarse con el sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo;

4.  Apoya las labores realizadas por la Asociación de Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo, ya que sus miembros proporcionan capital a las empresas en los países en desarrollo a través de inversiones directas en empresas y, de manera indirecta, invirtiendo capital en los bancos comerciales locales y el mercado de capital privado emergente, centrándose en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas (pymes); insta a la Comisión a favorecer este tipo de programas en su financiación y cooperación, ya que el sector privado en los países en desarrollo reviste la máxima importancia;

5.  Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos, sustentar la corrupción o actuar en contra de los intereses de la UE en materia de seguridad;

6.  Hace hincapié en que la política de desarrollo no puede alcanzar estos objetivos en cuanto que política autónoma sino que debe integrarse en una estrategia más amplia, que combine la política exterior y de seguridad, la política comercial y otros instrumentos políticos de acción exterior; toma nota de que la coherencia entre estas distintas ramas de la acción exterior de la UE reviste una importancia fundamental

7.  Pone de relieve la necesidad de estudiar cómo se puede implicar más al sector privado en el marco de la política europea de vecindad para ayudar a generar crecimiento económico y puestos de trabajo en los vecinos de Europa, por ejemplo compartiendo la experiencia en lo que respecta a proporcionar acceso al capital;

8.  Observa que el desarrollo es, en primera instancia, responsabilidad del Estado; que el marco para la cooperación al desarrollo deben establecerlo los gobiernos y que esta labor incumbe, en primer lugar, al sector público; pero pone de relieve que la lucha contra la pobreza requiere no solo una política pública sino, también, la implicación del sector privado; toma nota de que, si bien reconoce que el principal objetivo del sector privado, con arreglo a los principios de la economía de mercado, no es la reducción de la pobreza y la igualdad sino generar beneficios, el sector privado, no obstante, tiene gran influencia en la sociedad y que, por lo tanto, la implicación del sector privado en los objetivos de desarrollo se debe definir con atención, poniendo un énfasis especial en la responsabilidad social de las empresas; solicita, en este contexto, a todas las empresas de la UE que asuman sus obligaciones en materia de responsabilidad social con vistas al respeto de los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas; insta a la Unión Europea a buscar maneras de fomentar la responsabilidad social de las empresas;

9.  Subraya que el sector privado debe participar en la política y los proyectos de la UE en materia de desarrollo, siempre que la diferencia de funciones entre los agentes del sector privado y del sector público se comprenda claramente y esté reconocida por todas las partes involucradas; destaca que las asociaciones público-privadas en el marco de la Agenda para el desarrollo posterior a 2015 deben centrarse en la reducción de la pobreza; subraya que una economía de mercado plenamente operativa, basada en el Estado de Derecho, sigue siendo un motor importante del desarrollo económico y social y que la política de desarrollo de la UE debe reflejar este hecho; señala que las asociaciones público-privadas, las financiaciones mixtas y los microcréditos podrían ser herramientas importantes para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo, pero que se deben analizar a fondo en lo que se refiere a su impacto sobre el desarrollo, la rendición de cuentas y la transparencia; hace hincapié, sin embargo, en que la constitución de un sector privado endógeno con microempresas locales, pymes y cadenas de valor locales es importante para la creación de empleo y una fuente de ingresos fiscales para los países en desarrollo, toda vez que las microempresas y las pequeñas empresas nacionales representan la mayor parte del empleo en los países en desarrollo; acoge con satisfacción la recomendación del Consejo de prestar mayor atención al apoyo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas;

10. Celebra el Marco para el compromiso de las empresas con las Naciones Unidas, que hace hincapié en que un sector privado sólido que genere crecimiento económico es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, y que el sector privado está haciendo contribuciones importantes con vistas a un progreso económico, social y medioambiental compartido;

11. Cree que los sectores público y privado son más eficaces cuando colaboran para crear un entorno saludable para la inversión y la actividad empresarial y para establecer las bases del crecimiento económico;

12. Observa que ningún país ha podido erradicar la pobreza sin crecimiento económico y que, sin crecimiento, ningún país podrá dejar de depender de la ayuda; considera, asimismo, que el sector privado es un impulsor esencial del crecimiento económico y que puede hacer una contribución significativa a la reducción de la pobreza y la consecución de unas condiciones de vida mejores creando más y mejores puestos de trabajo y generando unos salarios más altos y unos bienes y unos servicios mejores y más asequibles;

