Procedimiento : 2017/2275(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0187/2018

Textos presentados :

A8-0187/2018

Debates :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Votaciones :

PV 04/07/2018 - 6.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0292

INFORME     
PDF 452kWORD 78k
24.5.2018
PE 618.011v02-00 A8-0187/2018

sobre «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas»

(2017/2275(INI))

Comisión de Asuntos Exteriores

Ponente: Charles Goerens

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas

(2017/2275(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la erradicación de los matrimonios infantiles(1),

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 16, y todos los demás Tratados e instrumentos de la Naciones Unidas relativos a los derechos humanos,

–  Visto el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el artículo 10, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y sus cuatro principios fundamentales de no discriminación (artículo 2), interés superior del menor (artículo 3), supervivencia, desarrollo y protección (artículo 6) y participación (artículo 12), y su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(2),

–  Visto el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,

–  Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2014 y de 19 de diciembre de 2016 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado,

–  Vistas la Resolución 29/8, de 2 de julio de 2015, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, su Resolución 24/23, de 9 de octubre de 2013, sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado: retos, logros, mejores prácticas y deficiencias en la aplicación y su Resolución 35/16, de 22 de junio de 2017, sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en situaciones humanitarias,

–  Vistas la posición sobre el matrimonio infantil adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en Johannesburgo (Sudáfrica) en junio de 2015,

–  Vista la observación general conjunta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño sobre la erradicación de matrimonio infantil,

–  Vistos los artículos 32 y 37 y el artículo 59, apartado 4, del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

–  Visto el informe de 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado «Marrying Too Young – End Child Marriage» (Casarse demasiado joven: eliminemos el matrimonio infantil),

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 9,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre la promoción y protección de los derechos del niño,

–  Vistos los principios fundamentales establecidos en la Comunicación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 2016 sobre una Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

–  Vistos el Marco Estratégico de la Unión sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012(3), así como el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015(4), visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 27 de junio de 2017, titulado «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia (2015-2019): revisión intermedia de junio de 2017) (SWD(2017)0254),

–  Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño, de 6 de marzo de 2017, tituladas «Que ningún niño quede excluido»,

–  Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 7 de junio de 2017, que subraya el compromiso de la Unión en favor de la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0187/2018),

A.  Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, incluidos los derechos de igualdad, autonomía e integridad física y acceso a la educación, y la libertad frente a la explotación y la discriminación, y son un problema que no es exclusivo de países terceros, sino que puede producirse también en algunos Estados miembros; que la eliminación de estas prácticas es una de las prioridades de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos; que varias cartas y leyes internacionales prohíben el matrimonio de menores, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tiene repercusiones muy negativas para la salud física y mental y el desarrollo personal de las personas en cuestión y para los hijos nacidos de este tipo de matrimonios y, por ende, para la sociedad en su conjunto; que el matrimonio infantil es una forma de matrimonio forzado, ya que los niños carecen intrínsecamente de la capacidad de dar su consentimiento pleno, libre e informado a su matrimonio o al momento de celebrarlo; que los niños forman parte de un grupo sumamente vulnerable;

B.  Considerando que la Unión está comprometida con la promoción de los derechos del niño y que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de esos derechos; que la Unión está comprometida con la protección y promoción exhaustiva de los derechos del niño en su política exterior;

C.  Considerando que no debe celebrarse legalmente ningún matrimonio sin el consentimiento pleno y libre de ambas partes, ni con personas que no alcancen la edad mínima para casarse;

D.  Considerando que el matrimonio infantil es un problema mundial que trasciende países, culturas y religiones; que se pueden encontrar niñas casadas en todas las regiones del mundo, de Oriente Próximo a América Latina, de Asia a Europa y de África a Norteamérica; que el matrimonio infantil también afecta a los niños, pero en mucho menor medida que a las niñas;

E.  Considerando que, en la actualidad, más de 750 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años, y que 250 millones de ellas lo han hecho antes de cumplir quince años; que en la actualidad hay alrededor de 40 millones de niñas de entre quince y diecinueve años casadas o viviendo en pareja; que, cada año, unos 15 millones más se casan antes de los dieciocho años, cuatro millones de ellas antes de los quince años; que 156 millones de niños también se han casado antes de los dieciocho años, 25 millones de ellos antes de los quince años; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados son más frecuentes en las regiones pobres e infradesarrolladas; que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados tiende a aumentar con el crecimiento de la población mundial; que un reciente informe de Unicef estima que, en 2050, alrededor de 1 200 millones de niñas habrán contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años; que nueve de los diez países con las tasas más elevadas de matrimonio infantil están clasificados como Estados frágiles;

F.  Considerando que las causas profundas del matrimonio infantil son, en general, la pobreza, la falta de educación, desigualdades y estereotipos de género profundamente arraigados, la creencia de que el matrimonio proporcionará «protección», el honor familiar y la falta de protección efectiva de los derechos de los niños y las niñas, así como prácticas, creencias y costumbres nocivas y normas discriminatorias; que con frecuencia estos factores se ven agravados por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades laborales, y son reforzados por determinadas normas sociales refractarias sobre los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

G.  Considerando que existe una relación entre los matrimonios infantiles, precoces y forzados y un riesgo elevado de embarazos precoces y no deseados, elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, mayor reticencia a recurrir a la planificación familiar, embarazos no deseados con mayores riesgos para la salud y falta de acceso o acceso inadecuado a información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, y que, con frecuencia, este tipo de matrimonios supone el final de la educación de las niñas; que algunos países prohíben que las niñas embarazadas y las madres jóvenes vuelvan a las aulas; que el matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud y prostitución;

H.  Considerando que, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño hace hincapié en la importancia de medidas que fomenten la asistencia regular a la escuela, muchas niñas no están escolarizadas por diversos factores, como, por ejemplo, la inaccesibilidad o la carestía de las escuelas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tienen un efecto devastador desproporcionado y consecuencias permanentes para las víctimas y privan muy a menudo a las personas afectadas de la posibilidad de continuar sus estudios, ya que las niñas suelen abandonar la escuela durante el tiempo de preparación previo al matrimonio o poco después de su celebración; que la educación, incluida la educación sexual, es un medio eficaz para evitar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, dado que el acceso a la educación y la formación contribuye al empoderamiento y las oportunidades laborales y fomenta la libertad de elección, el derecho a la autodeterminación y la participación activa en la sociedad, permitiendo a las personas emanciparse de cualquier tipo de control que atente contra sus derechos, sin el cual la situación económica, jurídica, sanitaria y social de las mujeres y las niñas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto siguen viéndose lastrados;

