Informe - A8-0329/2018Informe
A8-0329/2018
Parlamento europeo

INFORME sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro

16.10.2018 - (2018/2034(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Krzysztof Hetman

Procedimiento : 2018/2034(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A8-0329/2018
Textos presentados :
A8-0329/2018
Debates :
Votaciones :
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro

(2018/2034(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 3 y 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

–  Vistos los artículos 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación[1],

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su título IV (Solidaridad),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular los objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 13,

–  Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa»,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 14 de mayo de 2018, sobre la política económica de la zona del euro[2],

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, titulado ‏«Semestre Europeo de 2018 - Recomendaciones específicas por país » (COM(2018)0400),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018» (COM(2017)0690),

–  Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 22 de noviembre de 2017, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 (COM(2017)0674),

–  Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 22 de noviembre de 2017, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2017)0677), y la Posición del Parlamento de 19 de abril de 2018 al respecto[3],

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2017)0770),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2018» (COM(2017)0771),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulada «Proyectos de planes presupuestarios para 2018: evaluación general» (COM(2017)0800),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2017)0250),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulado «Taking stock of the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage”» (Balance de la Recomendación de 2013 «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas») (SWD(2017)0258),

–  Vistos el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 de la Comisión, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 y las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011[4],

–  Vistos los objetivos de Barcelona de 2002 en materia de atención a la infancia, en concreto el objetivo de prestar para 2010 servicios de cuidado de niños al menos al 90% de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños de menos de tres años,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: Hacia una segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores» (COM(2016)0581),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa - Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356),

–  Visto el paquete sobre la economía circular[5],

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Europa invierte de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas» (COM(2016)0359),

  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, titulada «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2016)0127) y sus anexos,

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad[6],

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018[7],

–  Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento[8],

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre las políticas económicas de la zona del euro[9],

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza[10],

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa[11],

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales[12],

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género[13],

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020[14],

–  Visto el informe de la Comisión titulado «2018 Pension Adequacy Report: Current and future income adequacy in old age in the EU» (Informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones: adecuación presente y futura de los ingresos en la vejez en la Unión),

–  Visto el Informe de la Comisión Europea titulado «The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)» (Informe de 2018 sobre el envejecimiento: proyecciones económicas y presupuestarias para los Estados miembros de la UE (2016-2070)),

–  Vista su Resolución legislativa, de 2 de febrero de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado[15],

–  Vistos la Carta Social Europea revisada y el Proceso de Turín, iniciado en 2014 con el fin de reforzar el sistema de tratados de la Carta Social Europea en el seno del Consejo de Europa y en su relación con el Derecho de la Unión[16],

–  Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (septiembre de 2015),

–  Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 5/2017, de marzo de 2017, titulado: «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0329/2018),

A.  Considerando que, en junio de 2018, la tasa de desempleo estacionalizada en la zona del euro se redujo al 8,3 %, frente al 9,0 % en junio de 2017, y que fue la tasa más baja registrada en la zona del euro desde diciembre de 2008; que la diferencia en las tasas de desempleo entre los Estados miembros de la zona del euro es considerable, registrándose las tasas más bajas en Malta (3,9 %) y Alemania (3,4 %), y las más elevadas —y todavía preocupantes— en Grecia (20,2 % en abril de 2018) y España (15,2 %), que tienen una tasa de empleo del 57,8 y el 65,5 % respectivamente;

B.  Considerando que, en junio de 2018, la tasa de desempleo juvenil en la zona del euro era del 16,9 %, frente al 18,9 % en junio de 2017; que, aun sin dejar de decrecer de forma continuada, esta tasa sigue siendo inaceptablemente elevada y asciende a más del doble de la media del desempleo total, con aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes desempleados en algunos países; que la responsabilidad de luchar contra el desempleo juvenil recae fundamentalmente en los Estados miembros, a los que corresponde definir y aplicar los marcos reguladores del mercado laboral, los sistemas de educación y formación y las políticas activas del mercado laboral;

C.  Considerando que las disparidades en las tasas de desempleo juvenil de los Estados miembros de la zona del euro también son considerables, ya que las tasas de desempleo juvenil más bajas en la zona del euro se registran en Estonia (6,5 % en diciembre de 2017) y Alemania (6,2 %), mientras que las más elevadas se registran en Grecia (42,3 % en noviembre de 2018), España (34,1 %) e Italia (32,6 %);

D.  Considerando que otros Estados miembros se enfrentan a retos estructurales en el mercado laboral, como la baja participación o la inadecuación de las capacidades y las cualificaciones; que existe una necesidad creciente de medidas concretas para la integración o reintegración de los trabajadores que no están en activo a fin de satisfacer las demandas del mercado laboral;

E.  Considerando que la tasa de empleo total de la zona del euro en 2017 era del 71,0 %, siendo la tasa de empleo de las mujeres del 65,4 %; que el objetivo de la Unión Europea en el marco de la Estrategia Europa 2020 es lograr al menos un 75 % de empleo para las personas de entre 20 y 64 años, en particular mediante una mayor participación de las mujeres y los trabajadores de más edad y una mejor integración de los inmigrantes en la mano de obra; que al acabar 2016 la tasa de empleo de la zona del euro superó el máximo anterior a la crisis y creció un 1,5 % en el segundo trimestre de 2018 en comparación con el mismo trimestre del año anterior; que, sin embargo, en algunos Estados miembros sigue por debajo de los niveles registrados hace una década, teniendo en cuenta que en los países del este de Europa esta circunstancia puede atribuirse a la disminución a largo plazo de la población total y no a una evolución negativa del mercado de trabajo; que la tendencia a una reducción del número de horas trabajadas por trabajador debida, entre otros factores, al aumento del empleo a tiempo parcial no deseado sigue siendo preocupante, con un suave descenso (0,3 %) en 2017 con respecto al año anterior y a un nivel que sigue siendo aproximadamente un 3,0 % menor que en 2008[17];

F.  Considerando que la segmentación del mercado de trabajo afecta especialmente a las mujeres, a los trabajadores poco cualificados, a los jóvenes y a las personas de más edad, a las personas con discapacidad y a las personas de origen migrante, que también tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial o con contratos temporales, modalidades que persisten junto con las formas de empleo no convencionales y atípicas y el trabajo de falso autónomo; que la tasa de empleo de las personas de entre 55 y 64 años era del 57 % en 2017 en la Unión, diez puntos porcentuales por debajo de la tasa de empleo general, con una diferencia entre géneros de trece puntos porcentuales, tres puntos por encima de la cifra correspondiente a la población total en edad laboral; que las estimaciones demográficas prevén un aumento del número de trabajadores de más edad;

G.  Considerando que el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad es una necesidad básica que los Estados miembros deben garantizar y en la que deben invertir;

H.  Considerando que, en 2016, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la zona del euro era del 23,1 %, superior todavía al porcentaje de 2009, mientras que la tasa de pobreza de las personas con empleo era del 9,5 %; que 118 millones de ciudadanos europeos siguen estando en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, un millón más que antes de la crisis; que el objetivo de Europa 2020 de reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en veinte millones de personas con respecto al valor de referencia de 2008 dista mucho de ser alcanzado; que mientras que caen las tasas de privación material, aumentan las tasas de pobreza económica y de riesgo de pobreza;

I.  Considerando que en la zona del euro, la tasa de desempleo de larga duración está disminuyendo (del 5 % en 2016 al 4,4 % en 2017), pero todavía representa el 48,5 % del desempleo total, lo que es inaceptablemente elevado;

J.  Considerando que, según el informe de 2018 sobre la evolución social y del empleo en Europa, el moderado ritmo de crecimiento de la productividad por trabajador que afecta al crecimiento salarial está relacionado con factores como la mayor cuota de empleos a tiempo parcial y el menor número de horas trabajadas;

K.  Considerando que la tasa de empleo a tiempo parcial y de trabajo temporal en la zona del euro se ha mantenido estable desde 2013, aun cuando represente una elevada proporción del empleo total, y que, en 2017, el trabajo a tiempo parcial suponía el 21,2 % de todos los contratos; que la proporción del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres (31,4 %) es significativamente mayor que entre los hombres (8,2 %), fenómeno que puede tener importantes repercusiones en los ingresos y los derechos de protección social; que, en 2016, la mayor parte de los contratos temporales correspondía con mucho a los jóvenes, estando bajo este tipo de contratos el 43,8 % de los trabajadores de entre 15 y 24;

L.  Considerando que la adecuación de las pensiones sigue suponiendo un reto, pues el riesgo de exclusión social aumenta con la edad, mientras que la brecha de género en materia de pensiones, que es del 37 %, sigue siendo un problema para numerosas mujeres de edad avanzada, pues aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social; que los derechos de pensión de las personas con trabajos no convencionales o por cuenta propia son inferiores a los de los trabajadores por cuenta ajena;

M.  Considerando que el acceso a los servicios sociales, como la atención infantil, la sanidad y los servicios de dependencia, así como el acceso a servicios asequibles de apoyo a la movilidad, tiene un impacto considerable en la adecuación de los ingresos, en particular para las personas con bajos ingresos que dependen de la protección social;

1.  Observa que, si bien las condiciones económicas en la zona del euro son favorables en la actualidad y el empleo global crece de manera constante, la recuperación económica no se distribuye uniformemente en la zona del euro y aún queda un gran margen de mejora en cuanto a la convergencia económica, la lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración, los desequilibrios entre hombres y mujeres, la segmentación del mercado de trabajo y la desigualdad, especialmente para los grupos vulnerables, en cuanto a la reducción del número de personas que trabajan por debajo de su nivel de cualificación y la reducción de la pobreza en general y de la pobreza de las personas con empleo en particular, y en cuanto a la erradicación de la pobreza infantil, el fomento de la productividad y el crecimiento de los salarios; señala que la desigualdad de ingresos habría sido mucho más elevada si no fuera por los efectos redistributivos de las transferencias sociales, que en 2015 redujeron el porcentaje de personas con riesgo de pobreza en aproximadamente un tercio (33,7 %); lamenta, sin embargo, que su impacto fuese insuficiente y variase considerablemente de un Estado miembro a otro, reduciendo la desigualdad de ingresos en más de un 20 % en Bélgica, Finlandia e Irlanda, pero en menos del 10 % en Estonia, Grecia, Italia, Letonia y Portugal;

2.  Destaca que el disfrute de los derechos sociales y un sistema de protección social eficiente que funcione correctamente y garantice una protección adecuada a todos los trabajadores, independientemente del tipo de relación laboral, contrato o modalidad de empleo, junto con políticas del mercado de trabajo activas y sostenibles, son importantes prerrequisitos para reducir la pobreza y la exclusión social, especialmente para las personas más vulnerables, garantizar unos mercados de trabajo nacionales inclusivos y reforzar la resiliencia y la competitividad de la economía de la zona del euro en su conjunto;

3.  Acoge con satisfacción el aumento del apoyo financiero, a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, para que los Estados miembros prosigan sus reformas enfocadas a la creación de trabajos de calidad para impulsar el empleo, a la reducción del desempleo, en especial el desempleo juvenil y de larga duración, y a la consecución de incrementos salariales; saluda la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de dicho programa a los países cuya moneda no es el euro, con el fin de fomentar la convergencia económica y social en toda la Unión;

4.  Toma nota de las recomendaciones específicas por país (REP) de la Comisión para 2018, que son un importante elemento del proceso del Semestre Europeo, y celebra que en ellas se preste especial atención a los retos sociales; alienta a la Comisión a velar por la coherencia entre las REP sociales y económicas y a respetar la cláusula de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según lo indicado en la Posición común del Consejo sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; señala con preocupación que solo el 50 % de las REP para 2017 se hayan aplicado total o parcialmente y, por tanto, alienta a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar las recomendaciones, en particular en los siguientes ámbitos:

  – pobreza y exclusión social, incluidas la pobreza infantil y la pobreza de los ocupados, especialmente entre los grupos vulnerables,

  – desempleo juvenil y de larga duración, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral[18];

  – desigualdades de renta,

  – crecimiento salarial,

  – lucha contra el abandono escolar prematuro y el elevado número de ninis,

  – educación, aprendizaje permanente y formación profesional,

  – sostenibilidad y adecuación de los sistemas de pensiones;

  – sanidad, incluidos los servicios de dependencia,

  – empleo seguro y adaptable,

  – equilibrio de género, en concreto en lo que atañe a la participación en el mercado de trabajo, y diferencias salariales y de pensiones entre hombres y mujeres;

5.  Destaca, por lo tanto, que la creación de empleo digno, el acceso a la protección social, independientemente de la relación laboral o del tipo de contrato, y el crecimiento salarial repercuten de forma importante en la reducción de las desigualdades y del riesgo de pobreza y exclusión social, y contribuirán a mejorar el nivel de vida y a apoyar la recuperación económica; subraya que, en consecuencia, las reformas de los Estados miembros, tal como propugna la Comisión a través de las REP, deben centrarse, en particular, en las políticas que aumentan la productividad y el potencial de crecimiento sostenible, apoyan la creación de empleo de calidad y reducen la desigualdad y la pobreza, especialmente la pobreza infantil; alienta la creación de formas de empleo por tiempo indefinido, al tiempo que se garantiza la adaptabilidad, se promueve la inclusividad de los mercados de trabajo y se asegura un equilibrio justo entre vida laboral y vida privada;

6.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, sobre el control de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales (PEDS) (COM(2018)0130), que pone a dicho pilar en sintonía con el ciclo del Semestre Europeo, al reflejar las prioridades del PEDS en el análisis de las medidas adoptadas y los progresos realizados a escala nacional; subraya que las metas y los compromisos sociales de la Unión deben estar al mismo nivel que las metas económicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los derechos sociales mediante la aplicación del PEDS, de modo que se cree una verdadera dimensión social de la Unión (a través de la legislación, de los mecanismos de formulación de políticas y de los instrumentos financieros al nivel adecuado);

7.  Señala que los mercados de trabajo de los países de la zona del euro difieren significativamente entre sí, lo cual constituye un reto a su correcto funcionamiento; pide, por lo tanto, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, políticas y reformas del mercado laboral bien diseñadas que creen empleo de calidad, promuevan la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato de los trabajadores y la economía social y solidaria, faciliten la igualdad de acceso al mercado de trabajo y la protección social, faciliten la movilidad laboral, reincorporen a los desempleados y corrijan las desigualdades, incluidos los desequilibrios entre hombres y mujeres; pide a los Estados miembros que desarrollen políticas sociales y económicas en consonancia con los principios de la Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral[19], garantizando específicamente un apoyo a la renta adecuado, mercados laborables accesibles y el acceso a servicios de calidad, que se consideran elementos fundamentales para lograr resultados sostenibles;

8.  Destaca la necesidad de aumentar las tasas de empleo y promover la generación de empleo digno, en particular entre los desempleados de larga duración, los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, los trabajadores de más edad, las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, las minorías y las comunidades marginadas, como la comunidad romaní, a fin de alcanzar el objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo de al menos el 75 % y mitigar el riesgo de pobreza, en especial, de pobreza infantil y de los ocupados, y la exclusión social de estas personas; subraya la necesidad de recudir el número de personas que viven en la pobreza si se quiere alcanzar el objetivo de Europa 2020 de reducir la pobreza en 20 millones de personas; subraya la necesidad de reducir la pobreza infantil por medio de la aplicación de una Garantía Infantil para toda la Unión;

9.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen acciones y estrategias en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales para satisfacer las necesidades sociales de aquellos que se encuentran en la imposibilidad de acceder al mercado laboral, es decir, las personas que sufren privaciones extremas, como las personas sin hogar, los niños y jóvenes y quienes padecen trastornos físicos y mentales crónicos;

10.  Pide estrategias nacionales y coordinación a nivel de la Unión para luchar contra la discriminación por razón de edad en los mercados laborales como respuesta al aumento del número de trabajadores de más edad en la mano de obra de la Unión, en particular dando a conocer la Directiva 2000/78CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación[20], adaptando las normas sobre salud y seguridad en el trabajo a los objetivos de empleo sostenible habida cuenta de los riesgos laborales nuevos y emergentes, y garantizando el acceso a oportunidades de aprendizaje permanente y mejorando las políticas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar;

11.  Pide a los Estados miembros de la zona del euro que aprovechen plenamente las perspectivas económicas positivas y prosigan las reformas del mercado de trabajo centradas en la creación de puestos de trabajo que fomenten las formas de empleo previsibles, seguras y por tiempo indefinido y los contratos de trabajo amparados por la seguridad jurídica que regulen las condiciones de trabajo, mediante la prevención y la lucha contra el trabajo de falso autónomo y mediante la garantía de una protección social adecuada, independientemente de la relación laboral o del tipo de contrato; pide a los Estados miembros que adopten y apliquen la propuesta de Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social y que animen a las personas con formas de empleo no convencionales a inscribirse en regímenes de protección social; destaca la importancia de las negociaciones en curso relativas a la directiva sobre condiciones laborales previsibles y transparentes;

12.  Pide a los Estados miembros que inviertan en servicios de atención a la persona durante todo su ciclo vital, a fin de mantener los esfuerzos por alcanzar los objetivos de Barcelona de 2002 en materia de atención a la infancia y definir objetivos de atención a las personas mayores y dependientes; considera que la prestación de cuidados dentro de la familia no debería afectar de forma negativa a las prestaciones sociales o de pensiones; pide a los Estados miembros, en este contexto, que garanticen la suficiencia de la acumulación de derechos de pensión;

13.  Solicita a los Estados miembros de la zona del euro que reduzcan la brecha de género en materia de pensiones y garanticen la igualdad intergeneracional con prestaciones de jubilación dignas y suficientes, a fin de erradicar la pobreza y la exclusión social entre las personas de edad avanzada y, simultáneamente, velar por la sostenibilidad a largo plazo y la adecuación de los sistemas de pensiones, y promover tasas de empleo más altas con puestos de trabajo dignos que proporcionen contribuciones más altas a los sistemas de pensión y que no sobrecarguen a las nuevas generaciones; observa con inquietud que la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, la brecha de género en materia de pensiones y el porcentaje de jubilaciones anticipadas siguen siendo importantes; señala que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones puede mejorarse, entre otras iniciativas, reduciendo el desempleo, combatiendo eficazmente el trabajo no declarado e integrando a los migrantes y refugiados en el mercado laboral; acoge con satisfacción la recomendación formulada por la Comisión en el informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones en relación con la necesidad de una reflexión holística sobre la adecuación de los ingresos en la vejez y la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones; pide que se analice en mayor medida la situación de las personas de edad muy avanzada, cuyos derechos de pensión pueden haberse reducido con el tiempo a causa de la inflación;

14.  Considera que las reformas de los sistemas de protección social de los Estados miembros deben tener por objetivo facilitar la participación en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar, haciendo que valga la pena estar empleado; insiste, a este respecto, en que el apoyo a la renta debe destinarse a los más necesitados;

15.  Observa que la tasa de vacantes de empleo en la zona del euro durante el primer trimestre de 2018 era del 2,1 %, superior al 1,9 % de 2017; subraya que es posible adquirir las capacidades adecuadas y subsanar la falta de adecuación de esas capacidades mediante la mejora de la calidad, disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de la educación y la formación, incluida la formación específica de calidad, mediante la mejora del reconocimiento mutuo de cualificaciones, mediante el refuerzo de las medidas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional, prestándose especial atención a las competencias básicas, y mediante las oportunidades educativas no formales para adultos, lo cual requiere un apoyo adecuado, incluida la financiación Unión, sin perjuicio del artículo 149 del TFUE, y financiación nacional y regional; pide, a este respecto, medidas específicas para apoyar a los grupos vulnerables, incluida la comunidad romaní, las personas con discapacidad, las personas que abandonan prematuramente los estudios, los desempleados de larga duración, los migrantes y los refugiados; afirma que es necesario aumentar la adecuación entre la formación profesional y el mercado de trabajo y tomar medidas para mejorar su atractivo en comparación con las vías académicas; apoya que se continúe la aplicación y el seguimiento de la iniciativa «Itinerarios de mejora de las capacidades», con el fin de ayudar a la adquisición de capacidades fundamentales para el siglo xxi; pide a los Estados miembros que den prioridad a una amplia formación en capacidades digitales y de emprendimiento, y que tengan en cuenta la transición a la economía digital en el contexto de la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional;

16.  Muestra su preocupación por que, en la UE-19, la tasa media de gasto público general en educación, expresada como porcentaje del PIB, haya ido disminuyendo de año en año entre 2009 y 2016[21]; destaca que dotar de recursos adecuados a los sistemas de educación pública es fundamental para la igualdad y la inclusión social;

17.  Observa con gran preocupación el todavía elevado número de ciudadanos europeos con bajos niveles de alfabetización o dificultades de alfabetización, incluido el analfabetismo funcional y mediático, lo que plantea un grave problema en términos de participación significativa y real en la vida pública y en el mercado laboral;

18.  Alienta a la promoción de sistemas de educación dual y otras políticas similares; destaca que vincular de modo eficaz la educación, la investigación, la innovación y el mercado laboral puede contribuir de modo decisivo a la creación de empleo;

19.  Resalta que un entorno de aprendizaje seguro y adecuado es esencial para el bienestar de los estudiantes y del personal docente;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen medidas específicas en el marco de las políticas sociales, de educación y de empleo para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad o procedentes de entornos desfavorecidos;

21.  Señala que es necesario planificar y promover programas organizados y actualizados de orientación profesional en las escuelas, en especial en el mundo rural y en las regiones fronterizas, montañosas e insulares;

22.  Es favorable a la movilidad de los estudiantes, los trabajadores, los deportistas y los artistas dentro de la Unión y de la zona del euro; constata con preocupación, no obstante, que las considerables diferencias en los niveles de vida y de trabajo dentro de la zona del euro provocan una migración involuntaria, lo que exacerba aún más los efectos de la llamada «fuga de cerebros»; señala que un prerrequisito fundamental para hacer frente al fenómeno de la fuga de cerebros es la creación de empleo digno, así como la promoción de estrategias eficaces de educación, formación y orientación profesional; pide que las futuras políticas de educación y empleo aborden eficazmente este fenómeno, también mediante el pleno desarrollo del espacio europeo de educación; destaca la necesidad de crear una tarjeta europea de estudiante que promueva la movilidad con fines de aprendizaje y facilite el reconocimiento mutuo de títulos, certificados y cualificaciones profesionales, reduciendo las cargas administrativas y los costes para los estudiantes y los centros de educación y formación;

23.  Destaca que, conforme a los valores de referencia del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), para 2020, el porcentaje de jóvenes de quince años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias deberá ser inferior al 15 %; celebra la inclusión del valor de referencia «bajo rendimiento en educación» para los jóvenes de quince años (resultados insuficientes en matemáticas según el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA) en el nuevo cuadro de indicadores sociales;

24.  Recuerda que, conforme a los valores de referencia ET 2020, para el año 2020, al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación de la primera infancia; destaca que el ámbito «atención a la primera infancia» del cuadro de indicadores sociales solo incluye un indicador, para niños menores de tres años que reciben cuidados profesionales; resalta que falta información sobre la cobertura de niños de más edad que aún no alcanzan la edad de escolarización obligatoria, así como información sobre el alcance de la prestación de servicios de atención a la infancia medida por el número de horas ofrecidas;

25.  Toma en consideración el papel positivo de la educación abierta y de las universidades abiertas en el proceso de adquisición de conocimientos y capacidades, en especial de los programas en línea para la formación de trabajadores, ya que constituyen una forma dinámica de enseñanza que se corresponde con las necesidades actuales y con los intereses de los participantes;

26.  Reitera su petición de, como mínimo, triplicar la dotación de Erasmus+ en el próximo marco financiero plurianual (MFP), con el objetivo de llegar a muchos más jóvenes, organizaciones juveniles y alumnos de enseñanza secundaria y aprendices en toda Europa; pide que se preste especial atención a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos para que puedan participar en el programa, así como a las personas con discapacidad, de conformidad con las obligaciones de la Unión y de los Estados miembros con arreglo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

27.  Recuerda el potencial estratégico del sector cultural y creativo a la hora de generar puestos de trabajo y riqueza en la Unión; destaca que las industrias culturales y creativas constituyen el 11,2 % de todas las empresas privadas y el 7,5 % de todos los trabajadores en el total de la economía de la Unión y que generan el 5,3 % del total del valor añadido bruto (VAB) europeo; subraya el papel de estas industrias a la hora de preservar y promover la diversidad cultural y lingüística europea, así como su contribución al crecimiento económico, la innovación y el empleo, especialmente el empleo juvenil;

28.  Insiste en que una inversión y una planificación adecuadas en el ámbito de la educación, especialmente en cuanto a capacidades digitales y de programación, son esenciales para garantizar la posición competitiva de la Unión, la disponibilidad de una mano de obra capacitada y la empleabilidad de dicha mano de obra;

29.  Pide a la Comisión que proporcione incentivos y ayuda técnica a los jóvenes para que creen sus empresas, y que proponga medidas de fomento del espíritu emprendedor, también a través de los programas de estudios en los Estados miembros;

30.  Subraya la necesidad de proseguir con las reformas que preparan al mercado laboral y a su mano de obra, incluidas personas de todas las edades y procedencias, para la transformación digital mediante un enfoque flexible y centrado en el alumno, en particular garantizando una oferta adecuada de aprendizaje permanente y formación en competencias digitales, que es fundamental para una economía basada en el conocimiento; destaca la importancia de la orientación profesional permanente para garantizar la participación de las personas en itinerarios profesionales y de formación adecuados, flexibles y de calidad; recuerda, en este contexto, los límites de la previsión de cualificaciones habida cuenta de los rápidos cambios que experimenta el mercado laboral, y destaca, a este respecto, la importancia de las capacidades transversales, como la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad y la aptitud para el aprendizaje, capacidades todas ellas que mejoran la resiliencia de las personas y refuerzan su capacidad de adaptarse a los cambios y adquirir nuevas capacidades a lo largo de su vida; pone de relieve la necesidad de garantizar que los sistemas nacionales de protección social proporcionen protección adecuada a todos los trabajadores, incluidos aquellos en nuevas formas de trabajo o con nuevos tipos de contratos, así como cobertura para aquellos que no pueden trabajar y no logran encontrar empleo; pide a los Estados miembros que desarrollen políticas del mercado laboral que apoyen la movilidad entre sectores y el reciclaje de trabajadores, lo que será cada vez más importante ante la adaptación de nuestros mercados laborales a la transformación digital de nuestras economías; subraya, a este respecto, la necesidad de involucrar tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales a fin de garantizar una transición justa;

31.  Insta a los Estados miembros de la zona del euro a llevar a cabo las reformas necesarias para aumentar la inversión social de modo que se garantice la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, calidad y rentabilidad de sus sistemas sanitarios; pide un objetivo europeo renovado para aumentar de modo significativo la esperanza de vida con buena salud, haciendo de la prevención una prioridad de las políticas sanitarias de la Unión, junto con las medidas curativas; pide que se proceda activamente a realizar campañas de promoción de la salud;

32.  Pide una estrategia europea para la calidad y accesibilidad de los sistemas de servicios de dependencia con arreglo a un enfoque de estos servicios y del apoyo a la dependencia basado en los derechos y en la comunidad; pide inversiones significativas en los servicios de dependencia para preparar el aumento de las necesidades previsto en vista de los cambios demográficos; reconoce que el sector de los servicios de dependencia ofrece condiciones laborales inadecuadas y pide que se reevalúe el trabajo y las condiciones laborales en este sector a fin de garantizar la calidad de los servicios prestados;

33.  Señala la necesidad de políticas bien diseñadas para un mejor equilibrio entre vida privada y vida laboral, en particular ofreciendo servicios asequibles de atención a la infancia, incluida la primera infancia, y de dependencia, reequilibrando la proporción de hombres y mujeres que prestan cuidados y promoviendo fórmulas de trabajo flexibles y el recurso a permisos de maternidad, de paternidad, parentales y para cuidar de familiares que estén pagados y sean ventajosos; considera, en este sentido, que la adopción de una directiva equilibrada sobre conciliación de la vida privada y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores constituye un paso necesario para mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral; pide, además, una iniciativa europea sobre protección y servicios sociales para los cuidadores informales;

34.  Subraya la importancia de reforzar el diálogo estructurado y la participación de las organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil, de modo que contribuyan al desarrollo y la aplicación de las políticas y reformas sociales y laborales, así como la importancia de que participen activamente en el proceso del Semestre Europeo;

35.  Considera que, a fin de mantener e incrementar la competitividad mundial, los marcos normativos del mercado de trabajo en los Estados miembros tienen que ser claros, sencillos y flexibles y mantener buenas condiciones laborales;

36.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este año, por primera vez, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha elaborado un informe separado, y no ya una opinión para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las políticas de empleo y sociales de la zona del euro. El ponente se felicita de esta evolución, ya que cree firmemente que los aspectos sociales y laborales constituyen una parte vital e integral de la política económica y la cohesión social general y, por tanto, exigen una atención adecuada. La creación de empleo contribuye al desarrollo económico mediante el apoyo a la demanda, la reducción de las desigualdades y la mejora del nivel de vida.

La economía europea está creciendo y las perspectivas positivas se hacen patentes en la hacienda pública, la inversión y el empleo. El PIB de la UE ya es más elevado que antes de la crisis y la tasa de desempleo en la zona del euro fue del 8,6 % en enero de 2018, la tasa más baja registrada desde finales de 2008. Gracias a las reformas ya emprendidas en los Estados miembros y a las contribuciones del Plan de Inversiones para Europa, las inversiones empezaron a recuperarse. Es importante sacar el máximo partido de estos avances y, como subrayó el presidente Juncker en el discurso sobre el estado de la Unión, arreglar nuestra situación mientras las circunstancias son favorables. Si bien el conjunto de las condiciones económicas en Europa es positivo, la situación muestra un margen de mejora, en particular a lo que se refiere al desempleo juvenil, la segmentación del mercado laboral y las desigualdades, la pobreza de las personas con empleo, la productividad, los salarios, las pensiones, la protección social y los sistemas de asistencia sanitaria. Las Comunicaciones de la Comisión sobre las recomendaciones específicas por país (REP) proporcionan un buen análisis de las necesidades de reformas y constituyen una parte importante del ciclo del Semestre Europeo. El ponente acoge con satisfacción el hecho de que el pilar europeo de derechos sociales se haya integrado a partir de este año en el Semestre Europeo. Al mismo tiempo, el ponente manifiesta, no obstante, su preocupación por el insuficiente nivel de aplicación de las recomendaciones específicas por país por parte de los Estados miembros: según los datos de la Comisión, desde el inicio del Semestre Europeo, tan solo el 9 % de las recomendaciones se aplicaron plenamente y más del 30 % de las recomendaciones se aplicaron de manera limitada, o no se aplicaron en absoluto. Lo que es aún más preocupante es que esta situación tenga una tendencia negativa, ya que, en 2017, solo el 1 % de las recomendaciones se aplicaron plenamente y hasta el 50 % de las recomendaciones se aplicaron con progresos escasos o nulos. Esta situación constituye un grave obstáculo para el progreso de las reformas de la UE, por lo que ha de abordarse urgentemente.

El ponente desea subrayar el hecho de que la mera disminución de las tasas de desempleo es insuficiente. Europa necesita crear verdaderamente unos mercados laborales integradores que ofrezcan un empleo de calidad para todos, incluidos los grupos desfavorecidos, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las de origen inmigrante. Las reformas de los Estados miembros deben servir para promover contratos laborales fiables, luchar contra el falso trabajo por cuenta propia y promover una protección social adecuada para todos los tipos de contratos. Asimismo, deben permitir un acceso y regreso fáciles al mercado de trabajo mediante el fomento de la movilidad laboral, medidas de reintegración y una formación adecuada para los desempleados y la promoción de la igualdad de oportunidades. Deben también abordarse los desafíos impuestos por las modalidades de trabajo en rápida evolución y la transformación digital. Los trabajadores deben estar equipados con cualificaciones adecuadas, por lo que deben crearse oportunidades de aprendizaje permanente y de mejora de las cualificaciones y el reciclaje profesional. El ponente percibe también una necesidad de mejorar las políticas de conciliación que permitirían modalidades de trabajo flexibles, permisos familiares ventajosos y un refuerzo de la inversión en servicios de guardería de calidad, a precios asequibles.

OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (12.7.2018)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro
(2018/2034(INI))

Ponente de opinión: Nikolaos Chountis

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Constata con preocupación la persistencia de disparidades socioeconómicas en la zona del euro; considera que la igualdad de acceso a una educación inclusiva y de calidad y a oportunidades de aprendizaje permanente para todos constituye una condición previa para la convergencia socioeconómica; señala, en este sentido, las disparidades que persisten entre los Estados miembros y entre los grupos sociales en lo que respecta a los principales indicadores de educación de la Unión;

2.  Muestra su profunda preocupación por el hecho de que, en la UE-19, la tasa media de gasto público general en educación, expresada como porcentaje del PIB, haya ido disminuyendo de año en año entre 2009 y 2016[1]; lamenta que el sector de la educación y la formación se haya visto gravemente afectado por las políticas de austeridad, y destaca que unos sistemas de educación pública dotados de recursos suficientes son fundamentales para la igualdad y la inclusión social; pide, por consiguiente, que se modifiquen las prioridades políticas macroeconómicas en la zona del euro con el fin de incrementar el gasto público en educación y formación, como inversiones con un potente efecto multiplicador; pide a la Comisión que introduzca en el cuadro de indicadores sociales un indicador sobre el gasto (en particular, el gasto público) en educación como proporción del PIB (o por estudiante), con objeto de realizar un seguimiento del rendimiento de los Estados miembros;

3.  Subraya que, en muchos casos, las desventajas sociales son un factor que permite predecir el fracaso escolar y viceversa; destaca, igualmente, que en las economías del conocimiento, en constante evolución, la empleabilidad, incluso entre estudiantes con capacidades técnicas comparables, a menudo depende, en un grado importante, de las capacidades interpersonales (comunicación, pensamiento crítico, cooperación, innovación creativa, confianza y «aprender a aprender»), más allá de la competencia lectora, matemática y científica; insiste en que un sistema de educación y aprendizaje permanente de calidad, dotado con recursos suficientes y que fomente de verdad el derecho al estudio, con políticas de acompañamiento y apoyo, entre otras cosas mediante un sistema eficaz de becas, puede contribuir a romper este círculo vicioso y promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades;

4.  Subraya que, pese a la mejora económica en la zona del euro y a la creación de nuevos puestos de trabajo, en determinados Estados miembros el desempleo juvenil sigue siendo inadmisiblemente elevado y, si bien las tasas de desempleo juvenil se han reducido desde 2013, difieren enormemente de un Estado miembro a otro;

5.  Señala con gran preocupación el todavía elevado número de ciudadanos europeos con bajos niveles de alfabetización o dificultades de alfabetización, incluido el analfabetismo funcional y mediático, lo que plantea un grave problema en términos de participación significativa y real en la vida pública y en el mercado laboral;

6.  Alienta a promover políticas, como la creación de sistemas de educación dual; destaca que la vinculación eficaz de educación, investigación, innovación y mercado laboral puede contribuir notablemente a la creación de puestos de trabajo;

7.  Hace hincapié en que un entorno de aprendizaje seguro y adecuado es esencial para el bienestar de los estudiantes y del personal docente; pide, a este respecto, a los Estados miembros que realicen importantes inversiones en el mantenimiento de las instalaciones públicas, especialmente de los centros escolares, y en la eliminación de los obstáculos arquitectónicos;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen medidas específicas en el marco de las políticas sociales, de educación y de empleo para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y procedentes de entornos desfavorecidos;

9.  Señala que es necesario planificar y promover programas organizados y actuales de orientación profesional en las escuelas, en especial en el mundo rural y en las regiones fronterizas, montañosas e insulares;

10.  Es favorable a la movilidad de los estudiantes, los trabajadores, los deportistas y los artistas en la Unión y en la zona del euro; constata con preocupación, no obstante, que las considerables diferencias que existen en los niveles de vida y de trabajo en la zona del euro provocan una migración involuntaria, lo que exacerba aún más los efectos de la llamada «fuga de cerebros»; señala que un prerrequisito básico para hacer frente al fenómeno de la fuga de cerebros es la creación de empleo digno, así como la promoción de estrategias eficaces de educación, formación y orientación profesional; pide que las futuras políticas de educación y empleo aborden eficazmente este fenómeno, también mediante el pleno desarrollo del espacio europeo de educación; destaca la necesidad de crear una tarjeta europea de estudiante que promueva la movilidad con fines de aprendizaje y facilite el reconocimiento mutuo de títulos, certificados y cualificaciones profesionales, reduciendo las cargas administrativas y los costes para los estudiantes y los centros de educación y formación;

11.  Destaca que, conforme a los valores de referencia del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), para 2020, el porcentaje de jóvenes de quince años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias deberá ser inferior al 15 %; celebra la inclusión del valor de referencia «bajo rendimiento en educación» para los jóvenes de quince años (resultados insuficientes en matemáticas según el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA) en el nuevo cuadro de indicadores sociales; insta a la Comisión, no obstante, a que incluya también el bajo rendimiento en lectura y ciencias;

12.  Recuerda que, conforme a los valores de referencia ET 2020, para el año 2020, al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación de la primera infancia; destaca que el ámbito «atención a la primera infancia» del cuadro de indicadores sociales solo incluye un indicador, para niños menores de tres años que reciben cuidados profesionales; hace hincapié en que falta información sobre la cobertura de niños de más edad que aún no alcanzan la edad de escolarización obligatoria, así como información sobre el alcance de la prestación de servicios de atención a la infancia medida por el número de horas ofrecidas;

13.  Toma en consideración el papel positivo de la educación abierta y de las universidades abiertas en el proceso de adquisición de conocimientos y capacidades, en especial de los programas en línea para la formación de trabajadores, ya que constituyen una forma dinámica de enseñanza que se corresponde con las necesidades actuales y con los intereses de los participantes;

14.  Considera que la pobreza infantil es un grave problema con respecto al cual Europa debe tomar medidas drásticas; pide la rápida aplicación de una Garantía Infantil en todos los Estados miembros, de modo que todos los niños que viven ahora con riesgo de caer en la pobreza puedan tener acceso a una sanidad, educación y atención a la infancia gratuitas así como a una vivienda digna y una alimentación adecuada; subraya la importancia de los cuidados prenatales y del desarrollo en la primera infancia; pide sistemas de enseñanza inclusivos en todos los niveles, también en los servicios de cuidados una vez finalizado el horario escolar; subraya que la aplicación de la Garantía Infantil exigirá una financiación adecuada a escala nacional y europea; pide, por lo tanto, un aumento de la financiación, que podría realizarse a través del Fondo Social Europeo y de un nuevo instrumento de convergencia para la zona del euro; solicita que la realización de inversiones públicas nacionales en la Garantía Infantil se considere conforme a una «regla de plata en materia de inversiones sociales» en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

15.  Destaca que uno de los objetivos de la Garantía Juvenil es garantizar que todos los jóvenes menores de veinticinco años reciben una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal; pide, por tanto, la plena aplicación de la Garantía Juvenil, haciendo hincapié en las ofertas de calidad y en llegar de manera efectiva a todos los ninis[2]; destaca que esto requiere una financiación adecuada en el marco financiero plurianual (MFP posterior a 2020), incluido un aumento del Fondo Social Europeo y una ampliación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en al menos 21 000 millones EUR; solicita que las inversiones públicas nacionales en la Garantía Juvenil y la integración de los desempleados de larga duración se contabilicen conforme a una «regla de plata en materia de inversiones sociales» en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

16.  Apoya la Garantía de Capacidades como un nuevo derecho de toda persona a adquirir capacidades fundamentales para el siglo XXI, incluida la alfabetización digital; considera que la Garantía de Capacidades debe incluir una evaluación personalizada de las necesidades de aprendizaje y una oferta didáctica de calidad, así como la validación sistemática de las competencias y capacidades adquiridas de manera que puedan reconocerse fácilmente en el mercado laboral; subraya que la Garantía de Capacidades constituye una importante inversión social, que exige financiación adecuada a escala nacional y europea; pide, por lo tanto, un incremento en la financiación de la Garantía de Capacidades, que podría realizarse a través de un aumento del Fondo Social Europeo y un nuevo instrumento de convergencia para la zona del euro;

17.  Reitera la petición del Parlamento Europeo para que la dotación de Erasmus+ sea al menos el triple en el próximo MFP, con el objetivo de llegar a muchos más jóvenes, organizaciones juveniles y alumnos de enseñanza secundaria y aprendices en toda Europa; pide que se preste especial atención a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos para que puedan participar en el programa, así como a las personas con discapacidad, de conformidad con las obligaciones de la Unión y de los Estados miembros con arreglo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

18.  Pide que se aplique una «regla de plata» en materia de inversiones sociales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, que se considere que determinadas inversiones sociales públicas que tienen un evidente impacto positivo en el crecimiento económico (por ejemplo, la Garantía Infantil, la Garantía Juvenil y la Garantía de Capacidades) puedan recibir un trato favorable a la hora de evaluar los déficits públicos y el cumplimiento de la norma 1/20 en materia de deuda; destaca que la consolidación presupuestaria no debe menoscabar la cofinanciación nacional de los fondos europeos para inversiones sociales;

19.  Pide una financiación adecuada en el próximo MFP para poder hacer frente al incremento de las necesidades; pide, en particular:

a)  el refuerzo de la Iniciativa de Empleo Juvenil, con al menos 3 000 millones EUR anuales en financiación, disponibles en una línea presupuestaria específica;

b)  un aumento sustancial en la dotación del Fondo Social Europeo;

20.  Recuerda el potencial estratégico del sector cultural y creativo a la hora de generar puestos de trabajo y riqueza en la Unión; destaca que las industrias culturales y creativas constituyen el 11,2 % de todas las empresas privadas y el 7,5 % de todos los trabajadores en el total de la economía de la Unión y que generan el 5,3 % del total del valor añadido bruto (VAB) europeo; subraya el papel de estas industrias a la hora de preservar y promover la diversidad cultural y lingüística europea, así como su contribución al crecimiento económico, la innovación y el empleo, especialmente el empleo juvenil;

21.  Insta a la Comisión a explotar plenamente las sinergias que puedan existir entre las políticas de la Unión, con el fin de hacer un uso eficaz de la financiación disponible con cargo a programas de la Unión —como Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa», Erasmus +, EaSI, Europa Creativa y COSME— y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), para apoyar un número mayor de proyectos en el ámbito de las industrias culturales y creativas; señala asimismo que, especialmente en el caso de Europa Creativa, Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales (el FEDER y el FSE), deben evaluarse específicamente y promoverse en mayor medida el papel y el impacto de las industrias culturales y creativas en el crecimiento, el empleo y la cohesión territorial; destaca que este proceso debe sentar una base sólida y coherente para la revisión del MFP y la futura arquitectura de los programas de la Unión a partir de 2020;

22.  Solicita una verdadera revisión de las políticas de la Unión y los Estados miembros en materia de educación, formación y capacidades, a fin de combatir el fenómeno del abandono escolar prematuro y reducir el creciente número de ninis, y hacer así que la educación y el aprendizaje permanente permitan alcanzar la inclusión; destaca que estas políticas destinadas a los jóvenes, que también deben orientarse al aprendizaje permanente, deben promover el desarrollo personal y social de manera holística y no estar concebidas meramente para satisfacer las demandas del mercado laboral.

23.  Insiste en que una inversión y planificación adecuadas en el ámbito de la educación, especialmente en cuanto a capacidades digitales y programación, son esenciales para garantizar la posición competitiva de la Unión, la disponibilidad de una mano de obra capacitada y la empleabilidad de dicha mano de obra;

24.  Pide a la Comisión que proporcione incentivos y ayuda técnica a los jóvenes para que creen sus empresas y que proponga medidas de fomento del espíritu emprendedor, también a través de los programas de estudios en los Estados miembros;

25.  Pide a las autoridades nacionales que animen a las empresas, también por medio de desgravaciones o incentivos fiscales en las cotizaciones sociales, a que inviertan en la formación de sus trabajadores y en la contratación de jóvenes que acaban de finalizar sus estudios de secundaria o universitarios;

26.  Considera que se requieren una mejor adecuación entre capacidades y empleo y un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones para dar respuesta a los déficits y desajustes de capacidades en la Unión;

27.  Constata y condena las condiciones abusivas de empleo que a menudo soportan los deportistas profesionales, como el falso empleo por cuenta propia, el impago de salarios o unas normas en materia de seguros de enfermedad y de pensiones de jubilación inadecuadas, al tiempo que señala la necesidad de mejorar el marco normativo vigente; insta a la Comisión a que presente un plan de acción exhaustivo para promover unas condiciones de trabajo dignas para los deportistas profesionales, aplicable en primer lugar a los países de la zona del euro, que abarque a todos los interlocutores sociales pertinentes del sector del deporte.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

11.7.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

2

4

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Suplentes presentes en la votación final

Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Ivo Vajgl

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

22

+

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

2

-

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews

4

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard, Ivo Vajgl

ENF

Dominique Bilde
  • [1]  Datos de Eurostat.
  • [2]  Ninis: jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

9.10.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

30

8

4

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Arne Gericke, Marian Harkin, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, Renate Weber

Suplentes presentes en la votación final

Amjad Bashir, Ivari Padar, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere,

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

 

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

PPE

David Casa, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert

8

-

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva

PPE

Ádám Kósa

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 22 de octubre de 2018
Aviso jurídico - Política de privacidad