Procedimiento : 2016/2295(IMM)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0047/2017

Textos presentados :

A8-0047/2017

Debates :

Votaciones :

PV 02/03/2017 - 6.1

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0056

INFORME     
PDF 378kWORD 58k
28.2.2017
PE 595.654v02-00 A8-0047/2017

sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen

(2016/2295(IMM))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Laura Ferrara

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen

(2016/2295(IMM))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen, presentado el 5 de octubre de 2016 por Jean-Jaques URVOAS, ministro de Justicia francés, en el marco de un procedimiento de instrucción contra Marine Le Pen en el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre por difundir en su cuenta de Twitter imágenes islamistas de carácter violento,

–  Vista la intervención de Jean-François Jalkh, representante de Marine Le Pen de conformidad con el artículo 9, apartado 6, del Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0047/2017),

A.  Considerando que las autoridades judiciales francesas han pedido la suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen, diputada al Parlamento Europeo y presidenta del Frente Nacional (FN), en el marco de un procedimiento por la difusión a través de su cuenta de Twitter de imágenes violentas que representan las ejecuciones de tres rehenes del grupo terrorista Dáesh acompañadas del comentario «Esto es el Dáesh», con fecha de 16 de diciembre de 2015, a raíz de una entrevista en la emisora de radio RMC en la que el auge del FN se había comparado con las actividades del grupo terrorista Dáesh;

B.  Considerando que de la jurisprudencia del Parlamento Europeo se desprende que cabe suspender la inmunidad de un diputado de esta cámara cuando las declaraciones o imágenes controvertidas no guardan relación directa o manifiesta con el ejercicio, por el parlamentario en cuestión, de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo y no constituyen opiniones o votos emitidos en el ejercicio de dichas funciones con arreglo al artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y al artículo 26 de la Constitución de la República Francesa;

C.  Considerando además que el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea establece que los diputados al Parlamento Europeo gozarán, en el territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su país;

D.  Considerando que la difusión de imágenes violentas que pueden vulnerar la dignidad humana es una infracción tipificada y sancionada en los artículos 227-24, 227-29 y 227-31 del Código Penal francés;

E.  Considerando que el artículo 6-1 de la Ley francesa n.º 2004-575, de 21 de junio de 2004, Pour la Confiance Numérique dans l’Économie (Por la confianza digital en la economía), por la que se transpone la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»), se refiere a las actividades de los proveedores de servicios de información y no a las actividades de carácter individual;

F.  Considerando que, a pesar de que las imágenes publicadas por Marine Le Pen son accesibles para todos en el motor de búsqueda de Google y se han recogido en gran medida en la red tras su difusión inicial, su carácter violento puede vulnerar la dignidad humana;

G.  Considerando que la familia del rehén James Foley pidió que se retiraran las tres fotografías el 17 de diciembre de 2015, es decir, después de la intervención de las autoridades judiciales, y que, a raíz de dicha solicitud, Marine Le Pen solamente retiró la fotografía de James Foley;

H.  Considerando que el calendario del procedimiento judicial contra Marine Le Pen entra en los plazos típicos de los procedimientos relativos a la prensa y otros medios de comunicación y que, por lo tanto, no hay motivos para sospechar de un caso de fumus persecutionis, es decir, una situación en la que algunos indicios o apariencias pueden sugerir que existe una voluntad de persecución de una persona;

I.  Considerando que el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa dispone que ningún diputado podrá ser objeto, en materia penal, de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin el consentimiento del Parlamento;

J.  Considerando que no corresponde al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente los actos que se le atribuyen;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República Francesa y a Marine Le Pen.

(1)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.  HECHOS

En la sesión del 24 de octubre de 2016, el presidente anunció, de conformidad con el artículo 9, apartado 1 del Reglamento, que había recibido una carta de parte de Jean-Jacques Urvoas, ministro de Justicia francés, de 5 de octubre de 2016, con el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen. De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, el presidente remitió dicha petición a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El procedimiento de investigación en contra de Marine Le Pen fue iniciado por las autoridades judiciales francesas tras la difusión en la cuenta de Twitter de Marine Le Pen de tres imágenes de carácter violento que podrían vulnerar la dignidad humana y que representaban la ejecución de tres rehenes del grupo terrorista Dáesh el 16 de diciembre de 2015. Las tres fotografías, que no habían sido difuminadas, mostraban a James Foley, rehén estadounidense decapitado, Moaz Al-Kazabeh, piloto jordano quemado vivo en una jaula, y Fadi Ammar Zidan, soldado sirio atropellado en vida por las orugas de un carro de combate. Estas fotografías iban acompañadas del siguiente comentario de Marine Le Pen: «Esto es el Dáesh». Resulta que esta publicación era posterior a una entrevista al politólogo Gilles Kepel realizada ese mismo día por Jean-Jacques Bourdin en la cadena RMC, en la que se hizo una comparación entre el auge del Frente Nacional y las actividades del Dáesh. Así, Marine Le Pen, antes de publicar las fotografías controvertidas, publicó el siguiente comentario: «El paralelismo que ha hecho esta mañana Jean-Jacques Bourdin entre el Dáesh y el Frente Nacional constituye una salida de tono inaceptable. Tiene que retirar esas declaraciones infames.»

Informado de los hechos y de las consultas realizadas, el fiscal de la República de Nanterre solicitó el cierre y la transmisión del procedimiento tramitado por la Oficina Central de Lucha contra los Delitos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (OCLCTIC) para que pasara a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de París.

Al día siguiente, el 17 de diciembre de 2015, la familia del rehén James Foley solicitó la retirada de las tres fotografías. Marine Le Pen retiró únicamente la fotografía de James Foley, tras declarar que desconocía que se tratara de una fotografía de James Foley, que dicha fotografía estaba accesible para todos en Google, que había sabido esa mañana que la familia le pedía que la retirara, y que evidentemente la había retirado inmediatamente.

El 5 de enero de 2016, se convocaba a Marine Le Pen a una audiencia ante los servicios de la BRDP. El 4 de enero de 2016, David Dassa-Le Deist, abogado de Marine Le Pen, comunicaba a los investigadores que su cliente no se presentaría a dicha convocatoria y que no tenía intención de responder más que «en relación con el caso concreto y de conformidad con los procedimientos al efecto, ante un juez».

El 21 de enero de 2016, la fiscal de la República Catherine Denis abría una instrucción preliminar por difusión de imágenes violentas que podrían vulnerar la dignidad humana, infracción tipificada y sancionada en los artículos 227-24, 227-29 y 227-31 del Código Penal francés.

El 31 de marzo de 2016, Marine Le Pen fue convocada a un interrogatorio de primera comparecencia el 29 de abril de 2016 a las 10.30 horas. Mediante carta de 28 de abril de 2016, el abogado David Dassa-Le Deist comunicó al Tribunal que Marine Le Pen no comparecería al día siguiente amparándose en la inmunidad de que goza por su condición de diputada al Parlamento Europeo y por tratarse de un procedimiento que afectaba a su libertad de expresión. Añadía: «Quiero que sepa que no es su competencia la que se pone en tela de juicio, sino las actuaciones de la fiscalía con las que se pretende, a propósito de un tema de semejante importancia, amenazar la libertad de expresión de un parlamentario francés.».

El 30 de agosto de 2016, la vicepresidenta encargada de la investigación, Carole Bochter, enviaba a la fiscalía del Tribunal de Apelación de Versalles, a través de la fiscal de la República en el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen.

El 7 de septiembre de 2016, el fiscal general, Marc Robert, envió el original del suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen al ministro de Justicia francés, Jean Jacques Urvoas.

El 5 de octubre de 2016, el ministro de Justicia, Jean- Jacques Urvoas, envió a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, la solicitud del fiscal general del Tribunal de Apelación de Versalles en la que se pide la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen para poder proceder al interrogatorio sobre los hechos que se le imputan.

II.  LEGISLACIÓN

a)  Disposiciones de la legislación europea aplicables

Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

«Artículo 8

Los miembros del Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 9

Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:

a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.

Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste.

No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá ésta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»

Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976

«Artículo 6.2

Los diputados al Parlamento Europeo se beneficiarán de los privilegios e inmunidades que les son aplicables a tenor del protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.

Conclusiones de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10

El artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anejo a los Tratados UE, FUE y CEEA, debe interpretarse en el sentido de que una declaración realizada por un eurodiputado fuera del Parlamento Europeo que dio lugar a actuaciones penales en su Estado miembro de origen por delito de calumnia sólo constituye una opinión expresada en el ejercicio de las funciones parlamentarias que esté amparada por la inmunidad prevista en la citada disposición cuando dicha declaración corresponde a una apreciación subjetiva que presenta una relación directa y evidente con el ejercicio de tales funciones. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren dichos requisitos en el asunto principal.»

b)  Disposiciones del Derecho francés

Constitución de la República Francesa

«Artículo 26

Ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones.

Ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto, en materia penal, de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la mesa de la asamblea de la que forma parte. No será necesaria esta autorización en caso de crimen, de flagrante delito o de condena definitiva.

La detención, las medidas privativas o restrictivas de libertad o el procesamiento de un miembro del Parlamento serán suspendidos durante el período de sesiones si la asamblea de la que forma parte lo exige.

La Asamblea interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior.»

Código penal francés

«Artículo 227-24

El hecho de fabricar, transportar, distribuir por cualquier medio y en cualquier tipo de soporte, un mensaje de carácter violento, que incite al terrorismo, pornográfico o que pueda vulnerar gravemente la dignidad humana o incitar a menores a participar en juegos que pongan en peligro su integridad física, o el hecho de comercializar dicho mensaje, se castigará con penas de tres años de prisión y 75 000 EUR de multa cuando este mensaje puede ser visto o percibido por un menor.

Cuando las infracciones previstas en el presente artículo sean accesibles por medio de la prensa escrita o audiovisual o de la comunicación al público en línea, se aplicarán las disposiciones específicas de las leyes que regulan estas materias en lo que respecta a la determinación de las personas responsables. »

«Artículo 227-29

Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en el presente capítulo también serán merecedoras de las sanciones complementarias siguientes:

1. La privación de los derechos cívicos, civiles y familiares, con arreglo a las modalidades definidas en el artículo 131-26;

2. La suspensión, por un período máximo de cinco años, del permiso de conducción, suspensión que podrá limitarse a la conducción fuera del ámbito profesional;

3. La anulación del permiso de conducción con prohibición de solicitar la expedición de un nuevo permiso durante un máximo de cinco años;

4. La prohibición, por un período máximo de cinco años, de abandonar el territorio de la República;

5. La confiscación del material que haya servido o estaba destinado a cometer la infracción o del material que sea producto de la misma;

6. La prohibición, bien con carácter definitivo o durante un período de diez años, de ejercer una actividad profesional o benévola que implique un contacto habitual con menores;

7. La obligación de realizar un período de prácticas de responsabilidad parental, según las modalidades establecidas en el artículo 131-35-1;

8. Para los delitos previstos en los artículos 227-2 y 227-16, la prohibición, con arreglo a las modalidades previstas en el artículo 131-27, de ejercer una función pública o una actividad laboral o social en cuyo ejercicio o con ocasión de cuyo ejercicio se cometió la infracción, o de ejercer una profesión comercial o industrial, de dirigir, administrar, gestionar o controlar por cualquier concepto, directa o indirectamente, por cuenta propia o por cuenta ajena, una empresa comercial o industrial o una sociedad mercantil. Estas prohibiciones de ejercicio podrían acumularse.»

«Artículo 227-31

Los autores de las infracciones definidas en los artículos 227-22 a 227-27 también podrán ser condenados a un seguimiento sociojudicial según las modalidades previstas en los artículos 131-36-1 a 131-36-13.»

Ley n.º 2004-575, de 21 de junio de 2004, Para la confianza en la economía digital.

«Artículo 1, IV

Tal y como se explica en el artículo 1 de la Ley n.º 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de comunicación, la comunicación al público por vía electrónica es libre.

El ejercicio de esta libertad solo puede limitarse en la medida necesaria, por un lado, para respetar la dignidad de la persona humana, la libertad y la propiedad de terceros, el carácter pluralista de la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión y, por otra, para mantener el orden público, por las necesidades de la defensa nacional, los requisitos de servicio público, las dificultades técnicas inherentes a los medios de comunicación y por la necesidad, para los servicios audiovisuales, de desarrollar la producción audiovisual.

Se entenderá por comunicación al público por medios electrónicos toda puesta a disposición del público o de categorías de público, mediante un proceso de comunicación electrónica, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o mensajes de cualquier naturaleza que no tengan carácter de correspondencia privada.

Se entenderá por comunicación al público en línea toda transmisión, a petición individual, de datos numéricos que no tengan carácter de correspondencia privada, mediante un procedimiento de comunicación electrónica que permita un intercambio recíproco de información entre el emisor y el receptor.

Se entenderá por correo electrónico todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red pública de comunicaciones, almacenado en un servidor de la red o en el equipo terminal del destinatario hasta que este acceda al mismo.»

«Artículo 6-1

Cuando las necesidades de la lucha contra la inducción a la comisión de actos terroristas o la apología de tales actos contempladas en el artículo 421-2-5 del Código Penal o contra la difusión de imágenes o representaciones de menores con arreglo al artículo 227-23 del mismo Código Penal lo justifiquen, la autoridad administrativa podrá solicitar a las personas mencionadas en el apartado III del artículo 6 de la presente Ley o a las personas mencionadas en el apartado 2 del capítulo I de dicho artículo 6 que retiren los contenidos que vulneren estos artículos 421-2-5 y 227-23. Informará de ello simultáneamente a las personas mencionadas en el apartado 1 del capítulo I del artículo 6 de la presente Ley.

A falta de retirada de estos contenidos en un plazo de veinticuatro horas, la autoridad administrativa podrá notificar a las personas mencionadas en el mismo número 1 la lista de direcciones de correo electrónico de los servicios de comunicación al público en línea que incumplan dichos artículos 421-2-5 y 227-23. Entonces estas personas deberán impedir sin demora el acceso a dichas direcciones. Sin embargo, a falta de presentación por la persona mencionada en el capítulo III del mismo artículo 6 de las informaciones mencionadas en dicho capítulo III, la autoridad administrativa podrá efectuar la notificación prevista en la primera frase del presente párrafo sin haber solicitado previamente la supresión de los contenidos en las condiciones previstas en la primera frase del primer párrafo del presente artículo.

La autoridad administrativa transmitirá las solicitudes de retirada y la lista mencionadas en los párrafos primero y segundo respectivamente a una persona cualificada designada por la Comisión nacional de informática y libertades entre sus miembros para toda la duración de su mandato en dicha comisión. No podrá designarse entre las personas citadas en el apartado 1 del capítulo I del artículo 13 de la Ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los archivos y las libertades. La persona cualificada velará por la regularidad de las solicitudes de retirada y de las condiciones de elaboración, actualización, comunicación y uso de la lista. Si se comprueba la existencia de una irregularidad, dicha autoridad podrá recomendar en cualquier momento a la autoridad administrativa que la resuelva. Si la autoridad administrativa no sigue esa recomendación, la persona cualificada podrá recurrir a la jurisdicción administrativa competente, de medidas provisionales o previa petición.

La autoridad administrativa también podrá comunicar las direcciones electrónicas cuyos contenidos incumplan los artículos 421-2-5 y 227-23 del Código Penal a los motores de búsqueda o a las guías, que adoptarán todas las medidas necesarias para que cese la referenciación del servicio de comunicación al público en línea. Se aplicará el procedimiento previsto en el párrafo tercero del presente artículo.

La persona cualificada mencionada en el mismo párrafo tercero publicará cada año un informe de actividades sobre las condiciones de ejercicio y los resultados de su actividad, que precisará, en particular, el número de solicitudes de revocación, el número de contenidos que hayan sido retirados, los motivos de la retirada y el número de recomendaciones dirigidas a la autoridad administrativa. Este informe se remitirá al Gobierno y al Parlamento.

Las modalidades de aplicación del presente artículo se especificarán mediante decreto, en particular la compensación, en su caso, de los costes adicionales justificados derivados de las obligaciones impuestas a los operadores.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo se castigará con las penas previstas en el apartado 1 del capítulo VI del artículo 6 de la presente Ley.»

III.  CONSIDERACIONES/JUSTIFICACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 227-24, 227-29 y 227-31 del Código Penal francés, que prevén y sancionan el delito de difusión de imágenes violentas que puedan vulnerar la dignidad humana, las autoridades judiciales francesas han solicitado la suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen, diputada al Parlamento Europeo y presidenta del Frente Nacional (FN), a raíz de la publicación en su cuenta de Twitter de imágenes que representan las ejecuciones de tres rehenes del grupo terrorista Dáesh acompañadas del comentario «Esto es el Dáesh», con fecha de 16 de diciembre de 2015, tras una entrevista en la emisora de radio RMC en la que se había comparado el auge del FN con las actividades del grupo terrorista Dáesh.

A pesar de que las imágenes publicadas por Marine Le Pen son accesibles para todos en el motor de búsqueda de Google y se han recogido en gran medida en la red tras su difusión inicial, su carácter violento susceptible de vulnerar la dignidad humana es innegable y su publicación, por lo tanto, un acto punible penalmente.

Por otra parte, el artículo 6-1 de la Ley francesa n.º 2004-575, de 21 de junio de 2004, Por la confianza en la economía digital, que prevé la exención de la incoación de un proceso penal contra los proveedores de servicios de información en el caso de que las imágenes de carácter violento se retiren en un plazo de veinticuatro horas a partir de la comunicación de la necesidad de su retirada por la autoridad competente, solo se refiere específicamente a las actividades de los proveedores de servicios de información y no a la de un particular o de una actividad privada, como parece ser el caso en el presente asunto. Para ello, se subraya también el hecho de que la Sra. Le Pen solamente ha eliminado la fotografía de la ejecución del rehén James Foley y no las otras dos imágenes.

Considerando, por último, que el calendario del procedimiento judicial contra Marine Le Pen entra en los plazos típicos de los procedimientos relativos a la prensa y otros medios de comunicación, no existen motivos para sospechar de un caso de fumus persecutionis, es decir, de una situación en la que algunos indicios o apariencias pueden sugerir que existe una voluntad de persecución de una persona.

IV.  CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, y tras haber examinado los argumentos a favor y en contra de la suspensión de la inmunidad de la diputada, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento Europeo suspenda la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

28.2.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

18

3

0

Miembros presentes en la votación final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suplentes presentes en la votación final

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

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