I.  Considerando que cada año 17 millones de menores tienen un hijo, lo que los obliga a asumir responsabilidades propias de los adultos y pone en peligro su salud, su educación y sus perspectivas económicas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados exponen a las jóvenes a una maternidad precoz con riesgos y dificultades considerables durante el embarazo y el parto, en particular debido a un acceso muy deficiente o inexistente a apoyo médico, incluidos centros sanitarios de calidad, que deriva, a menudo, en mortalidad y morbilidad materna; que existe un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH; que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las niñas de edades comprendidas entre los quince y los diecinueve años en países de renta baja y media; que la tasa de mortalidad de los bebés nacidos de madres adolescentes es aproximadamente un 50 % más alta y que estos bebés corren un mayor riesgo de sufrir problemas de desarrollo físico y cognitivo; que los embarazos frecuentes y precoces también pueden causar una serie de complicaciones para la salud a largo plazo o incluso la muerte;

J.  Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de los derechos del niño y una forma de violencia contra las niñas y los niños y que, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de investigar las acusaciones, enjuiciar a los autores de los delitos y proporcionar compensación a las víctimas, principalmente mujeres y niñas; que estos matrimonios deben ser condenados y no pueden justificarse con motivos culturales o religiosos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados aumentan el riesgo de violencia de género y dan lugar, con frecuencia, a situaciones de violencia doméstica y ejercida por la pareja y abusos sexuales, físicos, psicológicos, emocionales y económicos y a otras prácticas nocivas para las niñas y las mujeres, como la mutilación genital femenina y los denominados «crímenes de honor», así como un aumento del riesgo de que las niñas y las mujeres estén expuestas a discriminación y violencia de género a lo largo de sus vidas;

K.  Considerando que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados aumenta significativamente en las situaciones de inestabilidad, conflictos armados y catástrofes naturales y humanitarias, durante las cuales, con frecuencia, no se dispone de atención médica y psicológica ni de acceso a la educación o a medios de subsistencia y se produce una ruptura de las redes y rutinas sociales; que, durante las crisis migratorias recientes, algunos padres que quieren proteger a sus hijos, en especial a sus hijas, contra las agresiones sexuales, o que los consideran una carga económica para sus familias, no ven otra salida que casarlos antes de haber cumplido dieciocho años creyendo que de ese modo podrán salir de la pobreza;

L.  Considerando que el matrimonio forzado es una de las causas de persecución por motivos de género más comunes, alegada por un número considerable de las mujeres que solicitan asilo; que aún existe una serie de impedimentos para poder reconocer el matrimonio forzado como una razón para otorgar protección internacional, a pesar de ser una forma de persecución por motivos de género y constituir una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales, que conlleva tratos inhumanos y degradantes que pueden constituir tortura;

M.  Considerando que el Convenio de Estambul clasifica el matrimonio forzado como una forma de violencia contra las mujeres y pide que se tipifique como delito el hecho de obligar a un menor a contraer matrimonio, así como el hecho de engañar a un menor para llevarlo a otro país con la intención de obligarlo a contraer matrimonio; que la falta de acceso por parte de las víctimas a asistencia jurídica, médica y social puede agravar este problema; que once Estados miembros de la Unión aún no han ratificado el Convenio;

N.  Considerando que la naturaleza de los matrimonios infantiles, precoces y forzados conlleva que muchos casos no se denuncien y que los casos de abuso trasciendan las fronteras internacionales y culturales, y que tales matrimonios pueden constituir una forma de tráfico de seres humanos, que conduce a la esclavitud, la explotación o el control;

O.  Considerando que en julio de 2014 se celebró en Londres la primera Cumbre de la Niña con el objetivo de movilizar los esfuerzos nacionales e internacionales para acabar con la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el plazo de una generación;

P.  Considerando que prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el matrimonio precoz y forzado, es uno de los objetivos del Plan de Acción en materia de género 2016-2020 de la Unión;

Q.  Considerando que el matrimonio infantil costará a los países en desarrollo billones de dólares de aquí al año 2030(5);

R.  Considerando que los matrimonios infantiles y precoces siguen siendo un tabú y que se deben abordar públicamente para acabar con el sufrimiento diario de las jóvenes y adolescentes afectadas y con la constante violación de sus derechos humanos; que una forma de hacerlo es apoyar y difundir el trabajo de periodistas, artistas, fotógrafos y activistas que se ocupan del problema de los matrimonios precoces;

1.  Observa que algunos Estados miembros de la Unión permiten el matrimonio a los dieciséis años con el consentimiento de los progenitores; pide a los legisladores, tanto en los Estados miembros de la Unión como en países terceros, que fijen la edad mínima para el matrimonio a los dieciocho años y adopten las medidas administrativas, jurídicas y económicas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de este requisito, por ejemplo promoviendo la inscripción de los matrimonios y nacimientos en el registro y garantizando que las niñas tienen acceso a mecanismos de apoyo institucionales, tales como asistencia psicosocial, mecanismos de protección y oportunidades de empoderamiento económico; reitera que los matrimonios infantiles, precoces y forzados deben considerarse una violación grave de los derechos humanos y una vulneración de los derechos fundamentales de los menores afectados, en primer lugar de su derecho a expresar libremente su consentimiento y su derecho a la integridad física y a la salud mental, pero indirectamente también de su derecho a la educación y al pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; condena los matrimonios infantiles, precoces y forzados y opina que toda infracción de la legislación pertinente que se cometa debe abordarse de un modo proporcionado y efectivo;

2.  Considera que es importante abordar las múltiples causas del matrimonio infantil, precoz y forzado, en particular las tradiciones nocivas, la pobreza endémica, los conflictos, las costumbres, las consecuencias de las catástrofes naturales, los estereotipos, el no respeto a la igualdad de género y los derechos, la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas, la falta de oportunidades de educación adecuadas y una respuesta jurídica y política débil, en especial en el caso de los menores pertenecientes a comunidades desfavorecidas; pide, a este respecto, que la Unión y los Estados miembros colaboren con los organismos de las Naciones Unidas pertinentes y con otros socios para atraer la atención sobre la cuestión de los matrimonios infantiles, precoces y forzados; pide a la Unión y a los Estados miembros que cumplan los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para combatir de forma más eficaz las prácticas perniciosas, como la mutilación genital femenina, y exigir responsabilidades a sus autores; pide a la Unión y sus Estados miembros que, con miras a abordar las causas de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, proporcionen más financiación a través de mecanismos de ayuda al desarrollo que promuevan la igualdad de género y la educación, a fin de mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación y de brindarles más oportunidades de participar en el desarrollo comunitario y el liderazgo económico y político;

3.  Reconoce que la prohibición legal de los matrimonios infantiles, precoces y forzados no garantizaría por sí sola el fin de estas prácticas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que coordinen mejor y refuercen la aplicación de los tratados, la legislación y los programas internacionales, así como las relaciones diplomáticas con gobiernos y organizaciones de terceros países, con el fin de abordar los problemas relacionados con los matrimonios infantiles, precoces y forzados; pide que se haga todo lo posible para garantizar la aplicación de la prohibición legal de estos matrimonios y para complementarla con un conjunto más amplio de leyes y políticas; reconoce que esto requiere la adopción y la aplicación de políticas, estrategias y programas integrales y globales, en particular la eliminación de disposiciones jurídicas discriminatorias relativas al matrimonio y la adopción de medidas positivas para el empoderamiento de las niñas;

4.  Reconoce que la desigualdad de género, la falta de respeto hacia las mujeres y las niñas en general y la voluntad de conservar tradiciones culturales y sociales que perpetúan la discriminación de las mujeres y las niñas son uno de los principales obstáculos en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados; reconoce además el vínculo entre los matrimonios infantiles, precoces y forzados y la violencia relacionada con el honor, y pide que se investiguen de forma adecuada tales crímenes y se enjuicie a los acusados; constata, además, que los niños y jóvenes también pueden ser víctimas de este tipo de violencia; pide que se aborden estas prácticas en todas las programaciones pertinentes y los diálogos políticos de la Unión con los países socios a fin de establecer mecanismos para hacerles frente, así como a través de esfuerzos en materia de educación y concienciación en los países socios;

5.  Considera que la Unión Europea, por ser uno de los agentes principales en materia de desarrollo y promoción de los derechos humanos en el mundo, debe desempeñar un papel protagonista en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados de forma global, en cooperación con las organizaciones regionales y comunidades locales; pide a la Unión y a los Estados miembros que colaboren con las autoridades policiales y los sistemas judiciales en terceros países, y que proporcionen formación y asistencia técnica para ayudar con la adopción y la aplicación de medidas legislativas que prohíban los matrimonios infantiles, precoces y forzados y deroguen las leyes, normas sociales y tradiciones culturales que coartan los derechos y la libertad de las niñas y las mujeres; pide a los Estados miembros que contribuyan a iniciativas tales como la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas, que se centra en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;

6.  Pide, por consiguiente, a aquellos Estados miembros que no lo hayan hecho todavía que incluyan en su ordenamiento jurídico nacional la prohibición total de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que apliquen el Derecho penal y que ratifiquen el Convenio de Estambul; pide a los Estados miembros que cooperen con la sociedad civil con el fin de coordinar sus acciones a este respecto; hace hincapié en la importancia de prestar apoyo adecuado y a largo plazo a los albergues destinados a acoger mujeres y refugiados y a menores no acompañados y desplazados, de modo que no se deniegue la protección a nadie por falta de recursos; pide a los Estados miembros que garanticen que se respete la edad mínima para contraer matrimonio estipulada en sus legislaciones, así como que efectúen un seguimiento de la situación mediante la recopilación de datos desglosados por sexo y pruebas sobre factores relacionados a fin de poder evaluar mejor la magnitud del problema; pide a la Comisión que cree una base de datos europea, que comprenda información sobre países terceros, para hacer un seguimiento del fenómeno de los matrimonios forzados;

7.  Recomienda a los Estados miembros que hagan converger su legislación sobre el trato dado a todos los nacionales de países terceros presentes en el territorio de la Unión, incluidos los migrantes casados antes de cumplir dieciocho años, y que introduzcan un sistema de gestión de casos centrado en los niños para determinar el interés superior del menor, que se pueda utilizar para tomar la decisión sobre el reconocimiento jurídico del matrimonio, así como que ofrezcan un trato humanitario a las personas casadas antes de cumplir dieciocho años o por la fuerza y garanticen protección en los casos en que las mujeres y las niñas afectadas soliciten la disolución del matrimonio forzado; pide que se establezcan procedimientos especiales en los centros de acogida de refugiados y solicitantes de asilo;

8.  Pide a la Unión Europea que, en el marco de su política exterior y su política de cooperación al desarrollo, ofrezca un pacto estratégico a sus socios y exija para ello lo siguiente:

a) que todos sus países socios prohíban los matrimonios infantiles, precoces y forzados, eliminando cualquier vacío legal, y que promulguen legislación acorde con las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluida la supresión, concretamente mediante su derogación o modificación, de cualquier disposición que pueda permitir, justificar o dar lugar a matrimonios infantiles, precoces o forzados, en especial de las que permiten a los autores de violaciones, abusos sexuales, explotación sexual, secuestros, trata de personas o formas contemporáneas de esclavitud eludir el enjuiciamiento y el castigo si contraen matrimonio con sus víctimas;

b) el respeto y el cumplimiento, en la práctica, de esa prohibición en todos los niveles una vez que la ley haya entrado en vigor, y el establecimiento de estrategias y programas integrales y globales para prevenir y erradicar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que comprendan objetivos progresivos y medibles y que se financien y evalúen de manera adecuada, en particular garantizando el acceso a la justicia y a mecanismos de rendición de cuentas y vías de recurso;

c) el liderazgo sostenido y la voluntad política de los gobiernos socios para erradicar el matrimonio infantil y desarrollar marcos jurídicos y planes de acción integrales, con objetivos y plazos definidos, que comprendan medidas de prevención del matrimonio infantil en diferentes ámbitos y promuevan entornos políticos, económicos, sociales, culturales y civiles que protejan y empoderen a las mujeres y las niñas y apoyen la igualdad de género;

d) la movilización de los recursos necesarios para la consecución de este objetivo, abriendo esta cooperación a todos los actores institucionales, como los profesionales del ámbito judicial, de la educación y de la salud, las autoridades policiales y los líderes religiosos y comunitarios, así como a la sociedad civil activa en el ámbito de la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

e) la necesidad de subordinar el nivel de ayuda pública para el desarrollo asignado a las autoridades gubernamentales al compromiso del país beneficiario de atenerse, en particular, a los imperativos en materia de derechos humanos, especialmente en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

f) la aplicación del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mediante una cooperación triangular que implique a estas organizaciones, la Unión Europea, sus Estados miembros y sus organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito y los países socios en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados mediante el establecimiento de planes de acción nacionales dotados de presupuesto, otorgando prioridad a los programas y métodos con posibilidades de trascender las denominadas prácticas culturales, religiosas o tribales que, en realidad, constituyen las más graves violaciones de los derechos y la dignidad de los niños; pide que, en el marco de esta cooperación, se haga frente también al problema asociado de la violencia relacionada con el honor;

g) la ejecución de estos programas sobre la base de los convenios y textos pertinentes, así como de los objetivos y metas específicos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución, de 25 de septiembre de 2015, relativa a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 3 («Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades»), el Objetivo 4 («Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos») y el Objetivo 16 («Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas»), en especial la meta «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños»;

h) estos programas deben aplicarse sobre la base del Objetivo 5 de los ODS («Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas»), incluido el acceso a la planificación familiar y a todo el abanico de derechos en materia de salud sexual y reproductiva pública y universal, en particular el acceso de las niñas a métodos de contracepción modernos y a un aborto legal y en condiciones seguras; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros, en este contexto, que apoyen el movimiento SheDecides y destinen financiación adicional a la ayuda internacional en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial en relación con el aborto en condiciones seguras y la información sobre el aborto, contrarrestando así la «ley mordaza global» reintroducida por el Gobierno de los Estados Unidos a principios de 2017;

i) la inclusión de temas relacionados con los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el actual diálogo entre el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, y los países terceros; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que integren la perspectiva de género en los programas de consolidación de la paz y de reconstrucción tras un conflicto, desarrollen programas de subsistencia económica y educativos para niñas y mujeres víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados y faciliten su acceso a los servicios de salud y reproductivos en las zonas afectadas por conflictos;

9.  Considera que, en el marco de la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados, es importante crear un espacio para el diálogo respetuoso con los líderes de las comunidades y concienciar a la opinión pública en general y a las personas en situación de riesgo en particular mediante campañas de educación y de sensibilización, así como a través de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación; pide, por consiguiente, la puesta en práctica de medidas transversales gubernamentales, legales, sociales y diplomáticas cuyo objetivo sea evitar dichas prácticas; considera que es fundamental colaborar, en el seno de las comunidades locales, con las partes interesadas clave, como los alumnos y alumnas adolescentes, el profesorado, los progenitores y los líderes religiosos y de las comunidades mediante programas comunitarios o campañas de sensibilización específicas para concienciar sobre el efecto negativo del matrimonio infantil en los niños, las familias y las comunidades, sobre el Derecho vigente en materia de matrimonio infantil y desigualdad de género y sobre el modo de acceder a la financiación para combatirlo;

10.  Considera que el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante la educación, el apoyo social y las oportunidades económicas es una herramienta indispensable para combatir estas prácticas; recomienda que la Unión promueva y proteja la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas en lo que respecta al acceso a la educación, haciendo especial hincapié en una educación primaria y secundaria gratuita y de alta calidad e introduciendo la educación en materia de salud sexual y reproductiva en los programas escolares, así como ofreciendo a las familias de las niñas incentivos económicos o ayudas para la matriculación escolar y su finalización; subraya la necesidad de velar por que los niños refugiados gocen de pleno acceso a la educación y de promover su integración e inclusión en los sistemas educativos nacionales; reconoce la necesidad de apoyar y proteger a quienes están expuestos al riesgo de matrimonio infantil, precoz o forzado o ya han sido víctimas de tales matrimonios, en especial proporcionándoles educación, apoyo psicológico y social, vivienda y otros servicios sociales de alta calidad, así como servicios de salud mental, sexual y reproductiva y asistencia sanitaria;

11.  Pide a la Unión Europea que vele por que se imparta formación a los funcionarios públicos, incluidos el personal diplomático, los trabajadores sociales y los líderes religiosos y de las comunidades, así como todas las autoridades policiales, los sistemas judiciales de los países terceros, los profesores y educadores y otro personal que esté en contacto con las víctimas potenciales, a fin de que sepan reaccionar ante los casos de matrimonio infantil y violencia de género y estén en mejores condiciones de identificar y prestar apoyo a las niñas y los niños que corran el riesgo de ser sometidos a matrimonios infantiles, precoces y forzados, violencia doméstica, violencia sexual y cualquier otra práctica que atente contra la dignidad y los derechos humanos, y puedan intervenir de manera eficaz para garantizar que se respetan los derechos y la dignidad de estas personas;

12.  Pide a la Unión que garantice que las autoridades policiales reciben formación a fin de que puedan hacer respetar los derechos de las niñas expuestas a matrimonios precoces y forzados, a violencia doméstica, al riesgo de violación y a cualquier otra práctica que atente contra la dignidad humana;

13.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las mujeres y las niñas migrantes reciban un permiso de residencia autónomo que no dependa de la situación de residencia de su marido o cónyuge, en particular en caso de que hayan sido víctimas de violencia física y psicológica, incluidos los matrimonios forzados o concertados, y que garanticen que se adoptan todas las medidas administrativas necesarias para protegerlas, incluido un acceso efectivo a mecanismos de asistencia y protección;

14.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que se planteen apoyar y reforzar las medidas de protección en los países terceros, como los albergues seguros, y el acceso a asistencia jurídica, médica y, en caso necesario, consular para las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados;

15.  Reconoce que la Unión Europea, comprometida con el respeto de los derechos humanos y los valores fundamentales, incluido el respeto de la dignidad humana, debe ser absolutamente irreprochable a nivel de los Estados miembros, y pide a la Comisión que inicie una amplia campaña de sensibilización y dedique un año europeo a la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

16.  Respalda plenamente el trabajo de la asociación mundial Girls Not Brides para erradicar el matrimonio infantil y permitir a las niñas aprovechar todo su potencial;

17.  Acoge con satisfacción la actual campaña de la Unión Africana para erradicar el matrimonio infantil y la labor de organizaciones que, como la Real Sociedad del Commonwealth, abogan por redoblar los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil y hacer frente a la desigualdad de género;

18.  Pone de relieve la urgente necesidad de informar y educar a los hombres y los niños, movilizándolos en la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de los niños y las mujeres;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0379.

(2)

DO C 289 de 9.8.2016, p. 57.

(3)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf

(4)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf

(5)

Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, «Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017» (El impacto económico del matrimonio infantil: informe de síntesis global 2017), Washington, D.C., Grupo del Banco Mundial, 2017.


OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (18.4.2018)

Para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas»

2017/2275(INI)

Ponente de opinión: Daniela Aiuto

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que el matrimonio infantil, precoz y forzado(1) constituye una violación de los derechos humanos consagrados en diversos convenios internacionales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, y recogidos entre los principios fundadores de la Unión como un espacio de seguridad, libertad, justicia y derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y las niñas; que el matrimonio infantil, precoz y forzado perpetúa otras vulneraciones de los derechos humanos que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas y constituye un obstáculo al desarrollo socioeconómico;

B.  Considerando que, a pesar de los compromisos contraídos a escala internacional, nacional y regional, los matrimonios infantiles, precoces y forzados siguen constituyendo una práctica muy extendida en todo el mundo, que afecta, según estimaciones de las Naciones Unidas, a casi 700 millones de mujeres y 150 millones de hombres forzados a casarse antes de alcanzar la mayoría de edad; que la práctica del matrimonio precoz sigue afectando de forma desproporcionada a las menores y las jóvenes; que erradicar el matrimonio infantil es una forma estratégica de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres;

C.  Considerando que se ha demostrado de forma reiterada que el matrimonio infantil o precoz tiene consecuencias negativas y perjudiciales para las jóvenes y mujeres, sus hijos y sus comunidades; que, muy a menudo, el matrimonio infantil, precoz y forzado suele tener como consecuencia el abandono escolar, privando a las niñas y mujeres de sus derechos básicos y aumentando las probabilidades de convertirse en víctimas de pobreza por razones de género y persistente, y que, al verse privadas de educación y de un futuro empleo remunerado, las jóvenes esposas son más susceptibles de caer en una situación de pobreza y de permanecer en ella;

D.  Considerando que, cada año, en todo el mundo, 16 millones de chicas de edades comprendidas entre quince y diecinueve años dan a luz a un hijo, y que al menos un millón de chicas son madres antes de cumplir los quince años; que el 95 % de los nacimientos de madres adolescentes en el mundo ocurren en los países en desarrollo y que, de dichos nacimientos, nueve de cada diez se producen dentro de un matrimonio o una unión; que, cada año, cerca de 70 000 adolescentes que viven en países en desarrollo mueren por motivos relacionados con el embarazo y el parto(2);

E.  Considerando que los estudios demuestran la existencia de un fuerte vínculo entre matrimonio infantil y parto prematuro; que los matrimonios precoces y forzados tienen graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas, incluidos los embarazos indeseados, debidos a los bajos niveles de planificación familiar y de educación sexual, y representan una grave amenaza para la salud física y mental de las mujeres y las niñas al aumentar de forma significativa el riesgo de embarazos precoces, frecuentes y no deseados, de mortalidad y morbilidad maternas y neonatales, de fístula obstétrica y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, mientras que las complicaciones en el embarazo y durante el parto son la principal causa de muerte de niñas en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años y que los niños nacidos de madres adolescentes tienen un 50 % más de probabilidades de morir durante los primeros días después del parto;

F.  Considerando que, en el mundo, cada siete segundos una niña menor de quince años de edad contrae matrimonio, a menudo con un hombre mucho mayor que ella; que, si el número de niñas desposadas sigue creciendo al ritmo actual, se calcula que la cifra de niñas casadas alcanzará 950 millones en 2030 y 1 200 millones en 2050;(3)

G.  Considerando que el matrimonio antes de los dieciocho años aumenta la probabilidad de sufrir violencia en el matrimonio; que las novias menores de edad son a menudo víctimas de violencia, dado que las grandes diferencias de edad agravan el desequilibrio de poder entre las niñas y sus maridos mucho mayores;

H.  Considerando que las desigualdades y los estereotipos de género fuertemente arraigados, las prácticas, las percepciones y las costumbres perjudiciales, así como las normas discriminatorias son las causas subyacentes del matrimonio infantil, precoz y forzado; que esto aumenta el riesgo de que las mujeres y las niñas se vean expuestas a discriminación y violencia de género a lo largo de sus vidas;

I.  Considerando que la educación es uno de los mejores medios de prevenir los matrimonios precoces y forzados y ayudar a las mujeres y niñas a tomar las decisiones relativas a su vida con conocimiento de causa; que la educación prepara a las niñas para trabajar y tener un medio de vida, aumenta su autoestima y su posición en el hogar y la comunidad y les da más poder en la toma de decisiones que afectan a sus vidas(4), reduciendo así la probabilidad de un matrimonio precoz y retrasando el embarazo;

J.  Considerando que el matrimonio precoz y forzado suscita una creciente preocupación en las zonas afectadas por conflictos; que ciertos grupos beligerantes y extremistas tienden a justificar esta práctica que tiene un profundo impacto en la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas;

K.  Considerando que el matrimonio infantil está arraigado en algunas tradiciones y culturas, pero que ninguna cultura o tradición puede justificar semejante práctica, principalmente cuando están en entredicho los derechos humanos y los derechos del niño; que, en muchas comunidades en las que se practica el matrimonio precoz, los niños tienen más privilegios y a las niñas se las considera, muchas veces, una carga económica para sus familias, lo que suele conducir a una baja autoestima;

L.  Considerando que todas las niñas tienen derecho a vivir su infancia jugando, disfrutando del derecho a la enseñanza y protegidas de la violencia, de los daños físicos y morales, y de abusos y explotaciones de todo tipo;

M.  Considerando que las niñas y las chicas tienen derecho a desarrollar todo su potencial como ciudadanas, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

N.  Considerando que los matrimonios precoces y forzados constituyen por sí mismos un obstáculo al desarrollo, y que la persistencia de esos matrimonios ha tenido consecuencias negativas para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio primero a sexto, en las esferas de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la reducción de la pobreza, la educación, la mortalidad maternoinfantil y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva(5);

O.  Considerando que prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el matrimonio precoz y forzado, es uno de los objetivos del Plan de Acción en materia de género 2016-2020 de la Unión;

P.  Considerando que, aunque los matrimonios forzados van en contra de la ley en toda la Unión, su definición exacta varía; que la ausencia de una definición comúnmente aceptada ha supuesto un obstáculo a la hora de calcular el número de matrimonios forzados en la Unión;

Q.  Considerando que el matrimonio forzado sigue siendo motivo de preocupación en la UE; que no es un crimen tipificado en la mayoría de los Estados miembros, y en su lugar la protección se proporciona a través una combinación de disposiciones penales más generales, como la violación o el secuestro;

R.  Considerando que los matrimonios de niños se consideran matrimonios forzados, dado que los menores de dieciocho años no tienen capacidad para dar su consentimiento válido al matrimonio; considerando lamentable, por tanto, que 144 países de 193 carezcan de una ley que prohíba el matrimonio de niños;

S.  Considerando que muchos casos de matrimonio forzado no se denuncian o se denuncian a organizaciones privadas y ONG en lugar de a las entidades públicas; que, cuando se denuncian a las autoridades nacionales, no existen sistemas de recolección de datos consolidados a escala nacional en el Estado miembro, a pesar de que se trata de una necesidad urgente;

T.  Considerando que el matrimonio infantil costará a los países en desarrollo billones de dólares de aquí al año 2030(6);

U.  Considerando que los Gobiernos deben reconocer la importancia de combatir el matrimonio infantil y precoz para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; que ayudar a las niñas a evitar el matrimonio infantil, retrasando el embarazo y haciendo posible la asistencia a la escuela, les brinda la oportunidad de mejorar sus competencias e ingresos futuros, y contribuye a erradicar la pobreza para las generaciones futuras; que promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres garantiza a las niñas poder de decisión sobre su vida familiar, sexual y reproductiva; que la erradicación del matrimonio infantil y precoz reducirá la mortalidad infantil y los problemas de salud asociados al embarazo y el parto precoces;

V.  Considerando que, en la mayoría de las comunidades que practican el matrimonio infantil y precoz, es frecuente dejar a las mujeres al margen de la toma de decisiones y que educar a los líderes y las mujeres de esas comunidades, y propiciar su implicación, es fundamental para el cambio de actitudes y comportamientos por lo que respecta al matrimonio infantil; que es necesaria, además, una legislación que prohíba el matrimonio precoz/forzado;

W.  Considerando que la pobreza intergeneracional es una de las razones más aducidas para forzar a las niñas al matrimonio infantil; que la escasez de conocimientos sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos tiene como consecuencia que los padres no estén advertidos de los peligros asociados al embarazo precoz;

X.  Considerando que, tanto en lo que atañe al matrimonio infantil como en todos los ámbitos de acción para combatir la violencia contra las mujeres, la movilización de los hombres y los niños es fundamental para atajar la discriminación de género y modificar prácticas tradicionales perjudiciales, profundamente arraigadas en la cultura de una determinada comunidad;

Y.  Considerando que el matrimonio infantil y precoz sigue siendo un tabú, y que se debe abordar públicamente para acabar con el sufrimiento diario de las jóvenes y adolescentes afectadas y con la constante violación de sus derechos humanos; que una forma de hacerlo es apoyar y compartir el trabajo de periodistas, artistas, fotógrafos y activistas que se ocupan del problema de las novias precoces;

Z.  Considerando que las campañas para acabar con el matrimonio precoz de niñas y jóvenes no tendrán éxito si no se acepta la sexualidad de las adolescentes y el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, sus relaciones y su actividad sexual; que, para que esas decisiones se tomen con conocimiento de causa, es necesario poner a disposición de las adolescentes y de sus padres información sobre la sexualidad y los métodos contraceptivos;

1.  Condena el matrimonio infantil, precoz y forzado y otras prácticas perjudiciales impuestas a mujeres y niñas, incluidas las adolescentes y las niñas tanto en Europa como en el resto del mundo, ya que constituyen una grave violación de los derechos humanos y, en particular, un abuso a un menor cuando la víctima es menor de dieciocho años;

2.  Destaca que los matrimonios infantiles, precoces y forzados son un grave atentado contra el derecho a conceder libremente el propio consentimiento;

3.  Reconoce que los matrimonios infantiles y forzados también se han convertido en un problema real dentro de la Unión, que requiere una acción común, firme y coordinada de todos los Estados miembros;

4.  Pide a los Estados miembros el no reconocimiento activo de los matrimonios forzados y que ofrezcan a las víctimas un apoyo pleno e independiente de las familias;

5.  Señala que muchos padres que viven en condiciones de precariedad y pobreza extrema en campos de refugiados sienten la necesidad de proteger a sus hijas de la amenaza de la violencia sexual casándolas con hombres mayores; destaca, sin embargo, que la Unión y sus Estados miembros deben adoptar un enfoque uniforme y coherente a la hora de denegar las solicitudes de reconocimiento legal de matrimonios de refugiados cuando uno de los cónyuges declarados sea un/a niño/a o adolescente; señala que el estatuto de refugiado no puede utilizarse como una puerta trasera para el reconocimiento de matrimonios infantiles en Europa;

6.  Recomienda que se aplique un enfoque holístico y global a la cuestión de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, lo que significa abordar sus causas profundas, incluida la desigualdad de género, la pobreza y la falta de oportunidades sociales y económicas; destaca, al tiempo que subraya la importancia de la educación como herramienta poderosa para la prevención de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que la integración de la perspectiva de género debe ampliarse más allá de los sectores tradicionales como la educación y la salud y llegar a todos los demás ámbitos políticos;

7.  Pide a la Unión que asuma un papel importante en la lucha contra esta violación de los derechos humanos a escala nacional, europea e internacional, y pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que hagan uso de todos los instrumentos disponibles a la hora de presentar una estrategia específica destinada a determinar las medidas necesarias para luchar contra los matrimonios precoces, forzados e infantiles, así como contra otras prácticas perjudiciales para las niñas y las mujeres, como la mutilación genital femenina y los denominados delitos relacionados con el «honor», la esclavitud sexual y la trata con fines sexuales, y para determinar qué objetivos deben establecerse y las dotaciones presupuestarias específicas que deben asignarse expresamente a tal efecto, con el fin de lograr el objetivo primordial de erradicar estas formas de matrimonio a más tardar en 2030, de conformidad con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (objetivo 5.3); pide, por consiguiente, a la Comisión y al SEAE que incluyan en la estrategia la necesidad de hacer frente a los estereotipos de género y a las normas sociales discriminatorias que contribuyen a la aceptación y la perpetuación de las prácticas perjudiciales recién mencionadas;

8.  Recuerda que erradicar el matrimonio infantil, precoz y forzado es una de las prioridades de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos;

9.  Pide a la Comisión y al SEAE que definan un plan de acción para ayudar a combatir la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el marco de las relaciones de la Unión con países socios y terceros, en particular en el ámbito del desarrollo, y que dediquen especial atención al respeto de los derechos de las mujeres y las niñas en todos los acuerdos comerciales y de asociación, incluso recurriendo a la cláusula de derechos humanos; pide a la Comisión y al SEAE que den prioridad a estas cuestiones en el diálogo político con los países socios y establezcan medidas concretas en colaboración con todos los actores clave para eliminar las prácticas perjudiciales; pide asimismo a los Estados miembros que alienten la lucha contra el matrimonio precoz y forzado en sus relaciones con terceros países;

10.  Acoge favorablemente la puesta en marcha de la iniciativa conjunta global en materia de género de la Unión y las Naciones y Unidas —la iniciativa «Spotlight»— orientada a la erradicación de la violencia sexual y de género y las prácticas dañinas como el matrimonio forzado precoz, la mutilación genital femenina o la trata de seres humanos; señala, sin embargo, que la iniciativa «Spotlight» está enfocada principalmente a cuestiones que ya constituyen un motivo de preocupación a escala global; subraya, por tanto, la necesidad de realizar avances en materia de igualdad de género de forma más global, mediante una combinación adecuada de programas y modalidades; pide a la Comisión que utilice la revisión intermedia de sus programas de cooperación internacional para aumentar la financiación del paquete de recursos para las cuestiones de género, con el fin de integrar la perspectiva de género en la cooperación bilateral y en los programas temáticos;

11.  Pide que la Unión y los Estados miembros colaboren con la ONU Mujeres, UNICEF, el UNFPA y otros socios, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de la diáspora y de migrantes, para atraer la atención sobre la cuestión del matrimonio infantil, precoz y forzado, centrándose en el empoderamiento de las mujeres, también mediante la educación, la capacitación económica y una mayor participación en la toma de decisiones, así como en la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas, incluida la salud sexual y reproductiva;

12.  Propone que se supedite la percepción de los fondos europeos de acción exterior a la aplicación de medidas para erradicar el matrimonio precoz y forzado;

13.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que integren la perspectiva de género en los programas de consolidación de la paz y de reconstrucción tras un conflicto con vistas a desarrollar medios de subsistencia económica y programas educativos para niñas y mujeres que son víctimas de matrimonios precoces y forzados y para facilitar su acceso a los servicios de salud y reproductivos en zonas afectadas por un conflicto;

14.  Destaca la necesidad de asignar fondos a los programas de prevención del matrimonio infantil que tengan como finalidad la creación de un entorno social en el que las niñas puedan desarrollar todo su potencial, también mediante la educación, programas sociales y económicos para niñas sin escolarizar, sistemas de protección de la infancia, refugios, asesoría jurídica y apoyo psicológico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que se asignan suficientes recursos a programas y actividades de este tipo en sus acciones exteriores; insta, además, a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación sistemática de los programas existentes para la prevención del matrimonio precoz, evaluando su eficacia y la utilización de la financiación disponible, con el fin de garantizar que se apliquen en las regiones y los países en los que los matrimonios infantiles son más frecuentes; anima a las delegaciones de la Unión a cumplir el compromiso asumido por la Unión en el Plan de Acción en materia de género 2016-2020 de supervisar de cerca la situación y desarrollar programas pertinentes para apoyar las acciones legislativas locales;

15.  Considera necesario desarrollar programas de empoderamiento de las niñas y las jóvenes como medio fundamental para prevenir y combatir el matrimonio precoz, mejorando tanto su autoestima como la conciencia de sus derechos, incluido el derecho legal a negarse al matrimonio;

16.  Destaca que erradicar los matrimonios infantiles, precoces y forzados tendría a su vez un gran impacto positivo en el nivel educativo de las niñas y sus hijos, contribuiría a que las mujeres tuvieran menos hijos y favoreciendo un aumento de sus ingresos y del bienestar familiar;

17.  Recuerda que es fundamental trabajar a escala local, con las comunidades, ayudando a combatir las visiones tradicionales y discriminatorias del acceso de las niñas a la educación, aumentando así las oportunidades de empleo de las mujeres y contribuyendo a su sustento y el de sus familias;

18.  Alienta el desarrollo de programas de sensibilización en los que participen todos los líderes comunitarios, educándoles sobre los efectos perjudiciales de tradiciones como el matrimonio precoz, para que se conviertan después en agentes activos de la sensibilización de la comunidad;

19.  Resalta la urgencia de informar y educar a los hombres y los niños, movilizándolos en la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de los niños y las mujeres;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas integradas, globales y coordinadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los matrimonios infantiles, precoces y forzados, en particular facilitando a las víctimas el acceso a la justicia y mejorando los mecanismos de protección de la infancia, proporcionando al mismo tiempo mayor apoyo, así como un acceso más fácil a la financiación para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la erradicación de estas prácticas;

21.  Pide a todos los Estados miembros que apliquen plenamente la legislación que prohíbe los matrimonios infantiles, precoces y forzados garantizando el acceso a la justicia, incluidas las vías de recurso, y estableciendo estructuras y programas de apoyo, asistencia y protección de las víctimas de matrimonios forzados, infantiles y precoces, incluidos unos centros de acogida seguros y la asistencia de personal femenino cualificado, como obstetras, ginecólogas, psicólogas y asistentes sociales; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren la aplicación efectiva de la Directiva 2012/29/UE, en particular a través de la mejora del acceso de las víctimas de violencia contra las mujeres a servicios de apoyo a las víctimas de carácter general y especializado y creando mecanismos de denuncia eficaces que respeten el anonimato y la confidencialidad de las víctimas con el fin de animar a las víctimas del matrimonio forzado a denunciar el delito sin temor a una mayor estigmatización;

22.  Pide que la Unión y a los Estados miembros garanticen instalaciones y formación para permitir a los profesionales sanitarios ofrecer servicios, información y recursos en condiciones de confidencialidad, sin juicios de valor y accesibles a la juventud que cumplan los requisitos de la OMS de equidad, accesibilidad, aceptabilidad, idoneidad y efectividad;

23.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lleven a cabo campañas de sensibilización sobre este fenómeno, sus consecuencias y los recursos jurídicos disponibles en toda la Unión, incluidos los campos de refugiados y los países candidatos;

24.  Celebra la creación de una nueva alerta en el Sistema de Información Schengen que permita introducir una notificación para proteger a los niños en riesgo de contraer un matrimonio forzado;

25.  Recuerda que el artículo 37 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) establece que los Estados parte tendrán el deber de «tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de obligar a un adulto o un menor a contraer matrimonio»; lamenta, por consiguiente, el hecho de que solo doce Estados miembros de la Unión hayan tipificado como delito el matrimonio forzado y recuerda que, de acuerdo con los requisitos de este Convenio, se deben facilitar a las víctimas que han sido introducidas en otro país y que, como resultado del matrimonio forzado, han perdido su derecho a residir en la Unión, vías efectivas para volver a los Estados miembros de la Unión y recuperar su estatuto de residencia; pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen el Convenio de Estambul sin más dilación(7);

26.  Pide a los Estados miembros que garanticen a las mujeres y niñas migrantes un permiso de residencia autónomo que no dependa de la situación de residencia de su marido o cónyuge, en particular para las víctimas de violencia física y psicológica, incluidos los matrimonios forzados o concertados, y que garanticen que se adoptan todas las medidas administrativas para protegerlas, incluido un acceso efectivo a los mecanismos de asistencia y protección;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas que desalienten y, si es necesario, sancionen a los padres, independientemente de que sean o no ciudadanos de la Unión, que ofrezcan a sus hijas menores de edad como esposas, ya sea viajando a sus países de origen o, con mayor razón, dentro de las propias fronteras de la Unión;

28.  Reconoce que la mayoría de los países del mundo tienen leyes que establecen la edad mínima para contraer matrimonio; señala, sin embargo, que muchos países prevén excepciones al requisito de la edad mínima para contraer matrimonio, generalmente sujeto al consentimiento de sus padres o a la autorización judicial, una cuestión que debe ser abordada por la vicepresidenta de la Comisión y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; pide a los Estados miembros y a los terceros países que aún no lo hayan hecho que prohíban y tipifiquen como delito el matrimonio precoz y forzado, revisando la edad legal mínima, independientemente de la autorización de los padres, exigiendo el pleno consentimiento de ambos cónyuges y sancionando a quienes coaccionen a alguien para que contraiga matrimonio;

29.  Propone que se incluya expresamente el matrimonio forzado como una forma de trata de seres humanos en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y que se desarrolle una política y una definición comunes del matrimonio forzado que se utilice de forma coherente a escala nacional y europea en las políticas y en las disposiciones civiles y penales relativas al matrimonio forzado;

30.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen los casos de matrimonio infantil, precoz y forzado dentro de la Unión y que se planteen el establecimiento de normas jurídicas unificadas relativas al procedimiento aplicable a los casos de matrimonio infantil y precoz;

31.  Anima a que se considere la posibilidad de introducir la inscripción obligatoria de nacimientos en los países en los que son más frecuentes los matrimonios infantiles, precoces y forzados, puesto que la falta de registro puede aumentar el riesgo de que se produzcan matrimonios infantiles o precoces;

32.  Pide a la Comisión que cree una base de datos europea para hacer un seguimiento y denunciar el fenómeno de los matrimonios forzados y otras formas de vulneración de los derechos humanos basados en el género, incluida la explotación sexual;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema sólido de recopilación de datos sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado que incluya datos desglosados por sexo, a la vista de que unos datos fiables y sólidos son fundamentales para la elaboración de políticas basadas en los hechos demostrados y unas intervenciones mejor enfocadas;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estudios específicos sobre la base de los datos recogidos a fin de disponer de un panorama claro del fenómeno a escala europea, con información concreta relativa a cada Estado miembro;

35.  Hace hincapié en la influencia negativa de la crisis humanitaria, los conflictos y las catástrofes naturales en la proliferación de los matrimonios infantiles, precoces y forzados; destaca, por lo tanto, la necesidad de combinar los esfuerzos humanitarios y de desarrollo;

36.  Reitera la necesidad de promover y proteger los derechos fundamentales de todas las mujeres y niñas, en particular el derecho a disponer de su sexualidad y decidir libremente y de forma responsable al respecto, en particular sobre su salud sexual y reproductiva, sin sufrir coacción, discriminación o violencia;

37.  Hace hincapié en que el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso universal a los mismos contribuyen a la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud, como la atención prenatal y las medidas para evitar los partos de alto riesgo y reducir la mortalidad infantil; señala que el acceso a los servicios de planificación familiar, de salud materna y de aborto seguros y legales es importante para salvar vidas de mujeres y niñas; muestra su preocupación por el hecho de que ninguna delegación de la Unión en Oriente Medio, África del Norte, Europa y Asia Central haya escogido ningún indicador en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos a pesar de las grandes necesidades en la materia en estas regiones; pide a las delegaciones de la Unión en dichas regiones que revalúen estas preocupantes cifras para determinar si se deben a errores en la información o si hace falta complementar los programas actuales con acciones específicamente destinadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

38.  Recuerda, sin olvidar que se debe colocar el foco en la prevención del matrimonio precoz, que la Unión, los Estados miembros y los terceros países también deben apoyar a las jóvenes que están casadas para que tomen conciencia de sus derechos, también por lo que respecta a sus derechos sexuales y reproductivos y a la contracepción;

39.  Condena la reinstauración y ampliación de la denominada «ley mordaza global» y su repercusión en la salud de las mujeres y las niñas; recuerda que afecta especialmente a la población en situación vulnerable, incluidas las personas que normalmente no tienen acceso a los servicios debido al estigma, la pobreza, la ubicación, la violencia o la infección por VIH;

40.  Reitera su petición de que la Unión y sus Estados miembros apoyen de forma proactiva los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo y de que aumenten de forma considerable las ayudas al desarrollo tanto nacionales como de la Unión destinadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en particular para el acceso al control de la natalidad y al aborto legal, con vistas a reducir el déficit presupuestario que han causado los Estados Unidos en este ámbito;

41.  Apoya firmemente la iniciativa «She Decides» y pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen su apoyo a esta iniciativa y a otros esfuerzos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.

42.  Considera que el aumento del número de mujeres en puestos de responsabilidad política y económica puede contribuir a garantizar que se adopte la legislación necesaria y que exista un mayor apoyo a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la prevención del matrimonio precoz y forzado.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

12.4.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

1

3

Miembros presentes en la votación final

 

Suplentes presentes en la votación final

Lívia Járóka, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Nosheena Mobarik, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Margrete Auken

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

ECR

Nosheena Mobarik

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Margrete Auken, Florent Marcellesi, Jordi Solé

1

-

PPE

Marijana Petir

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

Definido como «matrimonio de dos personas en la que al menos una de ellas no ha dado su libre y pleno consentimiento, o antes de los dieciocho años de edad», de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, de 7 de noviembre de 1962 y la Resolución 1468 (2005) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre matrimonios forzados y matrimonios de niños.

(2)

«Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes», UNFPA (2013).

(3)

Informe «Hasta la última niña: Libres para vivir, libres para aprender, libres de peligro», de 11 de octubre de 2016, de la organización Save the Children.

(4)

«Maternidad en la niñez: Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes», UNFPA (2013).

(5)

Resolución 69/156 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2014, sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.

(6)

«Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017» (Impacto económico del matrimonio infantil. Informe de síntesis global 2017).

(7)

«Forced marriage from a gender perspective», Dirección General de Políticas Interiores, Parlamento Europeo (2016).

2 Lista de ratificaciones del Convenio: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

16.5.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

45

2

2

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl

Suplentes presentes en la votación final

David Coburn, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Charles Goerens, Heidi Hautala, Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Jaromír Štětina


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Soraya Post

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith

2

EFDD

David Coburn

PPE

Francis Zammit Dimech

2

0

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 22 de junio de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad