Procedimiento : 2015/0226(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0387/2016

Textos presentados :

A8-0387/2016

Debates :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Votaciones :

PV 26/10/2017 - 10.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0415

INFORME     ***I
PDF 905kWORD 152k
19.12.2016
PE 583.961v02-00 A8-0387/2016

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre la titulización y se crea un marco europeo para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Paul Tang

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre la titulización y se crea un marco europeo para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0472),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0288/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de enero de 2016(1),

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de marzo de 2016(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0387/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda    1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(3)*

a la propuesta de la Comisión

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REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen normas comunes sobre la titulización y se crea un marco europeo para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  La titulización consiste en operaciones que permiten a un prestamista, que suele ser una entidad de crédito, refinanciar un conjunto de préstamos o exposiciones, tales como préstamos para bienes inmuebles, arrendamientos de automóviles, préstamos al consumo o tarjetas de crédito, mediante su transformación en valores negociables. El prestamista agrupa y reempaqueta una cartera de préstamos, y los clasifica en diferentes categorías de riesgo para diferentes inversores, dando así a los inversores la posibilidad de invertir en préstamos y otras exposiciones a los que normalmente no tendrían acceso directo. Los rendimientos para los inversores se generan a partir de los flujos de efectivo de los préstamos subyacentes.

(2)  En el Plan de Inversiones para Europa, presentado el 26 de noviembre de 2014, la Comisión anunció su intención de reimpulsar mercados de titulización de alta calidad sin repetir los errores que se cometieron antes de la crisis financiera de 2008. El desarrollo de un mercado de titulizaciones simples, transparentes y normalizadas constituye uno de los pilares básicos de la unión de mercados de capitales (UMC) y contribuye al objetivo prioritario de la Comisión de apoyar la creación de puestos de trabajo y volver a un crecimiento sostenible.

(3)  La Unión Europea aspira a reforzar el marco legislativo implantado después de la crisis financiera para hacer frente a los riesgos inherentes a las titulizaciones altamente complejas, opacas y arriesgadas. A tal fin, el presente Reglamento introduce la prohibición de la retitulización y refuerza las condiciones de cumplimiento de las obligaciones relativas a la retención de riesgos. Es esencial garantizar la adopción de normas a fin de diferenciar mejor los productos simples, transparentes y normalizados de los instrumentos financieros complejos, opacos y de riesgo, y de aplicar un marco prudencial más sensible al riesgo.

(4)  La titulización es un elemento importante para el buen funcionamiento de los mercados financieros. Una titulización bien estructurada constituye un medio de diversificar las fuentes de financiación y distribuir el riesgo de forma más amplia en el sistema financiero de la UE. Además, permite una distribución más amplia del riesgo para el sector financiero y puede ayudar a liberar los balances de las originadoras permitiéndoles así conceder más préstamos a la economía real. ▌La titulización puede tender un puente entre las entidades de crédito y los mercados de capitales, beneficiando indirectamente a las empresas y los ciudadanos (por ejemplo, a través de un abaratamiento de los préstamos y la financiación para las empresas, los créditos para bienes inmuebles y las tarjetas de crédito). No obstante, el presente Reglamento reconoce los riesgos de una mayor interconexión y un apalancamiento excesivo inherentes a la titulización y aboga en favor de la supervisión microprudencial por parte de las autoridades competentes de la participación de una entidad financiera en este mercado, así como en favor de la supervisión macroprudencial de dicho mercado por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las autoridades nacionales competentes y designadas en materia de instrumentos macroprudenciales.

(5)  Establecer un marco prudencial más sensible al riesgo para las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas («STS», por sus siglas en inglés) exige que la Unión defina claramente qué es una titulización STS, ya que, de lo contrario, el tratamiento reglamentario más sensible al riesgo para las entidades de crédito y empresas de seguros podría aplicarse a diferentes tipos de titulizaciones en los distintos Estados miembros. Esto llevaría a una desigualdad de oportunidades y a un arbitraje regulador, cuando lo que importa, por el contrario, es velar por que Unión funcione como un mercado para las titulizaciones STS y facilite las transacciones transfronterizas.

(6)  Resulta oportuno establecer, de acuerdo con las definiciones existentes en la legislación sectorial de la Unión, las definiciones de todos los conceptos fundamentales de una titulización. En particular, es necesaria una definición clara y amplia del concepto de titulización, que abarque toda operación o mecanismo mediante el cual el riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto de exposiciones se divide en tramos. Una exposición que cree una obligación de pago directo para una operación o mecanismo utilizado para financiar o explotar activos físicos no debe considerarse una exposición a una titulización, aun cuando la operación o mecanismo tenga obligaciones de pago de distinta prelación.

(7)  Tanto en el plano internacional como en el ámbito europeo, se ha realizado ya una importante labor para identificar las titulizaciones STS y, en los Reglamentos Delegados (UE) 2015/61(6) y (EU) 2015/35 de la Comisión(7), se han establecido ya criterios para una titulización simple, transparente y normalizada con fines específicos, la cual lleva aparejado un tratamiento prudencial más sensible al riesgo.

(8)  Partiendo de los criterios existentes, concretamente los criterios del CSBB y la OICV aprobados el 23 de julio de 2015 para identificar las titulizaciones simples, transparentes y comparables, en el marco de la suficiencia de capital para las operaciones de titulización, y, en particular, el dictamen de la ABE sobre las titulizaciones admisibles publicado el 7 de julio de 2015, es esencial establecer una definición general de titulización STS aplicable en los diversos sectores.

(9)  La aplicación de los criterios de simplicidad, transparencia y normalización en toda la UE no debería generar enfoques divergentes. Estos enfoques podrían crear obstáculos para los inversores transfronterizos pues les obligarían a conocer en detalle los marcos normativos de los Estados miembros y, por tanto, menoscabarían la confianza del inversor en los criterios STS. Por consiguiente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), junto con las autoridades competentes nacionales para los mercados de valores, debe supervisar el cumplimiento de los criterios STS y elaborar directrices para garantizar una comprensión común de los requisitos STS en toda la Unión, con el fin de abordar los eventuales problemas de interpretación. Esta fuente única de interpretación pretende servir de apoyo para la adopción de los criterios STS por parte de originadoras, patrocinadoras e inversores. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe desempeñar también un papel activo en la tarea de abordar los eventuales problemas de interpretación.

(10)  ▌A la luz de este objetivo, y en el marco del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, las tres AES deberían compartir la información relativa a las cuestiones prácticas que puedan surgir en relación con las titulizaciones STS. En este proceso, también se debería solicitar la opinión de los participantes en el mercado y tenerla en cuenta en la medida de lo posible. Los resultados de estos debates deben hacerse públicos en las páginas web de la AEVM para ayudar a las originadoras, las patrocinadoras, los SSPE y los inversores a evaluar las titulizaciones STS antes de emitir tales posiciones o de invertir en ellas. ▌

(11)  Las inversiones en titulizaciones o exposiciones a las mismas no solo exponen al inversor al riesgo de crédito de los préstamos o las exposiciones subyacentes, sino que el proceso de estructuración de las titulizaciones podría generar también otros riesgos, como el riesgo de agencia, el riesgo de modelo, el riesgo legal y operativos, el riesgo de contraparte, el riesgo de administración, el riesgo de liquidez, el riesgo de concentración y los riesgos de carácter operativo. Por tanto, es esencial que los inversores institucionales, incluidos los gestores de activos, estén sujetos a requisitos proporcionados de diligencia debida, a fin de garantizar que evalúen adecuadamente los riesgos derivados de todos los tipos de titulizaciones en beneficio de los inversores finales. El proceso de diligencia debida puede así también aumentar la confianza en el mercado y entre las distintas originadoras, patrocinadoras e inversores. Es necesario que los inversores ejerzan también la oportuna diligencia debida en relación con las titulizaciones STS. Pueden informarse ellos mismos a partir de los datos revelados por las partes interesadas en la titulización, en particular, la notificación STS y la correspondiente información divulgada en este contexto, que proporcionará, en principio, a los inversores todos los datos pertinentes sobre la forma en que se cumplen los criterios STS. Los inversores institucionales han de poder confiar oportunamente en la notificación STS y en la información divulgada por la originadora, la patrocinadora y el SSPE a la hora de determinar si una titulización cumple los requisitos STS.

(12)  Es esencial que los intereses de las originadoras, las patrocinadoras, ▌los prestamistas originales que participan en una titulización y ▌los inversores coincidan. Para lograr este objetivo, la originadora, la patrocinadora o el prestamista original deben retener un interés significativo en las exposiciones subyacentes de la titulización, a un nivel del 5 % o el 10 %, en función de la modalidad de retención. Por otra parte, las exposiciones titulizadas no deben ofrecer un rendimiento significativamente diferente de las exposiciones que no han sido objeto de titulización. Por tanto, es importante que las originadoras o las patrocinadoras retengan una exposición económica neta significativa a los riesgos subyacentes pertinentes. La Autoridad Bancaria Europea (ABE), sobre la base de un informe de la JERS, debe revisar cada dos años el índice de retención de riesgos en el segmento comprendido entre el 5 % y el 20 % para el mercado de titulización en su conjunto o para determinados segmentos de este mercado mediante proyectos de normas técnicas de regulación.

De forma más general, las operaciones de titulización no se deben estructurar de forma que se evite la aplicación del requisito de retención. Este requisito debe ser aplicable a todas las situaciones en las que el contenido económico de la titulización sea aplicable, cualesquiera que sean las estructuras o instrumentos jurídicos utilizados. No es necesario aplicar por partida múltiple el requisito de retención. Para una titulización determinada, basta con que la originadora, la patrocinadora o el prestamista original estén sujetos a ese requisito. De igual modo, cuando las operaciones de titulización contengan, como exposiciones subyacentes, otras posiciones de titulización, el requisito de retención solo debe aplicarse a la titulización que es objeto de la inversión. La notificación STS indica a los inversores que las originadoras están reteniendo una exposición económica neta significativa a los riesgos subyacentes. Resulta oportuno hacer algunas excepciones en los casos en que las exposiciones titulizadas estén garantizadas completa, incondicional e irrevocablemente, en particular, por autoridades públicas. En caso de concederse apoyo con cargo a recursos públicos en forma de garantías personales o por otros medios, las disposiciones del presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales.

(13)  La capacidad de los inversores para ejercer la diligencia debida y realizar, por tanto, una evaluación informada de la calidad crediticia de un determinado instrumento de titulización, depende de su acceso a la información sobre esos instrumentos. Partiendo del acervo existente, es importante crear un sistema completo en el que los inversores tengan acceso a toda la información pertinente durante todo el período de vida de las operaciones, limitar las obligaciones de información de las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los inversores un acceso constante, fácil y gratuito a información fiable sobre las titulizaciones. Las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE también deben publicar información sobre el carácter sostenible a largo plazo de la titulización, en la que se exponga de qué forma contribuye a la consecución del acuerdo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP 21 y en qué medida se tienen en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza contemplados en los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable. Con el fin de aumentar la transparencia del mercado, debe establecerse un marco para los registros de datos con el fin de recoger información sobre la materia, en particular sobre las exposiciones subyacentes a las titulizaciones. Dichos repositorios de datos deben ser autorizados y supervisados por la AEVM y deben cumplir una serie de requisitos estrictos. Al especificar los detalles de dicha información, la AEVM debe tener en cuenta que los datos requeridos para su comunicación a los registros mencionados se basen en plantillas disponibles para la divulgación de la información de que se trate.

(13 bis)  Las obligaciones creadas y reforzadas por el presente Reglamento con respecto a la necesidad de que los participantes en las titulizaciones divulguen información pública no deben impedir las titulizaciones no públicas en las que originadora, la patrocinadora y el SSPE de una titulización hagan pública como mínimo toda la documentación de apoyo que sea esencial para entender la operación e informen suficientemente a los inversores.

(14)  Las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE deberían presentar, en el informe a los inversores, todos los datos de importancia significativa sobre la calidad crediticia y el comportamiento de las exposiciones subyacentes, incluidos datos que permitan a los inversores identificar claramente los retrasos en el pago y el impago de los deudores subyacentes, la reestructuración de la deuda, la condonación de la deuda, la reestructuración y refinanciación, las recompras, la suspensión del pago de las cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, las recuperaciones y otras medidas correctoras del comportamiento de los activos en el grupo de exposiciones subyacentes. En el informe a los inversores se deben incluir asimismo datos sobre los flujos de efectivo generados por las exposiciones subyacentes y por los pasivos de la emisión de la titulización, indicando por separado, los ingresos y desembolsos de la posición de titulización, es decir, principal programado, intereses programados, principal reembolsado anticipadamente, intereses vencidos y comisiones y gastos, cualquier dato relativo a la activación de los posibles desencadenantes que impliquen cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquier contraparte, y datos sobre la forma de mejora de la calidad crediticia, y su correspondiente importe, que esté disponible respecto de cada tramo. Aunque las titulizaciones que son simples, transparentes y normalizadas han funcionado bien en el pasado, la satisfacción de los requisitos STS no significa que la posición de titulización esté exenta de riesgos y tampoco indica nada sobre la calidad crediticia subyacente a la titulización. Por el contrario, debe entenderse que indica que cualquier inversor prudente y diligente será capaz de analizar los riesgos que implica la titulización. Debe haber dos tipos de requisitos STS: uno para titulizaciones a largo plazo y otro para titulizaciones a corto plazo (ABCP), que deben estar sujetas, en gran medida, a requisitos similares, con adaptaciones específicas a fin de reflejar las características estructurales de esos dos segmentos del mercado. El funcionamiento de estos mercados difiere: los programas ABCP se basan en una serie de operaciones ABCP referidas a exposiciones a corto plazo que necesitan ser reemplazadas una vez que han vencido. Además, los criterios STS deben reflejar también el papel específico de la patrocinadora al proporcionar apoyo a la liquidez de los vehículos ABCP. Debido a la potencial concentración del riesgo de liquidez a nivel de la entidad bancaria patrocinadora, esta situación podría incrementar el riesgo sistémico. Por consiguiente, el presente Reglamento requiere la realización periódica de pruebas de resistencia a las entidades financieras que se propongan apoyar un programa ABCP.

(15)  La presente propuesta únicamente permite designar como STS las titulizaciones de «venta verdadera». En una titulización de venta verdadera, la propiedad de las exposiciones subyacentes se transfiere o se cede de forma efectiva a una entidad emisora que es un vehículo especializado en titulizaciones (SSPE). La transferencia de las exposiciones subyacentes al SSPE no debe estar sujeta a ninguna disposición estricta de devolución en caso de insolvencia del vendedor. Entre esas disposiciones estrictas de devolución cabe incluir, sin limitarse a ellas, las disposiciones en virtud de las cuales el liquidador del vendedor pueda invalidar la venta de las exposiciones subyacentes amparándose únicamente en que dicha venta se haya celebrado en un determinado período antes de la declaración de insolvencia del vendedor, así como las disposiciones en virtud de las cuales el SSPE solo pueda impedir dicha invalidación si es capaz de demostrar que no conocía la insolvencia del vendedor en el momento de la venta.

(16)  En las titulizaciones que no son de «venta verdadera», las exposiciones subyacentes no se transfieren a una entidad emisora de ese tipo, sino que el riesgo de crédito asociado a las exposiciones subyacentes se transfiere a través de un contrato de derivados o de garantías personales. Esto introduce un riesgo de contraparte adicional y una posible fuente de complejidad relacionada especialmente con el contenido del contrato de derivados. Por estos motivos, los criterios STS no permiten la titulización sintética.

Deben reconocerse los progresos realizados por la ABE en su informe de diciembre de 2015, que identifica un conjunto de posibles criterios STS para la titulación sintética. La Comisión tiene el mandato, una vez haya determinado claramente la ABE un conjunto de criterios STS aplicable específicamente a las titulaciones sintéticas en el balance, y con miras a promover la financiación de la economía real y en particular de las pymes, principales beneficiarias de tales titulizaciones, de redactar un informe y, si procede, una propuesta legislativa para extender el marco STS a dichas titulizaciones, si bien no se confiere tal mandato a la Comisión con respecto a las titulaciones sintéticas de arbitraje.

(17)  Las exposiciones subyacentes transferidas del vendedor al SSPE deben cumplir criterios de admisibilidad predeterminados y claramente definidos que no permitan una gestión de cartera activa de dichas exposiciones de forma discrecional. La sustitución de las exposiciones que vulneren las declaraciones y garantías no debe, en principio, considerarse gestión de cartera activa.

(18)  Para asegurar que los inversores realicen un sólido proceso de diligencia debida y para facilitar la evaluación de los riesgos subyacentes, es importante que las operaciones de titulización estén respaldadas por conjuntos de exposiciones que sean homogéneas en cuanto al tipo de activo. La AEVM tiene el mandato de elaborar normas técnicas de regulación con el fin de precisar en mayor medida los criterios de homogeneidad sujetos a los requisitos de simplicidad.

(19)  Es fundamental evitar la reaparición de modelos «originar para distribuir» puros. En esas situaciones los prestamistas otorgan créditos aplicando políticas de suscripción poco rigurosas, ya que saben de antemano que los riesgos correspondientes se venden finalmente a terceros. Por lo tanto, las exposiciones que se vayan a titularizar deben originarse en el ejercicio normal de la actividad de la originadora o el prestamista original con arreglo a normas que no sean menos estrictas que las que la originadora o el prestamista original aplican a la originación de exposiciones similares que no se titulizan. Los cambios significativos en las normas de suscripción se deben comunicar plenamente a los posibles inversores. La originadora o el prestamista original debe tener suficiente experiencia en la originación de exposiciones similares a las que se hayan titulizado. En el caso de titulizaciones en las que las exposiciones subyacentes sean préstamos sobre inmuebles residenciales, el conjunto de préstamos no debe incluir ningún préstamo que se haya comercializado y suscrito sobre la premisa de que el solicitante del préstamo o, en su caso, los intermediarios han sido informados de la posibilidad de que la información facilitada no sea verificada por el prestamista. La evaluación de la solvencia del prestatario también debe satisfacer, en su caso, los requisitos establecidos en las Directivas 2014/17/UE o 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo o requisitos equivalentes en terceros países.

(20)  En caso de que las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE deseen que sus titulizaciones utilicen la designación STS, resulta oportuno que notifiquen a los inversores, a las autoridades competentes y a la AEVM que la titulización cumple los requisitos STS. La AEVM debe, a continuación, publicarlo en una lista de operaciones que presentará en su sitio web con fines informativos. La inclusión de una emisión de titulización en la lista de titulizaciones notificadas como STS de la AEVM no implica que esta u otras autoridades competentes hayan certificado que la titulización cumple los requisitos STS. El cumplimiento de los requisitos STS sigue siendo responsabilidad exclusiva de las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE. De esta forma, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE asumirán la responsabilidad de declarar que la titulización es STS y se asegurará la transparencia en el mercado.

(21)  Si una titulización ya no cumple los requisitos STS, la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben notificarlo de inmediato a la AEVM. Además, si una autoridad competente ha impuesto sanciones administrativas o medidas correctivas en relación con una titulización notificada como STS, dicha autoridad competente deberá notificarlo de inmediato a la AEVM con vistas a la indicación de ese hecho en la lista de notificaciones STS, de modo que los inversores puedan estar informados de dichas sanciones y de la fiabilidad de las notificaciones STS. Así pues, debido a las consecuencias para su reputación, a las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE les interesa efectuar notificaciones debidamente pensadas.

(22)  Si bien los inversores deben someter las inversiones a su propio proceso de diligencia debida, en función de los riesgos que entrañen, han de poder confiar en las notificaciones STS y en la información proporcionada por la originadora, la patrocinadora y el SSPE acerca del cumplimiento de los requisitos STS.

(23)  La participación de terceros para ayudar a verificar que una titulización cumple los requisitos STS puede ser útil para los inversores, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE, y podría contribuir a aumentar la confianza en el mercado de titulizaciones STS. Sin embargo, es fundamental que los inversores hagan su propia evaluación, asuman la responsabilidad de sus decisiones de inversión y no dependan de forma automática de esos terceros.

(24)  Los Estados miembros deben designar autoridades competentes y conferirles las necesarias facultades de supervisión, investigación y sanción. En principio, las sanciones administrativas y medidas correctivas deben hacerse públicas. Dado que los inversores, las originadoras, las patrocinadoras, los prestamistas originales y los SSPE pueden estar establecidos en diferentes Estados miembros y estar bajo la supervisión de diferentes autoridades sectoriales competentes, se debe garantizar una estrecha cooperación entre las pertinentes autoridades competentes, incluido el Banco Central Europeo (BCE), de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo(8), y con las AES, mediante el intercambio de información y la asistencia mutua en las actividades de supervisión.

(25)  Las autoridades competentes deben coordinar estrechamente su supervisión y garantizar decisiones coherentes, especialmente en caso de infringirse lo dispuesto en el presente Reglamento. En el supuesto de que esa infracción se refiera a una notificación incorrecta o engañosa, la autoridad competente que la detecte deberá informar también a las AES y a las autoridades competentes pertinentes de los Estados miembros afectados. La AEVM, y, cuando proceda, el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, deben poder ejercer sus competencias de mediación vinculante.

(25 bis)  Con el fin de ejercer la facultad de imponer multas o multas coercitivas, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para completar o modificar el presente Reglamento estableciendo las normas de procedimiento apropiadas para imponer multas o pagos periódicos coercitivos y establecer los tipos de las tasas, las circunstancias en que deben imponerse y el importe de las mismas.

Con el fin de cumplir la obligación de establecimiento en la Unión por parte de la originadora, la patrocinadora y el prestamista original de una titulización STS, y teniendo en cuenta la posibilidad de que se desarrollen en terceros países marcos basados en los criterios BCBS-IOSCO para la definición de titulizaciones simples, transparentes y comparables, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para completar el presente Reglamento determinando la equivalencia de las disposiciones legales, de supervisión y de ejecución de terceros países con respecto al marco STS de la Unión.

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su labor preparatoria, en particular a nivel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, con el fin de garantizar una participación equitativa en la elaboración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la elaboración de dichos actos delegados.

(26)  El presente Reglamento promueve la armonización de una serie de elementos clave en el mercado de titulización, sin perjuicio de una armonización complementaria impulsada por el mercado de los procesos y las prácticas en los mercados de titulización. Por esa razón, es fundamental que los participantes en el mercado y sus asociaciones profesionales sigan trabajando en una mayor normalización las prácticas del mercado y, en particular, de la documentación de las titulizaciones. La Comisión seguirá de cerca la labor de normalización realizada por los participantes en el mercado e informará al respecto.

(27)  La Directiva OICVM, la Directiva Solvencia II, el Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia, la Directiva GFIA y el Reglamento EMIR se modifican con el fin de garantizar la coherencia del marco jurídico de la UE con el presente Reglamento en lo relativo a las disposiciones relacionadas con la titulización, cuyo principal objetivo es el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, en particular mediante la creación en él de condiciones de competencia equitativas para todos los inversores institucionales.

(28)  En lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, los contratos de derivados extrabursátiles celebrados por vehículos especializados en titulizaciones no deben estar sujetos a la obligación de compensación, siempre que se cumplan ciertas condiciones. El motivo para ello radica en que las contrapartes de los contratos de derivados extrabursátiles celebrados por vehículos especializados en titulizaciones son acreedores garantizados en el marco de los mecanismos de titulización y normalmente se prevé una protección adecuada contra el riesgo de contraparte. En cuanto a los derivados que no se compensen de forma centralizada, los niveles de garantías reales exigidos deben tener en cuenta también la estructura específica de los mecanismos de titulización y la protección ya prevista en los mismos.

(29)  Los bonos garantizados y las titulizaciones son en cierta medida intercambiables. Por lo tanto, para evitar la posibilidad de distorsión o arbitraje entre el uso de la titulización o de los bonos garantizados debido al tratamiento diferente de los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por entidades de bonos garantizados o por SSPE, se debe modificar también el Reglamento (UE) n.º 648/2012 a fin de eximir a las entidades de bonos garantizados de la obligación de compensación y asegurar que estas entidades estén sujetas a los mismos márgenes bilaterales.

(30)  Con vistas a especificar el requisito de retención de riesgos, resulta oportuno delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para la adopción de normas técnicas de regulación que establezcan las modalidades de retención de riesgos, la valoración del nivel de retención, determinadas prohibiciones relativas al riesgo retenido, la retención en base consolidada y la exención aplicable a algunas operaciones. Habida cuenta de la competencia técnica que posee la ABE, a la hora de definir los actos delegados conviene que la Comisión recurra a esa competencia en la elaboración de los actos delegados. Procede que la ABE consulte intensamente a las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión.

(31)  Con el fin de ofrecer a los inversores un acceso constante, fácil y gratuito a información fiable sobre las titulizaciones, resulta oportuno delegar en la Comisión los mismos poderes para adoptar actos de cara a la adopción de normas técnicas de regulación que permitan disponer de información comparable sobre las exposiciones subyacentes e informes periódicos a los inversores, y que especifiquen los requisitos que deberá cumplir el sitio web en el que estará disponible la información para los titulares de posiciones de titulización. Habida cuenta de la competencia técnica que posee la AEVM, a la hora de definir los actos delegados conviene que la Comisión recurra a esa competencia en la elaboración de los actos delegados. Procede que la AEVM consulte intensamente a las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión.

(32)  Con el fin de facilitar el proceso para los inversores, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE, resulta oportuno delegar en la Comisión los mismos poderes para adoptar actos de cara a la adopción de normas técnicas de regulación relativas a la plantilla para las notificaciones STS, que ofrecerá a los inversores y las autoridades competentes suficiente información para su evaluación del cumplimiento de los requisitos STS. Habida cuenta de la competencia técnica que posee la AEVM, a la hora de definir los actos delegados conviene que la Comisión recurra a esa competencia en la elaboración de los actos delegados. Procede que la AEVM consulte intensamente a las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión.

(33)  Con el fin de precisar las modalidades de la obligación de cooperación e intercambio de información de las autoridades competentes, resulta oportuno delegar en la Comisión los mismos poderes para adoptar actos de cara a la adopción de normas técnicas de regulación que establezcan la información que se intercambiará y el contenido y alcance de las obligaciones de notificación. Habida cuenta de la competencia técnica que posee la AEVM, a la hora de definir los actos delegados conviene que la Comisión recurra a esa competencia en la elaboración de los actos delegados. Procede que la AEVM consulte intensamente a las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión.

(34)  Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(35)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de forma suficiente por los Estados miembros, por ser los mercados de titulización de ámbito mundial y por ser necesario garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado interior para todos los inversores institucionales y las entidades implicadas en la titulización, y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(36)  El presente Reglamento debe aplicarse a las titulizaciones cuyos valores se emitan en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento o con posterioridad.

(37)  En el caso de las posiciones de titulización vivas en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE podrán emplear la designación «STS» siempre que la titulización cumpla los correspondientes requisitos, para algunos de los requisitos, en el momento de la notificación, y para otros, en el momento del origen. Por lo tanto, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE han de poder presentar una notificación STS a la AEVM de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del presente Reglamento. Cualquier modificación subsiguiente a la titulización debe ser aceptada, siempre y cuando siga cumpliendo todos los requisitos STS aplicables.

(38)  Los requisitos de diligencia debida que se apliquen de conformidad con la legislación vigente en la Unión antes de la entrada en vigor del presente Reglamento deben seguir aplicándose a las titulizaciones emitidas a partir del 1 de enero de 2011 y a las titulizaciones emitidas antes de esa fecha, incluso en el caso de que se hayan sustituido exposiciones subyacentes o añadido otras nuevas después del 31 de diciembre de 2014. Los artículos pertinentes del Reglamento Delegado (UE) n.º 625/2014 de la Comisión que especifican los requisitos de retención de riesgos para las entidades de crédito y las empresas de inversión, tal como se definen en el artículo 4, apartados 1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, seguirán siendo aplicables hasta el momento en que las normas técnicas de regulación sobre retención de riesgos que se adopten en virtud del presente Reglamento sean aplicables. En aras de la seguridad jurídica, las entidades de crédito o las empresas de inversión, la empresas de seguros, las empresas de reaseguros y los gestores de fondos de inversión alternativos deben, en lo que respecta a las posiciones de titulización vivas en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, continuar estando sujetos al artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los capítulos 1, 2 y 3 y el artículo 22 del Reglamento Delegado (UE) nº 625/2014 de la Comisión, los artículos 254 y 255 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, y el artículo 51 del Reglamento Delegado (UE) n.º 231/2013 de la Comisión, respectivamente. Con el fin de garantizar que las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE cumplan sus obligaciones de transparencia, hasta el momento en que sean de aplicación las normas técnicas de regulación que la Comisión debe adoptar de conformidad con el presente Reglamento, la información mencionada en los anexos I a VIII del Reglamento Delegado 2015/3/UE debe publicarse en el sitio web a que se refiere el artículo 5, apartado 4, del presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece un marco general para la titulización. Define la titulización y establece los requisitos en materia de diligencia debida, retención de riesgos y transparencia aplicables a las partes involucradas en las titulizaciones▌. Proporciona, asimismo, un marco para una titulización simple, transparente y normalizada o «STS».

2.  El presente Reglamento se aplica a los inversores institucionales ▌y a las originadoras, los prestamistas originales, las patrocinadoras y los vehículos especializados en titulizaciones.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «Titulización»: una operación o un mecanismo mediante los cuales el riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto de exposiciones se divide en tramos, y que presenta las dos características siguientes:

a)  los pagos de la operación o el mecanismo dependen del comportamiento de la exposición o conjunto de exposiciones;

b)  la subordinación de los tramos determina la distribución de pérdidas durante el período de vigencia de la operación o del mecanismo.

2)  «Vehículo especializado en titulizaciones» o «SSPE»: una sociedad, fideicomiso u otra persona jurídica, distinta de una originadora o una patrocinadora, establecida con el propósito de llevar a cabo una o varias titulizaciones, cuyas actividades se limitan a las propias de tal objetivo, cuya estructura está destinada a aislar las obligaciones del SSPE de las de la originadora, y cuyos titulares de participaciones pueden pignorar o intercambiar sus participaciones sin restricción.

3)  «Originadora»: una entidad:

a)  que, por sí misma o a través de entidades vinculadas, ha participado directa o indirectamente en el acuerdo inicial que haya creado las obligaciones actuales o potenciales del deudor actual o potencial que hayan dado lugar a las exposiciones que se titulizan; o bien

b)  que adquiere las exposiciones de un tercero por cuenta propia y a continuación las tituliza.

4)  «Retitulización»: una titulización en la que al menos una de las exposiciones subyacentes es una posición de titulización.

5)  «Patrocinadora»: una entidad de crédito o una empresa de inversión, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 575/2013, distinta de una originadora, que establece y gestiona un programa de pagarés de titulización u otra operación o mecanismo de titulización mediante los cuales se adquieren exposiciones de entidades terceras.

6)  «Tramo»: un segmento establecido contractualmente del riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto de exposiciones, de manera que una posición en el segmento implica un riesgo de pérdida crediticia mayor o menor que una posición del mismo importe en otro segmento, sin tomar en consideración la cobertura del riesgo de crédito ofrecida por terceros directamente a los titulares de las posiciones en el segmento o en los demás segmentos.

7)  «Programa de pagarés de titulización» o «programa ABCP»: un programa de titulizaciones en el que los valores emitidos adoptan predominantemente la forma de pagarés de titulización con un vencimiento original de un año o menos.

8)  «Operación de pagarés de titulización» u «operación ABCP»: una titulización dentro de un programa ABCP.

9)  «Titulización tradicional»: una titulización que implica la transferencia económica de las exposiciones titulizadas. La operación se realizará mediante transferencia de la propiedad de las exposiciones titulizadas por la entidad originadora a un SSPE o mediante subparticipación por un SSPE. Los valores emitidos no representan obligaciones de pago de la entidad originadora.

10)  «Titulización sintética»: una titulización en la cual la transferencia del riesgo se lleva a cabo mediante el recurso a derivados de crédito o garantías y las exposiciones titulizadas siguen siendo exposiciones de la originadora.

11)  «Inversor»: una persona que tiene una posición de titulización.

12)  «Inversores institucionales»: cualquiera de los siguientes:

i)  una empresa de seguros, según se define en el artículo 13, punto 1), de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Solvencia II)1 bis;

ii)  una empresa de reaseguros, según se define en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;

iii)  un fondo de pensiones de empleo (FPE) que incida en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, salvo que un Estado miembro haya optado por no aplicar dicha Directiva, en su totalidad o en parte, al fondo considerado de conformidad con el artículo 5 de la misma;

iv)  un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

v)  una sociedad de gestión de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9);

vi)  un OICVM gestionado internamente que sea una sociedad de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2009/65/CE y que no haya designado para su gestión a una sociedad de gestión autorizada con arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva;

vii)  un fondo del mercado monetario, según se define en el Reglamento .../... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos del mercado monetario;

viii)  una entidad de crédito o una empresa de inversión, según se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 1) y 2), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo;

ix)  un banco multilateral de desarrollo según se define en el artículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, una organización internacional o una entidad de fomento.

13)  «Administrador»: la entidad definida en el artículo 142, apartado 1, punto 8, del Reglamento (UE) n° 575/2013.

14)  «Línea de liquidez»: posición de titulización que surge de un acuerdo contractual destinado a proporcionar financiación para garantizar la puntualidad de los flujos de efectivo a los inversores.

15)  «Exposición renovable»: exposición en la que, dentro de unos límites convenidos, se permiten fluctuaciones de los saldos pendientes de los clientes atendiendo a sus decisiones de disposición y reembolso.

16)  «Titulización renovable»: titulización en la que se renueva la propia estructura de titulización (es decir, se añaden o retiran exposiciones del conjunto de las exposiciones) independientemente de si las exposiciones pueden o no ser renovables.

17)  «Cláusula de amortización anticipada»: cláusula contractual en titulizaciones de exposiciones renovables o en una titulización renovable que requiere, en caso de producirse determinados acontecimientos, que las posiciones de los inversores se reembolsen antes del vencimiento inicialmente fijado de los valores emitidos.

18)  «Tramo de primera pérdida»: el tramo más subordinado de una titulización, que es el primer tramo en soportar las pérdidas en las que se incurra en relación con las exposiciones titulizadas y, por tanto, ofrece protección al tramo de segunda pérdida y, en su caso, a los tramos de mayor prelación.

18 bis)  «Posición de titulización»: la exposición frente a una titulización.

18 ter)  «Prestamista original»: una entidad que, por sí misma o por medio de entidades vinculadas, ha celebrado el acuerdo inicial que creó las obligaciones u obligaciones potenciales del deudor o deudor potencial y que dio lugar a la titulización de la exposición;

18 quater)  «Titulización sintética de la hoja de balance»: una titulización tal como se define en el artículo 242, apartado 11, del Reglamento 575/2013, cuando la entidad originadora es una entidad de crédito o una filial de una entidad de crédito, las exposiciones titulizadas forman parte de la cartera bancaria de la entidad originadora o una de sus filiales y las exposiciones subyacentes no incluyen valores mobiliarios, tal como se definen en la Directiva 2004/39/CE (MiFID).

18 quinquies)  «Programa de ABCP totalmente respaldado»: un programa ABCP respaldado directa y totalmente por su patrocinadora, que ofrece al SSPE una línea de liquidez que cubre todos y cada uno de los aspectos siguientes:

a)  todos los riesgos de liquidez y crédito del programa;

b)  cualquier riesgo significativo de dilución de las exposiciones titulizadas;

c)  cualesquiera otros costes de operaciones ABCP y del programa ACBP en su conjunto.

18 sexies)  «sociedad no financiera»: una contraparte no financiera según se define en el artículo 2, apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 648/2012;

18 septies)  «beneficiario efectivo»: toda persona física que posee o controla en última instancia una entidad según se define en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 2 bis

Partes del mercado de titulización

1.  Los inversores en titulización serán inversores institucionales distintos de la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización, o bien entidades de terceros países y territorios cuyos requisitos de supervisión y regulación sean considerados equivalentes a los requisitos de la Unión en virtud de los actos a que se refiere el Artículo 2, apartado 12, letras i) a ix), según corresponda.

2.  En una titulización, al menos una de las originadoras o las patrocinadoras o uno de los prestamistas originales será:

a) una entidad regulada según se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE(10);

b) un acreedor según se define en el artículo 4, punto 2, de la Directiva 2014/17/UE;

c) una entidad financiera cuyo objetivo principal consista en ofrecer facilidades financieras como préstamos, arrendamientos financieros, contratos de compraventa a plazos u otras facilidades similares que incidan en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que lleve a cabo las actividades de préstamo o arrendamiento financiero de conformidad con los puntos 2 y 3 del anexo I de la Directiva 2013/36 /UE, o bien

d) un banco multilateral de desarrollo según se define en el artículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Artículo 2 ter

Requisitos aplicables a los SSPE

En virtud del presente Reglamento, los SSPE no estarán establecidos en un tercer país:

a)  que se promueva como centro financiero extraterritorial o en el que no se apliquen impuestos o se apliquen impuestos simbólicos;

b)  en el que no exista un intercambio de información efectivo con las autoridades tributarias extranjeras;

c)  en el que las disposiciones legislativas, judiciales o administrativas adolezcan de falta de transparencia;

d)  en el que no se requiera una presencia local sustantiva;

e)  que figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o en la lista de la Unión de jurisdicciones no cooperativas;

f)  que no haya suscrito con el Estado miembro de origen del emisor, la originadora o el prestamista original un acuerdo que garantice que el tercer país se ajusta plenamente a las normas establecidas en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, y practica un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.

Capítulo 2

Disposiciones aplicables a todas las titulizaciones

Artículo 3

Requisitos de diligencia debida para los inversores institucionales

1.  Todo inversor institucional distinto de la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización verificará, antes de quedar expuesto a una posición de titulización:

a)  que, si la originadora o el prestamista original no son una entidad de crédito o una empresa de inversión según se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, dicha originadora o prestamista original conceden todos los créditos que hayan dado lugar a las exposiciones subyacentes basándose en criterios sólidos y bien definidos y procesos claramente establecidos para la aprobación, modificación, renovación y financiación de dichos créditos, y disponen de sistemas eficaces para aplicar esos criterios y procesos;

  De conformidad con el artículo 5 del presente Reglamento, la originadora, la patrocinadora o el prestamista original ▌confirmará al inversor institucional que conservará en todo momento un interés económico neto significativo de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento:

b)  que la originadora, la patrocinadora y el SSPE, según proceda, ha puesto a disposición la información exigida por el artículo 5 del presente Reglamento, con la frecuencia y de acuerdo con las modalidades previstas en dicho artículo.

2.  Antes de exponerse a una posición de titulización, los inversores institucionales distintos de la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización llevarán también a cabo, en el marco del proceso de diligencia debida, una evaluación proporcionada a los riesgos existentes. Dicha evaluación tomará en consideración, como mínimo, los aspectos siguientes:

a)  las características de riesgo de la posición de titulización individual y de las exposiciones subyacentes;

b)  todas las características estructurales de la titulización que puedan afectar de manera significativa al comportamiento de la posición de titulización, incluyendo las prioridades contractuales de pago y la prioridad de los desencadenantes relacionados con el pago, las mejoras crediticias y de liquidez, los desencadenantes relacionados con el valor de mercado, y las definiciones de impago específicas para cada operación;

c)  en cuanto a una titulización notificada como STS de conformidad con el artículo 14, el cumplimiento por esta titulización de los requisitos establecidos en los artículos 7 a 10 si la titulización no es una titulización ABCP, o los artículos 11 a 14 si la titulización es una titulización ABCP. los inversores institucionales podrán depositar la oportuna confianza en la notificación STS efectuada de conformidad con el artículo 14, apartado 1, y en la información divulgada por la originadora, la patrocinadora y el SSPE acerca del cumplimiento de los requisitos STS.

No obstante lo dispuesto en las letras a) y b), en el caso de un programa ABCP totalmente respaldado, los inversores institucionales considerarán en los pagarés correspondientes las características del programa ABCP y el aporte de liquidez de la patrocinadora.

3.  Los inversores institucionales distintos de la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización que queden expuestos a una posición de titulización, como mínimo:

a)  establecerán por escrito procedimientos proporcionados al perfil de riesgo de la posición de titulización, y adecuados a sus carteras de negociación e inversión cuando proceda, con el fin de supervisar el cumplimiento de los apartados 1 y 2 y el comportamiento de la posición de titulización y las exposiciones subyacentes de forma continua; cuando proceda, dichos procedimientos incluirán el control del tipo de exposición, el porcentaje de préstamos que lleven vencidos más de 30, 60 y 90 días, las tasas de impago, las tasas de pago anticipado, los préstamos de ejecución hipotecaria, las tasas de recuperación, las recompras, las modificaciones de préstamos, la suspensión del pago de cuotas, el tipo y la ocupación de las garantías reales, y la distribución de frecuencias de las puntuaciones de crédito u otras medidas de la calidad crediticia de las distintas exposiciones subyacentes, la diversificación sectorial y geográfica, la distribución de frecuencias de las ratios préstamo/valor, con bandas que faciliten un análisis de sensibilidad adecuado. ▌

b)  someterán periódicamente los flujos de efectivo y los valores de las garantías reales que respalden las exposiciones subyacentes a pruebas de resistencia proporcionadas a la naturaleza, la escala y la complejidad del riesgo de la posición de titulización; no obstante lo dispuesto, en el marco de las operaciones ABCP totalmente respaldadas, someterán periódicamente a pruebas de resistencia la solvencia del proveedor de la línea de liquidez, también en el caso de las titulizaciones calificadas como STS;

c)  garantizarán que exista un nivel adecuado de información interna a su órgano de dirección, de modo que sus integrantes tengan conocimiento de los riesgos significativos que se deriven de las posiciones de titulización y que los riesgos de tales inversiones se gestionen adecuadamente;

d)  deberán poder demostrar a las autoridades competentes, cuando así se les solicite, que, tienen un completo y profundo conocimiento de cada una de sus posiciones de titulización y de las exposiciones subyacentes de estas y que han implementado políticas y procedimientos escritos para su gestión de riesgos y el registro de la información pertinente.

d bis)  notificarán a la AEVM su inversión de conformidad con el artículo 5.

3 bis.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del presente artículo, cuando un inversor institucional haya otorgado a empresas de inversión o gestores de activos regulados la autoridad para adoptar decisiones de gestión de inversiones que puedan exponerlo a una titulización, el inversor institucional podrá ordenar a esas empresas de inversión o gestores de activos regulados que cumplan las obligaciones que les conciernen con arreglo al presente artículo por lo que respecta a cualquier exposición a una titulización que se derive de dichas decisiones. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se haya ordenado a un inversor institucional cumplir con arreglo a este apartado las obligaciones de otro inversor institucional y no lo haga, toda sanción que pueda imponerse a efectos de los artículos 17 y 18 se imponga al inversor institucional encargado de la gestión y no al inversor institucional que se vea expuesto a la titulización.

3 ter.  La AEVM, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, podrá adoptar directrices dirigidas a precisar las condiciones en las que las exposiciones titularizadas no constituirán un riesgo significativos según lo dispuesto en el apartado 2 y en las que se considerará suficiente el cumplimiento de los requisitos de las letras a) a c) de dicho apartado.

Artículo 4

Retención de riesgos

1.  La originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización retendrán de forma continua un interés económico neto significativo en la titulización, que no podrá ser inferior al 5 % o al 10 %, en función de la modalidad de retención elegida de conformidad con el apartado 2. En el marco del mandato establecido en el artículo 16 bis del presente Reglamento, la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en estrecha cooperación con la JERS, adoptará una decisión motivada sobre los índices de retención requeridos de hasta el 20 %, teniendo en cuenta las circunstancias del mercado. El interés económico neto significativo se valorará en el momento del origen y se determinará por el valor nocional de las partidas fuera de balance. En caso de que la originadora, la patrocinadora o el prestamista original no hayan llegado a un acuerdo entre ellos sobre quién retendrá el interés económico neto significativo, será la originadora la que retendrá dicho interés. Los requisitos de retención no podrán ser objeto de aplicación múltiple en una misma titulización. El interés económico neto significativo se valorará en la originación y estará determinado por el valor nocional de las partidas fuera de balance. El interés económico neto significativo no se dividirá entre diferentes tipos de retenedores ni podrá ser objeto de ninguna reducción del riesgo de crédito o cobertura.

1 bis.  Las pérdidas de los activos titulizados, medidos en el curso de un año, no serán significativamente superiores a las pérdidas durante el mismo período de los activos homogéneos, de conformidad con el artículo 8, apartado 4, que se seleccionarán de forma aleatoria del balance de la originadora o del prestamista original de una titulización. Cuando no se cumpla esta condición, la autoridad competente investigará la posible selección inadecuada de activos por parte de la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización, y, en su caso, podrá imponer una multa de conformidad con el artículo 17.

2.  Solo podrá considerarse una retención de un interés económico neto significativo no inferior al referido en el apartado 1:

a)  la retención de un 10% como mínimo del valor nominal de cada uno de los tramos vendidos o transferidos a los inversores; de forma alternativa, la retención de al menos el 10 % del valor nominal de cada una de las exposiciones titulizadas, a condición de que el riesgo de crédito de estas exposiciones tenga la misma prelación que el riesgo de crédito titulizado o esté subordinado a este en relación con las mismas exposiciones;

b)  en el caso de titulizaciones renovables o titulizaciones de exposiciones renovables, la retención del interés de la originadora de un 10% como mínimo del valor nominal de cada una de las exposiciones titulizadas;

c)  la retención de exposiciones elegidas al azar, por el equivalente al 10% como mínimo del valor nominal de las exposiciones titulizadas, cuando esas exposiciones no titulizadas se hubieran titulizado en otras circunstancias en la titulización, siempre y cuando el número de exposiciones potencialmente titulizadas no sea inferior a 100 en la originación;

d)  la retención del tramo de primera pérdida y, cuando dicha retención no represente el 5 % del valor nominal de las exposiciones titulizadas, si es necesario, otros tramos que tengan un perfil de riesgo igual o más serio que aquellos transferidos o vendidos a los inversores y que no venzan antes que estos, de modo que la retención equivalga, en total, al 5 % como mínimo del valor nominal de las exposiciones titulizadas;

e)  la retención de una exposición de primera pérdida del 7,5% como mínimo de cada exposición titulizada en la titulización.  Si una sociedad financiera mixta de cartera establecida en la Unión a tenor de lo previsto en la Directiva 2002/87/CE, una entidad de crédito matriz o una sociedad financiera de cartera establecidas en la Unión, o una de sus filiales, a tenor de lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en calidad de originadoras o patrocinadoras, titulizan exposiciones de una o más entidades de crédito, empresas de inversión u otras entidades financieras incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada, los requisitos mencionados en el apartado 1 podrán satisfacerse con referencia a la situación consolidada de la correspondiente entidad de crédito matriz, sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera establecida en la Unión.

El primer párrafo se aplicará solo cuando las entidades de crédito, las empresas de inversión o las entidades financieras que hayan creado las exposiciones titulizadas se atengan a los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Directiva 36/2013/UE y proporcionen la información necesaria para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente Reglamento, a su debido tiempo, a la originadora o patrocinadora y a la entidad de crédito matriz de la UE, la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera establecidas en la Unión.

4.  El apartado 1 no se aplicará cuando las exposiciones titulizadas constituyan exposiciones frente a los entes siguientes o estén garantizadas de forma total, incondicional e irrevocable, por ellos:

a)  administraciones centrales o bancos centrales;

b)  administraciones regionales, autoridades locales y entes del sector público de los Estados miembros, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 8, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

c)  bancos o instituciones nacionales de fomento en el sentido del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1017;

d)  bancos multilaterales de desarrollo enumerados en el artículo 117 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

6.  La Autoridad Bancaria Europea (ABE), en estrecha colaboración con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de modificar el nivel de retención de riesgos de conformidad con el artículo 16 bis y especificar con mayor detalle el requisito de retención de riesgos, en particular, en lo que se refiere a:

a)  las modalidades de retención de riesgos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 y el índice de retención mínimo de una exposición de primera pérdida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, letra e);

b)  la valoración del nivel de retención a que se refiere el apartado 1;

c)  la prohibición de cobertura o venta del interés retenido;

d)  las condiciones para la retención en base consolidada de conformidad con el apartado 3;

e)  las condiciones para la exención de las operaciones basadas en un índice claro, transparente y accesible con arreglo al apartado 5;

e bis)  las obligaciones de información anual de la organizadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización a los supervisores de las pérdidas sufridas por los activos titulizados en comparación con los activos retenidos, necesarias para evaluar la obligación establecida en el apartado 1 bis;

e ter)  el procedimiento para seleccionar de forma aleatoria los activos homogéneos del balance de la originadora o el prestamista original, la medida utilizada para determinar si una diferencia en las pérdidas es significativa y la forma de calcular el beneficio derivado de la infracción del requisito establecido en el apartado 1 bis;

e quater)  la retención mínima apropiada de una exposición de primera pérdida de cada activo titulizado en la horquilla de valor comprendida entre el 5 % y el 10 %

La AEVM presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión en el plazo de [seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. ▌Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Las autoridades competentes aplicarán estas normas técnicas de regulación.

Sobre la base de dichas normas técnicas de regulación, las autoridades competentes mantendrán un cuadro del índice de retención de riesgos para los distintos tipos de titulización. La EBA velará por la coherencia en la aplicación por las autoridades competentes de estas normas técnicas de regulación.

Artículo 5

Requisitos de transparencia aplicables a las originadoras, las patrocinadoras, ▌los SSPE y los inversores

1.  La originadora, la patrocinadora y el SSPE de una titulización, de conformidad con el apartado 2, pondrán a disposición de los titulares de una posición de titulización, los inversores antes de su exposición de una posición de titulización y ▌las autoridades competentes a que se refiere el artículo 15 del presente Reglamento como mínimo la información descrita a continuación.

a)  información sobre las exposiciones subyacentes a la titulización con periodicidad trimestral o, en el caso de ABCP, información sobre las cuentas a cobrar o derechos de crédito subyacentes o solicitudes de crédito con periodicidad mensual;

b)  toda la documentación de apoyo que sea esencial para entender la operación, incluidos como mínimo los siguientes elementos en la medida en se encuentren disponibles▌:

i)  el documento de oferta final o el folleto junto con los documentos relativos al cierre de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos;

ii)  en el caso de una titulización tradicional, el acuerdo de venta de activos, el acuerdo de transferencia, novación o cesión y cualquier declaración pertinente de fideicomiso;

iii)  los contratos de derivados y acuerdos de garantías y cualquier documento pertinente sobre los mecanismos de cobertura mediante garantías reales cuando las exposiciones que se titularicen sigan siendo exposiciones de la originadora;

iii bis)   una descripción detallada de la prioridad de los pagos;

iv)  los acuerdos de servicios, servicios de reserva, administración y gestión de tesorería;

v)  la escritura de fideicomiso, la escritura de garantía, el contrato de agencia, el acuerdo de banco de cuenta, el contrato de inversión garantizada, los términos incorporados, el marco de fideicomiso maestro o el acuerdo marco de definiciones, o toda documentación legal del mismo tipo con valor jurídico equivalente;

vi)  todo acuerdo relevante entre acreedores, toda documentación sobre derivados, y todo acuerdo de préstamo subordinado, de préstamo a empresas en fase inicial y de línea de liquidez;

vii)  cualquier otra documentación de apoyo que sea esencial para entender la operación;

vii bis)  información sobre el proceso de concesión de créditos y de evaluación del riesgo de crédito seguido para los activos subyacentes en la titulización, así como la evolución histórica de los préstamos fallidos suscritos por la originadora;

c)  en caso de que no se haya elaborado el folleto de conformidad con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11), un resumen de la operación o de las principales características de la titulización, incluido, cuando proceda, lo siguiente:

i)  información detallada sobre la estructura de la operación;

ii)  información detallada sobre las características de la exposición, los flujos de efectivo, la jerarquía en la asignación de pérdidas, los elementos de mejora crediticia y de apoyo a la liquidez;

iii)  información detallada sobre los derechos de voto de los titulares de una posición de titulización y su relación con otros acreedores garantizados;

iv)  una lista de todos los desencadenantes y eventos a que se haga referencia en los documentos proporcionados de conformidad con la letra b) y que puedan tener una incidencia significativa en el comportamiento de la posición de titulización;

v)  los diagramas de estructura que contengan un esquema de la operación, los flujos de efectivo y la estructura de la propiedad;

d)  en el caso de titulizaciones STS, la notificación STS a que hace referencia en el artículo 14;

e)  informes trimestrales a los inversores, o, en el caso de los pagarés de titulización, informes mensuales a los inversores, que contengan lo siguiente:

i)  todos los datos de importancia significativa sobre la calidad crediticia y el comportamiento de las exposiciones subyacentes;

ii)  datos sobre los flujos de efectivo generados por las exposiciones subyacentes y por los pasivos de la titulización e información sobre la activación de cualquier desencadenante que implique cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes;

iii)  información acerca del riesgo retenido —en particular, sobre quién lo retiene y la modalidad de retención— de conformidad con el artículo 4 y la información requerida con arreglo al apartado 3;

f)  cuando proceda, la información requerida por el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado;

g)  cuando la letra f) no sea aplicable, cualquier evento importante, como:

i)  un incumplimiento significativo de las obligaciones establecidas en los documentos facilitados de conformidad con la letra b), incluida cualquier reparación, dispensa o consentimiento posteriormente otorgados en relación con dicho incumplimiento;

ii)  un cambio en las características estructurales que pueda afectar de forma significativa al rendimiento de la titulización;

iii)  un cambio significativo en las características de riesgo de la titulización o de las exposiciones subyacentes;

iv)  en el caso de titulizaciones STS, el hecho de que la titulización deje de cumplir los requisitos STS o las autoridades competentes hayan adoptado medidas correctivas o administrativas;

v)  cualquier modificación significativa de los documentos de la operación.

La información descrita en las letras a), b), c) y d) deberá estar disponible sin demora después del cierre de la operación, a más tardar.

La información descrita en las letras a) y e) pasará a estar disponible en el mismo momento cada trimestre, a más tardar un mes después de la fecha de vencimiento del pago de intereses. En lo que respecta a las titulizaciones ABCP, la información señalada en las letras a) y e) pasará a estar disponible en el mismo momento cada mes, a más tardar un mes después de la fecha de vencimiento del pago de intereses.

La información descrita en las letras f) y g) deberá estar disponible sin demora.

Si se trata de un ABCP, deberá ponerse a disposición de los titulares de una posición de titulización la información agregada descrita en la letra a), la letra c), inciso ii), y la letra e), inciso i).

1 bis.  La originadora, la patrocinadora y el SSPE de una titulización, de conformidad con el apartado 2, pondrán a disposición de los titulares de una posición de titulización y de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 15 del presente Reglamento como mínimo la siguiente información:

a)  información sobre el titular efectivo final, incluidos el país de establecimiento y el sector de actividad, así como

b)  el volumen de su inversión y el tramo de la titulización de que se trate.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen de forma detallada la forma en que los inversores deberán informar a sus autoridades competentes.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos como más tarde [XXX] desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación mencionadas en el presente apartado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

2.  La originadora, la patrocinadora y el SSPE de una titulización designarán entre ellos una entidad que se encargará de cumplir los requisitos de información con arreglo al apartado 1. La originadora, la patrocinadora y el SSPE se asegurarán de que la información esté disponible gratuitamente para los titulares de posiciones de titulización y para las autoridades competentes, en el momento oportuno y en un formato claro. La entidad designada para cumplir los requisitos establecidos en los apartados 1 y 1 bis velará por que la información relativa a una operación de titulización esté disponible en un registro supervisado de titulizaciones que cumplirá los requisitos establecidos en los artículos 22 bis a 22 quinquies del presente Reglamento.

La documentación relativa a la titulización deberá indicar la entidad responsable de la presentación de la información de conformidad con el presente artículo y el registro supervisado de titulizaciones en el que estará disponible dicha información.

3.  La AEVM debe garantizar la transparencia del mercado de titulización en beneficio de los participantes en el mercado y los supervisores, de forma que ofrezca una visión general del mercado que incluya como mínimo los activos titulizados, los emisores y las posiciones de inversión, utilizando la información remitida por los emisores, los inversores y los registros de conformidad con los apartados 1, 1 bis y 2 del presente artículo y el apartado 3 del artículo 22 quinquies del presente Reglamento.

Capítulo 2 bis

Condiciones y procedimientos de inscripción de los registros de titulizaciones

Artículo 5 bis

Inscripción de los registros de titulizaciones

1.  A efectos del artículo 5, apartado 2, los registros de titulizaciones se inscribirán en la AEVM.

2.  Para que se pueda proceder a su inscripción con arreglo al presente artículo, los registros de titulizaciones deberán ser personas jurídicas establecidas en la Unión y cumplir los requisitos establecidos en los artículos 22 bis a 22 quinquies.

3.  La inscripción de un registro de titulizaciones será válida para todo el territorio de la Unión.

4.  Los registros de titulizaciones inscritos deberán satisfacer en todo momento las condiciones de inscripción. Los registros de titulizaciones notificarán a la AEVM, sin demora injustificada, toda modificación significativa de las condiciones de inscripción.

La AEVM estará facultada para impugnar las modificaciones significativas de las condiciones de inscripción notificadas por los registros de titulizaciones.

Artículo 5 ter

Solicitud de registro

1.  Los registros de titulizaciones presentarán una solicitud de inscripción a la AEVM.

2.  En un plazo de 20 días hábiles tras su recepción, la AEVM evaluará si la solicitud está completa.

Si la solicitud no está completa, la AEVM fijará un plazo para que el registro de titulizaciones facilite información adicional.

Una vez se haya estimado que una solicitud está completa, la AEVM lo notificará al registro de titulizaciones.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los pormenores y el formato de la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación como más tarde el ... [un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 5 quater

Examen de la solicitud

1.  En los cuarenta días hábiles siguientes a la notificación a que se refiere el artículo 5 ter, apartado 2, párrafo tercero, la AEVM examinará la solicitud de inscripción, comprobará si el registro de titulizaciones cumple lo dispuesto en los artículos 22 bis a 22 ter y adoptará una decisión de inscripción o de denegación o revocación de la inscripción cabalmente motivada.

2.  Una decisión emitida por la AEVM de conformidad con el apartado 1 surtirá efecto el quinto día hábil siguiente a su adopción o en una fecha posterior si la ESMA lo considera necesario, incluso cuando la decisión solo surta efecto si se cumplen las condiciones específicas establecidas por la AEVM en su decisión.

Artículo 5 quinquies

Notificación a la AEVM de la decisión relativa a la inscripción

1.  Cuando la AEVM adopte la decisión de inscribir o la decisión de denegar o revocar la inscripción, lo notificará al registro de titulizaciones en el plazo de cinco días hábiles. Dicha notificación irá acompañada de una explicación cabalmente motivada de la decisión de que se trate.

2.  La AEVM publicará en su sitio web una lista de los registros de titulizaciones inscritos de conformidad con el presente Reglamento. La lista se actualizará en los cinco días hábiles siguientes a la adopción de una decisión de conformidad con el apartado 1.

Artículo 5 sexies

Ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 5 septies a 5 nonies

Las facultades conferidas en virtud de los artículos 5 septies a 5 nonies a la AEVM o a cualquiera de sus agentes o demás personas acreditadas por ella no podrán ejercerse para exigir la divulgación de información o de documentos que estén amparados por el secreto profesional.

Artículo 5 septies

Solicitud de información

1.  La AEVM, mediante simple solicitud o mediante decisión, podrá exigir a los registros de titulizaciones y a terceros pertinentes con los que dichos registros hayan subcontratado funciones o actividades operativas que le suministren cuanta información sea necesaria para desempeñar las funciones que le incumban en virtud del presente Reglamento.

2.  Al enviar una simple solicitud de información con arreglo al apartado 1, la AEVM:

a)  hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud;

b)  indicará el propósito de la solicitud;

c)  especificará qué información precisa;

d)  fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información;

e)  informará a la persona a quien se solicite la información que no existe obligación de facilitar esa información, pero que en caso de responder voluntariamente a la solicitud, la información que se facilite no podrá ser incorrecta o engañosa, y

f)  indicará la multa prevista en el artículo 5 undecies, en relación con el anexo I, sección IV, letra a), aplicable en caso de responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas formuladas.

3.  Al solicitar que se facilite información con arreglo al apartado 1 mediante decisión, la AEVM:

a)  hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud;

b)  indicará el propósito de la solicitud;

c)  especificará qué información precisa;

d)  fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información;

e)  indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 5 duodecies, aplicables en el caso de que no se facilite toda la información exigida;

f)  indicará la multa prevista en el artículo 5 undecies, en relación con el anexo I, sección IV, letra a), aplicable en caso de responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas formuladas, y

g)  hará constar el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso de la AEVM y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»), de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) n.° 1095/2010.

4.  Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de las personas jurídicas o de las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas facultadas por ley o por los estatutos para representarlas, facilitarán la información solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.

5.  La AEVM remitirá sin demora una copia de su decisión a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén domiciliadas o establecidas las personas a que se refiere el apartado 1 a las que se destine la solicitud de información.

Artículo 5 octies

Investigaciones generales

1.  A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar las investigaciones necesarias sobre las personas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1. A tal fin, los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella estarán facultados para:

a)  examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documentación pertinente para la realización del cometido de la AEVM, independientemente del medio utilizado para almacenarlos;

b)  hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, procedimientos y otra documentación;

c)  convocar y pedir a las personas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1, o a sus representantes o a miembros de su personal que den explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos que guarden relación con el objeto y el propósito de la inspección, y registrar las respuestas correspondientes;

d)  entrevistar a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación, y

e)  requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.

2.  Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar las investigaciones a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus poderes previa presentación de un mandamiento escrito que especifique el objeto y el propósito de la investigación. Dicho mandamiento señalará asimismo las multas previstas en el artículo 5 undecies, en relación con el anexo I, sección IV, letra b), aplicables en caso de responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas formuladas a las personas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1.

3.  Las personas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1, estarán obligadas a cooperar en relación con las investigaciones iniciadas sobre la base de una decisión de la AEVM. La decisión precisará el objeto y el propósito de la investigación, las multas coercitivas previstas en el artículo 5 duodecies, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia.

4.  Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional, la solicitud de una relación de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos a que se refiere el apartado 1, letra e), requiera un mandamiento judicial, se procederá a su solicitud. También podrá solicitarse dicho mandamiento como medida cautelar.

5.  Cuando se solicite el mandamiento a que se refiere el apartado 4, la autoridad judicial nacional competente verificará la autenticidad de la decisión de la AEVM y comprobará que las medidas coercitivas contempladas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la investigación. Cuando compruebe la proporcionalidad de las medidas coercitivas, la autoridad judicial nacional competente podrá recabar explicaciones detalladas de la AEVM, en particular sobre los motivos de esta para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el presente Reglamento, la gravedad de la supuesta infracción y la naturaleza de la implicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad judicial nacional competente no podrá revisar la necesidad de proceder a la investigación ni exigir que se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.° 1095/2010.

Artículo 5 nonies

Inspecciones «in situ»

1.  A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar cuantas inspecciones «in situ» sean necesarias, en cualquier local o terreno de uso profesional de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1. Cuando así lo requieran la correcta realización y la eficacia de las inspecciones, la AEVM podrá efectuar las inspecciones «in situ» sin previo aviso.

2.  Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones «in situ» podrán acceder a cualesquiera locales o terrenos de uso profesional de las personas jurídicas objeto de una decisión de investigación adoptada por la AEVM y gozarán de todas las facultades previstas en el artículo 5 octies, apartado 1. Asimismo, estarán facultados para precintar todos los locales y libros o registros profesionales durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspección.

3.  Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar las inspecciones «in situ» ejercerán sus poderes previa presentación de un mandamiento escrito que especifique el objeto y el propósito de la inspección.

4.  Las personas a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1, estarán obligadas a cooperar en relación con las inspecciones «in situ» ordenadas por decisión de la AEVM. La decisión precisará el objeto y el propósito de la inspección, fijará la fecha de su comienzo e indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 5 duodecies, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia. La AEVM adoptará estas decisiones previa consulta a la autoridad competente del Estado miembro en el que vaya a realizarse la inspección.

5.  A petición de la AEVM, los agentes de la autoridad competente del Estado miembro en el que vaya a realizarse la inspección, así como las demás personas acreditadas o designadas por dicha autoridad, prestarán activamente asistencia a los agentes de la AEVM y demás personas por ella acreditadas. A tal efecto, ejercerán las competencias previstas en el apartado 2. Los agentes de la autoridad competente del Estado miembro interesado también podrán asistir a las inspecciones «in situ» si así lo solicitan.

6.  La AEVM podrá exigir asimismo a dichas autoridades competentes que lleven a cabo, por cuenta de la AEVM, tareas de investigación e inspecciones «in situ» específicas con arreglo a lo previsto en el presente artículo y en el artículo 5 octies, apartado 1. A tal efecto, las autoridades competentes gozarán de las mismas facultades que la AEVM en virtud de lo establecido en el presente artículo y en el artículo 5 octies, apartado 1.

7.  Cuando los agentes de la AEVM y las demás personas acreditadas por ella que los acompañen constaten que una persona se opone a una inspección ordenada en virtud del presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro afectado les prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la intervención de la policía o una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su inspección «in situ».

8.  Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional, la inspección «in situ» prevista en el apartado 1 o la asistencia prevista en el apartado 7 requieran un mandamiento judicial, se presentará la correspondiente solicitud. También podrá solicitarse dicho mandamiento como medida cautelar.

9.  Cuando se solicite el mandamiento a que se refiere el apartado 8, la autoridad judicial nacional competente verificará la autenticidad de la decisión de la AEVM y comprobará que las medidas coercitivas contempladas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección. Cuando verifique la proporcionalidad de las medidas coercitivas, autoridad judicial nacional competente podrá pedir a la AEVM explicaciones detalladas. No obstante, autoridad judicial nacional competente no podrá revisar la necesidad de proceder a la inspección ni exigir que se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.° 1095/2010.

Artículo 5 decies

Normas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de multas

1.  Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la AEVM encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo I, la AEVM nombrará a un agente de investigación independiente perteneciente a la AEVM a fin de investigar el asunto. El agente nombrado no estará ni habrá estado implicado directa o indirectamente en la supervisión ni en el proceso de inscripción del registro de titulizaciones de que se trate y ejercerá sus funciones con independencia de la AEVM.

2.  El agente de investigación investigará las supuestas infracciones, teniendo en cuenta cualquier observación que presenten las personas objeto de la investigación, y presentará a la AEVM un informe completo con sus conclusiones.

A fin de realizar su cometido, el agente de investigación podrá hacer uso de la facultad de solicitar información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 septies y de realizar investigaciones e inspecciones «in situ» con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 octies y 5 nonies. Cuando haga uso de esas facultades, el agente de investigación se ajustará a lo establecido en el artículo 56 sexies.

Para realizar su cometido, el agente de investigación tendrá acceso a todos los documentos y toda la información que haya recabado la AEVM al ejercer sus actividades de supervisión.

3.  Tras completar su investigación y antes de presentar a la AEVM su informe de conclusiones, el agente de investigación ofrecerá a las personas objeto de la investigación la oportunidad de ser oídas acerca de las cuestiones sometidas a investigación. El agente de investigación basará sus conclusiones exclusivamente en hechos acerca de los cuales las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de pronunciarse.

Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán plenamente garantizados durante la investigación prevista en el presente artículo.

4.  Cuando presente a la AEVM su informe de conclusiones, el agente de investigación notificará este hecho a las personas objeto de la investigación. Las personas objeto de la investigación tendrán el derecho de acceso al informe, sin perjuicio del interés legítimo de terceros personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al informe no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos internos de la AEVM.

5.  Sobre la base del informe de conclusiones del agente de investigación y, cuando así lo soliciten las personas afectadas, tras haber oído a las personas objeto de la investigación de conformidad con el artículo 5 terdecies, la AEVM decidirá si las personas objeto de la investigación han cometido una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo I y, en tal caso, adoptará una medida de supervisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 septdecies e impondrá una multa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 undecies.

6.  El agente de investigación no participará en las deliberaciones de la AEVM ni intervendrá de ninguna otra forma en el proceso de toma de decisiones de esta.

7.  La Comisión adoptará normas de procedimiento más detalladas para el ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones provisionales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, y adoptará normas detalladas sobre los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las sanciones.

La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 22 sexies, actos delegados para completar o modificar el presente Reglamento especificando las normas de procedimiento a que se refiere el párrafo primero.

8.  La AEVM someterá a las autoridades nacionales pertinentes los asuntos propios de un proceso penal cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Por otra parte, la AEVM se abstendrá de imponer multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 5 undecies

Multas

1.  La AEVM adoptará una decisión por la que se imponga una multa, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, si considera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 decies, apartado 5, que un registro de titulizaciones ha cometido, con dolo o por negligencia, una de las infracciones enumeradas en el anexo I.

La infracción cometida por un registro de titulizaciones se considerará dolosa en caso de que la AEVM descubra elementos objetivos que prueben que dicho registro o sus altos directivos actuaron de forma deliberada al cometer la infracción.

2.  Los importes de base de las multas a que se refiere el apartado 1 se situarán dentro de los siguientes límites:

a)  las infracciones definidas en el anexo I, sección I, letra c), en el anexo I, sección II, letras c) a g), y en el anexo I, sección III, letras c) y f), se sancionarán con multas de [100 000] EUR como mínimo y [200 000 EUR] como máximo;

b)  las infracciones definidas en el anexo I, sección I, letras a), b) y d) a h), y en el anexo I, sección II, letras a), b) y g), se sancionarán con multas de [50 000 EUR] como mínimo y [100 000 EUR] como máximo.

c)  las infracciones definidas en el anexo I, sección IV, se sancionarán con multas de [5 000 EUR] como mínimo y [10 000 EUR] como máximo.

Con el fin de decidir si el importe de base de las multas debe situarse en el extremo inferior, en el tramo intermedio o en el extremo superior de las horquillas indicadas en el párrafo primero, la AEVM tendrá en cuenta el volumen de negocios anual del registro de titulizaciones de que se trate correspondiente al ejercicio anterior. El importe de base se situará en el extremo inferior de la horquilla para los registros de titulizaciones cuyo volumen de negocios anual haya sido inferior a [1 millón EUR]; en el tramo intermedio de la horquilla para los registros de titulizaciones cuyo volumen de negocios se haya situado entre [1 y 5 millones EUR], y en el extremo superior de la horquilla para los registros de titulizaciones cuyo volumen de negocios anual haya superado los [5 millones EUR].

3.  En caso necesario, los importes de base establecidos en el apartado 2 se ajustarán atendiendo a factores agravantes o atenuantes, con arreglo a los correspondientes coeficientes establecidos en el anexo II.

Los coeficientes agravantes pertinentes se aplicarán de uno en uno a la cuantía de base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente agravante, se añadirá a la cuantía de base la diferencia entre la cuantía de base y la cuantía resultante de la aplicación de cada uno de los coeficientes agravantes por separado.

Los coeficientes atenuantes pertinentes se aplicarán de uno en uno al importe de base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente atenuante, se deducirá de la cuantía de base la diferencia entre la cuantía de base y la cuantía resultante de la aplicación de cada uno de los coeficientes atenuantes por separado.

4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la cuantía de la multa no será inferior al 2 % ni superior al 20 % del volumen de negocios anual del registro de titulizaciones de que se trate durante el ejercicio anterior; sin embargo, en el caso de que el registro de titulizaciones haya obtenido algún lucro directo o indirecto de la infracción, la cuantía de la multa será como mínimo equivalente a dicho lucro.

En el caso de que una acción u omisión del registro de titulizaciones sea constitutiva de más de una de las infracciones enumeradas en el anexo I, solo será de aplicación la más elevada de las multas calculadas con arreglo a los apartados 2 y 3 en relación con una de las infracciones mencionadas.

Artículo 5 duodecies

Multas coercitivas

1.  La AEVM impondrá, mediante decisión, multas coercitivas a fin de obligar:

a)  a un registro de titulizaciones a poner fin a una infracción, de conformidad con una decisión adoptada en virtud del artículo 5 septdecies, apartado 1, letra a); o bien

b)  a una persona a que se refiere el artículo 5 septies, apartado 1:

i)  a suministrar de forma completa la información solicitada mediante decisión de conformidad con el artículo 5 septies;

ii)  a cooperar en relación con una investigación y, en particular, a presentar de forma completa los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exigido, así como completar y corregir otra información facilitada en una investigación iniciada mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 5 octies; o bien

iii)  a cooperar en relación con una inspección «in situ» ordenada mediante decisión en virtud del artículo 5 nonies.

2.  La multa coercitiva será efectiva y proporcionada. La multa coercitiva se impondrá por cada día de demora.

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las multas coercitivas equivaldrán al 3 % del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso de las personas físicas, al 2 % de su renta diaria media del ejercicio anterior. Esta cuantía se calculará a partir de la fecha indicada en la decisión por la que se imponga la multa coercitiva.

4.  Las multas coercitivas se impondrán por un período máximo de seis meses a partir de la notificación de la decisión de la AEVM. La AEVM reexaminará la medida al final de dicho período.

Artículo 5 terdecies

Audiencia de las personas afectadas

1.  Antes de decidir sobre una multa o una multa coercitiva de conformidad con los artículos 5 undecies y 5 duodecies, la AEVM ofrecerá a las personas objeto del procedimiento la oportunidad de ser oídas en relación con sus conclusiones. La AEVM basará sus decisiones únicamente en las conclusiones en relación con los cuales las personas objeto del procedimiento hayan tenido la oportunidad de presentar sus observaciones.

2.  En el curso del procedimiento se garantizará plenamente el derecho de defensa de las personas que sean objeto del mismo. Estas personas tendrán derecho a acceder al expediente de la AEVM, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos internos de la AEVM.

El párrafo primero no será de aplicación en el caso de que se requiera una acción urgente para evitar daños importantes e inminentes al sistema financiero o daños importantes e inminentes a la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, incluidas la estabilidad o la exactitud de los datos comunicados a un registro de operaciones. En tal caso, la AEVM podrá adoptar una decisión provisional y deberá ofrecer a las personas interesadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible una vez adoptada su decisión.

Artículo 5 quaterdecies

Divulgación, naturaleza, garantía de cumplimiento y afectación de las multas y las multas coercitivas

1.  La AEVM hará públicas todas las multas y las multas coercitivas que se impongan de conformidad con los artículos 5 undecies y 5 duodecies, a menos que dicha divulgación pueda suponer un riesgo grave para los mercados financieros o causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas. La divulgación no incluirá datos personales en el sentido del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2.  Las multas y las multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 5 undecies y 5 duodecies serán de carácter administrativo.

3.  En el caso de que la AEVM decida no imponer multas ni multas coercitivas, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autoridades competentes del Estado miembro interesado y expondrá los motivos de su decisión.

4.  Las multas y las multas coercitivas que se impongan en aplicación de los artículos 5 undecies y 5 duodecies tendrán carácter ejecutivo de conformidad con las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se hayan impuesto dichas multas o multas coercitivas.

La orden de ejecución se adjuntará a la decisión correspondiente sin más formalidad que la verificación de la autenticidad de esta última por parte de la autoridad que el Gobierno de cada Estado miembro haya designado a tal efecto y cuya titularidad deberá comunicar a la AEVM y al Tribunal de Justicia.

Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, este podrá promover la ejecución forzosa conforme al Derecho nacional, recurriendo directamente al órgano competente.

La ejecución forzosa solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia. No obstante, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro interesado tendrán competencia para conocer de las acciones interpuestas por irregularidades en el cumplimiento de las resoluciones de ejecución.

5.  Los importes de las multas y las multas coercitivas se afectarán al presupuesto general de la Unión Europea.

Artículo 5 quindecies

Control del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia gozará de competencias jurisdiccionales plenas para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la AEVM haya impuesto una multa o una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar las multas o las multas coercitivas impuestas.

Artículo 5 sexdecies

Revocación de la inscripción

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 octodecies, la AEVM revocará la inscripción de un registro de titulización cuando este:

a)  renuncie expresamente a la inscripción o no haya prestado servicio alguno en los seis meses anteriores a la fecha de la decisión de revocación;

b)  haya obtenido la inscripción valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)  haya dejado de cumplir las condiciones iniciales de inscripción.

2.  La AEVM notificará sin demoras indebidas a las autoridades competentes contempladas en el artículo 15 la decisión de revocar la inscripción del registro de titulización.

3.  La autoridad competente de un Estado miembro en el que el registro de titulización presta sus servicios y lleva a cabo sus actividades que considere que se ha cumplido una de las condiciones contempladas en el apartado 1 podrá solicitar a la AEVM que examine si se cumplen las condiciones para revocar la inscripción del registro de titulización de que se trate. Si la AEVM decide no proceder a la revocación de la inscripción del registro de titulización de que se trate, lo motivará plenamente.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 3 será la autoridad designada con arreglo al artículo 15.

Artículo 5 septdecies

Tasas de supervisión

1.  La AEVM cobrará tasas al registro de titulización de conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados adoptados con arreglo al apartado 2 del presente artículo. Dichas tasas cubrirán totalmente los gastos de la AEVM necesarios relacionados con la inscripción y supervisión del registro de titulización.

2.  El importe de la tasa impuesta a un registro de titulización cubrirá todos los gastos administrativos soportados por la AEVM por sus actividades de inscripción y supervisión, y será proporcionado al volumen de negocios del registro de titulización en cuestión.

3.  La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 22 sexies, actos delegados para completar/modificar el presente Reglamento especificando el tipo de tasas, los conceptos por los que serán exigibles, el importe de las tasas y las modalidades de pago.

Artículo 5 octodecies

Medidas de supervisión de la AEVM

1.  Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 decies, apartado 5, la AEVM considere que un registro de titulización ha cometido una de las infracciones enumeradas en el anexo I, adoptará una o varias de las siguientes decisiones:

a)  exigir al registro de titulización que ponga fin a la infracción;

b)  imponer multas de conformidad con el artículo 5 undecies;

c)  publicar avisos;

.

e)  exigir el cese temporal de toda práctica que sea contraria al presente Reglamento.

f)  adoptar toda las medidas necesarias para garantizar que un registro de titulización siga cumpliendo los requisitos legales del presente Reglamento;

g)  imponer una prohibición temporal a la aceptación de nuevas originadoras, patrocinadoras o SSPE o a la extensión de los servicios que ofrezca el registro de titulización, si estos pudieran comprometer la estabilidad o la exactitud de los datos;

h)  exigir el cese de una persona física de los órganos directivos de un registro de titulización;

d)  como medida de último recurso, revocar la inscripción del registro de titulización.

2.  Cuando adopte las decisiones a que se refiere el apartado 1, la AEVM tendrá en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción, que se evaluará sobre la base de los siguientes criterios:

a)  la duración y frecuencia de la infracción;

b)  si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias graves o sistémicas en los procedimientos de la empresa o en sus sistemas de gestión o controles internos;

c)  si la infracción ha provocado, facilitado o contribuido de cualquier otro modo a la comisión de un delito financiero;

d)   si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia.

3.  Sin dilaciones indebidas, la AEVM notificará cualquier decisión que adopte en virtud del apartado 1 al registro de titulización de que se trate y la comunicará a las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 15 y a la Comisión. Publicará tal decisión en su sitio web en los diez días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.

Cuando publique su decisión con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, la AEVM hará público también que el registro de titulización tiene derecho de recurso contra la decisión; en su caso, que ya se ha interpuesto tal recurso, precisando que el recurso no tiene efecto suspensivo, y que la Sala de Recurso de la AEVM está facultada para suspender la aplicación de la decisión recurrida de conformidad con el artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) n.° 1095/2010.

Artículo 5 novodecies

Prohibición de retitulización

Las exposiciones subyacentes utilizadas en una titulización no incluirán titulizaciones.

Capítulo 3

Titulización simple, transparente y normalizada

Artículo 6

Uso de la denominación «titulización simple, transparente y normalizada»

Las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE únicamente podrán utilizar la denominación «STS», o «simple, transparente y normalizada», o una denominación que remita directa o indirectamente a tales términos para su titulización si esta cumple todos los requisitos de la sección 1 o la sección 2 del presente Reglamento, ▌si lo han notificado a la AEVM de conformidad con el artículo 14, apartado 1, y si la titulización correspondiente se ha incluido en la lista mencionada en el artículo 14, apartado 4.

La originadora, la patrocinadora y el SSPE que participen en una titulización considerada STS estarán establecidos en la Unión, excepto si están establecidos en un tercer país para el cual la Comisión haya adoptado un acto delegado de conformidad con el artículo 22 septies.

Sección 1

Requisitos generales de una titulización STS

Artículo 7

Titulización simple, transparente y normalizada

1.  Con la excepción de los programas y operaciones ABCP, las titulizaciones que cumplan los requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del presente Reglamento se considerarán «STS».

1 bis.  Con la excepción de los programas y operaciones ABCP, las titulizaciones vendidas a inversores después del 1 de enero de 2011 y antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se considerarán STS desde el momento en que sean objeto de notificación a tenor de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, a condición de que:

a)  en el momento de la emisión cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8, apartados 1 a 5 y 7 a 9, y en el artículo 9, apartados 1 y 3;

b)  a partir de las notificaciones establecidas en el artículo 14, apartado 1, cumplan los requisitos previstos en el artículo 8, apartados 2 y 6, el artículo 9, apartados 2 y 4 a 8, y el artículo 10, apartados 1 a 4.

1 ter.  La AEVM adoptará, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 1095/2010, directrices y recomendaciones sobre la interpretación y la aplicación armonizadas de los requisitos establecidos en los artículos 8, 9 y 10.

Artículo 8

Requisito relativo a la simplicidad

1.  Las exposiciones subyacentes serán adquiridas por un SSPE mediante venta o cesión de manera oponible frente al vendedor o a cualquier otro tercero, incluso en el caso de insolvencia del vendedor. La transferencia de las exposiciones subyacentes al SSPE no estará sujeta a ninguna disposición estricta de devolución en caso de insolvencia del vendedor. En caso de que la transferencia de las exposiciones subyacentes se realice mediante cesión y se perfeccione en una etapa posterior al cierre de la operación, los desencadenantes de dicho perfeccionamiento incluirán, como mínimo, los siguientes eventos:

a)  grave deterioro de la calidad crediticia del vendedor;

b)  impago o insolvencia del vendedor; e

c)  incumplimientos no reparados de las obligaciones contractuales por parte del vendedor.

2.  El vendedor deberá proporcionar declaraciones y garantías de que, según su leal saber y entender, las exposiciones subyacentes incluidas en la titulización están libres de cargas y no se encuentran en ninguna otra situación de la que quepa esperar que incida de forma negativa en la ejecución de la venta o cesión.

3.  Las exposiciones subyacentes transferidas del vendedor al SSPE cumplirán criterios de admisibilidad predeterminados y claramente definidos que no permitan una gestión de cartera activa de dichas exposiciones de forma discrecional.

4.  La titulización estará respaldada por un conjunto de exposiciones subyacentes que sean homogéneas. Las exposiciones subyacentes agrupadas en un conjunto se considerarán homogéneas cuando pertenezcan al mismo tipo de activo y sus características contractuales, su riesgo de crédito, su pago anticipado y otras que determinan los flujos de efectivo vinculados a esos activos sean lo suficientemente similares. Se entenderá que constituyen activos del mismo tipo los conjuntos de préstamos sobre inmuebles residenciales, los conjuntos de préstamos a empresas, los préstamos sobre inmuebles comerciales, los arrendamientos y líneas de crédito de la misma categoría, los conjuntos de préstamos para la compra y el arrendamiento de automóviles y los conjuntos de líneas de crédito a particulares para fines de consumo personal, familiar o doméstico. Las exposiciones subyacentes constituirán obligaciones contractualmente vinculantes y exigibles con pleno recurso frente a los deudores, con flujos de pago periódicos, cuyos plazos pueden ser de diferentes importes, definidos en relación con el alquiler, el capital principal, los pagos de intereses o en relación con cualquier otro derecho a recibir ingresos procedentes de los activos que garanticen tales pagos. Las exposiciones subyacentes no incluirán valores negociables , tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE.

5.  Las exposiciones subyacentes no incluirán titulizaciones.

6.  Las exposiciones subyacentes se deberán originar durante el ejercicio normal de la actividad de la originadora o el prestamista original, de conformidad con normas de suscripción que no sean menos rigurosas que las que aplique la originadora o el prestamista original a la originación de exposiciones similares que no se titulicen, y serán comparables en cuanto a contenido económico y clases de acreedores a las exposiciones originadas en el curso ordinario de la actividad de la originadora o el prestamista original que no estén titulizadas. Los cambios significativos en las normas de suscripción deberán comunicarse plenamente a los posibles inversores. En el caso de titulizaciones en las que las exposiciones subyacentes sean préstamos sobre inmuebles residenciales, el conjunto de préstamos no incluirá ningún préstamo que se haya comercializado y suscrito sobre la premisa de que el solicitante del préstamo o, en su caso, los intermediarios han sido informados de la posibilidad de que la información facilitada no sea verificada por el prestamista. La evaluación de la solvencia del prestatario deberá atenerse a los requisitos establecidos en el artículo 18, apartados 1 a 4, apartado 5, letra a), y apartado 6, de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el artículo 8 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o requisitos equivalentes en terceros países. La originadora o el prestamista original deberán tener experiencia en la originación de exposiciones similares a las titulizadas.

7.  En el momento de la selección, las exposiciones subyacentes que sean transferidas al SSPE sin demora indebida no incluirán exposiciones en situación de impago a tenor de lo previsto en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni exposiciones frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se haya deteriorado y que, en el momento de firmar el convenio de crédito, según el leal saber y entender de la originadora o el prestamista original:

a)  se haya declarado insolvente, haya acordado con sus acreedores la anulación o renegociación de la deuda, o cuyos acreedores hayan obtenido de un tribunal un derecho de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación;

b)  conste en un registro oficial de personas con un historial crediticio negativo;

c)  tenga una evaluación o puntuación crediticia que indique que el riesgo de que no se efectúen pagos acordados contractualmente es significativamente mayor que en el caso del deudor medio de ese tipo de préstamos en el país pertinente.

8.  En el momento de la transferencia de las exposiciones, los deudores o garantes deberán haber realizado al menos un pago, excepto en el caso de titulizaciones renovables respaldadas por ▌exposiciones pagaderas en una sola vez o que tengan un vencimiento inferior a un año, incluidos sin limitación los pagos mensuales de créditos renovables.

9.  El reembolso de los titulares de las posiciones de titulización no se habrá estructurado para depender, predominantemente, de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. Las exposiciones subyacentes que estén garantizadas por activos cuyo valor esté garantizado o totalmente mitigado por una obligación de recompra por parte del comprador de los activos que aseguren las exposiciones subyacentes o por otro tercero no dependen de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. Ello no impedirá que dichos activos se renueven o refinancien con posterioridad.

9 bis.  Las titulizaciones sintéticas de arbitraje no formarán parte de una titulización STS y no se considerarán STS en las que los activos no son transferidos a un SSPE mediante una operación de titulización de venta verdadera ni se mantienen en el balance de la originadora como es el caso en una operación de titulización sintética inscrita en el balance.

9 ter.  La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE y la AESPJ, elaborará normas de regulación que especifiquen:

a)  las características de las exposiciones subyacentes mencionadas en el apartado 4 del presente artículo y los criterios para determinar si estas características son lo suficientemente similares; y

b)  los otros tipos de activos considerados activos del mismo tipo a efectos del apartado 4 del presente artículo y del apartado 2 del artículo 12.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas de regulación a más tardar... [seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación mencionadas en el presente apartado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 9

Requisitos relativos a la normalización

1.  La originadora, la patrocinadora o el prestamista original deberán satisfacer el requisito de retención de riesgo de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento.

2.  Los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio derivados de la titulización deberán mitigarse, y las medidas adoptadas para ello se divulgarán. Las exposiciones subyacentes no incluirán derivados, salvo con fines de cobertura de los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés. Estos derivados deberán suscribirse y documentarse de conformidad con las normas usuales de las finanzas internacionales.

3.  Todos los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en el marco de los activos y pasivos de la titulización se basarán en tipos de interés utilizados normalmente en el mercado, y no recurrirán a fórmulas o derivados ▌.

4.  Cuando la titulización se haya establecido sin un período de renovación o el período de renovación haya terminado, y cuando se haya entregado una notificación de ejecución o de exigibilidad inmediata, no quedará retenido en el SSPE ningún importe sustancial de efectivo y los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmitirán a los inversores a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización. El reembolso de las posiciones de titulización no podrá invertirse atendiendo a su orden de prelación y en las operaciones que se caractericen por una prioridad no secuencial de los pagos se incluirán desencadenantes ligados al comportamiento, incluido como mínimo el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes por debajo de un umbral predeterminado. Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado.

5.  La documentación de la operación preverá los oportunos eventos de amortización anticipada o desencadenantes que implicarán la terminación del período de renovación, cuando la titulización se haya establecido con un período de renovación, incluidos, como mínimo, los siguientes:

a)  el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes hasta un umbral determinado de antemano o por debajo de este;

b)  la ocurrencia de un evento relacionado con la insolvencia que afecte a la originadora o al administrador;

c)  el descenso del valor de las exposiciones subyacentes mantenidas por el SSPE por debajo de un umbral predeterminado (evento de amortización anticipada);

d)  el hecho de que no se generen suficientes exposiciones subyacentes nuevas que tengan la necesaria calidad crediticia predeterminada (desencadenante de la terminación del período de renovación).

6.  La documentación de la operación deberá especificar claramente:

a)  las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales del administrador y su equipo de gestión, que deberán ser competentes en la administración de exposiciones subyacentes y, cuando proceda, del fideicomisario y otros proveedores de servicios accesorios;

b)  los procesos y responsabilidades necesarios para garantizar que el impago o la insolvencia del administrador no den lugar a la cesación de la administración, como una cláusula de sustitución contractual que permita la sustitución del administrador en caso de impago o insolvencia;

c)  en su caso, disposiciones que garanticen la sustitución de las contrapartes de derivados, los proveedores de liquidez y el banco de cuenta en caso de impago o insolvencia de los mismos y otros eventos definidos.

Las políticas, los procedimientos y los controles en materia de gestión de riesgos deberán estar bien documentados y se habrán implantado sistemas eficaces.

7.  La documentación de la operación contendrá, en términos claros y coherentes, definiciones, medidas correctivas y acciones en relación con el retraso en el pago y el impago de los deudores, la reestructuración de la deuda, la condonación de la deuda, la reestructuración y refinanciación, la suspensión del pago de las cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, las recuperaciones y otras medidas correctoras del comportamiento de los activos. Dicha documentación especificará claramente la prioridad de los pagos, los desencadenantes, los cambios en la prioridad de los pagos a raíz de eventos desencadenantes, así como la obligación de informar de dichos eventos. Los cambios en dichos términos y procesos pueden hacerse a condición de que dichos cambios no afecten materialmente de manera negativa al reembolso de las posiciones de titulización. Cualquier cambio en la prioridad de los pagos se notificará en el momento en que se produzca.

8.  La documentación de la operación contendrá disposiciones claras que faciliten la oportuna resolución de conflictos entre las diferentes clases de inversores, los derechos de voto estarán claramente definidos y asignados a los titulares de pagarés y las responsabilidades del fideicomisario y otras entidades con obligaciones fiduciarias con los inversores estarán claramente identificadas.

Artículo 10

Requisitos relativos a la transparencia

1.  La originadora y la patrocinadora ▌ deberán proporcionar a los inversores, antes de la inversión, acceso a los datos sobre el comportamiento histórico estático y dinámico en materia de impagos y pérdidas, tales como datos sobre retraso en el pago e impago, de exposiciones sustancialmente similares a las que se titulicen. Dichos datos deberán abarcar un período no inferior a siete años para las exposiciones no minoristas y a cinco años para las exposiciones minoristas. Deberán divulgarse los motivos por los que las exposiciones se juzguen similares.

2.  Antes de la emisión de los valores resultantes de la titulización, una muestra de las exposiciones subyacentes se someterá a verificación externa por un tercero independiente adecuado, que incluirá la verificación de la exactitud de los datos divulgados en relación con las exposiciones subyacentes, con un nivel de confianza del 95 %.

3.  La originadora o la patrocinadora proporcionarán a los inversores un modelo de flujos de efectivo de los pasivos claramente documentado, tanto antes de fijar el precio de la titulización como de forma continua, que represente con precisión la relación contractual entre las exposiciones subyacentes y los pagos que se efectúen entre la originadora, la patrocinadora, los inversores, otros terceros y la SSPE.

3 bis.  La originadora, la patrocinadora y el SSPE publicarán información sobre el carácter sostenible a largo plazo de la titulización para los inversores, utilizando criterios ambientales, sociales y de gobernanza para describir la forma en que la titulización ha contribuido a las inversiones en la economía real y el modo en que el prestamista original ha utilizado el capital liberado.

4.  La originadora y la patrocinadora ▌serán responsables de forma conjunta del cumplimiento del artículo 5 del presente Reglamento y de velar por que toda la información requerida en el artículo 5, apartado 1, letra a), se ponga a disposición de los posibles inversores antes de la fijación del precio. La originadora y la patrocinadora serán responsables de velar por que la información requerida en el artículo 5, apartado 1, letras b) a e), se ponga a disposición antes de la fijación del precio, al menos, en versión proyecto o preliminar, si así lo permite el artículo 3 de la Directiva 2003/71/CE. Además, la originadora y la patrocinadora ▌serán responsables de velar por que la documentación definitiva se ponga a disposición de los inversores a más tardar quince días después del cierre de la operación.

Sección 2

Requisitos de las titulizaciones ABCP

Artículo 11

Titulizaciones ABCP simples, transparentes y normalizadas

Una operación ABCP se considerará STS cuando ▌cumpla los requisitos aplicables al nivel de la operación previstos en el artículo 12. Un programa ABCP se considerará STS cuando cumpla los requisitos del artículo 13.

Artículo 12

Requisitos aplicables al nivel de la operación

1.  Cada operación de un programa ABCP deberá cumplir los requisitos del presente artículo para considerarse STS. A los efectos de la presente sección, se considerará que los términos «originadora» y «prestamista original» mencionados en el artículo 8, apartado 7, designan al vendedor.

1 bis.  El reembolso de los titulares de las posiciones de titulización no dependerá de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. Este requisito no se aplicará a los activos cuyo valor esté garantizado o totalmente mitigado por un acuerdo efectivo por parte del comprador u otro tercero de recomprar o refinanciar el activo asegurando la exposición subyacente en una cantidad fija ni impedirá que dichos activos se renueven o refinancien con posterioridad.

2.  Las operaciones de un programa ABCP estarán respaldadas por un conjunto de exposiciones subyacentes que sean homogéneas en términos de tipo de activo y tengan un período de vida residual medio ponderado de un máximo de un año, sin que ninguna de ellas tenga un vencimiento residual de más de tres años, excepto para los conjuntos de préstamos para la compra o el alquiler de automóviles y las operaciones de arrendamiento financiero de bienes de equipo que tengan un período de vida residual medio ponderado de un máximo de cuatro años y medio, sin que ninguna de ellas tenga un vencimiento residual de más de seis años. Las exposiciones subyacentes no incluirán préstamos garantizados por hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales ni préstamos sobre inmuebles residenciales garantizados plenamente contemplados en el artículo 129, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) nº 575/2013. Las exposiciones subyacentes comprenderán obligaciones contractualmente vinculantes y exigibles con pleno recurso frente a los deudores, con flujos de pago definidos en relación con el alquiler, el capital principal, los intereses o en relación con cualquier otro derecho a recibir ingresos procedentes de los activos que garanticen tales pagos. Las exposiciones subyacentes no incluirán valores negociables , tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE.

3.  Todos los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en el marco de los activos y pasivos de la operación de titulización se basarán en tipos de interés utilizados normalmente en el mercado, sin recurrir a fórmulas o derivados complejos.

4.  A raíz del impago del vendedor o de un evento de exigibilidad inmediata, no quedará retenido en el SSPE ningún importe sustancial de efectivo y los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmitirán a los inversores que tengan una posición de titulización a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización. Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado.

5.  Las exposiciones subyacentes se deberán originar durante el ejercicio normal de la actividad del vendedor de conformidad con normas de suscripción que no sean menos rigurosas que las que aplique el vendedor a la originación de exposiciones similares que no se titulicen. Los cambios significativos en las normas de suscripción deberán comunicarse plenamente a los posibles inversores. En el caso de titulizaciones en las que las exposiciones subyacentes sean préstamos sobre inmuebles residenciales, el conjunto de préstamos no incluirá ningún préstamo que se haya comercializado y suscrito sobre la premisa de que el solicitante del préstamo o, en su caso, los intermediarios han sido informados de la posibilidad de que la información facilitada no sea verificada por el prestamista. El vendedor deberá tener experiencia en la originación de exposiciones de naturaleza similar a la de las titulizadas.

6.  La documentación de la operación preverá desencadenantes que implicarán la terminación del período de renovación, incluidos, como mínimo, los siguientes:

a)  el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes hasta un umbral determinado de antemano o por debajo de este;

b)  la ocurrencia de un evento relacionado con la insolvencia que afecte al vendedor o al administrador;

c)  el hecho de que no se generen suficientes exposiciones subyacentes nuevas que tengan la necesaria calidad crediticia predeterminada.

7.  La documentación de la operación deberá especificar claramente:

a)  las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora, el administrador y su equipo de gestión, que deberán ser competentes en la administración de las exposiciones subyacentes y, cuando proceda, del fideicomisario y otros proveedores de servicios accesorios;

b)  los procesos y responsabilidades necesarios para garantizar que el impago o la insolvencia del administrador no den lugar a la cesación de la administración;

c)  en su caso, disposiciones que garanticen la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de cuenta en caso de impago o insolvencia de los mismos u otros eventos definidos.

Las políticas, los procedimientos y los controles en materia de gestión de riesgos deberán estar bien documentados y se habrán implantado sistemas eficaces.

Artículo 12 bis

Cometido de una patrocinadora de un programa ABCP

1.  La patrocinadora del programa ABCP será una entidad de crédito supervisada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE o un fondo regulado o un gestor de activos.

2.  La patrocinadora de un programa ABCP será un proveedor de línea de liquidez que respalde todas las posiciones de titulización en el nivel del programa ABCP y cubra todos los riesgos de liquidez y crédito y cualquier riesgo significativo de dilución de las exposiciones titulizadas, además de cualesquiera otros costes de la operación y del programa en su conjunto con dicho apoyo. La patrocinadora difundirá una descripción del apoyo proporcionado en el nivel de la operación a los inversores, con inclusión de una descripción de las líneas de liquidez proporcionadas.

3.  Para poder patrocinar un programa ABCP STS, la entidad de crédito deberá demostrar a su supervisor en una prueba de resistencia que su cometido con arreglo al apartado 2 no compromete su estabilidad financiera, ni siquiera en una situación de tensión extrema en el mercado en la que se interrumpa la financiación a corto plazo para todos los programas ABCP para los que desempeñe dicho cometido. A tal efecto, la patrocinadora suministrará periódicamente a su supervisor información específica sobre sus obligaciones en materia de riesgo de liquidez acumulado y la forma en que sus reservas de liquidez podrían permitirle asumir dichas obligaciones.

4.  La patrocinadora de un programa ABCP verificará antes de verse expuesta a una operación ABCP que el vendedor concede todos sus créditos basándose en criterios sólidos y bien definidos y procesos claramente establecidos para la aprobación, modificación, renovación y financiación de dichos créditos y que cuenta con sistemas efectivos para la aplicación de esos criterios y procesos. La patrocinadora llevará a cabo su propio proceso de diligencia debida de conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento y se cerciorará de la solidez de las normas de suscripción, la capacidad de administración y los procesos de cobro del vendedor, los cuales deberán cumplir los requisitos especificados en el artículo 259, apartado 3, letras i) a m), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o requisitos equivalentes en terceros países. Las políticas, los procedimientos y los controles en materia de gestión de riesgos deberán estar bien documentados y se habrán implantado sistemas eficaces.

5.  La acreedora o emisora original, en el nivel de la operación, o la patrocinadora, en el nivel del programa ABCP, deberán satisfacer el requisito de retención de riesgo de conformidad con el artículo 4.

6.  El artículo 5 se aplicará a todos los programas ABCP. La patrocinadora del programa ABCP será responsable del cumplimiento del artículo 5 y:

a)  pondrá a disposición de los inversores toda la información agregada que requiere el artículo 5, apartado 1, letra a), información que se actualizará trimestralmente; y

b)  pondrá a disposición la información que requiere el artículo 5, apartado 1, letras b) a e) del presente Reglamento.

7.  Si la patrocinadora no renueva el compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento, se utilizará dicha línea de liquidez y se reembolsarán los valores que lleguen a su vencimiento.

Artículo 13

Requisitos aplicables al nivel del programa

1.  Todas las operaciones de un programa ABCP deberán cumplir los requisitos del artículo 12 ▌. Con la excepción del artículo 12, apartado 2, las operaciones únicas que equivalgan como máximo al 5 % del importe agregado de las exposiciones subyacentes a un programa ABCP podrán incumplir temporalmente los requisitos del artículo 12 sin que eso afecte a la condición de STS del programa.

2.  La originadora, la patrocinadora o el prestamista original deberán satisfacer el requisito de retención de riesgo de conformidad con el artículo 4 ▌.

3.   ▌La mejora crediticia no establecerá un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa.

4.  La patrocinadora del programa ABCP será una entidad de crédito supervisada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE. La patrocinadora deberá ser un proveedor de línea de liquidez, respaldará todas las posiciones de titulización al nivel de cada operación dentro del programa ABCP y cubrirá todos los riesgos de liquidez y crédito y cualquier riesgo significativo de dilución de las exposiciones titulizadas, además de cualesquiera otros costes de la operación y del programa en su conjunto.

5.  Las titulizaciones emitidas por un programa ABCP que incluyan opciones de compra, cláusulas de prórroga u otras cláusulas, a discreción de la originadora, patrocinadora o SSPE y que afecten a su vencimiento final no se considerarán STS.

6.  Los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio existentes al nivel del programa ABCP deberán mitigarse, y las medidas adoptadas para ello se divulgarán. Los derivados se utilizarán exclusivamente al nivel del programa con fines de cobertura de los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés. Estos derivados deberán documentarse de conformidad con las normas usuales de las finanzas internacionales.

7.  La documentación relativa al programa deberá especificar claramente:

a)  las responsabilidades del fideicomisario y otras entidades con obligaciones fiduciarias, si las hubiere, con los inversores;

▌ c)  las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora y su equipo de gestión, que deberán ser competentes en la suscripción de créditos, del fideicomisario, si los hubiere, y otros proveedores de servicios accesorios;

▌ e)  disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de cuenta al nivel del programa ABCP en caso de impago o insolvencia de los mismos y otros eventos definidos, si la línea de liquidez no cubre dichos eventos;

f)  el hecho de que, de producirse determinados eventos o en caso de insolvencia o impago de la patrocinadora, se preverán medidas correctivas para lograr, cuando proceda, la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales o la sustitución del proveedor de la línea de liquidez. Si el proveedor de la línea de liquidez no renueva el compromiso de financiación en los treinta días siguientes a su expiración, se utilizará la línea de liquidez, se reembolsarán los valores que lleguen a vencimiento y cesarán las operaciones de compra de exposiciones. al tiempo que se amortizarán las exposiciones subyacentes existentes.

Las políticas, los procedimientos y los controles en materia de gestión de riesgos deberán estar bien documentados y se habrán implantado sistemas eficaces.

8.  La originadora y la patrocinadora ▌serán responsables de forma conjunta e individual del cumplimiento del artículo 5 del presente Reglamento al nivel del programa ABCP y velarán por que toda la información requerida en el artículo 5, apartado 1, letra a), se ponga a disposición de los posibles inversores antes de la fijación del precio.

a)  toda la información agregada que requiere el artículo 5, apartado 1, letra a);

b)  la información requerida en las letras b) a e) del artículo 5, apartado 1.

8 bis.  El folleto o, en aquellos casos en que no se haya publicado un folleto, la documentación relativa al programa, indicarán si se han satisfecho, y de qué forma, los criterios STS a que se refieren los artículos 11 a 13.

Artículo 14

Notificación STS y diligencia debida

1.  Las originadoras y patrocinadoras ▌notificarán de forma conjunta a la AEVM, mediante la plantilla a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, que la titulización cumple los requisitos de los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 del presente Reglamento («notificación STS»). Si un programa ABCP tiene múltiples originadoras, cada originadora notificará a la AEVM solo con respecto a los requisitos establecidos en el artículo 12 para su propia operación. La AEVM publicará la notificación STS en su sitio web oficial de conformidad con el apartado 4. Asimismo, informarán a su autoridad competente. La originadora, la patrocinadora y el SSPE de una titulización designarán entre ellos una entidad que actuará como primer punto de contacto para los inversores y las autoridades competentes. Cuando la originadora y la patrocinadora no hayan acordado entre sí qué entidad satisfará los requisitos previstos en el presente artículo, dicha responsabilidad incumbirá a la originadora.

1 bis.  La originadora, la patrocinadora o el SSPE podrán utilizar el servicio de un tercero para comprobar si una titulización cumple con los criterios STS. Sin embargo, dicho asesoramiento por un tercero no afectará a la responsabilidad de la originadora, la patrocinadora o el SSPE por cuanto respecta a sus obligaciones legales en virtud del presente Reglamento.

Cuando la originadora, la patrocinadora o el SSPE hagan uso de los servicios de un tercero para evaluar si una titulación cumple con los artículos 7 a 10 o con los artículos de 11 a 13, la notificación STS incluirá una declaración de que un tercero ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS. Dicha notificación incluirá también el nombre del tercero y su lugar de establecimiento.

2.  En el supuesto de que la originadora o el prestamista original no sean una entidad de crédito o una empresa de inversión, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo irá acompañada de lo siguiente:

a)  la confirmación por la originadora o el prestamista original de que su actividad de concesión de créditos se realiza de acuerdo con criterios sólidos y bien definidos y procesos claramente establecidos para la aprobación, modificación, renovación y financiación de créditos, y de que la originadora o el prestamista original disponen de sistemas eficaces para aplicar tales procesos;

b)  una declaración en la que se indique si los elementos mencionados en la letra a) están sujetos a supervisión.

3.  Cuando una titulización deje de cumplir los requisitos de los artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 ▌, la originadora, la patrocinadora o el SSPE lo notificarán de inmediato a la AEVM y a su autoridad competente.

4.  La AEVM publicará de inmediato en una sección dedicada a tal fin de su sitio web oficial una lista de todas las titulizaciones con respecto a las cuales las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE hayan notificado que cumplen los requisitos de los artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 ▌. La AEVM actualizará la lista cuando las titulizaciones dejen de considerarse STS, a raíz de una decisión de las autoridades competentes o una notificación de la originadora, la patrocinadora o el SSPE. En caso de que la autoridad competente haya impuesto sanciones administrativas o medidas correctivas de conformidad con el artículo 17, lo notificará de inmediato a la AEVM. La AEVM indicará de inmediato en la lista que una autoridad competente ha impuesto sanciones administrativas o medidas correctivas en relación con la titulización de que se trate.

5.  La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la información que deberán proporcionar la originadora, la patrocinadora y el SSPE para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el apartado 1, y proporcionarán el formato de tal información a través de plantillas normalizadas.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas reglamentarias a más tardar... [doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

▌.La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Capítulo 4

Supervisión

Artículo 15

Designación de las autoridades competentes

1.  El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento estará garantizado por las siguientes autoridades competentes, de conformidad con las potestades que les confieren los actos jurídicos pertinentes:

a)  en lo que respecta a las empresas de seguros y reaseguros, la autoridad competente designada con arreglo al artículo 13, apartado 10, de la Directiva 2009/138/CE;

b)  en lo que respecta a los gestores de fondos de inversión alternativos, la autoridad competente responsable designada con arreglo al artículo 44 de la Directiva 2011/61/UE;

c)  en lo que respecta a los OICVM y las sociedades de gestión de OICVM, la autoridad competente designada con arreglo al artículo 97 de la Directiva 2009/65/CE;

d)  en lo que respecta a los fondos de pensiones de empleo, la autoridad competente designada con arreglo al artículo 6, letra g), de la Directiva 2003/41/CE;

e)  en lo que respecta a las entidades de crédito o empresas de inversión, la autoridad competente designada con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2013/36/UE, incluido el BCE, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo.

2.  Las autoridades competentes responsables de la supervisión de las patrocinadoras con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2013/36/UE, entre ellas, el BCE, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, garantizarán que las patrocinadoras cumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 del presente Reglamento.

3.  Cuando las originadoras, los prestamistas originales y los SSPE sean entidades supervisadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE, el Reglamento (UE) nº 1024/2013, la Directiva 2009/138/CE, la Directiva 2003/41/CE, la Directiva 2011/61/UE o la Directiva 2009/65/CE, las autoridades competentes designadas conforme a dichos actos, entre ellas, el BCE, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, velarán por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 5 del presente Reglamento.

4.  En relación con las entidades no cubiertas por los actos legislativos de la Unión a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los artículos 4 a 5 del presente Reglamento. Los Estados miembros informarán a la Comisión, la AEVM, la ABE, la AESPJ y las autoridades competentes de los demás Estados miembros de las autoridades competentes designadas con arreglo al presente apartado. Esta obligación no se aplicará respecto a las sociedades no financieras que vendan exposiciones en el marco de un programa ABCP u otra operación o mecanismo de titulización.

4 bis.  La AEVM supervisará y velará, junto con las autoridades nacionales competentes responsables de la supervisión de los mercados de valores, por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 6 a 14.

5.  La AEVM publicará y mantendrá actualizada en su página web una lista de las autoridades competentes a que se refiere el presente artículo.

Artículo 16

Facultades de las autoridades competentes

1.  Cada Estado miembro velará por que la autoridad competente, designada de conformidad con el artículo 15, apartados 2 a 4 bis, tenga las facultades de supervisión, investigación y sanción necesarias para desempeñar su cometido con arreglo al presente Reglamento.

2.  La autoridad competente,designada con arreglo al artículo 15, apartados 2 a 4 bis, revisará periódicamente los sistemas, procesos y mecanismos implementados por las originadoras, patrocinadoras, SSPE y prestamistas originales a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento.

2 bis.  La autoridad competente vigilará, incluso mediante controles periódicos in situ, las nuevas emisiones, especialmente de titulizaciones en las que el mercado tenga poca experiencia, a fin de detectar los incumplimientos a que se refiere el artículo 17, apartado 1, o características para las cuales no existe una aparente justificación que no sea eludir las disposiciones del presente Reglamento.

3.  Las autoridades competentes exigirán que los riesgos derivados de operaciones de titulización, incluidos los de reputación, se evalúen y gestionen mediante políticas y procedimientos adecuados de las originadoras, patrocinadoras, SSPE y prestamistas originales.

3 bis.  La autoridad competente realizará un seguimiento, según proceda, de los efectos concretos de la participación en el mercado de titulización en la estabilidad de la entidad financiera que opera como prestamista original, originadora, patrocinadora o inversora en el marco de su supervisión prudencial en el ámbito de la titulización, teniendo en cuenta, sin perjuicio de una regulación sectorial más estricta:

a)  el volumen de las reservas de capital a fin de atenuar el carácter procíclico de los mercados de titulización;

b)  el volumen de las reservas de liquidez para contrarrestar una potencial concentración de apoyo a los programas ABCP por las entidades de crédito;

c)  el riesgo de liquidez para los inversores debido a gran asimetría en los vencimientos entre su financiación y sus inversiones.

En el caso de que la autoridad competente identifique un riesgo para la estabilidad financiera de una entidad financiera o para el sistema financiero en su conjunto, independientemente de sus obligaciones con arreglo al artículo 21 tomará medidas para mitigar estos riesgos, comunicará sus constataciones a la autoridad competente para los instrumentos macroprudenciales con arreglo al Reglamento (UE) n.° 575/2013 y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, e informará de ello a la Comisión y al Parlamento Europeo.

3 ter.  La autoridad competente, junto con la AEVM, realizará un seguimiento de cualquier posible elusión de las obligaciones previstas en el artículo 4, apartado 1 bis, del presente Reglamento por medio de una estructuración o una comercialización de las titulizaciones dirigidas específicamente a situarlas fuera del ámbito de aplicación de dichas obligaciones. La autoridad competente realizará un seguimiento e informará a la AEVM y esta evaluará la información presentada por la autoridad competente y notificará a la Comisión, al Parlamento y al Consejo cualquier cambio importante en la evolución de las prácticas del mercado a este respecto.

Artículo 16 bis

Supervisión macroprudencial del mercado de titulizaciones

1.  En el marco de sus respectivas competencias, y atendiendo a la especificidad de los segmentos del mercado y de las clases de activos, la Junta Europea de Riesgo Sistémico asumirá la supervisión microprudencial del mercado de titulizaciones de la Unión, y la ABE, la supervisión microprudencial.

2.  Tras la publicación del informe bienal sobre el mercado de titulizaciones a que se refiere el artículo 29, y a fin de reflejar los cambios en las condiciones del mercado, prevenir el desarrollo de burbujas de activos en distintos segmentos del mercado o clases de activos, y evitar el cierre de partes del mercado de titulizaciones de la Unión en tiempos de crisis, la ABE, en estrecha cooperación con la JERS, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de dicho informe, y posteriormente cada dos años, con el fin de especificar:

a)  el nivel de la tasa de retención a la que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, dentro de un margen máximo comprendido entre el 5% y el 20%, aplicable a las modalidades de retención enumeradas en el artículo 4, apartado 2, teniendo en cuenta las especificidades de los segmentos del mercado;

b)  en qué medida son aplicables las garantías a los activos titulizados;

c)  si la originadora ha retenido las exposiciones en su balance durante parte del vencimiento original, cuando se fijó la tasa de retención exigida;

d)  si las tasas de retención exigidas se elevarán hasta el nivel máximo del 20 % o se motiva por qué deben ajustarse a la baja, teniendo en cuenta las especificidades de los segmentos del mercado; y

e)  si las garantías son aplicables a los activos titulizados.

Estos proyectos de normas técnicas de regulación se elaborarán a más tardar... [dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] o, si procede, dos años a partir del momento en que los proyectos de normas técnicas de regulación se desarrollen de conformidad con el presente apartado. El ajuste de la tasa de retención incluida en el proyecto de normas técnicas de regulación entrará en vigor para las titulaciones que no se hayan notificado al BCE de conformidad con los artículos 243 y 244 del Reglamento (UE) n.° 575/2013 antes de que entren en vigor dichas normas técnicas de regulación.

La ABE presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar... [dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

3.  Tras la publicación del informe a que se refiere el artículo 29 del presente Reglamento, la JERS formulará recomendaciones a los Estados miembros especificando si es necesario reevaluar las medidas relativas a los prestatarios, incluido el ajuste de las relaciones máximas préstamo-valor, préstamo-renta o servicio de la deuda-renta para los activos por titulizar.

4.  Cuando se presente un proyecto de normas técnicas de regulación de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, la Comisión también considerará si, de conformidad con el artículo 270 septies del Reglamento (UE) n.° 575/2013, son necesarias modificaciones de los niveles mínimos de riesgo para las titulizaciones previstas en los artículos 259, 260, 261, 263 y 264 del Reglamento (UE) n.° 575/2013, y adoptará actos delegados en consecuencia, si procede.

Artículo 17

Sanciones administrativas y medidas correctivas

1.  Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a prever e imponer sanciones penales en virtud del artículo 19 del presente Reglamento, los Estados miembros establecerán normas que prevean sanciones administrativas y medidas correctivas apropiadas aplicables en caso de que:

a)  una originadora, una patrocinadora o un prestamista original no cumpla los requisitos del artículo 4;

b)  una originadora, una patrocinadora y un SSPE no cumplan los requisitos del artículo 5;

c)  una titulización se denomine STS y una originadora, una patrocinadora y una SSPE de dicha titulización no cumplan los requisitos de los artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 ▌;

c bis)  una originadora o una patrocinadora utilice la denominación STS para su titulización incumpliendo el artículo 6 del presente Reglamento, si esta no cumple todos los requisitos de los artículos 7 al 10 o de los artículos 11 al 13 del presente Reglamento;

c ter)  una originadora o patrocinadora realiza una notificación engañosa de acuerdo con el artículo 14, apartado 1, del presente Reglamento.

Asimismo, los Estados miembros velarán por que las sanciones administrativas o medidas correctivas se apliquen de manera efectiva.

2.  Dichas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, y comportarán, como mínimo, lo siguiente:

a)  una declaración pública que indique la identidad de la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 22;

b)  un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;

c)  la imposición a cualquiera de los miembros del órgano de dirección de la originadora, la patrocinadora o el SSPE, o cualquier otra persona física que se considere responsable, de una prohibición temporal de ejercer funciones directivas en tales empresas;

d)  en el caso de la infracción a que se refiere el apartado 1, letra c), del presente artículo, la imposición a la originadora, la patrocinadora y el SSPE de una prohibición temporal de notificar ellos mismos que una titulización cumple los requisitos establecidos en los artículos 7 a 10 o en los artículos 11 a 13 del presente Reglamento;

e)  en el caso de una persona física, multas administrativas de un importe máximo no inferior a 5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a fecha de... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

f)  o, cuando se trate de una persona jurídica, las multas administrativas máximas a que se refiere la letra e) o multas de hasta un 10 % del volumen de negocios total anual de la persona jurídica de acuerdo con las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; cuando la persona jurídica sea una empresa matriz o una filial de la empresa matriz que tenga que elaborar cuentas financieras consolidadas de conformidad con la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual, o el tipo de ingreso correspondiente con arreglo a los actos legislativos contables pertinentes, que conste en las últimas cuentas consolidadas disponibles aprobadas por el órgano de dirección de la empresa matriz última;

g)  multas administrativas de un importe máximo no inferior a tres veces el importe del beneficio derivado de la infracción, cuando pueda determinarse ese beneficio, aun cuando tal importe supere los importes máximos de las letras e) y f).

g bis)  multas administrativas de un importe mínimo no inferior al importe del beneficio derivado de la infracción, cuando pueda determinarse ese beneficio, aun cuando tal importe supere los importes máximos mencionados en las letras e) y f) del presente apartado.

3.  Cuando las disposiciones a que se refiere el apartado 1 se apliquen a personas jurídicas, los Estados miembros garantizarán también que las autoridades competentes apliquen las sanciones administrativas y medidas correctivas establecidas en el apartado 2 a los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas que, conforme a la legislación nacional, sean responsables de la infracción.

4.  Los Estados miembros velarán por que cualquier decisión de imponer sanciones administrativas o medidas correctivas con arreglo al apartado 2 esté debidamente motivada y pueda ser objeto de recurso ante un órgano jurisdiccional.

Artículo 18

Ejercicio de la facultad de imponer sanciones administrativas y medidas correctivas

1.  Las autoridades competentes ejercerán las facultades de imponer sanciones administrativas y medidas correctivas a que se refiere el artículo 17 del presente Reglamento de conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales:

a)  directamente;

b)  en colaboración con otras autoridades;

c)  recurriendo a las autoridades judiciales competentes.

2.  Al determinar el tipo y el nivel de una sanción administrativa o medida correctiva impuesta de conformidad con el artículo 17 del presente Reglamento, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluida la medida en que la infracción es intencionada o fruto de un error factual y, cuando proceda:

a)  la importancia, la gravedad y la duración de la infracción;

b)  el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la infracción y si se obtuvo de una tercera parte asesoramiento para garantizar el cumplimiento de las condiciones STS;

c)  la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada, en particular, en el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable o en los ingresos anuales y los activos netos de la persona física responsable;

d)  la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse;

e)  las pérdidas causadas a terceros por la infracción, en la medida en que puedan determinarse;

f)  el grado de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la autoridad competente, sin perjuicio de la obligación de que dicha persona restituya las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas;

g)  las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable.

Artículo 19

Establecimiento de sanciones penales

1.  Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas que prevean sanciones administrativas o medidas correctivas para las infracciones que estén sujetas a sanciones penales con arreglo a su legislación nacional.

2.  Cuando los Estados miembros, con arreglo al apartado 1, hayan optado por establecer sanciones penales por la infracción a que se refiere el artículo 17, apartado 1, del presente Reglamento, velarán por que se adopten las medidas oportunas para que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades necesarias para ponerse en contacto con las autoridades judiciales o las responsables de la fiscalía o la justicia penal dentro de su país, para recibir información específica relacionada con las investigaciones o procedimientos penales iniciados por las infracciones contempladas en el artículo 17, apartado 1, y para ofrecer esa misma información a otras autoridades competentes y a la AEVM, la ABE y la AESPJ, a fin de cumplir con su obligación de cooperación a efectos del presente Reglamento.

Artículo 20

Obligaciones de notificación

Los Estados miembros notificarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo, incluidas cualesquiera disposiciones de Derecho penal, a la Comisión, la AEVM, la ABE y la AESPJ a más tardar [un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. Los Estados miembros notificarán sin demora injustificada cualquier modificación ulterior de dichas disposiciones a la Comisión, la AEVM, la ABE y la AESPJ.

Artículo 21

Cooperación entre las autoridades competentes y las Autoridades Europeas de Supervisión

1.  Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 15 del presente Reglamento y la AEVM, la ABE y la AESPJ cooperarán estrechamente entre sí e intercambiarán información para el desempeño de sus funciones de conformidad con los artículos 16 a 19, en particular para detectar y subsanar las infracciones del presente Reglamento.

1 bis.  Se establecerá un comité específico de titulizaciones en el marco del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, en el cual las autoridades competentes cooperarán estrechamente, con el fin de desempeñar sus competidos de conformidad con los artículos 16 a 19 del presente Reglamento.

2.  Las autoridades competentes podrán también cooperar con las autoridades competentes de terceros países en relación con el ejercicio de sus facultades sancionadoras y para facilitar la recaudación de sanciones pecuniarias.

3.  Cuando una autoridad competente detecte una infracción del presente Reglamento o tenga motivos para creer que se ha cometido, informará a la autoridad ▌competente de la originadora, la patrocinadora, el prestamista original, el SSPE o el inversor de sus constataciones de forma suficientemente detallada. Las autoridades competentes implicadas coordinarán estrechamente su supervisión para velar por que se adopten decisiones coherentes y la autoridad competente que detecte el incumplimiento lo notificarán inmediatamente a la AEVM.

4.  Si la infracción a que se refiere el apartado 3 consiste, en particular, en una notificación incorrecta o engañosa de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del presente Reglamento, la autoridad competente que detecte dicha infracción informará también sin demora a la AEVM, la ABE y la AESPJ de sus constataciones.

5.  Al recibir la información a que se refiere el apartado 3, la autoridad competente adoptará las medidas necesarias para hacer frente a la infracción identificada y notificar al resto de las autoridades competentes afectadas, en particular las de la originadora, la patrocinadora y el SSPE, y las autoridades competentes del titular de la posición de titulización, cuando este se conozca. En caso de desacuerdo entre las autoridades competentes, el asunto se remitirá a la AEVM y se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 19 y, en su caso, el artículo 20 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

6.  La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de especificar la obligación general de cooperación y la información que se intercambiará de conformidad con el apartado 1, así como las obligaciones de notificación establecidas en los apartados 3 y 4.

La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE y la AESPJ, presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión el [doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

▌La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 22

Publicación de las sanciones administrativas y medidas correctivas

1.  Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes publiquen sin demora injustificada en sus sitios web oficiales cualquier decisión de imponer una sanción administrativa o medida correctiva por infracción de los artículos 4 o 5 o del artículo 14, apartado 1, del presente Reglamento, una vez que se haya notificado al destinatario de la sanción o medida dicha decisión.

2.  La publicación a que se refiere el apartado 1 incluirá información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción, la identidad de las personas responsables y las sanciones o medidas impuestas.

3.  Si la autoridad competente estima que la publicación de la identidad, en el caso de personas jurídicas, o la identidad y los datos personales, en el caso de personas físicas, resulta desproporcionada a la luz de una evaluación de cada caso, o si la autoridad competente considera que la publicación pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes:

a)  aplacen la publicación de la decisión de imponer la sanción administrativa o medida correctiva hasta el momento en que no existan ya motivos para no publicarla; o

b)  publiquen la decisión de imponer la sanción administrativa o medida correctiva, omitiendo durante un período razonable, la identidad y los datos personales del destinatario, si se prevé que en esa plazo los motivos para la publicación anónima dejarán de existir, y siempre que dicha publicación anónima garantice una protección efectiva de los datos personales de que se trate; o

c)   no publiquen en modo alguno la decisión de imponer la sanción administrativa o medida correctiva en caso de que las opciones establecidas en las letras a) y b) se consideren insuficientes para garantizar:

i)  que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros;

ii)  la proporcionalidad de la publicación de esas decisiones frente a medidas que se consideran de menor importancia.

4.  Cuando se decida publicar una sanción o medida de forma anónima, la publicación de los datos pertinentes podrá aplazarse. Si una decisión de imponer una sanción administrativa o medida correctiva es objeto de recurso ante las autoridades judiciales pertinentes, las autoridades competentes añadirán también de forma inmediata en su sitio web oficial dicha información y cualquier información posterior sobre el resultado del recurso. Cualquier decisión judicial que anule una decisión de imponer una sanción administrativa o medida correctiva deberá también publicarse.

5.  Las autoridades competentes garantizarán que cualquier publicación contemplada en los apartados 1 a 4 permanezca en su sitio web oficial durante al menos cinco años tras su publicación. Los datos personales que figuren en la publicación solo se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente durante el tiempo que resulte necesario de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos.

6.  Las autoridades competentes informarán a la AEVM, la ABE y la AESPJ de todas las sanciones administrativas y medidas correctivas impuestas, así como, cuando proceda, de los recursos interpuestos en relación con las mismas y de sus resultados. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes reciban información y la resolución judicial definitiva en relación con las sanciones penales impuestas y transmitan dicha información a la AEVM, la ABE y la AESPJ.

7.  La AEVM, la ABE y la AESPJ mantendrán conjuntamente una base de datos central de las sanciones administrativas y medidas correctivas que se les comuniquen. Únicamente las autoridades competentes podrán acceder a esta base de datos, la cual deberá actualizarse a partir de la información proporcionada por las autoridades competentes de conformidad con el apartado 6.

Capítulo 4 bis

Requisitos aplicables a los registros de titulización

Artículo 22 bis

Requisitos generales

1.  Un registro de titulización:

a)  dispondrá de sólidos mecanismos de gobernanza, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados que impidan toda revelación de información confidencial;

b)  mantendrá y aplicará medidas administrativas y organizativas escritas eficaces a fin de detectar y gestionar los conflictos de intereses que pudieran surgir en relación con sus directivos, empleados o cualquier persona estrechamente vinculada a ellos, directa o indirectamente;

c)  adoptará estrategias y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento en su integridad, también por parte de sus directivos y empleados; y

d)  mantendrá y aplicará una estructura organizativa adecuada que garantice la continuidad y el correcto funcionamiento del registro de titulización en la prestación de sus servicios y la realización de sus actividades. Empleará sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados.

2.  En caso de que un registro de titulización ofrezca servicios accesorios como análisis, previsiones de mercado, estimaciones de la evolución económica, análisis de precios y otros análisis de datos generales, así como servicios de distribución conexos, el registro de titulización mantendrá esos servicios accesorios operativamente separados de la función del registro de titulización consistente en recopilar y conservar de forma centralizada los registros de información sobre titulización tal como se especifica en el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento.

3.  La alta dirección y los miembros del consejo de los registros de titulización deberán gozar de la honorabilidad y la experiencia suficientes para asegurar la gestión adecuada y prudente de los mismos.

4.  Los registros de titulización deberán aplicar requisitos de acceso públicos, objetivos y no discriminatorios para las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE sujetos a la obligación de transparencia establecida en el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento. Los registros de titulización garantizarán a los proveedores de servicios un acceso no discriminatorio a la información conservada por el registro de titulización, a condición de que las contrapartes correspondientes hayan dado su consentimiento. Solo se autorizarán restricciones de acceso cuando su objetivo sea controlar el riesgo para la información conservada por los registros de titulización.

5.  Los registros de titulización harán públicos los precios y comisiones correspondientes a los servicios prestados en el marco del presente Reglamento. Harán públicos los precios y comisiones de cada servicio por separado, incluidos los descuentos y minoraciones y las condiciones que deban cumplirse para acogerse a esas reducciones. Permitirán a las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE cumplir los requisitos de información para acceder por separado a los servicios específicos prestados. Los precios y comisiones que apliquen los registros de titulización deberán basarse en los costes.

6.  Los registros de titulización dispondrán de los procedimientos adecuados para garantizar la calidad de la información publicada.

7.  Con el fin de garantizar la aplicación coherente de los requisitos de transparencia y exactitud de la información, la AEVM desarrollará proyectos de normas de regulación que especifiquen los detalles de los procedimientos que deberá aplicar el registro de titulización para verificar la exhaustividad y corrección de la información presentada por las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE de conformidad con el artículo 5, apartado 2.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación mencionadas en el presente apartado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 22 ter

Fiabilidad operativa

1.  Los registros de titulización detectarán las fuentes de riesgo operativo y las reducirán al mínimo mediante el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos adecuados. Dichos sistemas serán fiables y seguros y tendrán capacidad adecuada para tratar la información recibida.

2.  Los registros de titulización establecerán, aplicarán y mantendrán una estrategia adecuada de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe destinada a garantizar el mantenimiento de sus funciones, la oportuna recuperación de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones de los registros de titulización. Este plan deberá prever como mínimo el establecimiento de dispositivos de reserva.

3.  El registro de titulización cuya inscripción haya sido revocada garantizará una sustitución ordenada, incluida la transferencia de datos a otro registro de titulización.

Artículo 22 quater

Salvaguarda y conservación de información

1.  Los registros de titulización garantizarán la confidencialidad, la integridad y la protección de la información que reciban de conformidad con el artículo 5, apartado 1.

2.  Los registros de titulización solamente podrán utilizar la información recibida en el marco del presente Reglamento con fines comerciales si la originadora, la patrocinadora o el SSPE han dado su consentimiento.

3.  Los registros de titulización consignarán rápidamente la información que reciban de conformidad con el artículo 5, apartado 1, y la conservarán al menos diez años tras la expiración de los contratos pertinentes. Utilizarán procedimientos de archivo rápidos y eficientes para documentar las modificaciones en la información conservada.

4.  Los registros de titulización autorizarán a la originadora, la patrocinadora o el SSPE a acceder a la información de dicho contrato y a corregirla sin dilación.

5.  Los registros de titulización tomarán todas las medidas razonables para evitar el uso inadecuado de la información conservada en sus sistemas.

La persona física que mantenga vínculos estrechos con un registro de titulización o la persona jurídica que tenga una relación de empresa matriz o de filial con un registro de titulización no utilizará con fines comerciales la información confidencial conservada en dicho registro.

Artículo 22 quinquies

Transparencia y disponibilidad de los datos

1.  Los registros de titulización publicarán, periódicamente y de forma fácilmente accesible, información sobre plantillas normalizadas que les sean notificadas, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento.

2.  Los registros de titulización recopilarán y conservarán los datos y velarán por que las entidades mencionadas en el apartado 3 tengan acceso directo e inmediato a la información a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letras a) y d), del presente Reglamento, para que puedan cumplir sus correspondientes responsabilidades y mandatos.

3.  Los registros de titulización notificarán los datos agregados con arreglo a una plantilla normalizada proporcionada por la AEVM. La AEVM publicará esa información de conformidad con el apartado 2 bis del artículo 5 del presente Reglamento.

4.  Los registros de titulización pondrán la información necesaria a disposición de las entidades de modo que puedan ejercer sus correspondientes responsabilidades y mandatos:

a)  la AEVM;

b)  la autoridad competente designada con arreglo al artículo 15 del presente Reglamento;

5.  la AEVM compartirá la información necesaria para el ejercicio de sus obligaciones con otras autoridades pertinentes de la Unión.

6.  La AEVM, en estrecha colaboración con la ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación, incluidas plantillas normalizadas, que especifiquen la información, y el formato de la misma, que deberán proporcionar la originadora, la patrocinadora y el SSPE para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el apartado 1 bis y con la letra d) del artículo 5 del presente Reglamento.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar [un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación mencionadas en el presente apartado de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 22 sexies

Ejercicio de delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 5 decies, apartado 7, el artículo 5 septdecies, apartado 3 y el artículo 22 septies , apartado 1, por un período de tiempo indefinido a partir de... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 5 decies, apartado 7, el artículo 5 septdecies, apartado 3 y el artículo 22 septies, apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a la AEVM.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5 decies, apartado 7, el artículo 5 septdecies, apartado 3 y el artículo 22 septies, apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo 4 ter (nuevo)

Régimen para los terceros países

Artículo 22 septies

Equivalencia y reconocimiento del marco reglamentario

1.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 22 sexies, para completar el presente Reglamento determinando que las disposiciones legales, de supervisión y de ejecución de un tercer país:

a)  son equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 7 a 10 para una titulización no ABCP y en los artículos 11 a 13 para una titulización ABCP, y a las facultades de supervisión y las sanciones establecidas en el capítulo 4; y

b)  se aplican y se hacen cumplir efectivamente de manera equitativa y no distorsionada, a fin de que se garantice la supervisión y el cumplimiento efectivos en el tercer país de que se trate.

2.  Si la Comisión adopta un acto delegado relativo a la equivalencia en relación con un tercer país, como se indica en el apartado 1 del presente artículo, se considerará que una titulización ha cumplido los requisitos establecidos en los artículos 7 a 10 para una titulización no ABCP y en los artículos 11 a 13 para una titulización ABCP, si la originadora, la patrocinadora o el SSPE o dicha titulización están establecidos en ese tercer país y si la originadora, la patrocinadora o el SSPE, según proceda, cumplen las obligaciones pertinentes de dicho tercer país en relación con dicha titulización.

3.  La Comisión, en cooperación con la AEVM, verificará que los terceros países para los que se haya adoptado un acto de ejecución relativo a la equivalencia aplican efectivamente los requisitos equivalentes a aquellos establecidos en los artículos 6 a 14, e informará de ello periódicamente, al Parlamento Europeo y al Consejo. Si el informe pone de manifiesto una aplicación insuficiente o incoherente de los requisitos equivalentes por parte de las autoridades del tercer país, la Comisión considerará, en un plazo de 30 días naturales a partir de la presentación del informe, si revoca el reconocimiento de la equivalencia del marco jurídico del tercer país de que se trate.

TÍTULO III

MODIFICACIONES

Artículo 23

Modificación de la Directiva 2009/65/CE

Se suprime el artículo 50 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Artículo 24

Modificación de la Directiva 2009/138/CE

La Directiva 2009/138/CE queda modificada como sigue:

1)  En el artículo 135, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis, actos delegados en los que se especificarán las circunstancias en las cuales podrá imponerse una exigencia de capital adicional proporcional cuando se incumplan los requisitos previstos en los artículos 3 y 4 del Reglamento [el Reglamento de titulizaciones], sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101, apartado 3.

3. A fin de asegurar una armonización coherente en relación con el apartado 2, la AESPJ elaborará, sin perjuicio del artículo 301 ter, proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las metodologías para el cálculo de la exigencia de capital adicional proporcional mencionada en dicha letra.

▌La Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»

2)  Se suprime el artículo 308 ter, apartado 11.

Artículo 25

Modificación del Reglamento (CE) nº 1060/2009

El Reglamento (CE) nº 1060/2009 queda modificado como sigue:

1)  En los considerandos 22 y 41, en el artículo 8 quater y en el anexo II, punto 1, «instrumento de financiación estructurada» se sustituye por «instrumento de titulización».

2)  En los considerandos 34 y 40, en el artículo 8, apartado 4, el artículo 8quater, el artículo 10, apartado 3, el artículo 39, apartado 4, así como en el anexo I, sección A, punto 2, párrafo quinto, el anexo I, sección B, punto 5, el anexo II (título y punto 2), el anexo III, parte I, puntos 8, 24 y 45, y el anexo III, parte III, punto 8, «instrumentos de financiación estructurada» se sustituye por «instrumentos de titulización».

3)  En el artículo 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El presente Reglamento impone también obligaciones a los emisores y terceros vinculados establecidos en la Unión en relación con los instrumentos de titulización.»

4)  En el artículo 3, la letra l) se sustituye por el texto siguiente:

«l) "instrumento de titulización": un instrumento financiero u otro activo resultante de una operación o mecanismo de titulización según se contempla en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento [el presente Reglamento];»

5)  Se suprime el artículo 8 ter.

Artículo 26

Modificación de la Directiva 2011/61/UE

Se suprime el artículo 17 de la Directiva 2011/61/UE.

Artículo 27

Modificación del Reglamento (UE) nº 648/2012

El Reglamento (UE) nº 648/2012 queda modificado como sigue:

1)  En el artículo 2, se añaden los puntos 30 y 31:

«(30) "bono garantizado": un bono que cumple los requisitos del artículo 129 del Reglamento (UE) nº 575/2013;

(31) "entidad de bonos garantizados": el emisor del bono garantizado o el fondo de cobertura de un bono garantizado».

2)  En el artículo 4, se añaden los apartados 5 y 6 siguientes:

«5. El artículo 4, apartado 1, no se aplicará a los contratos de derivados extrabursátiles que celebrados por entidades de bonos garantizados en relación con un bono garantizado o por un vehículo especializado en titulizaciones en relación con una titulización, tal como se define en el Reglamento [el Reglamento de titulizaciones] siempre que:

a) en el caso de vehículos especializados en titulizaciones, el vehículo emita exclusivamente titulizaciones que cumplan los requisitos de los artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 y del artículo 6 del Reglamento [el Reglamento de titulizaciones];

b) el contrato de derivados extrabursátiles se utilice solo para cubrir los desfases de tipos de interés o de divisas en el marco del bono garantizado o la titulización; y

c) los mecanismos establecidos en el marco del bono garantizado o la titulización reduzcan adecuadamente el riesgo de crédito de contraparte con respecto a los contratos de derivados extrabursátiles celebrados por la entidad de bonos garantizados o el vehículo especializado en titulizaciones en relación con el bono garantizado o la titulización.

6. A fin de velar por la aplicación coherente del presente artículo, y teniendo en cuenta la necesidad de evitar el arbitraje regulador, las AES elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los criterios para determinar qué mecanismos en el marco de los bonos garantizados o las titulizaciones reducen adecuadamente el riesgo de crédito de contraparte, con arreglo al apartado 5.

Las AES presentarán estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar [seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010».

3)  En el artículo 11, el apartado 15 se sustituye por el texto siguiente:

«15. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se especifique lo siguiente:

a) los procedimientos de gestión del riesgo, incluidos los niveles y tipos de garantía y los mecanismos de segregación necesarios para dar cumplimiento al apartado 3;

b) los procedimientos que han de seguir las contrapartes y las autoridades competentes pertinentes a la hora de aplicar las exenciones previstas en los apartados 6 a 10;

c) los criterios aplicables a que se refieren los apartados 5 a 10 con indicación, en particular, de lo que debe considerarse un impedimento práctico o jurídico para la rápida transferencia de fondos propios y el reembolso de pasivos entre las contrapartes.

El nivel y el tipo de garantía necesarios en lo que respecta a los contratos de derivados extrabursátiles celebrados por entidades de bonos garantizados en relación con un bono garantizado, o por un vehículo especializado en titulizaciones en relación con una titulización a efectos de lo dispuesto en [el presente Reglamento], que cumplan las condiciones del apartado 4, punto 5, del presente Reglamento y los requisitos de los artículos 7 a 10 o los artículos 11 a 13 y el artículo 6 del Reglamento [el Reglamento de titulizaciones] se determinarán teniendo en cuenta los posibles impedimentos para el intercambio de garantías en relación con los acuerdos de garantía vigentes en el marco del bono garantizado o la titulización. Las AES presentarán estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar [seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

En función de la naturaleza jurídica de la contraparte, ▌la Comisión estará facultada para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 o (UE) nº 1095/2010.»

Artículo 28

Disposiciones transitorias

1.  El presente Reglamento se aplicará a las titulizaciones cuyos valores se emitan el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] o después, sin perjuicio de los apartados 2 a 6.

2.  En lo que respecta a las posiciones de titulización vivas a [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE solo podrán utilizar la designación «STS» o una designación que remita directa o indirectamente a esos términos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento.

3.  En lo que respecta a las titulizaciones cuyos valores se hayan emitido el 1 de enero de 2011 o después, pero antes de... [fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento], y en lo que respecta a las titulizaciones emitidas antes de dicha fecha, siempre que se hayan sustituido exposiciones subyacentes o añadido otras nuevas después del 31 de diciembre de 2014, se seguirán aplicando los requisitos de diligencia debida establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, el Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/35 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) n.º 231/2013 de la Comisión, en la versión aplicable el ... [día antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

4.  En lo que respecta a las posiciones de titulización vivas a [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], las entidades de crédito o empresas de inversión, tal como se definen en el artículo 4, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 575/2013, las empresas de seguros, tal como se definen en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE, las empresas de reaseguros, tal como se definen en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE, y los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE, seguirán aplicando el artículo 405 del Reglamento (UE) nº 575/2013, los capítulos 1, 2 y 3 y el artículo 22 del Reglamento Delegado (UE) nº 625/2014 de la Comisión, los artículos 254 y 255 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, y el artículo 51 del Reglamento Delegado (UE) nº 231/2013 de la Comisión, respectivamente, en la versión aplicable el [día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

5.  Hasta el momento en que sean de aplicación las normas técnicas de regulación que la Comisión deberá adoptar de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del presente Reglamento, las originadoras, las patrocinadoras y los acreedoras originales deberán, a efectos de las obligaciones establecidas en el artículo 4 del presente Reglamento, aplicar lo dispuesto en los capítulos 1, 2 y 3 y el artículo 22 del Reglamento Delegado (UE) nº 625/2014 de la Comisión a las titulizaciones cuyos valores se hayan emitido el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] o después.

6.  Hasta el momento en que sean de aplicación las normas técnicas de regulación que la Comisión deberá adoptar de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del presente Reglamento, las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE deberán, a efectos de las obligaciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, letras a) y e), del presente Reglamento, presentar la información mencionada en los anexos I a VIII del Reglamento Delegado (UE) nº 2015/3 de la Comisión en el sitio web a que se refiere el artículo 5, apartado 2.

Artículo 29

Informes

1.  A más tardar [dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] y posteriormente cada tres años, la AEVM, en estrecha cooperación con la ABE y la AESPJ, publicará un informe sobre la implementación de los requisitos STS establecidos en los artículos 6 a 14 ▌.

2.  A más tardar el ... [dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión, tras consultar a las AES y la JERS, publicará un informe sobre las repercusiones del presente Reglamento en el mercado de titulizaciones de la Unión. Este informe recogerá, en particular, una evaluación de todos los elementos siguientes:

a)  los efectos de la introducción de la denominación de titulización STS en la economía real y, en particular, en el acceso al crédito de las pymes;

b)  el funcionamiento del mercado;

c)  los efectos sobre la interconexión entre las entidades financieras y la estabilidad del sector financiero.

2 bis.  La ABE, en estrecha cooperación con la AEVM y la AESPJ, publicará un informe como mínimo cada dos años, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, sobre el cumplimiento por los participantes en el mercado de los requisitos del presente Reglamento y, en particular, de los requisitos de retención de riesgo y las modalidades de retención de riesgo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2.

3.  A más tardar [tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM, en estrecha cooperación con la ABE y la AESPJ, publicará un informe sobre el funcionamiento de los requisitos de transparencia establecidos en el artículo 5 del presente Reglamento y sobre el nivel de transparencia del mercado de la titulización en la Unión.

3 bis.  A más tardar el... [dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM, en estrecha cooperación con la ABE y la AESPJ, publicará un informe sobre la viabilidad de un marco regulatorio, complementando el nuevo marco sobre titulaciones establecido por el presente Reglamento, estableciendo un sistema de bancos con licencia limitada, desarrollando las funciones de los SSPE y teniendo el derecho exclusivo a comprar exposiciones de las originadoras y vender solicitudes respaldadas por las exposiciones compradas a los inversores. El informe examinará en detalle las ventajas y desventajas, desde una perspectiva tanto de políticas públicas como de la economía real, de tener entidades claramente denominadas sujetas a un régimen de supervisión e insolvencia específico que cubra las actividades de intermediación esenciales entre las originadoras y los inversores en comparación con la situación actual, muy heterogénea.

3 ter.  A más tardar el... [un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la ABE, en estrecha cooperación con la AEVM y la AESPJ, publicará un informe sobre la viabilidad de un marco para la titulización sintética simple, transparente y normalizada que se limitará a la titulización inscrita en el balance e incluirá propuestas relativas a requisitos de capital apropiados para dicha titulización.

3 quater.  A más tardar el... [18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión, sobre la base del informe de la ABE a que se refiere el apartado 3 ter, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el establecimiento de un marco de propuestas de titulización sintética simple, transparente y normalizada que se limitará a la titulización inscrita en el balance e incluirá propuestas relativas a requisitos de capital apropiados para dicha titulización, acompañado, si procede, de las correspondientes propuestas legislativas.

Artículo 30

Reexamen

A más tardar... [tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del presente Reglamento, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.

El informe examinará, en particular, los resultados de los informes a que se refiere el artículo 29, apartados 1 a 3 quater.

Artículo 31

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ,

Por el Parlamento Europeo  Por el Consejo

El Presidente  El Presidente

ANEXO I

Lista de entidades a que se refiere el artículo 5 undecies

I  Infracciones relativas a los requisitos de organización o conflictos de intereses:

a)  infringe el artículo 22 bis, apartado 1, el registro de titulización que no dispone de mecanismos de gobernanza sólidos, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados, que impidan la revelación de información confidencial;

b)  infringe el artículo 22 bis, apartado 2, el registro de titulización que no mantiene o aplica medidas administrativas y organizativas escritas eficaces a fin de detectar y gestionar los conflictos de intereses que pudieran surgir en relación con sus directivos, sus empleados o cualquier persona estrechamente vinculada a ellos, directa o indirectamente;

c)  infringe el artículo 22 bis, apartado 3, el registro de titulización que no adopta estrategias y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento en su integridad, también por parte de sus directivos y empleados;

d)  infringe el artículo 22 bis, apartado 4, el registro de titulización que no mantiene o aplica una estructura organizativa adecuada que garantice la continuidad y el correcto funcionamiento de la prestación de sus servicios y la realización de sus actividades;

e)  infringe el artículo 22 bis, apartado 5, el registro de titulización que no mantiene operativamente separados sus servicios accesorios de la función de recopilar y conservar de forma centralizada las inscripciones de derivados;

f)  infringe el artículo 22 bis, apartado 6, el registro de titulización que no vela por que su alta dirección y los miembros del consejo gocen de la honorabilidad y la experiencia suficientes para asegurar la gestión adecuada y prudente del registro de titulización;

g)  infringe el artículo 22 bis, apartado 7, el registro de titulización que no hace públicos requisitos de acceso públicos, objetivos y no discriminatorios para los proveedores de servicios y las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE, sujetos a la obligación de información establecida en el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento;

h)  infringe el artículo 22 bis, apartado 8, el registro de titulización que no hace públicos los precios y comisiones correspondientes a los servicios prestados en el marco del presente Reglamento, que no permite a las entidades notificantes acceder por separado a servicios específicos, o que aplica precios y comisiones que no se basan en los costes.

II  Infracciones relativas a los requisitos operativos:

a)  infringe el artículo 22 ter, apartado 1, el registro de titulización que no detecta las fuentes de riesgo operativo o no las reduce al mínimo mediante el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos adecuados;

b)  infringe el artículo 22 ter, apartado 2, el registro de titulización que no establece, aplica o mantiene una estrategia adecuada de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe destinada a garantizar el mantenimiento de sus funciones, la oportuna recuperación de las operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones;

c)  infringe el artículo 22 quater, apartado 1, el registro de titulización que no garantiza la confidencialidad, la integridad o la protección de la información recibida con arreglo al artículo 5, apartado 2 del presente Reglamento;

d)  infringe el artículo 22 quater, apartado 2, el registro de titulización que utiliza los datos recibidos en el marco del presente Reglamento con fines comerciales sin que las contrapartes interesadas hayan dado su consentimiento;

e)  infringe el artículo 22 quater, apartado 3, el registro de titulización que no consigna rápidamente la información que recibe de conformidad con el artículo 5 o no la conserva al menos diez años tras la expiración de los contratos correspondientes, o que no utiliza procedimientos de archivo rápidos y eficientes para documentar las modificaciones en la información conservada;

f)  infringe el artículo 22 quater, apartado 5, el registro de titulización que no autoriza a las partes de un contrato a acceder a la información de dicho contrato y a corregirla sin dilación;

h)  infringe el artículo 22 quater, apartado 6, el registro de titulización que no toma todas las medidas razonables para evitar el uso inadecuado de la información conservada en sus sistemas.

III  Infracciones relativas a la transparencia y a la disponibilidad de la información:

a)  infringe el artículo 5 quinquies, apartado 1, el registro de titulización que no publica, periódicamente y de forma fácilmente accesible, datos electrónicos agregados sobre la información que se le notifica;

b)  infringe el artículo 5 quinquies, apartado 2, el registro de titulización que no permite a las entidades mencionadas en el artículo 5 quinquies, apartado 3, un acceso directo e inmediato a la información mencionada en el artículo 5 para que pueden cumplir sus correspondientes responsabilidades y mandatos.

IV  Infracciones relativas a los obstáculos a la actividad de supervisión:

a)  infringe el artículo 5 septies, apartado 1, el registro de titulización que proporciona información incorrecta o engañosa en respuesta a una simple solicitud de información de la AEVM al amparo del artículo 5 septies, apartado 2, o en respuesta a una decisión de la AEVM por la que se exija información de conformidad con el artículo 5 septies, apartado 3;

b)  el registro de titulización que responde de modo incorrecto o engañoso a las cuestiones planteadas con arreglo al artículo 5 octies, apartado 1, letra c);

c)  el registro de titulización que no cumple en el momento oportuno una medida de supervisión adoptada por la AEVM con arreglo al artículo 5 octodecies;

d)  El registro de titulización que no notifica a la AEVM, en el momento oportuno, toda modificación significativa de las condiciones de su inscripción inicial.

ANEXO II

Lista de los coeficientes ligados a los factores agravantes o atenuantes en relación con la aplicación del artículo 22 undecies, apartado 3

Los siguientes coeficientes serán aplicables acumulativamente a los importes de base a que se refiere el artículo 5 undecies, apartado 2:

I  Coeficientes de adaptación ligados a factores agravantes:

a)  si la infracción se cometió reiteradamente, se aplicará un coeficiente adicional de 1,1 a cada uno de los casos;

b)  si la infracción se cometió durante más de un mes, se aplicará un coeficiente de 1,5;

c)  si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias sistémicas en la organización del registro de titulización, en especial de sus procedimientos, sistemas de gestión o controles internos, se aplicará un coeficiente de 2,2;

d)  si la infracción tiene repercusiones negativas en la calidad de los datos conservados, se aplicará un coeficiente de 1,5;

e)  si la infracción se cometió dolosamente, se aplicará un coeficiente de 2;

f)  si no se adoptaron medidas correctoras desde que se descubrió la infracción, se aplicará un coeficiente de 1,7;

g)  si la alta dirección del registro de titulización no ha cooperado con la AEVM en sus investigaciones, se aplicará un coeficiente de 1,5.

II  Coeficientes de adaptación ligados a factores atenuantes:

a)  si la infracción ha estado cometiéndose menos de 24 horas, se aplicará un coeficiente de 0,9;

b)  si la alta dirección del registro de titulización puede demostrar que ha tomado todas las medidas necesarias para impedir la infracción, se aplicará un coeficiente de 0,7;

c)  si el registro de titulización ha señalado la infracción a la AEVM con rapidez, eficacia y exhaustividad, se aplicará un coeficiente de 0,4;

d)  si el registro de titulización ha adoptado voluntariamente medidas para velar por que no pueda cometerse en el futuro una infracción similar, se aplicará un coeficiente de 0,6.

(1)

DO C 82 de 3.3.2016, p. 1.

(2)

DO C 219 de 17.6.2016, p. 2.

(3)

*   Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.

(4)

  DO C 82 de 3.3.2016, p. 1.

(5)

  DO C 219 de 17.6.2016, p. 2.

(6)

  Reglamento Delegado de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se complementa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre el requisito de cobertura de liquidez para las entidades de crédito (DO L 11, 17.1.2015, p. 1).

(7)

  Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1).

(8)

  Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013. p. 263).

(9)

  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

(10)

  Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

(11)

  Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).

(12)

  Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).


ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

At the first stakeholders meeting on 25 January 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

APG, Johan Banard

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Blackrock, Carey Evans

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

At the second stakeholders meeting on 21 June 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

AmCham, Cameron Morrisy

APG, Johan Banard

Association of British Insurers, Julie Shah

Association of Danish Mortgage Banks, Jens Valdemar Krenchel

Association of German Banks, Kolja Gabriel

Autorité des Marchés Financiers, Veronique Cerneau

AXA Group, Emmanuelle Nasse-Bridier

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Banking & Payments Federation Ireland, Niamh O'Donnellan

Blackrock, Carey Evans

BMW, Maurus Unsoeld

British Banking Association, Ashley Dorrington

CreditUtility, Casey Campbell & Tamar Joulia-Paris

CREFC Europe, Peter Cosmetatos

Dutch Securitisation Association, Rob Koning

EuroABS, Ben Bates

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

European Financial Services Round Table, Rémi Haumonté

European Fund and Asset Management Association, Vincent Dessard

European Investment Fund, George Passaris

Finance Watch, Frederic Hache

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

Fleishman Hillard, Chiara Sandon

Ford Credit Europe, Eugene Scales

French Asset Management Association, Maria Goncalves

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Insurance Europe, Alois Thiant

International Capital Market Association, Patrik Karlsson

Italian banking association, Emanuela Farris

KfW Bankengruppe, Helmut von Glasenapp

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Loan Market Association, Nicholas Voisey

McGraw Hill Financial, David Henry Doyle

Moody’s Investors Service, Winifred Alexander-Tate

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

Prudential M&G, Branimira Radoslavova

Société Générale, Hugues Saillard

Standard Life Investment, Anne Schneider

The Investment Association, Pamela Gachara

TwentyFour Asset Management, Rob Ford

Verband der Automobilindustrie, Ralf Diemer

Webers Handwick, Katie LaZelle

Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings:

Entity and/or person

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß

CEPS, Karel Lannoo

CFA Institute, Josina Kamerling

De Argumentenfabriek, Robin Fransman

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn

EURONEXT, Daphne van der Stam

European Central Bank, Vítor Constâncio

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann

ESMA, Steven Maijoor

FESSUD, Marie Lepretre

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Investment Association, Pamela Gachara

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

Rabobank, Bas Brouwers

Santander, Andrew Scourse

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton

University of Amsterdam, Ewald Engelen

University of the West of England, Daniela Gabor

VNO-NCW, Winand Quaedvlieg


PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Normas comunes sobre la titulización y creación de un marco europeo para una titulización simple, transparente y normalizada

Referencias

COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)

Fecha de la presentación al PE

30.9.2015

 

 

 

Comisión competente para el fondo

Fecha del anuncio en el Pleno

ECON

14.10.2015

 

 

 

Comisiones competentes para emitir opinión

Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

Opinión(es) no emitida(s)

Fecha de la decisión

ITRE

13.10.2015

IMCO

10.11.2015

JURI

13.10.2015

 

Ponentes

Fecha de designación

Paul Tang

26.11.2015

 

 

 

Examen en comisión

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Fecha de aprobación

8.12.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

44

3

2

Miembros presentes en la votación final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Suplentes presentes en la votación final

David Coburn, Fabio De Masi, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Fecha de presentación

19.12.2016

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