13. Celebra la participación del sector privado en el Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda de la OCDE; acoge con satisfacción, en particular, las iniciativas adoptadas en este contexto en materia de vías innovadoras para aprovechar en mayor medida la financiación al desarrollo del sector privado y la Declaración Conjunta de Busan de 2011 sobre el la ampliación y el refuerzo de la cooperación público-privada en aras de un crecimiento de amplio alcance, inclusivo y sostenible;

14. Hace hincapié en que unas reformas estructurales e institucionales, respaldadas por una aplicación firme de las políticas y unas leyes, derechos y normas justas, pueden actuar como catalizador para la inversión del sector privado y el crecimiento de las exportaciones que, a su vez, contribuyen a los objetivos de desarrollo y a la reducción de la pobreza;

15. Celebra el papel desempeñado por la inversión del sector privado extranjero en los países en desarrollo en relación con la aceleración del desarrollo nacional; pone de relieve, asimismo, la importancia de fomentar une inversión responsable, que apoye a los mercados locales y contribuya a reducir la pobreza;

16.  Acoge con satisfacción que el porcentaje de la ayuda bilateral no condicionada haya aumentado de manera continuada, pero expresa su preocupación por que sigan existiendo formas de ayuda condicionada, tanto de carácter formal como informal(1); pide a la UE y a sus Estados miembros que cumplan su compromiso en el Consenso Europeo sobre Desarrollo de fomentar una mayor desvinculación de la ayuda más allá de las recomendaciones de la OCDE; subraya el potencial de generación de crecimiento de más ayuda no condicionada, lo que beneficiaría a las industrias locales en los países en desarrollo; pide un aumento de la ayuda verdadera («real aid») y un desarrollo sostenible de las cadenas de valor regionales/locales; pide que se fomente en mayor medida la capacitación de los agentes locales y que se ponga énfasis en el establecimiento de cadenas de valor sostenibles a nivel regional/local; subraya la importancia de la apropiación local y regional, de las estrategias nacionales propias de los países asociados y de sus programas de reforma, de la participación de los proyectos de desarrollo y del valor añadido proporcionado al asegurar las cadenas de suministro locales; cree que la política de desarrollo desempeña una función importante al abordar las causas subyacentes de los actuales flujos de inmigración hacia la Unión Europea;

17.  Subraya la necesidad de una legislación firme en materia de derechos de propiedad con el fin de poner fin al acaparamiento de tierras, es decir, cuando la adquisición de tierras a gran escala en los países en desarrollo provoca graves violaciones de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, y/o causa daños graves al medio ambiente natural; acoge con satisfacción la puesta en marcha en 2014 de un programa de la UE para fortalecer la gobernanza territorial en los países africanos; destaca la importancia de una transparencia y rendición de cuentas plenas en relación con las operaciones de las empresas e instituciones financieras de la UE en materia de inversiones agroindustriales y adquisiciones de tierras a gran escala en los países en desarrollo; subraya que la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades debe seguir siendo el eje de las actividades de desarrollo; recuerda la necesidad de respetar las normas internacionales acordadas, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, e insta a la Comisión a tomar la iniciativa mediante el desarrollo de un acuerdo marco claramente definido que regule todos los acuerdos de asociación con el sector privado, de conformidad con los principios y las normas de la responsabilidad social de las empresas; hace hincapié en que el respeto de los derechos humanos debe ser un imperativo para las empresas; pide urgentemente que se adopten normas internacionales vinculantes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos, el Derecho laboral y las normas medioambientales y en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo;

18.  Apoya los compromisos del G8 sobre impuestos, transparencia e intercambios comerciales que sustentan el desarrollo económico, incluida la aplicación de directrices acordadas a nivel internacional para fomentar las buenas prácticas empresariales y proteger el régimen y los derechos de propiedad; pide que los esfuerzos europeos en materia de desarrollo desempeñen un papel importante en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, también en el marco del trabajo con empresas e inversores europeos, para garantizar el pleno cumplimiento de estos Principios Rectores y las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales en sus actividades comerciales y en sus cadenas de suministro en los países en desarrollo; pide a la Comisión que defienda la propuesta de los inversores y de otras partes interesadas de promover normas vinculantes para las empresas en materia de información sobre derechos sociales, medioambientales y derechos humanos, de conformidad con la Directiva de la UE sobre la presentación de informes no financieros, que figuran entre las nuevas propuestas de objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;

19.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden a los países en desarrollo a movilizar sus recursos propios, por ejemplo, mediante regímenes fiscales nacionales, y a combatir los flujos financieros ilícitos y la corrupción, que provocan que los países en desarrollo pierdan varios cientos de miles de millones de euros al año(2), lo que equivale a varias veces al importe total de la ayuda oficial al desarrollo; pide a la UE, y a sus Estados miembros, así como a todas las organizaciones y países desarrollados y en desarrollo signatarios de la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, de 2011, que cumplan su compromiso de intensificar los esfuerzos para luchar contra la corrupción y contra los flujos financieros ilícitos; pide a la Comisión que, en el marco de esta estrategia, defienda un enfoque coherente e integrado que tenga en cuenta las principales normativas existentes en materia de transparencia, lucha contra la evasión y la elusión fiscales, rendición de cuentas y control de las grandes industrias extractivas; pide, en este contexto, que se adopten nuevas medidas para garantizar que las empresas sean responsables ante los países en los que operan; pide que se adopten normas eficaces a nivel internacional contra la evasión y la elusión, por ejemplo en lo que se refiere al Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal;

20.  Pide una mayor transparencia en las finanzas para ayudar a luchar contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos, en particular mediante el desarrollo de sistemas fiscales justos y eficaces;

21. Hace hincapié en que la financiación para el desarrollo debe fortalecer los recursos disponibles para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las mujeres y su capacitación, además de eliminar el trabajo infantil; señala que el sector privado puede ejercer una función muy importante a este respecto;

22.  Insiste en que la UE y sus Estados miembros deben mantener su posición como principales donantes en materia de cooperación al desarrollo y desempeñar un papel destacado en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de sostenible; pide a los Estados miembros que cumplan con la obligación de destinar el 0,7 % de su PIB a la asistencia oficial para el desarrollo; subraya que no se puede recurrir a los fondos privados para incrementar artificialmente las contribuciones; subraya la necesidad de seguir desarrollando mecanismos financieros innovadores con el fin de aprovechar en mayor medida la financiación del sector privado para el desarrollo, complementaria a la asistencia oficial para el desarrollo, que respete plenamente los principios de adicionalidad, transparencia, responsabilidad, información eficaz, apropiación y coincidencia con las prioridades de los países asociados;

23. Acoge con satisfacción el enfoque diferenciado de la Comisión en relación con un sector privado muy diverso, que incluye desde microempresas a grandes empresas; pide un enfoque diferenciado con respecto a los Estados menos desarrollados y frágiles;

24. Pide a la UE que continúe participando activamente en los debates sobre el programa posterior a 2015, teniendo en cuenta, además, las oportunidades y los retos que se derivan de una asociación más estrecha con los agentes del sector privado.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

23.6.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

30

0

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Suplentes presentes en la votación final

Luis de Grandes Pascual, Tanja Fajon, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin

(1)

ActionAid (2005): «Real Aid An Agenda for Making Aid Work» («Ayuda real - Un programa para que la ayuda funcione»), p. 4.

(2)

Eurodad: «Giving with one hand and taking with the other - Europe’s role in tax-related capital flight from developing countries» («Dar con una mano y quitar con la otra - El papel de Europa en la evasión de capitales desde los países desarrollados en materia fiscal»), p.6.


OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (1.6.2015)

para la Comisión de Desarrollo

sobre el sector privado y el desarrollo

(2014/2205(INI))

Ponente: Lola Sánchez Caldentey

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Toma nota de la importancia estratégica de que la UE recupere su liderazgo mundial en materia de lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible y señala que, en un período de recortes en los presupuestos de ayuda, se ha reforzado el papel del sector privado en materia de desarrollo en apoyo de apoyar prioridades políticas ; reconoce su papel y potencial para contribuir a generar un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza; considera que el compromiso de la UE con el sector privado en el contexto del desarrollo debe regirse por unos principios en materia de eficacia, sostenibilidad y equidad del desarrollo acordados a nivel internacional;

2.  Subraya que las políticas comerciales, de inversión y de desarrollo de la UE están interrelacionadas e inciden en los países en desarrollo; recuerda el compromiso de la UE con la integración de la perspectiva de género en todas sus políticas; recuerda que la política comercial común de la UE debe tener en cuenta el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo en virtud del artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; considera que este principio debe respetarse en todos los acuerdos comerciales y de inversión de la UE, y que, a su vez, la Comisión debe reforzar los mecanismos necesarios para la coordinación de todas las políticas de la UE, tanto a nivel interno como externo, así como desarrollar las principales disposiciones internas en materia industrial, medioambiental y del mercado interior;

3.  Hace hincapié en que, si bien son necesarios más recursos financieros para afrontar los desafíos relacionados con el desarrollo sostenible, el desarrollo no se limita al crecimiento económico, y señala que las actividades del sector privado deben regularse y definirse cuidadosamente para impulsar objetivos en materia de desarrollo sostenible; hace hincapié en que las prácticas aplicadas en la actualidad por la UE para apalancar la financiación privada con la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), como la financiación combinada, han demostrado tener una eficacia insuficiente, y que podrían mejorarse considerablemente concediendo mayor importancia a la adicionalidad, la transparencia, la responsabilidad y rendición de cuentas efectivas, la propiedad, la armonización con las prioridades del país socio y la gestión sostenible de la deuda;

4.  Hace hincapié en la necesidad de que la políticas comercial y de desarrollo de la UE respeten el margen de maniobra político y económico de los países en desarrollo, en particular de los países menos desarrollados, a fin de mantener los aranceles a la importación fundamentales cuando sea necesario, e impulsar la creación de puestos de trabajo cualificados y decentes en la industria manufacturera y agroindustrial local como factores que puedan crear un valor añadido nacional y un crecimiento industrial mayores y un aumento de las exportaciones y de la diversificación, componentes clave de una modernización económica y social inclusiva; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que promuevan medidas concretas para velar por que las empresas multinacionales tributen en los países en que se generan sus beneficios y promuevan una información eficaz sobre cada país por parte del sector privado, reforzando de este modo la movilización de los recursos nacionales y una competencia justa;

5.  Hace un llamamiento a favor de la adopción de medidas para impulsar estrategias de desarrollo de los países socios que conformen la contribución del sector privado al desarrollo mediante el refuerzo de la creación de alianzas que aumenten el potencial de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas locales y la adquisición a nivel local, elementos esenciales para lograr un desarrollo endógeno mediante para la creación de empleo decente; la concesión de la prioridad a la contribución de las mujeres al desarrollo mediante la movilización de los recursos internos; la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales; la erradicación de la corrupción política; y la mitigación de las fluctuaciones monetarias y de los precios de los productos básicos, lo que pone en peligro el acceso a las cadenas de valor;

6.  Pide una evaluación exhaustiva de las políticas comercial y de inversión existentes con el fin de identificar las disposiciones que pudieran afectar negativamente al desarrollo, ya sea de forma directa o de manera colateral y, en particular, aquellas que puedan tener un impacto en el acceso universal a bienes y servicios de interés general, como los relacionados con la salud, la educación, el agua, la lucha contra el hambre, la pobreza energética y la igualdad de género; hace hincapié en que se mejoren los capítulos sobre desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales bilaterales futuros con vistas a incluir programas obligatorios de información dirigidos al sector privado;

7.  Insta a la Comisión a que siga promoviendo iniciativas relacionadas con los recursos naturales y su abastecimiento, en particular los recursos mineros, forestales, energéticos y del agua, y a que se realice un mejor control del sector textil, conjuntamente con sistemas sostenibles privados, así como a que se intensifiquen los análisis del ciclo de vida de los productos y procesos teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y sociales; acoge con satisfacción que una amplia gama de industrias y empresas transnacionales hayan adoptado códigos de conducta que detallan normas de rendimiento en los ámbitos social y de medio ambiente para sus cadenas de suministro mundiales e insiste en que instrumentos como el Convenio nº 169 de la OIT, las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia deben aplicarse sistemáticamente; subraya la necesidad de responder, sin más demora, al compromiso asumido por el Consejo Europeo en 2013, a través del «Plan de acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia»;

8.  Destaca la necesidad de que la política comercial de la UE promueva la buena gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho a través de un marco que garantice que las empresas contribuyan a un crecimiento económico incluyente desde el punto de vista social y que sean responsables de sus acciones en los países en desarrollo en lo relativo a las normas en materia de derechos humanos, la igualdad de género, el trabajo decente, los derechos sindicales, la protección del medio ambiente, la protección social, y el acceso universal a bienes y servicios públicos de calidad (prestando una particular atención a una cobertura sanitaria pública y universal), la protección social, el acceso universal a los medicamentos, y la seguridad de los productos y de los alimentos;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

28.5.2015

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

36

1

4

Miembros presentes en la votación final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Suplentes presentes en la votación final

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

17.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

21

5

1

Miembros presentes en la votación final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Jan Zahradil

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Linda McAvan, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Heidi Hautala

5

-

EFDD

Ignazio Corrao, Nathan Gill

ENF

Louis Aliot

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

1

0

VERTS/ALE

Maria Heubuch

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

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