Procedimiento : 2017/2129(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0156/2018

Textos presentados :

A8-0156/2018

Debates :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Votaciones :

PV 30/05/2018 - 13.7
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0223

INFORME     
PDF 430kWORD 71k
7.5.2018
PE 609.409v02-00 A8-0156/2018

sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión

(2017/2129(INI))

Comisión de Pesca

Ponente: Linnéa Engström

ENMIENDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

El mercado de pescado de la Unión es el mayor del mundo y absorbe una cuarta parte de todas las importaciones. En 2016 importamos 8,8 millones de toneladas de productos de la pesca y la acuicultura, frente a 6,2 millones de toneladas de producción de la Unión. Nuestra dependencia de las importaciones para cerca del 60 % de la oferta tiene una clara repercusión en la política pesquera y comercial de la Unión.

El mercado de la Unión es discriminatorio respecto al pescado y a las condiciones que deben cumplirse para comercializarlo. La discriminación no funciona en favor del sector pesquero de la Unión.

Condiciones para los buques de la Unión

Es necesario considerar las normas y reglas que deben cumplir las empresas del sector pesquero de la Unión. Todas las operaciones de la flota de la Unión se rigen por la política pesquera común. Como bien sabe la comisión, se trata de un conjunto, extensivo y detallado, de actos legislativos que tratan muchos aspectos de la pesca, con un régimen de control exhaustivo [Reglamentos (CE) n.º 1005/2008, (CE) n.º 1224/2009 y (UE) 2017/2403] a fin de garantizar que los Estados miembros cumplen las normas.

Asimismo, las flotas de la Unión deben respetar una amplia gama de otras políticas, relativas a la normativa laboral, la formación, la seguridad de los buques, la contaminación y otras normas ambientales, fiscalidad y normas tributarias y fitosanitarias, entre otras.

El resultado es una exigencia elevada para el pescado capturado en la Unión y comercializado en este mercado. Así debe ser: los consumidores de la Unión deben poder confiar en la calidad y la frescura del producto, y en las diversas normas sociales, económicas y ambientales que se respetaron para su producción. Sin embargo, ni siquiera se informa al consumidor de que el pescado fue capturado por un buque de la Unión, pues se trata de «información facultativa».

Pese a ello, existe un coste muy claro de cumplir todas las políticas, reglas y normas antes mencionadas: impuestos, artes de pesca conformes a la normativa, salarios dignos, motores menos contaminantes, pescado almacenado a la temperatura adecuada y otras condiciones. Con este objetivo, el pescado capturado por operadores de la Unión debe alcanzar un determinado precio en el mercado para ser rentable y, al mismo tiempo, tiene que competir con productos de fuera de la Unión que no necesariamente presentan las mismas restricciones.

Condiciones para los buques que no son de la Unión

El pescado capturado por operadores de terceros países e importado en la Unión debe cumplir otros requisitos. La CITES limita el comercio de un número muy reducido de especies marinas. La normativa fitosanitaria de la Unión se aplica mediante acuerdos bilaterales con terceros países que facilitan a la Comisión una lista de los buques pesqueros y los establecimientos de transformación que se considera que cumplen las normas de la Unión y están autorizados a exportar a esta. La normativa en materia de pesca INDNR busca garantizar que el pescado importado en la Unión no procede de este tipo de pesca (ilegal, no documentada y no reglamentada).

Existen varias normativas relativas a los aranceles (SGP, SGP+, «Todo menos armas», contingentes arancelarios autónomos, etc.), pero afectan principalmente al importe del derecho que debe abonarse y no a las condiciones de acceso al mercado. Para el Reglamento SPG+ se requiere la ratificación y aplicación de una serie de instrumentos jurídicos internacionales (ninguno de ellos relativo a la pesca), pero si la Comisión considera que no es así, el país pierde sus aranceles preferenciales, aunque no se prohíben sus productos pesqueros.

Por último, existe un acto jurídico potencialmente general que limitaría el acceso del pescado al mercado de la Unión, el Reglamento (UE) n.º 1026/2012 sobre la pesca no sostenible, que permitiría a la Unión prohibir las importaciones procedentes de países que no colaboran en la gestión de las poblaciones de peces de interés común.

¿Igualdad de condiciones?

Un examen del acervo de la Unión, tanto el relativo a la pesca como el resto, muestra claramente que el principal instrumento para crear la igualdad de condiciones entre el pescado producido en la Unión y el importado –algo que todos afirman defender– es el Reglamento sobre la pesca INDNR. Cuando se producen debates sobre evitar la competencia desleal dejando algunos productos pesqueros fuera del mercado de la Unión, la respuesta fácil es que esa es la función del Reglamento INDNR. Tal respuesta es ingenua y poco honesta, pues dicho Reglamento está concebido solo para evitar que el pescado capturado ilegalmente penetre en el mercado de la Unión.

Reglamento INDNR

La aprobación de este Reglamento supuso un hito en la lucha mundial contra la pesca INDNR. Se ha escrito mucho sobre la materia, por ejemplo un resumen y una infografía muy recientes a cargo del EPRS(1). La Comisión ha completado su propia evaluación y la Comisión de Pesca encargó un estudio sobre su aplicación hace algunos años. Algunos representantes de la sociedad civil también han publicado informes.

