Procedimiento : 2017/2277(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0208/2018

Textos presentados :

A8-0208/2018

Debates :

PV 10/09/2018 - 24
CRE 10/09/2018 - 24

Votaciones :

PV 11/09/2018 - 6.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0325

INFORME     
PDF 331kWORD 68k
12.6.2018
PE 616.839v02-00 A8-0208/2018

sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad

(2017/2277(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente: Jana Žitňanská

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad

(2017/2277(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales,

–  Vista la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996,

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo(1),

–  Vista la declaración conjunta de la Alianza Europea de Enfermedades Crónicas, de noviembre de 2017, titulada «Improving the employment of people with chronic diseases in Europe» (Mejorar el empleo de las personas con enfermedades crónicas en Europa),

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su entrada en vigor en la Unión Europea el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo de 26 de noviembre de 2009,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020(2),

–  Visto el informe conjunto de 2014 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulado «Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención»,

–  Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad(3),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas(4),

–  Vista la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI» (COM(2008)0412),

–  Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo aprobado por los interlocutores sociales (SEC(2011)0241),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» (COM(2007)0062),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,

–  Vistas la Directiva contra la discriminación 2000/78/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo los asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 (HK Danmark) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2013, que establecen conjuntamente la prohibición de que los empleadores discriminen cuando un problema de salud de larga duración puede asimilarse a una discapacidad, así como la obligación de que los empleadores realicen ajustes razonables en las condiciones de trabajo,

–  Vista la Acción conjunta de la UE sobre salud y bienestar mentales iniciada en 2013,

–  Vista la campaña de la EU-OSHA denominada «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»,

–  Visto su reciente proyecto piloto sobre la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad, llevado a cabo por la EU-OSHA,

–  Visto el informe de 2016 de la EU-OSHA titulado «Rehabilitación y reincorporación al trabajo: Informe analítico sobre las políticas, las estrategias y los programas de la UE y los Estados miembros»,

–  Visto el informe de 2014 de Eurofound sobre las oportunidades de empleo para las personas con enfermedades crónicas,

–  Visto el documento de 2012 de BusinessEurope titulado «Employers’ practices for Active Ageing» (Las prácticas de los empleadores de cara al envejecimiento activo),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0208/2018),

A.  Considerando que el estrés laboral representa un problema cada vez mayor y es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo que con más frecuencia se declara en Europa; que el 25 %(6) de los trabajadores declara que sufre estrés laboral; que el estrés laboral puede menoscabar el derecho de las personas a unas condiciones de trabajo saludables; que el estrés laboral también contribuye al absentismo laboral y a un bajo nivel de satisfacción laboral, repercute negativamente en la productividad y representa casi la mitad del número de días de trabajo perdidos cada año;

B.  Considerando que el envejecimiento de la mano de obra europea trae consigo nuevos retos en lo que respecta al entorno laboral y la nueva organización del trabajo; que el envejecimiento va acompañado de un mayor riesgo de desarrollar problemas crónicos de salud mental y física, incluidas discapacidades y enfermedades, lo que ha convertido la prevención, la reintegración y la rehabilitación en políticas importantes para garantizar la sostenibilidad de los lugares de trabajo y de los sistemas de pensiones y de seguridad social; que las enfermedades crónicas no afectan únicamente a la población de más edad;

C.  Considerando que el absentismo laboral de larga duración repercute negativamente en la salud mental y física, tiene elevados costes sociales y económicos, y puede impedir la reincorporación al trabajo; que la salud y el bienestar desempeñan un papel fundamental en la construcción de economías sostenibles; que es importante tener en cuenta las graves consecuencias financieras de las enfermedades o discapacidades para las familias en aquellos casos en que las personas afectadas no pueden reincorporarse al trabajo;

D.  Considerando que, si bien existen diferencias entre discapacidad, lesión, enfermedad y dolencias asociadas a la edad, estas condiciones también se superponen a menudo y requieren un planteamiento global pero al mismo tiempo adaptado a cada persona;

E.  Considerando que el envejecimiento es uno de los principales retos sociales a que se enfrenta la Unión; que, por consiguiente, es necesario contar con políticas que promuevan un envejecimiento activo para que las personas puedan seguir activas y trabajando hasta la edad de la jubilación, e incluso hasta más tarde si así lo desean; que la generación de más edad y su experiencia son indispensables para el mercado de trabajo; que las personas de más edad que desean seguir trabajando suelen buscar fórmulas de trabajo flexibles y personalizadas; que la enfermedad, la discapacidad y la exclusión del proceso laboral acarrean graves consecuencias financieras;

F.  Considerando que el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas son algunos de los factores de riesgo para la salud más importantes para la población en edad laboral de la Unión, al estar vinculados tanto a lesiones como a diversas enfermedades no contagiosas(7); que entre el 20 y el 25 % de los accidentes en el lugar de trabajo implican a personas bajo la influencia del alcohol(8), y que se estima que entre el 5 % y el 20 % de la población activa en Europa tiene problemas graves relacionados con el consumo de alcohol(9); que la reintegración de trabajadores que han tenido problemas relacionados con el consumo de estupefacientes en empleos de calidad plantea desafíos específicos para los empleadores;

G.  Considerando que las personas con discapacidad o enfermedades crónicas o que se están recuperando de una lesión o enfermedad se encuentran en una situación vulnerable y deben recibir un apoyo personalizado al reincorporarse a su lugar de trabajo o al mercado laboral; que algunas personas con dolencias crónicas no desean o no pueden volver al trabajo;

H.  Considerando que el ámbito de la rehabilitación profesional y la reincorporación al trabajo podría ofrecer valiosas oportunidades de voluntariado, por ejemplo mediante la participación en trabajo voluntario tras la jubilación; que debe respaldarse el voluntariado a cualquier edad;

I.  Considerando que antes que nada es necesario que los empleadores promuevan una cultura de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; que el voluntariado para participar en actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, como grupos de trabajo, también podría contribuir al cambio de cultura;

J.  Considerando que el trabajo contribuye en gran medida a facilitar el proceso de recuperación y rehabilitación, dados los importantes beneficios psicosociales que aporta al empleado; que las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son esenciales para contar con una mano de obra productiva y motivada, lo que ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas e innovadoras, garantiza el bienestar de los trabajadores y contribuye a conservar competencias y una experiencia laboral valiosas, a reducir la rotación de personal y a prevenir la exclusión, los accidentes y las lesiones; que, por consiguiente, se anima a la Comisión a que examine la posibilidad de aplicar una contabilidad de costes totales en el ámbito de la inclusión activa y social; que la adopción de enfoques adecuados y personalizados para la reintegración de las personas que se recuperan de una lesión o enfermedad en empleos de calidad es un factor importante para prevenir un mayor absentismo o el «presentismo» con enfermedad;

K.  Considerando que la definición de «personas con capacidad de trabajo reducida» puede variar entre los distintos Estados miembros;

L.  Considerando que las pymes y las microempresas tienen necesidades especiales a este respecto, dado que disponen de menos recursos para cumplir las obligaciones en materia de prevención de las enfermedades y los accidentes, por lo que en muchos casos necesitan apoyo para alcanzar sus objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; que, por otra parte, unas buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son cruciales para las pymes y las microempresas, en particular para la sostenibilidad de su negocio; que varios programas financiados por la Unión ofrecen oportunidades para un valioso intercambio de innovaciones y mejores prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo sostenibles;

M.  Considerando que los factores psicosociales negativos en el lugar de trabajo guardan relación no solo con los resultados en materia de salud, sino también con un mayor absentismo y un bajo nivel de satisfacción laboral; que las medidas personalizadas en lo tocante a seguridad y salud en el trabajo pueden permitir seguir trabajando a una persona con capacidad laboral alterada y beneficiar a toda la plantilla; que, si bien en algunos casos las ausencias laborales son necesarias por motivos médicos, las personas que se ausentan del trabajo durante períodos de tiempo más largos acusan además efectos psicosociales negativos adicionales, lo que disminuye la probabilidad de que se reincorporen al trabajo en algún momento; que una atención temprana coordinada, centrada principalmente en el bienestar del trabajador, es crucial para mejorar los resultados de la reincorporación al trabajo y para prevenir las consecuencias negativas a largo plazo para la persona;

N.  Considerando que la disponibilidad y comparabilidad de los datos sobre enfermedades profesionales a escala de la Unión son, en muchos casos, insuficientes; que, según Eurofound, aproximadamente el 28 % de los europeos declara tener problemas de salud física o mental, enfermedades o discapacidades crónicas(10)

; que se estima que una de cada cuatro personas en edad laboral vive con problemas de salud de larga duración(11); que la discapacidad y los problemas de salud pueden ser al mismo tiempo causa y consecuencia de la pobreza; que un estudio de la OCDE ha puesto de manifiesto que, por término medio, los ingresos de las personas con discapacidad son un 12 % más bajos que los del resto de la población(12); que en algunos países esta diferencia de ingresos llega a alcanzar el 30 %; que un estudio de 2013 demostró que el 21,8 % de los pacientes con cáncer de entre 18 y 57 años de edad se quedó sin trabajo inmediatamente después de su diagnóstico, y que el 91,6 % de este grupo se quedó sin trabajo quince meses después del diagnóstico(13); que un estudio de Eurostat de 2011(14)

desveló que tan solo el 5,2 % de las personas empleadas con capacidades laborales limitadas debido a un problema de salud de larga duración o a una dificultad de actividad básica declara utilizar fórmulas de trabajo especiales; que, según ese mismo estudio de Eurostat, el 24,2 % de los desempleados afirma que se necesitarían fórmulas de trabajo especiales para facilitar la reincorporación al trabajo;

O.  Considerando que la digitalización generará probablemente importantes transformaciones en la forma de organización del trabajo y que podría ayudar a mejorar las oportunidades de trabajadores como los que tienen unas capacidades físicas reducidas; que es probable que la generación de más edad tenga que hacer frente a un conjunto de retos únicos a este respecto; que esta generación también debería beneficiarse de estas transformaciones;

P.  Considerando que el derecho a unas condiciones de trabajo que respeten la salud, seguridad y dignidad de todos los trabajadores está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que unas condiciones de trabajo adecuadas son valiosas por sí mismas; que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, así como derecho al trabajo y a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; que la mejora de la salud y la reintegración de los trabajadores mejora el bienestar general de la sociedad, reporta beneficios económicos a los Estados miembros, los empleadores y los trabajadores, incluidos los trabajadores de más edad y las personas con problemas de salud, y ayuda a conservar competencias que de otro modo se perderían; que los empleadores, los trabajadores, las familias y las comunidades resultan beneficiados cuando la incapacidad laboral se transforma en capacidad laboral;

Prevención e intervención temprana

1.  Considera indispensable mejorar la gestión de las bajas por enfermedad en los Estados miembros, así como hacer que los lugares de trabajo estén mejor adaptados a las enfermedades crónicas y las discapacidades, haciendo frente a la discriminación mediante un mejor control del cumplimiento de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; reconoce que, para que se produzcan mejoras, los Estados miembros deben contar con una legislación eficaz y correctamente supervisada que permita garantizar que los empleadores conviertan los lugares de trabajo en sitios más inclusivos para quienes padecen dolencias crónicas y discapacidades, procediendo, por ejemplo, a modificar las tareas, los equipos y el desarrollo de capacidades; insta a los Estados miembros a que apoyen ajustes razonables de los lugares de trabajo con el fin de garantizar una reincorporación oportuna al trabajo;

2.  Pide a la Comisión que promueva medidas de integración y rehabilitación y que apoye los esfuerzos de los Estados miembros de cara a la sensibilización y la determinación y puesta en común de buenas prácticas en materia de adaptación y ajuste del lugar de trabajo; pide a todas las partes implicadas en la reincorporación al trabajo que ayuden a facilitar el intercambio de información acerca de las potenciales barreras no médicas a dicha reincorporación y que coordinen las medidas para detectarlas y suprimirlas;

3.  Insta a Eurofound a que examine y siga analizando las oportunidades de empleo y el grado de empleabilidad de las personas que padecen enfermedades crónicas; pide que la utilización de políticas basadas en pruebas se convierta en la práctica habitual y constituya la base de los enfoques de reincorporación al trabajo; pide a los responsables políticos que asuman el liderazgo a la hora de garantizar que los empleadores y trabajadores tengan acceso a la información y a la asistencia sanitaria y que se promuevan a escala europea estas buenas prácticas;

4.  Estima que en el próximo Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo para el período posterior a 2020 se debe seguir dando prioridad a las inversiones, mediante fondos de la Unión, destinadas a prolongar y promover unas vidas (laborales) más sanas, así como fórmulas de trabajo personalizadas, y a apoyar la contratación y la vuelta al trabajo adaptada, siempre que el trabajador lo desee y que su estado de salud lo permita; considera que la inversión en mecanismos de prevención primarios y secundarios, por ejemplo a través de la facilitación de tecnologías de sanidad electrónica, forma parte integrante de esta estrategia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la prevención de riesgos y enfermedades en el lugar de trabajo;

5.  Anima a los Estados miembros a participar plenamente en la próxima campaña 2020-2022 a escala de la Unión para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo, así como a encontrar soluciones innovadoras no legislativas e intercambiar información y buenas prácticas con los interlocutores sociales; aboga por la participación activa de los Estados miembros en la difusión de la información facilitada por la EU-OSHA; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente sin demora un acto legislativo sobre los TME; pide a los Estados miembros que lleven a cabo estudios, desglosados por sexo, edad y sector de actividad económica, para determinar la incidencia de los TME, con el fin de prevenir y luchar contra la aparición de estos trastornos y de desarrollar una estrategia global de la Unión en materia de enfermedades crónicas para la prevención y la intervención temprana;

6.  Pide a los Estados miembros y a los empleadores que adopten un papel proactivo a la hora de incorporar la información facilitada por la EU-OSHA en sus políticas y programas relativos al lugar de trabajo; celebra la reciente creación por la EU-OSHA de una nueva sección en su sitio web dedicada a las enfermedades relacionadas con el trabajo, la rehabilitación y la reincorporación al trabajo, destinada a facilitar información sobre las políticas y prácticas de prevención;

7.  Opina que la prevención sistemática de los riesgos psicosociales es una característica fundamental de los lugares de trabajo modernos; constata con preocupación el aumento de los casos de problemas de salud mental y psicosociales declarados en los últimos años, así como el hecho de que el estrés laboral suponga un problema cada vez mayor para los trabajadores y los empleadores; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que apoyen a las empresas a la hora de aplicar un conjunto coherente de políticas y programas relativos al lugar de trabajo destinados a mejorar la prevención de estos problemas, hacer frente al estigma de la salud mental y apoyar a las personas que padecen actualmente dolencias, permitiendo su acceso a ayuda psicológica; destaca, con miras a motivar ulteriormente a los empleadores para que adopten medidas, los beneficios —incluido el rendimiento demostrado de la inversión— que aportan la prevención de los riesgos psicosociales y el fomento de la salud; observa que la legislación y el reconocimiento de los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental, como el estrés crónico y el agotamiento profesional, varían entre los distintos Estados miembros;

8.  Destaca la importancia de actualizar y presentar indicadores comunes de salud y definiciones comunes de las enfermedades relacionadas con el trabajo, incluido el estrés en el trabajo, así como datos estadísticos a escala de la Unión con vistas a establecer objetivos para reducir la incidencia de las enfermedades profesionales;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen un programa de control, gestión y apoyo sistemáticos a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales, incluidos el estrés, la depresión y el agotamiento profesional, entre otras cosas, a fin de elaborar unas recomendaciones y directrices eficaces para luchar contra estos riesgos; hace hincapié en que el estrés crónico en el trabajo está reconocido como un importante obstáculo a la productividad y a la calidad de vida; observa, sin embargo, que los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo son a menudo problemas estructurales ligados a la organización del trabajo y que es posible prevenir y gestionar estos riesgos; destaca la necesidad de realizar estudios, mejorar la prevención e intercambiar mejores prácticas e instrumentos para reinsertar a las personas afectadas en el mercado laboral;

10.  Pide el fin de la estigmatización de los problemas de salud mental y las dificultades de aprendizaje; alienta las iniciativas para sensibilizar y apoyar el cambio a este respecto mediante el desarrollo de políticas y acciones de prevención de los riesgos psicosociales en el nivel de las empresas; elogia, en este sentido, las acciones de los interlocutores sociales en los Estados miembros que contribuyen a un cambio positivo; recuerda la importancia de formar adecuadamente a los proveedores de servicios en materia de salud y seguridad en el trabajo y a los inspectores de trabajo acerca de prácticas de gestión de riesgos psicosociales; pide una cooperación más estrecha y la revitalización de las iniciativas de la Unión para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo y dar prioridad a este asunto en el próximo marco estratégico de la EU-OSHA;

11.  Reconoce que la reintegración de trabajadores que han sufrido problemas de abuso de estupefacientes presenta desafíos específicos para los empresarios; observa, en este sentido, el ejemplo del modelo Alna aplicado por los interlocutores sociales suecos(15) para apoyar a los lugares de trabajo en la adopción de medidas proactivas y de intervención temprana y para prestar asistencia en el proceso de rehabilitación de empleados que hayan tenido problemas vinculados al consumo de sustancias;

12.  Acoge favorablemente la campaña «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»; hace hincapié en que las iniciativas para abordar el estrés relacionado con el trabajo deben incluir la dimensión de género, habida cuenta de las condiciones de trabajo específicas de las mujeres;

13.  Destaca la importancia de invertir más en políticas de prevención de riesgos y de apoyar una cultura de la prevención; señala que la calidad de los servicios preventivos es fundamental para apoyar a las compañías; pide a los Estados miembros que apliquen medidas eficaces en los ámbitos de las dietas saludables, el consumo de alcohol y tabaco y la calidad del aire, y que promuevan dichas políticas en el lugar de trabajo; pide asimismo a los Estados miembros que desarrollen servicios sanitarios integrados con servicios sociales, psicológicos y laborales y medicina laboral; anima a los Estados miembros a que proporcionen a los trabajadores un acceso adecuado a la sanidad para velar por la detección temprana de la aparición de enfermedades físicas y mentales y facilitar el proceso de reintegración; recuerda que la inversión temprana y la acción preventiva pueden reducir el impacto psicosocial sobre la persona a largo plazo así como los costes generales para la sociedad a largo plazo;

14.  Pide que las políticas de reintegración:

–  sean coherentes con un planteamiento de ciclo vital con respecto a la educación, el aprendizaje permanente y las políticas sociales y de empleo;

–  estén adaptadas, focalizadas y orientadas a las necesidades, sin exigir de los participantes nada que probablemente no podrán cumplir debido a su estado;

–   sean participativas y se basen en un enfoque integrado;

–  respeten las condiciones previas necesarias para permitir la participación sin crear unas condiciones que pongan en peligro la renta mínima para vivir;

15.  Considera que los Estados miembros deben proporcionar prestaciones adicionales a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas que cubran costes adicionales en relación con, entre otros, el apoyo y la asistencia personal y el uso de instalaciones específicas y cuidados médicos y sociales, estableciendo, entre otras cosas, niveles de precios asequibles para las medicinas para los grupos sociales menos favorecidos; destaca la necesidad de garantizar unos niveles dignos de pensión de jubilación y de invalidez;

Reincorporación al trabajo

16.  Reconoce que el trabajo es una fuente importante de bienestar psicosocial positivo para las personas y que la integración de los desempleados de larga duración en el mundo laboral a través de medidas personalizadas es un factor clave para combatir la pobreza y la exclusión social, a la vez que presenta otros beneficios psicosociales preventivos; hace hincapié en que la integración de las personas que se reincorporan tras una lesión o una enfermedad mental o física tiene múltiples efectos positivos: aumenta el bienestar de las personas afectadas, reduce costes para los sistemas nacionales de seguridad social y las empresas, y apoya a la economía de forma más general, por ejemplo, haciendo más sostenibles para las generaciones futuras los sistemas de pensiones y seguridad social; observa las dificultades de los trabajadores a la hora de tratar con sistemas de compensación que podrían acarrearles retrasos innecesarios a la hora de obtener tratamiento y, en algunos casos, podrían resultar alienantes; insta a que se aplique un enfoque centrado en el cliente en todos los procedimientos administrativos asociados con la reintegración de trabajadores; pide a los Estados miembros que, en cooperación con la Comisión y las agencias de la Unión pertinentes, subsanen los efectos negativos de la ausencia laboral de larga duración sobre la salud, como el aislamiento, dificultades psicosociales, consecuencias socioeconómicas y la menor empleabilidad;

17.  Considera que tanto los Estados miembros como los empleadores deben adoptar un enfoque positivo y orientado al trabajo respecto a los trabajadores con discapacidad, los trabajadores de más edad y aquellos que han sufrido una enfermedad mental o física, incluidos aquellos diagnosticados con una enfermedad terminal, centrándose en la evaluación temprana de la capacidad que mantenga la persona para trabajar y su disposición para ello y la adaptación del lugar de trabajo, teniendo en cuenta el perfil profesional y la situación socioeconómica de la persona, así como la situación de la empresa; anima a los Estados miembros a mejorar las disposiciones de sus sistemas de seguridad social favorecedoras de un rápido retorno al trabajo, siempre que el empleado lo desee y las condiciones médicas lo permitan;

18.  Observa el papel positivo que han desempeñado las empresas sociales, más específicamente las Empresas Sociales de Integración Laboral (WISE, por sus siglas en inglés), en la reintegración en el mundo laboral de personas desempleadas de larga duración; pide a los Estados miembros que proporcionen a estas empresas el reconocimiento y el apoyo técnico necesarios;

19.  Propugna, en este sentido, que se haga referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106) y se utilice la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todas las medidas y políticas pertinentes; comparte la opinión de que la discapacidad es una experiencia de salud que se produce en un contexto socioeconómico;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren y faciliten directrices sobre mejores prácticas y asesoramiento individualizado, apoyo y asesoramiento a los empleadores sobre cómo desarrollar y aplicar planes de reintegración, garantizando un diálogo continuo entre los interlocutores sociales y velando por que se informe a los empleados de sus derechos desde el inicio del proceso de retorno al trabajo; fomenta, además, el intercambio de buenas prácticas dentro de y entre los Estados miembros, las comunidades profesionales, los interlocutores sociales, las ONG y los responsables políticos acerca de la reintegración de trabajadores que se recuperan de una enfermedad o lesión;

21.  Pide a los Estados miembros que cooperen con los interlocutores sociales para proporcionar apoyo externo a fin de garantizar que se presta orientación y asistencia técnica a las pequeñas empresas y las microempresas con una experiencia limitada en cuanto a las medidas de rehabilitación y reintegración profesionales; reconoce la importancia de tener en cuenta en el contexto de la aplicación de las medidas a escala empresarial la situación, las necesidades específicas y las dificultades de cumplimiento por parte no solo de las pymes y las microempresas, sino también de algunos sectores de los servicios públicos; destaca que la sensibilización, el intercambio de buenas prácticas, la consulta y las plataformas en línea son de suma importancia para ayudar a las pymes y a las microempresas en este proceso; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando instrumentos prácticos y directrices que puedan brindar apoyo a las pymes y las microempresas con una experiencia limitada en cuanto a las medidas de rehabilitación y reintegración profesionales; reconoce la importancia de la inversión en formación para la gestión;

22.  Señala que existe el riesgo de que planteamientos más imaginativos para reintegrar a las personas más alejadas del mercado laboral puedan verse privados de financiación en favor de un enfoque más limitado basado en resultados fácilmente cuantificables; pide a la Comisión, por tanto, que mejore la financiación para enfoques ascendentes en el marco de los Fondos Estructurales, en particular del FSE;

23.  Toma nota del éxito del enfoque personalizado de ciertos programas de reintegración que permiten y destaca la necesidad de un apoyo personalizado e integrado por parte de trabajadores sociales o asesores designados; considera que es fundamental para las empresas mantener un contacto estrecho con los trabajadores o con sus representantes durante las ausencias por enfermedad o lesión;

24.  Considera que las políticas de reincorporación y reintegración en el trabajo deben inscribirse en un enfoque holístico más amplio sobre una vida laboral sana en un entorno laboral seguro y saludable física y mentalmente a lo largo de la vida laboral y con un envejecimiento activo y saludable para todos los trabajadores; destaca la importancia crucial de la comunicación, la ayuda de especialistas en gestión de la rehabilitación ocupacional (asistentes laborales) y un enfoque integrado entre todas las partes interesadas para el éxito de la rehabilitación física y profesional de los trabajadores; considera que el lugar de trabajo debe ser el foco de atención de los sistemas de reincorporación al trabajo; alaba el éxito del enfoque no burocrático y práctico del programa fit2work(16) austríaco, que se centra en la comunicación fácil y accesible a todos los trabajadores (como el uso de un lenguaje simplificado);

25.  Destaca la importancia de mantener en el empleo a personas con capacidad de trabajo reducida, entre otras vías, velando por que las pymes y las microempresas dispongan de los recursos necesarios para hacerlo con eficacia; recomienda encarecidamente la reintegración de los trabajadores que se recuperan de enfermedades o lesiones en empleos de calidad, si así lo desea el empleado y si las condiciones médicas lo permiten, mediante el reciclaje y la mejora de las cualificaciones en el mercado laboral abierto; destaca la importancia de centrar las disposiciones políticas en la capacidad de trabajo de las personas y de mostrar a los empleadores los beneficios que aporta conservar la experiencia y el conocimiento de un trabajador que podrían perderse por una baja permanente por enfermedad; reconoce, no obstante, la importancia de disponer de una red de seguridad sólida a través del sistema nacional de seguridad social para las personas que no pueden volver al trabajo;

26.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que establezcan marcos de políticas activas de mercado de trabajo e incentivos para los empleadores a fin de apoyar el empleo de personas con discapacidad y enfermedades crónicas, entre otras vías, mediante adaptaciones adecuadas y la eliminación de barreras en el lugar de trabajo para facilitar su reintegración; recuerda que es esencial informar a las empresas y a las personas afectadas acerca de los incentivos y derechos existentes;

27.  Reconoce, a este respecto, que las fórmulas de trabajo flexibles, personalizadas y adaptables, como el teletrabajo, el horario flexible, el equipamiento adaptado y la reducción de jornada o la carga de trabajo, desempeñan un papel importante a la hora de reintegrarse al trabajo; destaca la importancia de fomentar una vuelta temprana y/o paulatina al trabajo (si lo permite el estado médico), que podría acompañarse de un pago parcial de prestaciones por enfermedad para garantizar que la persona no sufre una pérdida de ingresos por la reincorporación al trabajo, manteniendo al mismo tiempo los incentivos económicos para las empresas; destaca que estas fórmulas, en particular la flexibilidad geográfica, temporal y funcional, deben ser viables tanto para los trabajadores como para los empresarios, facilitar la organización de la gestión del trabajo y tener en cuenta las variaciones de los ciclos de producción;

28.  Elogia los programas e iniciativas nacionales que han ayudado a facilitar la reintegración en empleos de calidad de personas con enfermedades crónicas, como el programa alemán «Job4000»(17), que adopta un enfoque integrado para mejorar la integración profesional estable de personas con discapacidad grave y que tropiezan con dificultades especiales para encontrar un trabajo, o el establecimiento de agencias de reintegración para ayudar a las personas con enfermedades crónicas a encontrar un trabajo que se ajuste a su situación y sus capacidades(18);

29.  Observa los importantes beneficios psicológicos y el aumento de productividad resultantes de un alto nivel de autonomía en el lugar de trabajo; considera que un cierto grado de autonomía en el lugar de trabajo puede ser esencial para agilizar el proceso de reintegración de los trabajadores enfermos y lesionados con estados de salud y necesidades dispares;

30.  Reconoce el valor del retorno al trabajo en el proceso de tratamiento, dado que para muchas personas el trabajo permite la independencia económica y mejora la vida, lo que puede constituir en ocasiones un factor crucial en un proceso de recuperación;

31.  Pide a los Estados miembros que no retiren inmediatamente las prestaciones sociales cuando las personas con enfermedades crónicas obtienen un puesto de trabajo, para ayudarles así a evitar la «trampa de las prestaciones»;

Cambio de actitud con respecto a la reintegración de trabajadores

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores sociales, garanticen en sus comunicaciones, orientaciones y políticas que los empresarios vean el proceso de reintegración como una oportunidad para recuperar las cualificaciones, las competencias y la experiencia de los trabajadores; estima que los empleadores y los representantes de los trabajadores son agentes importantes en el proceso de reincorporación al trabajo desde un principio y forman parte del proceso de toma de decisiones;

33.  Recuerda los artículos 26 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los Estados partes a organizar, intensificar y ampliar servicios y programas generales de rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, y a alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, así como a apoyarlas para el retorno al empleo;

34.  Hace hincapié en que sensibilizar a propósito de políticas de rehabilitación laboral y reincorporación al trabajo y una mejor cultura empresarial son factores decisivos para el éxito en el proceso de reincorporación al trabajo y para combatir actitudes negativas y atajar prejuicios y discriminaciones; considera que varias empresas podrían compartir eficazmente equipos de expertos, como psicólogos y asesores personales con formación en rehabilitación laboral, de manera que las empresas más pequeñas también puedan beneficiarse de su experiencia; opina que también tiene cabida en este proceso el apoyo y la colaboración complementaria de ONG y voluntarios;

35.  Elogia a las empresas que han tomado iniciativas para apoyar a las personas con problemas de salud, discapacidad o capacidad de trabajo alterada, ofreciendo por ejemplo programas exhaustivos de prevención, modificación de tareas, formación y reciclaje, o preparando a otros empleados para las capacidades alteradas de los trabajadores que se reincorporan, ayudando así a su reintegración; anima encarecidamente a más empresas a unirse a estos esfuerzos y desarrollar iniciativas de este tipo; Considera importante que formen parte de la cultura empresarial medidas que faciliten la reintegración de trabajadores en las empresas;

36.  Aboga por una mejor comprensión de los retos y de la discriminación que dan lugar a menos oportunidades para las personas con problemas de salud o discapacidad y problemas específicos como la falta de comprensión, los prejuicios y el estigma social;

37.  Estima que la educación y los cambios en la cultura empresarial, así como campañas a escala de la Unión, como la campaña «Vision Zero», desempeñan un papel importante a la hora de modificar la opinión generalizada; pide una mayor sensibilización sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan los mercados de trabajo europeos; considera inadmisible que las personas de más edad sean a menudo víctima de prejuicios contra la edad avanzada; subraya la importancia de las campañas de lucha contra la discriminación de trabajadores por razones de edad, promoviendo medidas de prevención y salud y seguridad en el trabajo; pide a los Estados miembros y a la Unión que tengan en cuenta las conclusiones del Proyecto piloto del Parlamento Europeo sobre la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad;

38.  Opina que los marcos políticos nacionales repercuten de manera decisiva en la creación de un entorno propicio para la gestión de la edad y el envejecimiento activo y saludable; considera además que esto podría apoyarse de forma eficaz mediante acciones de la Unión, como medidas, orientación, intercambio de conocimientos y uso de distintos instrumentos financieros, como el FSE y los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que promuevan medidas de rehabilitación y reintegración para los trabajadores de más edad, cuando ello sea posible y así lo deseen las personas afectadas, por ejemplo mediante la aplicación de las conclusiones del proyecto piloto de la UE sobre la salud y la seguridad de los trabajadores de más edad;

39.  Reconoce que las personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad terminal mantienen el derecho fundamental al trabajo; reconoce además que estas personas se enfrentan a un conjunto único de desafíos en relación con su situación laboral, distintos de los desafíos a que se enfrentan otros grupos de pacientes, ya que a menudo cuentan con poco tiempo para adaptarse a los cambios en su estado y para que se introduzcan adaptaciones necesarias en el lugar de trabajo; alaba las iniciativas como la campaña «Dying to Work» para fines de sensibilización acerca de estos problemas específicos; anima a los empleadores a que dialoguen tanto como sea posible con los empleados que han recibido un diagnóstico de enfermedad terminal, para velar por que puedan hacerse todas las adaptaciones necesarias y posibles para que el trabajador pueda seguir trabajando si así lo desea; opina que, para muchos, permanecer en el lugar de trabajo es un imperativo personal, psicológico o económico y es algo fundamental para su dignidad y su calidad de vida; insta a los Estados miembros a que apoyen la adaptación razonable de los lugares de trabajo al conjunto único de desafíos a que se enfrenta este grupo de personas; pide a la Comisión que aborde la falta de datos sobre la situación laboral de las personas con cáncer y apoye la recopilación de datos mejores y comparables entre todos los Estados miembros a fin de mejorar los servicios de apoyo para ellos;

40.  Destaca, a este respecto, la importancia de desarrollar y actualizar las capacidades de los trabajadores de manera que se correspondan con las necesidades de la empresa y del mercado, con especial hincapié en las capacidades digitales, proporcionando de este modo a los trabajadores la formación pertinente y el acceso al aprendizaje permanente; pone de relieve la digitalización creciente del mercado de trabajo; señala que la mejora de las capacidades digitales puede ser parte integrante de la preparación para la reincorporación al trabajo, en particular para la población de más edad;

41.  Observa que los cuidadores formales e informales desempeñan un papel clave en la rehabilitación laboral; reconoce que el 80 % de los cuidados en Europa son prestados por cuidadores no remunerados(19) y que el acto de prestar cuidados reduce, por tanto, considerablemente las perspectivas de empleo a largo plazo de este grupo de personas; reconoce asimismo que, habida cuenta de que la mayoría de cuidadores son mujeres, hay una visible dimensión de género en la cuestión de la situación laboral de los cuidadores; pide a la Unión y los Estados miembros y a los empresarios que tengan especialmente en cuenta las consecuencias laborales para los cuidadores;

º

º  º

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0360.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0411.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0474.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0318.

(5)

DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.

(6)

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view

(7)

Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (2016), «GBD Compare Data Visualization» (Visualización de comparación de datos sobre la carga global de enfermedad) http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare

(8)

Grupo Científico del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud (2011), «Alcohol, Work and Productivity» (Alcohol, trabajo y productividad) https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/science_02_en.pdf

(9)

Eurofound (2012), «Consumo de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo» https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1111013s/tn1111013s.pdf

(10)

Tercera Encuesta europea sobre calidad de vida de 2001-2012 de Eurofoundhttps://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2012

(11)

p. 7 https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf

(12)

p. 7, Principales conclusiones https://www.oecd.org/els/emp/42699911.pdf

(13)

p. 5 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf

(14)

Eurostat, Módulo ad hoc de la EPA de 2011, mencionado en:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf

(15)

http://www.alna.se/in-english

(16)

EU-OSHA Case Study on Austria — Fit2Work programme https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/austria-fit2work/view

(17)

Fuente: Documento del proyecto Pathways 5.2 “Scoping Paper on the Available Evidence on the Effectiveness of Existing Integration and Re-Integration into Work Strategies for Persons with Chronic Conditions” («Documentos de antecedentes sobre las pruebas disponibles acerca de la eficacia de las estrategias existentes de integración y reintegración en el trabajo para personas con dolencias crónicas»)

(18)

Fuente: Return to work coaching services for people with a chronic disease by certified “experts by experience”: the Netherlands. Case Study (Servicios de asesoramiento individualizado para el retorno al trabajo para personas con enfermedades crónicas por «expertos por experiencia» certificados: los Países Bajos. Estudio de caso), EU-OSHA

(19)

http://www.ecpc.org/WhitePaperOnCancerCarers.pdf


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La esperanza de vida en la Unión está modificando la pirámide de edades. En 2015, la esperanza de vida al nacer en la UE-28 era de 83,3 años para las mujeres y 77,9 para los hombres. Sin embargo, los años de vida saludable libre de limitaciones tienden a ser menos, especialmente en algunos Estados miembros. Una esperanza de vida más larga combinada con la edad media de jubilación cada vez mayor enfrenta a Europa y a los Estados medios a retos significativos no solo para los sistemas de salud sino también para los mercados laborales. La ponente desea encontrar un enfoque que ayude a determinar las opciones políticas necesarias para dar forma a nuestros mercados laborales con el fin de que a) sean más integradores y respondan a las necesidades de una sociedad que envejece y en dificultades, y b) estén menos expuestos a la pérdida de competencias como resultado de la inactividad en el mercado laboral. La ponente ha tratado de lograrlo proponiendo medidas para contribuir a racionalizar la reinserción de trabajadores en el mercado laboral tras una lesión o enfermedad.

La ponente comparte la opinión de que la rehabilitación de los trabajadores consta de tres aspectos diferentes: médico en primer lugar, vocacional (o profesional) en segundo y social en tercer lugar. El informe se centra principalmente en la readaptación profesional y las complejidades con que se topan tanto las empresas como los trabajadores a la hora de regresar al trabajo (procedimientos e iniciativas para facilitar la reintegración en el lugar de trabajo). Al mismo tiempo, el objetivo del informe es destacar que el éxito de la readaptación y del regreso al trabajo abarcan estos tres aspectos.

En el informe también se incluyen recomendaciones para animar a los Estados miembros a aprender de los ejemplos de mejores prácticas y enfoques, a la vez que trata de determinar ámbitos en los que la Unión puede aportar un valor añadido y conocimientos técnicos para promover políticas que, en última instancia, ayuden a los Estados miembros a fomentar la reinserción de trabajadores en el mercado laboral.

La ponente considera que la Unión puede aportar un valor añadido ayudando a los Estados miembros a desarrollar:

•  medidas preventivas

•  respuestas políticas globales en los Estados miembros, por ejemplo la intervención temprana, la cooperación institucional de todas las partes interesadas o un enfoque personalizado

•  un cambio cultural: conciencia de la necesidad de ocuparse de estos trabajadores, cultivando la percepción positiva de estos trabajadores en la sociedad y las acciones en pos del bienestar psicosocial durante toda la vida de los trabajadores.

Además, en el informe se examinan los argumentos económicos que indican la necesidad de políticas que ayuden a los trabajadores a regresar al mercado laboral abierto. Por ejemplo, las organizaciones que cuentan con equipos más equilibrados desde el punto de vista de la edad presentan una menor rotación del personal y pueden ser más productivas al aprovechar una reserva más amplia de aptitudes y experiencias. Según BusinessEurope, los informes de personal tienden a demostrar que los trabajadores de más edad muestren un mayor compromiso con su lugar de trabajo y pueden superar el rendimiento de los trabajadores más jóvenes en lo que se refiere a la solución de problemas y a las cualidades de liderazgo. Los efectos positivos son válidos no solo para la edad sino también para la diversidad. Por tanto, la reincorporación al trabajo guarda relación con la realización personal y con una vida independiente, pero también presenta efectos económicos positivos para la sociedad y tiene como resultado un nivel inferior de dependencia respecto a los sistemas sociales de los Estados miembros. Como confirman las investigaciones de la OIT(1), las personas con discapacidad son trabajadores fiables, con una productividad comparable, menores índices de accidentes y una permanencia en el empleo superior respecto a la plantilla general de la empresa. Constituyen una fuente desaprovechada de aptitudes y talentos, incluidas capacidades técnicas si tienen acceso a formación, y cualidades transferibles de resolución de problemas adquiridas en la vida cotidiana. Las personas que adquieren una discapacidad durante el trabajo a menudo disponen de valiosas experiencias además de sus cualificaciones formales.

Tal como señala la EU-OSHA, regresar al trabajo puede resultar un proceso complicado para las empresas, con implicaciones no solo presupuestarias sino también de conocimientos técnicos. Para las empresas más pequeñas, el proceso puede ser especialmente difícil. Un apoyo externo técnico y financiero puede ayudar a los empresarios a desarrollar medidas individuales y crear vías de reintegración para las personas que se reincorporan al trabajo tras una baja por enfermedad. Un apoyo financiero bien aplicado con cargo a los fondos de la Unión puede desempeñar un importante papel a la hora de fomentar este cambio. No obstante, todo apoyo debe ir acompañado de un auténtico cambio en la cultura organizativa por parte de las empresas.

El papel de la Unión es importante para apoyar y fomentar las reformas nacionales del mercado laboral, compartir ideas innovadoras y ayudar a crear marcos políticos satisfactorios. La ponente comparte el punto de vista incluido en el marco estratégico de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo en el sentido de que la legislación ha demostrado su valor para dotar a la Unión de un elevado nivel de protección de los trabajadores, así como de un conjunto común de definiciones, normas, métodos e instrumentos preventivos en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Sin embargo, a la luz de la diversidad de modelos, los Estados miembros también deben recurrir a baremos, detección e intercambio de buenas prácticas, sensibilización, normas voluntarias y herramientas informáticas fáciles de utilizar para lograr un cambio.

Por último, la ponente también desea llamar la atención sobre la prevalencia de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, y considera que es necesario intervenir para abordar estos riesgos, además de seguir combatiendo el estigma negativo asociado con tales disfunciones.

(1)

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_167204.pdf.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

7.6.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

41

0

0

Miembros presentes en la votación final

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 22 de junio de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad