Procedimiento : 2013/0119(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0156/2016

Textos presentados :

A8-0156/2016

Debates :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Votaciones :

PV 09/06/2016 - 4.4
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0277

RECOMENDACIÓN PARA LA SEGUNDA LECTURA     ***II
PDF 402kWORD 100k
27.4.2016
PE 580.420v02-00 A8-0156/2016

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

(14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Mady Delvaux

ENMIENDAS
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

(14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Senado rumano, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013(1),

–  Vista su Posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0228),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Vistos los artículos 76 y 39 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0156/2016),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente legislación es favorecer la libre circulación de los ciudadanos simplificando la aceptación formal de determinados documentos públicos en la Unión Europea. El texto no trata sobre el reconocimiento del contenido de los documentos públicos, en particular a fin de preservar la soberanía de los Estados miembros en materia de Derecho de familia.

La movilidad de los ciudadanos de la Unión es una realidad: unos doce millones de ciudadanos estudian, trabajan o viven en un Estado miembro del que no son nacionales. Actualmente, cuando los ciudadanos y las empresas de la Unión ejercen su derecho a la libre circulación o a las libertades del mercado interior pueden encontrar dificultades administrativas a la hora de presentar documentos públicos a las autoridades de otro Estado miembro, por ejemplo, después de haber cruzado una frontera.

Tras las negociaciones interinstitucionales, los colegisladores y la Comisión acordaron un texto de transacción.

El Reglamento contempla los documentos relativos al estado civil así como otros documentos que a menudo solicitan los ciudadanos, referentes, por ejemplo, a la residencia, la nacionalidad y los antecedentes penales.

Para estos documentos públicos el presente Reglamento establece la dispensa de la legalización y la apostilla, dos trámites administrativos tradicionalmente previstos para los documentos públicos transfronterizos. Se prevén asimismo medidas de aceptación facilitada en materia de copias certificadas y traducciones juradas. Estas simplificaciones para el ciudadano se compensan con la facultad de la administración que recibe el documento de solicitar, directamente y por vía electrónica, a la autoridad emisora la confirmación de la autenticidad del documento.

Por último, la piedra angular del Reglamento es la creación de impresos estándar multilingües para la mayor parte de los documentos públicos de que se trata. Estos impresos estándar multilingües son emitidos por las autoridades nacionales cuando se debe presentar un documento público en otro Estado miembro y se adjuntan al documento nacional. Este anexo incluye las pretraducciones del documento público en cuestión y exime a los ciudadanos de la obligación de facilitar una traducción del documento administrativo, lo que simplifica grandemente los trámites que debe realizar el ciudadano europeo que se desplaza.

Las negociaciones con el Consejo han deparado algunas decepciones al Parlamento: en particular, el Parlamento quería que se incluyeran en la parte dispositiva del Reglamento los títulos y certificados de formación y los certificados sobre discapacidad, así como determinados documentos pertinentes para las empresas. Además, los impresos estándar multilingües no pueden circular de manera autónoma, sino que deben adjuntarse a los documentos nacionales en cuestión, lo que constituye una complicación innecesaria. No obstante, esto no debe ocultar los grandes avances realizados. El Reglamento contiene cláusulas de revisión que contemplan la ampliación del alcance de las simplificaciones administrativas en el futuro, una vez que las autoridades nacionales se hayan acostumbrado a esta nueva forma de trabajar.

La ponente propone la aprobación del texto, que es el texto negociado con el Consejo en su versión revisada por los juristas-lingüistas en todas las lenguas oficiales.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO

Sr. D. Pavel Svoboda

Presidente

Comisión de Asuntos Jurídicos

BRUSELAS

Asunto:  Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

  (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))

Señor Presidente:

En noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió motu propio, de conformidad con el artículo 39, apartado 5, del Reglamento, emitir una opinión sobre la procedencia del cambio del fundamento jurídico de la propuesta de referencia que ha solicitado el Consejo.

Los fundamentos jurídicos propuestos por la Comisión eran, por una parte, el artículo 21, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se refiere a la adopción de disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y, por otra, el artículo 114, apartado 1, del TFUE, que se refiere a la adopción de medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

La posición del Parlamento fue la de apoyar con firmeza la propuesta de la Comisión de que los documentos relativos a las empresas estuvieran incluidos en los documentos públicos objeto de la simplificación prevista en la propuesta. Sin embargo, el texto acordado ha cambiado el fundamento jurídico, suprimiendo el artículo 114, apartado 1, del TFUE del fundamento jurídico inicial a petición del Consejo, ya que la mayoría de los Estados miembros preferían que el Reglamento tuviera un ámbito de aplicación más restringido que abarcara fundamentalmente los documentos relativos al estado civil.

El objeto de la presente opinión es determinar la validez y procedencia del nuevo fundamento jurídico único.

I - Antecedentes

La propuesta para simplificar la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea tiene por objeto cumplir la importantísima función de facilitar los trámites a los ciudadanos que cruzan las fronteras.

Un gran número de ciudadanos europeos viven en un Estado miembro distinto al suyo y este número crece continuamente. Cada vez más ciudadanos tienen vínculos con otro Estados, ya sea por motivos familiares o profesionales o solo por ir de vacaciones. Todas estas personas pueden entrar alguna vez en contacto con las autoridades administrativas del país que visitan o en que residen: los turistas con el sistema sanitario, los estudiantes con los órganos administrativos de las universidades, los trabajadores y las trabajadoras con la administración tributaria y de seguridad social, etcétera.

En 2011 la Comisión publicó un documento de estrategia en el que se enumeraban las veinte críticas más importantes de los ciudadanos y las empresas al mercado interior, buena parte de las cuales se referían a las formalidades administrativas. Además, es sabido que los problemas en la aplicación transfronteriza del Derecho de familia, del Derecho tributario y del Derecho de la seguridad social, entre otros, disuaden a muchos ciudadanos de aventurarse a establecerse en otro Estado miembro.

Cada año cientos de miles de documentos públicos han de ser legalizados o certificados para que se reconozcan en un Estado miembro distinto. Por tanto, la reducción de los trámites transfronterizos añadidos es otro paso importante para facilitar la libertad de circulación de los ciudadanos.

Por último, hay que señalar que esta propuesta de Reglamento no armoniza en modo alguno el Derecho sustantivo de los Estados miembros en los ámbitos abordados. No dispone que un Estado miembro deba reconocer el contenido de un documento de otro Estado miembro. El único objetivo es reducir los trámites transfronterizos añadidos mediante la supresión de las formalidades de legalización o apostilla para una serie de documentos públicos.

II – Artículos pertinentes del Tratado

El artículo 21 del TFUE, dentro de la segunda parte «No discriminación y ciudadanía de la Unión», se presenta como fundamento jurídico único en el texto acordado por los colegisladores en el diálogo tripartito relativo a dicho Reglamento (el subrayado es nuestro):

«Artículo 21 del TFUE

(antiguo artículo 18 TCE)

1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

2. Cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar este objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado 1.

[...]»

El artículo 114, apartado 1, del TFUE, incluido en el capítulo 3 «Aproximación de las legislaciones», aparecía en la propuesta inicial al objeto de abarcar los documentos públicos empleados en circunstancias transfronterizas por las empresas de la UE. Este fundamento jurídico fue suprimido posteriormente a petición del Consejo debido a la reducción del ámbito de aplicación del Reglamento;

«Artículo 114 del TFUE

(antiguo artículo 95 TCE)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

[...]»

III - Principio principal para la elección del fundamento jurídico

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»(3). Así, la elección de un fundamento jurídico incorrecto puede justificar la anulación del acto de que se trate.

Así, en el presente caso, se debe determinar si la propuesta:

1.  tiene un objetivo doble o un componente doble, y uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio, o

2.  persigue varios objetivos a la vez, o tiene varios componentes vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso, el acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante, y, en el segundo caso, el acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes.(4)

IV - Finalidad y contenido de la propuesta

En el considerando 1 del texto acordado se señala que el Reglamento tiene por objeto garantizar la libre circulación de documentos públicos dentro de la Unión con el fin de promover la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, y se afirma que, para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 21 del TFUE, la Unión debe adoptar medidas concretas que simplifiquen los requisitos administrativos vigentes relativos a la presentación en un Estado miembro de determinados documentos públicos expedidos por las autoridades de otro Estado miembro.

La transacción prevé que el Reglamento solo se aplique a determinados documentos públicos, principalmente a los relativos al estado civil. Según el artículo 2, apartado 1, del texto acordado, el Reglamento se aplica a los documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional que tengan que presentarse a las autoridades de otro Estados miembro y cuya finalidad principal sea acreditar el nacimiento, la defunción, el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, etc. La propuesta de la Comisión también incluía en el ámbito de aplicación del Reglamento «la personalidad jurídica y la representación de una sociedad o empresa», mención suprimida posteriormente a petición del Consejo, lo que restringe dicho ámbito de aplicación fundamentalmente a los documentos relativos al Estado civil.

La finalidad principal del Reglamento es acabar con los trámites de legalización y apostilla de los documentos públicos incluidos en su ámbito de aplicación. También se introducen simplificaciones en materia de copias certificadas y traducciones juradas.

Con el objetivo de evitar posibles fraudes, el Reglamento prevé asimismo el uso del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) con fines de asistencia administrativa recíproca. Dicho sistema, que ya se usa en la esfera económica, permite a las autoridades del Estado miembro receptor pedir ayuda a las autoridades del Estado miembro expedidor en caso de duda. La autoridad que ha expedido el documento tiene así la posibilidad de confirmar la autenticidad y el valor probatorio del documento ante la autoridad receptora.

Por último, uno de los elementos fundamentales de la propuesta es la creación de impresos estándar multilingües de la Unión (véanse los artículos 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quater 1, y 6 quinquies del texto acordado). La expedición de impresos estándar multilingües simplificaría el problema de la traducción, de forma similar a lo que ya ocurre con los impresos electrónicos en el ámbito de la seguridad social.

Los impresos estándar multilingües de la Unión se limitan a obviar la necesidad de trámites y traducciones. En ningún caso obligan a reconocer el contenido del impreso, sobre todo en lo que respecta al ámbito del Derecho de familia.

VI – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado

La propuesta de la Comisión preveía que el Reglamento solo se aplicase a determinados documentos públicos que enumeraba, relativos principalmente al estado civil. No obstante, el texto inicialmente propuesto también preveía la simplificación de los trámites administrativos respecto de documentos públicos relativos a las empresas. Por esta razón, el fundamento jurídico inicial del Reglamento propuesto no solo incluía al artículo 21, apartado 2, del TFUE, sino también el artículo 114, apartado 1, del TFUE, ya que esta última disposición sería el fundamento jurídico adecuado para abarcar el uso transfronterizo de documentos públicos por parte de las empresas de la Unión en el mercado interior.

Como pidió el Consejo, y aceptó el Parlamento Europeo, el texto acordado sustrae del ámbito de aplicación del Reglamento los documentos públicos relativos a «la personalidad jurídica y la representación de una sociedad o empresa». El hecho de que las empresas ya no resulten afectadas de modo directo por el Reglamento justifica la supresión del segundo fundamento jurídico constituido por el artículo 114, apartado 1, del TFUE, lo que deja al Reglamento propuesto con un único fundamento jurídico, a saber, el artículo 21, apartado 2, del TFUE.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Reglamento debe fundarse exclusivamente en el artículo 21, apartado 2, del TFUE, que faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar disposiciones que faciliten a los ciudadanos de la Unión el ejercicio de los derechos fundamentales de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, tal y como lo consagra el artículo 21, apartado 1, del TFUE.

Los obstáculos administrativos a la utilización y aceptación transfronterizas de los documentos públicos inciden de forma directa en la libertad de circulación de los ciudadanos. La eliminación de dichos obstáculos facilitaría, por consiguiente, el ejercicio de ese derecho conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 2, del TFUE.

La propuesta contiene disposiciones sobre herramientas prácticas (por ejemplo, el Sistema de Información del Mercado Interior y los impresos estándar multilingües) para facilitar la vida de los ciudadanos cuando atraviesan las fronteras nacionales. Por consiguiente, ha de considerarse que el Reglamento propuesto es un instrumento necesario para fomentar la libre circulación de los ciudadanos europeos dentro de la Unión.

Dado que la finalidad y el contenido del Reglamento propuesto, tal y como se ha expuesto, es reducir el coste que deben soportar los ciudadanos y reducir la burocracia, en particular al prever los impresos estándar multilingües, el artículo 21, apartado 2, del TFUE constituye el fundamento jurídico adecuado del Reglamento propuesto.

VII - Conclusión y recomendación

El texto acordado suprime el artículo 114, apartado 1, del TFUE del fundamento jurídico doble, ya que restringe el ámbito de aplicación del Reglamento propuesto exclusivamente a los documentos públicos relativos a personas físicas y excluye de dicho ámbito de aplicación a los documentos relativos específicamente a las empresas. Por consiguiente, dicho acto legislativo pasa a basarse única y apropiadamente en el artículo 21, apartado 2, del TFUE.

En su reunión del 12 de noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el acuerdo alcanzado en el diálogo tripartito con el Consejo, que incluye el cambio de fundamento jurídico. Tras considerar detenidamente las consecuencias para el fundamento jurídico del acto en su reunión del 28 de enero de 2016, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por 23 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención(5), recomendar que el Pleno dé su respaldo al texto acordado en segunda lectura con el único fundamento jurídico del artículo 21, apartado 2, del TFUE.

La saluda muy atentemente,

Pavel Svoboda

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Facilitación de la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la UE

Referencias

14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD)

Fecha 1ª lectura PE – Número P

4.2.2014                     T7-0054/2014

Propuesta de la Comisión

COM(2013)0228 - C7-0111/2013

Fecha del anuncio en el Pleno de la recepción de la Posición del Consejo en primera lectura

11.4.2016

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

11.4.2016

 

 

 

Ponentes

       Fecha de designación

Mady Delvaux

3.9.2014

 

 

 

Impugnación del fundamento jurídico

       Fecha de la opinión JURI

JURI

28.1.2016

 

 

 

Examen en comisión

24.9.2014

24.3.2015

14.7.2015

21.4.2016

Fecha de aprobación

21.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

18

2

0

Miembros presentes en la votación final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss

Suplentes presentes en la votación final

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Josef Weidenholzer

Fecha de presentación

27.4.2016

(1)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 52.

(2)

Textos Aprobados de 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

(3)

Sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias arancelarias generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; sentencia de 23 de octubre de 2007, Comisión/Consejo, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518.

(4)

Véase el asunto C-411/06, antes citado, apartados 46 y 47.

(5)

Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Mady Delvaux (vicepresidenta), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Axel Voss (vicepresidente y ponente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka.

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