INFORME sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

29.6.2016 - (2016/2038(INI))

Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2)
Coponentes: Jeppe Kofod y Michael Theurer

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

(2016/2038(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 107, 108, 113, 115 y 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista su Decisión, de 2 de diciembre de 2015, sobre el establecimiento de una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, sus competencias, composición numérica y mandato[1],

–  Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre resoluciones fiscales y otras prácticas fiscales perniciosas aplicadas en Luxemburgo, revelaciones conocidas como «LuxLeaks»,

–  Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la utilización de las sociedades extraterritoriales, revelaciones conocidas como papeles de Panamá, en particular los documentos publicados el 9 de mayo de 2016,

–  Vistos los resultados de las diferentes cumbres del G7, G8 y G20 dedicadas a cuestiones fiscales internacionales, en particular la cumbre de Ise-Shima de los días 26 y 27 de mayo de 2016 y los resultados de la reunión de los ministros de Economía y Hacienda del G20 y los gobernadores de los Bancos Centrales, celebrada los días 14 y 15 de abril de 2016 en Washington,

–  Vista la Resolución adoptada el 27 de julio de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Acción de Adís Abeba,

–  Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 30 de noviembre de 2015, titulado «G20/OECD Principles of Corporate Governance» (Principios de Gobierno Corporativo G20/OCDE),

–  Vistas las conclusiones del Consejo ECOFIN relativas al intercambio de información tributaria sobre las empresas multinacionales y al código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, de 8 de marzo de 2016, sobre el impuesto de sociedades, la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, de 8 de diciembre de 2015, sobre fiscalidad de las empresas, de 9 de diciembre de 2014, y sobre la política fiscal, de 1 de diciembre de 1997, así como la nota sobre el debate informal del ECOFIN sobre los papeles de Panamá, de 22 de abril de 2016,

–  Vista la Directiva del Consejo, de 8 de diciembre de 2015[2], por la que se modifica la Directiva relativa a la cooperación administrativa[3],

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[4],

–  Vista la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros[5],

–  Vista la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[6],

–  Visto el documento de seguimiento conjunto de la Comisión, adoptado el 16 de marzo de 2016, respecto de las recomendaciones contenidas en las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión, y sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,

–  Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (propuesta sobre la información por país)[7],

–  Vista la propuesta de la Comisión sobre el paquete de lucha contra la elusión fiscal, consistente en una «comunicación general»[8], una propuesta de Directiva del Consejo relativa a la lucha contra la elusión fiscal[9], una propuesta de Directiva del Consejo relativa a la revisión de la Directiva relativa a la cooperación administrativa[10], una recomendación relativa a los convenios fiscales[11], y un estudio sobre la planificación fiscal agresiva[12],

–  Vistas la propuesta de la Comisión de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2011)0121), y la Posición del Parlamento al respecto de 19 de abril de 2012,

–  Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas[13], y los informes periódicos al Consejo del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas),

–  Visto el Acuerdo sobre transparencia fiscal rubricado por la Unión Europea y el Principado de Mónaco el 22 de febrero de 2016,

–  Visto el Acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Principado de Andorra, el 12 de febrero de 2016,

–  Visto el Acuerdo sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro firmado entre la Unión Europea y la República de San Marino el 8 de diciembre de 2015,

–  Visto el Acuerdo sobre el intercambio automático de información sobre cuentas financieras firmado entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein el 28 de octubre de 2015,

–  Visto el Acuerdo en materia fiscal para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias firmado entre la Unión Europea y la Confederación Suiza el 27 de mayo de 2015,

–  Vistos el Acuerdo actualizado entre Jersey y el Reino Unido, de 30 de noviembre de 2015, y el denominado «Cambio de opinión sobre la interpretación del apartado 2 del Acuerdo de doble imposición Jersey-Reino Unido»,

–  Visto el Tratado de doble imposición Guernesey-Reino Unido modificado por el Tratado de 2009, firmado el 20 de enero de 2009 y en vigor desde el 27 de noviembre de 2009, relativo al intercambio de información,

–  Vista la posición legislativa del Parlamento, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión[14],

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares[15],

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo[16],

–  Vistas las distintas audiencias parlamentarias sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal—así como los informes correspondientes—, mantenidas en los Parlamentos nacionales y, en concreto, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Senado de los Estados Unidos, el Senado de Australia y la Asamblea Nacional y el Senado de Francia,

–  Vista la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2014)7, de 30 de abril de 2014, sobre la protección de los denunciantes de irregularidades,

–  Visto el juicio en curso en Luxemburgo contra Antoine Deltour, Raphaël Halet y Édouard Perrin, acusados por el papel desempeñado en la publicación de los documentos conocidos como «LuxLeaks»,

–  Vistas las decisiones de la Comisión sobre ayudas estatales en relación con Fiat[17], Starbucks[18] y las prácticas de resolución de beneficios extraordinarios belgas[19] y las decisiones de iniciar investigaciones sobre ayudas estatales en relación con McDonald’s, Apple y Amazon,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2) (A8-0223/2016),

Consideraciones generales, datos y cifras

A.  Considerando que las revelaciones de los papeles de Panamá y «LuxLeaks», que ha publicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han puesto de manifiesto la necesidad apremiante de que la Unión y sus Estados miembros luchen contra la evasión y la elusión fiscales y la planificación fiscal agresiva y favorezcan una cooperación y transparencia mayores a fin de restablecer la justicia fiscal, haciendo que nuestros sistemas fiscales sean más justos y garantizando que los impuestos sobre sociedades se pagan allí donde se cree el valor, a nivel no solo de los Estados miembros sino también mundial;

B.  Considerando que la Comisión estima que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales se cifra en 1 billón de euros[20] al año, mientras que la OCDE calcula[21] que la pérdida de ingresos a nivel mundial se sitúa entre el 4 % y el 10 % del total de ingresos derivados del impuesto de sociedades, lo que representa entre 75 000 y 180 000 millones de euros al año (niveles de 2014); que se trata simplemente de estimaciones conservadoras; que las consecuencias negativas que conllevan estas prácticas para los presupuestos de los Estados miembros y los ciudadanos son obvias y podrían perjudicar la confianza en la democracia; que el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva erosionan las bases imponibles de los Estados miembros y, por tanto, provocan una pérdida de ingresos fiscales, debilitando las economías y la capacidad de los Gobiernos de proporcionar un nivel adecuado de servicios públicos, inversiones y seguridad social;

C.  Considerando que en un marco presupuestario de control mutuo es inaceptable que los recursos que deban ser generados por los impuestos adeudados en un Estado miembro sean efectivamente generados en otro Estado miembro mediante una planificación fiscal injusta y abusiva;

D.  Considerando que los países en desarrollo se ven afectados de manera desproporcionada por la elusión del impuesto de sociedades, que se calcula que provoca unas pérdidas anuales de ingresos tributarios de 100 000 millones de dólares estadounidenses[22], y que dicha situación priva a estos países de los recursos fundamentales para financiar los servicios más básicos y perjudica las políticas de cooperación al desarrollo de la UE;

E.  Considerando que las revelaciones de los papeles de Panamá nos han recordado que la cuestión de la elusión de impuestos va más allá de las empresas multinacionales y está fuertemente vinculada a las actividades delictivas y que se calcula que la riqueza extraterritorial es de aproximadamente 10 billones de dólares estadounidenses; que Suiza acoge una riqueza extraterritorial por valor de más de 2,5 billones de dólares estadounidenses;

F.  Considerando que los líderes del G20 adoptaron medidas en abril de 2009 y pidieron específicamente a las jurisdicciones extraterritoriales que firmaran al menos doce tratados de intercambio de información con el objetivo de poner fin a la era del secreto bancario; que los economistas cuestionaron seriamente la eficacia de estas medidas explicando que los tratados han conllevado la reubicación de los depósitos bancarios entre paraísos fiscales, pero que no han dado lugar a una repatriación significativa de los fondos[23]; que no hay pruebas de que las inversiones de cartera en las jurisdicciones extraterritoriales fueran a la baja antes de como mínimo 2014, a pesar de los últimos esfuerzos internacionales encaminados a aumentar la transparencia financiera; que es demasiado pronto para evaluar si la aprobación del intercambio automático de información (Estándar común de comunicación de información) producirá cambios en esta tendencia;

G.  Considerando que, según la información facilitada por el Banco de Pagos Internacionales, entre 2008 y 2015 los depósitos transfronterizos en centros extraterritoriales han crecido de media un 2,81 % anual, mientras que en el resto del mundo solo han crecido un 1,24 %[24]; que las plazas financieras extraterritoriales más importantes en términos de depósitos extranjeros son las Islas Caimán (663 millones de dólares estadounidenses), Luxemburgo (360 millones), Suiza (137 millones), Hong Kong (125 millones), Singapur (95 millones), Bermudas (77 millones), Panamá (67 millones), Jersey (58 millones) y Bahamas (55 millones de dólares); que los depósitos transfronterizos en paraísos fiscales europeos como Andorra, Gibraltar, Liechtenstein y Suiza han ido disminuyendo o se han estancado en los últimos años, lo que lleva a suponer que las actividades extraterritoriales se han desplazado a otras jurisdicciones y que se ha producido una reestructuración de la industria extraterritorial como consecuencia del número creciente de acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal;

H.  Considerando que se calcula que los flujos de inversión hacia centros financieros extraterritoriales fueron de 72 000 millones de dólares estadounidenses en 2015[25] y que han aumentado en los últimos años debido a los flujos crecientes procedentes de empresas multinacionales ubicadas en economías en desarrollo y en transición, a veces mediante inversiones de ida y vuelta; que los flujos de inversión a entidades instrumentales representan la mayoría de los flujos de inversión extraterritoriales; que Luxemburgo fue el principal receptor de flujos de inversión relacionados con entidades instrumentales en 2015 y que las entradas en los Países Bajos relacionadas con entidades instrumentales también fueron especialmente altas en 2015; que la persistencia de flujos financieros canalizados a través de mecanismos financieros extraterritoriales pone de relieve la necesidad de crear una mayor coherencia entre las políticas fiscales y de inversión a escala europea y mundial;

I  Considerando que en abril de 2016 se volvió a encomendar a la OCDE la elaboración de una lista negra de jurisdicciones no cooperativas; que los criterios para identificar los paraísos fiscales están siendo definidos por la Comisión, que ha reconocido la importancia de no fijarse solo en los criterios de transparencia y cooperación, sino contemplar también los regímenes fiscales perniciosos;

J.  Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la principal fuente de creación de puestos de trabajo en Europa, habiendo creado alrededor del 85 % del total de nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea[26] durante los últimos cinco años; que diversos estudios[27] han demostrado que una empresa transfronteriza paga, por término medio, un 30 % menos impuestos de una sociedad con actividad en un solo país; que ello distorsiona gravemente la competencia, conduce a la pérdida de puestos de trabajo y a la desigualdad en la Unión y obstaculiza el crecimiento sostenible;

K.  Considerando que la Comisión define la planificación fiscal abusiva como el aprovechamiento de los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria; que la Comisión reconoce que la planificación fiscal abusiva puede adoptar múltiples formas, generando una situación en la que la legislación fiscal no se aplique como había previsto el legislador; que las principales formas de planificación fiscal abusiva incluyen el traslado de la deuda, la ubicación de los activos intangibles y la propiedad intelectual, los precios de transferencia estratégicos, las asimetrías híbridas y las estructuras de préstamo extraterritoriales; que las empresas que comparecieron ante su comisión especial reiteraron sobre todo que pagan muchos impuestos y que su praxis es legal; que hasta la fecha, sin embargo, solo un pequeño porcentaje de empresas ha admitido públicamente que la elusión del impuesto de sociedades es una prioridad que se debe abordar;

L.  Considerando que casi un tercio de las inversiones transfronterizas de las empresas se canaliza a través de estructuras financieras extraterritoriales; que la Comisión señala que el 72 % del traslado de beneficios en la Unión Europea hace uso de los precios de transferencia y la ubicación eficaz de la propiedad intelectual desde el punto de vista fiscal y que el resto de los regímenes de traslado de beneficios implican el traslado de la deuda[28];

M.  Considerando que los tratados fiscales bilaterales asignan los derechos de imposición entre Estados de origen y de residencia; que a menudo se asigna a los Estados de origen el derecho a gravar los ingresos por actividad de las empresas siempre y cuando exista un establecimiento permanente en los Estados de origen y los Estados de residencia obtengan derechos de imposición sobre los ingresos pasivos, como dividendos, cánones e intereses; que tal división de los derechos de imposición es fundamental para entender los programas de planificación fiscal abusiva;

N.  Considerando que las prácticas contables consisten en retratar el estado financiero de una sociedad asociando ingresos y gastos y beneficios y pérdidas al período natural en el que se producen, en lugar del período en el que realmente se producen los flujos de efectivo; que si los ingresos imponibles pasan de una jurisdicción a otra y ambas los tratan de manera diferente, surge entonces la oportunidad de aprovechar los desfases; que si bien los pagos de cánones se pueden justificar para fines comerciales, sin una coordinación fiscal adecuada pueden recibir un trato fiscal favorable en un país que conlleve una erosión de la base imponible en otros países;

O.  Considerando que el 60 % de todo el comercio mundial es intragrupo y, por tanto, está sujeto a metodologías de precios de transferencia; que el 70 % de la totalidad del traslado de beneficios se efectúa mediante precios de transferencia;

P.  Considerando que la convergencia de las políticas fiscales debe ir acompañada también de mayores controles y más investigaciones sobre las prácticas fiscales perniciosas; que la Comisión ha iniciado nuevas investigaciones formales en relación con el tratamiento fiscal de las empresas multinacionales; que la evaluación de las medidas de política fiscal desde el punto de vista de la ayuda estatal es un enfoque que últimamente ha adquirido mayor importancia; que se necesitan una mayor reflexión y más medidas para comprender y abordar mejor la interacción entre fiscalidad y competencia; que la Comisión tiene la posibilidad de investigar de manera imparcial y selectiva todos los casos sospechosos de constituir ayudas estatales ilegales a través de trato fiscal preferencial; que una serie de investigaciones emprendidas por la Comisión sobre ayudas estatales estaban todavía en curso en el momento de adoptarse el presente informe; que determinados Estados miembros han iniciado procedimientos de recuperación contra algunas empresas multinacionales; y que determinados Estados miembros han llevado a cabo análisis de los efectos indirectos de sus políticas fiscales nacionales para evaluar las consecuencias negativas en los países en desarrollo;

Q.  Considerando que la planificación fiscal abusiva es indisociable de una planificación social abusiva, como lo ha confirmado el trabajo de su comisión especial (TAXE 2), en especial la audiencia de empresas multinacionales, que ha demostrado claramente que los regímenes fiscales de empresas como McDonald's son usados también como un medio para disminuir el salario de los empleados;

R.  Considerando que la mejor herramienta para combatir la planificación fiscal abusiva es una legislación correctamente diseñada que se aplique de manera adecuada y coordinada;

El papel de las jurisdicciones fiscales específicas

S.  Considerando que el Parlamento se ha reunido con representantes de los Gobiernos de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Guernesey y Jersey; que las Islas Caimán solo han asistido a una reunión de los coordinadores y no a una audiencia formal de la comisión especial; que la Isla de Man se ha negado a comparecer ante la comisión especial pero a cambio ha enviado una contribución escrita;

T.  Considerando que algunas jurisdicciones fiscales contribuyen activamente al diseño de políticas fiscales agresivas para empresas multinacionales que por ese medio pueden aprovechar la oportunidad para eludir la tributación; que, a pesar de los compromisos de estas jurisdicciones de intercambiar información fiscal de forma automática con otros países, el tipo del impuesto de sociedades legal o efectivo en algunas jurisdicciones se aproxima o equivale al 0 %; que algunas de estas jurisdicciones están incluidas en las listas negras de varios Estados miembros; y que los regímenes fiscales específicos de algunas jurisdicciones han sido evaluados por el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), lo que ha conducido a que se lleven a cabo reformas en estos países;

U  Considerando que todas estas jurisdicciones se han comprometido a introducir el intercambio automático de información para 2017, salvo Andorra y Mónaco, que lo harán en 2018; que es importante hacer un seguimiento para saber si ya se están introduciendo cambios legislativos eficaces para garantizar que a partir de 2017 el intercambio automático de información sea efectivo;

V.  Considerando que las lagunas legislativas, los intercambios de información ineficaces y, en general, el incumplimiento de los requisitos de control, la falta de información sobre los beneficiarios finales y el secreto bancario y empresarial pese a la gradual derogación de las leyes de secreto bancario, constituyen un obstáculo a la hora de poner fin a la evasión y la elusión fiscales; que, en el sector financiero, algunos mandatarios fiscales se sirven de la opacidad de esas prácticas en beneficio de prácticas fiscales abusivas; que la introducción de iniciativas favorables al intercambio automático de información entre países fuera de los convenios fiscales bilaterales ya existentes es bastante reciente; que, sin una aplicación efectiva, las deficiencias de los diferentes sistemas fomentarán la evasión y la elusión fiscales;

W.  Considerando que algunas jurisdicciones fiscales específicas, tanto dentro como fuera de la Unión, no están dispuestas a reformar sus regímenes fiscales a pesar de las iniciativas mundiales en curso y del hecho de que algunas de ellas participan en la labor que desarrolla la OCDE;

X.  Considerando que de las audiencias organizadas con Andorra, Guernesey, Jersey, Liechtenstein y Mónaco (véase el anexo 1) se desprende que los requisitos exigidos para el registro de empresas extraterritoriales y la información que debe facilitarse al respecto varían de una jurisdicción a otra; que no se conoce la información completa sobre los beneficiarios finales de los fondos fiduciarios, las fundaciones y las sociedades recabada por las autoridades fiscales de algunas de esas jurisdicciones, o bien no se ha recabado, y tampoco se ha hecho pública dicha información; que Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza han firmado acuerdos para el intercambio de información con la Unión; que las Islas del Canal han firmado acuerdos con el Reino Unido y han declarado estar dispuestas a firmar acuerdos similares con otros Estados miembros;

Y  Considerando que la legislación vigente en algunas jurisdicciones no garantiza la buena gobernanza ni el respeto de las normas internacionales en lo que respecta a los beneficiarios finales, la transparencia y la cooperación;

Z.  Considerando que algunas de estas jurisdicciones son territorios dependientes o asociados de Estados miembros y, por tanto, aunque exista un sistema de autogobierno, están parcialmente sujetas a la legislación nacional y la legislación europea; que, por consiguiente, los Estados miembros deben contemplar la posibilidad de legislar para garantizar que sus territorios dependientes o asociados cumplen las normas más exigentes;

AA.   Considerando que algunos Estados miembros han elaborado sus propias listas de jurisdicciones no cooperativas o definiciones sustantivas de «paraíso fiscal» o «jurisdicción fiscal privilegiada»; que entre esas listas hay grandes diferencias a la hora de definir o evaluar las jurisdicciones no cooperativas o los paraísos fiscales; que la lista de la OCDE de países y territorios no cooperativos no cumple su objetivo; que en el paquete fiscal del 17 de junio de 2015 la Comisión publicó una lista de jurisdicciones no cooperativas elaborada de acuerdo con el principio del común denominador sobre la base de listas nacionales existentes; que siguen sin existir, pese a su urgencia, una definición y una lista comunes para toda la Unión de jurisdicciones no cooperativas; que ninguna de estas listas contiene unos criterios claros, mensurables y exhaustivos sobre cómo son las jurisdicciones herméticas;

El papel de las entidades financieras en la planificación fiscal abusiva de las empresas multinacionales

AB.  Considerando que algunas entidades financieras y empresas de auditoría o bufetes de abogados han desempeñado un papel de intermediarias en la creación de estructuras legales complejas que han desembocado en los sistemas de planificación fiscal abusiva utilizados por empresas multinacionales, tal y como se ha puesto de manifiesto con «LuxLeaks» y los papeles de Panamá; que las lagunas jurídicas, los desfases y la falta de coordinación, cooperación y transparencia entre países crean un entorno que facilita la evasión fiscal; que, sin embargo, las instituciones financieras constituyen una ayuda clave e indispensable en la lucha contra el fraude fiscal debido a la información sobre cuentas financieras y propiedad efectiva que tienen a su disposición y que, por tanto, es fundamental que cooperen plena y efectivamente en el intercambio de tal información;

AC.  Considerando que varios escándalos fiscales relacionados con bancos se hicieron públicos durante el transcurso de la presente investigación; que las instituciones financieras pueden usar varios regímenes de planificación fiscal abusiva para apoyar a sus clientes con el objetivo de evadir o eludir impuestos; que los bancos pueden actuar en el mercado en nombre de sus clientes y declarar que son el beneficiario efectivo de las operaciones ante los entes fiscales, de modo que los clientes aprovechen indebidamente los beneficios fiscales concedidos a los bancos por su condición de banco o su ubicación; que, a la hora de diseñar y aplicar una planificación fiscal abusiva, debe entenderse que los bancos (y especialmente aquellos que realizan operaciones de banca de inversión) desempeñan una doble función: en primer lugar, facilitando una planificación fiscal abusiva para su uso por parte de los clientes, a menudo utilizando productos financieros tales como préstamos, derivados, pactos de recompra o cualquier tipo de instrumento de capital; y, en segundo lugar, sirviéndose ellos mismos de una planificación fiscal agresiva, a través de sus operaciones financieras estructuradas interbancarias y propias;

AD.  Considerando que todos los bancos que han comparecido ante la comisión especial han negado haber asesorado a sus clientes para evadir o eludir impuestos de cualquier manera y tener relaciones con empresas de auditoría y bufetes de abogados para tal fin; que, sin embargo, los bancos a menudo solicitan el asesoramiento jurídico de empresas de auditoría o asesoría para validar los contratos que ofrecen a sus clientes; que este asesoramiento de pago se puede usar para cubrir operaciones de evasión fiscal y evitar acusaciones de fraude intencionado por parte de los bancos;

AE.  Considerando que las principales entidades financieras han creado un número importante de filiales en jurisdicciones fiscales especiales o en jurisdicciones con unos tipos del impuesto de sociedades bajos o muy bajos para eludir impuestos en nombre de sus clientes empresariales y privados o en su propio beneficio; que varias entidades financieras han cerrado recientemente algunas de sus sucursales en dichas jurisdicciones; que varias instituciones financieras han sido procesadas por fraude fiscal o blanqueo de capitales en los Estados Unidos, lo que les ha llevado a pagar multas sustanciales, pero que en la Unión Europea se han incoado muy pocos procesos;

AF.  Considerando que los bancos están operando en un mercado competitivo y tienen el incentivo de promover regímenes fiscales atractivos para captar nuevos clientes y dar servicio a los ya existentes; que a menudo los empleados de banca están sometidos a una gran presión para validar contratos de clientes en los que se permiten la evasión y la elusión fiscales a riesgo de ser despedidos si no lo hacen; que hay conflictos de intereses y casos de «puertas giratorias» entre los empleados de mayor rango de los bancos, las empresas de asesoría y los representantes de las administraciones fiscales; que las administraciones fiscales no siempre disponen del acceso a información o los medios suficientes para investigar a los bancos y detectar casos de evasión fiscal;

AG.  Considerando que el hecho de que muchos de los bancos y las instituciones financieras implicados en la evasión fiscal fueran rescatados durante la crisis financiera de 2008 con dinero de los contribuyentes hace que su conducta en los asuntos fiscales sea aún más despreciable;

AH.  Considerando que es importante reconocer que no todas las transacciones financieras de estructura compleja tienen una motivación fiscal dominante y que los productos predominantemente fiscales solo suponen una pequeña parte de las transacciones financieras de estructura compleja; que, sin embargo, los importes implicados en las operaciones de planificación fiscal abusiva pueden ser muy elevados, con operaciones individuales que a veces suponen una financiación de miles de millones de euros y beneficios fiscales de cientos de millones[29]; que los entes fiscales están preocupados por la falta de transparencia de las transacciones financieras de estructura compleja usadas con fines de planificación fiscal abusiva, en especial cuando distintas partes de estos planes se ejecutan en jurisdicciones diferentes;

AI.  Considerando que las entidades de crédito de la Unión ya están sujetas a los requisitos en materia de informes públicos por país en virtud de la Directiva sobre requisitos de capital (cuarta DRC); que se debe señalar que ha habido algunos déficits en estos informes por país y que hay que abordar estos déficits; que ninguna de las entidades financieras que comparecieron ante la comisión especial planteó objeciones significativas en relación con los requisitos sobre divulgación de información; que algunas de ellas afirmaron claramente que estaban a favor de esos requisitos y apoyarían su transformación en un estándar mundial;

AJ.  Considerando que, en relación con determinados documentos de las entidades financieras, la información pública por país ha revelado la existencia de notables discrepancias entre los beneficios globales realizados por las entidades financieras en jurisdicciones extranjeras y las actividades, el importe del impuesto abonado y el número de empleados en esas mismas jurisdicciones; que esa misma información también ha puesto de manifiesto una discordancia entre los territorios en los que operan y en los que disponen de personal y aquellos de los que proceden sus beneficios;

AK.  Considerando que dichos bancos y las empresas multinacionales que comparecieron ante la comisión especial no contestaron íntegramente a todas las preguntas formuladas por los miembros de la comisión especial, por lo que algunas de las cuestiones planteadas quedaron sin respuesta o recibieron una respuesta imprecisa; que algunos de estos bancos y empresas multinacionales enviaron aportaciones por escrito (véase el anexo 2) en una fase posterior;

Casillas de patentes, conocimientos e I+D

AL.  Considerando que los regímenes relacionados con la propiedad intelectual e industrial, las patentes y la investigación y el desarrollo (I+D) son muy utilizados en toda la Unión; que las empresas multinacionales los utilizan para reducir artificialmente su aportación tributaria global; que la acción 5 del Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) se refiere al «planteamiento de nexo modificado». y que el papel del Grupo «Código de Conducta» también consiste en analizar y supervisar eficazmente esas prácticas en los Estados miembros;

AM.  Considerando que el Grupo «Código de conducta» ha analizado los regímenes europeos de «casillas de patentes», pero no ha concluido su análisis sobre regímenes específicos; que, paralelamente, la acción 5 del Plan de acción BEPS de la OCDE se refiere al «planteamiento de nexo modificado» como la nueva norma para la concesión de incentivos de I+D; que los Estados miembros acordaron en el Grupo «Código de conducta» aplicar el «planteamiento de nexo modificado» en su legislación nacional en 2015; que también están de acuerdo en que los regímenes existentes de casillas de patentes no se deben eliminar gradualmente hasta 2021; que los Estados miembros acumulan un grave retraso en la aplicación del «planteamiento de nexo modificado» a escala nacional;

AN.  Considerando que varios estudios realizados por la Comisión han demostrado claramente que el vínculo entre la casilla de patentes y la I+D es a menudo arbitrario o artificial; que esta incoherencia puede llevar a asumir que esos regímenes se establecen y utilizan, en la mayoría de los casos, con fines de elusión fiscal; que los incentivos fiscales para las rentas generadas por I+D, principalmente casillas de patentes, se traducen a menudo en grandes reducciones de los ingresos fiscales de todos los gobiernos, incluidos los que practican esa política; que debería analizarse mejor cuál es la mejor manera de estimular la tan necesaria I+D e innovación en la Unión sin crear prácticas fiscales perniciosas; que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI)[30] también han confirmado en varias ocasiones que no creen que las casillas de patentes sean la herramienta adecuada para fomentar la I+D;

AO.  Considerando que el papel central de las casillas de patentes en los regímenes de prácticas fiscales perniciosas se percibió inicialmente en el marco de las misiones de información que la anterior comisión especial del Parlamento (TAXE 1) realizó a los Países Bajos y el Reino Unido, y se confirmó posteriormente en su misión a Chipre; y que existen regímenes similares en otros Estados miembros;

AP.  Considerando que la ausencia total de un planteamiento armonizado entre Estados miembros sobre la cuestión de los pagos salientes plantea un problema especialmente apremiante; que en el actual marco descoordinado, la combinación de una eliminación de la imposición en origen, en virtud de la Directiva sobre intereses y cánones y la Directiva relativa a la tributación de las sociedades matrices y filiales, con la ausencia de retenciones a cuenta sobre los pagos salientes de dividendos, cánones y derechos de licencia e intereses en algunos Estados miembros, crea unas lagunas que permiten que los beneficios fluyan de manera efectiva de cualquier Estado miembro hacia el exterior de la Unión sin estar sujetos a impuestos al menos una vez;

Documentos del Grupo «Código de conducta» (Fiscalidad de las Empresas), el Grupo de Alto Nivel «Fiscalidad» y el Grupo «Cuestiones Fiscales»

AQ.  Considerando que el mandato del Grupo «Código de Conducta» se define en las conclusiones del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997; que los documentos del Grupo «Código de Conducta» son una fuente de información esencial para los trabajos de la comisión especial (como ya se señaló en la Resolución del Parlamento de 25 de noviembre de 2015);

AR.  Considerando que solo habían transcurrido cinco meses desde el inicio del mandato de la comisión especial del PE cuando se pusieron a disposición de los diputados a puerta cerrada, en los locales del Parlamento, algunos documentos de sesión y actas del Grupo «Código de Conducta»; que, si bien se han puesto a disposición más documentos, todavía quedan por difundir o no están disponibles o faltan algunos documentos y actas; que la Comisión declaró en una reunión informal que había puesto a disposición de la comisión especial todos los documentos procedentes de la Comisión y en su poder y que, en consecuencia, cualesquiera otros documentos de reunión pertinentes procedentes de la Comisión, caso de que hubiesen estado en poder de la Comisión, tenían que haberse extraviado;

AS.  Considerando que los Estados miembros han dado respuestas insatisfactorias a las reiteradas solicitudes del Parlamento de que se divulguen íntegramente los documentos en cuestión; que esta práctica lleva durando varios meses; que estos documentos fueron facilitados a unos investigadores de la Universidad de Ámsterdam tras una solicitud basada en la Directiva europea sobre transparencia; que, no obstante, recientemente se han puesto a disposición estos documentos, aunque solo de forma confidencial y no pueden ser usados en el debate público; y que la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales de la actividad parlamentaria;

AT.  Que el Grupo «Código de Conducta» ha examinado cuestiones específicas sin que ello haya conducido a reformas concretas; que, por ejemplo, se vienen realizando debates sobre las resoluciones fiscales al menos desde 1999 y aún hay problemas para aplicar las recomendaciones acordadas, incluso después del escándalo de «LuxLeaks»; que el examen de los regímenes de casillas de patentes no se llegó a concluir en 2014 y no se ha iniciado ningún otro examen a pesar de que los Estados miembros llevan retraso en la aplicación del nuevo planteamiento de nexo modificado;

La dimensión exterior: el G20, la OCDE y las Naciones Unidas – implicación y consecuencias para los países en desarrollo

AU.  Considerando que la OCDE, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales son partes interesadas en la lucha contra la erosión de la base imponible del impuesto de sociedades; que es necesario velar por una armonización mundial de las prácticas y la aplicación de normas comunes, como las propuestas por la OCDE en el paquete BEPS; Considerando que debe crearse un foro intergubernamental a nivel de las Naciones Unidas, con criterios de participación menos selectivos que los de la OCDE o del G20 de modo que todos los países, incluidos los países en vías de desarrollo, puedan participar en igualdad de condiciones; que, en la reunión de los ministros de Economía y Hacienda del G20 y los gobernadores de los Bancos Centrales celebrada en Washington los días 14 y 15 de abril de 2016, se reiteró el llamamiento a todos los países y las jurisdicciones para que apliquen las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la transparencia y la propiedad efectiva en relación con las personas jurídicas y los regímenes jurídicos; que algunos miembros del G20 han pedido el intercambio automático de la información relativa a la propiedad efectiva y han solicitado que el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales presenten propuestas iniciales en este sentido para octubre de 2016;

AV.  Considerando que, tal y como se observó durante la misión de investigación en los Estados Unidos, son necesarias una mayor transparencia y una definición común de la propiedad efectiva a escala mundial; que esta falta de transparencia ha sido particularmente evidente por lo que respecta a las empresas fantasma y los bufetes de abogados; que los Estados Unidos están preparando en la actualidad la aplicación del plan de acción BEPS de la OCDE;

AW.  Considerando que el proceso BEPS no incluye a los países en desarrollo como interlocutores en igualdad de condiciones en las negociaciones y no ha logrado ofrecer soluciones eficaces para los problemas fiscales de los países más pobres, como queda ejemplificado por la red mundial de acuerdos tributarios que a menudo impide a los países en desarrollo gravar los beneficios generados en su territorio;

AX.  Considerando que ya existe una cooperación en materia de cuestiones fiscales entre los entes pertinentes de la Unión y de los Estados Unidos, pero que falta una cooperación similar en el ámbito político, especialmente en lo referente a la cooperación parlamentaria;

AY.  Considerando que se ha previsto la celebración de un simposio sobre tributación en julio de 2016, con vistas a lograr un crecimiento económico sólido, sostenible y equilibrado; que el G20 ha pedido a todas las organizaciones internacionales, incluida la Unión, que afronten los retos en cuestión;

AZ.  Considerando que la audiencia conjunta de la Comisión Especial (TAXE 2) y la Comisión de Desarrollo sobre el tema «Consequences for developing countries of aggressive fiscal practices» (Consecuencias de las prácticas fiscales abusivas para los países en desarrollo) ha mostrado que los países en desarrollo se enfrentan a problemas similares de erosión de la base imponible, traslado de beneficios, falta de transparencia, regímenes fiscales divergentes a escala mundial y ausencia de una legislación internacional coherente y eficaz; que los países en desarrollo sufren una planificación fiscal abusiva; que las administraciones tributarias de los países en desarrollo carecen de los recursos y la experiencia necesarios para luchar eficazmente contra la evasión y la elusión fiscales;

BA.  Considerando que los miembros del G20 han reafirmado su compromiso de garantizar que se realicen esfuerzos para reforzar las capacidades de las economías de los países en desarrollo y alentar a los países desarrollados a que respeten los principios de la Iniciativa Fiscal de Adís Abeba que se establecieron en la reunión de las Naciones Unidas del 27 de julio de 2015; que las opiniones y las prioridades de los países en desarrollo son esenciales para lograr una coordinación mundial eficaz;

BB.  Considerando que el FMI y el Banco Mundial brindan asistencia técnica, incluidas herramientas para las administraciones tributarias de los países en desarrollo en relación con las cuestiones fiscales internacionales a fin de mejorar las capacidades de estos países para hacer frente a la evasión y la elusión fiscales y al blanqueo de capitales, en especial con respecto a los precios de transferencia;

BC.  Considerando que el Gobierno australiano ha anunciado su intención de aplicar un impuesto sobre los beneficios desviados (DPT) a las empresas multinacionales que eludan el pago de impuestos, que entraría en vigor el 1 de julio de 2017, así como la creación de un nuevo grupo de trabajo de la administración tributaria;

La labor de la Comisión Especial (TAXE 2) del Parlamento

BD.  Considerando que una serie de medidas propuestas por la Comisión se inscriben directamente en la línea de las Resoluciones del Parlamento de 16 de diciembre de 2015 y 25 de noviembre de 2015; que, en consecuencia, algunas iniciativas importantes incluidas en dichas Resoluciones acaban de ser propuestas por la Comisión al menos parcialmente; que aún faltan otras medidas cruciales solicitadas en dichas Resoluciones, tales como, por ejemplo, una reforma del marco fiscal de las ayudas estatales, disposiciones jurídicas eficaces para la protección de los denunciantes y medidas para frenar la ayuda para llevar a cabo la planificación fiscal abusiva y el fomento de esta práctica por parte de los asesores o del sector financiero;

BE.  Considerando que las consecuencias para la Unión han sido analizadas y evaluadas en concreto por la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 1), cuyo trabajo se tradujo en una Resolución aprobada por una abrumadora mayoría el 25 de noviembre de 2015; que la Resolución del Parlamento de 16 de diciembre de 2016 fue aprobada por una mayoría igualmente abrumadora; que la Comisión formuló una respuesta conjunta a las Resoluciones de 16 de diciembre de 2015 y 25 de noviembre de 2015;

BF.  Considerando que la Comisión Especial TAXE 2 del Parlamento, constituida el 2 de diciembre de 2015, ha celebrado once reuniones, algunas de ellas de forma conjunta con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Desarrollo, en las que oyó las intervenciones de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, del comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, del comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Jonathan Hill, del secretario de Estado de Hacienda neerlandés, Eric Wiebes (en representación de la Presidencia del Consejo), de expertos en el ámbito de la fiscalidad y el desarrollo y de representantes de empresas multinacionales y de bancos, así como de diputados de Parlamentos nacionales de la Unión; que también ha celebrado reuniones con representantes de los Gobiernos de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Guernesey y Jersey, y ha recibido una contribución escrita del Gobierno de la Isla de Man (véase el anexo 1); que además ha organizado misiones de información a los Estados Unidos (véase el anexo 6), para examinar aspectos específicos de la dimensión relativa a los terceros países de su mandato, y a Chipre (véase el anexo 5); que los miembros de la comisión especial han sido invitados personalmente a participar en los trabajos del Grupo interparlamentario de alto nivel de la OCDE sobre fiscalidad; que la comisión especial ha celebrado reuniones a puerta cerrada a nivel de los coordinadores en las que ha oído las intervenciones de representantes del Gobierno de las Islas Caimán, de periodistas de investigación y de funcionarios de la Comisión; que todas esas actividades, que han proporcionado abundante información de gran utilidad sobre las prácticas y regímenes fiscales tanto dentro como fuera de la Unión, han contribuido a clarificar algunas de las cuestiones relevantes, mientras que otras siguen sin respuesta;

BG.  Considerando que la labor de la comisión especial se vio obstaculizada por el hecho de que de las siete empresas multinacionales invitadas solo cuatro aceptaron la primera invitación a comparecer ante los miembros de la comisión especial (véase el anexo 2);

BH.  Considerando que, debido a la negativa reiterada de la Comisión y del Consejo a aprobar la propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo sobre las disposiciones detalladas que rigen el ejercicio del derecho de investigación de este último, las comisiones especiales y de investigación del Parlamento aún disponen de unas competencias insuficientes, como el derecho a citar testigos y hacer efectivo el acceso a los documentos, en comparación con los Parlamentos de los Estados miembros y el Congreso de los Estados Unidos;

BI.  Considerando que, en numerosas ocasiones recientes, el Consejo ha adoptado amplias decisiones políticas previas con respecto a cuestiones fiscales sin respetar la opinión del Parlamento ni esperar a esta;

Conclusiones y recomendaciones

1.  Reitera las conclusiones que figuran en sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2015 y de 16 de diciembre de 2015;

Seguimiento por parte de la Comisión y los Estados miembros

2.  Lamenta el hecho de que trece Estados miembros carezcan de normas adecuadas para luchar contra la planificación fiscal agresiva sobre la base de un flujo de dividendos libres de impuestos; lamenta asimismo el hecho de que trece Estados miembros no verifiquen la identidad del titular real al aceptar una solicitud de reducción o exención del impuesto sobre las rentas del capital; lamenta, además, que hasta el momento catorce Estados miembros aún no dispongan de normas sobre sociedades extranjeras controladas para evitar la planificación fiscal abusiva y que veinticinco Estados miembros no dispongan de normas para evitar la disparidad de la calificación fiscal de una empresa local por parte de otro Estado; lamenta que, hasta la fecha, ningún Estado miembro haya pedido que se establezca una prohibición relativa a las estructuras de planificación fiscal abusiva;

3.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aprueben más propuestas legislativas sobre elusión del impuesto de sociedades dado que los Estados miembros aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas abusivas a fin de luchar contra la erosión de la base imponible; lamenta profundamente que los Estados miembros no debatieran sobre las Recomendaciones del Parlamento en ningún grupo de trabajo del Consejo y no reflexionaran sobre el incumplimiento de su obligación de cooperación leal establecida por el Tratado al permitir la evasión y la elusión fiscales abusivas en otros Estados miembros;

4.  Acoge con satisfacción el paquete de lucha contra la elusión fiscal (ATAP) publicado por la Comisión el 28 de enero de 2016, así como todas las propuestas legislativas y comunicaciones presentadas desde entonces (véase el anexo 4); acoge con satisfacción la aprobación por parte del Consejo de la Directiva por la que se modifica la Directiva sobre cooperación administrativa para establecer una información país por países a las autoridades tributarias, aunque lamenta que el Consejo no esperara a conocer la posición del Parlamento para tenerla en cuenta antes de llegar a un acuerdo sobre su propia posición y que no previera la participación de la Comisión en el intercambio de información; insta al Consejo a alcanzar una posición unánime y ambiciosa sobre la ATAP y a mantener la Directiva de lucha contra la elusión fiscal como una Directiva única para aplicar eficazmente las recomendaciones de la OCDE e ir más allá de las mismas, con el fin de alcanzar las ambiciones de la Unión y garantizar el adecuado funcionamiento del mercado único en lugar de debilitarlo; lamenta profundamente que el proyecto de la posición actual del Consejo se haya debilitado, en particular por la introducción de una cláusula de anterioridad sobre deducción de intereses o un planteamiento limitado en relación con la norma sobre sociedades extranjeras controladas; acoge con satisfacción la iniciativa de crear una definición y una lista comunes de la Unión de jurisdicciones que no cooperan en la estrategia exterior para una imposición efectiva; hace hincapié en que esta lista se debe basar en unos criterios objetivos, integrales y cuantificables; reitera que, en el futuro, se necesitará un mayor nivel de acción y que esta acción sea vinculante para luchar de manera eficaz y sistemática contra la BEPS;

5.  Considera que la Directiva sobre cooperación administrativa, tras haber sufrido dos modificaciones consecutivas ad hoc en relación con el intercambio automático en materia de resoluciones fiscales y con la información país por país, debe revisarse ahora por completo, en especial, pero no de forma exclusiva, para reducir y finalmente eliminar las excepciones actuales al principio de intercambio de información;

6.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) antes de finales de 2016, acompañada de una clave de distribución adecuada y justa que ofrecería una solución global para hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas en la Unión, aportaría claridad y simplicidad para las empresas, y facilitaría la actividad económica transfronteriza dentro de la Unión; considera que la consolidación es el elemento fundamental de la BICCIS; opina que se debe introducir la consolidación tan pronto como sea posible y que todo régimen intermedio que incluya solo la armonización de la base imponible con un mecanismo de compensación de las pérdidas solo puede ser temporal; cree que la introducción de una BICCIS plena y obligatoria es cada vez más urgente; pide a los Estados miembros que alcancen rápidamente un acuerdo sobre la propuesta de la BICCIS cuando sea presentada y que apliquen con celeridad la legislación resultante; recuerda a los Estados miembros que las diferencias entre los sistemas de imposición de las sociedades puede dar lugar a una desigualdad de condiciones y a una competencia fiscal desleal también en el seno de la Unión;

7.  Acoge con satisfacción la adopción por la Comisión, el 12 de abril de 2016, de una propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación por parte de las empresas, sus filiales y sucursales, de información relativa al impuesto sobre la renta y a una mayor transparencia de la fiscalidad de las empresas; lamenta, no obstante, que el ámbito de aplicación, los criterios y los umbrales propuestos por la Comisión no se correspondan con las posiciones adoptadas anteriormente por el Parlamento y que, por tanto, no permitan alcanzar los objetivos;

8.  Se felicita del acuerdo alcanzado en el Consejo el 8 de diciembre de 2015 sobre el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales; lamenta, sin embargo, que el Consejo no incorporase las Recomendaciones del Parlamento contenidas en su informe de 20 de octubre de 2015 sobre la propuesta original de la Comisión para tal medida; destaca que la Comisión debe tener pleno acceso a la nueva base de datos de la Unión sobre resoluciones fiscales; insiste en la necesidad de disponer de una base de datos completa y eficaz de todas las resoluciones fiscales que puedan tener repercusiones transfronterizas; insta a los Estados miembros a que pongan en marcha rápidamente el marco legislativo necesario para iniciar el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales;

9.  Subraya que el intercambio automático de información se traducirá en la necesidad de tratar un importante volumen de datos, e insiste en que deben coordinarse las cuestiones relativas al tratamiento informático de dichos datos, lo mismo que ocurre con los recursos humanos necesarios para su análisis; pide que se refuerce el papel de la Comisión en esta labor; pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen cuidadosamente y cumplan plenamente con la aplicación de la Directiva sobre cooperación administrativa a escala nacional, especialmente con el objetivo de comprobar cuántos Estados miembros solicitan información fiscal a través de los acuerdos fiscales bilaterales en lugar de en el marco de esta base jurídica; pide a los Estados miembros que refuercen sus administraciones tributarias con la disponibilidad adecuada de personal, con el fin de asegurar una recaudación tributaria eficaz y de hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta que la falta de recursos y la reducción de personal, además de la falta de formación adecuada, de instrumentos técnicos y de poderes de investigación, han obstaculizado gravemente las administraciones tributarias en algunos Estados miembros; pide a los Estados miembros que integren la información intercambiada con los entes fiscales y la intercambiada con los supervisores y las entidades reguladoras del sector financiero;

10.  Acoge con satisfacción el anuncio hecho el 12 de mayo de 2016 por Francia, los Países Bajos y el Reino Unido de implantar unos registros públicos de propietarios efectivos de empresas; aplaude a Francia por comprometerse a crear un registro público de fideicomisos; apoya el compromiso del Reino Unido de hacer que toda empresa fuera del Reino Unido que adquiera un bien inmueble en el país o firme un contrato con el Estado declare su propietario efectivo; pide a todos los Estados miembros que adopten iniciativas similares;

11.  Lamenta que la nueva norma mundial sobre el intercambio automático de información de la OCDE no incluya un período de transición para los países en desarrollo y que, al hacer que esta norma sea recíproca, aquellos países que aún tengan una capacidad baja para crear la infraestructura necesaria para recabar, gestionar y compartir la información requerida pueden quedar efectivamente excluidos;

12.  Toma nota de que el Foro conjunto sobre precios de transferencia ha incluido en su programa de trabajo para 2014-2019 el desarrollo de buenas prácticas para garantizar que las directrices de la OCDE a este respecto se correspondan con las características específicas de los Estados miembros; observa que la Comisión está supervisando los progresos que se realizan en este trabajo;

13.  Subraya que el 70 % de los traslados de beneficios se lleva a cabo mediante precios de transferencia y que la mejor manera de abordar esta cuestión es la adopción de una BICCIS plena; pide a la Comisión, no obstante, que presente una propuesta legislativa concreta sobre los precios de transferencia, teniendo en cuenta Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias aprobadas en 2010; subraya, además, que puede que se necesiten esfuerzos adicionales para frenar los riesgos BEPS entre los Estados miembros de la Unión y terceros países que surjan del marco de los precios de transferencia, en especial los precios de los activos intangibles, y que se deben investigar activamente las alternativas mundiales al actual principio del trato en condiciones de igualdad, así como comprobar su potencial para garantizar un régimen fiscal mundial más justo y eficaz;

14.  Se felicita de que la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, haya calificado los precios de transferencia como un ámbito de interés particular para los casos relacionados con las ayudas estatales, ya que se consideran una herramienta común utilizada por las empresas multinacionales para sistemas de evasión y elusión fiscales como los préstamos intragrupo; señala que en la actualidad no hay unas directrices para identificar y regular las ayudas estatales relacionadas con la tributación a pesar de que este tipo de ayudas ha demostrado ser una herramienta preocupante para la elusión fiscal; pide a la Comisión que elabore orientaciones y establezca criterios claros para definir mejor los límites a los precios de transferencia con el fin de evaluar mejor los casos de ayudas estatales; apoya las conclusiones de las investigaciones de la Comisión en el caso de Starbucks, Fiat y Amazon; subraya la necesidad de que la Comisión tenga acceso a toda la información pertinente;

15.  Lamenta que muchas de las empresas multinacionales que comparecieron no condenaran con firmeza las prácticas de elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva; hace hincapié en que es fácil para las empresas multinacionales conceder préstamos intergrupo artificiales con fines de planificación fiscal abusiva; recalca que la preferencia por esta financiación mediante endeudamiento va en detrimento de los contribuyentes, así como de la estabilidad financiera; por consiguiente, pide a los Estados miembros que eliminen la tendencia a favor de la deuda y el patrimonio en sus respectivas legislaciones fiscales;

16.  Hace especial hincapié en que el trabajo de los denunciantes de irregularidades es crucial para revelar la dimensión de la evasión y la elusión fiscales, y que, por lo tanto, la protección de los denunciantes de irregularidades debe estar garantizada legalmente en la Unión y reforzarse; toma nota de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa han emprendido trabajos sobre esta cuestión; considera que los tribunales y los Estados miembros deben garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, sin impedir, obstaculizar ni limitar en modo alguno la capacidad de los denunciantes de irregularidades y los periodistas para documentar y revelar prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales cuando ello redunde de forma clara y mayoritaria en interés del público; lamenta que la Comisión no haya previsto una acción inmediata a este respecto dadas las tan recientes y significativas revelaciones hechas por un denunciante comúnmente denominadas «LuxLeaks» y «los papeles de Panamá»;

17.  Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya iniciado una consulta pública sobre la mejora de los mecanismos de resolución de litigios sobre la doble imposición; subraya que el establecimiento de un plazo claro para los procedimientos de resolución de conflictos es clave para mejorar la eficacia de los regímenes;

18.  Acoge con satisfacción la Comunicación titulada «Estrategia exterior para una imposición efectiva» en la que se pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que incorpore los requisitos de buena gobernanza a sus contratos con todos los intermediarios financieros seleccionados; pide al BEI que establezca una nueva política tributaria responsable, empezando por la revisión de su política respecto a jurisdicciones poco cooperativas realizada en 2016 manteniendo un estrecho diálogo con la sociedad civil; pide al BEI que supedite tanto la financiación directa como la financiación realizada a través de intermediarios a la publicación de datos fiscales pertinentes por países, de conformidad con las disposiciones de la cuarta revisión de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV) para las entidades de crédito, así como a la divulgación de información sobre la titularidad real; reitera que el BEI debe reforzar sus actividades de diligencia debida, a fin de mejorar la calidad de la información sobre los beneficiarios finales y para evitar con mayor eficacia las operaciones con intermediarios financieros que tengan un historial negativo en materia de transparencia, fraude, corrupción, delincuencia organizada, blanqueo de capitales e impacto ambiental y social perjudicial, o bien que estén registrados en centros financieros extraterritoriales o paraísos fiscales que utilizan una planificación fiscal agresiva;

19.  Pide a la Comisión que elabore una legislación clara sobre la definición de sustancia económica, creación de valor y establecimiento permanente con miras a abordar, en particular, la cuestión de las sociedades fantasma; pide a los Estados miembros que inviertan la carga de la prueba cuando se trate de la recaudación de activos obtenidos a través de actividades delictivas o la recuperación de beneficios ilícitos;

20.  Considera que la Comisión debería crear una lista común para la Unión de los evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que todos tuvieran pleno acceso;

Lista negra y sanciones concretas para las jurisdicciones no cooperativas y retención fiscal

21.  Toma nota de que la única iniciativa concreta adoptada hasta la fecha por la Comisión en lo que respecta a las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los territorios de ultramar, ha sido la estrategia exterior para una fiscalidad efectiva; observa que los criterios para la inclusión en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la OCDE no han demostrado hasta ahora su eficacia para abordar esta cuestión ni han servido como elemento disuasorio. subraya que siguen existiendo terceros países que protegen los patrimonios obtenidos de manera ilegal, lo cual imposibilita la recuperación de los mismos por parte de las autoridades de los países de la Unión;

22.  Pide a la Comisión que presente lo antes posible una definición común para la Unión y una lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión (es decir, una «lista negra de paraísos fiscales»), basadas en criterios objetivos y sólidos y que incluyan la aplicación de las recomendaciones de la OCDE, las medidas de transparencia fiscal, las acciones BEPS y las normas sobre el intercambio automático de información, la existencia de prácticas fiscales perniciosas activas, las ventajas otorgadas a las personas físicas o jurídicas no residentes, la falta del requisito de sustancia económica y la no divulgación de las estructuras empresariales de las entidades jurídicas (incluidos los fideicomisos, las asociaciones benéficas, las fundaciones, etc.) o de los propietarios de los bienes o derechos, y celebra la intención de la Comisión de alcanzar un acuerdo sobre una lista como esta en los próximos seis meses; pide a los Estados miembros que respalden este acuerdo antes de finales de 2016; opina que, para conseguir también un efecto preventivo del proceso, será necesario prever un procedimiento escalonado, iniciado por un diálogo verdaderamente constructivo con la jurisdicción en la que se identifiquen deficiencias, antes de su inclusión en la lista; considera que debe establecerse un mecanismo que permita la exclusión de la lista de las jurisdicciones una vez que se haya alcanzado con éxito o se restablezca su conformidad; considera que esta evaluación debe hacerse extensiva también a los países miembros de la OCDE;

23.  Pide un marco regulador concreto de la Unión para las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista negra, incluida la posibilidad de reexaminar y, en última instancia, suspender los acuerdos de libre comercio, suspender los convenios para evitar la doble imposición y prohibir el acceso a financiación de la Unión; señala que la finalidad de las sanciones es aportar cambios en la legislación de las jurisdicciones en cuestión; pide que las sanciones también se apliquen a las empresas, bancos, bufetes de abogados y contables y asesores fiscales cuya participación en actividades ilegales, perjudiciales o ilícitas en dichas jurisdicciones se haya demostrado, o que se haya probado que han propiciado en tales jurisdicciones acuerdos empresariales fiscales dotados de instrumentos jurídicos, de carácter ilegal, perjudicial o ilícito;

24.  Pide a la Comisión que prepare una legislación vinculante que prohíba a todas las instituciones de la Unión abrir cuentas u operar en las jurisdicciones que figuren en la lista común de jurisdicciones no cooperativas de la Unión;

25.  Insta a los Estados miembros a que renegocien sus acuerdos fiscales bilaterales con terceros países mediante un instrumento multilateral, con el fin de introducir cláusulas suficientemente rigurosas contra las prácticas abusivas y, de este modo, impedir la utilización abusiva de los tratados, incluida una distribución de los derechos impositivos entre los países de origen y de residencia que refleje la sustancia económica y una definición adecuada de establecimiento permanente; subraya, además, que este proceso se agilizaría considerablemente si la Comisión recibiera mandato de los Estados miembros para negociar estos acuerdos fiscales en nombre de la Unión; pide a los Estados miembros que garanticen el trato equitativo de los países en desarrollo a la hora de negociar dichos acuerdos;

26.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre una retención en origen a escala de toda la Unión que sea aplicada por los Estados miembros, con el fin de garantizar que los beneficios que se generen en la Unión se graven al menos una vez antes de salir de ella; toma nota de que esta propuesta debe incluir un sistema de restituciones para evitar la doble imposición; subraya que un sistema general como este de retención en origen basado en el método del crédito impositivo tiene la ventaja de evitar la doble no imposición y la práctica de BEPS sin crear situaciones de doble imposición;

27.  Lamenta que Andorra y Mónaco se hayan comprometido a aplicar el intercambio automático de información en 2018, en lugar de 2017; señala que algunas jurisdicciones no cooperativas, como Andorra, cumplen las normas de intercambio de información pero se están convirtiendo en jurisdicciones con bajos niveles de imposición; muestra su preocupación por que el tratado sobre doble imposición entre Andorra y España no garantiza actualmente una aplicación efectiva del intercambio automático de información; pide a la Comisión que controle de cerca la aplicación efectiva del intercambio automático de información incluido en los acuerdos firmados por los Estados miembros con antiguas o actuales jurisdicciones no cooperativas;

28.  Considera que las asimetrías híbridas entre los Estados miembros de la Unión y los terceros países en la designación de entidades, como las estructuras CV/BV utilizadas en los Países Bajos por muchas empresas estadounidenses, que conducen a la doble no imposición, deben ser abordadas de forma eficaz por la legislación europea, como un complemento a las propuestas de la Comisión para el ATAP;

Casillas de patentes, conocimientos e I+D

29.  Observa que, hasta la fecha, las casillas de patentes, conocimientos e I+D pueden no haber demostrado una elevada eficacia para la promoción de la innovación en la Unión; lamenta que, en lugar de ello, sean utilizadas por parte de las empresas multinacionales para el traslado de beneficios mediante sistemas de planificación fiscal agresiva, como por ejemplo el bien conocido «doble irlandés con un sándwich holandés»; opina que las casillas de patentes son una herramienta inadecuada e ineficaz para lograr los objetivos económicos; insiste en que la I+D se puede promover utilizando medidas políticas más amplias que promuevan la innovación a largo plazo y la investigación independiente y mediante subvenciones a las que habría que dar prioridad con respecto a las casillas de patentes, ya que el riesgo de que las subvenciones sean utilizadas por los regímenes de elusión fiscal es menor; observa que la relación existente entre las casillas de patentes y las actividades de I+D es a menudo arbitraria y que los modelos actuales dan lugar a una competición a la baja en lo que se refiere a la contribución fiscal efectiva de las empresas multinacionales; pide a los Estados miembros que eliminen progresivamente todas las casillas de patentes existentes y prohíban nuevas casillas de patentes, a más tardar, en 2021;

30.  Lamenta profundamente que, hasta la fecha, determinados Estados miembros, en particular en el marco del Grupo «Código de conducta», hayan dejado de lado esta cuestión y todavía tengan que presentar un calendario adecuado para abordarla;

31.  Pide a la Comisión que, con el fin de prohibir el abuso de las casillas de patentes para fines de elusión fiscal y garantizar que si se utilizan sea en relación con una actividad económica genuina, presente propuestas de legislación vinculante de la Unión sobre las casillas de patentes que parta del planteamiento de nexo modificado de la OCDE y remedie sus deficiencias; destaca que la propuesta de la Comisión debe aplicarse a todas las casillas de patentes emitidas por los Estados miembros; pide a todos los Estados miembros, entre tanto, que hagan público un listado de las empresas que se benefician de un régimen de casilla de patentes en cada país;

32.  Pide a los Estados miembros que integren una cláusula de imposición efectiva mínima en la Directiva sobre intereses y cánones y en la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, y que garanticen que el Consejo no concederá ninguna excepción;

Bancos, asesores fiscales e intermediarios

33.  Lamenta profundamente que algunos bancos, asesores fiscales, bufetes de abogados y contables y otros intermediarios hayan desempeñado una función clave en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva para sus clientes y que también hayan ayudado a Gobiernos nacionales a diseñar leyes y códigos fiscales, originándose así un importante conflicto de intereses;

34.  Manifiesta su preocupación por la falta de transparencia y de documentación adecuada en las instituciones financieras y entre los asesores y bufetes de abogados sobre los modelos específicos de propiedad y control de empresas recomendados por asesores fiscales, financieros y jurídicos, como han confirmado las recientes revelaciones de los «papeles de Panamá»; recomienda, a fin de abordar el problema de las sociedades ficticias, que se refuercen los requisitos de transparencia para crear empresas privadas;

35.  Manifiesta su preocupación ante la falta de transparencia y de documentación adecuada en las administraciones tributarias nacionales en lo que concierne a los efectos competitivos de las decisiones sobre los precios de transferencia, la configuración de la casilla de patentes, las resoluciones fiscales y otros elementos discrecionales de la imposición de sociedades;

36.  Pide que se refuercen los códigos de conducta del sector de la asesoría fiscal, especialmente para tomar en consideración los posibles conflictos de intereses para que sean revelados con claridad y de manera comprensible; pide a la Comisión que presente un código de conducta de la Unión para que todos los servicios de asesoría adopten disposiciones para que se revelen con claridad las situaciones de posible conflicto de intereses; considera que ello debería comprender un régimen de la Unión de incompatibilidades de los asesores fiscales, con el fin de prevenir los conflictos de intereses cuando asesoren tanto al sector público como al privado y evitar otros conflictos de intereses; insta, a este respecto, a la Comisión a que presente una propuesta por la que se modifiquen el Reglamento (UE) n.º 537/2014 y la Directiva 2014/56/UE;

37.  Llama la atención sobre el riesgo de conflicto de intereses que se deriva de la prestación por parte de las mismas empresas de contabilidad de servicios de asesoría jurídica, asesoría fiscal y servicios de auditoría; destaca, por consiguiente, la importancia de establecer una separación clara entre estos servicios; pide a la Comisión que garantice un seguimiento y una aplicación adecuados de la legislación de prevención de tales conflictos y que examine la necesidad de revisar la Directiva sobre auditoría, en particular las disposiciones de su artículo 22, así como el Reglamento sobre auditoría, en particular las disposiciones de su artículo 5 y la definición de «incidencia significativa» de los servicios ajenos a la auditoría;

38.  Señala que los departamentos de investigación sobre Derecho fiscal y fiscalidad de las universidades públicas están claramente vinculados con las grandes empresas de servicios fiscales, lo que produce un conflicto de intereses y falta de la independencia que cabe esperar del mundo universitario; señala que, en la situación actual, se están formando gracias al dinero de los contribuyentes asesores fiscales que se dedicarán a facilitar la evasión fiscal; pide a la Comisión que realice una investigación sobre la vinculación de las esferas universitarias con el sector de la asesoría fiscal, que se aborde, cuando menos, los problemas derivados de los conflictos de intereses y la utilización de instituciones de enseñanza financiadas con fondos públicos para facilitar la evasión fiscal de las empresas;

39.  Pide a los Estados miembros que adopten sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra directivos de empresas implicados en evasión fiscal, así como la posibilidad de revocar las licencias profesionales de los trabajadores y las empresas con participación demostrada en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, el asesoramiento sobre su uso o su uso; pide a la Comisión que estudie la viabilidad de introducir una responsabilidad financiera proporcional para los asesores fiscales implicados en prácticas fiscales ilegales;

40.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir una responsabilidad financiera proporcional para los bancos y las instituciones financieras que faciliten las transferencias a paraísos fiscales conocidos con arreglo a la definición de la futura lista común de la Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas desde el punto de vista fiscal;

41.  Pide a la Comisión que refuerce el requisito de que los bancos informen a las autoridades fiscales de los Estados miembros de las transferencias hacia y a partir de jurisdicciones incluidas en la lista común de la Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas; pide a los Estados miembros que garanticen que los bancos y otras instituciones financieras aporten información similar a las autoridades reguladoras y fiscales; pide a los Estados miembros que refuercen la capacidad de sus administraciones tributarias para investigar casos de evasión y elusión fiscal;

42.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que introduzca un requisito aplicable a bancos, asesores fiscales y otros intermediarios de información obligatoria sobre estructuras complejas y servicios especiales ligados a jurisdicciones incluidas en la lista común de la Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas, que sean diseñados para facilitar la evasión fiscal, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y utilizados por los clientes para estos fines;

43.  Pide a la Comisión que lleve a cabo exámenes continuos y aplique un control constante de las operaciones de financiación de valores y derivados, utilizando datos de los registros de operaciones conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y del Reglamento (UE) n.º 2015/2365, con el objetivo de identificar las operaciones estructuradas para poder obtener importantes beneficios fiscales; insiste en que la Comisión proporcione automáticamente a las autoridades fiscales de los Estados miembros pertinentes toda la información y datos relevantes[31];

44.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que garantice que las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro y las empresas admitidas a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación en la Unión expliquen en sus informes financieros anuales su utilización de operaciones de financiación de valores y su reutilización de garantías, así como información completa y detallada sobre la contribución de las operaciones de financiación de valores a sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y a sus beneficios después de impuestos;

45.  Pide a la Comisión[32] que introduzca normas mínimas específicas contra las prácticas abusivas dirigidas a rechazar los beneficios obtenidos mediante determinados traslados híbridos de activos[33], cuyo efecto es a menudo la deducción del ingreso en un Estado sin su inclusión en la base imponible del otro Estado o la generación de operaciones abusivas de crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero;

46.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir normas comunes dirigidas a contener la elusión fiscal de ingresos originados en la UE y obtenidos mediante interposición; destaca, además, que tales normas podrían ser similares a las aplicadas en los Estados Unidos[34];

Denunciantes de irregularidades

47.  Reitera el papel crucial que desempeñan los denunciantes de irregularidades a la hora de revelar comportamientos inadecuados, incluidas las prácticas ilegales o ilícitas; considera que estas revelaciones, que ponen de manifiesto la magnitud de la evasión y la elusión fiscales, son claramente de interés público, como ha quedado demostrado en las recientes revelaciones conocidas como «LuxLeaks» y «los papeles de Panamá», que han permitido apreciar la magnitud del traslado de activos a jurisdicciones con bajos niveles de imposición; recuerda que la posibilidad de detectar y enjuiciar a los defraudadores fiscales depende esencialmente de la disponibilidad y la calidad de los datos;

48.  Lamenta que la Comisión limite su acción al control de la situación en diferentes ámbitos de competencia de la Unión, sin preparar medidas concretas para atajar el problema; expresa su preocupación ante el riesgo de que esta falta de protección ponga en peligro la publicación de nuevas revelaciones, lo que podría dar lugar a la pérdida de ingresos fiscales legítimos por los Estados miembros; lamenta profundamente que la Comisión no haya dado una respuesta satisfactoria a las exigencias formuladas en los apartados 144 y 145 de la Resolución del Parlamento de 25 de noviembre de 2015, ni a las recomendaciones de la Resolución del Parlamento de 16 de diciembre de 2015[35], y particularmente a la solicitud de que presentara un marco jurídico claro para la protección de los denunciantes de irregularidades y afines antes de finales de 2016;

49.  Reitera su petición a la Comisión de que proponga lo antes posible un marco jurídico claro para garantizar la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades, así como de periodistas y otras personas relacionadas con la prensa que les ayudan y facilitan su trabajo; pide a los Estados miembros que revisen su legislación en vigor en materia de protección de los denunciantes de irregularidades para incorporar la posibilidad de abstenerse de emprender acciones legales en casos en los que los denunciantes de irregularidades actúen únicamente en favor del interés público; sugiere que se tomen como modelo los mejores ejemplos de legislación de protección de los denunciantes de irregularidades ya en vigor en algunos Estados miembros;

Grupo «Código de conducta» y asuntos interinstitucionales

50.  Lamenta que, pese a que su primera y su segunda comisiones especiales (TAXE 1 y TAXE 2) han solicitado reiteradamente el acceso sin restricciones a los documentos y las actas del Grupo «Código de Conducta», no se ha puesto a disposición de los diputados más que un número limitado de nuevos documentos para su consulta a puerta cerrada, y que ello no se logró hasta cinco meses después del inicio del mandato de TAXE 2; destaca que algunos de estos documentos deberían haberse publicado para permitir el control público y un debate político abierto sobre su contenido; observa, además, que sigue siendo insatisfactoria la disposición mostrada por el Consejo a atender esta solicitud;

51.  Deplora el hecho de que la Comisión, pese a haber proporcionado algunas actas internas de las reuniones del grupo «Código de conducta», no haya podido mantener todos los registros de los documentos distribuidos; considera que la Comisión tiene el deber de velar por la trazabilidad y mantener registros de toda la información y los documentos distribuidos en el marco del mandato del Grupo «Código de conducta», con el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas por los Estados miembros en virtud del Tratado; pide a la Comisión que tome medidas urgentes para mejorar esta situación mediante la recuperación de todos los documentos; pide al Consejo y a los Estados miembros que cooperen con la Comisión a este respecto;

52.  Insta a los Estados miembros a mejorar la transparencia y la eficacia de los métodos de trabajo del Grupo «Código de conducta», que constituye uno de los factores que dificultan la realización de posibles mejoras concretas para abordar las prácticas fiscales perjudiciales; lamenta no haber recibido varios documentos de sesión del Grupo «Código de Conducta» procedentes del Consejo o de los Estados miembros y de importancia capital para la correcta ejecución del mandato de la Comisión Especial; pide la publicación regular de los resultados de su supervisión en lo relativo al grado de cumplimiento por los Estados miembros de las recomendaciones formuladas; pide al Grupo «Código de Conducta» que elabore un informe anual de acceso público en el que se identifiquen y reflejen las prácticas fiscales más perniciosas utilizadas por los Estados miembros durante el año; reitera su petición de 2015 al Consejo de que se cree un «comité fiscal» a nivel político;

53.  Deduce de información pública que el Grupo «Código de Conducta» examinó 421 medidas entre 1998 y 2014 y consideró que 111 de estas medidas (un 26 %) eran perjudiciales, pero observa que dos tercios de estas medidas fueron examinadas durante los cinco primeros años de existencia del Grupo; señala que el examen de medidas por parte de los Estados miembros ha disminuido con el tiempo, de modo que en 2014 se examinó tan solo un 5 % del total de las medidas, y lamenta que el Grupo no haya encontrado medidas fiscales perjudiciales desde noviembre de 2012; concluye que el Grupo «Código de Conducta» no ha sido plenamente operativo durante la última década y que su gobernanza y su mandato deben someterse a revisión con urgencia ;

54.  Reitera su petición de 2015 a la Comisión de que actualice el informe Simmons & Simmons de 1999 sobre prácticas administrativas mencionado en el apartado 26 del informe del Grupo «Código de Conducta» de 1999, conocido como informe Primarolo (SN 4901/99);

55.  Destaca que, aunque el Grupo «Código de Conducta» ha permitido lograr algunas mejoras, la autonotificación de medidas potencialmente perjudiciales por los Estados miembros no es eficiente, los criterios para identificar medidas perjudiciales están anticuados y el principio de unanimidad para tomar decisiones sobre el carácter perjudicial de las medidas no ha resultado eficaz; lamenta que varios Estados miembros se opongan a la necesaria reforma del Grupo «Código de Conducta»; insta a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, a que tomen las medidas necesarias para reformar lo antes posible los criterios para identificar medidas perjudiciales y los aspectos de gobernanza del Grupo «Código de conducta» (como su estructura de adopción de decisiones, el control de los procedimientos de desmantelamiento y mantenimiento del statu quo, la prevención de posibles dilaciones y las sanciones en caso de no observancia) a fin de incrementar su transparencia pública y mejorar su rendición de cuentas y garantizar una fuerte implicación del Parlamento y su acceso a la información; llama la atención sobre las deficiencias y otras informaciones pertinentes mencionadas en el nuevo anexo 3; señala, además, que, comparando la lista de la Comisión de todos los regímenes fiscales examinados formalmente por el Grupo «Código de Conducta» con los documentos de sesión correspondientes al momento de la decisión y a partir de ese momento, en primer lugar no queda claro en muchos casos cómo se alcanzó una decisión, por ejemplo, la razón por la que regímenes sobre los que había motivos para suponer que eran perjudiciales fueron declarados finalmente como no perjudiciales, y, en segundo lugar no queda claro, en los casos en los que el examen concluyó que ciertos regímenes eran perjudiciales, si los consiguientes procedimientos de desmantelamiento fueron llevados a cabo de forma satisfactoria por parte de los Estados miembros; destaca que, por tanto, los Estados miembros no cumplieron las obligaciones establecidas en las directivas del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, pues no intercambiaron espontáneamente información fiscal, ni siquiera en casos en los que había motivos claros, a pesar del margen discrecional que dejan ambas directivas, para suponer que podrían producirse pérdidas de ingresos fiscales en otros Estados miembros o que podrían derivarse ahorros fiscales de traslados artificiales de beneficios en el interior de grupos; hace hincapié en que la Comisión no cumplió su función de guardiana de los Tratados, establecida en el artículo 17, apartado 1, del TUE, al no actuar al respecto ni tomar todas las medidas necesarias para velar por que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, en particular las previstas en las directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pese a las pruebas de que no lo estaban haciendo;

56.  Señala que para la Comisión Especial TAXE 2 quedó patente que existe un patrón de obstrucción sistemática por parte de determinados Estados miembros para evitar que se alcancen progresos de cualquier tipo en la lucha contra la elusión fiscal; añade que las conversaciones sobre prácticas administrativas (resoluciones fiscales) se prolongaron en el seno del Grupo «Código de Conducta» durante cerca de dos décadas; condena que varios Estados miembros se mostraran reacios a acordar el intercambio de información sobre sus prácticas de resolución fiscal antes de las revelaciones de LuxLeaks, y que aún lo sean para introducir en sus legislaciones nacionales las instrucciones tipo elaboradas por el Grupo «Código de Conducta», a pesar de haberse comprometido a ello después de las revelaciones de LuxLeaks;

57.  Concluye, por tanto, que los Estados miembros han vulnerado su obligación de cooperación leal, establecida en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y que la Comisión era consciente del incumplimiento por parte de determinados Estados miembros del principio de cooperación leal; hace hincapié en que el incumplimiento del Derecho de la Unión por los Estados miembros y la inacción de la Comisión ante este incumplimiento del Derecho de la Unión requieren un seguimiento;

58.  Pide a la Comisión que conceda al Parlamento un acceso permanente, oportuno y regular a los documentos de sesión y las actas de los grupos de trabajo sobre asuntos fiscales del Consejo, a saber, el Grupo «Código de Conducta sobre Fiscalidad de las Empresas», el Grupo de Alto Nivel y el Grupo de Alto Nivel sobre Cuestiones Fiscales; propone a la Comisión que tome como ejemplo para tal fin el acuerdo alcanzado con el Parlamento sobre el acceso a las actas del Mecanismo Único de Supervisión / BCE;

59.  Pide a la Comisión que, en caso de una respuesta insatisfactoria de los Estados miembros, presente una propuesta legislativa, de preferencia conforme al artículo 116 o al artículo 352 del TFUE o en el marco de la cooperación reforzada, para aumentar la eficacia del Grupo «Código de conducta»;

60.  Señala, además, que los documentos obtenidos permiten apreciar claramente un patrón de obstrucción sistemática por parte de determinados Estados miembros para evitar que se alcancen progresos tangibles en la lucha contra la elusión fiscal; destaca que estos documentos muestran que la obstrucción política practicada por los Estados miembros impidió concretamente que se obtuvieran progresos sobre las prácticas fiscales perjudiciales en el ámbito de las casillas de patentes, las transferencias de beneficios entrantes y salientes, las asimetrías híbridas incluidos los acuerdos de préstamo con participación en los beneficios, el papel de los fondos de inversión, las prácticas administrativas (en particular las resoluciones fiscales) y las cláusulas de imposición efectiva mínima;

61.  Destaca, respecto a las categorías mencionadas y los documentos obtenidos por la Comisión Especial TAXE 2, las siguientes peticiones y observaciones; subraya, no obstante, que la lista que figura a continuación no es exhaustiva debido, sobre todo, a la falta de voluntad por parte de los Estados miembros y de la Comisión para conceder una transparencia total sobre las actividades del Grupo «Código de Conducta» y de otros grupos de trabajo pertinentes del Consejo con la decisión de que gran cantidad de documentos, incluidos los más recientes y los más destacados políticamente, solo estén disponibles en una sala de lectura restringida, excluyendo así su contenido de todo debate público y evaluación como la realizada en el presente informe;

62.  Pide a la Comisión que, en el marco del Semestre Europeo, incluya información sobre las medidas que están adoptando los Estados miembros para una imposición efectiva, y que redoble los esfuerzos de lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales transfronterizas y la evasión fiscal, incluidas recomendaciones destinadas a reforzar las administraciones fiscales nacionales;

63.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que tomen medidas urgentes contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la planificación fiscal agresiva, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda; lamenta que el Consejo y en particular algunos Estados miembros durante años no hayan actuado con decisión a este respecto, y recuerda a los Estados miembros que tienen la posibilidad de establecer sistemas de cooperación reforzada (entre nueve Estados miembros como mínimo) para acelerar la adopción de medidas sobre prácticas fiscales perjudiciales e ilegales;

64.  Pide la creación de un nuevo Centro de coordinación y coherencia de la política fiscal de la Unión en la estructura de la Comisión para garantizar un funcionamiento correcto y coherente del mercado único y la aplicación de normas internacionales; considera que este nuevo organismo debería encargarse de evaluar y seguir las políticas fiscales de los Estados miembros al nivel de la Unión, de velar por que los Estados miembros no apliquen nuevas medidas fiscales perjudiciales, de controlar la observancia por parte de los Estados miembros de la lista común de jurisdicciones no cooperativas, de garantizar y fomentar la cooperación entre las administraciones fiscales nacionales (por ejemplo, formación e intercambio de buenas prácticas), y de poner en marcha programas académicos en la materia; opina que, de este modo, dicho Centro podría contribuir a evitar nuevas lagunas tributarias derivadas de la falta de coordinación en las iniciativas políticas entre Estados miembros y contrarrestar normas y prácticas fiscales que pudieran perturbar u obstruir el correcto funcionamiento y la lógica del mercado único o interferirían con él; cree que este organismo podría servir también como punto de contacto para los denunciantes de irregularidades si los Estados miembros y las administraciones tributarias nacionales no actúan ante la revelación de casos de evasión o elusión fiscal o si no llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre este asunto; considera que el Centro podría beneficiarse de la puesta en común de conocimientos especializados a escala de la Unión y a nivel nacional, a fin de reducir la carga que recae en los contribuyentes;

Dimensión exterior

65.  Acoge con satisfacción el nuevo enfoque en el G-8 y el G-20 en materia fiscal, que debería dar lugar a nuevas recomendaciones; pide a la Comisión que mantenga una posición coherente en nombre de la Unión en las próximas reuniones del G-20 y en los simposios ad hoc; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre todos los resultados y las posibles consecuencias de las decisiones del G-20 sobre la lucha contra la erosión de la base imponible del impuesto sobre sociedades, las prácticas de planificación fiscal agresiva y cualquier flujo financiero ilegal;

66.  Pide a la Unión, al G-20, a la OCDE y a las Naciones Unidas que sigan cooperando para promover unas directrices mundiales que redunden también en beneficio de los países en desarrollo;

67.  Apoya la creación de un organismo mundial, en el marco de las Naciones Unidas, bien dotado y con recursos adicionales suficientes, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforma de las políticas fiscales a escala mundial; pide a la Unión y a los Estados miembros que comiencen a trabajar con miras a la celebración de una cumbre mundial ambiciosa sobre asuntos fiscales y que persigan el objetivo de la creación del mencionado organismo intergubernamental;

68.  Pide a los foros internacionales que acuerden una definición más rigurosa y precisa del concepto de titularidad real con el fin de garantizar una mayor transparencia;

69.  Reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que lleven a cabo un análisis de los efectos indirectos de las políticas fiscales nacionales y de la Unión con el fin de evaluar el impacto de tales políticas sobre los países en desarrollo y eliminar las políticas y prácticas que les afecten negativamente;

70.  Señala que las salidas ilícitas de capital explican en buena medida la deuda de los países en desarrollo, mientras que una planificación fiscal agresiva es contraria a los principios de la responsabilidad social de las empresas;

71.  Pide a la Comisión que incluya en todos los acuerdos comerciales y de asociación cláusulas de buena gobernanza, incluida la aplicación completa y efectiva de las medidas BEPS y de las normas mundiales de intercambio automático de información, y que garantice que los acuerdos comerciales y de asociación no puedan ser utilizados indebidamente por empresas o intermediarios con fines de elusión o evasión fiscal o para el blanqueo de ingresos obtenidos mediante actividades ilegales;

72.  Pide a la OCDE y otros organismos internacionales que empiecen a trabajar en un plan de acción BEPS II ambicioso que deberá basarse principalmente en normas mínimas y objetivos concretos para su aplicación;

73.  Destaca que debe mejorarse la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros que participan en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a fin de que la Unión haga oír su voz; hace hincapié en la necesidad de disponer de directrices de aplicación detalladas, sobre todo para los países en desarrollo, así como de controlar la preparación de nuevas medidas fiscales perjudiciales;

74.  Pide, a este respecto, la creación de un grupo de control parlamentario a escala de la OCDE encargado de observar y supervisar la formulación y aplicación de esta iniciativa;

75.  Pide que se establezca un diálogo estructurado entre el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos sobre asuntos de fiscalidad internacional; propone la creación de foros interparlamentarios formales para tratar estos asuntos y también que se utilice a este respecto el marco existente del Diálogo Transatlántico entre Legisladores; alienta a la Unión y a los Estados Unidos a que cooperen en la aplicación del plan de acción BEPS de la OCDE; toma nota de la significativa falta de reciprocidad entre los Estados Unidos y la Unión en el marco del Acuerdo FATCA; insta a una mayor cooperación entre los Estados Unidos y la Unión en el marco del Acuerdo FATCA para garantizar la reciprocidad, e invita a todas las partes implicadas a participar proactivamente en su aplicación;

76.  Acoge con satisfacción el proyecto piloto de intercambio automático de información sobre titularidad real entre autoridades fiscales, iniciado en abril por los cinco Estados miembros más grandes de la Unión; pide, de acuerdo con la intención declarada de estos países, que esta iniciativa se extienda y que constituya la base para una norma mundial de intercambio de información similar a la que existe para la información sobre cuentas financieras;

77.  Pide, como paso siguiente en el proceso para mejorar la disponibilidad de información sobre titularidad real y para aumentar la eficacia del intercambio de esta información, la creación de un registro público de la Unión sobre la titularidad real dotado de normas armonizadas de acceso a información sobre titularidad real y conforme a todas las normas de protección de datos, que sentaría las bases de una iniciativa global a este respecto; destaca la función esencial de instituciones como la OCDE y las Naciones Unidas en este sentido;

78.  Pide la creación de un registro global de activos de todos los activos en poder de particulares, empresas y todas las entidades como fundaciones y fideicomisos, al que las autoridades fiscales tendrían pleno acceso y dotado de las medidas de protección adecuadas para proteger la confidencialidad de la información contenida;

79.  Subraya la necesidad de un enfoque integral y común de la Unión y los Estados Unidos sobre la aplicación de las normas de la OCDE y sobre la titularidad real; subraya, además, que las cláusulas de buena gobernanza y la aplicación de las medidas BEPS deberían incluirse en todos los tratados comerciales futuros con el fin de garantizar la igualdad de condiciones, crear más valor para la sociedad en su conjunto, luchar contra el fraude y la elusión fiscales, y alcanzar una posición de liderazgo para los socios transatlánticos en la promoción de la buena gobernanza fiscal;

Otras recomendaciones

80.  Pide a todos los Parlamentos nacionales que colaboren entre sí para garantizar un control adecuado y la coherencia de los sistemas fiscales de los Estados miembros; pide a los Parlamentos nacionales que estén atentos a las decisiones de sus Gobiernos a este respecto y que refuercen su propio compromiso con la labor de foros interparlamentarios sobre cuestiones fiscales;

81.  Pide a la Comisión que investigue todos los casos de ayudas públicas ilegales puestos en su conocimiento, con el fin de garantizar la igualdad de trato ante la ley en la Unión; pide a la Comisión que adopte una decisión con orden de recuperación en todos los casos en los que la presunta ventaja fiscal sea considerada como ayuda pública ilegal; muestra su preocupación por el hecho de que Luxemburgo pueda estar concediendo resoluciones fiscales verbales para evitar su obligación de compartir información conforme a la Directiva sobre cooperación administrativa; pide a la Comisión que supervise detenidamente si los Estados miembros están sustituyendo prácticas perjudiciales por otras igualmente perjudiciales a raíz del progreso legislativo alcanzado a nivel de la Unión y que informe al respecto; pide a la Comisión que examine todos los casos de distorsión del mercado a causa de la concesión de ventajas fiscales específicas y que informe al respecto;

82.  Destaca el potencial que ofrecen las soluciones digitales para una recaudación fiscal efectiva al recopilar información fiscal directamente de las operaciones en la economía colaborativa y al reducir la carga de trabajo global de las autoridades tributarias de los Estados miembros;

83.  Toma nota de las revelaciones de los «papeles de Panamá» que documentan el recurso sistemático a sociedades ficticias por empresas y particulares para ocultar activos imponibles y el producto de la corrupción y la delincuencia organizada; acoge con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de crear una comisión de investigación sobre este asunto y de continuar trabajando contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales; subraya la enorme importancia política de analizar el modus operandi de las autoridades fiscales y las empresas implicadas en las prácticas descritas con miras a terminar con las lagunas jurídicas;

84.  Señala que es necesario seguir trabajando sobre el acceso a los documentos de los Estados miembros, la Comisión y el Grupo «Código de conducta»; reitera que es necesario seguir analizando los documentos ya puestos a disposición del Parlamento para calibrar adecuadamente la necesidad de otras acciones e iniciativas políticas; pide a la comisión de investigación que será creada próximamente que continúe este trabajo y que adopte un formato distinto al de la Comisión Especial TAXE 2, que sigue un modelo más inquisitivo, como la Comisión de Cuentas Públicas (Public Accounts Committee) del Reino Unido;

85.  Pide al Consejo que saque partido del procedimiento de consulta al Parlamento, lo que quiere decir en particular que espere a la contribución del Parlamento antes de alcanzar un acuerdo político y que intente hacer suya la posición del Parlamento;

86.  Se compromete a proseguir el trabajo iniciado por su comisión especial, abordando los obstáculos encontrados para el cumplimiento de su mandato y garantizando un seguimiento adecuado de sus recomendaciones; encarga a sus autoridades competentes que definan la mejor estructura institucional para conseguirlo;

87.  Pide a su comisión competente que lleve a cabo un seguimiento de estas recomendaciones en su próximo informe de iniciativa legislativa a este respecto;

o

o  o

88.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales, a las Naciones Unidas, al G-20 y a la OCDE.

