Procedimiento : 2016/0362(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0218/2018

Textos presentados :

A8-0218/2018

Debates :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Votaciones :

PV 16/04/2019 - 8.14

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0372

INFORME     ***I
PDF 617kWORD 116k
25.6.2018
PE 610.856v02-00 A8-0218/2018

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Gunnar Hökmark

ENMIENDAS
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0852),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0481/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0218/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda    1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(1)*

a la propuesta de la Comisión

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2016/0362 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  El 9 de noviembre de 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) publicó la ficha descriptiva sobre la capacidad total de absorción de pérdidas (en lo sucesivo, «norma TLAC», por sus siglas en inglés) que fue aprobada por el G-20 en noviembre de 2015. La norma TLAC exige que los bancos de importancia sistémica mundial (BISM), conocidos como entidades de importancia sistémica mundial («EISM») en el marco de la Unión, mantengan un importe mínimo suficiente de pasivos (recapitalizables) capaces de absorber fuertes pérdidas para garantizar una fácil y rápida absorción de pérdidas y recapitalización en los procedimientos de resolución. En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015(4), la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa para finales de 2016 que permita la aplicación de la norma TLAC en el plazo de 2019 acordado a nivel internacional.

(1 bis)  A fin de facilitar la planificación a largo plazo y crear seguridad por lo que respecta a los colchones necesarios, los mercados necesitan claridad puntual sobre los criterios de admisibilidad requeridos para que un instrumento sea considerado pasivo TLAC/MREL.

(2)  La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta el actual requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) para cada entidad específica aplicable a todas las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión de la Unión, tal como se establece en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5). Como la TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades de la Unión tengan suficiente capacidad de absorción de pérdidas, los dos requisitos deben ser elementos complementarios de un marco común. Desde el punto de vista operativo, el nivel mínimo armonizado de la norma TLAC para las EISM («requisito mínimo de TLAC») debe introducirse en la legislación de la Unión a través de modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013(6), mientras que el incremento específico por entidad para las EISM y el requisito específico por entidad para las entidades que no son EISM, conocido como requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, deben abordarse mediante modificaciones específicas de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.º 806/2014(7). Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva en lo relativo a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades deben aplicarse junto con las de los citados actos legislativos y las de la Directiva 2013/36/UE(8) de forma coherente.

(3)  La ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión sobre la aplicación de la norma TLAC en la UE generaría costes adicionales e incertidumbre jurídica ▌y haría más difícil la aplicación del instrumento de recapitalización interna para las entidades transfronterizas. Esta falta de normas armonizadas a escala de la Unión también da lugar a distorsiones de la competencia en el mercado interior, dado que los costes que tiene para las entidades el cumplimiento de los requisitos existentes y de la norma TLAC pueden ser muy diferentes dependiendo del país de la Unión de que se trate. Resulta, por lo tanto, necesario suprimir esos obstáculos para el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia resultantes de la ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión en lo relativo a la aplicación de la norma TLAC. En consecuencia, la base jurídica adecuada para la presente Directiva es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tal como ha sido interpretado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4)  En consonancia con la norma TLAC, la Directiva 2014/59/UE debería seguir reconociendo tanto la estrategia de resolución basadas en una activación única (SPE, por sus siglas en inglés) como las basadas en una activación múltiple (MPE, por sus siglas en inglés). Si se sigue la estrategia SPE, solo se resuelve una entidad del grupo, normalmente la empresa matriz, mientras que otras entidades del grupo, por lo general las filiales operativas, no se resuelven, sino que repercuten sus pérdidas y sus necesidades de recapitalización a la entidad que se resuelve. Si se sigue la estrategia MPE, pueden resolverse más de una entidad del grupo. Es importante determinar claramente las entidades que vayan a resolverse (en lo sucesivo, «las entidades de resolución») y las filiales que les pertenecen (en lo sucesivo, «los grupos de resolución») a fin de aplicar eficazmente la estrategia de resolución deseada. Esta identificación también resulta pertinente para determinar el grado de aplicación de las normas en materia de capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización que deben aplicar las empresas financieras. Es necesario, por lo tanto, introducir los conceptos de «entidad de resolución» y «grupo de resolución» y modificar la Directiva 2014/59/UE en lo relativo a la planificación de la resolución de los grupos, con objeto de exigir a las autoridades de resolución que identifiquen a las entidades de resolución y a los grupos de resolución dentro de un grupo y a examinar adecuadamente las consecuencias de cualquier medida de resolución prevista dentro del grupo, para garantizar una resolución eficaz del mismo.

(5)  Los Estados miembros deben garantizar que las entidades tengan suficiente capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para facilitar una fácil y rápida absorción de pérdidas y recapitalización en la resolución con un impacto mínimo en la estabilidad financiera y en los contribuyentes. Esto debe conseguirse mediante la observancia por parte de las entidades de un requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles específico para cada entidad conforme a lo dispuesto en la Directiva 2014/59/UE.

(6)  Con el fin de adaptar los denominadores que miden la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades a los que figuran en la norma TLAC, el MREL debe expresarse como porcentaje del importe total de la exposición al riesgo y de la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento de la entidad de que se trate.

(6 bis)  A fin de dar seguridad a los mercados y permitir la creación de los colchones necesarios, los mercados necesitan conocer con precisión y suficiente antelación los criterios de admisibilidad que se requerirán para que un instrumento sea considerado pasivo TLAC/MREL.

(7)  Los criterios de admisibilidad de los pasivos recapitalizables a efectos del MREL deben ajustarse plenamente a los establecidos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 para el requisito mínimo de TLAC, en consonancia con los requisitos y ajustes complementarios introducidos en la presente Directiva. En concreto, deben poder utilizarse determinados instrumentos de deuda con un componente consistente en un derivado implícito, como es el caso de determinados bonos estructurados, para cumplir el MREL siempre que cuenten con un importe principal determinado reembolsable al vencimiento y solo esté relacionado con un derivado un rendimiento adicional que dependa de la evolución de un activo de referencia. Con la existencia de un importe principal determinado, estos instrumentos deben tener una gran capacidad de absorción de pérdidas y ser fácilmente recapitalizables en los procedimientos de resolución. El alineamiento de los criterios de admisibilidad a efectos del MREL con los establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe garantizar la igualdad de las condiciones de competencia de las entidades de la Unión a escala mundial. Esto implica que el nivel de los requisitos que se han de cumplir específicamente en materia de deuda subordinada debe estar al nivel de los requisitos de TLAC según se han incorporado al Derecho de la Unión.

(8)  Los pasivos contabilizables a efectos del cumplimiento del MREL abarcan, en principio, todos los resultantes de deudas con acreedores no preferentes y sin garantía (pasivos no subordinados), a menos que no cumplan los criterios específicos de admisibilidad establecidos en la presente Directiva. Para mejorar la resolubilidad de las entidades mediante un uso eficaz del instrumento de recapitalización interna, las autoridades de resolución deben poder exigir que se cumpla el MREL con pasivos subordinados, en particular cuando haya indicios claros de que los acreedores que participan en la recapitalización interna podrían asumir en una resolución pérdidas que superarían sus pérdidas potenciales en un procedimiento de insolvencia ordinario. El cumplimiento del MREL con pasivos subordinados solo debe solicitarse hasta el nivel necesario para impedir que las pérdidas de los acreedores en una resolución sean superiores a las pérdidas en las que incurrirían en un procedimiento de insolvencia ordinario. Cualquier subordinación de los instrumentos de deuda solicitada por las autoridades de resolución a efectos del MREL debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de conseguir parcialmente el requisito mínimo de TLAC con instrumentos de deuda no subordinada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 conforme a lo permitido por la norma TLAC. Al mismo tiempo, cuando las entidades tengan un elevado nivel de capital propio, esta circunstancia también debe tenerse en cuenta en la aplicación y el cálculo del MREL. Las entidades deben poder cumplir los requisitos a efectos del MREL con capital ordinario de nivel 1 y otros instrumentos de nivel 1 o 2, de modo que los mismos requisitos a efectos del MREL se apliquen a las entidades que tengan mayores existencias de capital propio y a aquellas cuyas existencias sean menores. El objetivo de lograr la igualdad de condiciones de competencia entre las entidades también debe perseguirse a escala mundial, en particular al alinear los criterios de admisibilidad a efectos del MREL con los relativos al requisito mínimo de TLAC.

(9)  El MREL debe permitir a las entidades absorber las pérdidas esperadas en la resolución y recapitalizar la entidad tras la misma. Las autoridades de resolución, sobre la base de la estrategia de resolución escogida, deben justificar debidamente el nivel del MREL impuesto, en particular por lo que se refiere a la necesidad y el nivel del requisito contemplado en el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE en el importe de recapitalización. Como tal, ese nivel debe estar compuesto por la suma del importe de las pérdidas esperadas en la resolución que corresponde a los requisitos de fondos propios de la entidad y al importe de recapitalización que permita a la entidad tras la resolución cumplir con los requisitos de fondos propios necesarios para que sea autorizada a ejercer sus actividades al amparo de la estrategia de resolución elegida. El MREL debe expresarse como porcentaje del total de las medidas de la exposición al riesgo y de la ratio de apalancamiento, y las entidades deben cumplir simultáneamente los niveles resultantes de estos dos parámetros. La autoridad de resolución debe poder adaptar los importes de la recapitalización en casos debidamente justificados con el fin de reflejar también adecuadamente el mayor riesgo que afecta a la resolubilidad derivada del modelo empresarial, al perfil de financiación y al perfil general de riesgo del grupo de resolución y, por tanto, en esos casos concretos exigir que se superen los importes de recapitalización mencionados en el artículo 45 quater, apartado 3, párrafo primero, y apartado 4.

(9 bis)  En concreto, los pasivos admisibles no deben estar sujetos a ninguna compensación recíproca o derecho de compensación que pueda afectar a su capacidad de absorción de pérdidas en caso de resolución. Por consiguiente, es necesario que los pasivos admisibles no estén sujetos a ningún acuerdo de compensación recíproca o derecho de compensación, aunque no se exija que las disposiciones contractuales que regulen los pasivos admisibles incluyan una cláusula en la que se afirme expresamente que el instrumento no está sujeto a tales derechos. Tampoco es necesario que las disposiciones contractuales que regulen los pasivos admisibles especifiquen que estos pasivos puedan estar sujetos a amortización o conversión. Las disposiciones que regulen los pasivos admisibles no deben presentar ningún incentivo de amortización y no deben facultar al titular para acelerar los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de liquidación.

(9 ter)  Todas las existencias de instrumentos admisibles emitidos antes de la adopción de los criterios de admisibilidad deben considerarse admisibles a efectos del MREL sin necesidad de que cumplan los nuevos criterios de admisibilidad incorporados con el paquete de reducción de riesgo. Esta cláusula de anterioridad es necesaria porque los participantes en el mercado no pueden anticipar los cambios y necesitan tiempo para ajustar sus emisiones. La cláusula de anterioridad debe abarcar todos los nuevos criterios de admisibilidad, incluidos los derechos de compensación y compensación recíproca, así como los derechos de compensación exigible anticipadamente.

(10)  Para aumentar su resolubilidad, las autoridades de resolución deben poder imponer un MREL específico a las EISM además del requisito mínimo de TLAC establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013. Este MREL específico para cada entidad solo puede imponerse cuando el requisito mínimo de TLAC no sea suficiente para absorber las pérdidas y recapitalizar una EISM de conformidad con la estrategia de resolución elegida.

(11)  Al establecer el nivel del MREL, las autoridades de resolución deben considerar la importancia sistémica de la entidad y los posibles efectos adversos de su quiebra sobre la estabilidad financiera. Deben tener en cuenta la necesidad de una igualdad de condiciones entre las EISM y otras entidades comparables con importancia sistémica dentro de la Unión. Así pues, el MREL de las entidades que no sean consideradas como EISM, pero cuya importancia sistémica dentro de la Unión sea comparable a la de estas entidades, no debe ser desproporcionadamente discordante del nivel y composición del MREL establecido de forma general para las EISM.

(13)  De conformidad con el Reglamento n.º 575/2013, las entidades consideradas como entidades de resolución solo deben cumplir el MREL a nivel del grupo de resolución consolidado. Esto implica que las entidades de resolución estarían obligadas a emitir instrumentos y elementos admisibles para el cumplimiento del MREL dirigidos a terceros acreedores externos que se recapitalizarían si la entidad de resolución se resolviera.

(14)  Las entidades que no sean entidades de resolución deben cumplir el MREL de forma individual. Las necesidades de absorción y de recapitalización de pérdidas de estas entidades deben aportarlas de forma general sus entidades de resolución correspondientes mediante la adquisición por parte de dichas entidades de resolución de pasivos admisibles emitidos por esas entidades y su amortización o conversión en instrumentos de propiedad en el momento en que dichas entidades dejen de ser viables. Como tal, el MREL aplicable a entidades que no sean entidades de resolución debe aplicarse conjuntamente y de manera coherente con los requisitos aplicables a las entidades de resolución. Esto debe permitir a las autoridades de resolución resolver un grupo de resolución sin resolver algunas de sus entidades filiales, evitando así posibles efectos perturbadores en el mercado. ▌ Las autoridades de resolución de las filiales de una entidad de resolución también deben poder renunciar por completo a la aplicación del MREL correspondiente a las entidades que no sean entidades de resolución si tanto la entidad de resolución como sus filiales están establecidas en el mismo Estado miembro. La aplicación del MREL a las entidades que no sean entidades de resolución debe ajustarse a la estrategia de resolución elegida; en particular, no debe modificar la relación de propiedad entre las entidades y su grupo de resolución una vez que dichas entidades hayan sido recapitalizadas.

(15)  Con el fin de garantizar un nivel adecuado del MREL a efectos de resolución, las autoridades responsables de fijar dicho nivel deben ser la autoridad de resolución de la entidad de resolución, la autoridad de resolución del grupo, es decir la autoridad de resolución de la empresa matriz última, y las autoridades de resolución de otras entidades del grupo de resolución. Cualquier litigio entre autoridades debe estar sujeto a las competencias de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), supeditado a las condiciones y limitaciones previstas en la presente Directiva.

(16)  Cualquier incumplimiento del requisito mínimo de TLAC y del MREL deben ser debidamente abordados y resueltos por las autoridades competentes y de resolución. Dado que un incumplimiento de estos requisitos podría constituir un obstáculo para la resolubilidad de la entidad o del grupo, los procedimientos existentes para eliminar los obstáculos a dicha resolubilidad deben reducirse, con el fin de abordar los incumplimientos de los requisitos de forma expeditiva. Las autoridades de resolución también deben tener la facultad de exigir a las entidades la modificación de los perfiles de vencimiento de los instrumentos y elementos admisibles y de elaborar y ejecutar planes para restablecer el nivel de dichos requisitos.

(17)  Con el fin de garantizar una aplicación transparente del MREL, las entidades deben informar a sus autoridades competentes y de resolución y divulgar al público con regularidad los niveles de pasivos admisibles y la composición de los mismos, incluidos su perfil de vencimiento y su prioridad en los procedimientos de insolvencia ordinarios. Debe existir coherencia entre la frecuencia de los informes de supervisión del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y del MREL.

(18)  La exigencia de incluir un reconocimiento contractual de los efectos del instrumento de recapitalización interna en acuerdos o instrumentos que generen pasivos regidos por las legislaciones de terceros países debe garantizar que dichos pasivos puedan ser recapitalizados en caso de resolución. A menos que se adopten marcos de reconocimiento legal para permitir la resolución efectiva de carácter transfronterizo en todas las jurisdicciones de terceros países, y hasta ese momento, los acuerdos contractuales, si están correctamente redactados y se adoptan de manera amplia, deben ofrecer una solución viable. Aunque existan marcos establecidos para el reconocimiento legal, los acuerdos de reconocimiento contractuales deben contribuir a reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad del reconocimiento transfronterizo de las acciones de resolución. No obstante, podrían darse casos en que resulte impracticable para las entidades incluir condiciones contractuales en los acuerdos o instrumentos que creen determinados pasivos, en particular pasivos que no estén excluidos del instrumento de recapitalización interna de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, depósitos garantizados o instrumentos de fondos propios. En particular, en la práctica resulta imposible a las entidades incluir en los acuerdos o instrumentos que crean pasivos cláusulas contractuales sobre el reconocimiento de los efectos del instrumento de recapitalización interna, cuando dichas estipulaciones contractuales sean ilegales en los terceros países en cuestión o cuando las entidades no tengan capacidad de negociación suficiente para imponerlas. Por lo tanto, las autoridades de resolución deben poder eximir de la obligación de incluir estas cláusulas contractuales cuando las mismas lleven aparejados unos costes desproporcionados para las entidades y los pasivos correspondientes no aporten una importante capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización en una resolución. Esta exención no debe, sin embargo, ser invocada cuando una serie de acuerdos o pasivos proporcionen conjuntamente una capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización significativa en una resolución de manera colectiva. Además, para garantizar que la resolubilidad de entidades no se vea afectada, los pasivos que se beneficien de las exenciones no deben ser admisibles a efectos del MREL.

(19)  Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con facultades de intervención temprana apropiadas. Las facultades de intervención temprana deben incluir la facultad de suspender, durante el tiempo mínimo necesario, determinadas obligaciones contractuales. Esta facultad de suspensión debe delimitarse de forma precisa y ejercerse únicamente cuando sea necesario para establecer si son necesarias medidas de intervención temprana o determinar si la entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra. Esta facultad de suspensión no debe aplicarse, sin embargo, a las obligaciones relacionadas con la participación en sistemas mencionados en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10), las entidades de contrapartida central (ECC) y los bancos centrales, incluidas las entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la Autoridad Europea de Mercados de Capitales («AEMC»). Tampoco debe aplicarse a los depósitos garantizados. Las facultades de intervención temprana deben incluir las ya especificadas en la Directiva 2013/36/UE para circunstancias distintas a las consideradas como intervención temprana, así como otras situaciones en las que ello se considere necesario para restaurar la solvencia financiera de una entidad.

(20)  Para garantizar la eficacia de la resolución, y en particular con el fin de evitar conflictos jurisdiccionales, no deben iniciarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios contra la entidad inviable mientras la autoridad de resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos de resolución para este fin, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. Resulta útil y necesario suspender durante un periodo limitado determinadas obligaciones contractuales con el fin de que la autoridad tenga tiempo suficiente para realizar la valoración y poner en práctica los instrumentos de resolución. Esta facultad debe contar con el marco adecuado y ejercerse solo durante el tiempo mínimo necesario para la valoración o para poner en práctica los instrumentos de resolución. No obstante, esta facultad no deberá aplicarse a los depósitos garantizados o a las obligaciones relacionadas con la participación en sistemas designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE, las entidades de contrapartida central y los bancos centrales, incluidas las entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la AEMC. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la participación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. Con objeto de garantizar que estas protecciones se apliquen adecuadamente en tiempos de crisis, manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores de sistemas de pagos y de liquidación y otros participantes en el mercado, debe modificarse la Directiva 2014/59/UE para estipular que una medida de prevención o de gestión de crisis no deba considerarse como procedimiento de insolvencia según lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan ejerciéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. Sin embargo, ningún elemento de la Directiva 2014/59/UE debe prejuzgar el funcionamiento de un sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía constituida amparada por dicha Directiva.

(21)  Con el fin de evitar una duplicación de requisitos y de aplicar las normas adecuadas para la reestructuración y resolución eficaz de las ECC de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], la Directiva 2014/59/UE debe modificarse para excluir de su ámbito de aplicación a las entidades de contrapartida central a las que, en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012(11), los Estados miembros aplican determinados requisitos de autorización con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y, por lo tanto, también están autorizadas como entidades de crédito.

(22)  La exclusión de determinados pasivos de entidades de crédito o empresas de servicios de inversión de la aplicación del instrumento de recapitalización interna o de las facultades de suspender determinadas obligaciones, restringir la ejecución de garantías o suspender temporalmente los derechos de rescisión establecidos en la Directiva 2014/59/UE también debe incluir los pasivos relacionados con las entidades de contrapartida central establecidas en la Unión y con las ECC de terceros países reconocidas por la AEMC.

(23)  Con el fin de garantizar una interpretación común de los términos utilizados en diversos instrumentos jurídicos, procede incorporar a la Directiva 98/26/CE las definiciones y conceptos introducidos por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo referente a una «entidad de contrapartida central» (ECC) y a «participante».

(24)  Para aplicar eficazmente la resolución de las ECC, no deberán aplicarse las salvaguardias previstas en la Directiva 2002/47/CE(12) a ninguna restricción de la ejecución de un acuerdo de garantía financiera o al efecto de un acuerdo de garantía financiera prendaria, a ninguna cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente o de compensación impuestas en virtud del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].

(25)  Las Directivas 2012/30/UE(13), 2011/35/UE(14), 2005/56/CE(15), 2004/25/CE(16) y 2007/36/CE(17), contienen normas para la protección de accionistas y acreedores de las ECC que entran en el ámbito de aplicación de dichas Directivas. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], estas normas pueden suponer un obstáculo para una medida de resolución efectiva y para el uso de los instrumentos y facultades de resolución por parte de las autoridades de resolución. Las excepciones previstas en la Directiva 2014/59/UE deben ampliarse, por lo tanto, a los actos llevados a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se den las condiciones para poner en marcha un proceso de resolución. La utilización de instrumentos de resolución presupone que se cumplan los objetivos y condiciones de resolución establecidos en el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]. A fin de garantizar que las autoridades puedan imponer sanciones cuando no se hayan cumplido las disposiciones del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC] y que esas facultades sancionadoras sean compatibles con el marco jurídico de reestructuración y resolución de otras entidades financieras, el ámbito de aplicación del título VIII de la Directiva 2014/59/UE debe cubrir también las infracciones de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].

(26)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas uniformes en lo relativo al marco de reestructuración y resolución, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(27)  A fin de permitir un periodo adecuado para la transposición y aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben disponer de un plazo de doce meses para transponerla a sus legislaciones nacionales a partir de la fecha de su entrada en vigor y las entidades interesadas deberán cumplir las nuevas disposiciones en el plazo de seis meses a partir de la fecha de transposición.

(27 bis)  Los Estados miembros deben garantizar que sus legislaciones nacionales sobre insolvencia reflejan correctamente el orden de prelación de absorción de pérdidas en el marco del procedimiento de resolución, evitando desajustes graves entre los marcos jurídicos de resolución y de insolvencia y garantizando que los instrumentos de capital regulador absorban las pérdidas, tanto en los procedimientos de resolución como de insolvencia, antes del resto de la deuda subordinada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1Modificaciones de la Directiva 2014/59/UE

1.  En el artículo 1, se añade el apartado 3 siguiente:

«3. La presente Directiva no se aplicará a las entidades de contrapartida central en relación con las cuales, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, los Estados miembros apliquen determinados requisitos de autorización con arreglo a la Directiva 2013/36/UE.

Sin embargo, las disposiciones establecidas en el título VIII de la presente Directiva también se aplicarán en lo relativo a las sanciones aplicables cuando no se haya cumplido con el Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

1 bis.  En el artículo 2, apartado 1, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) "entidad de crédito": una entidad de crédito según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, sin incluir las entidades contempladas en el artículo 2, apartados 5, 5 bis y 5 ter de la Directiva 2013/36/UE;».

2.  En el artículo 2, apartado 1, punto 71, se sustituye «pasivos admisibles» por «pasivos recapitalizables»:

3.  En el artículo 2, apartado 1, se añade el siguiente punto:

«71 bis)  "pasivos admisibles": pasivos recapitalizables que cumplen, según proceda, las condiciones establecidas en el artículo 45 ter o en el artículo 45 octies, apartado 3, letra a).».

4.  En el artículo 2, apartado 1, se añaden los siguientes puntos 83 bis) y 83 ter), 109) y 110):

«83 bis) "entidad de resolución": entidad establecida en la Unión, designada por la autoridad de resolución de conformidad con el artículo 12 como entidad para la que el plan de resolución prevé una acción de resolución;

83 ter)  "grupo de resolución":

a)  entidad de resolución y sus filiales que no sean:

i)  ellas mismas entidades de resolución;

ii)  filiales de otras entidades de resolución; o

iii)  entidades establecidas en un tercer país que no estén incluidas en el grupo de resolución con arreglo al plan de resolución y sus filiales;

b)  entidades de crédito afiliadas a un organismo central, el organismo central y cualquier entidad controlada por este cuando al menos una de ellas sea una entidad de resolución;

109) "miembro compensador": miembro compensador según se define en el artículo 2, punto 14, del Reglamento (UE) n.º 648/2012;

110)   "consejo": consejo de administración o de supervisión, o ambos, establecido de conformidad con el derecho de sociedades nacional, de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012.».

5.  En el artículo 12, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución a nivel de grupo, junto con las autoridades de resolución de las filiales y tras haber consultado a las autoridades de resolución de las sucursales significativas respecto de las cuestiones que afecten a estas últimas, elaboren planes de resolución de grupo. El plan de resolución de grupo identificará las medidas que deban tomarse con respecto a:

a)  la empresa matriz en la Unión;

b)  las filiales miembros del grupo y ubicadas en la Unión;

c)  las sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras c) y d); y

d)  a reserva de lo dispuesto en el título VI, las filiales miembros del grupo y ubicadas fuera de la Unión.

De conformidad con las medidas a que se refiere el párrafo primero, el plan de resolución deberá determinar para cada grupo:

a)  las entidades de resolución;

b)  los grupos de resolución.».

6.  En el artículo 12, apartado 3, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:

«a)  establecer las acciones de resolución previstas para las entidades de resolución en los escenarios contemplados en el artículo 10, apartado 3, y las repercusiones de dichas acciones de resolución para las demás entidades del grupo mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), para la empresa matriz y para las entidades filiales;

b)  examinar en qué medida los instrumentos y las competencias de resolución pueden aplicarse y ejercerse de forma coordinada a entidades de resolución situadas dentro de la Unión, incluidas las medidas para facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de ramas de actividad específicas o actividades gestionadas por varias entidades del grupo o entidades del grupo o grupos de resolución específicos, así como identificar cualquier obstáculo potencial a una resolución coordinada;».

7.  En el artículo 12, apartado 3, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e)  establecer cualquier otra medida adicional, no prevista en la presente Directiva, que las autoridades de resolución pertinentes tengan intención de adoptar en relación con las entidades de resolución;».

8.  En el artículo 12, apartado 3, se añade la siguiente letra a1):

«a1) cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, establecer las acciones de resolución planeadas en relación con las entidades de resolución de cada grupo de resolución y las implicaciones de estas acciones sobre:

  i) otras entidades del grupo que pertenezcan al mismo grupo de resolución;

  ii) otros grupos de resolución.».

9.  En el artículo 13, apartado 4, se añade el siguiente párrafo después del párrafo primero:

«Cuando un grupo esté compuesto por más de un grupo de resolución, la planificación de las acciones de resolución mencionadas en el artículo 12, apartado 3, letra a1), adoptará la forma de una decisión conjunta según lo dispuesto en el párrafo primero.».

10.  En el artículo 13, apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Si las autoridades de resolución no llegaran a una decisión conjunta en un plazo de cuatro meses, cada autoridad de resolución que sea responsable de una filial y que no esté de acuerdo con el plan de resolución del grupo adoptará su propia decisión y, cuando proceda, identificará a la entidad de resolución y elaborará y mantendrá un plan de resolución para el grupo de resolución compuesto de entidades que estén bajo su jurisdicción. Cada una de las decisiones de las autoridades de resolución que estén en desacuerdo deberá estar plenamente motivada, entre otras cosas mediante la exposición de las razones del desacuerdo con el plan de resolución del grupo propuesto y teniendo en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución y las autoridades competentes. Cada una de las autoridades de resolución notificará su decisión a los demás miembros del colegio de autoridades de resolución.».

11.  En el artículo 16, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Se considerará que puede llevarse a cabo la resolución de un grupo si resulta factible y creíble que las autoridades de resolución procedan, bien a la liquidación de las entidades del grupo con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, o bien a la resolución de ese grupo aplicándole los instrumentos y ejerciendo las competencias de resolución respecto de las entidades de resolución de ese grupo, evitando en la medida de lo posible consecuencias adversas significativas (incluida la eventualidad de inestabilidad financiera general o la existencia de factores que afecten a todo el sistema) para los sistemas financieros de los Estados miembros en los que se encuentran las entidades del grupo, de otros Estados miembros o de la Unión, y con el fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales desarrolladas por esas entidades del grupo, ya sea porque resulte fácil separarlas oportunamente o bien por otros medios. Las autoridades de resolución de grupo notificarán oportunamente a la ABE cuando se considere que no puede llevarse a cabo la resolución de un grupo.».

12.  En el artículo 16, se añade el apartado 4 siguiente:

«4.  Los Estados miembros garantizarán que, cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, las autoridades a que se refiere el apartado 1 evaluarán la resolubilidad de cada grupo de resolución de conformidad con el presente artículo.

La evaluación a que se refiere el párrafo primero deberá realizarse además de la evaluación de la resolubilidad del grupo en su conjunto.».

13.  En el artículo 17, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:

«Cuando un obstáculo material a la resolubilidad se deba a una de las situaciones contempladas en el artículo 141 bis, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, la entidad deberá, en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de una notificación realizada en virtud del apartado 1, proponer a la autoridad de resolución posibles medidas para garantizar que la entidad cumpla lo dispuesto en los artículos 45 septies y 45 octies y el requisito establecido en el artículo 128, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE.».

14.  En el artículo 17, apartado 5, se inserta la siguiente letra h1):

«h1)  exigir a una entidad o a una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que presente un plan para volver a cumplir los artículos 45 septies y 45 octies, y la obligación a que hace referencia el artículo 128, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE;».

15.  En el artículo 17, apartado 5, se inserta la siguiente letra j1):

«j1)  exigir a una entidad o a una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que modifique el calendario de vencimientos de los elementos a que se refiere el artículo 45 ter o las letras a) y b) del artículo 45 octies, apartado 3, con el fin de garantizar que se mantiene el cumplimiento del artículo 45 septies o del artículo 45 octies.».

16.  En el artículo 17, apartado 5, letras i) y j) se sustituye el texto «artículo 45» por «artículo 45 septies y artículo 45 octies».

17.  En el artículo 18, los apartados 1 a 7 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.  La autoridad de resolución a nivel de grupo, previa consulta al colegio de autoridades de supervisión, así como a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén establecidas sucursales significativas respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales, examinará, junto con las autoridades de resolución de las filiales y en el marco del colegio de autoridades de resolución, la evaluación requerida por el artículo 16 y adoptará todas las medidas razonables para alcanzar una decisión conjunta sobre la aplicación de las medidas determinadas conforme a lo establecido en el artículo 17, apartado 4, en relación con todas las entidades de resolución y sus filiales que formen parte del grupo mencionadas en el artículo 1, apartado 1.

2.  La autoridad de resolución a nivel de grupo, en cooperación con el supervisor en base consolidada y la ABE de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, elaborará un informe, que enviará a la empresa matriz en la Unión, a las autoridades de resolución de las filiales, que lo transmitirán a las filiales bajo su supervisión, y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en que estén situadas sucursales significativas. El informe, preparado previa consulta a las autoridades competentes, analizará los obstáculos importantes a la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las facultades de resolución en relación con el grupo y con los grupos de resolución cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución. El informe también examinará el impacto en el modelo empresarial de la entidad y recomendará cualquier medida proporcionada específica que, desde el punto de vista de la autoridad, sea necesaria o apropiada para eliminar dichos obstáculos.

Cuando el obstáculo a la resolubilidad del grupo se deba a una de las situaciones contempladas en el artículo 141 bis, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, la autoridad de resolución a nivel de grupo comunicará su evaluación de dicho obstáculo a la empresa matriz en la Unión previa consulta a la autoridad de resolución de la entidad de resolución y a las autoridades de resolución de sus entidades filiales.

3.  En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción del informe, la empresa matriz en la Unión podrá remitir observaciones y proponer a la autoridad de resolución a nivel de grupo medidas alternativas para solucionar los obstáculos señalados en el informe.

Cuando los obstáculos se deban a una de las situaciones contempladas en el artículo 141 bis, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, la empresa matriz en la Unión, en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de una notificación realizada en virtud del apartado 2, propondrá a la autoridad de resolución a nivel de grupo posibles medidas para abordar o eliminar los obstáculos.

4.  La autoridad de resolución a nivel de grupo comunicará cualquier medida propuesta por la empresa matriz en la Unión al supervisor en base consolidada, a la ABE, a las autoridades de resolución de las filiales y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales. Las autoridades de resolución a nivel de grupo y las autoridades de resolución de las filiales, previa consulta a las autoridades competentes y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas, harán cuanto esté en su mano para alcanzar en el colegio de autoridades de resolución una decisión conjunta relativa a la identificación de los obstáculos importantes y, si fuera necesario, a la evaluación de las medidas propuestas por la empresa matriz en la Unión y de las medidas requeridas por las autoridades para abordar o eliminar los obstáculos, que tendrá en cuenta las posibles repercusiones de las acciones de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.

5.  La decisión conjunta se adoptará en el plazo de cuatro meses desde el envío de cualquier observación por parte de la empresa matriz en la Unión o al término del periodo de cuatro meses a que se refiere el apartado 3, teniendo en cuenta la primera de las dos fechas.

La decisión conjunta en relación con el obstáculo a la resolubilidad debido a una de las situaciones contempladas en el artículo 141 bis, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE se tomará en el plazo de dos semanas a partir de la presentación de las observaciones por parte de la empresa matriz de la Unión según lo dispuesto en el apartado 3.

La decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento que la autoridad de resolución a nivel de grupo facilitará a la empresa matriz de la Unión.

La ABE, a instancias de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

6.  Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el periodo a que se refiere el apartado 5, la autoridad de resolución a nivel de grupo adoptará su propia decisión sobre las medidas que deban aplicarse a nivel de grupo o de grupo de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4.

La decisión estará plenamente motivada y deberá tener en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las otras autoridades de resolución. La autoridad de resolución a nivel de grupo comunicará la decisión a la empresa matriz en la Unión.

Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 5, alguna autoridad de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el apartado 9 del presente artículo a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad de resolución a nivel de grupo aplazará su decisión en espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la ABE. Se considerará que el periodo pertinente señalado en el apartado 5 es el periodo de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes o en el plazo de una semana si la remisión a la ABE está vinculada a un obstáculo a la resolubilidad debido a una de las situaciones contempladas en el artículo 141 bis, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE. El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el periodo pertinente señalado en el apartado 5 o haberse adoptado una decisión conjunta. A falta de decisión de la ABE, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución a nivel de grupo.

7.  A falta de decisión conjunta, las autoridades de resolución de las filiales adoptarán sus propias decisiones sobre las medidas que deba adoptar cada una de las filiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4. Estas decisiones estarán plenamente motivadas y deberán tener en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución. La decisión se comunicará a la filial de que se trate y a la autoridad de resolución a nivel de grupo.

Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 5, alguna autoridad de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el apartado 9 del presente artículo a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad de resolución de la filial aplazará su decisión en espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la ABE. Se considerará que el periodo pertinente señalado en el apartado 5 es el periodo de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes o en el plazo de una semana si la remisión a la ABE está vinculada a un obstáculo a la resolubilidad debido a un incumplimiento de los artículos 45 a 45 decies. El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el periodo pertinente señalado en el apartado 5 o haberse adoptado una decisión conjunta. Si la ABE no adoptara una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución de la filial.».

20.  En el artículo 32, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, no existen perspectivas razonables de que ninguna medida alternativa del sector privado, incluidas medidas por parte de un SIP, o acción de supervisión, incluidas medidas de intervención temprana, así como la amortización o conversión de instrumentos de capital o pasivos admisibles pertinentes de conformidad con el artículo 59, apartado 2, adoptada en relación con la entidad, pueda impedir la inviabilidad de la entidad en un plazo de tiempo razonable;».

20 bis.  Se inserta el artículo 32 bis siguiente:

«Artículo 32 bisProcedimientos de insolvencia en relación con entidades que no estén sujetas a acciones de resolución

Los Estados miembros velarán por que, en la legislación nacional que rija los procedimientos de insolvencia ordinarios, una entidad a la que se apliquen todas las condiciones siguientes esté sujeta a procedimientos de insolvencia ordinarios:

a)  es inviable o tiene probabilidad de serlo con arreglo al artículo 32, apartado 1, letra a); y

b)  teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, no existen perspectivas razonables de que ninguna medida alternativa del sector privado adoptada en relación con la entidad, incluidas medidas por parte de un SIP o acciones de supervisión, como las medidas de intervención temprana, así como la amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes de conformidad con el artículo 59, apartado 2, pueda impedir la inviabilidad de la entidad en un plazo de tiempo razonable en el sentido de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, letra b); y

c)  la autoridad de resolución ha determinado que una acción de resolución no es de interés público en virtud del artículo 32, apartado 1, letra c).».

21.  En el artículo 33, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

2.  «Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución emprendan una acción de resolución en relación con una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), cuando dicha entidad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1.

3.  Cuando las entidades filiales de una sociedad mixta de cartera estén directa o indirectamente en poder de una sociedad financiera de cartera intermedia, el plan de resolución dispondrá que la sociedad financiera de cartera intermedia se identifique como una entidad de resolución y los Estados miembros velarán por que las acciones de resolución a efectos de resolución de grupo se adopten en relación con la sociedad financiera de cartera intermedia. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución no emprendan acciones de resolución a efectos de resolución de grupo en relación con la sociedad mixta de cartera.

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, aunque una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1, las autoridades de resolución podrán emprender una acción de resolución respecto de una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)  que la entidad sea una entidad de resolución;

b)  que una o varias de las filiales de dicha entidad que sean entidades, pero no entidades de resolución, cumplan las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1;

c)  que debido a la naturaleza de su activo y pasivo, su inviabilidad suponga una amenaza para el grupo en su conjunto, y que la acción de resolución respecto de la entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), sea necesaria para la resolución de dichas filiales que sean entidades, o para la resolución del grupo de resolución pertinente en su conjunto.».

21 bis.  Se inserta el artículo 33 bis siguiente:

Artículo 33 bis

Competencia para suspender determinadas obligaciones

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución, tras consultar a la autoridad competente, tengan competencias para suspender las obligaciones de pago o de entrega en relación con cualquier contrato del que sea parte una de las entidades o sociedades a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  a)  se ha determinado que la entidad o sociedad es inviable o tiene probabilidades de serlo con arreglo al artículo 32, apartado 2, letra a);

  b)   no existe ninguna medida del sector privado inmediatamente disponible en el sentido de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, letra b), que pueda impedir la inviabilidad de la entidad;

  c)   el ejercicio de la competencia de suspensión es a la vez:

1)    necesario para evitar un mayor deterioro de la situación financiera de las entidades a que se refiere el artículo, apartado 1, letras b), c) o d); y

2) i)    necesario para proceder a la determinación prevista en el artículo 32, apartado 1, letras b) y c); o

ii)   necesario para elegir las acciones de resolución adecuadas o para garantizar la aplicación eficaz de uno o más instrumentos de resolución.

2.  La duración de la suspensión contemplada en el apartado 1 no superará el periodo mínimo que la autoridad de resolución considere necesario para los fines indicados en dicho apartado, y no excederá en ningún caso de los dos días hábiles.

3.  Al terminar el periodo de suspensión a que se refiere el apartado 2, se levantará la suspensión.

4.  Cuando se haya llevado a cabo una suspensión de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, todo ejercicio de la competencia a que se refiere el artículo 69 en relación con la misma entidad no tendrá lugar hasta que hayan transcurrido al menos diez días hábiles tras el final de la suspensión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

5.  No se aplicará ninguna suspensión de conformidad con el apartado 1 del presente artículo a las obligaciones de pago y de entrega respecto de sistemas u operadores de sistemas designados con arreglo a la Directiva 98/26/CE, respecto de ECC y ECC de terceros países reconocidas por la AEVM de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 ni respecto de los bancos centrales.

6.  A la hora de determinar si debe ejercer su competencia con arreglo al presente artículo, la autoridad de resolución tomará una decisión sobre la base de una evaluación de los efectos que el ejercicio de dicha competencia pueda tener sobre el buen funcionamiento de los mercados financieros. La autoridad de resolución determinará el alcance de la suspensión basándose en las circunstancias de cada caso. En particular, la autoridad de resolución evaluará cuidadosamente la conveniencia de ampliar la suspensión a los depósitos garantizados.

7.  Cuando se ejerza la competencia de suspender las obligaciones de pago o de entrega con arreglo al presente artículo respecto de los depósitos garantizados, no se considerará que dichos depósitos no están disponibles para los fines contemplados en el artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2014/49/UE.

8.  Los Estados miembros podrán disponer que, cuando se ejerza la competencia de suspender las obligaciones de pago o de entrega respecto de los depósitos garantizados, las autoridades de resolución permitan a los depositantes retirar una cantidad diaria adecuada durante el periodo de suspensión.

9.  Una obligación de pago o de entrega que hubiera debido ejecutarse durante el periodo de suspensión se efectuará inmediatamente después de expirar dicho periodo.

10.  Si las obligaciones de pago o de entrega con arreglo a un contrato se suspenden en virtud del apartado 1, las obligaciones de pago o de entrega de las contrapartes de la entidad con arreglo a dicho contrato quedarán suspendidas durante el mismo periodo.

11.  En el caso de una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), respecto de las cuales el plan de resolución establezca que deba ser liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, los Estados miembros podrán mantener o adoptar normas con un alcance o duración mayores que lo previsto para la competencia de suspensión contemplada en el presente artículo. Las condiciones establecidas en el presente artículo para el ejercicio de la competencia de suspensión se entenderán sin perjuicio de las condiciones para normas nacionales de ese tipo de mayor alcance.

22.  En el artículo 44, apartado 2, la letra f) se sustituye por el texto siguiente:

«f) pasivos que tengan un plazo de vencimiento restante inferior a siete días, respecto de sistemas u operadores de sistemas designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE o de sus participantes y resultantes de la participación en uno de estos sistemas, o respecto de ECC de terceros países reconocidas por la AEVM;».

22 bis.  En el artículo 44 se insertan los apartados 2 bis y 2 ter siguientes:

«2 bis. Los Estados miembros prohibirán a las entidades o sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), realizar toda sugerencia, comunicación o manifestación en el sentido de que los pasivos distintos de los enumerados en el apartado 2, letras a) a g), del presente artículo escaparían a las competencias de amortización o de conversión. Toda infracción de esta prohibición conllevará la aplicación de sanciones administrativas y otras medidas administrativas de conformidad con los artículos 110 y 111.

2 ter. Los Estados miembros velarán por que, a los efectos del artículo 25 de la Directiva 2014/65/UE, los instrumentos de deuda contemplados en el artículo 108, apartado 2, se consideren complejos y las disposiciones recogidas en dicha Directiva relativas a los conflictos de intereses se ejecuten estrictamente en relación con la venta de dichos instrumentos a clientes existentes de la entidad emisora. Los Estados miembros velarán por que se considere que las empresas de inversión no cumplen sus obligaciones de conformidad con la Directiva 2014/65/UE si pagan o reciben tasas o comisiones, o facilitan o reciben cualquier otra prestación no monetaria, o siempre que no revelen directrices internas y específicas de ventas en relación con la comercialización de deuda no preferente de rango superior a inversores que no puedan ser considerados profesionales de conformidad con dicha Directiva.».

23.  El artículo 45 se sustituye por los siguientes artículos:

«Artículo 45Aplicación y cálculo del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

1.  Los Estados miembros garantizarán que las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), cumplan, en todo momento, el requisito de fondos propios y pasivos admisibles establecido en los artículos 45 a 45 decies.

2.  La obligación a que se refiere el apartado 1 se calculará de conformidad con el artículo 45 quater, apartado 3 o 4, según el caso, como el importe de fondos propios y pasivos admisibles y expresado en porcentaje de:

a)  el importe total de la exposición al riesgo de la entidad pertinente a que se refiere el apartado 1 calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013,

b)  la ratio de apalancamiento de la entidad de que se trate a que se refiere el apartado 1 calculada de conformidad con el artículo 429, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

2 bis.  Las entidades y sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), podrán cumplir cualquier parte del requisito a que se refiere el apartado 1 con capital ordinario de nivel 1 y otros instrumentos de nivel 1 o 2.

2 ter.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las autoridades de resolución fijarán un periodo transitorio adecuado para las entidades o sociedades previstas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), con objeto de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 45 septies o 45 octies, o un requisito derivado de la aplicación del artículo 45 ter, apartado 3, según proceda. El plazo límite para el cumplimiento de los requisitos fijados en los artículos 145 septies o 45 octies o de un requisito derivado de la aplicación del artículo 45 ter, apartado 3, será el 1 de enero de 2024.

La autoridad de resolución fijará un nivel de objetivo intermedio para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 45 septies o 45 octies o de un requisito derivado de la aplicación del artículo 45 ter, apartado 3, según proceda. Las instituciones o entidades mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), cumplirán dicho nivel de objetivo intermedio a partir del 1 de enero de 2022. El nivel de objetivo intermedio garantizará una acumulación lineal de los pasivos admisibles y fondos propios para el cumplimiento de ese requisito.

Artículo 45 bisExención del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 45, las autoridades de resolución dispensarán del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45, apartado 1, a las entidades de crédito hipotecario financiadas por bonos u obligaciones garantizados que, de acuerdo con la legislación nacional, no estén autorizadas a recibir depósitos si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)  la liquidación de dichas entidades se efectuará a través de procedimientos nacionales de insolvencia u otro tipo de procedimientos aplicados de conformidad con los artículos 38, 40 o 42 previstos especialmente para dichas entidades;

b)  tales procedimientos nacionales de insolvencia, u otros tipos de procedimientos, garantizarán que los acreedores de dichas entidades, incluidos los titulares de bonos u obligaciones garantizados en su caso, asuman las pérdidas de forma que se cumplan los objetivos de resolución.

2.  Las entidades exentas de la obligación establecida en el artículo 45, apartado 1, no formarán parte de la consolidación contemplada en el artículo 45 septies, apartado 1.

Artículo 45 terPasivos admisibles para las entidades de resolución

1.  .Los pasivos admisibles solo se incluirán en el importe de fondos propios y pasivos admisibles de entidades de resolución cuando cumplan los requisitos enumerados en los siguientes artículos del Reglamento (UE) n.º 575/2013:

a)  el artículo 72 bis;

b)  el artículo 72 ter, con excepción del apartado 2, letra d);

c)  el artículo 72 quater.

1 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los pasivos emitidos antes de [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación] que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 72 ter, apartado 2, letras g) a o), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán incluirse en el importe de los fondos propios y pasivos admisibles de las entidades de resolución incluidos en el MREL.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 72 bis, apartado 2, letra l), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los pasivos correspondientes a instrumentos de deuda con elementos de derivados, tales como bonos estructurados, se incluirán en el importe de fondos propios y pasivos admisibles únicamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)  que una cantidad determinada del pasivo que proceda del instrumento de deuda se conozca con antelación al momento de la emisión, sea fijo y no se vea afectada por un elemento de derivado;

b)  que el instrumento de deuda, incluido su elemento de derivado, no esté sujeto a ningún acuerdo de compensación y su valoración no esté sujeta al artículo 49, apartado 3.

b bis)  que la entidad haya demostrado mediante cualquier método juzgado satisfactorio por la autoridad de resolución que el instrumento tiene una capacidad de absorción de pérdidas suficiente y puede ser objeto de recapitalización interna sin una complejidad desmedida, teniendo en cuenta los principios de valoración prudente establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Los pasivos a que se refiere el párrafo primero solo se incluirán en el importe de fondos propios y pasivos admisibles por la parte correspondiente al importe a que se refiere el párrafo primero, letra a).

3.  Tras consultar a las autoridades competentes, las autoridades de resolución evaluarán y decidirán en qué medida el requisito a que se refiere el artículo 45 septies deberá ser cumplido por las entidades de resolución con instrumentos que cumplan todas las condiciones a que se refiere el artículo 72 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con el fin de garantizar que la entidad de resolución pueda resolverse de un modo adecuado para alcanzar los objetivos de resolución.

La decisión de la autoridad de resolución en virtud del presente apartado incluirá los motivos de esa decisión. Dichas razones se basarán en lo siguiente:

a)  el hecho de que los pasivos no subordinados a que se hace referencia en los párrafos primero y segundo tengan la misma prioridad en la jerarquía nacional de insolvencia que determinados pasivos excluidos de la aplicación de las competencias de amortización o de conversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, o apartado 3;

b)  ▌el riesgo de que, como consecuencia de una aplicación prevista de competencias de amortización y conversión a los pasivos no subordinados que no están excluidos de la aplicación de las competencias de amortización o de conversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, o apartado 3, los titulares de créditos resultantes de tales pasivos sufran más pérdidas que las que tendrían en una liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario.

El importe de los fondos propios y pasivos admisibles exigido por una decisión adoptada en virtud del presente apartado y que se haya de alcanzar con instrumentos que cumplan todas las condiciones a que se refiere el artículo 72 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013 no superará el máximo de:

a)  una ratio basada en el riesgo del 18 %, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento;

b)  una ratio no basada en el riesgo del 6,75 %, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje de la medida de la exposición total mencionada en el artículo 429, apartado 4, de dicho Reglamento,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 ter, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y las disposiciones transitorias que se especifican en el artículo 494 de dicho Reglamento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero, el importe de los fondos propios y pasivos admisibles exigidos por una decisión en virtud de este apartado será suficiente para garantizar que los acreedores a que se refiere el párrafo segundo, letra b), no sufran pérdidas superiores a las que habrían sufrido en caso de liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario.

4.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 115 relacionados con medidas para especificar con más detalle las condiciones a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a).

Artículo 45 quaterDeterminación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

1.  La obligación para cada entidad a que se refiere el artículo 45, apartado 1, vendrá determinada por la autoridad de resolución, en cooperación con la autoridad competente, sobre la base de los siguientes criterios:

a)  la necesidad de asegurar que la entidad de resolución puede resolverse mediante la aplicación de los instrumentos de resolución, incluida, cuando proceda, la recapitalización interna, de forma que se cumplan los objetivos de resolución;

b)  la necesidad de asegurar, cuando proceda, que la entidad de resolución y sus filiales que sean entidades, pero no entidades de resolución, dispongan de suficientes pasivos admisibles para garantizar, en caso de que deba aplicárseles el instrumento de recapitalización interna o las competencias de amortización y conversión, respectivamente, que puedan absorber las pérdidas, y que la ratio de capital total y la ratio de apalancamiento en forma de capital ordinario de nivel 1 de las entidades pertinentes podrían restablecerse a un nivel necesario para permitirles seguir cumpliendo las condiciones por las que recibieron la autorización, así como proseguir las actividades a las que les autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE;

c)  la necesidad de asegurar que, si el plan de resolución prevé que determinadas categorías de pasivos admisibles pueden quedar excluidas de la recapitalización interna contemplada en el artículo 44, apartado 3, o pueden ser transmitidas a un adquirente en su totalidad en virtud de una transmisión parcial, la entidad de resolución cuente con otros pasivos admisibles suficientes para garantizar que puedan absorberse las pérdidas, y que los requisitos de capital o, según proceda, la ratio de apalancamiento en forma de capital ordinario de nivel 1 de la entidad de resolución puedan restablecerse a un nivel suficiente para permitir que siga cumpliendo las condiciones para su autorización y que prosiga las actividades a las que le autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE;

d)  el tamaño, modelo empresarial, modelo de financiación y perfil de riesgo de la entidad;

f)  la medida en que la inviabilidad de la entidad tendría un efecto adverso en la estabilidad financiera debido, entre otras cosas, al fenómeno de contagio a otras entidades o instituciones como consecuencia de la interconexión de la entidad con otras entidades o instituciones o con el resto del sistema financiero.

La autoridad de resolución velará por que el nivel del requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, sea proporcional a las especificidades de los modelos empresariales y de financiación de la entidad de resolución, teniendo en cuenta:

i)  la preponderancia de depósitos en la estructura de financiación;

ii)  la falta de experiencia en la emisión de instrumentos de deuda debido al acceso limitado a mercados de capitales transfronterizos y mayoristas;

iii)  el hecho de que la entidad se basará principalmente en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 y de instrumentos de capital para cumplir el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1.

2.  Si el plan de resolución prevé que se deben adoptar acciones de resolución de conformidad con el correspondiente escenario de resolución contemplado en el artículo 10, apartado 3, el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, será igual a un importe suficiente para garantizar que:

a)  las pérdidas que en que pudiera incurrir la entidad se absorban en su totalidad («absorción de pérdidas»);

b)  la entidad o sus filiales que sean entidades, pero que no sean entidades de resolución, se recapitalicen hasta un nivel necesario para permitirles seguir cumpliendo las condiciones para su autorización y llevar a cabo las actividades para las que están autorizadas en virtud de la Directiva 2013/36/UE, la Directiva 2014/65/UE o legislación equivalente («recapitalización»).

Si el plan de resolución establece que la entidad será liquidada siguiendo el procedimiento de insolvencia ordinario, el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, en relación con la entidad no superará una cantidad suficiente para absorber pérdidas, de conformidad con el párrafo primero, letra a).

2 bis.  Las autoridades de resolución velarán por que el importe de absorción de pérdidas a que se refiere el apartado 2, letra a), no se considere automáticamente superior o igual al nivel real de fondos propios de la entidad.

3.  Sin perjuicio del último párrafo del presente apartado, para las entidades de resolución, con el fin de determinar el importe a que se refiere el apartado, la autoridad de resolución calculará el mayor de los importes siguientes:

a)  la suma de:

i) el importe de las pérdidas que deben absorberse en la resolución que corresponda a los requisitos mencionados en el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE para la entidad de resolución a nivel de grupo de resolución consolidado,

ii) un importe de recapitalización que permita al grupo de resolución resultante de la resolución restablecer el cumplimiento del requisito de ratio de capital total a que se refiere el artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como los requisitos a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE a nivel de grupo de resolución consolidado tras la ejecución de la acción de resolución preferida;

b)  la suma de:

i) el importe de las pérdidas que deben absorberse en la resolución correspondiente a la ratio de apalancamiento de la entidad de resolución contemplada en el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a nivel de grupo de resolución consolidado; y

ii) un importe de recapitalización que permita que el grupo de resolución resultante de la resolución restablecer el cumplimiento del requisito de ratio de apalancamiento a que se refiere el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a nivel de grupo de resolución consolidado tras la ejecución de la acción de resolución preferida;

A efectos del párrafo primero, letra a), inciso ii), y letra b), inciso ii), el importe de recapitalización se complementará con un importe adicional que la autoridad de resolución considere necesario para mantener una confianza del mercado suficiente después de la resolución, teniendo en cuenta el modelo de negocio, el modelo de financiación y el perfil de riesgo de la entidad de resolución.

El importe del colchón previsto en el párrafo segundo del presente apartado no superará el importe de los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE, con excepción del requisito indicado en la letra a) de esa disposición, a menos que sea necesario un nivel superior para garantizar que, tras un caso de resolución, la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización durante un periodo adecuado que no será superior a un año.

A efectos del artículo 45, apartado 2, letra a), el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, se expresará, en términos porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la letra a) del presente apartado y el importe total de la exposición al riesgo.

A efectos del artículo 45, apartado 2, letra b), el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, se expresará en términos porcentuales como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la letra b) del presente apartado y la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento.

La autoridad de resolución determinará los importes de recapitalización a que se refieren los párrafos anteriores de conformidad con las acciones de resolución previstas en el plan de resolución y podrá ajustar esos importes de recapitalización de modo que reflejen adecuadamente los riesgos que afectan a la resolubilidad derivada del modelo empresarial del grupo de resolución, al perfil de financiación y al perfil de riesgo general.

3 bis.  Cuando la autoridad de resolución aprecie que una entidad, en caso de ser inviable, sería objeto de liquidación u objeto de un procedimiento de insolvencia, el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, de la presente Directiva no podrá ser más estricto que los requisitos a que se refiere el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento UE n.º 575/2013 y el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE.

4.  No obstante lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, para las entidades que no sean entidades de resolución, con el fin de determinar el importe a que se refiere el apartado 2, la autoridad de resolución calculará el mayor de los importes siguientes:

a)  la suma de:

i) el importe de las pérdidas que deben absorberse en la resolución correspondiente a los requisitos contemplados en el artículo  2, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE para la entidad, y

ii) un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el cumplimiento del requisito de ratio de capital total a que se refiere el artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como los requisitos a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE tras el ejercicio de la competencia para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes de conformidad con el artículo 59 de la presente Directiva;

b)  la suma de:

i) el importe de las pérdidas que deben absorberse en la resolución correspondiente a la ratio de apalancamiento de la entidad contemplada en el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y

ii) un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el cumplimiento del requisito de ratio de apalancamiento a que se refiere el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 tras el ejercicio de la competencia para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes de conformidad con el artículo 59 de la presente Directiva.

A efectos del párrafo primero, letra a), inciso ii), y letra b), inciso ii), el importe de recapitalización se complementará con un importe adicional que la autoridad de resolución considere necesario para mantener una confianza del mercado suficiente después de la resolución, teniendo en cuenta el modelo de negocio, el modelo de financiación y el perfil de riesgo de la entidad.

El importe del colchón previsto en el párrafo segundo del presente apartado no superará el importe de los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE, con excepción del requisito indicado en la letra a) de esa disposición, a menos que sea necesario un nivel superior para garantizar que, tras un caso de resolución, la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización durante un periodo adecuado que no será superior a un año.

A efectos del artículo 45, apartado 2, letra a), el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, se expresará, en términos porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la letra a) y el importe total de la exposición al riesgo.

A efectos del artículo 45, apartado 2, letra b), el requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, se expresará, en términos porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la letra b) y la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento.

La autoridad de resolución determinará los importes de recapitalización a que se refieren los párrafos anteriores de conformidad con las acciones de resolución previstas en el plan de resolución y podrán ajustar esos importes de recapitalización de modo que reflejen adecuadamente los riesgos que afecten a las necesidades de recapitalización que surjan del modelo empresarial, el perfil de financiación y el perfil de riesgo general de la entidad.

5.  Cuando la autoridad de resolución prevea que determinadas categorías de pasivos admisibles podrían quedar excluidas de la recapitalización interna contemplada en el artículo 44, apartado 3, o podrían ser transferidas a un receptor en su totalidad en virtud de una transmisión parcial, el requisito mencionado en el artículo 45, apartado 1, no superará una cantidad suficiente para:

a)  cubrir el importe de los pasivos excluidos identificados de conformidad con el artículo 44, apartado 3;

b)  garantizar el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el apartado 2.

6.  En la decisión de la autoridad de resolución de imponer un requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles en virtud del presente artículo figurarán las razones que justifican dicha decisión, incluida una evaluación completa de los elementos mencionados en los apartados 2 a 5.

7.  A efectos de los apartados 3 y 4, los requisitos de capital se interpretarán de acuerdo con la aplicación por parte de la autoridad competente de las disposiciones transitorias establecidas en la parte décima, título I, capítulos 1, 2 y 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en las disposiciones de la legislación nacional que incorporen las opciones concedidas a las autoridades competentes por dicho Reglamento.

8.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen de forma más detallada los criterios a que se refiere el apartado 1, sobre la base de los cuales los requisitos de fondos propios y de pasivos admisibles deben determinarse de conformidad con el presente artículo.

La ABE presentará dichos proyectos de normas de regulación a la Comisión a más tardar [un mes después de la entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 45 quinquiesDeterminación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las EISM

1.  El requisito contemplado en el artículo 45, apartado 1, para una entidad de resolución que sea una EISM o parte de una EISM consistirá en lo siguiente:

a)  sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 ter, apartados 3 y 4, y las disposiciones transitorias que se especifican en el artículo 494 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el mayor de:

i)  una ratio basada en el riesgo del 18 %, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento;

ii)  una ratio no basada en el riesgo del 6,75 %, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados como porcentaje de la medida de la exposición total mencionada en el artículo 429, apartado 4, de dicho Reglamento; y

b)  cualquier requisito adicional de fondos propios y pasivos admisibles determinado por la autoridad de resolución específicamente para la entidad de conformidad con el apartado 2, que deberá cumplirse con los pasivos que respeten las condiciones establecidas en el artículo 45 ter, apartados 1 y 2.

2.  La autoridad de resolución podrá imponer un requisito adicional de fondos propios y pasivos admisibles a que se refiere el apartado 1, letra b), únicamente:

a)  cuando el requisito establecido en el apartado 1, letra a), no sea suficiente para cumplir las condiciones establecidas en el artículo 45 quater; y

b)  en la medida en que el importe de los fondos propios y pasivos admisibles requeridos no sea superior a un nivel que sea necesario para cumplir las condiciones establecidas en el artículo 45 quater.

3.  Cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM de la UE sean entidades de resolución, las autoridades de resolución pertinentes deberán calcular el importe a que se refiere el apartado 2,

a)  para cada entidad de resolución,

b)  para la entidad matriz de la Unión como si fuera la única entidad de resolución de la EISM de la UE.

4.  La decisión de la autoridad de resolución de imponer un requisito adicional de fondos propios y pasivos admisibles en virtud del apartado 1, letra b), contendrá las razones que justifican esa decisión, incluida una evaluación completa de los elementos mencionados en el apartado 2.

Artículo 45 septiesAplicación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades de resolución

1.  Las entidades de resolución deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 45 quater a 45 sexies en base consolidada a nivel del grupo de resolución.

2.  El requisito contemplado en el artículo 45, apartado 1, para una entidad de resolución a nivel de grupo de resolución consolidado se determinará de conformidad con el artículo 45 nonies, sobre la base de los requisitos establecidos en los artículos 45 quater a 45 sexies y de si las filiales de terceros países del grupo deben resolverse por separado de acuerdo con el plan de resolución.

2 bis.  Para grupos de resolución según se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 83 ter), letra b), la autoridad de resolución pertinente decidirá qué entidades de resolución del grupo de resolución, identificadas de conformidad con dicha disposición, deberán cumplir el requisito a que se refiere el artículo 45 quater, apartado 3, para garantizar que el grupo de resolución en su conjunto cumple el requisito a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 45 octiesAplicación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades que no son entidades de resolución

1.  Las entidades que sean filiales de una entidad de resolución y no sean ellas mismas entidades de resolución deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 45 quater ▌sobre una base individual. La autoridad de resolución, después de haber consultado a la autoridad competente, podrá decidir aplicar el requisito establecido en el presente artículo a una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) que sea filial de una entidad de resolución pero no sea entidad de resolución.

El requisito mencionado en el artículo 45, apartado 1, para una entidad a que se refiere el párrafo primero se determinará con arreglo al artículo 45 nonies y sobre la base de los requisitos establecidos en el artículo 45 quater ▌.

2.  El requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, para las entidades a que se refiere el párrafo primero estará sujeto a las siguientes condiciones:

a)  la entidad de resolución deberá cumplir el requisito consolidado a que se refiere el artículo 45 septies;

b)  la suma de todos los requisitos aplicables a las filiales del grupo de resolución deberá estar cubierta por el requisito consolidado mencionado en el artículo 45 septies, sin rebasarlo, a menos que esto se deba únicamente a los efectos de la consolidación al nivel del grupo de resolución de conformidad con el artículo 45 septies, apartado 1;

c)  el requisito se fijará entre el 75 % y el 90 % de los requisitos calculados de conformidad con el artículo 45, apartado 1, y no podrá ser superior a la contribución de la filial al requisito consolidado a que se refiere el artículo 45 septies, apartado 1;

d)  el requisito debe cumplir los criterios de admisibilidad que figuran en el apartado 3.

3.  El requisito se cumplirá con uno o varios de los siguientes elementos:

a)  pasivos que:

i) sean emitidos y adquiridos por la entidad de resolución, ya sea directa o indirectamente a través de otras entidades del mismo grupo de resolución que compró los pasivos de la entidad sujeta a lo dispuesto en el presente artículo, o por un accionista existente que no forme parte del mismo grupo de resolución, siempre que el ejercicio de la competencia de amortización o conversión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 a 62 no afecte al control de la filial por parte de la entidad de resolución;

ii) cumplan los criterios de admisibilidad contemplados en el artículo 72 bis, con excepción del artículo 72 ter, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

iii) en el procedimiento de insolvencia ordinario tengan un orden de prelación inferior al de los pasivos distintos de los admisibles a efectos del requisito de fondos propios que hayan sido emitidos para entidades distintas de la entidad de resolución y adquiridos por ellas;

iv) estén sujetos a la competencia de amortización o de conversión de conformidad con los artículos 59 a 62, en coherencia con la estrategia de resolución del grupo de resolución, en particular no afectando al control de la filial por parte de la entidad de resolución.

b)  instrumentos de fondos propios emitidos para entidades distintas de la entidad de resolución y adquiridos por ellas cuando el ejercicio de la competencia de amortización o conversión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 a 62 no afecte al control de la filial por parte de la entidad de resolución.

3 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, los pasivos emitidos antes de [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación] que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 72 ter, apartado 2, letras g) a o), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán incluirse en el importe de fondos propios y pasivos admisibles.

5.  La autoridad de resolución de una filial que no sea una entidad de resolución podrá eximir totalmente a dicha filial de la aplicación del presente artículo cuando:

a)  tanto la filial como la entidad de resolución estén sujetas a la autorización y supervisión de la misma autoridad competente, o estén situadas en un Estado miembro participante en el sentido de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1024/2013;

b)  la entidad de resolución cumpla en base subconsolidada el requisito a que se refiere el artículo 45 septies;

c)  no existan ni en el presente ni en un futuro previsible obstáculos importantes, de tipo práctico o jurídico, para la inmediata transferencia de fondos propios o para el reembolso de pasivos por parte de la entidad de resolución a la filial con respecto a la cual se haya realizado una determinación de conformidad con el artículo 59, apartado 3, en particular cuando la medida de resolución se tome respecto de la entidad de resolución;

d)  la entidad de resolución demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se ha declarado, con el consentimiento de la autoridad competente, garante de los compromisos suscritos por la filial, o bien que los riesgos en la filial sean poco significativos;

e)  los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la entidad de resolución incluyan a la filial;

f)  la entidad de resolución posea más del 50 % de los derechos de voto vinculados a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial;

5 bis.  La autoridad de resolución de una entidad del grupo de resolución que no es una entidad de resolución examinará la aplicación de los apartados 1 a 5 a dicha entidad, pudiendo eximirla posteriormente de ello parcial o totalmente, cuando:

a)  la entidad de resolución del grupo de resolución sea el organismo central de una red o un grupo cooperativo;

b)  la entidad sea una entidad de crédito afiliada de forma permanente a dicho organismo central;

c)  los miembros de la red estén sujetos a un mecanismo interno de solidaridad con base jurídica.

Artículo 45 noniesProcedimiento para determinar el requisito

1.  La autoridad de resolución de la entidad de resolución, la autoridad de resolución a nivel de grupo, si fuera diferente de la anterior, y las autoridades de resolución responsables de las filiales del grupo de resolución sobre una base individual harán cuanto esté en su mano para alcanzar una decisión conjunta sobre:

a)  el importe del requisito aplicado a nivel consolidado para cada entidad de resolución;

b)  el importe del requisito aplicado a cada filial de la entidad de resolución sobre una base individual.

La decisión conjunta garantizará la conformidad con el artículo 45 septies y con el artículo 45 octies, será plenamente motivada y será dirigida a:

a)  la entidad de resolución por su autoridad de resolución;

b)  las filiales de la entidad de resolución por sus respectivas autoridades de resolución;

c)  la empresa matriz en la Unión del grupo por la autoridad de resolución de la entidad de resolución, cuando dicha empresa matriz de la Unión no sea una entidad de resolución del mismo grupo de resolución.

2.  Cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM de la UE sean entidades de resolución, las autoridades de resolución contempladas en el párrafo primero debatirán y, cuando sea oportuno y coherente con la estrategia de resolución de la EISM, se pondrán de acuerdo sobre la aplicación del artículo 72 sexies del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y cualquier ajuste a fin de minimizar o eliminar la diferencia entre la suma de los importes a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 3, letra a), y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para las entidades de resolución específicas y la suma de los importes a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 3, letra b), y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Un ajuste de este tipo podrá aplicarse en las condiciones siguientes:

a)  el ajuste podrá aplicarse a diferencias en el cálculo de las cantidades totales de exposición al riesgo entre los Estados miembros ajustando el nivel del requisito;

b)  el ajuste no se aplicará para eliminar las diferencias resultantes de las exposiciones entre grupos de resolución.

La suma de los importes a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 3, letra a), y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para las entidades de resolución específicas no podrá ser inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 3, letra b), y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

3.  A falta de una decisión conjunta de este tipo en un plazo de cuatro meses, se adoptará una decisión de conformidad con los apartados 4 a 6.

4.  En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el requisito consolidado, la autoridad de resolución de la entidad de resolución tomará una decisión sobre el requisito consolidado después de haber tenido debidamente en cuenta:

a)  la evaluación de las filiales realizada por las autoridades de resolución pertinentes,

b)  el dictamen de la autoridad de resolución a nivel de grupo, si fuera diferente de la autoridad de resolución de la entidad de resolución.

Cuando, al final del periodo de cuatro meses, alguna de las autoridades de resolución interesadas hubiera remitido el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad de resolución de la entidad de resolución aplazará su decisión en espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la ABE.

La decisión de la ABE tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero, letras a) y b).

El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes.

El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.

Si la ABE no adoptara una decisión en el plazo de un mes, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución de la entidad de resolución.

5.  En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el nivel del requisito que habrá de aplicarse a las filiales del grupo de resolución sobre una base individual, la decisión será adoptada por las autoridades de resolución correspondientes de las filiales cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)  que las opiniones y reservas manifestadas por la autoridad de resolución de la entidad de resolución hayan sido debidamente tomadas en consideración, y

b)  el dictamen de la autoridad de resolución a nivel de grupo haya sido tomado en consideración debidamente, si dicha autoridad fuera diferente de la autoridad de resolución de la entidad de resolución;

c)  que se haya evaluado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 octies, apartado 2.

Cuando, al final del periodo de cuatro meses, la autoridad de resolución de la entidad de resolución haya remitido el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las autoridades de resolución responsables de las filiales sobre una base individual aplazarán sus decisiones a la espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y adoptarán sus decisiones de conformidad con la decisión de la ABE. La decisión de la ABE tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero, letras a), b) y c).

El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes.

El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.

A falta de decisión de la ABE en el plazo de un mes, se aplicarán las decisiones de las autoridades de resolución responsables de las filiales.

La decisión conjunta y toda decisión adoptada a falta de decisión conjunta serán revisadas y, cuando proceda, actualizadas periódicamente.

6.  En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el nivel del requisito consolidado y el nivel del requisito que habrá de aplicarse a las filiales del grupo de resolución sobre una base individual, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a)  se adoptará una decisión sobre el requisito consolidado de conformidad con el apartado 4;

b)  se adoptará una decisión sobre el nivel del requisito que habrá de aplicarse a las filiales del grupo de resolución sobre una base individual, de conformidad con el apartado 4, después de:

i) haber considerado debidamente la decisión a que se refiere la letra a);

ii) haber evaluado el cumplimiento del artículo 45 octies, apartado 2.

7.  La decisión conjunta mencionada en el apartado 1 y todas las decisiones adoptadas por las autoridades de resolución mencionadas en los apartados 4, 5 y 6 a falta de decisión conjunta serán vinculantes para las autoridades de resolución afectadas.

La decisión conjunta y toda decisión adoptada a falta de decisión conjunta serán revisadas y, cuando proceda, actualizadas periódicamente.

8.  Las autoridades de resolución, en coordinación con las autoridades competentes, exigirán y comprobarán que las entidades mantienen el requisito mencionado en el artículo 45, apartado 1, y adoptarán decisiones de conformidad con el presente artículo en paralelo a la elaboración y el mantenimiento de los planes de resolución.

9.  La autoridad de resolución de la entidad de resolución informará a la ABE del requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles que se ha establecido:

a)  a nivel de grupo de resolución consolidado;

b)  a nivel de las filiales del grupo de resolución sobre una base individual.

Artículo 45 deciesInformación de supervisión y divulgación pública del requisito

1.  Las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, informarán a sus autoridades competentes y de resolución, previa solicitud y al menos con frecuencia anual, sobre lo siguiente:

a)  los niveles de los elementos disponibles que reúnan las condiciones del artículo 45 ter o del artículo 45 octies, apartado 3, ▌los importes de fondos propios y pasivos admisibles expresados de conformidad con el artículo 45, apartado 2, tras la aplicación de las deducciones de conformidad con los artículos 72 sexies a 72 undecies del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y los niveles de pasivos que no estén excluidos del ámbito de aplicación del artículo 44 en virtud del apartado 2 de dicho artículo;

b)  la composición de los elementos contemplados en la letra a), incluido su perfil de vencimiento y su prioridad en el procedimiento de insolvencia ordinario.

2.  Las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, publicarán, al menos con frecuencia anual, la siguiente información:

a)  los niveles de los elementos disponibles que reúnan las condiciones del artículo 45 ter o 45 octies, apartado 3;

b)  la composición de los elementos contemplados en la letra a), incluido su perfil de vencimiento y su prioridad en el procedimiento de insolvencia ordinario.

2 bis.  Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a las entidades que cumplan las siguientes condiciones:

a)  cuando la sociedad sea una entidad, si presenta una ratio de apalancamiento de al menos el 10 % en el sentido del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y

b)  si el plan de resolución establece que la entidad será liquidada con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario.

3.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución con el fin de especificar formatos, plantillas y frecuencia uniformes, y plantillas para la información a las autoridades de supervisión y la divulgación pública mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

La ABE presentará dichas normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar [doce meses desde la entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

4.  Los Estados miembros aplicarán el apartado 2 a partir del 1 de enero de 2025.

Artículo 45 undeciesNotificación a la ABE

1.  Las autoridades de resolución, en coordinación con las autoridades competentes, informarán a la ABE del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles que hubieran establecido para cada entidad sometida a su jurisdicción.

2.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de especificar formatos, plantillas y definiciones uniformes para que las autoridades de resolución, en coordinación con las autoridades competentes, determinen y envíen a la ABE la información correspondiente a los fines del apartado 1.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar [doce meses tras la entrada en vigor] ...(18)*.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 45 duodeciesIncumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

1.  Todo incumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de una entidad deberá ser tratado por las autoridades competentes atendiendo al menos a uno de los siguientes elementos:

a)  las competencias para abordar o eliminar obstáculos a la resolubilidad de conformidad con los artículos 17 y 18;

b)  las medidas a que se refiere el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE;

c)  las medidas de actuación temprana de conformidad con el artículo 27;

d)  las sanciones administrativas y otras medidas administrativas de conformidad con los artículos 110 y 111;

1 bis.  Las autoridades de resolución supervisarán con periodicidad trimestral el cumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles e informarán a la autoridad competente de cualquier incumplimiento u otro hecho pertinente que pueda afectar al cumplimiento de dicho requisito mínimo.

2.  Las autoridades de resolución y las autoridades competentes se consultarán entre sí en el ejercicio de sus respectivas facultades a que se refiere el apartado 1, letras a) a d).

2 bis.  No obstante lo dispuesto en el artículo 141 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE, no se considerará que una entidad no cumple los requisitos combinados de colchón para los fines previstos en el artículo 141 de dicha Directiva cuando cumpla las condiciones fijadas en las letras a) y b) del artículo 141 bis, apartado 2, de dicha Directiva, cuando el incumplimiento de dichos requisitos afecte solo al requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles establecido en los artículos 45 quater y 45 quinquies de la presente Directiva y cuando el incumplimiento de los requisitos no dure más de 12 meses.

Artículo 45 terdeciesInformes

1.  La ABE, en colaboración con las autoridades competentes y las autoridades de resolución, presentará un informe a la Comisión ofreciendo evaluaciones sobre, como mínimo, la información siguiente:

a)  el modo en que se haya aplicado a nivel nacional el requisito de fondos propios y pasivos admisibles y, en particular, si se han registrado divergencias entre los Estados miembros en los niveles establecidos para entidades comparables;

b)  el modo en que hayan ejercido las autoridades de resolución la facultad de exigir a las entidades el cumplimiento del requisito con los instrumentos a que se refiere el artículo 45 ter, apartado 2, y si se han registrado divergencias en el ejercicio de dicha facultad en los Estados miembros.

2.  El informe a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta los siguientes elementos:

a)  la incidencia del requisito mínimo, y de todo posible nivel armonizado propuesto, sobre lo siguiente:

i)  los mercados financieros en general y los mercados de deuda no garantizada y derivados en particular;

ii)  los modelos empresariales y las estructuras de los balances de las entidades, en particular su perfil de financiación y su estrategia de financiación, y la estructura jurídica y operativa de los grupos;

iii)  la rentabilidad de las entidades, en particular su coste de financiación;

iv)  la migración de las exposiciones hacia entidades no sujetas a supervisión prudencial;

v)  la innovación financiera;

vi)  la preponderancia de instrumentos contractuales de recapitalización interna, y la naturaleza y capacidad de comercialización de los mismos;

vii)  el comportamiento de las entidades en materia de asunción de riesgos;

viii)  el nivel de los gravámenes que pesan sobre los activos de las entidades;

ix)  las acciones emprendidas por las entidades con el fin de cumplir los requisitos mínimos, y en particular la medida en que se hayan cumplido los requisitos mínimos mediante reducción del apalancamiento, emisión de deuda a largo plazo y captación de capital; y

x)  el nivel de los préstamos de las entidades de crédito, centrándose especialmente en los préstamos a microempresas y pequeñas y medianas empresas, y a las autoridades locales, administraciones regionales y organismos del sector público, y en la financiación del comercio, en particular los préstamos en el marco de sistemas oficiales de seguros de crédito a la exportación;

b)  la interacción de los requisitos mínimos con los requisitos de fondos propios, la ratio de apalancamiento y los requisitos de liquidez establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE;

c)  la capacidad de las entidades para obtener capital o financiación en los mercados de forma independiente con el fin de cumplir todos los requisitos mínimos armonizados propuestos.

3.  El informe al que se refiere el apartado 1 abarcará un periodo de dos años civiles y se comunicará a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre del año civil siguiente al último año civil cubierto por el informe.».

23 bis.  En el artículo 48, se añade el apartado 6 bis siguiente:

«6 bis. A fin de permitir la aplicación efectiva del instrumento de recapitalización interna y/o las competencias de amortización o conversión sin vulnerar los principios generales establecidos en el artículo 34, apartado 1, letra g), los Estados miembros velarán por que en la legislación nacional que rija los procedimientos de insolvencia ordinarios, los instrumentos de capital (instrumentos de capital ordinario de nivel 1, instrumentos de capital adicional de nivel 1 e instrumentos de nivel 2) tengan una prelación inferior a la prevista para el resto de deudas subordinadas que no se consideran instrumentos de capital.».

24.  El artículo 55 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 55Reconocimiento contractual de la recapitalización interna

1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), que se incluya una cláusula contractual por la cual el acreedor o parte del acuerdo o instrumento que dé origen a los pasivos reconozca que a estos podrían serles aplicadas las competencias de amortización y de conversión, y se comprometa a acatar cualquier reducción del importe principal o del importe adeudado y cualquier conversión o cancelación derivada del ejercicio de tales competencias por parte de una autoridad de resolución, siempre y cuando dicho pasivo cumpla todas las condiciones siguientes:

a)  que el pasivo no esté excluido en virtud del artículo 44, apartado 2;

b)  que el pasivo no constituya un depósito de los contemplados en el artículo 108, letra a);

c)  que el pasivo esté regulado por la legislación de un tercer país;

d)  que el pasivo se haya emitido o contraído después de la fecha en que un Estado miembro haya aplicado las disposiciones adoptadas con el fin de transponer la presente sección.

1 bis.  El apartado 1 del presente artículo no se aplicará a los pasivos de entidades o sociedades respecto de las cuales el requisito previsto en el artículo 45, apartado 1, sea igual al importe para absorción de pérdidas definido en el artículo 45 quater, apartado 2, letra a), siempre que dichos pasivos no se computen a efectos de dicho requisito.

2.  El requisito contemplado en el apartado 1 podrá no aplicarse cuando ▌:

a)  ▌los pasivos o instrumentos ▌puedan estar sujetos a amortización y conversión por la autoridad de resolución de un Estado miembro en virtud de la legislación de un tercer país o a un acuerdo vinculante con ese tercer país; o

b)  ▌desde el punto de vista legal ▌o por otro motivo resulte inviable para una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), incluir una cláusula contractual de este tipo en determinados pasivos; y

c)  la no aplicación de la obligación a que hace referencia el apartado 1 para dichos pasivos no obstaculice la resolubilidad de las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d).

Los pasivos a que se refieren las letras b) y c) no incluirán ▌instrumentos de capital adicional de nivel 1 o instrumentos de capital de nivel 2. Además, serán preferentes con respecto a los pasivos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 108, apartado 2, letras a), b) y c), y, en caso de que se trate de instrumentos de deuda, estarán garantizados. La suma de los pasivos sujetos a exención en virtud de las letras b) y c) no superará el 15 % del total de los pasivos que sean a la vez preferentes con respecto a los pasivos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 108, apartado 2, letras a), b) y c), y cumplan las condiciones establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 1 del presente artículo.

Los pasivos que ▌no incluyan la cláusula contractual exigida en el apartado 1, o para los que no sea obligatoria, de conformidad con las letras b) y c), la inclusión de la cláusula contractual mencionada en el apartado 1, no se computarán a efectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.

Las autoridades de resolución supervisarán el uso de la exención del reconocimiento contractual contemplada en las letras b) y c) del párrafo primero. A tal fin, estarán facultadas para examinar los contratos respecto de los cuales la entidad o sociedad haya llegado a la conclusión de que las letras b) y c) del párrafo primero son aplicables.

Si las autoridades de resolución consideran que no se cumplen las condiciones para la exención prevista en las letras b) y c) del párrafo primero, podrán hacer llegar una decisión a la entidad o sociedad de que se trate para exigirle que modifique sus políticas de aplicación de la exención del reconocimiento contractual de la recapitalización interna.

3.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución puedan exigir a las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), que faciliten a las autoridades un dictamen jurídico relativo a la aplicabilidad legal y la eficacia de la cláusula contractual mencionada en el apartado 1.

4.  El hecho de que una de las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), no incluya entre las disposiciones contractuales aplicables a unos pasivos dados la cláusula contemplada en el apartado 1, ▌no impedirá que la autoridad de resolución ejerza las competencias de amortización y de conversión en relación con dichos pasivos.

5.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar la lista de pasivos a los que se aplica la exclusión prevista en el apartado 1, así como el contenido de la cláusula contractual prevista en dicho apartado, teniendo en cuenta los diferentes modelos empresariales de las entidades.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar...[...un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

6.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de especificar las condiciones con arreglo a las cuales resultaría inviable desde el punto de vista jurídico o por otro motivo para una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), incluir la cláusula contractual contemplada en el apartado 1 en determinados pasivos, y en virtud de las cuales la no aplicación de la obligación a que hace referencia el apartado 1 no obstaculizaría la resolubilidad de dicha entidad o sociedad.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar...[...un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

6 bis.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 115 en lo referente a la modificación del porcentaje, fijado en el apartado 2, párrafo segundo, del presente artículo, de la suma de los pasivos sujetos a exención en virtud del apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), del presente artículo.».

27.  En los títulos de los artículos 59 y 60 se inserta «y pasivos admisibles».

28.  En el artículo 59, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  La competencia para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes se puede ejercer:

a)  independientemente de una medida de resolución; o

b)  junto con una medida de resolución, cuando se cumplan las condiciones para la resolución previstas en los artículos 32 y 33.

La competencia para amortizar o convertir los pasivos admisibles independientemente de una medida de resolución solo podrá ejercerse en relación con los pasivos admisibles que cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 45 octies, apartado 3, letra a), salvo la condición relativa al plazo de vencimiento restante de los pasivos.».

29.  En el artículo 59, apartados 2 y 3, se sustituye el texto «instrumentos de capital» por «instrumentos de capital y pasivos contemplados en el apartado 1».

30.  En el artículo 59, apartados 4 y 10, se sustituye el texto «instrumentos de capital» por «instrumentos de capital o pasivos contemplados en el apartado 1».

31.  En el artículo 60, apartado 1, se añade la letra d) siguiente:

«d)  el importe principal de los pasivos admisibles contemplados en el artículo 59, apartado 1, se amortice o se convierta en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, o ambas cosas, en la medida necesaria para alcanzar los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31 o en la medida de la capacidad de los pasivos admisibles pertinentes, si este importe es inferior.».

32.  En el artículo 60, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.  En caso de que el importe principal de un instrumento de capital o de un pasivo admisible pertinentes se amortice:

a)  la reducción del importe principal será permanente, sujeta a toda reevaluación de conformidad con el mecanismo de reembolso del artículo 46, apartado 3;

b)  por lo que se refiere al titular de los instrumentos de capital y pasivo pertinentes mencionados en el artículo 59, apartado 1, no subsistirá responsabilidad alguna en relación con el importe del instrumento que haya sido amortizado, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización;

c)  ▌no se pagará indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital y pasivo pertinentes mencionados en el artículo 59, apartado 1, excepto si se ajusta a lo dispuesto en el apartado 3.».

33.  En el artículo 60, apartado 3, el texto «los instrumentos de capital pertinentes» se sustituye por «los instrumentos de capital y pasivo pertinentes mencionados en el artículo 59, apartado 1».

34.  En el artículo 69, apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) las obligaciones de pago y de entrega respecto de sistemas u operadores de sistemas designados a efectos de la Directiva 98/26/CE, entidades de contrapartida central, entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la AEVM de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, y respecto de bancos centrales;».

35.  En el artículo 70, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Las autoridades de resolución no ejercerán la competencia contemplada en el apartado 1 respecto a las garantías de sistemas u operadores de sistemas designados a efectos de lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, entidades de contrapartida central y entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la AEVM de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, y los bancos centrales por los activos pignorados o presentados por la entidad objeto de resolución en concepto de cobertura o garantía.».

36.  En el artículo 71, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. No se aplicará ninguna suspensión en virtud del apartado 1 o 2 ▌a las obligaciones de pago y de entrega respecto de sistemas u operadores de sistemas designados a efectos de la Directiva 98/26/CE, entidades de contrapartida central y entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la AEVM de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o respecto de bancos centrales.».

37.  En el artículo 88, el texto «artículo 45» se sustituye por «artículos 45 a 45 decies».

38.  En el artículo 88, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Supeditado a lo dispuesto en el artículo 89, las autoridades de resolución a nivel de grupo instituirán colegios de autoridades de resolución que desempeñen los cometidos contemplados en los artículos 12, 13, 16, 18, 45 a 45 decies, 91 y 92, y, cuando así proceda, garantizarán su cooperación y coordinación con las autoridades de resolución de terceros países.».

39.  El artículo 89 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 89Colegios de autoridades de resolución europeos

1.  Cuando una entidad o una empresa matriz de un tercer país cuente con filiales o empresas matrices en la Unión establecidas en dos o más Estados miembros, o dos o más sucursales de la Unión que se consideren significativas por dos o más Estados miembros, las autoridades de resolución de los Estados miembros en los que estén establecidas dichas entidades o donde estén establecidas tales sucursales significativas instituirán un único colegio de autoridades de resolución europeo.

2.  El colegio de autoridades de resolución europeo mencionado en el apartado 1 desempeñará las funciones y cometidos expuestos en el artículo 88, respecto de las entidades a que se refiere el apartado 1 y, en la medida en que dichos cometidos resulten procedentes, respecto de sucursales.

Las funciones desempeñadas por el colegio de autoridades de resolución europeo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 incluirán la fijación del requisito a que se refieren los artículos 45 a 45 decies.

A la hora de fijar el requisito contemplado en los artículos 45 a 45 decies, los miembros del colegio de autoridades de resolución europeo tendrán en cuenta la estrategia de resolución global adoptada, en su caso, por las autoridades de terceros países.

Cuando, de conformidad con la estrategia de resolución global, filiales de la Unión o una empresa matriz de la Unión y sus entidades filiales no sean entidades de resolución y los miembros del colegio de autoridades de resolución europeo estén de acuerdo con dicha estrategia, las filiales de la Unión o la empresa matriz de la Unión deberán cumplir el requisito del artículo 45 octies, apartado 1, sobre una base consolidada mediante la emisión de instrumentos admisibles contemplados en el artículo 45 octies, apartado 3, letras a) y b), dirigidos a la entidad de resolución del tercer país.

3.  Cuando solo una empresa matriz de la Unión posea todas las filiales de la Unión de una entidad de un tercer país o de una empresa matriz de un tercer país, el colegio de autoridades de resolución europeo estará presidido por la autoridad de resolución del Estado miembro donde esté establecida la empresa matriz en la Unión.

Cuando no sea aplicable el párrafo primero, la autoridad de resolución de una empresa matriz de la Unión o de una filial de la Unión con el valor más alto de activos totales dentro del balance mantenidos presidirá el colegio de autoridades de resolución europeo.

4.  Mediante acuerdo mutuo de todas las partes interesadas, los Estados miembros podrán suspender el requisito de instituir un colegio de autoridades de resolución europeo si otro grupo o colegio desempeña las mismas funciones y realiza los mismos cometidos especificados en el presente artículo, siempre que se ajuste a todos los procedimientos y condiciones fijados en el presente artículo y en el artículo 90, incluidos los relativos a la pertenencia a los colegios de autoridades de resolución y a la participación en estos. En tal caso, toda referencia a los colegios europeos de autoridades de resolución de la presente Directiva se considerará asimismo como referencia a tales grupos o colegios.

5.  Sin perjuicio de los apartados 3 y 4 del presente artículo, el colegio de autoridades de resolución europeo funcionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88.».

40.  El artículo 110 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas relativas a sanciones administrativas y otras medidas administrativas aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva o las disposiciones del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que estas sean ejecutadas;

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los Estados miembros se asegurarán de que, en caso de infracción o de aplicación de las obligaciones contempladas en el apartado 1 ▌a las entidades, las entidades financieras o las empresas matrices de la Unión en el sentido de la presente Directiva o a las ECC, los miembros compensadores de las ECC o las empresas matrices en el sentido del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], podrán aplicarse sanciones administrativas, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación nacional, a los miembros del órgano de dirección en el sentido de la presente Directiva o a los miembros del consejo de administración en el sentido del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], y a otras personas físicas que, en virtud de la legislación nacional, sean responsables de la citada infracción.»;

c)  en el apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Se otorgará la competencia para ejercer el poder sancionador que prevé la presente Directiva a las autoridades de resolución o, si fueran diferentes, a las autoridades competentes, en función del tipo de infracción.».

41.  El artículo 111 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, las letras a), b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

«a) cuando no se hayan elaborado, mantenido y actualizado los planes de reestructuración y los planes de reestructuración de grupo, infringiendo los artículos 5 o 7 de la presente Directiva o el artículo 9 del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC];

b) cuando no se haya notificado a la autoridad competente la intención de prestar ayuda financiera de grupo, infringiendo el artículo 25 de la presente Directiva;

c) cuando no se haya facilitado toda la información necesaria para la elaboración de planes de resolución, infringiendo el artículo 11 de la presente Directiva o el artículo 14 del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC];

c bis)  cuando se realicen sugerencias, comunicaciones o manifestaciones en el sentido de que los pasivos distintos de los enumerados en el artículo 44, apartado 2, letras a) a g), escaparían a las competencias de amortización o de conversión, infringiendo de este modo el apartado 2 bis de dicho artículo;

d) cuando el órgano de dirección de una entidad o sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva o el consejo de administración de la ECC en el sentido del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC] no hayan notificado a la autoridad competente que la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva o la ECC no lo haga o pueda no hacerlo ▌, infringiendo el artículo 81 de la presente Directiva o el artículo 68, apartado 1, del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].»;

b)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) una declaración pública que indique la persona física, entidad, entidad financiera, empresa matriz en la Unión, ECC u otra persona jurídica responsable y la naturaleza de la infracción;»;

ii) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) la imposición de una prohibición temporal de ejercer funciones en entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva, o en ECC, a alguno de los miembros del órgano de dirección o de la alta dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva o al consejo de administración de la ECC o a cualquier otra persona física, que se considere responsable;».

42.  El artículo 112 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución y las autoridades competentes publiquen en su sitio web oficial, al menos, las sanciones administrativas impuestas por ellas por la infracción de las disposiciones nacionales adoptadas para transponer lo dispuesto en la presente Directiva o en el Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], que no hayan sido objeto de recurso o que hayan agotado la posibilidad de recurso.»;

b)  en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva, o a las EEC o las personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño.»;

c)  el apartado 4 se modifica como sigue:

i) la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«A más tardar el 3 de julio de 2016, la ABE remitirá a la Comisión un informe sobre la publicación por los Estados miembros, de manera anónima según lo establecido en el apartado 2, de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva, en particular cuando se hayan observado divergencias significativas al respecto entre los Estados miembros.»;

ii) se añade el párrafo siguiente:

«A más tardar el [...], la AEVM remitirá a la Comisión un informe similar sobre la publicación de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

43.  El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 113Mantenimiento de bases de datos centrales por la ABE y la AEVM

1.  Con sujeción a los requisitos en materia de secreto profesional contemplados en el artículo 84, las autoridades de resolución y las autoridades competentes informarán a la ABE de todas las sanciones administrativas impuestas por ellas en aplicación del artículo 111 por infracción de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del estado en que se encuentren los recursos y de sus resultados.

Con sujeción a los requisitos en materia de secreto profesional contemplados en el artículo 71 del Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], las autoridades de resolución y las autoridades competentes informarán a la AEVM sobre las sanciones administrativas impuestas por las infracciones de dicho Reglamento.

2.  La ABE y la AEVM mantendrán bases de datos centrales en las que constarán las sanciones que se les hayan comunicado exclusivamente a fines de intercambio de información entre autoridades de resolución. A dichas bases de datos solo podrán acceder las autoridades de resolución y se actualizarán con la información facilitada por las mismas.

3.  La ABE y la AEVM mantendrán bases de datos centrales en las que constarán las sanciones que se les hayan comunicado exclusivamente a fines de intercambio de información entre autoridades competentes. A dichas bases de datos solo podrán acceder las autoridades competentes y se actualizarán con la información facilitada por las mismas.

4.  La ABE y la AEVM mantendrán páginas web con enlaces para las sanciones publicadas por cada autoridad de resolución y cada autoridad competente, con arreglo al artículo 112, e indicarán el periodo durante el cual cada Estado miembro publica las sanciones.».

Artículo 2

Modificación de la Directiva 98/26/CE

El artículo 1 se modifica como sigue:

a)  se añade la letra siguiente:

«a bis) todo sistema de un tercer país, con arreglo a la definición que figura en la letra m bis) del artículo 2, regido por el Derecho de un país distinto de un Estado miembro;»;

b) la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) todo participante de dichos sistemas;».

En el artículo 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) "entidad de contrapartida central (ECC)": una ECC tal como se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012;».

En el artículo 2, la letra f) se sustituye por el texto siguiente:

«f) "participante": entidad, contraparte central, agente de liquidación, cámara de compensación, operador de un sistema o miembro compensador de una ECC autorizada de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 648/2012;».

En el artículo 2, se añade la letra siguiente:

«m bis) "sistema de un tercer país": un sistema establecido en un país distinto de un Estado miembro que cumpla las condiciones fijadas en el artículo 10, apartado 2 bis.».

En el artículo 10, se añade el apartado 2 bis siguiente:

«Un sistema de un tercer país y su correspondiente operador del sistema estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva con arreglo al apartado 1 cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a)  que al menos un participante real o potencial directo en el sistema del tercer país tenga su administración central en la Unión;

b)    que, en el caso de un sistema de un tercer país destinado a la compensación y liquidación de instrumentos financieros, la AEVM considere adecuadas las normas aplicables a dicho sistema;

c)   que, en el caso de un sistema de un tercer país destinado al procesamiento de pagos, se haya establecido un régimen de vigilancia cooperativa entre el banco central de la Unión de emisión de cada moneda de la Unión procesada en dicho sistema y las autoridades encargadas de la supervisión del sistema en el tercer país de que se trate.

El banco central de emisión informará a la AEVM acerca del régimen de supervisión a que se refiere la presente letra.

La AEVM publicará en su sitio web una lista de los sistemas de terceros países incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.».

Artículo 3

Modificaciones de la Directiva 2002/47/CE

La Directiva 2002/47/CE queda modificada como sigue:

En el artículo 1, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Los artículos 4 a 7 de la presente Directiva no se aplicarán a ninguna eventual restricción a la ejecución de acuerdos de garantía financiera ni a ninguna eventual restricción del efecto de una disposición sobre acuerdos de garantía financiera prendaria, acuerdos de liquidación por compensación o acuerdos de compensación que se impongan en virtud del título IV, capítulos V o VI, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o del título V, capítulo IV del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], ni a ninguna restricción de ese tipo que sea impuesta en virtud de competencias similares en la legislación nacional de un Estado miembro a fin de facilitar la resolución ordenada de cualquier entidad contemplada en el apartado 2, letra c), inciso iv), que sea objeto de salvaguardas como mínimo equivalentes a las establecidas en el título IV, capítulo VII, de la Directiva 2014/59/UE y en el título V, capítulo V, del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

El artículo 9 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9 bis

Directiva 2008/48/CE, Directiva 2014/59/UE y Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2008/48/CE, la Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 4

Modificación de la Directiva 2004/25/CE

En el artículo 4, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.  Los Estados miembros velarán por que el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva no se aplique en caso de utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o ▌el título V del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 5

Modificación de la Directiva 2005/56/CE

En el artículo 3, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  Los Estados miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique a la sociedad o sociedades que sean objeto de utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el título V del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 6

Modificaciones de la Directiva 2007/36/CE

La Directiva 2007/36/CE se modifica como sigue:

a)  en el artículo 1, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  Los Estados miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique en caso de utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el título V del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].»;

b)  en el artículo 5, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los Estados miembros garantizarán que, a los efectos de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], la junta general, por una mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos, pueda convocar una junta general o pueda modificar los estatutos sociales para establecer que la junta general en la que se decida sobre una ampliación de capital sea convocada en un plazo inferior al fijado en el apartado 1 del presente artículo, siempre y cuando dicha junta no se celebre en un plazo de diez días a partir de la convocatoria, se cumplan las condiciones de los artículos 27 o 29 de la Directiva 2014/59/UE o del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC] y la ampliación de capital sea necesaria para evitar las condiciones de resolución establecidas en los artículos 32 y 33 de la Directiva 2014/59/UE o en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 7

Modificación de la Directiva 2011/35/UE

En el artículo 1, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  Los Estados miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique a la sociedad o sociedades que sean objeto de utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el título V del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 8

Modificación de la Directiva 2012/30/UE

En el artículo 45, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  Los Estados miembros velarán por que los artículos 10, 19, apartado 1, 29, apartados 1, 2 y 3, 31, apartado 2, párrafo primero, 33 a 36, 40, 41 y 42 de la presente Directiva no se apliquen en caso de utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el título V del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].».

Artículo 9Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar [doce meses después de la fecha de entrada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del [fecha: seis meses después de la fecha de transposición].

2.  Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el apartado 1, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de esa referencia.

3.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la ABE el texto de las principales disposiciones jurídicas que se adopten a nivel nacional dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Artículo 10Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 1, apartados 1, 40, 41, 42 y 43, y los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entrarán en vigor el [fecha: cuando entre en vigor el Reglamento [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]].

Artículo 11Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo  Por el Consejo

El Presidente  El Presidente

(1)

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.

(2)

  DO C , , p. .

(3)

  DO C , , p. .

(4)

  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia la culminación de la unión bancaria», 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(5)

  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.

(6)

  Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012, DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(7)

  Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.

(8)

  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.

(9)

  Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.

(10)

  Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).

(11)

  Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

(12)

  Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

(13)

  Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (DO L 315 de 14.11.2012, p. 74).

(14)

  Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 110 de 29.4.2011, p. 1).

(15)

  Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310 de 25.11.2005, p. 1).

(16)

  Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (DO L 142 de 30.4.2004, p. 12).

(17)

  Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (DO L 184 de 14.7.2007, p. 17).

(18)

*  DO insértese la fecha: 12 meses después de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva.


PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y modificación de las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

Referencias

COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)

Fecha de la presentación al PE

23.11.2016

 

 

 

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

ECON

1.2.2017

 

 

 

Comisiones competentes para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL

1.2.2017

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

Opiniones no emitidas

       Fecha de la decisión

EMPL

15.12.2016

ITRE

12.1.2017

JURI

25.1.2017

 

Ponentes

       Fecha de designación

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Examen en comisión

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Fecha de aprobación

19.6.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

38

14

5

Miembros presentes en la votación final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suplentes presentes en la votación final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Christofer Fjellner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Fecha de presentación

25.6.2018


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

5

0

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 10 de julio de 2018Aviso jurídico - Política de privacidad