La mayoría de los análisis coinciden en que el reglamento funciona muy bien. Un número creciente de países, después de ser identificados preliminarmente o considerados por la Unión como países que no colaboran en la lucha contra la pesca INDNR, han mejorado su gestión de la pesca y sus sistemas de control a fin de mantener su acceso al mayor mercado mundial de pescado. Considerando que, hasta el momento, ningún otro país ha tenido el valor de crear ningún otro instrumento similar para mantener el pescado fruto de la pesca ilegal fuera de sus mercados, el grado en que dicho reglamento influye en la gestión mundial es realmente impresionante.

El despliegue del reglamento no está libre de problemas, por supuesto. La aplicación de las disposiciones del reglamento en los Estados miembros es desigual, entre ellas, la comprobación de los certificados de captura, las inspecciones en el punto de importación en la Unión y las sanciones impuestas. A pesar de los grandes esfuerzos de la Comisión, todavía no existe una lista de los buques de pesca INDNR, que no sean las listas de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Pese a los muchos logros alcanzados, son necesarias mejoras.

Requisitos sanitarios

Los procedimientos para inspeccionar y autorizar la comercialización de alimentos, incluido el pescado, en el mercado de la Unión se describen en el Reglamento (CE) n.º 854/2004 [será sustituido por el Reglamento (UE) 2017/625 en diciembre de 2019, pero no está previsto cambiar las disposiciones descritas más adelante para los productos de la pesca]. Dicho acto legislativo regula las inspecciones de alimentos, tanto producidos en la Unión como importados, e incluye disposiciones para los productos de la pesca importados (además de los desembarques directos en un puerto de la Unión). La Unión establece una lista de terceros países aprobados cuyas autoridades competentes ofrecen «garantías apropiadas con respecto al cumplimiento o la equivalencia con la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos y la normativa en materia de salud animal». Son estas autoridades competentes de terceros países quienes informan a la Unión sobre qué establecimientos de transformación y buques de pesca están autorizados a exportar a la Unión. Dichas autoridades competentes también pueden delegar las responsabilidades de autorización y de inspección a otro tercer país, por ejemplo un país costero, siempre que dicho país figure también en la lista de países aprobados por la Unión. El tercer país tiene la obligación de garantizar que los establecimientos mencionados cumplen los requisitos de la Unión. Debe llevar a cabo inspecciones y tiene la facultad de prohibir a los establecimientos no conformes que exporten a la Unión. También debe mantener la lista actualizada.

A partir de diciembre de 2017, la lista de establecimientos de terceros países autorizados a exportar productos de la pesca directamente a la Unión incluía 7 032 establecimientos de transformación y almacenes frigoríficos, así como 3 818 buques de pesca (incluidos los buques frigoríficos). La Comisión envía periódicamente equipos de inspección a estos terceros países a fin de comprobar si se cumplen las condiciones aplicables.

Si bien este sistema puede parecer sólido sobre el papel, y puede funcionar razonablemente bien en la mayoría de los casos, no deja de tener sus deficiencias, que pueden provocar graves problemas en algunas ocasiones.

Más de una década de observación ha puesto de relieve que muchos buques que practican actividades de pesca INDNR y cuyos productos se desembarcan y comercializan en la Unión, también figuran en las listas de los buques certificados por las autoridades de terceros países por respetar los requisitos de la Unión en materia de higiene.

Algunos buques nunca llegan a puerto ni son objeto de inspecciones periódicas por parte de las autoridades competentes. En algunos casos, queda claro que estos buques no solo no pueden cumplir los requisitos de higiene de la Unión sino que pescan de manera ilegal(2).

En 2006, las inspecciones a bordo de un buque de pesca con pabellón chino en aguas guineanas descubrieron cajas de pescado vacías en la bodega con los nombres de varios buques pesqueros de la flota china que tenían números de la DG SANTE. Es difícil ver cómo las autoridades chinas o la DG SANTE podían comprobar si el pescado estaba correctamente etiquetado. El buque había pescado en aguas guineanas durante tres años sin licencia y fue detenido por las autoridades del país con el apoyo del buque MY Esperanza de Greenpeace. Se detectaron otros casos de buques de pesca INDNR en las listas de la DG SANTE en 2014 y 2017.

La última auditoría de la DG SANTE a Mauritania se remonta a 2011. En su informe se afirma:

«Algunos tipos de buques congeladores (tipo chino) presentaban defectos estructurales que no les permitían cumplir las condiciones necesarias para la manipulación de productos de la pesca destinados a la exportación a la Unión: entre la zona de clasificación y la zona de producción, no existían protecciones contra los elementos naturales. Además, estos buques presentaban grados diversos de degradación y algunos de ellos rozaban el límite de la insalubridad» (página 11).

En el sitio web de la DG SANTE no figuran auditorías a Mauritania posteriores, y la lista de establecimientos autorizados de dicho país incluye actualmente 66 buques congeladores y solo un buque factoría.

Durante más de un decenio, se registraron numerosos casos de buques dedicados a la pesca INDNR en aguas de África occidental que figuraban en las listas de establecimientos autorizados de la DG SANCO, incluso después de la entrada en vigor del Reglamento INDNR.

La DG SANTE señala que, si un buque figura en la lista de la Unión de buques dedicados a la INDNR, las inspecciones aduaneras rechazarán automáticamente la entrada de pescado procedente de dicho buque. Sin embargo, las inspecciones aduaneras no son enteramente fiables (véase más adelante). Además, las organizaciones pesqueras regionales y subregionales de África occidental pertinentes (CPACO y CSP) no elaboran listas de buques INDNR, y la lista de la Unión solo incluye los buques de pesca INDNR que figuran en listas de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Por tanto, no se rechazará la entrada del pescado capturado por los buques mencionados anteriormente a pesar de su historial de pesca INDNR.