• [1]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0420.
• [2]  Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
• [3]  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1), relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos.
• [4]  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
• [5]  DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.
• [6]  DO L 141 de 5.6.2016, p. 73-117.
• [7]  COM(2016) 0198.
• [8]  COM(2016)0023, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Paquete de lucha contra la elusión fiscal: próximos pasos para lograr una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal en la UE.
• [9]  Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior (COM(2016)0026).
• [10]  Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (COM(2016)0025).
• [11]  Recomendación de la Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la aplicación de medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales (C(2016)0271).
• [12]  Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators (Estudio sobre las estructuras de planificación fiscal agresiva y sus indicadores), Unión Europea, 2016.
• [13]  DO C 2 de 6.1.1998, p. 2.
• [14]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0457.
• [15]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.
• [16]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0265.
• [17]  SA.38375 – Ayuda estatal concedida por Luxemburgo a Fiat.
• [18]  SA.38374 – Régimen de ayudas aplicado por los Países Bajos a Starbucks.
• [19]  C(2015)9837, Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2016, relativa al régimen de ayudas estatales de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (antigua 2015/NN) aplicado por Bélgica (C(2015)9837).
• [20]  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Comisión Europea, 10 de mayo de 2016.
• [21]  Evaluación y seguimiento de BEPS, Acción 11 – Informes Finales 2015, Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios.
• [22]  Informe sobre las inversiones en el mundo de 2015: reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones, CNUCED, 2015.
• [23]  http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
• [24]  BPI: estadísticas bancarias sobre ubicación, 2016.
• [25]  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
• [26]  http://ec.europa.eu/growth/smes/, Comisión Europea, 10 de mayo de 2016.
• [27]  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 and Egger, P., W. Eggert and H. Winner (2010), «Saving taxes through foreign plant ownership» (Ahorrar impuestos mediante la propiedad extranjera de las plantas), Journal of International Economics 81, pp. 99-108. Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach, mimeo
• [28]  https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
• [29]  Estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales, 2008; Estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales, 2008; http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
• [30]  Referencia pendiente de comprobación y consiguiente inserción
• [31]  Véase el artículo 18 (secreto profesional), apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2365&rid=1
• [32]  Los servicios de la Comisión confirmaron que el artículo 10 («Asimetrías híbridas») de la propuesta de Directiva contra las prácticas de elusión fiscal, presentada por la Comisión el 28 de enero de 2016, «se basaba en el enfoque de reconocimiento mutuo dirigido a la resolución de diferencias en la calificación jurídica de las entidades híbridas y de los instrumentos financieros híbridos, pero no cubría los traslados híbridos de activos que no implican asimetrías en la calificación jurídica».
• [33]  La OCDE define «traslados híbridos» como «arreglos tratados como el traslado de propiedad de un activo para fines fiscales en un país, pero no para fines fiscales en el otro país, lo que normalmente implica un préstamo garantizado». Véase el informe de la OCDE «Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues», publicado en marzo de 2012, en http://www.oecd.org/.
• [34]  Véase el ejemplo de los regímenes de «intermediarios cualificados» y «operadores de derivados cualificados», así como el artículo 871(m) del U.S. Internal Revenue Code (Código Fiscal de los Estados Unidos), que impone una retención en origen en los Estados Unidos sobre determinadas cantidades obtenidas mediante operaciones de derivados sobre capitales estadounidenses cuando estas cantidades son transferidas a una persona no estadounidense.
• [35]  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0457.

ANEXO 1: LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS (REUNIONES DE LA COMISIÓN, COORDINADORES Y MISIONES)

Fecha	Participantes
11.1.2016	•  Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas;
17.2.2016	•  Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.
29.2.2016	Intercambio de puntos de vista con la Presidencia del Consejo En presencia de Eric Wiebes, secretario de Estado de Hacienda de los Países Bajos
14-15.3.2016	Intercambio de puntos de vista con las jurisdicciones Rob Gray, director de Impuestos sobre la Renta, Guernsey; Colin Powell, asesor para Asuntos Internacionales del ministro presidente, Jersey; Clàudia Cornella Durany, secretaria de Estado para Asuntos Financieros Internacionales, Andorra; Katja Gey, directora de Asuntos Financieros Internacionales, Liechtenstein; Jean Castellini, ministro de Finanzas y Economía, Mónaco.   Intercambio de puntos de vista con las empresas multinacionales Cathy Kearney, vicepresidenta de Operaciones Europeas, Apple; Julia Macrae, directora de Fiscalidad para EMEIA, Apple; Adam Cohen, responsable de Política Económica para EMEA, Google; Søren Hansen, director ejecutivo, Grupo Inter-IKEA; Anders Bylund, director de Comunicaciones, Grupo Inter-IKEA; Irene Yates, vicepresidenta de Fiscalidad Empresarial, McDonald's.   Intercambio de puntos de vista con los periodistas de investigación - a puerta cerrada Véronique Poujol, Paperjam; Markus Becker, Der Spiegel.
21.3.2016	Intercambio de puntos de vista con los bancos europeos (parte I) Jean-Charles Balat, director financiero, Crédit Agricole S.A.; Rob Schipper, responsable global de fiscalidad, ING; Eva Jigvall, responsable de fiscalidad, Nordea; Monica López-Monís, jefa de la Oficina de Conformidad y vicepresidenta ejecutiva, Banco Santander; Christopher St. Victor de Pinho, director general, responsable global de la fiscalidad del grupo, UBS AG; Stefano Ceccacci, responsable de asuntos fiscales del grupo, Unicredit.
4.4.2016	•  Margrethe Vestager, comisaria de Competencia   Intercambio de puntos de vista con los bancos europeos (parte II) Brigitte Bomm, directora general, responsable global de fiscalidad, Deutsche Bank AG; Grant Jamieson, responsable de fiscalidad, Royal Bank of Scotland; Graeme Johnston, responsable de fiscalidad internacional, Royal Bank of Scotland.
15.4.2016	Misión a Chipre Ioannis Kasoulides, ministro de Asuntos Exteriores; Michael Kammas, director general, Aristio Stylianou, presidente, y George Appios, vicepresidente de la asociación de bancos de Chipre; Christos Patsalides, secretario permanente del Ministerio de Hacienda; George Panteli, responsable de política fiscal, Ministerio de Hacienda; Yannakis Tsangaris, comisario de Asuntos Fiscales; Alexander Apostolides, Universidad de Chipre; Maria Krambia-Kapardis, presidenta de la Junta Directiva de Transparencia Internacional; Costas Markides, miembro del consejo, fiscalidad internacional, KPMG Limited y la asociación de fondos de inversión de Chipre; Natasa Pilides, directora general, Agencia de fomento de las inversiones de Chipre; Kyriakos Iordanou, director general, Pieris Marcou, Panicos Kaouris, George Markides, Instituto de Contables Públicos Certificados de Chipre; Christos Karidis, responsable de investigación económica del departamento de la confederación y secretario de la Asociación de consumidores empleados; Nikos Grigoriou, jefe del Departamento de Política Económica y Social de la Federación Panchipriota del Trabajo.
18.4.2016	Reunión interparlamentaria sobre «El paquete de lucha contra la elusión fiscal y otras iniciativas internacionales y de la UE: supervisión y control democrático por parte de los Parlamentos nacionales»   Intercambio de puntos de vista con las jurisdicciones (parte II) - a puerta cerrada Wayne Panton, ministro de Servicios Financieros, Comercio y Medioambiente, Islas Caimán
20.4.2016	Reunión conjunta ECON/JURI/TAXE •  Jonathan Hill, comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
2.5.2016	Reunión de alto nivel del grupo parlamentario de la OCDE sobre fiscalidad en asociación con la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Resoluciones Fiscales, París Pascal Saint-Amans, director, Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE; Valère Moutarlier, director, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, Comisión Europea; Michèle André, presidente, Comisión de Finanzas del Senado; Meg Hillier, presidenta, Comisión de Cuentas Públicas.
17-20.5.2015	Misión a los Estados Unidos de América (Washington DC) David O'Sullivan, embajador ante la Unión; Elise Bean, exdirectora y asesora jefe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones; Orrin Grant Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, presidente pro tempore del Senado; Dr. Charles Boustany, presidente de la Subcomisión de Política Fiscal; Sander Levin, miembro del Congreso, miembro de alto nivel de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes; Richard Neal, miembro de alto nivel de la Subcomisión de Política Fiscal; Earl Blumenauer, miembro de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes; Lloyd Doggett, miembro de la Comisión de Medios y Arbitrios, miembro de alto nivel de la Subcomisión de Recursos Humanos (y posiblemente otros miembros del Partido Demócrata); Anders Aslund, investigador principal residente, Dinu Patriciu Eurasia Center, Consejo Atlántico; Gianni Di Giovanni, presidente, Eni USA R&M, Eni; Boyden Gray, socio fundador, Boyden Gray & Associates; Jillian Fitzpatrick, directora, Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas, S&P Global; Marie Kasparek, directora adjunta, programa Global Business and Economics, Consejo Atlántico; Benjamin Knudsen, becario, programa Global Business and Economics, Consejo Atlántico; Jennifer McCloskey, directora, Asuntos Gubernamentales, Information Technology Industry Council; Susan Molinari, vicepresidenta, Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales, Google; Andrea Montanino, director, programa Global Business and Economics, Consejo Atlántico; Álvaro Morales Salto-Weis, becario, programa Global Business and Economics, Consejo Atlántico; Earl Anthony Wayne, investigador no residente, Consejo Atlántico; Alexander Privitera, investigador principal, Universidad Johns Hopkins; Bill Rys, director, Asuntos Gubernamentales Federales, Citigroup; Pete Scheschuk, vicepresidente primero, Impuestos, S&P Global; Garret Workman, director, Asuntos Europeos, Cámara de Comercio de los Estados Unidos; Caroline D. Ciraolo, fiscal general adjunta en funciones, División Fiscal, Departamento de Justicia; Thomas Sawyer, consultor principal sobre litigios en materia de fiscalidad internacional; Todd Kostyshak, asesor del vicefiscal general adjunto para delitos fiscales, Departamento de Justicia; Mark J. Mazur, secretario adjunto, Política Fiscal, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; Robert Stack, vicesecretario adjunto, Asuntos Fiscales Internacionales, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; Scott A. Hodge, presidente, Tax Foundation; Gavin Ekins, investigador y economista, Tax Foundation; Stephen J. Entin, investigador principal, Tax Foundation; Scott Greenberg, analista, Tax Foundation; John C. Fortier, director del proyecto Democracy, Bipartisan Policy Center; Shai Akabas, director adjunto del Bipartisan Policy Center, proyecto Economic Policy; Eric Toder, codirector, Urban-Brookings Tax Policy Center; Gawain Kripke, director de Política e Investigación, OXFAM America; Didier Jacobs, economista principal, OXFAM America; Nick Galass, responsable de la investigación de Oxfam sobre la desigualdad económica, OXFAM America; Robbie Silverman, asesor principal, OXFAM America; Vicki Perry, directora adjunta del Departamento de Asuntos Fiscales y jefa de la División de Política Fiscal, FMI; Ruud De Mooij, jefe adjunto de la División de Política Fiscal, FMI; Hamish Boland-Rudder, director en línea, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); Jim Brumby, director, Servicio Público y Resultados, Governance Global Practice; Marijn Verhoeven, economista, Global Practice on Governance; Guggi Laryea, responsable de las relaciones con la sociedad civil europea y con el Parlamento Europeo y de las relaciones externas e internas; Rajul Awasthi, especialista principal del sector público, Governance Global Practice; Xavier Becerra, miembro del Congreso, presidente de la Conferencia Demócrata de la Cámara de Representantes; Ron Kind, miembro del Congreso, miembro de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
24.5.2015	Audiencia pública conjunta de las comisiones DEVE/TAXE sobre las consecuencias de las prácticas fiscales agresivas para los países en desarrollo Attiya Waris, profesora titular, Facultad de Derecho, Universidad de Nairobi; Manuel Montes, asesor principal sobre Finanzas y Desarrollo, Centro del Sur; Aurore Chardonnet, asesora sobre la Política de la Unión en materia de Fiscalidad y Desigualdad, OXFAM; Savior Mwambwa, director de la campaña sobre competencias fiscales, ActionAid International; Tove Ryding, directora de Políticas y Promoción, Justicia Fiscal, Eurodad; Sol Picciotto, profesor, Universidad de Lancaster.

ANEXO 2: EMPRESAS MULTINACIONALES Y BANCOS INVITADOS A COMPARECER EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

Anexo 2.1: Lista de empresas multinacionales invitadas

Empresa	Invitados/Representantes	Situación (11.3.2016)
Apple Inc.	Timothy D. Cook Director ejecutivo	Participa Cathy Kearney, vicepresidenta de Operaciones Europeas Julia Macrae, directora de Fiscalidad para EMEIA
Google Inc.	Nicklas Lundblad Director principal, Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales (EMEA)	Participa Adam Cohen, responsable de Política Económica (EMEA)
Fiat Chrysler Automobiles	Sergio Marchionne Director ejecutivo	Declinó su participación el 11.3.2015: «Como ya sabrán, el 29 de diciembre de 2015 interpusimos un recurso ante el Tribunal General de la UE contra la Decisión de la Comisión que afirma que una de nuestras sociedades en Luxemburgo habría recibido ayudas del Estado. Luxemburgo también ha recurrido contra esta Decisión ante el Tribunal General. Si bien tenemos la certeza de no haber recibido ninguna ayuda estatal en Luxemburgo en incumplimiento del Derecho de la Unión, no sería apropiado, habida cuenta de las circunstancias, que participáramos en la reunión de la Comisión especial o que realizáramos más comentarios al respecto. Por lo tanto, si bien nuestro aprecio por los esfuerzos de la Comisión y por su deseo de conocer los puntos de vista de las empresas sigue siendo el mismo, lamentamos comunicarles que no estamos en condiciones de participar en este debate hasta que nuestra causa judicial haya sido resuelta.»
Inter IKEA Group	Søren Hansen Director ejecutivo	Participa Søren Hansen, director ejecutivo Anders Bylund, director de Comunicaciones
McDonald's Corporation	Irene Yates Vicepresidenta, Fiscalidad Empresarial	Participa Irene Yates, vicepresidenta, Fiscalidad Empresarial
Starbucks Coffee Empresa	Kris Engskov Presidente de Starbucks Europa, Oriente Próximo y África (EMEA)	Declinó su participación el 23.2.2015: «Como Starbucks tiene la intención de interponer un recurso contra la Decisión de la Comisión, anunciada el 21 de octubre de 2015, que afirma que los Países Bajos concedieron determinadas ventajas fiscales a nuestra planta de torrefacción de café en Ámsterdam (Starbucks Manufacturing EMEA BV), no podemos aceptar la invitación de la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares. Una vez que este asunto se haya resuelto, y Starbucks tenga la certeza de que la Decisión de la Comisión Europea será revocada, estaremos encantados de reunirnos. En caso de que resultara de utilidad en el marco de su recopilación de información, procede señalar que Starbucks respeta todas las normas, directrices y leyes de la OCDE y apoya su proceso de reforma fiscal, incluido el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Starbucks ha pagado de media un tipo impositivo efectivo global de aproximadamente el 33 %, muy por encima del tipo impositivo del 18.5 % que pagan de media otras grandes empresas estadounidenses.»

Nombre	Invitados/Representantes	Situación 4.4.2016
Crédit Agricole (FR)	Dominique Lefebvre Presidente	Aceptó (15.3.2016) Jean-Charles Balat, Director de Finanzas, Grupo Crédit Agricole
Deutsche Bank (DE)	Paul Achleitner Presidente	Aceptó (16.3.2016) participar en una reunión del 4 de abril de 2016 Representantes que participan Brigitte Bomm, directora general, responsable global de fiscalidad, Deutsche Bank
Grupo ING (NL)	Ralph Hamers Director ejecutivo	Aceptó (8.3.2016)   R.N.J. Schipper Responsable del servicio fiscal global de ING
Nordea (SW)	Casper von Koskull Presidente y director ejecutivo	Aceptó (9.3.2016)   Eva Jigvall Responsable del grupo de fiscalidad de Nordea
Royal Bank of Scotland (RU)	Ross McEwan Director ejecutivo	Aceptó (16.3.2016) participar en una reunión del 4 de abril de 2016 Representantes que participan Grant Jamieson, responsable de fiscalidad, Royal Bank of Scotland Graeme Johnston, responsable de fiscalidad internacional, Royal Bank of Scotland
Santander (ES)	Ana Patricia Botín Presidenta	Aceptó (11.3.2016)   Monica López-Monis Gallego Jefa de la Oficina de Conformidad y vicepresidenta ejecutiva del Banco Santander Antonio H. García del Riego Director gerente Director de asuntos corporativos europeos
UBS (CH)	Axel A. Weber Presidente	Aceptó (14.3.2016)   Christopher Pinho, Director gerente, responsable global del grupo de fiscalidad
Unicredit (IT)	Giuseppe Vita Presidente	Aceptó (8.3.2016)   Stefano Ceccacci, Responsable de asuntos fiscales de Unicredit Costanza Bufalini Responsable de asuntos europeos y reglamentarios

Anexo 2.2: Lista de bancos invitados

ANEXO 3: DOCUMENTOS DEL GRUPO «CÓDIGO DE CONDUCTA»

Documento (1)	Fecha	Resultado
Documento de sesión n.º 1, anexo 1	Reunión del Grupo «Código de Conducta» de abril de 2006	La Comisión señaló que, sobre todo en algunos territorios dependientes y asociados, la propuesta de desmantelamiento incluía la introducción de un tipo del 0 % o la eliminación completa del impuesto de sociedades, por lo que no todos los aspectos del trabajo del Grupo «Código de Conducta» han obtenido un resultado consistente o satisfactorio.
Documento de sesión n.º 1, anexo 1	Reunión del Grupo «Código de Conducta» de abril de 2006	La Comisión señaló que, debido a compromisos políticos, el Grupo «Código de Conducta» había considerado adecuadas algunas propuestas de desmantelamiento que podrían ser fácilmente consideradas insuficientes según los principios del Código de Conducta.
Informe del Grupo «Código de Conducta» al Consejo	7 de junio de 2005	Se indicaba explícitamente que en un caso Luxemburgo no había aplicado el desmantelamiento de la manera acordada.
Documento de sesión n.º 1, anexo 1	Reunión del Grupo «Código de Conducta» de abril de 2006	A pesar de este claro incumplimiento, el Consejo no adoptó ninguna medida y no se instó políticamente a Luxemburgo a ajustarse a los principios y acuerdos del Código de Conducta.
Documento de sesión n.º 1, anexo 1	Reunión del Grupo «Código de Conducta» de abril de 2006	El Grupo «Código de Conducta» acordó en 1999 excluir a los regímenes que favorecen al sector de la navegación marítima, así como la evaluación de los instrumentos de inversión colectiva.
Documento de sesión n.º 1, anexo 1	Reunión del Grupo «Código de Conducta» de abril de 2006	Varios Estados miembros no aceptaron exponer sus puntos de vista sobre el futuro del Grupo «Código de Conducta» en lo relativo a transparencia, mandato, ámbito de actuación y criterios para su labor futura; Hungría y Lituania expresaron sus reservas ante las enmiendas a los criterios del Código de Conducta; Irlanda y Polonia se opusieron a cualquier extensión del ámbito de aplicación del Código de Conducta a otras áreas fiscales.
Documento de sesión n.º 2 y acta	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 11 de abril de 2011	La Comisión presentó varias propuestas sobre nuevas áreas de trabajo, como expandir el trabajo sobre asimetrías, impuestos para los expatriados, impuestos sobre las grandes fortunas, revisión de las sociedades de inversión inmobiliaria y los instrumentos de inversión colectiva; los Países Bajos y Luxemburgo se opusieron a expandir el trabajo sobre las asimetrías, Francia expresó sus reservas ante el trabajo sobre los expatriados, las grandes fortunas y los fondos de inversión, y el Reino Unido apoyó un mayor enfoque sobre el impuesto de sociedades, en lugar de una extensión.
Actas	Reuniones del Grupo «Código de Conducta» del 22 de octubre de 2013 y de mayo de 2013	Elementos importantes del código fiscal de Gibraltar han estado bajo examen desde, al menos, el 11 de abril de 2011, sin que se haya alcanzado decisión alguna.
Acta	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 8 de noviembre de 2013	El régimen fiscal sobre el comercio minorista en la Isla de Man no fue declarado perjudicial, a pesar de las reservas expresadas por varios Estados miembros al respecto.
Actas	Reuniones del Grupo «Código de Conducta» de los días 29 de mayo, 22 de octubre y 20 de noviembre de 2013	En lo que respecta a la casilla de patentes, los Países Bajos, Luxemburgo y, en menor medida, Bélgica se opusieron a una evaluación inclusiva de todos los regímenes de casilla de patentes de la Unión, a pesar de la existencia de motivos para suponer que los regímenes existentes eran perjudiciales y contrarios a los criterios del Código de Conducta.
Acta	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 3 de junio de 2014	España, los Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido han retrasado aún más el proceso de reforma de los regímenes de casilla de patentes, al añadir repetidamente demandas adicionales al proceso de toma de decisión.
Informe público al Consejo	Sesión del Ecofin de junio de 2015	A pesar de los compromisos de adaptar por completo las disposiciones legales nacionales antes del 30 de junio de 2016, los Estados miembros han realizado progresos muy limitados para aplicar a sus legislaciones nacionales el planteamiento de nexo modificado acordado por los ministros en diciembre de 2014, y algunos países, como Italia, incluso han introducido nuevas medidas de casilla de patentes, incompatibles con el planteamiento de nexo modificado, después de haber alcanzado un acuerdo sobre este asunto, para así poder beneficiarse de las extremadamente generosas disposiciones de exención hasta 2021.
Actas de las reuniones y documento de sesión n.º 3	Reuniones del Grupo «Código de Conducta» de los días 25 de mayo de 2010 y 17 de octubre de 2012	Durante la fase de elaboración de las directrices acordadas sobre las transferencias de beneficios entrantes, el Reino Unido se opuso a cualquier enfoque coordinado.
Acta	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 25 de mayo de 2010	No se logra acordar seguimiento alguno al trabajo del subgrupo sobre cuestiones de lucha contra las prácticas abusivas.
Acta	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 15 de mayo de 2009	Bélgica y los Países Bajos declaran que se oponen a cualquier iniciativa encaminada a coordinar las medidas de defensa contra las transferencias no gravadas de beneficios salientes.
Actas	Reuniones del subgrupo del Grupo «Código de Conducta» de septiembre y abril de 2014 y abril y julio de 2015	Los Estados miembros acordaron directrices en lo que respecta a las asimetrías híbridas en septiembre de 2014, pese a las repetidas y sistemáticas iniciativas adoptadas por ciertos Estados miembros que, al haber impedido que se alcanzara mucho antes un acuerdo sobre estas prácticas perjudiciales, objeto de debate en el Grupo «Código de Conducta» desde 2008 como mínimo, habían agravado de forma importante el continuo daño fiscal originado por el uso recurrente de estos regímenes con fines de planificación fiscal abusiva.
Actas	Reuniones del Grupo «Código de Conducta» de los días 15 de mayo y 29 de junio de 2009 y 25 de mayo de 2010 Reuniones del subgrupo sobre cuestiones de lucha contra las prácticas abusivas de los días 25 de marzo y 22 de abril de 2010	En lo que respecta a las asimetrías híbridas, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, así como Malta y Estonia en menor medida, han retrasado bastante una rápida acción colectiva, al afirmar que las asimetrías híbridas no debían ser tratadas en absoluto por el Grupo «Código de Conducta».
Actas	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 13 de septiembre de 2011   Reuniones del Grupo «Código de Conducta» de los días 11 de abril y 26 de mayo de 2011	En lo que respecta a los fondos de inversión, los Estados miembros acordaron interrumpir las discusiones sobre el perjuicio que supuestamente se deriva o podría derivarse de estos regímenes.   El Reino Unido, Luxemburgo y los Países Bajos adoptaron iniciativas que consiguieron que el grupo no avanzara más en este campo.
Documento de sesión n.º 2	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 4 de marzo de 2010	En lo que respecta a las prácticas administrativas, ningún Estado miembro había intercambiado información sobre sus resoluciones de forma espontánea y sistemática en el pasado.
Documento de sesión n.º 4	Reunión del Grupo «Código de Conducta» del 10 de septiembre de 2012	En la práctica, no se había intercambiado ninguna información sobre resoluciones de forma espontánea.
Conclusiones del Consejo	Sesión del Ecofin de diciembre de 2015	En lo que respecta a las cláusulas de imposición efectiva mínima, los Estados miembros no acordaron una revisión de la Directiva sobre intereses y cánones que garantizara que los privilegios otorgados en el mercado único con el fin de prevenir la doble imposición no resultaran en la práctica en una no imposición o en una imposición prácticamente nula, y ello a pesar de la presentación de la propuesta de la Comisión al respecto en 2011; lo único que hicieron los Estados miembros fue invitar al Grupo de Alto Nivel sobre Cuestiones Fiscales a examinar el asunto con mayor profundidad, en lugar de alcanzar compromisos para una acción rápida y efectiva.
Conclusiones del Consejo	Sesión del Ecofin de diciembre de 2016	Los Estados miembros no acordaron las urgentes reformas necesarias del Grupo «Código de Conducta» y aplazaron cualquier decisión sobre reformas hasta 2017.

(1) Sobre la base de documentos y fuentes de acceso público.

ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES ECON Y TAXE

CUADRO DE INDICADORES COMÚN ECON/TAXE - SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ECON/TAXE SOBRE POLÍTICAS DE TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES Y RESOLUCIONES FISCALES

Recomendaciones	REF. ECON/TAXE	GRADO DE REALIZACIÓN	POSICIÓN DE LA COMISIÓN	FECHA LÍMITE PARA EL SEGUIMIENTO	SITUACIÓN EN EL CONSEJO
Presentación obligatoria y pública por parte de las empresas multinacionales de información desglosada por países relativa a todos los sectores	A1 136-139	Parcial	Información desglosada por países entre autoridades tributarias Propuesta de publicación de la información desglosada por países sobre datos agregados 12/4 para el resto del mundo, exceptuando los paraísos fiscales	Propuesta DCA4 presentada   Propuesta presentada (12/04/2016)	DCA4: aprobación prevista en el ECOFIN de mayo de 2016 Procedimiento no iniciado
«Contribuyente justo»/RSE	A2 146	Ninguno	Pendiente de evaluación durante el proceso de seguimiento de la Estrategia de la UE sobre RSE, de 2011	No se prevé propuesta legislativa	No se prevé propuesta legislativa
Notificación obligatoria por parte de los Estados miembros de las nuevas medidas fiscales     Notificación obligatoria de nuevos regímenes fiscales por las empresas de asesoría fiscal a las autoridades tributarias	A3 96	Ninguno       Ninguno	Serán objeto de seguimiento en el marco del Grupo «Código de Conducta», Semestre Europeo, aplicación DCA Ninguno	No se prevé propuesta legislativa	No se prevé propuesta legislativa
Ampliación del intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales a todas las resoluciones fiscales, que han de comunicarse a la Comisión, y hacerse públicas en cierta medida	A4 107-111	Parcial	No hay necesidad de ampliar el intercambio automático de las resoluciones fiscales nacionales a fin de no sobrecargar a las autoridades tributarias	Véase 2015/2376/UE	Véase 2015/2376/UE
Transparencia de los puertos francos	A5	Ninguno	No hay necesidad de modificar la legislación aduanera o del IVA. La Comisión estudiará con los Estados miembros la interacción entre la legislación aduanera y fiscal en los puertos francos	No se prevé propuesta legislativa	No se prevé propuesta legislativa
Desarrollo de una metodología armonizada para estimar la brecha tributaria - Precios de transferencia	A6 122	Parcial	Se ha puesto en marcha el Grupo del proyecto Fiscalis	Ninguno	Ninguno
Protección de los denunciantes de irregularidades	A7 144-145	Parcial	Apoyo a los esfuerzos para mejorar la protección a nivel nacional, el marco jurídico de la UE para la protección de los denunciantes de irregularidades ya figura en varias legislaciones sectoriales (protección de secretos comerciales, Directiva sobre auditoría, OICVM, Reglamento sobre abuso de mercado)	No se prevé propuesta legislativa	No se prevé propuesta legislativa
Propuesta relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)	B1 100, 116-120	Parcial	La Comisión anunció una propuesta para noviembre/diciembre de 2016, incluidas disposiciones sobre casillas de patentes/PI/I+D y normas sobre establecimiento permanente	Noviembre/diciembre de 2016	Procedimiento no iniciado
Reforma del Grupo «Código de conducta» (CoCG)	B2 124-126, 128, 133	Parcial	Revisión interna en curso	Sin propuesta legislativa	En curso - se trata de llegar a un acuerdo durante el segundo semestre de 2016
CoCG - Segunda actualización del informe Simmons & Simmons de 1999	127	Ninguno
Orientaciones/futura propuesta legislativa sobre «casillas de patentes» y otros regímenes preferenciales	B3 117, 121	Parcial	La Comisión ha de seguir facilitando orientación sobre cómo aplicar el planteamiento de nexo en el CoCG	Propuesta legislativa únicamente si no funcionan las orientaciones - sin plazo.	en curso
Propuesta relativa a normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC)	B4 121	Parcial	Cubierto en la Directiva de lucha contra la elusión fiscal	Propuesta presentada el 28/1/16	Se espera alcanzar un acuerdo político para mayo o junio de 2016
Propuesta de modificación de la Directiva 2011/16/UE, a fin de mejorar la coordinación entre los Estados miembros en materia de auditorías fiscales	B5	Ninguno	La Comisión no tiene previsto presentar una propuesta, ya que los instrumentos existentes se consideran aptos para el uso previsto. Mejora de la cooperación en el marco de Fiscalis	Ninguno	Ninguna
Introducción de un número de identificación fiscal (NIF) común europeo	B6 141	Parcial	La Comisión evaluará en 2017 si presenta propuestas	2017	Procedimiento no iniciado
Propuesta para permitir a la Unión expresarse con una sola voz en relación con los acuerdos fiscales internacionales	C1 151-152, 154	Parcial	Estrategia exterior de la Comisión de 28/1/16 (Derecho indicativo): apoyo a los países en desarrollo, inclusión de los principios de buena gobernanza fiscal en los acuerdos comerciales, seguimiento de la eliminación progresiva de las medidas fiscales perniciosas en CoCC		El Consejo se muestra en general poco dispuesto a conferir un mandato a la Comisión para negociar acuerdos fiscales de la UE
Propuesta para establecer criterios estrictos para definir los «paraísos fiscales»	C2 96, 122, 147-150	Parcial	Estrategia exterior de la Comisión de 28/1/16	Lista de paraísos fiscales para finales de 2016	No iniciado
Propuesta de catálogo de medidas de retorsión contra las empresas que recurren a los paraísos fiscales	C3 153	Parcial	No habrá medidas de retorsión de la UE (competencia nacional) La Comisión tiene previsto integrar las normas de buen gobierno tributario en el Reglamento Financiero en el marco de la revisión en curso	Ninguno	Ninguna
Propuesta relativa al establecimiento permanente	C4 121	Parcial	La definición formará parte de la propuesta BICCIS. Recomendación sobre medidas contra los abusos en detrimento de los tratados (bilaterales) formulada en enero de 2016 Las sociedades ficticias se incluyen en la norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA) propuesta en enero de 2016	Definición del establecimiento permanente para noviembre/diciembre de 2016	Procedimiento no iniciado por lo que se refiere a la definición del establecimiento permanente La recomendación sobre medidas contra los abusos en detrimento de los tratados no constituye una prioridad para la Presidencia neerlandesa.     NGCPA en fase de negociación en el acuerdo del Consejo prevista para mayo o junio de 2016
Directrices de la UE sobre los precios de transferencia	C5 95, 112, 120	Parcial	Aplicación de las Directrices de la OCDE sujetas a control en el FCPT	Propuesta legislativa solo si procede	No hay información.
Propuesta sobre las asimetrías híbridas y de realización de nuevos análisis y estudios	C6 122	Parcial	Parte de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal	Propuesta presentada el 28/1/16	Se espera alcanzar un acuerdo político para mayo o junio de 2016
Propuesta de modificación del régimen de ayudas estatales de la UE en lo referente a asuntos tributarios	C7 130-134	Ninguno	La Comisión proporcionará orientaciones sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las prácticas de planificación fiscal de las empresas Se trata de colmar algunas lagunas en la recuperación	Sin indicación de plazo
Propuesta de modificación de la Directiva 90/435/CE del Consejo, la Directiva 2003/49/CE, la Directiva 2005/19/CE y otras medidas legislativas pertinentes de la Unión e introducción de una norma general contra las prácticas abusivas	C8 120	Parcial	La Directiva de lucha contra la elusión fiscal introduce una norma general anti fraude que servirá de complemento de las normas específicas contra las prácticas abusivas	Propuesta presentada el 28/1/16	Se espera alcanzar un acuerdo político para mayo o junio de 2016
Propuesta de mejora de los mecanismos de resolución de litigios en materia de fiscalidad transfronteriza	C9 131, 138	Parcial	Compromiso de presentar una propuesta	Propuesta antes del verano de 2016	No iniciado
Introducción de una retención a cuenta o una medida de efecto similar para evitar que los beneficios salgan de la Unión sin haber tributado	C10 151	Parcial	La Comisión considera que las medidas contempladas en la Directiva de lucha contra la elusión fiscal son suficientes. Sin compromiso de retención de impuestos	Propuesta presentada el 28/1/16	Se espera alcanzar un acuerdo político para mayo o junio de 2016
Adopción de medidas complementarias a fin de colmar la brecha tributaria Establecimiento de principios para amnistías fiscales / transparencia de las «amnistías fiscales»	D1 113, 114, 123, 140, 167	Ninguno	Competencia nacional	No se prevé una propuesta
Titularidad real de empresas y fideicomisos		Parcial	Se incluyen disposiciones en el 4º paquete de lucha contra el blanqueo de capitales. El 5º paquete de lucha contra el blanqueo de capitales debe volver a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva	Propuesta de 5º paquete de lucha contra el blanqueo de capitales antes del verano de 2016	Los Estados miembros han de aplicar el 4º paquete de lucha contra el blanqueo de capitales

ACCIÓN DE LA COMISIÓN TAXE INCLUIR SOLO EN LA RESOLUCIÓN,
Resolución del capítulo en TAXE	TAXE REF.	POSICIÓN DE LA COMISIÓN
Incumplimiento art. 17(1) TUE	86, 89, 93	CE promueva unas instrucciones tipo sobre el intercambio espontáneo de resoluciones transfronterizas Hacer un seguimiento de la aplicación por los Estados miembros de la Directiva 2015/2376
Incumplimiento art. 17(108) TUE	86	El alcance de la información solicitada por la Comisión TAXE es más reducida que la CE tenía información Declaración de que la CE no sus obligaciones a aplicar las normas sobre las ayudas estatales
El derecho de investigación del Parlamento Europeo	88	Preocupaciones legales e institucionales de la CE enviada al Parlamento y al Consejo
Intercambio sistemático de información - Trabajos en curso	A7105/157.	Comisión Europea promueva el intercambio automático de información y apoyo para el desarrollo de las capacidades a los países en desarrollo
Aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre grupos de expertos	129	Dispuesta a aplicar a las peticiones del Parlamento y del Defensor del Pueblo
Países en desarrollo	156, 158, 160	Estrategia exterior para definir el apoyo de la UE a los países en desarrollo
asesores fiscales,	162-164	Reglamento 537/2014 fijarán el problema planteado
Apoyo a las administraciones tributarias	170	Véase el Semestre Europeo y el programa de trabajo Fiscalis 2016
Acceso a los documentos	174	La CE seguirá Enviar documento — véanse las cartas del Presidente de la CE

UNANSWERED RECOMMENDATIONS FROM TAXE RESOLUTION
Chapter in TAXE Resolution	TAXE REF.	Comment
Documento de acceso cocg	87	No CE — Destinatario de respuestas de la CE — mandato de la Comisión TAXE 2 recoge esta petición y se han iniciado negociaciones de acceso a los documentos
Imposición sobre los beneficios en el ritmo en que se generan	90	Dirigida a la Sra.
Final de la competencia fiscal perniciosa	91	Dirigida a los Estados miembros y la UE en su conjunto
Compromiso político por parte de los Estados miembros	92	Dirigida a la Sra.
Principio de cooperación leal (la reorganización interna de la CE)	93	No CE — Destinatario de las respuestas de la CE
La competencia fiscal y terceros países	96	Véanse las observaciones a las recomendaciones 156, 158 y 160
Lucha contra el fraude	97	Dirigida a la Sra.
El apoyo al crecimiento, la inversión y empleo	98	Véanse los fondos estructurales de la UE y la Estrategia Europa 2020
Director ejecutivo	99	Véanse las observaciones a las recomendaciones 157, 105
Cánones	101	No CE — Destinatario de las respuestas de la CE
Las empresas multinacionales	102	N/A
Convocatoria de investigación	103	N/A
Cooperación y coordinación sobre resoluciones fiscales previas	104-20.5.115
BICCIS	122	Llamamiento en favor de una definición a escala de la UE sobre planificación fiscal agresiva
Cocg	125	El aumento de la transparencia y la responsabilidad
Paraísos fiscales	155	Enfoque unilateral para la recuperación.
Países en desarrollo	159	El llamamiento a la Sra. de trabajar en su ayuda al desarrollo de las agencias
asesores fiscales,	161, 165	Véanse los comentarios sobre las recomendaciones 162-164
Otras actuaciones	166, 168, 169, 171, 172,173	Observaciones específicas dirigidas a la Sra.

La información desglosada por países: Información desglosada por países

DAC/DAC4: 4ª Directiva relativa a la cooperación administrativa

RSE Responsabilidad social de las empresas

OICVM 2009/65/CE sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

Cocg: Grupo "Código de Conducta"

BICCIS Foros propuesta de base consolidada común del impuesto de sociedades

NIF: Número de identificación fiscal:

NORMA GENERAL CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS: Las normas generales contra la elusión

FORO: El Foro conjunto sobre precios de transferencia

ATAD: Directiva de lucha contra la elusión fiscal

ANNEX 5: REPORT AD HOC DELEGATION NICOSIA

Report Ad hoc Delegation

to Nicosia (Cyprus)

Friday, 15 April 2016

09.00 - 17.30

Disclaimer: This report reproduces a short, non-exhaustive summary of the different meetings held during the visit of the TAXE 2 Special Committee Delegation to Nicosia, Cyprus, 15 April 2016.. It is intended for internal European Parliament use only. It does not represent the position of the European Parliament and it was not agreed with the third parties involved in the programme of the visit.

Friday 15 April 2016

09.20 - 09.50   Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

10.00 - 11.00   Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

11.00 - 11.30  Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, Ministry of Finance

11.30 - 12.30  Meeting with Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner and Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

13.00 - 14.30  Meeting with

  the European University Cyprus

  the Transparency International Cyprus

15.00 - 16.00  Meeting with

  the Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

  the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

  the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

taxe 2 COMMITTEE Delegation to Nicosia, Cyprus 15 April 2016

Members
Alain LAMASSOURE, Chair	EPP
Burkhard BALZ Danuta Maria HÜBNER	EPP EPP
Jeppe KOFOD	S&D
Anna GOMES	S&D
Bernd LUCKE	ECR
Michael THEURER	ALDE
Miguel VIEGAS	GUE/NGL
Eva JOLY	Greens/EFA

Accompanying Members

Costas MAVRIDES

Lefteris CHRISTOFOROU

+ Accompanying staff

09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings.

He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' economy is based on (financial) services and hence proper measures against money laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as a credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives and although not an OECD member[1], Cyprus is committed to implementing BEPS recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.

As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD Model Tax Convention, has been amended.

Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is currently being investigated by the Cyprus Central Bank.

At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on a European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that a common corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. Cyprus' economy is based on services (as it is an international financial centre) and low tax rates offer certain economic advantages.

10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB)

  Mr Michael KAMMAS, Director General

  Mr Aristos STYLIANOU, Chairman

  Mr George APPIOS, Vice-Chairman

In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks (ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan restructurings.

As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with accountants and lawyers to discuss tax planning.

He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry.

He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence processes[2].

Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of the collateral could affect the extent of the increase in provisions.

Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter.

For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive advantage as a credible international financial centre.

In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, Russia and Middle East.

Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities.

11.00 - 12.30   Meeting with

  Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance

  Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner

  Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance

Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he emphasised that Cyprus’ tax system is in full compliance with the EU and the OECD requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax (Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the Cyprus tax authorities.

The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed country’s successful economic recovery and exit from its three-year international bailout programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more transparency, both at the EU and global level.

Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 2017[3]. On 2 December 2014, Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 into a single department for all tax affairs.

Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider range of income than any other European scheme.

Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they would be ready to comply with it.

Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring to need of a transitional period.

He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty.

Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would comply with it.

Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred due to such rulings granted to companies.

Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for (ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.

Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that they have granted any such 'unsecured' loans to Russia.

Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have a power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to a Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction scheme in Cyprus.

Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks.

Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation.

13.00 - 14.30  Meeting with

  The University of Cyprus

  The Transparency International Cyprus

In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of Cyprus' GDP (estimated up to 10%).

He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area (referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination between different authorities in Cyprus.

On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation.

Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between tax administration services.

Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be a change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's daily life.

Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at a rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing or arising only from sources in Cyprus.

Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning as well as tax planning.

On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has a competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-intervention in business operations.

He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation.

Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received.

Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans.

15.00 - 16.00  Meeting with

  The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI destination. http://www.investcyprus.org.cy/

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/

  The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC)

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx

List of Participants:

Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA)

Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA)

Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, Mr George Markides (ICPAC)

Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.

Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.

Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction.

Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the United States, OECD’s Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and the OECD’s BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.

Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are treated as tax deductible at the level of the payer company.

Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent manner.

Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures (selling property or other collaterals) to complement legislative measures.

Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting firms that provide administrative services supervised by the ICPAC.

16.00 - 17.30  Meeting with trade unions

  the Cyprus Workers' Confederation (SEK)

Christos Karidis, Head of Economics Research of the Confederation Department and the Secretary of the Association of Employed Consumers

  the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO)

  Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social Policy of PEO

Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%.

In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise compared to all other European Member States. One young person out of three is currently unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou (PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their income and have lower tax rates than 12.5%.

Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be developed.

Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing recommendations, such as on the social insurance schemes.

• [1]  List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD : http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
  Members of the Global Forum : https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm
• [2]  http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf
• [3]  https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

ANNEX 6: REPORT AD HOC DELEGATION WASHINGTON

taxe 2 COMMITTEE ad hoc Delegation to the United States of America (Washington) 17-20 May 2016

Final Programme

Wednesday 18 May 2016

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

17.30 - 19.00   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ)

Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for Criminal Tax Matters

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre

14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

taxe2 COMMITTEE ad hoc Delegation to Washington, USA 17-20 May 2016

List of Participants

Members
Alain LAMASSOURE, Chair	EPP
Danuta Maria HÜBNER	EPP
Markus FERBER Pablo ZALBA BIDEGAIN	EPP EPP
Jeppe KOFOD	S&D
Neena GILL	S&D
Cătălin Sorin IVAN Bernd LUCKE	S&D ECR
Cora VAN NIEUWENHUIZEN	ALDE
Fabio DE MASI	GUE/NGL
Eva JOLY	Greens/EFA
+ Accompanying Staff

08.30 - 09.30  Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)

In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee on Investigations[1]. Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, including KPMG.

Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence’ rule, which requires, as of 2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words the ‘beneficial owner’. She emphasised, however, that the Obama Administration’s new ‘customer due diligence’ rule appears to permit new loopholes for shell companies created for purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager as the company’s ‘beneficial owner’ even when that manager has no true ownership role in the company. The definition of ‘beneficial owner’ as any individual who owns 25 % or more of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no retroactivity), creating what she called ‘a major gap’ in the information collected. Apart from drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it before the end of the presidential term.

Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the US will not be providing account balances and will not give information on all US source income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US[2] – should be lowered.

In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be based on factual matters, referring to the ‘Apple case’ that she had been involved in on the Permanent Subcommittee on Investigations.

She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States taxes the ‘worldwide’ income of domestic corporations, regardless of where the income is earned: this differs from the ‘territorial’ taxation system in which only the source country has jurisdiction over tax profits deemed to arise there.

In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go after shell companies.

She further explained in response to Members’ comments that the ‘Luxleaks’ scandal had not been ‘heard’ in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers’ scandal represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the US news programme ‘60 Minutes’ - see link in footnote[3]) that demonstrated that US lawyers often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect (taxes) funds into the country.

She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of reporting would be needed for multinational companies.

10.15 - 11.15   Briefing by the Congressional Research Service

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy

The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the Senate, regardless of party affiliation.

Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean islands dependent on the UK.

Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits and keep money abroad.

In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes.

Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or a pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide’ approach, corporations are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and credits have been considered.

Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of Starbucks or Google), noting that if a ‘true’ arm’s length policy were adopted, most of the profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK decision was based on confusion over profits.

Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens (but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US clients had almost 20 000 Swiss-based accounts.

Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit’s absence, which is effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.

Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms.

11.45 - 12.15   Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on Finance, President Pro Tempore of the Senate

Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the Joint Committee on Taxation.

In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax reform efforts in the 114th Congress.

Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, amongst others, was held on the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with a view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens’ (also with reference to some US states).

Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission’s recent efforts on enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler’s share in the Fiat case).

Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible.

Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs on a regular basis.

12.45 - 14.15   Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the Atlantic Council

Source: http://www.atlanticcouncil.org/:

The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international system.

Participants invited by the Atlantic Council:

  Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

  Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni

  The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates

  Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

  Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry Council

  Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google

  Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

  The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council

  Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University

  Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup

  Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global

  Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce

During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament’s initiatives vis-à-vis the fight against corporate tax avoidance.

16.00 - 17.00   Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means

Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account.

There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the infrastructure and the government services its citizens need.

During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with a view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers’, and the possibility of facilitating cooperation between the parties.

International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together against manipulation of currencies, signalling out China in this context.

He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue to be in touch on a regular basis on these issues.

Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not contribute to the US economy. These companies’ corporate income is not taxed anywhere, and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition.

17.30 - 18.30   Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, Department of Justice (DoJ)

Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 2015[4], which guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or seniority’.

By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, the Tax Division’s tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant multiplier effect on voluntary compliance.

Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government’s litigating positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent Treasury’s Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers’ disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to FinCEN,[5]^, effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and anti-corruption enforcement.

With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of taxpayer confidentiality (privacy) rights.

In reply to Members’ questions on the ‘Panama papers’ leak, Mr Kostyshak noted that the US Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance schemes uncovered by this leak.

The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, Switzerland’s largest bank, which was providing banking services to US customers with undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, almost 15 000, attempting to ‘return to the fold’ and paying back taxes, interest and penalties due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars.

Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate tax inversions, including by addressing earnings stripping.

With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active jurisdiction for a lot of investigations’.

Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims each year, many of which are not actionable because the information is not specific or credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap[6] (the last study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind.

Thursday 19 May 2016

9.30 - 10.45   Meeting with the US Department of the Treasury

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy)

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs)

Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 'patent boxes’ and 'hybrid mismatch arrangements'.

As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % (although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor’ between 10 % and 30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).

As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the timelines (January 2016 data would be made available).

Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, such as determining whether income is effectively connected with business activities conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) partners.

Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ Cadbury Schweppes Ruling,[7] and that developing countries were in some way 'victims' of it.

Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses.

Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is annual or otherwise timelined.

In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches a territorial tax jurisdiction.

Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.

Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US Administration.

Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China and some other countries that would be using it for their own purposes).

Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a ‘disregarded entity’). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as a corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,’ and the LLC's activities should be reflected in its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury’.

Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the government’s third wave of administrative action against inversions, would, according to him, make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress.

Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case was largely American (Chrysler part).

11.30 - 12.30  Meeting with the Tax Foundation

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation

Gavin Ekins, Research Economist

Stephen J. Entin, Senior Fellow

Scott Greenberg, Analyst

Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE Committee’s work is valuable, as it brings more transparency and public debate.

Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates were much higher.

Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one country, but components are made in several other countries and the final product could be consumed in other counties.

With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of over USD 2 trillion in overseas assets.

Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping’.

Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that definitions should be harmonised and that the 'Arm’s length' principle on transfer pricing was not a correct measure.

12.30 - 13.30   Working lunch (finger food) with academics/think tanks

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic Policy Project

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center

Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ :

The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, painstaking negotiation and aggressive advocacy.

Source: http://www.taxpolicycenter.org/ :

The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers.

During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the proposals of the candidates.

14.00 - 15.00   Meeting with OXFAM America

Gawain Kripke, Director of Policy and Research

Didier Jacobs, Senior Economist

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research

Robbie Silverman, Senior Advisor

Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries.

Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the control test.

Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting’. He was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there is no (full) reciprocity from the US side.

Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD framework.

15.00 - 16.00   Meeting with the International Monetary Fund (IMF)

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and Division Chief of the Tax Policy Division

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division

According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries.

Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing countries in compliance with the OECD framework. International organisations are collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to countries’ differing circumstances. He explained that some of the strategies that multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is likely to represent an even greater concern for developing countries.

Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so central to public debate, in so many countries, as it is now.

16.00 - 17.00  Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists

  Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor

Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, a case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the resignation of Iceland’s prime minister, official investigations were opened worldwide and an immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting bilaterally.

Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ’s work and WikiLeaks, notably mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned.

Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.

Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is a problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, be focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial flows.

17.30 - 18.30  Meeting with the World Bank

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, primarily in the ECA region)

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations Lead

Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance Corporation (IFC)[8], a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % of investments went to firms using offshore financial centres, according to research undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has been reviewed accordingly.

In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'.

As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of a tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations to value transactions. However, the OECD’s arm’s length principle on transfer pricing would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective dispute resolution procedure.

Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so high that many developing countries do not need to comply with the transparency requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed (by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave a ‘footprint’ of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report no (profit) taxes.

Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review process, mentioning the recent report on Cyprus.

• [1]  The Permanent Subcommittee on Investigations was originally authorised by Senate Resolution 189 of 28 January 1948. Website: https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background
• [2]  Reporting by U.S. Taxpayers Holding Foreign Financial Assets : https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers
• [3]  http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/
• [4]  https://www.justice.gov/dag/file/769036/download
• [5]  A United States person that has a financial interest in or signature authority over foreign financial accounts must file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Acccounts) if the aggregate value of the foreign financial accounts exceeds USD 10 000 at any time during the calendar year.
• [6]  https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap
• [7] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04
  Judgment - 12/09/2006 - Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas
  Case C-196/04
  https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf
• [8]  https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens

OPINIÓN MINORITARIA

presentada de conformidad con el artículo 56, apartado 3, del Reglamento

Paloma López Bermejo

Las empresas multinacionales han estado utilizando los instrumentos jurídicos que les permiten eludir el pago de los impuestos que les corresponden para sustraerse, desde el punto de vista de la fiscalidad, a las obligaciones que les incumben frente a la sociedad. La erosión de la base imponible y los sistemas de traslado de beneficios se han visto favorecidos por la globalización capitalista y, dentro de la Unión, por la libre circulación de capitales.

Los recientes escándalos han puesto de manifiesto el fracaso del actual sistema económico y su incapacidad para resolver el problema.

Acogemos con satisfacción muchas de las recomendaciones de TAXE 2, especialmente la retirada de la licencia bancaria a las entidades financieras que contribuyen al fraude fiscal y el llamamiento en favor de la creación de un registro mundial de la riqueza. Sin embargo, TAXE 2 no logró llegar hasta el fondo de la cuestión. Al fin y al cabo, el informe termina exonerando las causas reales y a los verdaderos responsables de la actual situación, pasando por alto soluciones efectivamente capaces de abordar el problema.

Por consiguiente, insistimos en la necesidad de:

– un control público del sistema bancario y financiero;

– unas restricciones a los movimientos de capitales;

– una cumbre a escala de las Naciones Unidas para definir una hoja de ruta y un plan de acción conjunto para acabar con los paraísos fiscales.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación	21.6.2016
Resultado de la votación final	+: –: 0:	25 6 9
Miembros presentes en la votación final	Hugues Bayet, Fabio De Masi, Frank Engel, Markus Ferber, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni
Suplentes presentes en la votación final	Pervenche Berès, David Casa, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds
Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final	Laura Ferrara

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

25	+
ALDE	Michael Theurer, Nils Torvalds
ECR	Ruohonen-Lerner
ENF	Bernard Monot
GUE	Fabio De Masi, Marisa Matias
PPE	Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Fulvio Martusciello, Theodor Dumitru Stolojan
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Peter Simon, Paul Tang
VERTS/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts

6	-
ALDE	Cora van Nieuwenhuizen,
PPE	David Casa, Markus Ferber, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos

9	0
ECR	Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski
EFDD	Laura Ferrara, Marco Zanni
ENF	Barbara Kappel
GUE/NGL	Paloma López Bermejo
PPE	Frank Engel, Othmar Karas, Thomas Mann

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones