Procedimiento : 2015/2129(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0368/2017

Textos presentados :

A8-0368/2017

Debates :

PV 13/12/2017 - 24
CRE 13/12/2017 - 24

Votaciones :

PV 14/12/2017 - 8.7
CRE 14/12/2017 - 8.7
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0501

INFORME     
PDF 489kWORD 87k
27.11.2017
PE 607.796v03-00 A8-0368/2017

sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil

(2015/2129(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Anna Maria Corazza Bildt

ENMIENDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y LAS CONCLUSIONES
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y LAS CONCLUSIONES

Procedimiento

De conformidad con la Resolución del PE, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en línea, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior solicitó autorización para elaborar un informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, autorización que fue concedida en mayo de 2015.

De conformidad con el artículo 28 de la Directiva 2011/93/UE, la Comisión estaba obligada a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 18 de diciembre de 2015, un informe en el que se evaluara en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, así como un informe en el que se evaluara la ejecución de las medidas contempladas en el artículo 25.

Debido a los retrasos que ha sufrido la transposición de la Directiva por parte de algunos Estados miembros, la Comisión retrasó un año la publicación de dichos informes y no los presentó al Parlamento hasta el 16 de diciembre de 2016.

Directiva 2011/93/UE - contexto, ámbito de aplicación y transposición

Los abusos sexuales de menores en línea y fuera de línea constituyen una tragedia que no cesa de aumentar y cuyas víctimas son niños de incluso dos años de edad. Se trata de un delito transfronterizo que debe abordarse mediante la cooperación transfronteriza. Las redes delictivas de abusos sexuales de menores en línea son sofisticadas y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad se enfrentan al reto de trabajar con legislaciones que no siempre ofrecen garantías de futuro. La Directiva 2011/93/UE (la Directiva) constituye un amplio instrumento jurídico, que incluye disposiciones en materia de Derecho penal sustantivo y procedimientos penales, así como medidas administrativas y políticas. La Directiva proporciona a los Estados miembros normas mínimas claras en materia de sanciones y medidas para impedir abusos, luchar contra la impunidad y proteger a las víctimas.

Las mejoras más importantes que introduce la Directiva incluyen una definición más detallada de «pornografía infantil», un endurecimiento de las sanciones penales, la tipificación como delito de la posesión y adquisición de material de abuso sexual de menores en línea y, por primera vez, el embaucamiento de menores, y disposiciones relativas a la retirada o el bloqueo de sitios web que contienen material de abusos sexuales de menores. Los Estados miembros disponían de un plazo de dos años para transponer la Directiva, plazo que venció el 18 de diciembre de 2013.

Los informes de la Comisión relativos a la aplicación de la Directiva han evaluado la medida en que los Estados miembros han transpuesto la Directiva a sus legislaciones nacionales, pero sin poder evaluar en la fase actual la aplicación de sus disposiciones en la práctica. La conclusión general de la Comisión es que, pese a los importantes esfuerzos de los Estados miembros por transponer este instrumento jurídico complejo y las mejoras que este procedimiento ha aportado con respecto a la protección de los menores frente a los abusos sexuales, queda todavía un largo camino por recorrer para que la Directiva alcance su pleno potencial.

La ponente determina los ámbitos en los que los Estados miembros tienen que seguir avanzando y aclara determinadas disposiciones de la Directiva para facilitar su correcta y plena aplicación por parte de los Estados miembros: investigación y enjuiciamiento; prevención; asistencia y protección de las víctimas; bloqueo y retirada de los sitios web que contienen material de abusos sexuales de menores en línea.

La ponente recomienda asimismo a los Estados miembros que vayan más allá de la mera obligación de transponer la Directiva, y les anima a crear capacidades y a compartir las mejores prácticas. La ponente aborda la situación de los menores migrantes, en especial los menores no acompañados, que son especialmente vulnerables a los abusos, la trata y la explotación sexuales, y pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas para proteger a los menores desaparecidos. En el proyecto de informe, la ponente incluye también nuevas formas de delitos, como la pornografía vengativa y la extorsión sexual, que están cada vez más extendidos en internet y afectan a muchos jóvenes, en particular a chicas, causándoles graves daños y en ocasiones incluso induciéndoles a cometer suicidio.

Investigación y enjuiciamiento

La Directiva 2011/93/UE impone a los Estados miembros la obligación de proporcionar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las fiscalías herramientas eficaces para investigar los delitos de abuso sexual de menores e identificar a las víctimas en una fase temprana. Asimismo, la Directiva amplía la competencia respecto de los delitos de abuso sexual de menores y prevé la supresión del principio de la doble incriminación.

La investigación y el enjuiciamiento de las infracciones relacionadas con los abusos sexuales a menores en línea siguen suponiendo un reto para los cuerpos y fuerzas de seguridad y para las autoridades judiciales. Los expertos que presentaron elementos de prueba ante la Comisión LIBE detectaron diversos factores que reducen la eficacia de las técnicas de investigación en línea: el cifrado de las comunicaciones en línea, las diferencias en las normas aplicables a la conservación de datos en los Estados miembros, el creciente uso de las herramientas de anonimización y el uso del almacenamiento en la nube. En dichas situaciones no siempre es fácil determinar qué país es competente y qué legislación es aplicable a la recogida de los elementos de prueba. A este respecto, es esencial una cooperación reforzada a escala internacional y de la Unión.

La ponente pide a los Estados miembros, por consiguiente, que refuercen su cooperación policial y judicial y hagan pleno uso de los instrumentos de cooperación actuales de la Unión facilitados por Europol y Eurojust para garantizar el éxito en la investigación y el enjuiciamiento de los autores. A tal fin, subraya que Europol y Eurojust deben disponer de los recursos adecuados para desempeñar su cometido.

Asimismo, anima a los Estados miembros a compartir las mejores prácticas en materia de instrumentos de investigación y métodos de acción penal.

Prevención

La Directiva contiene disposiciones específicas sobre medidas preventivas que van desde campañas de información y sensibilización, la educación y la formación hasta la inhabilitación derivada de sentencias condenatorias y programas de prevención de la reincidencia para los delincuentes.

Tanto en el informe de transposición de la Comisión como en el estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo se destacó que las disposiciones relativas a las medidas preventivas son las más problemáticas para los Estados miembros.

El intercambio de información sobre las condenas por delitos de abuso sexual de menores entre los Estados miembros ha resultado difícil de llevar a cabo dado que la Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de transmitir información a los demás Estados miembros que lo soliciten, y la legislación de algunos Estados miembros prevé condiciones suplementarias para el envío de información. La ponente opina que es necesario desarrollar este ámbito y pide, por consiguiente, a los Estados miembros que actualicen sus listas de infractores y compartan la información sobre condenas penales e inhabilitación con otros Estados miembros, para impedir que los infractores se trasladen inadvertidamente de un Estado miembro a otro para trabajar o realizar actividades de voluntariado con menores o en instituciones que trabajan con menores.

Identificación de las víctimas

El abuso sexual de menores es un delito cuya divulgación y notificación es particularmente difícil. Las denuncias por parte de las propias víctimas son limitadas al ser estas demasiado jóvenes para presentarlas, o estar demasiado traumatizadas o a cargo de los propios infractores, factores que las hacen reacias a revelar los abusos sufridos. A este respecto, las líneas de ayuda a menores desempeñan un papel importante, al prestar asistencia adaptada a las necesidades de los menores y ayudarles a denunciar el delito. También es importante que los Estados miembros establezcan líneas directas eficaces para encontrar a menores desaparecidos y aumentar la cooperación en los asuntos transfronterizos. La identificación de menores víctimas de abuso sexual en línea depende en gran medida de las capacidades de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en términos de utilización de las nuevas tecnologías y de personal debidamente formado. Los Estados miembros deberían invertir más en el desarrollo y la utilización de las nuevas herramientas forenses para aumentar su eficacia y salvar a los menores víctimas de abusos sexuales.

Asistencia y protección de las víctimas

La Directiva 2011/93/UE también establece la obligación de que los Estados miembros introduzcan en sus leyes de enjuiciamiento penal medidas que garanticen la protección de las víctimas menores durante la totalidad del proceso penal y que estas reciban asistencia y apoyo. La ponente considera que los Estados miembros deben aplicar íntegramente la Directiva 2012/92/UE relativa a los derechos de las víctimas de delitos y adoptar medidas para proteger más eficazmente a las víctimas de abusos sexuales, mejorando igualmente el papel de las líneas nacionales de ayuda y el intercambio de las mejores prácticas.

Retirada y/o bloqueo

El artículo 25 de la Directiva tiene por objeto garantizar la prevención de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y reducir la victimización secundaria cerrando el acceso al material de abusos sexuales de menores en línea. Esto requiere que los Estados miembros retiren rápidamente el material de los sitios web que se encuentren en su territorio y que procuren asegurar su retirada cuando se encuentren fuera de su territorio. Los Estados miembros han transpuesto esta disposición mediante medidas basadas en la Directiva sobre comercio electrónico (procedimiento de detección y retirada) o a través de medidas de Derecho penal en el caso del material que se encuentra en su territorio. Los Estados miembros han transpuesto la Directiva por lo que respecta al material que se encuentra fuera de su territorio a través de medidas que implican el establecimiento de una línea directa autorizada para evaluar el material y contactar con el país en el que se encuentra a través de la red de líneas directas Inhope o a través de Europol o Interpol.

El artículo 25, apartado 2, introduce la posibilidad de que los Estados miembros cierren el acceso a material de abusos sexuales de menores a través de medidas de bloqueo. Tan solo la mitad de los Estados miembros han optado por transponer esta disposición. Al aplicar las medidas de bloqueo, suelen utilizarse listas negras de sitios web que contienen pornografía infantil. Se han previsto diversas salvaguardias para asegurar la libertad de expresión.

Los elementos de prueba recopilados para la elaboración del presente informe han demostrado que, en la práctica, el bloqueo es más eficaz al ser más rápido que la retirada. Si existen suficientes salvaguardias de protección de las libertades fundamentales, los Estados miembros deberían utilizarlo en mayor medida.

La cooperación con los proveedores de servicios de la sociedad de la información es fundamental para interrumpir la disponibilidad de material de abusos sexuales de menores en línea. Sin su participación activa, a menudo sobre una base voluntaria, el proceso de retirada y bloqueo no sería posible. La ponente considera que las partes interesadas de la industria e internet deberían asumir su parte de responsabilidad y desarrollar soluciones innovadoras para poder estar en condiciones de luchar contra el abuso sexual de menores en línea.

Fuentes:

Aparte de los informes de la Comisión sobre la aplicación, la ponente ha recopilado información de las siguientes fuentes, entre otras:

-  una audiencia celebrada el 25 de abril de 2017 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

-  una evaluación de impacto ex post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, publicada en abril de 2017;

-  una audiencia celebrada el 29 de junio de 2016 por el Grupo PPE sobre la lucha contra el abuso sexual de menores en internet;

-  un estudio del Departamento Temático C de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales elaborado para la Comisión LIBE sobre la lucha contra el abuso sexual de menores en línea, publicado en octubre de 2015;

-  una reunión con Benyam Dawit Mezmur, presidente del Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño.


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil

(2015/2129(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 82, apartado 2, y 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 7, 8, 24, 47, 48 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y sus protocolos adicionales,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001,

–  Vista la Estrategia para los derechos del niño (2016-2021) adoptada por el Consejo de Europa,

–  Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(1),

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(2),

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(3),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en línea(4),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, sobre una Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños (COM(2012)0196) y el Informe de la Comisión, de 6 de junio de 2016, titulado «Evaluación final del programa plurianual de la UE sobre la protección de los niños en el uso de Internet y otras tecnologías de la comunicación (una Internet más segura)» (COM(2016)0364),

–  Vistos el Informe de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que se evalúa en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la Directiva 2011/93/UE (COM(2016)0871), y el Informe de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que se evalúa la ejecución de las medidas contempladas en el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE (COM(2016)0872),

–  Visto el Informe de Europol de 2016 sobre la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada facilitada por internet (iOCTA),

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2017, titulado «Justicia adaptada a la infancia: perspectivas y experiencias de los menores implicados en los procedimientos judiciales en calidad de víctimas, testigos o partes en nueve Estados miembros de la UE»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2017, titulada «Protección de los menores migrantes» (COM(2017)0211),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0368/2017),

A.  Considerando que los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales, y en particular del derecho de los niños a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B.  Considerando que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial a la hora de aplicar cualquier medida para combatir estos delitos, con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

C.  Considerando que la Directiva 2011/93/UE es un instrumento jurídico global que incluye disposiciones en materia de Derecho penal sustantivo y procedimientos penales, medidas de asistencia y protección de las víctimas, así como de prevención, incluidas medidas administrativas, y que su aplicación requiere la estrecha participación de agentes de diferentes sectores, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, las autoridades judiciales, las asociaciones de padres y familiares comprometidas activamente con la protección de los menores, las organizaciones no gubernamentales, los proveedores de servicios de internet y otros;

D.  Considerando que en el informe de la Comisión sobre la aplicación no se incluyen datos estadísticos sobre la retirada y el bloqueo de páginas web que contienen o divulgan imágenes de abusos sexuales de menores, y especialmente estadísticas sobre la velocidad de retirada del contenido, la frecuencia con la que los cuerpos y fuerzas de seguridad dan seguimiento a las denuncias, los retrasos a la hora de retirar esas páginas para no interferir con investigaciones en curso, o la frecuencia con la que los cuerpos y fuerzas de seguridad o las autoridades judiciales utilizan en realidad estos datos almacenados;

E.  Considerando que uno de los principales problemas que se plantea a la hora de investigar los abusos sexuales de menores y enjuiciar a los responsables es el hecho de que las víctimas no denuncien los hechos; que los varones son menos propensos a denunciar los abusos;

F.  Considerando que los niños que son víctimas de abusos sexuales o de explotación sexual sufren múltiples traumas físicos y/o psicológicos duraderos que pueden arrastrar hasta bien entrada la edad adulta;

G.  Considerando que los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores en línea es un fenómeno evolutivo y que en internet han surgido nuevas formas de delincuencia, como la «pornografía vengativa» y la extorsión sexual, que deben ser abordadas con medidas concretas por los Estados miembros;

H.  Considerando que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que hacer frente a los nuevos retos que plantean las redes de intercambio entre pares y privadas, en las que se intercambia material de abusos sexuales de menores; que es necesario sensibilizar a los y las jóvenes, desde una edad temprana, con respecto a los riesgos existentes y la importancia que reviste el respeto de la dignidad y la privacidad de los demás en la era digital;

I.  Considerando que los niños migrantes —especialmente las niñas, pero también un porcentaje significativo de niños(5)—, están particularmente expuestos a los abusos sexuales y la explotación sexual a manos de tratantes, traficantes, traficantes de drogas, redes de prostitución y otros individuos o redes que explotan su vulnerabilidad a lo largo de todo el trayecto y una vez que llegan a Europa;

J.  Considerando que la industria del turismo sexual afecta a un número significativo de menores, especialmente chicas, pero también a un porcentaje significativo de chicos;

K.  Considerando que, a fin de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las medidas adoptadas conforme al considerando 47 de la Directiva 2011/93/UE en lo relativo al bloqueo y la retirada de páginas web en línea deben respetar la salvaguardias enumeradas en el artículo 25 de la Directiva;

L.  Considerando que la revisión sistemática y el metanálisis permiten llegar a la conclusión de que, en comparación con los niños sin discapacidad, los niños con discapacidad tienen una probabilidad aproximadamente tres veces mayor de ser objeto de violencia física o sexual;

M.  Considerando que la utilización de los términos «pornografía infantil» no es apropiada para definir las infracciones contempladas en el artículo 5 de la Directiva 2011/93/UE en relación con el artículo 2, letra c), y puede perjudicar a los menores víctimas;

Principales conclusiones y recomendaciones

1.  Condena sin ambages todas las formas de abusos sexuales o explotación sexual de los menores, así como la victimización violenta y abusiva de menores en todos los niveles; acoge favorablemente la adopción de la Estrategia para los derechos del niño (2016-2021) por parte del Consejo de Europa; pide a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para prevenir cualquier forma de violencia física y psicológica, incluidos los abusos físicos y sexuales y la explotación sexual, y para proteger de ellas a los menores; pide a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que emprendan una actuación conjunta y eficaz para erradicar los abusos sexuales y la explotación sexual y, en general, los delitos sexuales cometidos contra los menores; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que consideren explícitamente la protección de los menores como una prioridad a la hora de programar y aplicar políticas que puedan afectarles negativamente;

2.  Considera que la Directiva 2011/93/UE constituye un marco jurídico sólido y completo para luchar contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores; lamenta que los Estados miembros hayan encontrado importantes problemas a la hora de transponer y aplicar la Directiva, en particular por lo que se refiere a las disposiciones en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento, así como de protección y asistencia a las víctimas, y que aún no se haya aprovechado al máximo el potencial de la Directiva; insta a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos con miras a una transposición íntegra y correcta de la Directiva; pide a los Estados miembros que velen por que la transposición al Derecho nacional se traduzca en una aplicación efectiva con el fin de garantizar la protección de los menores víctimas y la tolerancia cero frente a los abusos sexuales de menores;

3.  Lamenta que la Comisión no haya sido capaz de presentar sus informes sobre la aplicación dentro del plazo establecido en el artículo 28 de la Directiva 2011/93/UE y que los dos informes de evaluación presentados por la Comisión tan solo documenten la transposición al Derecho nacional por parte de los Estados miembros y no evalúen completamente su cumplimiento de la Directiva; pide a los Estados miembros que cooperen y comuniquen a la Comisión toda la información pertinente sobre la aplicación de la Directiva, incluidos datos estadísticos;

4.  Subraya que el término «material de abusos sexuales de menores» es más apropiado que «pornografía infantil» para referirse a esos delitos contra menores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten los términos «material de abusos sexuales de menores» en lugar de los términos «pornografía infantil»; destaca, no obstante, que la nueva terminología no debe limitar de forma alguna las infracciones enumeradas como pornografía infantil en el artículo 5 de la Directiva 2011/93/UE en relación con el artículo 2, letra c);

5.  Constata que, lamentablemente, en el informe de la Comisión sobre la aplicación no se menciona si se ha evaluado la eficacia del sistema Inhope en la transmisión de denuncias a los homólogos en terceros países;

6.  Lamenta que la Comisión no haya recopilado información sobre los tipos de bloqueo que se han utilizado; lamenta asimismo que no se haya publicado información sobre el número de páginas web incluidas en las listas de bloqueo de cada país; constata que, lamentablemente, no se ha evaluado el uso de métodos de seguridad, como el cifrado, para garantizar que no se filtren las listas de bloqueo y tengan así un efecto extremadamente contraproducente; celebra que, tras haber promovido el bloqueo obligatorio en 2011, la Comisión haya abandonado explícitamente esa postura;

Derecho penal sustantivo (artículos 3, 4 y 5 de la Directiva)

7.  Toma nota de que los Estados miembros han transpuesto las disposiciones de Derecho penal sustantivo de la Directiva 2011/93/UE; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que algunos Estados miembros no hayan transpuesto completamente las disposiciones sobre las infracciones relacionadas con la explotación sexual (artículo 4), sobre las infracciones relacionadas con los abusos sexuales cuando se abuse de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el menor (artículo 3, apartado 5, inciso i), o cuando se abuse de una situación especialmente vulnerable del menor (artículo 3, apartado 5, inciso ii), y sobre la responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 12);

8.  Considera, en particular, que los Estados miembros deben hacer cuanto obre en su poder para luchar contra la impunidad de los autores de abusos sexuales de menores, así como de las personas físicas o jurídicas que estén involucradas en la ayuda, asistencia o incitación de cualquier tipo de infracción relacionada con la explotación sexual y con los abusos sexuales de menores; considera extremadamente importante que los Estados miembros garanticen la responsabilidad de las personas tanto físicas como jurídicas cuando el hecho de que no se haya supervisado o controlado a una persona que sea miembro de esa entidad jurídica haya permitido o facilitado la comisión de delitos;

9.  Se muestra particularmente preocupado por las amenazas y los riesgos que plantea la dimensión en línea para los niños, en particular por lo que respecta a la captación en línea de menores, así como el embaucamiento y otras formas de inducción; considera que deben encontrarse soluciones para la detección, denuncia e investigación de tales prácticas peligrosas; subraya la necesidad de aumentar el nivel de protección de los menores en línea, así como de poner en marcha programas de sensibilización e información sobre los peligros existentes en internet;

10.  Manifiesta su preocupación ante el aumento del número de transmisiones en directo por internet en las que se explota a niños sexualmente, lo que demuestra que los agresores son muy hábiles e innovadores en el uso de tecnología avanzada; considera, por tanto, que todos los Estados miembros deben esforzarse por desarrollar soluciones técnicas innovadoras para detectar y bloquear el acceso a esos contenidos, imponiendo al mismo tiempo restricciones al pago por tales servicios;

11.  Subraya la necesidad de luchar contra las nuevas formas de delincuencia en línea, como la pornografía vengativa y la extorsión sexual, que afectan a muchos jóvenes, en particular a las adolescentes; pide a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales de los Estados miembros que adopten medidas concretas para luchar contra esta nueva forma de delincuencia, y a las empresas de internet, las líneas directas, las ONG y todos los organismos competentes que asuman su parte de responsabilidad y procuren al mismo tiempo aportar soluciones para hacer frente a estos delitos, incluidos una mejor utilización de las tecnologías disponibles y el desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar la identificación de las personas que cometen delitos en línea;

12.  Reitera que cada individuo tiene derecho a decidir el destino de sus datos personales, en particular el derecho exclusivo a controlar el uso y la divulgación de información personal y el derecho al olvido, que se define como la posibilidad de obtener la pronta eliminación de contenidos que pudieran ser perjudiciales para su propia dignidad;

13.  Insiste en la necesidad de que los Estados miembros que aún no lo han hecho tipifiquen como delito, además del embaucamiento de menores a través de internet, el ciberacecho y el engaño de los menores en internet; recuerda que el ciberacecho es una situación en la que un adulto se comunica en línea con un menor o con una persona que él cree menor con el fin de cometer posteriormente un acto delictivo contra él;

14.  Lamenta que no se hayan proporcionado datos estadísticos sobre el uso de procedimientos penales para la incautación de equipos en los casos correspondientes;

Investigación y enjuiciamiento

15.  Toma nota de que varios Estados miembros no han transpuesto el requisito de enjuiciar las infracciones durante un período de tiempo suficiente después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que garanticen que el límite legal dentro del que pueden denunciarse y enjuiciarse estas infracciones sea de una duración suficiente y que, al menos, empiece a contar desde la mayoría de edad del menor víctima, a fin de garantizar la posibilidad de enjuiciar el delito;

16.  Subraya la importancia que reviste la aplicación del artículo 17 para garantizar que los Estados miembros tengan competencia sobre las infracciones cometidas por medio de las tecnologías de la información y la comunicación a las que se acceda desde su territorio, con independencia de que dichas tecnologías tengan o no su base en él; resalta la necesidad de desarrollar elementos concretos para un enfoque común de la Unión en materia de competencia en el ciberespacio, tal como se señaló en la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos Exteriores celebrada el 26 de enero de 2016;

17.  Lamenta que no todas las infracciones enumeradas en la Directiva 2011/93/UE se hayan incluido en la legislación nacional de los Estados miembros por lo que respecta a la competencia extraterritorial; lamenta que algunos Estados miembros garanticen que las infracciones relacionadas con los abusos sexuales cometidas en el extranjero se enjuicien sin denuncia por parte de la víctima; pide a los Estados miembros que aborden de manera efectiva estas deficiencias;

18.  Pide a todos los Estados miembros que doten a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales de recursos financieros y humanos adecuados para combatir la explotación sexual y los abusos sexuales de menores, así como para proporcionar formación específica a la policía y los investigadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los recursos destinados a la identificación de las víctimas, e insta a los nueve Estados miembros que aún no han transpuesto el artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2011/93/UE, relativo a la identificación de las víctimas, a que procedan a hacerlo sin demora y lo apliquen creando equipos de investigación especializados que dispongan de herramientas y recursos adecuados;

19.  Lamenta que aún no se disponga de información y estadísticas precisas sobre el número de delitos perpetrados concretamente en el ámbito de los abusos sexuales y la explotación sexual de menores, a causa del elevado porcentaje de casos que no se denuncian, lo novedoso de estas infracciones y las diferencias en cuanto a las definiciones y metodologías utilizadas en los distintos Estados miembros;

20.  Destaca que algunas de las principales dificultades a las que se enfrentan los cuerpos y fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales en la investigación y el enjuiciamiento de las infracciones relacionadas con los abusos sexuales de menores en línea se derivan especialmente de la dimensión transfronteriza de las investigaciones y de la dependencia de las pruebas electrónicas; señala, en particular, la necesidad de mejorar las técnicas de investigación digitales para poder seguir el rápido ritmo de los avances tecnológicos;

21.  Pide a los Estados miembros que refuercen la cooperación entre sus cuerpos y fuerzas de seguridad, también gracias a un mayor recurso a los equipos conjuntos de investigación; insta a las autoridades a que reconozcan que depender en exceso de las líneas directas y las empresas puede ser contraproducente y no hace sino externalizar la lucha contra el material de abusos sexuales de menores;

22.  Pide a los Estados miembros que apliquen las disposiciones de la Directiva 2011/93/UE con visión de futuro; insta a las empresas y a los proveedores de servicios de internet a que apliquen tecnologías actualizadas e inviertan en soluciones innovadoras para aumentar las posibilidades de identificar y enjuiciar a los autores de delitos, desmantelar las redes delictivas en línea y proteger a las víctimas;

23.  Manifiesta su preocupación por el uso de tecnologías de traducción de direcciones de red de clase portadora (NAT CGN) por los proveedores de servicios de internet que permiten compartir una sola dirección IP entre varios usuarios en un mismo momento, lo que pone en peligro la seguridad en línea y la capacidad para determinar responsabilidades; pide a los Estados miembros que alienten a los proveedores de servicios de internet y a los operadores de red a que adopten las medidas necesarias para limitar el número de usuarios por dirección IP, eliminar de forma progresiva la utilización de las tecnologías CGN y efectuar las inversiones necesarias para adoptar con urgencia la siguiente generación de direcciones de protocolo de internet versión 6 (IPv6);

24.  Pide a los Estados miembros que refuercen su cooperación policial y judicial y hagan pleno uso de los instrumentos de cooperación de la Unión existentes facilitados por Europol —en particular en el marco del proyecto de análisis AP Twins y el Centro Europeo de Ciberdelincuencia— y por Eurojust para garantizar el éxito en la investigación y el enjuiciamiento de los autores y posibles cómplices; hace hincapié en que Europol y Eurojust deben disponer de los recursos adecuados para desempeñar su cometido a este respecto, y anima a los Estados miembros a que compartan las mejores prácticas;

25.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación policial y judicial para luchar contra la trata y el tráfico de menores migrantes, que son especialmente vulnerables a los abusos, la trata y la explotación sexuales, en particular las niñas pero también los niños; solicita una mejor cooperación y un intercambio de información rápido entre las autoridades para localizar a los menores desaparecidos y para lograr la interoperabilidad de las bases de datos; pide a los Estados miembros que adopten un enfoque holístico que implique a todos los actores pertinentes y que refuercen la cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios sociales y la sociedad civil; reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la identificación de los menores vulnerables, habida cuenta de la falta de confianza que han demostrado tener los niños migrantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad;

26.  Anima a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra el turismo sexual infantil y enjuiciar a los autores y cómplices, teniendo en cuenta la responsabilidad de todos los actores implicados;

27.  Considera que debe alentarse a los Estados miembros a crear una red internacional especializada en la lucha contra el turismo sexual, acompañada de políticas promovidas por el Estado como la introducción de programas de financiación para asistir a las familias y a los niños que se encuentran en zonas de riesgo;

Prevención (artículos 22, 23 y 24 de la Directiva)

28.  Pide a los Estados miembros que pongan en marcha programas eficaces de prevención e intervención, incluidos programas de formación permanente, para que todos los funcionarios, educadores y partes interesadas que están en contacto con los menores puedan evaluar mejor el riesgo de que se cometan delitos;

29.  Insta a todos los Estados miembros a que apliquen las medidas adecuadas, tales como campañas de concienciación pública, campañas de prevención, programas de formación y educación específicos para las autoridades, los padres, los docentes, los niños y los menores, también en cooperación con las asociaciones de padres comprometidas con la protección de los menores, así como con las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, a fin de promover la importancia de los valores familiares (por ejemplo, la responsabilidad, el respeto y el cuidado mutuos), la dignidad humana, la autoestima, la no violencia y, en general, el derecho de los niños a ser protegidos de cualquier forma de abusos sexuales y de explotación sexual;

30.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que establezcan un sistema de protección del menor que conste de varias fases y que se base en el interés superior del menor y el pleno respeto de sus derechos fundamentales, a fin de transmitir claramente el mensaje de que todas las formas de abuso físico, sexual y emocional de los menores son inaceptables y punibles por ley; 

31.  Alienta a los Estados miembros a que compartan las mejores prácticas sobre el material educativo y los programas de formación destinados a todos los agentes interesados, como docentes, padres, educadores y cuerpos y fuerzas de seguridad, con objeto de sensibilizarles sobre el embaucamiento y otros riesgos para la seguridad de los menores en línea; anima a los Estados miembros a que instauren programas educativos ambiciosos destinados tanto a los padres como a los jóvenes con el fin de capacitarlos concienciándolos de los peligros asociados a internet y alentándolos a denunciar los hechos de los que sean testigos o víctimas, especialmente a través de las líneas directas creadas específicamente para los niños; considera esencial que se proporcionen directrices a los padres para que evalúen los riesgos a los que pueden estar expuestos sus hijos y detecten los primeros indicios de posibles abusos sexuales en línea; pide a los proveedores de servicios que intensifiquen sus esfuerzos de sensibilización sobre los riesgos que conlleva la actividad en línea, especialmente para los niños, mediante el desarrollo de herramientas interactivas y material de información;

32.  Insta a los Estados miembros a que introduzcan en su legislación controles obligatorios de antecedentes penales para los candidatos a puestos de trabajo o actividades de voluntariado que conlleven el acceso a menores o una autoridad sobre ellos, y a que intercambien sistemáticamente información sobre las personas que representan una amenaza para los menores;

33.  Pide a los Estados miembros que intercambien información sobre los autores de delitos sexuales contra menores para impedir que se trasladen inadvertidamente de un Estado miembro a otro para trabajar o realizar actividades de voluntariado con menores o en instituciones que trabajan con menores; anima a los Estados miembros a que intensifiquen el intercambio de información sobre las condenas penales e inhabilitaciones y a que garanticen una recopilación de datos sistemática y coherente en los registros nacionales de autores de delitos; insta a los Estados miembros a que cumplan sus obligaciones en virtud del artículo 22 de la Directiva 2011/93/UE y ofrezcan programas y medidas eficaces de intervención revisados por académicos y destinados a aquellas personas que teman cometer infracciones de abuso sexual de menores y otras infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 de la Directiva;

34.  Observa que algunos Estados miembros han desarrollado sistemas operativos específicos y capacidades forenses con el fin de investigar los abusos sexuales de menores; señala, no obstante, que la mayoría de los Estados miembros no dispone de servicios de investigación especializados ni de recursos financieros para adquirir material forense, como programas informáticos específicos que permitan la realización de investigaciones en línea; recomienda, por tanto, que la Unión respalde estos servicios proporcionando, en su caso, los fondos correspondientes;

35.  Observa que la mayoría de los casos de abusos sexuales y explotación sexual de menores no se denuncian a los cuerpos y fuerzas de seguridad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas oportunas para mejorar y favorecer las denuncias de abusos por parte de los menores y que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de denuncia directa;

36.  Pide a los Estados miembros que desarrollen o refuercen las líneas directas que ofrecen ayuda y apoyo a los menores que son víctimas de abusos sexuales o de explotación sexual y que garanticen el derecho fundamental del niño a ser oído; pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad permanente de estas líneas directas, su accesibilidad a través de diferentes medios de comunicación, su confidencialidad, su gratuidad para los menores pero también para las propias líneas directas, y su claro posicionamiento dentro de los sistemas nacionales de protección de menores, y que aseguren la financiación estructural y a largo plazo de estas líneas directas;

Asistencia y protección de las víctimas (artículos 18, 19 y 20 de la Directiva)

37.  Pide a los Estados miembros que apliquen íntegramente la Directiva 2012/29/UE relativa a los derechos de las víctimas de delitos, que adopten medidas específicas para proteger a los menores víctimas y que compartan las mejores prácticas con el fin de garantizar que los menores reciben una asistencia y un apoyo adecuados durante la totalidad del proceso penal y con posterioridad a este;

38.  Acoge con satisfacción las buenas prácticas adoptadas en algunos Estados miembros para la protección de los menores, entre otras la iniciativa de la Fundación Barnhuset en Suecia; pide a los Estados miembros que se centren en garantizar la asistencia jurídica y la asistencia y el apoyo psicológicos, y que eviten la victimización secundaria de los menores; anima a los Estados miembros a que organicen campañas de concienciación a nivel tanto regional como nacional para promover el apoyo a los menores víctimas y a que fomenten un cambio cultural en la opinión pública para evitar actitudes que tiendan a culpar a las víctimas, lo que puede suponer un trauma adicional para los menores víctimas de abusos; 

Retirada y bloqueo (artículo 25)

39.  Celebra que los Estados miembros hayan introducido disposiciones legislativas y medidas administrativas para retirar las páginas web que contienen material de abusos sexuales de menores que se encuentran en su territorio; pide a los Estados miembros que apliquen íntegramente el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE y den prioridad a la pronta retirada del material de abusos sexuales de menores en el sitio de origen con las garantías pertinentes; lamenta que solo la mitad de los Estados miembros haya incorporado en su legislación disposiciones que permiten bloquear el acceso a tales páginas web para los usuarios dentro de su territorio; recuerda que, en la lucha contra la difusión de material de abusos sexuales de menores, las medidas de retirada son más eficaces que el bloqueo puesto que este último no elimina el contenido;

40.  Lamenta y constata con preocupación que, si bien la Comisión ha afirmado que algunos Estados miembros no disponen de procedimientos de notificación y retirada dieciséis años después de la entrada en vigor de la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico), no indica que se vaya a emprender acción alguna para exigir a esos Estados miembros que cumplan la legislación de la Unión;

41.  Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para recopilar la información necesaria a fin de determinar cuáles son los procedimientos utilizados en los Estados miembros que no disponen de procedimientos de notificación y retirada ni de sanciones penales, y que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros en caso de que se constate que no cumplen las obligaciones establecidas al respecto en la Directiva 2001/31/CE;

42.  Lamenta que la Comisión no haya evaluado la seguridad de las listas de bloqueo, las tecnologías empleadas para bloquear el acceso en los países que han implantado las medidas, o la aplicación de medidas de seguridad, como el cifrado, para el almacenamiento y la comunicación de listas de bloqueo, ni haya realizado un análisis pertinente de la eficacia de esta medida;

43.  Señala que la Directiva 2011/93/UE no exige el bloqueo obligatorio; reconoce que el bloqueo no consiste en una tecnología única ni es una tecnología fiable; recomienda que el material de abuso de menores, explotación de menores y abusos sexuales de menores se elimine en el sitio de origen en el contexto de acciones judiciales y policiales eficaces;

44.  Insta a los Estados miembros a que aceleren, en cooperación con las empresas de internet, los procedimientos de notificación y retirada, que aún son demasiado largos, y a que establezcan asociaciones con las empresas en línea, Europol y Eurojust para evitar que las redes y los sistemas sean pirateados y usados indebidamente para distribuir material de abusos sexuales de menores;

45.  Pide a los Estados miembros que, cuando los contenidos estén alojados en terceros países, intensifiquen su cooperación con los terceros países en cuestión y con Interpol para garantizar la rápida retirada de los contenidos de que se trate;

46.  Recomienda que las autoridades competentes actualicen regularmente las listas negras de sitios web que contienen material de abusos sexuales de menores y transmitan estas listas a los proveedores de servicios de internet para evitar, por ejemplo, el bloqueo excesivo y garantizar la proporcionalidad; recomienda también que los Estados miembros compartan dichas listas negras entre sí, con Europol y su Centro Europeo de Ciberdelincuencia y con Interpol; considera, en este sentido, que podría aplicarse la tecnología de funciones resumen («hashing») desarrollada recientemente que implica la detección y el reconocimiento automático de imágenes; insiste en que debe comprobarse rigurosamente cualquier tecnología aplicada a fin de eliminar —o al menos minimizar— la posibilidad de pirateo, abuso o efectos contraproducentes;

47.  Anima a la red Inhope a que trabaje con sus miembros para crear un mecanismo de denuncia anónimo y seguro en la internet invisible, como por ejemplo las redes de la internet oscura que se encuentran en la red Tor, que ofrezca el mismo alto grado de anonimato que el que ofrecen las organizaciones de prensa a los denunciantes de irregularidades, a fin de brindar la posibilidad de que aquellos que utilizan estas redes presenten información o denuncias sobre la existencia de material de abusos sexuales de menores;

48.  Insta a los Estados miembros a que impongan a los proveedores de servicios de internet la obligación de informar proactivamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las líneas directas nacionales acerca del material de abusos sexuales de menores detectado en sus infraestructuras; pide a la Comisión que siga aportando fondos en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» para dotar a las líneas directas de los recursos necesarios para cumplir su mandato y luchar contra los contenidos ilegales en línea;

49.  Reconoce el activo papel de apoyo que desempeñan en la lucha contra el material de abusos sexuales de menores en internet las organizaciones de la sociedad civil, como la red de líneas directas Inhope y la Internet Watch Foundation en el Reino Unido; insta a la Comisión a que, en cooperación con la red Inhope, detecte y aplique las mejores prácticas, en concreto con respecto a la información estadística y la interacción eficaz con los cuerpos y fuerzas de seguridad; insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que creen esas líneas directas, y considera que debe permitirse la búsqueda de material de abusos sexuales de menores en línea de manera proactiva;

50.  Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan sin demora mecanismos de denuncia y asesoramiento seguros y adaptados a los niños, como líneas directas telefónicas o informáticas con direcciones de correo electrónico, o aplicaciones para tabletas o teléfonos inteligentes, en las que los usuarios de internet puedan denunciar —incluso de forma anónima— el material de abusos sexuales de menores que encuentren en línea, y capaces de evaluar con rapidez los contenidos denunciados a fin de iniciar con prontitud procedimientos de notificación y retirada y de eliminar los contenidos que se encuentren fuera de su territorio; solicita el claro reconocimiento y refuerzo de estas líneas directas, y anima a los Estados miembros a que las doten de los recursos adecuados, incluidos presupuestos apropiados y profesionales formados y con experiencia; considera que estas líneas directas deben poder efectuar búsquedas proactivas de material de abusos sexuales de menores en línea al tiempo que reciben denuncias del público;

51.  Subraya la necesidad de promover y de apoyar programas de información ciudadana a escala de la Unión que permitan a los ciudadanos informar a las autoridades acerca de contenidos en línea que sean ilegales o nocivos para los niños;

52.  Pide a la Comisión que siga informando regularmente al Parlamento sobre el estado de los trabajos en relación con el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros, facilitando datos desglosados y comparables sobre la actuación de los Estados miembros en relación con la prevención y la lucha contra los abusos sexuales de menores y la explotación sexual de menores en línea y fuera de ella; pide a la Comisión que presente un informe más completo sobre la aplicación de la Directiva, en el que incluya información adicional y datos estadísticos sobre la retirada y el bloqueo de páginas web que contengan material de abusos sexuales de menores, sobre la velocidad de retirada de los contenidos ilegales tras un período de 72 horas, sobre el seguimiento de las infracciones denunciadas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre los retrasos a la hora de retirar esas páginas para no interferir con investigaciones en curso, sobre la utilización de los datos almacenados por las autoridades judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y sobre las medidas adoptadas por las líneas directas, una vez que han informado a los cuerpos y fuerzas de seguridad, para ponerse en contacto con los proveedores de servicios de alojamiento de páginas web; encarga a su comisión competente que organice una audiencia sobre el estado de la aplicación y que, en su caso, examine la posibilidad de aprobar un informe adicional sobre el seguimiento de la aplicación de la Directiva;

°

°  °

53.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

(2)

DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.

(3)

DO C 289 de 9.8.2016, p. 57.

(4)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 109.

(5)

Los estudios demuestran que los niños pueden ser especialmente reacios a denunciar los abusos sexuales, también por motivos que tienen que ver con la preconcepción social en relación con los hombres. Véanse, por ejemplo, el estudio de la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, PE 598.614, p. 16, y el estudio de Schaefer, G.A., Mundt, I.A,,Ahlers, C.J., y Bahls, C titulado «Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims» (Abusos sexuales de menores y trastornos psicológicos de las víctimas: resultados de un estudio en línea iniciado por las víctimas), publicado en Journal of Child Sex Abuse, vol. 21, n.º 3, 2012, pp. 343-360.


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN (4.7.2017)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil

(2015/2129(INI))

Ponente de opinión: Sabine Verheyen

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Recuerda que para la lucha contra los abusos sexuales de niños y menores y la pornografía infantil, que debería tener carácter prioritario para los Estados miembros, es preciso un enfoque integral, multidisciplinar y de tolerancia cero; insiste, por ese motivo, en que medidas como la sensibilización de la opinión pública, las campañas de prevención, la formación y la educación de las autoridades, los padres, los profesores, los niños y los menores, especialmente en colaboración con asociaciones de padres activas en el ámbito de la protección de los menores, así como con organizaciones pertinentes de la sociedad civil, son tan necesarias para combatir estos delitos como la asistencia a las víctimas y sus familias, la investigación de los delitos, la eliminación del material que contenga abusos sexuales a menores y el enjuiciamiento de los autores;

2.  Señala los informes de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil(1), y conviene en que, pese a los recientes avances, todavía existe margen de mejora para que la Directiva alcance su máximo potencial en todos los Estados miembros; señala una vez más que el interés superior del niño debe constituir la consideración primordial en la aplicación de la Directiva; insta a la Comisión a que proporcione asistencia a los Estados miembros con el fin de lograr una correcta y plena transposición y aplicación de la Directiva en toda la Unión, de modo que los niños puedan beneficiarse de todo su valor añadido;

3.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la prevención de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y que refuercen su cooperación con las instituciones educativas y de formación, los servicios de asistencia a las víctimas de abusos sexuales, las organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad civil y las empresas privadas a fin de establecer políticas de prevención eficaces e innovadoras y desarrollar material para la enseñanza y la formación en este ámbito;

4.  Observa con preocupación que los principales desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la Directiva 2011/93 están relacionados con las disposiciones relativas a las medidas y la asistencia en materia de prevención e intervención, y al apoyo a los menores víctimas y su protección; anima a la Comisión a que facilite, en su informe de aplicación, información sobre las mejores prácticas de las medidas reales adoptadas en los diferentes Estados miembros, así como sobre su impacto en la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil;

5.  Informa de que los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, tanto en línea como fuera de línea, incluida la pornografía infantil, siguen siendo muy preocupantes y constituyen un grave delito y una violación de los derechos fundamentales de las víctimas; subraya que estos delitos causan a los menores daños físicos, psicológicos y sociales a corto y a largo plazo, y expone a las víctimas a un riesgo continuo de revictimización y estigmatización a través de Internet;

6.  Insiste en que se necesita urgentemente una respuesta política global contra las nuevas formas de explotación y abuso sexual de menores en Internet, tales como la ciberdepredación, la extorsión sexual, la retransmisión en línea con fines comerciales, la pornografía de venganza, el voyerismo y la captación sexual, y que es necesario aumentar los esfuerzos y los recursos dedicados a la identificación de las víctimas y a los servicios de atención a las víctimas; recomienda a la Comisión, a este respecto, que evalúe en mayor profundidad si los objetivos de la Directiva 2011/93 se han alcanzado efectivamente y si la Directiva proporciona las herramientas adecuadas para responder a las nuevas amenazas y a los nuevos retos tecnológicos y digitales;

7.  Insta a los Estados miembros que aún no han aplicado plenamente los artículos 22, 23 y 24, y los artículos 18, 19 y 20 de la Directiva a que lo hagan sin más dilación y, en particular, a que adopten medidas preventivas relacionadas con la formación sistemática de los funcionarios que tengan más probabilidades de entrar en contacto con niños y menores;

8.  Insta a los Estados miembros a que apliquen las disposiciones relativas a las medidas de asistencia, apoyo y protección de los niños y menores víctimas de delitos sexuales (artículos 18, 19 y 20) y redoblen sus esfuerzos para identificar rápidamente a las víctimas y brindarles ayuda psicológica; pide a los Estados miembros que, teniendo en cuenta el interés superior del menor, velen por que los menores víctimas de delitos sexuales sean considerados víctimas especialmente vulnerables con arreglo a la Directiva sobre los derechos de las víctimas(2), adoptando medidas especiales de asistencia y protección, como la posibilidad de prestar declaración sin la obligación de presentar pruebas en audiencia pública o la posibilidad de recibir asistencia únicamente por parte de personas que han sido específicamente formadas para este fin;

9.  Pide a los Estados miembros, de conformidad con el artículo 23, que proporcionen formación adecuada y desarrollen competencias en relación con las nuevas amenazas que plantea el entorno digital y el uso generalizado de internet y de las tecnologías móviles, así como el acceso a estas tecnologías, en particular entre el poder judicial y las unidades de policía, con el fin de ayudarles a investigar y procesar adecuadamente a los autores y permitirles ofrecer asistencia a las víctimas;

10.  Reitera que es necesario contar con suficientes fondos y recursos humanos, así como con competencias e instrumentos de investigación, incluido el desarrollo de capacidades de alta tecnología para evitar los contenidos ilegales en línea, identificar mejor y con mayor rapidez a las víctimas y a los delincuentes, y dar respuesta a los nuevos fenómenos y al aumento de las tendencias en línea, incluidos los nuevos modelos de distribución y transacción de pornografía infantil;

11.  Pide a la Comisión que fomente y apoye el intercambio de buenas prácticas y de experiencias entre los Estados miembros; subraya que las iniciativas voluntarias de las partes interesadas pertinentes pueden constituir una ayuda valiosa para la lucha contra este tipo de delitos, pero no pueden sustituir unas disposiciones legislativas efectivas;

12.  Está de acuerdo en que los materiales, los canales y las campañas de sensibilización para niños y adultos, especialmente para los padres y las personas en contacto con menores, deben promoverse a escala local con el fin de ayudarles a comprender y prevenir los riesgos en Internet, proporcionar un entorno en línea seguro y promover experiencias positivas en línea para los niños;

13.  Subraya que las medidas preventivas deben abordar, en particular, aspectos relacionados con la tecnología a fin de garantizar una internet más segura y la alfabetización digital; anima, por lo tanto, a los Estados miembros a que examinen la posibilidad de incorporar iniciativas de educación y formación a sus programas y planes de estudios de forma adaptada a la edad correspondiente para fomentar la alfabetización mediática y la seguridad en línea y para enseñar a los niños y los menores a prevenir los abusos sexuales desde una edad temprana, incluida la manera de identificar y de protegerse contra el riesgo que pueda representar el material en línea, la manera de detectar los signos de comportamiento inadecuado y la manera de notificarlo; pide, además, a los Estados miembros que adopten disposiciones para aplicar medidas técnicas exigentes, como una configuración de la privacidad en internet adaptada a la edad, el cifrado y el control parental como opciones por defecto, a fin de velar por la máxima protección de los niños y los menores;

14.  Hace hincapié en que, como consecuencia de la rápida evolución de la ciberdelincuencia y del ritmo al que avanza la tecnología, es necesario adoptar un enfoque que pueda adaptarse constantemente teniendo en cuenta la investigación y el desarrollo de mecanismos y técnicas avanzadas, incluida la elaboración de programas informáticos, que permitan una detección precoz, el bloqueo y la supresión de contenidos ilegales, como contenidos sobre abusos sexuales a menores en internet; pide, en este contexto, a los Estados miembros que refuercen sus acciones y que adapten permanentemente sus planes y políticas en materia de prevención de los abusos sexuales de los que son víctima los menores para luchar contra los abusos sexuales de los menores, la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil en línea, y pide a la Comisión que apoye sus esfuerzos;

15.  Pide a la Comisión que siga haciendo un seguimiento de cerca de las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros y que incoen rápidamente un procedimiento de infracción en caso de que estas medidas no cumplan con lo dispuesto en la Directiva;

16.  Pone de relieve el papel de los padres en la prevención de la explotación sexual de niños y menores mediante la definición de pautas, el control del uso que hacen los niños y menores de internet y de los medios de comunicación social e informando a los niños y menores sobre los peligros de la pornografía infantil;

17.  Anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que faciliten el acceso de las ONG a los fondos públicos para llevar a cabo actividades de prevención y educativas en materia de explotación sexual de los niños y menores y de pornografía infantil, y a que sensibilicen en mayor medida a la opinión pública a este respecto;

18.  Recuerda que la explotación sexual de niños y menores por internet, es un fenómeno alarmante en constante evolución y con consecuencias recurrentes a largo plazo para sus víctimas, que avanza al mismo ritmo que la tecnología, y que, según la INHOPE (Asociación Internacional de Líneas Directas de Denuncia de Internet), la edad media de las víctimas de abusos sexuales es cada vez menor; subraya que las redes de intercambio de archivos entre pares (P2P), la red invisible y la red oscura ofrecen un alto grado de anonimato a los delincuentes y, por ese motivo, se utilizan para intercambiar material de abusos sexuales de menores;

19.  Anima a los sectores de los medios de comunicación y de la publicidad a que velen por la dignidad e inocencia de los niños y menores en sus producciones mediante mecanismos correguladores, códigos de conducta y otras acciones voluntarias;

20.  Recomienda que las listas negras de sitios web que contienen pornografía infantil elaboradas por las autoridades nacionales pertinentes y transmitidas a los proveedores de servicios de internet a través de canales seguros con vistas a la supresión de los contenidos ilícitos deben basarse en criterios claros y transparentes que brinden un nivel adecuado de seguridad jurídica y que cumplan la presente Directiva, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; hace hincapié en que, toda vez que se trata de un problema a escala mundial que supera las fronteras nacionales, es necesario poner en común dichas listas negras entre los Estados miembros a través de una cooperación reforzada con Interpol, Europol y su Centro Europeo de Ciberdelincuencia, y los terceros países; recomienda que estas listas tengan un objetivo determinado y se actualicen periódicamente;

21.  Anima a los Estados miembros a que, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, velen por que los delincuentes condenados estén sometidos a una evaluación del peligro y el riesgo de reincidencia que representan; respalda el intercambio periódico de tales evaluaciones y antecedentes penales de los autores de delitos sexuales contra menores entre las fuerzas de orden público para impedir que se trasladen inadvertidamente de un Estado miembro a otro, en particular si trabajan o realizan actividades de voluntariado con niños o menores o instituciones que trabajan con menores; pide a los Estados miembros que intensifiquen el intercambio de información sobre las condenas penales e inhabilitaciones y que mejoren la recopilación de datos en los registros nacionales de autores de delitos;

22.  Hace hincapié en que la recopilación periódica de datos y la difusión de información objetiva sobre los niveles y métodos actuales de abusos sexuales y explotación sexual de menores, así como la facilitación a los niños, los padres y las personas que trabajan con niños de los conocimientos y las herramientas adecuados es esencial a fin de mitigar y evitar esta amenaza;

23.  Insta a la Comisión Europea a que tenga en cuenta las decisiones del Consejo de Europa, en especial la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria (PACE) 2092 (2016) sobre la lucha contra la hipersexualización de los niños;

24.  Insta a los Estados miembros a que, en colaboración con las líneas directas nacionales, impongan a los proveedores de servicios de internet que detecten material de abusos sexuales de menores y pornografía infantil en sus infraestructuras la obligación de denunciarlo a las autoridades policiales y a las líneas directas nacionales, y de eliminar ese material, y pide a dichos proveedores que conserven las pruebas, sobre la base de las debidas garantías procesales y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; destaca la importancia del papel de las tecnologías de la información y la comunicación y de los proveedores de servicios de internet para garantizar la supresión rápida y eficaz de los contenidos ilegales en internet cuando sea solicitada por las autoridades con funciones coercitivas competentes;

25.  Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan sin demora mecanismos de denuncia y asesoramiento seguros y adaptados a los niños, como líneas directas telefónicas o direcciones de correo electrónico, o aplicaciones para tabletas o teléfonos inteligentes, en las que los usuarios de internet puedan denunciar —incluso de forma anónima— el material de abusos sexuales de menores que encuentren en línea, y capaces de evaluar con rapidez los contenidos denunciados a fin de iniciar con prontitud procedimientos de detección y retirada, y eliminar el contenido alojado fuera de su territorio; considera que debe permitirse que dichas líneas directas busquen activamente material de abusos sexuales de menores, como hace la Fundación para la Vigilancia en Internet («IWF», en sus siglas en inglés) en el Reino Unido; pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación entre las líneas telefónicas de ayuda y las líneas directas para garantizar la protección de los niños y los menores víctimas de explotación y abuso sexual;

26.  Insta a los Estados miembros a que introduzcan en su legislación controles obligatorios de antecedentes penales para los candidatos a puestos de trabajo o actividades de voluntariado relacionados con menores o a puestos relacionados directamente con la lucha contra el material de abusos sexuales a menores, y a que intercambien sistemáticamente información sobre las personas que representan una amenaza para los menores;

27.  Celebra que aproximadamente la mitad de los Estados miembros hayan decidido aplicar —además de medidas de retirada rápida de páginas web con contenido de abusos sexuales de menores con arreglo al artículo 25, apartado 1— medidas opcionales con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva para bloquear el acceso a sitios web que contengan o difundan pornografía infantil; alienta a los Estados miembros que no hayan introducido todavía tales medidas a que lo hagan; insta a la Comisión, en el contexto de una posible revisión futura, a que considere la posibilidad de introducir medidas más estrictas en el artículo 25, apartado 2, y anima a recurrir a fondos de la Unión, también para la investigación, con miras a hallar nuevas soluciones tecnológicas de gran potencial en este ámbito; señala que la retirada de contenidos ilícitos es un modo apropiado de luchar contra la explotación sexual de niños y menores y la pornografía infantil;

28.  Toma nota con preocupación de las conclusiones del informe anual de la IWF presentado a principios de abril de 2017, donde se señala que los dominios de internet europeos albergan en la actualidad un 60 % de los sitios web que ofrecen imágenes en las que se muestra abusos sexuales de menores, lo que supone un aumento del 19 % con respecto a 2015, y que en determinados Estados miembros han crecido de manera pronunciada las URL con contenidos de abusos sexuales; pide a los Estados miembros que refuercen su cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas, a fin de reducir la disponibilidad en línea de abusos sexuales de menores;

29.  Hace hincapié en que, cuando los Estados miembros imponen medidas que restringen derechos fundamentales en internet al aplicar el artículo 25, han de quedar garantizados los principios de transparencia, necesidad y proporcionalidad en consonancia con la legislación de la Unión y de los Estados miembros, y estos deben informar de los motivos de las restricciones y de la posibilidad de recurso;

30.  Destaca la necesidad de sensibilizar sobre los peligros y los riesgos que entraña mostrar a menores en los medios sociales de comunicación;

31.  Hace hincapié en que los datos personales de los menores deben contar con la debida protección y en que es necesario advertir a estos y a sus padres sobre los riesgos y las consecuencias de utilizar los datos personales de los menores en línea;

32.  Conviene en que el compromiso pluripartito y la cooperación entre los sectores público y privado, en particular la sociedad civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las entidades que trabajan con menores, los servicios sociales y las partes interesadas del sector privado, como la industria tecnológica, son cruciales para la detección y la lucha eficaces contra el material ilícito y la difusión en línea de material pornográfico infantil como de luchar contra estos fenómenos;

33.  Destaca asimismo que se necesita de cooperación internacional e investigaciones transnacionales con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los socios estratégicos de la Unión al objeto de luchar contra los abusos sexuales de menores y su explotación sexual en línea;

34.  Insiste en que aún no se dispone de información y estadísticas precisas sobre el número de delitos perpetrados, en particular en lo que respecta a los abusos sexuales de menores, a causa del elevado porcentaje de casos que no se denuncia, lo novedoso de estos delitos y las diferencias en cuanto a las definiciones y metodologías utilizadas en los distintos Estados miembros;

35.  Pide a los Estados miembros que aceleren, en cooperación con los proveedores de contenidos y servicios, sobre la base de las debidas garantías procesales y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los procedimientos de detección y retirada de contenidos de abusos sexuales y explotación sexual de menores, en particular de pornografía infantil a fin de ofrecer garantías adecuadas, sobre todo para garantizar que esta interferencia se limite a lo necesario y proporcionado e incluya la posibilidad de recurso a los tribunales; solicita a la Comisión que facilite e intensifique el intercambio de buenas prácticas en este ámbito y pide asimismo a los Estados miembros que refuercen su cooperación al objeto de abordar esta problemática de forma eficaz;

36.  Subraya que sobre los menores afectados por la crisis de los refugiados se cierne la creciente amenaza de correr un mayor riesgo de ser víctimas de la explotación sexual y los abusos sexuales, en particular en el caso de los no acompañados, habida cuenta de la desaparición de muchos de ellos tras su llegada; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan frente a este fenómeno y adopten medidas eficaces al objeto de mejorar la situación y reforzar la protección de los menores;

37.  Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que sensibilicen a los ciudadanos sobre la importancia de luchar contra los abusos sexuales y la explotación sexual de niños y menores y contra la pornografía infantil fomentando y participando plenamente en las iniciativas y campañas de información, como el Día Europeo para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, establecido por el Consejo de Europa;

38.  Anima a los Estados miembros, que aún no lo han hecho, a que creen servicios de asistencia, en particular en línea, para brindar apoyo, información y formación sobre cómo reconocer los indicios de abusos sexuales y explotación sexual y cómo reaccionar cuando se observen comportamientos que, sin llegar a constituir abusos, resulten preocupantes.

39.  Pide a los Estados miembros que velen no solo por la pronta retirada de los contenidos ilegales, sino también por su no reposición.

40.  Aboga, en lo que a la protección del menor respecta, por un enfoque basado en los derechos que tenga en cuenta el ordenamiento jurídico internacional; recuerda en este sentido que el documento de 2011 titulado «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» considera «los Tratados, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) como punto de partida común de todas las medidas de la UE que afecten a los niños».

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

29.6.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

1

0

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suplentes presentes en la votación final

Santiago Fisas Ayxelà, Morten Løkkegaard, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Lefteris Christoforou, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

22

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto, Jana Žitňanská

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Lefteris Christoforou, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Luigi Morgano, Momchil Nekov

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

1

-

S&D

Petra Kammerevert

0

0

 

 

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

(2)

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO (4.7.2017)

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil

(2015/2129(INI))

Ponente de opinión: Clare Moody

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que las investigaciones indican que los abusos sexuales de menores afectan más a las niñas que a los niños (las tasas de prevalencia son del 13,4 % para las niñas y del 5,7 % para los niños), y que los agresores son sobre todo hombres; que los aspectos de género deben reflejarse en las actividades de prevención y protección frente a los abusos sexuales de menores;

B.  Considerando que la exposición a la pornografía puede aumentar la vulnerabilidad de la infancia y la juventud frente a los abusos y la explotación sexuales; que las estadísticas muestran que el 12 % de las páginas web son páginas pornográficas, en las que en ocasiones también se esconden vídeos pornográficos con menores; que cualquier persona, sea cual sea su edad, tiene acceso libre a esas páginas y puede descargarse todos los vídeos que desee;

C.  Considerando que las víctimas de abusos sexuales se enfrentan a graves riesgos físicos y psicológicos que pueden afectar a su vida privada y social;

D.  Considerando que las niñas que huyen de los conflictos y de la persecución se enfrentan a un riesgo más elevado de violación, abusos sexuales, explotación sexual, prostitución y matrimonios forzados, y que algunas investigaciones indican que, debido a las barreras lingüísticas, los tabúes culturales y el temor a no alcanzar su destino final, entre otros factores, algunos menores refugiados víctimas no denuncian los casos a las autoridades;

1.  Manifiesta su preocupación por que la distribución no consensuada de material erótico o pornográfico, también en línea y a través de las redes sociales —como el fenómeno de la denominada «pornovenganza», una forma de abuso y persecución en rápido crecimiento—, afecte de manera muy mayoritaria a las mujeres y niñas, algunas de las cuales no alcanzan la edad para dar su consentimiento; pide a los Estados miembros que vigilen internet con el fin de contener la «pornovenganza» con prontitud y eficacia, y que pongan en marcha una serie de políticas legislativas encaminadas a prevenir y sancionar esta nueva forma de delincuencia; pide a las empresas de internet que asuman su parte de responsabilidad en relación con este fenómeno; destaca la necesidad de educar y sensibilizar a toda la sociedad, especialmente a las niñas y los niños, en relación con las posibles consecuencias de tomar imágenes íntimas, como las fotografías y vídeos de su persona, y ponerlos a disposición de terceros; subraya la necesidad de sensibilizar y formar al personal educativo, a los animadores juveniles, a los trabajadores comunitarios y los voluntarios en estos ámbitos respecto de esta cuestión, así como de reforzar la capacidad de los organismos con funciones coercitivas para abordar estos riesgos teniendo en cuenta las consideraciones de género;

2.   Alienta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que sus programas integrales de educación sexual y relacional eduquen a las niñas y a los niños en las relaciones basadas en el consentimiento, el respeto y la reciprocidad, ya que los estudios demuestran que la educación sexual y relacional constituye un instrumento adecuado y eficaz para proteger a la infancia y la juventud contra los riesgos de abusos sexuales y explotación sexual;

3.  Pide a aquellos Estados miembros en los que no es obligatoria la educación sexual y relacional (Bulgaria, España, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía y Eslovaquia) que instauren esta obligación; pide a todos los Estados miembros que exijan que en la educación sexual y relacional se insista en el consentimiento y el respeto en el ámbito sexual;

4.  Subraya la importancia en los centros educativos de los programas de alfabetización digital y seguridad en línea, que son indispensables tanto para niñas y niños como para los padres y las personas en contacto con menores; anima a los Estados miembros a que lleven a cabo campañas de información sobre ciberseguridad y sobre los principios de un comportamiento ético en internet por lo que respecta a la propia intimidad y la de los demás; observa que los programas y contenidos educativos que abordan estas cuestiones también deben centrarse en los hombres y los niños, a fin de desmontar los estereotipos de género y combatir el sexismo y los comportamientos que conducen al acoso en línea;

5.  Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las autoridades judiciales y policiales, mejoren los sistemas de control parental a través del uso de nuevas tecnologías, como las aplicaciones para los teléfonos inteligentes, con el fin de proteger más eficazmente a los menores;

6.  Destaca la necesidad de aumentar la concienciación de las niñas y los niños desde una edad temprana sobre la preservación de su seguridad en línea y la importancia del respeto de la dignidad y la intimidad del prójimo en la era digital; alienta a los Estados miembros a que todos los actores —incluidos los profesores, los educadores y las autoridades policiales y judiciales— compartan mejores prácticas en relación con el material escolar y los programas de formación en materia de corrupción de menores y otros tipos de amenazas para la seguridad en línea de la infancia, en particular de las niñas; recuerda que la sensibilización de los padres y de otros familiares es tan importante como la sensibilización de los propios menores;

7.  Considera que la eliminación de contenidos debe seguir siendo una prioridad, si bien reconoce que este procedimiento puede dilatarse en el tiempo; cree, por lo tanto, que deben instaurarse mecanismos de retirada rápida y agilizarse los procedimientos de eliminación;

8.  Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la fuerte dimensión de género de los porcentajes de revelación, dado que los niños y los hombres denuncian abusos con menor frecuencia que las niñas y las mujeres quienes, por su parte, a menudo tardan en denunciar haber sido objeto de un abuso;

9.  Recomienda que, al transponer el artículo 15 o al modificar las disposiciones legislativas sobre el régimen de prescripción de las denuncias de haber sido objeto de un delito sexual contra menores, cualquier régimen de prescripción tome como fecha inicial la fecha de mayoría de edad en lugar de aquella en que se haya cometido el delito;

10.  Insta a los nueve Estados miembros que aún no han transpuesto el artículo 15, apartado 4, relativo a la identificación de las víctimas, a que procedan a hacerlo sin demora y lo apliquen, por ejemplo, creando equipos de investigación especializados, invirtiendo en herramientas forenses y participando en investigaciones transfronterizas;

11.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación e intercambien información con el fin de identificar a los menores víctimas de abusos sexuales, incluidos los menores desaparecidos, y especialmente las niñas, que son especialmente vulnerables a la trata y la explotación sexual;

12.  Pide a la Comisión que invierta en programas transnacionales permanentes de identificación de los menores víctimas en forma de apoyo a las capacidades forenses de los Estados miembros y de cooperación en este ámbito, también mediante el desarrollo de recursos humanos y equipos especializados;

13.  Pide a los Estados miembros que, al identificar a posibles víctimas, presten particular atención a los grupos vulnerables de menores, como los menores romaníes, los menores con discapacidad mental y los menores refugiados, especialmente los menores no acompañados y los solicitantes de asilo en régimen de internamiento que están expuestos a explotación y abusos sexuales en campos para refugiados y otros centros de asilo; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de medidas como la comprobación de los antecedentes personales de los empleados, los trabajadores sociales y los voluntarios que están en contacto con menores, así como el establecimiento de sistemas de notificación y la asistencia a las víctimas; reitera, a este respecto, que las medidas de apoyo a las víctimas son importantes no solo durante la investigación de los abusos sexuales o la explotación sexual, sino también más adelante, con objeto de ayudarles a superar el estrés postraumático y prestarles un asesoramiento médico y psicológico adecuado, así como asistencia jurídica; pide a los Estados miembros que mejoren la capacidad de comunicación de jueces, fiscales y oficiales de la policía en la investigación de abusos sexuales o de explotación sexual de menores, haciendo particular hincapié en la comunicación con los menores con necesidades especiales, y que fomenten otras medidas destinadas a prevenir la victimización secundaria;

14.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen las medidas destinadas a proteger a los menores víctimas de abusos sexuales y que refuercen el papel de las líneas de ayuda telefónica nacionales con arreglo a un enfoque sensible a la perspectiva de género;

15.  Insiste en la importancia que reviste la correcta transposición del artículo 20, apartado 3, letra a), e insta a los Estados miembros a que interpreten con prudencia la expresión «demoras injustificadas» a la hora de llevar a cabo interrogatorios de menores víctimas; elogia las buenas prácticas aplicadas en Suecia, donde el interrogatorio de los menores tiene lugar en un plazo de dos semanas a partir de la comunicación del delito; pide, además, a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para transponer correctamente la disposición que impone las condiciones procedimentales necesarias para proteger a los menores frente a la victimización secundaria;

16.  Observa con preocupación que la trata de seres humanos y la industria del turismo sexual afectan a un número significativo de chicas menores de edad; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el turismo sexual infantil y la trata de seres humanos y a que centren su atención en las organizaciones y autoridades en el ámbito del turismo con vistas a concienciar a los viajeros de la gravedad de estos delitos;

17.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten legislación que permita condenar a aquellos viajeros declarados culpables de desplazarse a un tercer país con fines sexuales con participación de menores para después regresar a la Unión;

18.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten legislación que permita condenar a los operadores turísticos declarados culpables de fomentar el turismo sexual con participación de menores;

19.  Pide a los Estados miembros que provean más recursos para enseñar, por una parte, a los menores cómo pedir ayuda y reconocer a los abusadores y, por otra, a los adultos cómo detectar abusos y apoyar a los niños mediante servicios individuales, así como recursos destinados a los expertos investigadores, que deben ser conscientes de cómo las diferencias de género afectan la forma en que las niñas y los niños responden ante los abusos sexuales; destaca, asimismo, la necesidad de luchar contra los estereotipos de género persistentes y la mayor sexualización de la infancia en los medios de comunicación;

20.  Hace hincapié en la debilidad de las medidas preventivas en toda la Unión, y pide a los Estados miembros que apliquen el artículo 22 de la Directiva mediante la puesta en marcha de programas de intervención para las personas que teman poder cometer infracciones; insta a la Comisión a que instaure intercambios transfronterizos regulares de buenas prácticas sobre programas de prevención; pide a los Estados miembros que, en consonancia con el artículo 24, apartado 1, elaboren programas de intervención obligatorios para todos los delincuentes condenados con el fin de prevenir la reincidencia;

21.  Alienta los intercambios de puntos de vista entre los responsables de la protección de menores, los pediatras, los centros educativos y las organizaciones juveniles e infantiles en el marco de la investigación de los casos de abusos de menores, de manera que puedan desempeñar un papel activo en la sensibilización sobre esta cuestión;

22.  Reconoce los logros de Inhope, una red colaborativa de 46 líneas directas de ayuda cuyo objetivo consiste en eliminar los abusos sexuales de menores en internet; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a garantizar la existencia de tales líneas directas en el territorio de cada uno de ellos y a armonizar los protocolos correspondientes;

23.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que recurran a investigaciones y estadísticas —que integren la perspectiva de género— sobre los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores con el fin de promover los intercambios sobre buenas prácticas en materia de definición de políticas y ejecución de programas;

24.  Señala la falta de investigación acerca de los abusos que sufre la juventud LGBTI; destaca la necesidad de seguir realizando investigaciones en este ámbito que tengan presentes la violencia sexual y el acoso sexual que sufren las personas LGBTI y la vulnerabilidad de las personas sin hogar jóvenes, muchas de las cuales son personas LGBTI que han huido de sus hogares.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

26.6.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

18

0

5

Miembros presentes en la votación final

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Ernest Urtasun, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Catherine Bearder, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Edouard Martin, Clare Moody, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Marco Zullo

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

James Carver, Claudia Schmidt, Molly Scott Cato, Axel Voss, Branislav Škripek

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

18

+

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Axel Voss

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

ALDE

Catherine Bearder

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

EFDD

Marco Zullo

0

-

5

0

PPE

Marijana Petir

ECR

Branislav Škripek, Jana Žitňanská

EFDD

James Carver

ENF

Mylène Troszczynski

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

13.11.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

46

1

1

Miembros presentes en la votación final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suplentes presentes en la votación final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Othmar Karas, Iuliu Winkler


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

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