Comercio

En la legislación comercial existen escasas menciones a la pesca, más allá de regular los contingentes y los aranceles de importación. Incluso en acuerdos de libre comercio muy recientes que incluyen disposiciones específicas sobre pesca estas son bastante simplistas. Por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio con Japón y Vietnam se enumeran algunos acuerdos internacionales que deben respetarse (uno de los cuales es voluntario, el Código de Conducta de la FAO) y se incluyen compromisos vagos para combatir la pesca INDNR. Es revelador que estas disposiciones figuren en una sección del acuerdo que no está sujeta a un mecanismo de solución de controversias jurídicamente vinculante sino simplemente a un arbitraje no vinculante. Ni siquiera existe un compromiso de ratificar y aplicar de manera efectiva una lista de instrumentos internacionales relativos a la pesca (similar al SPG+) ni una mención explícita del Reglamento INDNR de la Unión, y mucho menos un compromiso por parte del tercer país de llevar a cabo un proceso para garantizar que el pescado capturado ilegalmente no entre en su mercado.

El enfoque de la Unión respecto al comercio se percibe, a menudo, como contraproducente para la buena gobernanza de la pesca en la Unión, al abrir continuamente el mercado de la Unión a productos de la pesca procedentes de países que no necesariamente aplican las mismas normas que nosotros. En 2014, la Comisión propuso conceder el SPG+ a Filipinas, al mismo tiempo que identificaba preliminarmente el país como no cooperativo. La Comisión parecía no detectar la incoherencia entre advertir a un país, por un lado, de que corre el riesgo de una grave prohibición de comercio en cuanto a productos de la pesca, a la vez que se le concede un estatuto comercial más favorable.

Otro ejemplo tiene que ver con Corea del Sur, país con el que la Comisión negociaba un acuerdo de libre comercio al mismo tiempo que había identificado preliminarmente dicho país. Dicha identificación fue revocada en abril de 2015, a pesar de que la legislación coreana seguía siendo insatisfactoria.

Los productos importados, incluido el pescado, deben despacharse en la aduana al llegar a territorio de la Unión. No obstante, en un informe reciente del Tribunal de Cuentas(3) se detectaron importantes deficiencias y lagunas que significan que los controles aduaneros de la Unión no se aplican de manera eficaz. Entre los problemas señalados se incluye la declaración falsa del país de origen, lo que tiene consecuencias obvias para el objeto del presente informe.

Normas de mercado

La organización común de mercados [Reglamento (UE) n.º 1379/2013] incluye disposiciones sobre el mercado para la mayor parte de los productos de la pesca y la acuicultura, por ejemplo, acerca de la información que debe incluirse en la etiqueta. Permite que se desarrollen normas de comercialización para el pescado producido o importado en la Unión, en relación con cuestiones como la calidad, la frescura, el tamaño, etc.

Por lo que se refiere al etiquetado, la información al consumidor obligatoria (especie, zona y método de producción, incluido el tipo de arte para peces silvestres) solo se aplica a una pequeña parte del mercado total, pues no se exige para productos preparados, conservados o procesados, como las conservas de pescado y otros. Por tanto, la igualdad de condiciones no es tal en la Unión en cuanto a la trazabilidad y la información al consumidor.

En lo relativo a las normas de comercialización, la Comisión acaba de poner en marcha un procedimiento para evaluar su utilidad y eficacia, pues el más reciente se aprobó hace más de 20 años. Se trata de una evolución positiva, pues permite tener en cuenta normas de comercialización que van más allá de la calidad del producto, a fin de permitir aplicar normas más estrictas en el pescado importado con objeto de garantizar que cumplen algunos criterios mínimos de conservación, por ejemplo el tamaño mínimo del pescado. Los cálculos facilitados por la DG MARE muestran que la actual normativa del mercado, que se ocupa en gran parte de las categorías de talla y frescura, se aplica al 75 % de los desembarques en la Unión, pero a menos del 10 % de las importaciones.

Normas laborales

Existen varios instrumentos internacionales relativos a las condiciones laborales, tanto para la gente de mar como para los pescadores en concreto. Entre ellos figuran:

•  Condiciones laborales – Cubiertas por el Convenio sobre el trabajo marítimo (ratificado por 25 Estados miembros; incorporado mediante la Directiva 2009/13/CE) y el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en el sector pesquero (ratificado por 3 Estados miembros; incorporado parcialmente mediante la Directiva (UE) 2017/159). Los interlocutores sociales establecieron dicha Directiva a través del artículo 155 del TFUE, puesto que los Estados miembros tardaban demasiado en ratificar el Convenio original. Lamentablemente no se incluían disposiciones para garantizar el cumplimiento. Además, no incluye a los pescadores autónomos a menos que trabajen en el mismo buque.

•  Construcción de buques y navegabilidad – Cubiertas por el Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar para la gente de mar (ratificado por todos los Estados miembros; incorporada mediante la Directiva 98/18/CE) y el Acuerdo de Ciudad del Cabo para los pescadores (ratificado por 11 Estados miembros; solo incorporado para buques de más de 24 m mediante la Directiva 97/70/CE).

•  Formación y certificación – Cubiertas por el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia (STCW) para la gente de mar (ratificado por todos los Estados miembros; incorporado por varias directivas) y el Convenio SCTW-F para pescadores (ratificado por 6 Estados miembros; no incorporado en el acervo). Los interlocutores sociales desean utilizar el procedimiento del artículo 155 del TFUE también para este punto, que debería ser una prioridad para la Comisión.

Si bien la Unión y los Estados miembros son muy activos para cumplir las normas internacionales relativas a la gente de mar, lo son mucho menos para ampliar la misma consideración y protección a los pescadores (las propias normas difieren entre trabajadores del mar y pescadores). Habida cuenta de que existen muchos más pescadores que gente de mar, se trata de una negligencia grave por parte de la Unión en lo que respecta a su obligación de ofrecer seguridad a la industria pesquera y a la vida en el mar en general.

Respecto al presente informe, es evidente que la Unión goza de poca credibilidad en cuanto a normas laborales para los pescadores en otros países, pues no asume sus responsabilidades internacionales en su interior. Los Estados miembros deben ratificar estos instrumentos importantes para la protección de los pescadores.

Reglamento de control

Al igual que con el Reglamento INDNR, se ha escrito mucho sobre el Reglamento de control. Adolece de algunas incoherencias y ambigüedades, aunque resulta evidente desde hace muchos años que el problema de principio ha sido la aplicación desigual del Reglamento por parte de los Estados miembros. Tanto la propia evaluación de la Comisión como un informe del Tribunal de Cuentas señalan, entre otros, problemas con la comprobación de los datos, el intercambio de información entre Estados miembros, una aplicación nula o deficiente del sistema de puntos y sanciones insuficientemente disuasorias.

En las ocasiones relativamente raras en que la Comisión ha llevado a los Estados miembros ante el TJUE por la deficiente aplicación del Reglamento de control, el resultado ha sido una mejora notable. Por ejemplo, después de que España fuera condenada por el Tribunal en 2008(4), aplicó rápidamente el Reglamento de control.

La Comisión dispone de otros instrumentos de persuasión, como los planes de acción, y es una lástima que no haya recurrido más a ellos a fin de mejorar la situación.

Esta institución ha declarado su intención de revisar el Reglamento de control. Tal como se indicó en el Informe Thomas(5), cualquier revisión del Reglamento de control debe tener objetivos concretos, conservar normas efectivas para prevenir, detectar y sancionar las infracciones y centrarse principalmente en una mejor aplicación de las normas entre los Estados miembros. No debería comportar un debilitamiento de las normas más estrictas en materia de protección del trabajo, el medio ambiente, los sindicatos o la sociedad.

La revisión debe prever un régimen de control más firme, eficaz y armonizado para la Unión, con una mejor trazabilidad para todos los productos de la pesca.

Pero más allá de una mejor trazabilidad, a fin de evitar la discriminación, la Unión debe exigir que todos los productos comercializados en su territorio respeten el mismo nivel de medidas de conservación y gestión, además de los requisitos en materia de higiene que impone la legislación de la Unión.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf.

(2)

https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf.

(3)

Informe especial n.º 19/2017.

(4)

C-189/07.

(5)

A8-0234/2016.


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión

(2017/2129(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(1),

–  Visto el régimen de control de la política pesquera común (PPC), compuesto por los Reglamentos (CE) n.º 1224/2009(2), (CE) n.º 1005/2008(3) y (UE) 2017/2403(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo(5),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1026/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre determinadas medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de peces en relación con los países que autorizan una pesca no sostenible(7),

–  Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 19/2017, de diciembre de 2017, titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»,

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas(8),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0156/2018),

A.  Considerando que la Unión es el mayor mercado mundial para los productos de la pesca y la acuicultura, pues absorbió el 24 % del total de las importaciones mundiales en 2016, y depende de las importaciones para más del 60 % de su consumo de dichos productos;

B.  Considerando que, en su Resolución de 8 de julio de 2010 sobre el régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas(9), el Parlamento puso de manifiesto que uno de los objetivos esenciales de la política en materia de importación de productos de la pesca y de la acuicultura debe ser garantizar que los productos importados cumplan, en todos los ámbitos, las mismas exigencias que se imponen a la producción de la Unión, y que los esfuerzos de la Unión en materia de sostenibilidad de la pesca son incompatibles con la importación de productos procedentes de países que no se preocupan por la sostenibilidad;

C.  Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos – Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497) mantiene el compromiso de la Unión con una política de comercio más responsable, como instrumento en pro de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

D.  Considerando que comprobar si el pescado procedente de productores de la Unión cumple sus normas sanitarias es responsabilidad de los Estados miembros, mientras que, para el pescado importado, la Comisión autoriza a terceros países a decidir qué establecimientos están autorizados a exportar productos de la pesca a la Unión, siempre que puedan garantizar normas equivalentes;

E.  Considerando que las regiones ultraperiféricas de la Unión que se encuentran en el Caribe, en el Océano Índico y en el Océano Atlántico son vecinas de varios terceros países cuyas condiciones de pesca, de producción y de comercialización no respetan siempre los estándares europeos, creando así una competencia desleal con la producción local;

F.  Considerando que existen numerosos instrumentos internacionales relativos a los pescadores que deberían ser ratificados y aplicados, tales como el Convenio n.º 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el personal de los buques pesqueros (STCW-F) de la OMI;

G.  Considerando que las conclusiones del dictamen científico n.º 3/2017, de 29 de noviembre de 2017, titulado «Food from the Oceans» (Los alimentos que obtenemos de los océanos), aconsejan que los objetivos de desarrollo sostenible se integren en todas las políticas de la Unión y que se aplique el mismo enfoque en otros ámbitos internacionales, así como que se apoye a otras regiones del mundo a encontrar un equilibrio entre los objetivos económicos y ecológicos que afectan a la producción de alimentos y al medio ambiente marino;

1.  Señala que, a fin de comercializar productos de la pesca y de la acuicultura, los operadores de la Unión deben cumplir una larga serie de reglamentos y respetar criterios estrictos, entre ellos las normas de la PPC y normas sanitarias, laborales, ambientales y de seguridad a bordo, todas ellas incluidas en regímenes para garantizar su cumplimiento; considera que su combinación crea una norma exigente respecto a la calidad y la sostenibilidad del producto que los consumidores de la Unión tienen derecho legítimo a esperar;

2.  Estima que la conformidad de los productos de la pesca y la acuicultura procedentes de terceros países con las normas de la Unión relativas a la sostenibilidad social y medioambiental fomentaría la sostenibilidad en esos terceros países y contribuiría a crear una competencia más equitativa entre los productos de la Unión y los productos procedentes de terceros países;

3.  Expresa su preocupación por el hecho de que las importaciones de tales productos se someten a menos controles, y que los controles primarios se basan en las normas sanitarias y en el Reglamento sobre la pesca INDNR(10), concebido únicamente para garantizar que el producto fue capturado de acuerdo con la normativa aplicable;

4.  Insiste en que, con el fin de asegurar un trato equitativo entre los productos de la pesca y la acuicultura importados y los productos europeos —lo que debería ser uno de los objetivos fundamentales de la política pesquera de la Unión—, la Unión debería exigir que todos los productos importados respeten las normas de conservación y gestión, así como las exigencias de higiene impuestas por la legislación de la Unión; señala que esto contribuiría a crear una competencia más justa y reforzaría las normas aplicables a la explotación de los recursos marinos en terceros países;

5.  Considera que los esfuerzos desplegados por la Unión en materia de conservación de los recursos pesqueros y sostenibilidad de la pesca, que se llevan a cabo en el marco de la política pesquera común (PPC), son incompatibles con la importación de productos de la pesca y la acuicultura procedentes de países que están intensificando sus esfuerzos de pesca sin preocuparse por la sostenibilidad y a los que solo les interesa la rentabilidad a corto plazo;

6.  Expresa su preocupación por el hecho de que las diferentes normas de comercialización de pescado crean un mercado discriminatorio que afecta negativamente a los pescadores y acuicultores de la Unión, motivo por el cual deberían incrementarse y mejorarse los controles de los productos de la pesca y la acuicultura;

7.  Considera que la aplicación del Reglamento de control(11) debería reforzarse en todos los Estados miembros, de modo que se aplique de manera homogénea y armonizada en todas las fases de la cadena de suministro, incluidos los servicios minoristas y de restauración, tanto para los productos importados como para los de la Unión; señala que esto también es aplicable a las disposiciones en materia de etiquetado;

Normas sanitarias

8.  Manifiesta su inquietud por el hecho de que el sistema impuesto por la Unión y utilizado para la comprobación por las autoridades competentes de países terceros de los criterios sanitarios de los productos de la pesca exportados a la Unión no facilita garantías suficientes de que dichos criterios se respeten siempre;

9.  Pide a la Comisión que facilite más formación, asistencia técnica y mecanismos para la creación de capacidades institucionales con el fin de ayudar a los países en desarrollo a cumplir las normas de la Unión; alienta iniciativas como el programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE), que imparte sesiones de formación para el personal de control oficial de los países en desarrollo sobre las normas de la Unión para los productos de la pesca y la acuicultura;

10.  Insiste en la importancia de que la legislación de la Unión en materia de normas y controles sanitarios se aplique rigurosamente en todos sus ámbitos (entre ellos, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la prevención) a los productos de la pesca y de la acuicultura importados, incluidos los alimentos para animales y otras materias primas destinadas a la fabricación de estos últimos, ya que se trata de aspectos esenciales para la protección del consumidor; urge a la Comisión, en este sentido, a que mejore su programa de inspecciones a terceros países mediante un perfeccionamiento de las misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, principalmente a través del incremento del número de establecimientos inspeccionados en cada misión, con el fin de obtener unos resultados más ajustados a la realidad de los terceros países;

11.  Observa que incluso las propias auditorías de la DG SANTE revelan que algunos terceros países están muy lejos de garantizar que los productos cumplen la normativa sanitaria necesaria, al menos en lo que a los buques de pesca y factoría y los buques frigoríficos se refiere, lo que dificulta la realización de los controles sanitarios en los puestos de inspección fronterizos de la Unión a la hora de verificar el cumplimiento de la normativa en materia sanitaria;

12.  Expresa su preocupación por las dificultades que tienen, según ciertas observaciones, buques pesqueros no comunitarios que faenan en África occidental para garantizar la trazabilidad de los productos y el respeto de las normas sanitarias; considera que no puede confiarse plenamente en la veracidad de los certificados expedidos por terceros países para buques y establecimientos autorizados a exportar a la Unión;

13.  Estima que permitir que terceros países deleguen en otros terceros países seleccionados el derecho de adjudicar estos certificados, incluso a países costeros, va en contra del concepto de responsabilidad del Estado del pabellón en el que se sustenta la PPC, incluido el Reglamento sobre la pesca INDNR, y más concretamente, de la responsabilidad del Estado de pabellón que valida el certificado de captura; considera que la Comisión debería abandonar la práctica de permitir que terceros países deleguen dicha facultad en otros países;

14.  Considera, además, que las autoridades competentes deberían realizar al menos una vez al año una inspección sanitaria de los buques pesqueros;

Derechos laborales

15.  Señala el contraste entre el historial de los Estados miembros a la hora de ratificar los convenios laborales relativos a la gente de mar, que es digno de elogio, y su más que insuficiente actuación a la hora de ratificar los convenios relativos a los pescadores, y les insta a que ratifiquen sin demora los instrumentos pertinentes, incluidos el Convenio n.º 188 de la OIT, el Acuerdo de Ciudad del Cabo y el STCW-F;

16.  Felicita a los interlocutores sociales por su éxito en la utilización del artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a la hora de negociar la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo(12), que aplica parcialmente el Convenio n.º 188 de la OIT, y lamenta al mismo tiempo que los pescadores autónomos no estén incluidos; insta a la Comisión a que complete el proceso presentando una propuesta de directiva complementaria que incluya disposiciones de ejecución, tal y como se ha hecho para el transporte marítimo;

17.  Insta a la Comisión, en este sentido, a que ponga en marcha procedimientos para la utilización del artículo 155 del TFUE en lo que respecta al STCW-F con miras a mejorar la seguridad en el mar para la pesca, ampliamente reconocida como una de las profesiones más peligrosas del mundo;

18.  Respalda los constantes esfuerzos por mejorar la política pesquera de la Unión con el fin de hacerla más sostenible desde el punto de vista medioambiental, garantizando la supervivencia a largo plazo de las comunidades costeras y una fuente nutritiva de alimentación; contrasta esta situación con la creciente apertura del mercado de la Unión a los productos de la pesca procedentes de países terceros que no tienen regímenes de gestión igual de estrictos; considera que esto constituye una falta de coherencia entre la política pesquera y la comercial;

Política comercial

19.  Lamenta que, en ocasiones, la Comisión envíe señales contradictorias a terceros países, como, por ejemplo, cuando negocia acuerdos de libre comercio con países identificados preliminarmente con arreglo al Reglamento sobre la pesca INDR o al Reglamento sobre la pesca no sostenible(13), o cuando amplía de otro modo el acceso al mercado de la Unión para dichos países;

20.  Pide a la Comisión que garantice una estrecha coordinación entre las políticas comerciales y pesqueras de la Unión, en particular a la hora de negociar acuerdos comerciales en los que se aborden cuestiones relacionadas con la pesca; considera fundamental analizar el impacto económico y social de los acuerdos de libre comercio para los productos de la pesca de la Unión, establecer unas medidas de salvaguardia adecuadas en caso necesario y tratar determinados productos de la pesca como productos sensibles;

21.  Considera que la Unión, como principal importadora de productos pesqueros, comparte con otros grandes países importadores de pescado la responsabilidad política de garantizar que las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) estén en consonancia con las normas internacionales más estrictas posibles en materia de gestión y conservación de los recursos pesqueros; pide, en este sentido, a la Comisión que vele por que se refuerce el comercio de pescado justo, transparente y sostenible en el marco de la política comercial bilateral y multilateral de la Unión;

22.  Insiste en que los acuerdos de libre comercio y otros acuerdos multilateral con disposiciones comerciales negociados por la Comisión incluyan capítulos reforzados sobre desarrollo sostenible que aborden problemas específicos de la pesca que:

  consoliden explícitamente los requisitos del Reglamento sobre la pesca INDNR y obliguen al tercer país en cuestión a iniciar un procedimiento para evitar que el pescado fruto de la pesca INDNR entre en su mercado, a fin de impedir que este llegue indirectamente a la Unión;

  exijan que el tercer país en cuestión ratifique y aplique efectivamente los instrumentos internacionales clave en materia de pesca, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces, el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Medidas del Estado Rector del Puerto y el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO, y que se adhiera a las normas de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) pertinentes;

23.  Pide que se tengan realmente en cuenta los intereses de las regiones ultraperiféricas cuando se concluyan acuerdos de colaboración de pesca sostenible o acuerdos comerciales con países terceros, previendo, si es necesario, la exclusión de productos sensibles;

24.  Pide a la Comisión que, en el marco de la elaboración de un acuerdo posterior al Brexit, condicione el acceso al mercado de la Unión de los productos de la pesca y de la acuicultura del Reino Unido al acceso a las aguas británicas de los buques de la Unión y a la aplicación de la PPC;

25.  Pide a la Comisión que proponga enmiendas al Reglamento SPG(14) de manera que, entre los instrumentos pesqueros que deban ratificarse y aplicarse, se incluyan los más importantes ―como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces, el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO y el Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto― , y se incluyan disposiciones que permitan la suspensión del estatuto de SPG+ en caso de incumplimiento de lo dispuesto en los citados instrumentos; 

26.  Destaca que para subsanar las deficiencias en la aplicación de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio y para dotar de fuerza a estas disposiciones, deberían estar sometidas a un mecanismo de resolución de litigios vinculante (que incluya consultas de gobierno a gobierno, un procedimiento de grupo especial, acceso público a los documentos y consultas a la sociedad civil), en paralelo a la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de los compromisos internacionales;

27.  Manifiesta su alarma por las deficiencias y las lagunas en los controles aduaneros a que se refiere el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 19/2017, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones en él contenidas lo antes posible;

28.  Observa que, además de las obligaciones generales de divulgación de información no financiera que incumben a las grandes empresas, se ha impuesto como requisito adicional una mayor responsabilidad de diligencia debida a los operadores de todos los tamaños, incluidas las pymes, en dos sectores problemáticos ―minero de zonas de conflicto y maderero―, que deberá aplicarse en toda la cadena de custodia; considera que los productos pesqueros también saldrían beneficiados con unas obligaciones similares e insta a la Comisión a que examine la viabilidad de introducir requisitos de diligencia debida para estos productos;

Normas de comercialización

29.  Señala que, mientras que las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 sobre la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura se aplican a todos los productos de la pesca y la acuicultura, las relativas al etiquetado para los consumidores se aplican solo a un grupo relativamente reducido de productos, del que están excluidos, por ejemplo, los productos preparados, conservados o procesados; considera que se debería mejorar también la información al consumidor para estos productos, con la inclusión de información adicional obligatoria en su etiquetado; opina que hay que mejorar el etiquetado de estos productos, a fin de informar a los consumidores y garantizar la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura;

30.  Pide a la Comisión que promueva campañas de información en las que se expliquen los esfuerzos de sostenibilidad realizados por los pescadores y acuicultores de la Unión, y se haga hincapié en el elevado nivel de los estándares cualitativos y medioambientales exigidos por la legislación de la Unión frente a los de países terceros;

31.  Expresa su convicción de que los consumidores europeos tomarían decisiones diferentes si estuviesen mejor informados sobre la naturaleza real de los productos comercializados y sobre su origen geográfico, calidad y condiciones en que se han producido o capturado;

32.  Considera que la información obligatoria en el etiquetado de los productos pesqueros debe incluir también el nombre del Estado bajo cuyo pabellón navegaba el buque que efectuó la captura;

33.  Celebra que la Comisión haya iniciado recientemente una evaluación de las normas de comercialización adoptadas por primera vez hace decenios con el fin de determinar qué normas deben aplicarse a la luz de las prácticas comerciales actuales y de las tecnologías disponibles para la trazabilidad de los productos;

Régimen de control

34.  Considera que los tres Reglamentos que forman el régimen de control constituyen un conjunto equilibrado y han dado lugar a importantes mejoras en la gestión de la pesca en la Unión;

35.  Felicita a la Comisión por la manera en que ha aplicado el Reglamento sobre la pesca INDNR frente a terceros países, lo que demuestra que la Unión puede tener una enorme influencia en la pesca mundial en su papel como Estado mercado responsable; insta a la Comisión a que siga presionando a otros Estados mercado para que apliquen medidas encaminadas a cerrar sus mercados a los productos procedentes de la pesca INDNR;

36.  Destaca el informe publicado recientemente por la sociedad civil en el que se analiza el flujo de importaciones de productos de la pesca en países de la Unión desde 2010, año de entrada en vigor del Reglamento sobre la pesca INDNR, y que muestra cómo las deficiencias en los controles en los Estados miembros de las importaciones procedentes de terceros países y la falta de uniformidad de ciertas normas pueden dar lugar a la entrada en el mercado de la Unión de productos no conformes con la normativa; pide, por tanto, a los Estados miembros de tránsito y de destino que intensifiquen su coordinación a fin de velar por que los certificados de captura expedidos para las importaciones de productos de la pesca se examinen con mayor atención; considera fundamental la implantación de un sistema informático europeo, armonizado y coordinado, que pueda facilitar los controles de las importaciones de productos de la pesca en los Estados miembros;

37.  Estima que la Comisión y algunos Estados miembros no han aplicado ni han conseguido hacer cumplir de manera estricta los tres Reglamentos, tal como se recoge en documentos de la Comisión, del Tribunal de Cuentas y de observadores independientes;

38.  Considera que, además de aplicar el Reglamento sobre la pesca INDNR, es necesario proceder en una fase posterior a un control más estricto de la comercialización de tales capturas, en particular por medio de auditorías más rigurosas de los Estados miembros y de las empresas de quienes se sospeche que suministran productos de pesca ilegal;

39.  Pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos a su disposición para garantizar que todos los países exportadores de productos de la pesca y de la acuicultura a la Unión apliquen políticas rigurosas en materia de conservación de las poblaciones; anima a la Comisión a cooperar con dichos países en todos los foros adecuados y, en particular, en el marco de las OROP;

40.  Observa que se han producido deficiencias en muchos aspectos de la aplicación, como por ejemplo:

  niveles desiguales de sanciones y falta de aplicación del sistema de puntos en diferentes Estados miembros;

  sanciones no siempre lo suficientemente disuasorias, efectivas y proporcionadas como para impedir que las infracciones se vuelvan a producir;

  recopilación e intercambio de datos entre Estados miembros no satisfactorios, en particular a la vista de la falta de una base de datos común y compatible;

  escasa trazabilidad del pescado, también cuando cruza fronteras nacionales;

  poco control de las prácticas de pesaje;

  importantes diferencias en la comprobación de importaciones y puntos de entrada, incluidos los certificados de captura;

  falta de una definición uniforme y clara de las infracciones graves en los Estados miembros;

41.  Subraya la necesidad de asegurar que, cuando un producto importado es rechazado en un puerto de un Estado miembro de la Unión, no pueda entrar en el mercado de la Unión a través de otro puerto de otro Estado miembro;

42.  Reconoce que determinadas disposiciones de los Reglamentos del régimen de control son susceptibles de interpretación, lo que ha dificultado una aplicación uniforme, pero considera que, con la apertura y la voluntad política suficientes, la Comisión y los Estados miembros podrían intensificar sus esfuerzos por garantizar una aplicación más armonizada de la legislación vigente, mediante el recurso a orientaciones e interpretaciones, por ejemplo;

43.  Señala que esta era la intención subyacente en el Grupo de expertos sobre el cumplimiento de las obligaciones del régimen de control de la pesca de la Unión, que se creó en el marco de la reforma de la PPC como lugar de encuentro para que los distintos agentes debatieran sin tapujos y juicios de valor acerca de las deficiencias observadas, y lamenta que, hasta ahora, el Grupo haya evolucionado en otra dirección;

44.  Considera que es preciso hacer mucho más para fomentar la plena aplicación del régimen de control, incluido el seguimiento adecuado de las infracciones detectadas, la mejora de los informes de los Estados miembros sobre las acciones adoptadas y el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión;

45.  Insta a la Comisión a utilizar el conjunto de instrumentos a su disposición para alentar a los Estados miembros a que apliquen plenamente las disposiciones del régimen de control, incluida, en su caso, la retención de los fondos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca;

46.  Reitera las conclusiones señaladas en su Resolución de 25 de octubre de 2016 sobre cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa(15), en el sentido de que toda revisión del Reglamento de control o del Reglamento sobre la pesca INDNR ha de ser concreta y centrarse solo en los aspectos que impiden que se lleven a cabo controles eficaces y homogéneos en todos los Estados miembros de la Unión;

47.  Pide que las competencias de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) se extiendan al control de los buques afectados por los acuerdos de pesca, en particular sobre la base de una colaboración en este ámbito con las autoridades competentes del Estado signatario, y que se dote para ello a la AECP de medios suficientes;

48.  Lamenta profundamente la decisión de la Comisión de poner en marcha una importante revisión de todo el régimen de control sin las debidas consultas públicas sobre la aplicación del Reglamento sobre la pesca INDNR, sobre el mandato de la AECP o sobre la revisión de todo el paquete, tal como exigen las directrices para la mejora de la legislación; considera que realizar una consulta pública oficial sobre todos estos elementos antes de presentar una propuesta de revisión permitiría a todas las partes interesadas participar plenamente en la revisión de este pilar fundamental de la PPC;

49.  Insiste firmemente en que la revisión no debe comportar un debilitamiento de las medidas actuales, sino que debe mejorar y reforzar la igualdad de condiciones en el control de la pesca, como única manera posible de garantizar la dimensión «común» de la PPC;

50.  Hace hincapié en que la revisión del régimen de control debe incluir entre sus principios básicos:

– patrones y normas a escala de la Unión relativos a las inspecciones en el mar, en los puertos y en toda la cadena de custodia;

– la plena trazabilidad del pescado a lo largo de la cadena de custodia, desde el buque hasta el punto final de venta;

– datos completos sobre las capturas efectuadas por todos los operadores, incluidos los buques de menos de diez metros y los pescadores recreativos;

– unos niveles comunes de sanciones en todos los Estados miembros;

– una definición común de lo que constituye una infracción;

– un sistema de puntos aplicado por todos los Estados miembros de manera equivalente;

– sanciones suficientemente disuasorias, efectivas y proporcionadas;

– un sistema accesible a la Comisión y a todos los Estados miembros para el intercambio de toda la información relativa a las infracciones observadas y al seguimiento jurídico y judicial;

– la plena incorporación de las mejoras en las tecnologías disponibles y la capacidad de adoptar tecnologías futuras a medida que evolucionen, sin necesidad de proceder a una modificación legislativa;

– el establecimiento sin ambigüedad de las responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros y, en su caso, de las regiones dentro de los Estados miembros;

– la no regionalización del Reglamento de control;

51.  Pide a la Comisión que presente cuanto antes su propuesta para modificar el Reglamento de control;

52.  Insiste en que las disposiciones y los principios del Reglamento sobre la pesca INDNR no deben alterarse o debilitarse en modo alguno, teniendo en cuenta su enorme éxito y repercusión en la pesca a escala mundial;

53.  Insiste en que la inclusión de terceros países en los procedimientos de preidentificación, identificación e inclusión en la lista del Reglamento sobre la pesca INDNR se realice sin injerencias políticas de ningún tipo, y que la exclusión se base estrictamente en el logro pleno por el país en cuestión de las mejoras que la Comisión considere necesarias;

54.  Considera que el papel de la AECP debería reforzarse para permitirle participar en mayor medida en la aplicación del Reglamento de control y del Reglamento sobre la pesca INDNR, incluida la comprobación y el control cruzado de los datos a lo largo de la cadena de custodia, la planificación y la coordinación de las inspecciones por parte de la Comisión y de los Estados miembros y la verificación de los certificados de captura;

º

º  º

55.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

(2)

Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006; DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

(3)

Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999; DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.

(4)

Reglamento (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo; DO L 347 de 28.12.2017, p. 81.

(5)

DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.

(6)

DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.

(7)

DO L 316 de 14.11.2012, p. 34.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0195.

(9)

DO C 351E de 2.12.2011, p. 119.

(10)

Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo.

(11)

Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo.

(12)

DO L 25 de 31.1.2017, p. 12.

(13)

Reglamento (UE) n.º 1026/2012.

(14)

Reglamento (UE) n.º 978/2012; DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.

(15)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0407.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

24.4.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

17

3

3

Miembros presentes en la votación final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suplentes presentes en la votación final

José Blanco López, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, David-Maria Sassoli


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

17

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE

Ian Hudghton

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 18 de mayo de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad