Procedimiento : 2019/2055(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0069/2020

Textos presentados :

A9-0069/2020

Debates :

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0114

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0069/2020</NoDocSe>
PDF 606kWORD 226k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisión de Control Presupuestario</Commission>

Ponente: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 3. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 4. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 5. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 6. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 7. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 8. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 9. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[1],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[2],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Visto el Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2018 de la Comisión (COM(2019)0299),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia[3],

 Visto el Informe Especial n.º 15/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: Aplicación del paquete de reformas del Estatuto de los funcionarios de 2014 en la Comisión – Ahorros considerables pero no sin consecuencias para el personal,

 Visto el documento de trabajo publicado por la Comisión de Control Presupuestario sobre el Informe Especial n.º 15/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: Aplicación del paquete de reformas del Estatuto de los funcionarios de 2014 en la Comisión – Ahorros considerables pero no sin consecuencias para el personal,

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría[4],

 Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2018, acompañado de las respuestas de las instituciones[5], y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[6], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05760/1/2020 – C9-0018/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[7], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[8], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[9];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[10],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[11],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2018[12],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural correspondientes al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[13],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[14], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (057622020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[15], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[16], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[17], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[18], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE[19],

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[20];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L)

 


3. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[21],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[22],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas relativas al ejercicio 2018[23],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[24],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[25], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[26], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[27], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[28], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[29], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE[30],

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[31];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


4. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[32],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[33],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación relativas al ejercicio 2018[34],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación correspondientes al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[35],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[36], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[37], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[38], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[39], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[40], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE[41],

 Vista la Decisión de Ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»[42];

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión de la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[43];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones a la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


5. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[44],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[45],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2018[46],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[47],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[48], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[49], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[50], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[51], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[52], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE[53],

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[54];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


6. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[55],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[56],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2018[57],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[58],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[59], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[60], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[61], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[62], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[63], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE[64],

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[65];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


7. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[66],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[67],

 Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2018[68],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2018, acompañado de la respuesta de la Agencia[69],

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[70], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[71], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[72], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[73], y en particular su artículo 14, apartado 3,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[74], y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

 Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE[75],

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[76];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


8. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018[77],

 Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[78],

 Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 (COM(2019)0334),

 Visto el Informe anual de la Comisión de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2018 (COM(2019)0299),

 Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 (COM(2019)0350) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2019)0300),

 Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2018, acompañado de las respuestas de las instituciones[79], y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

 Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes[80], presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (05760/2020 – C9-0018/2020),

 Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo[81], y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

 Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012[82], y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[83], y en particular su artículo 14, apartados 2 y 3,

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

1. Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2018[84];

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

 


9. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2019/2055(DEC))

El Parlamento Europeo,

 Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión,

 Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2018,

 Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que el gasto de la Unión es un instrumento importante para la consecución de los objetivos políticos y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros;

B. Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos políticos;

Prioridades políticas

1. Recuerda que cuando la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, ejecuta el presupuesto de la Unión, e independientemente del método que se utilice —gestión compartida, directa o indirecta—, el respeto de la legalidad es una condición previa esencial para cumplir el principio de buena gestión financiera, consagrado en el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); todos los agentes deben esforzarse por utilizar los fondos de la manera más transparente, efectiva y eficiente posible; muestra su preocupación por las pérdidas financieras provocadas por las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en varios Estados miembros y defiende que la Unión debe poder imponer medidas apropiadas, inclusive la suspensión, reducción y restricción del acceso a la financiación de la Unión en tales casos; acoge con satisfacción, por consiguiente, la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros y pide que se dé prioridad a la adopción de dicha propuesta;

 

2. Hace hincapié en que, en el contexto de escasez de recursos financieros en un presupuesto de la Unión que ha de atender al incremento de prioridades y responsabilidades de la Unión, la protección de los intereses financieros de la Unión reviste la máxima importancia y en que son necesarios esfuerzos más enérgicos a todos los niveles para prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y el uso indebido de fondos de la Unión;

subraya que la creación de la Fiscalía Europa supone un avance fundamental en la protección de los intereses financieros de la Unión; critica la falta de financiación y la falta de personal de la Fiscalía Europea durante la fase de desarrollo, así como la subestimación de sus necesidades por parte de la Comisión;

subraya que la Fiscalía Europea tiene que tramitar hasta 3 000 asuntos al año; hace hincapié en que la Fiscalía Europea necesita, por lo menos, 76 puestos adicionales y 8 millones de euros para poder funcionar a pleno rendimiento, tal como estaba previsto, antes de que termine 2020; insta vivamente a la Comisión a que presente un proyecto de presupuesto rectificativo; reitera que el Parlamento se opone firmemente a la reducción, en 45 puestos, del personal de la OLAF;

3. Recuerda que el artículo 61 del Reglamento Financiero, que entró en vigor el 2 de agosto de 2018, ha ampliado la definición de conflicto de intereses; pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que luche contra todas las formas de conflicto de intereses y que evalúe periódicamente las medidas preventivas adoptadas por los Estados miembros para evitarlos; pide a la Comisión que proponga directrices comunes para evitar los conflictos de intereses que afecten a políticos con un perfil destacado; insta al Consejo a que adopte normas deontológicas comunes sobre todas las cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses y a que cree un entendimiento común en todos los Estados miembros; subraya que, habida cuenta de los problemas generalizados de conflictos de intereses en la distribución de los fondos agrícolas de la Unión, no conviene que los miembros del Consejo Europeo, los ministros de Agricultura, los funcionarios o sus familiares tomen decisiones sobre el apoyo a la renta;

4. Celebra la intención del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») de adoptar una metodología de certificación mediante la cual el Tribunal recabe pruebas suficientes y adecuadas para llegar a una conclusión sobre la garantía manifestada por la entidad responsable; recuerda la conclusión del Tribunal de que es necesario mejorar rápidamente la calidad y la fiabilidad de las autoridades nacionales y de que la metodología de certificación debería tener en cuenta estos hechos; recomienda al Tribunal que complemente sus controles aleatorios con un enfoque basado en riesgos, de forma que sus informes sobre los índices de error presten más atención a los ámbitos en que es más probable que surjan problemas;

5. Pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, precisos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única; pide a la Comisión que vele por que se utilice una metodología transparente y una terminología coherente y que racionalice su presentación de informes, en particular por lo que respecta a los índices de error, a fin de evitar la confusión y la falta de transparencia;

6. Observa que es complicado medir los logros de las prioridades, las políticas y los programas de la Unión; observa, sin embargo, que es esencial efectuar un seguimiento eficaz del rendimiento para entender la situación, identificar los problemas emergentes y adoptar medidas correctoras cuando no se cumplen los objetivos o en los casos en que los efectos de una política de la Unión puedan afectar negativamente a la consecución de los objetivos fijados de otra política;

 7. Pide a la Comisión que:

- aumente la coherencia entre los objetivos generales de alto nivel y los objetivos y programas políticos específicos;

- defina indicadores clave de rendimiento más sólidos que reflejen el impacto y los resultados de los programas de gasto y las políticas de la Unión en lugar del rendimiento de las autoridades que los aplican;

- utilice información actualizada sobre el rendimiento, de manera que los objetivos y los indicadores puedan adaptarse de forma oportuna;

- haga mayor hincapié en los resultados y el valor añadido de la financiación de la Unión más allá de las meras realizaciones;

8. Acoge con satisfacción la intención del Tribunal de proporcionar a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión una evaluación, para cada política de la Unión, que abarque tanto los aspectos de cumplimiento como de rendimiento, siguiendo las líneas presupuestarias de cada capítulo en su Informe Anual;

9. Anima a la Comisión y al Tribunal a que aceleren el proceso de aprobación de la gestión a n+1;

10. Reitera la manifiesta necesidad de reforzar la cooperación entre los servicios aduaneros de los Estados miembros, a fin de evitar el perjuicio a los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular por lo que se refiere a las pérdidas de IVA, comercio electrónico y productos falsificados;

11. Insta a la Comisión a que revise, junto con los Estados miembros, cómo se pueden recaudar de manera más eficaz los derechos de aduana, así como recuperar los importes cuyo pago haya sido fraudulentamente evitado; y considere las mejoras que pueden introducirse en la recuperación de los ingresos aduaneros;

12. Expresa su preocupación por el riesgo de infravaloración de las entregas de mercancías adquiridas a través del comercio electrónico desde terceros países y pide a la Comisión que lleve a cabo actividades de control y vigilancia suficientes en los Estados miembros para garantizar una mejor cooperación;

13. Toma nota de que el cuadro europeo de indicadores de la innovación ha revelado una tendencia positiva en los últimos años en la mayoría de los Estados miembros;

14. Pide a la Comisión que preste mayor atención a la distribución geográfica de los fondos de investigación, con el fin de contribuir a la difusión de la investigación al máximo nivel de excelencia en toda la Unión y a la creación de igualdad de condiciones en el ámbito del crecimiento y el empleo; sugiere que los fondos estructurales deberían utilizarse en mayor medida para promover la innovación y la excelencia; subraya que los programas marco han de financiar todas las etapas de la investigación y la innovación; recuerda que aunque los proyectos de investigación básica a menudo solo producen resultados tangibles después de un plazo de tiempo más prolongado, resultan indispensables para garantizar la excelencia de la Unión en el ámbito de la investigación y la innovación, así como para atraer a los mejores científicos; señala con inquietud que algunos terceros países que participan en proyectos de investigación conjunta ponen en riesgo la protección de los intereses financieros de la Unión;

15. Reitera su preocupación por el elevado nivel de compromisos pendientes de liquidación causado principalmente por el retraso en el comienzo de la financiación de los proyectos y programas de las perspectivas financieras 2014-2020 y por una lenta aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a los respectivos Estados miembros que aceleren la ejecución de los programas de la política de cohesión y los correspondientes pagos, sin reducir los controles necesarios, y que aumenten la transparencia para los solicitantes y reduzcan la complejidad, con vistas a reducir la duración del período de ejecución; anima a la Comisión a que proponga una vuelta a la norma n+2; solicita a la Comisión que siga de cerca la ejecución de los Estados miembros en caso de infraejecución y tasas de absorción bajas;

16. Llama la atención sobre la importancia crucial de la política de cohesión y los Fondos EIE para reducir las diferencias entre Estados miembros y regiones, para promover el crecimiento económico y el empleo, para luchar contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, para mejorar la vida de la ciudadanía europea;

17. Pide la Comisión que incremente el apoyo técnico (sesiones de formación, comunicación, etc.) prestado a las autoridades nacionales, regionales o locales para mejorar las tasas de absorción;

18. Observa que, de conformidad con el Derecho de la Unión, los beneficiarios con derecho a pagos directos de la PAC son los que explotan las tierras; pide a la Comisión que vele por que se adopten normas destinadas a evitar una situación en la que las subvenciones de la Unión se distribuyan a los beneficiarios que hayan adquirido los terrenos en cuestión por medios ilegales o fraudulentos, tal como se ha observado en algunos Estados miembros; subraya, teniendo en cuenta casos como los notificados por la OLAF en Eslovaquia e Italia, que la Comisión debe elaborar propuestas que indiquen claramente que los contratos de arrendamiento o propiedad de tierras han de basarse en el Estado de Derecho, y que ha de cumplirse la legislación nacional relativa a los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos relativos a la renta de los trabajadores agrícolas; pide a la Comisión que, en cooperación con las agencias nacionales, presente un formato normalizado y accesible al público (respetando la decisión pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) para indicar los beneficiarios finales de la PAC;

19. Muestra su profunda preocupación por las investigaciones realizadas recientemente por las autoridades italianas, que han revelado la existencia de un fraude de 5,5 millones de euros y de estructuras mafiosas que usan indebidamente las subvenciones agrícolas de la Unión para sus fines delictivos, amenazan a agricultores honrados que participan en subastas de tierras de propiedad pública, e ignoran el Derecho laboral nacional; considera que los intereses financieros de la Unión y el dinero de los contribuyentes en toda la Unión corren el riesgo de verse socavados por la delincuencia organizada y pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para impedir que redes delictivas se hagan con dinero de la Unión; subraya la necesidad de un mejor intercambio de información a nivel nacional, así como entre los niveles nacional y de la Unión, a fin de identificar rápidamente a las organizaciones delictivas que intentan obtener beneficios ilegales; pide a la Comisión que refuerce los sistemas de control con el fin de evitar que tal situación se repita; pide a la Comisión que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier novedad;

20. Pide a la Comisión que promueva un mejor equilibrio de género y la presupuestación con perspectiva de género en todos los fondos asignados;

21. Anima a la Comisión a que emprenda la digitalización de sus servicios;

22. Pide a la Comisión que emprenda una simplificación administrativa a fin de atraer estructuras pequeñas, como, por ejemplo, pymes, para que participen en los programas de la Unión y en las licitaciones públicas;

23. Insiste en que la Comisión proponga un mecanismo de denuncia específico a escala de la Unión para apoyar a los agricultores o a los beneficiarios que se enfrentan, por ejemplo, a malas prácticas de apropiación de tierras, conductas indebidas por parte de las autoridades nacionales, presiones de estructuras delictivas o de la delincuencia organizada, o a personas sometidas al trabajo forzoso o esclavo, dándoles la oportunidad de presentar rápidamente una denuncia ante la Comisión, que debe comprobarla con carácter urgente;

24. Lamenta que la mayoría de pagos directos de la PAC se concentren en manos de unos pocos beneficiarios en algunos Estados miembros; reprueba enérgicamente la creación y el establecimiento de estructuras oligárquicas en algunos Estados miembros; se muestra profundamente preocupado por que los miembros de estas estructuras oligárquicas se valen de los fondos de la Unión, especialmente en el ámbito de la agricultura y la cohesión, para fortalecer su posición de poder; opina que, por el contrario, los fondos de la Unión deben beneficiar a la mayoría de los ciudadanos de la Unión;

25. Se muestra profundamente preocupado por los recientes informes sobre los fondos agrícolas que, supuestamente, benefician a las estructuras oligárquicas; reitera que esto supone una grave injusticia para los contribuyentes de la Unión y, en especial, para los pequeños agricultores y las comunidades rurales; pide a la Comisión que presente una propuesta para modificar las normas de la PAC y de la política de cohesión en favor de una asignación más equitativa de los fondos de la Unión, evitando una distribución sesgada por la cual una pequeña minoría de beneficiarios (personas físicas y jurídicas) reciben la inmensa mayoría de las subvenciones de la Unión en los dos ámbitos; estima que es necesario modificar las normas del MFP para evitar situaciones en las que una persona física que posea varias empresas tenga la posibilidad de recibir subvenciones de la Unión en concepto de la PAC y la política de cohesión por importes que excedan los cien millones de euros durante un solo MFP;

26. Señala los requisitos de transparencia de la política de cohesión y la política agrícola común, que obligan a las autoridades responsables de los Estados miembros, en virtud de las normas de gestión compartida, a mantener una lista de acceso público con los beneficiarios finales; pide a los Estados miembros que publiquen dichos datos de manera uniforme y garanticen la interoperabilidad de la información; pide a la Comisión que recopile y agregue los datos y publique listas de los cincuenta beneficiarios principales de cada fondo en cada Estado miembro, así como de los cincuenta beneficiarios principales de la PAC y la política de cohesión (personas físicas y jurídicas) en todos los Estados miembros para obtener una clara visión de conjunto de la distribución de las subvenciones de la Unión;

27. Pide a la Comisión, en plena observancia del principio de gestión compartida, que:

- establezca un sistema de información uniforme y normalizado para que los Estados miembros comuniquen información sobre los beneficiarios finales de los fondos de la Unión en el ámbito de la agricultura y la cohesión; hace hincapié en que la información relativa a los beneficiarios finales debe incluir la especificación de los titulares efectivos de las empresas (personas físicas y jurídicas);

- proponga un reglamento para el establecimiento de un sistema informático que permita una información uniforme y normalizada en tiempo real por las autoridades de los Estados miembros y vele por la interoperabilidad con los sistemas de los Estados miembros, con el fin de garantizar una mejor transparencia y cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, de mejorar la rendición de cuentas de los pagos y, en particular, de contribuir a una detección más temprana de errores y usos indebidos sistémicos;

- preste asistencia a los Estados miembros en la adaptación de sus sistemas informáticos a un nuevo sistema de notificación o en su desarrollo;

- supervise la calidad y la exhaustividad de los datos recopilados por los Estados miembros;

- garantice una mayor eficacia y puntualidad y una menor carga burocrática con la ayuda de sistemas digitalizados modernos;

28. Reconoce que la creación y el establecimiento de tal sistema informático llevará tiempo; reconoce plenamente que la facilitación de información sobre los beneficiarios bajo gestión compartida es responsabilidad de los Estados miembros; pide, al mismo tiempo, un intercambio más rápido y transparente de información y datos relacionados con subvenciones de la Unión en el ámbito de la cohesión y la PAC; pide a la Comisión que proporcione a la autoridad de aprobación de la gestión una lista de los cincuenta mayores beneficiarios individuales (personas físicas como titulares efectivos de una empresa o de varias empresas) por Estado miembro, así como una lista de los cincuenta mayores beneficiarios (personas físicas y jurídicas, además de personas físicas como propietarios de varias empresas) de subvenciones de la Unión agregadas entre todos los Estados miembros; pide a la Comisión que facilite esta información a la autoridad de aprobación de la gestión con carácter anual;

29. Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en sus propuestas sobre el MFP y el Pacto Verde Europeo, las conclusiones críticas del Tribunal en cuanto a la falta de eficacia y efectividad de la ecologización del régimen de la PAC;

30. Expresa su particular preocupación por la alarmante información facilitada por la prensa y las ONG sobre la dramática situación de los migrantes más vulnerables en los puntos críticos, en particular los niños migrantes y las mujeres refugiadas; pide a la Comisión que tome medidas específicas en cooperación con las autoridades de los Estados miembros, con el fin de prevenir el uso indebido de los fondos de la Unión y evitar el abuso y la trata de seres humanos, y que vele por que los fondos de la Unión se utilicen para proteger los derechos fundamentales;

31. Destaca que el creciente uso de instrumentos financieros y fondos fiduciarios, junto con el presupuesto de la Unión, para la ejecución de las políticas de la Unión en terceros países puede comprometer el nivel de rendición de cuentas y de transparencia con respecto a la acción de la Unión; insta a la Comisión a que vele por que la prestación de ayuda exterior esté sujeta al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos en los países beneficiarios; destaca, en particular, la necesidad de garantizar que ningún fondo de la Unión apoye formas de trabajo forzoso o infantil; manifiesta su preocupación por las recientes alegaciones aparecidas en la prensa sobre proyectos en Eritrea; insta a la Comisión a que investigue sin demora estas acusaciones e informe del resultado de manera oportuna a la autoridad de aprobación de la gestión;

32. Celebra la extraordinaria labor realizada por el Tribunal, puesto que tanto su trabajo como sus informes especiales son un instrumento esencial para la transparencia y buena gobernanza de Europa; señala todas las recomendaciones formuladas por el Tribunal en los informes especiales de 2018 y pide a las instituciones europeas que las pongan en práctica rápidamente;

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

33. Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2018, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que en 2018 los ingresos estaban exentos de errores significativos;

34. Observa con satisfacción que los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

35. Acoge con satisfacción la tendencia positiva del porcentaje de error más probable en los pagos establecido por el Tribunal en comparación con el de los últimos años, ya que en 2018 los pagos presentan un porcentaje de error más probable del 2,6 %[85];

36. Observa que en 26 años, el Tribunal ha emitido en tres ocasiones consecutivas una opinión con reservas (en vez de una desfavorable) sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas, lo que significa que, en opinión del Tribunal, los errores significativos se limitan principalmente a gastos basados en reembolsos, lo que representa cerca de la mitad de la población auditada;

37. Lamenta que, por vigesimosexto año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles a que la eficacia de los sistemas de supervisión y control no era total; pone de relieve que los Estados miembros disponían de suficiente información para prevenir, detectar y corregir una parte significativa de los errores antes de declarar el gasto a la Comisión y que, de haberse utilizado dicha información, el porcentaje de error estimado habría sido considerablemente inferior; pide a la Comisión que introduzca los instrumentos necesarios para que la detección de errores por parte de las autoridades de los Estados miembros siga mejorando;

38. Señala que para los pagos efectuados sobre la base de los reembolsos de gastos, el Tribunal estima el porcentaje de error en el 4,5 % (frente al 3,7 % en 2017 y el 4,8 % en 2016), mientras que el porcentaje de error para los pagos de derechos[86] se situaba por debajo del umbral de importancia relativa del 2 % excluyendo algunos regímenes de desarrollo rural; lamenta que el porcentaje de error no se cuantifique claramente para los pagos de derechos;

39. Señala que el Tribunal constató el nivel de error estimado más elevado en el gasto destinado a la «cohesión económica, social y territorial» (5,0 %), mientras que el porcentaje de error material más bajo del gasto destinado a la «competitividad para el crecimiento y el empleo» se situó por debajo del umbral de importancia relativa (2,0 %);

40. Señala que el Tribunal considera que el gasto en investigación sigue siendo un ámbito de mayor riesgo y la principal fuente de error en la rúbrica de competitividad;

41. Toma nota de que el Tribunal proporcionó en 2018 porcentajes de error específicos sobre cuatro rúbricas del MFP: «Competitividad», «Cohesión», «Recursos naturales», y «Gastos administrativos»;

42. Señala que, para 2018, el Tribunal presentó un porcentaje de error por ámbito de actividad pero no estimó los niveles de error para los ámbitos de gasto de las rúbricas 3 «Seguridad y ciudadanía» y 4 «Una Europa Global» del MFP; pide al Tribunal de Justicia que examine si la auditoría de una muestra representativa de estas dos partidas podría resultar útil para la evaluación de las transacciones financieras; observa, asimismo, que el Tribunal no emitió porcentajes de error específicos en relación con el desarrollo rural y las operaciones de mercado en el marco de la PAC, ni tampoco porcentajes de error individuales para el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión; sugiere al Tribunal que considere revisar su estrategia de muestreo, a fin de garantizar una mejor comparabilidad de un año a otro;

43. Lamenta que el Tribunal no estimase los niveles de error para los ámbitos de gasto de las rúbricas 3 «Seguridad y ciudadanía» y 4 «Una Europa Global» del MFP; considera que, si bien las cifras de estas rúbricas son relativamente modestas, revisten una especial importancia política; subraya que la fiscalización de una muestra representativa de estas dos rúbricas es esencial para una evaluación rigurosa e independiente de las transacciones financieras, así como para un mejor control del Parlamento Europeo sobre el uso de los fondos de la Unión, y pide al Tribunal que facilite datos sobre el porcentaje de error en los pagos de estas rúbricas en sus próximos informes anuales;

44. Toma nota de que el Tribunal examinó operaciones por un valor total de 120 600 millones de euros y que la rúbrica «Recursos naturales» representa la mayor parte de la población global (48 %), mientras que el peso de la subrúbrica 1b del MFP «Cohesión» es relativamente pequeño (alrededor del 20 %); toma nota de esta distribución de la población de auditoría, habida cuenta del elevadísimo índice de error correspondiente a la subrúbrica «Cohesión»; sugiere que el Tribunal atienda tanto al porcentaje del gasto total de la Unión como al riesgo asociado al error a la hora de decidir la división del próximo porcentaje de auditoría de la población global;

45. Manifiesta su sorpresa por que el Tribunal haya decidido que los recursos naturales deben representar la parte más importante de toda la población de auditoría del Tribunal para su auditoría financiera y de conformidad anual, mientras que los pagos directos de la PAC no son proclives a errores; señala, no obstante, que en el ámbito de los pagos directos han salido a la luz varios casos de conflictos de intereses, crimen organizado y corrupción que posteriormente han sido fiscalizados por la Comisión; pide que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas más adecuadas para prevenir y solucionar los casos que suponen un riesgo para la PAC;

46. Señala que la población de auditoría del Tribunal correspondiente a la rúbrica de cohesión difiere de ejercicios anteriores y consiste en pagos finales para el período 2007-2013 y en gastos cubiertos por cuentas aceptadas anualmente por la Comisión para el período 2014-2020; sugiere que esto significa que el Tribunal ha verificado operaciones a las que se han aplicado todas las acciones correctoras pertinentes en el Estado miembro; lamenta que a pesar de este enfoque de auditoría, el porcentaje de error se cuantificó en un 5 %, un nivel muy elevado;

47. Señala que, como en ejercicios anteriores, los errores de subvencionabilidad (es decir, los costes no subvencionables en las declaraciones de gastos y los proyectos, actividades o beneficiarios no subvencionables) son los que contribuyeron en mayor medida al nivel estimado de error en gastos de alto riesgo para 2018;

48. Señala, no obstante, que el impacto de los errores de subvencionabilidad fue inferior al de 2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %); lamenta que en 2018, el Tribunal hallara un número más elevado de errores en relación con la contratación pública, las normas sobre ayudas estatales y los procedimientos de adjudicación de subvenciones; pide a la Comisión que preste especial atención a estas categorías de errores y valore si suponen un riesgo para la libre competencia o incluso si apuntan a posibles casos de corrupción; opina que, en este último caso, la Comisión no debe vacilar en adoptar medidas correctoras e informar a la Fiscalía Europea;

49. Pide a la Comisión que racionalice y simplifique los marcos estratégicos que rigen la ejecución del presupuesto de la Unión, reforzando de ese modo la rendición de cuentas sobre los resultados y aumentando la claridad y la transparencia para todas las partes interesadas;

Informe anual de gestión y rendimiento: logros en materia de gestión

Fiabilidad de los datos comunicados por la Comisión

50. Deplora que el Tribunal no haya auditado el Informe anual de gestión y rendimiento; señala, no obstante, que el Tribunal examinó algunos informes anuales de actividades y, en particular, los de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo, la DG de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y la DG de Política Regional y Urbana;

51. Señala que, en el capítulo relativo a la síntesis de la gestión financiera del Informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión informa de un riesgo estimado en el momento del pago del 1,7 %, y confirma que «el riesgo en el momento del pago es el más próximo al porcentaje de error más probable del Tribunal» (véase la página 152 del Informe anual de gestión y rendimiento de 2018, COM(2019)0299);

52. Toma nota de que, en 2018, la Comisión insistió en que los progresos se debieron principalmente a la buena puntuación en el ámbito de la cohesión, que fue del 1,1 % (véase el Informe anual de gestión y rendimiento de 2017, página 77)[87]; observa con sorpresa que, para el mismo año natural de 2017, la DG de Política Regional y Urbana hace referencia en su informe anual de actividades de 2018 (página 70) a otro porcentaje de error del 1,95 %;

53. Señala que el director general de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión explica en su informe anual de actividades de 2018, página 83, que:

- en los informes anuales de actividades de 2017, los directores generales de la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión decidieron hacer una estimación del riesgo mediante la proyección de un porcentaje de error residual total provisional para el gasto del año natural de 2017 que todavía no habían aceptado y confirmado;

- el Tribunal considera que los informes anuales de actividades deben racionalizarse más y adaptarse al nuevo marco de control y fiabilidad. Este marco establece que la Comisión necesita casi dos años desde que finaliza el período contable de que se trate para poder notificar por primera vez sus conclusiones sobre la fiabilidad de los porcentajes de error residual de las autoridades de auditoría para un ejercicio contable determinado;

54. Solicita a la Comisión que se asegure de que el Informe anual de gestión y rendimiento es totalmente fiable y no se basa en previsiones;

55. Observa que, por lo que se refiere a las relaciones exteriores, la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo utilizan en sus informes anuales de actividades porcentajes de error residual que son producto de estudios del porcentaje de error residual realizados por empresas externas;

56. Señala que el porcentaje de error residual se calcula sobre operaciones de contratos cerrados únicamente entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 (véase el recuadro 9.5 del Informe Anual del Tribunal de 2018), a los que se han aplicado todos los controles y comprobaciones;

57. Señala que el porcentaje de error residual de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación no solo incluye los pagos realizados en 2018;

58. Recuerda que, en el caso del FAMI/ISF, la DG de Migración y Asuntos de Interior señaló en 2018 que solo informa del porcentaje de error residual, puesto que, como prevé la base jurídica, las autoridades de auditoría nacionales no tienen que informarle de los porcentajes de error detectado (véase la respuesta a la pregunta 14, audiencia Avramopoulos de 18 de octubre de 2018); señala, por consiguiente, que el porcentaje de error declarado es el residual, es decir, el porcentaje de error estimado menos los importes correspondientes a las medidas correctivas adoptadas que ya han reducido eficazmente la exposición[88];

59. Comparte la opinión expresada por el Tribunal (apartado 6.74 del Informe Anual del Tribunal de 2018) de que, en el Informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión presenta un riesgo estimado en el momento del pago para la cohesión económica, social y territorial relacionado con gastos que aún no han pasado por todo el ciclo de control; lamenta comprobar que esto implica que la Comisión evalúa el porcentaje de error de la rúbrica «Cohesión» a partir de simples estimaciones en comparación con el ejercicio contable 2017-2018 y no de cifras verificadas para el ejercicio fiscal 2018 en sí;

60. Destaca que, por esta razón, el Tribunal señaló que los datos facilitados por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento relativos a la cohesión social y territorial no son fiables (véase el apartado 6.74 del Informe Anual del Tribunal de 2018);

61. Destaca, además, que, dado que los porcentajes de error emitidos por la Comisión con respecto a la cohesión, las relaciones exteriores y algunos de los ámbitos de la política interna se basan en el riesgo residual, no está justificado comparar el riesgo en el momento del pago comunicado por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento con el nivel de error estimado por el Tribunal;

62. Señala que, si el riesgo en el momento del pago comunicado por la Comisión ya integra correcciones financieras, la capacidad correctora de la Unión puede estar sobrestimada; lamenta observar que esto podría repercutir en la fiabilidad;

63. Lamenta que los errores encontrados sean señal de deficiencias persistentes en la regularidad de los gastos declarados por las autoridades de gestión y que el Tribunal haya identificado deficiencias en los métodos de muestreo de las autoridades de control;

64. Opina que, si los ordenadores delegados, al divulgar los ámbitos específicos de su gasto para los que formulan una reserva, se refieren al umbral de importancia relativa del 2 % expresado como porcentaje de error residual, finalmente corren el riesgo de no proteger adecuadamente el presupuesto de la Unión;

65. Lamenta que las estimaciones de las direcciones generales sobre el nivel de gasto irregular no se basen en una metodología coherente;

66. Señala que los informes anuales de actividades de las direcciones generales y el Informe anual de gestión y rendimiento utilizan una terminología compleja e incoherente que dificulta la comparación de los resultados notificados entre las direcciones generales y a lo largo del tiempo;

67. Observa, en particular, que el Tribunal considera que la Comisión presenta en los informes anuales de actividades de la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión al menos trece porcentajes diferentes para los dos períodos de programación como una medida del gasto sujeto a riesgo; observa que un número tan elevado de porcentajes provoca una falta de claridad y una potencial confusión con respecto a su relevancia y su fiabilidad (informe anual de actividades de 2018 de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, p. 83);

68. Toma nota de que, en lugar de hacer referencia, como en 2017, al concepto de porcentaje de error residual, la Comisión utiliza en su Informe anual de gestión y rendimiento para 2018 el término de «porcentaje de error al cierre»; observa que este consiste en el riesgo en el momento del pago menos la estimación de las futuras correcciones y recuperaciones que esperan efectuar los gestores de los fondos de la Unión con respecto a los gastos de 2018 durante los próximos años de los actuales programas; señala que este porcentaje de error es solo una estimación;

69. Observa que, según el Informe anual de gestión y rendimiento para el presupuesto de la Unión en 2018 (COM(2019)0299), 30 ordenadores delegados (igual que en 2017) presentaron una declaración de fiabilidad sin reservas, mientras que se formularon veinte declaraciones (igual que en 2017) con 40 reservas para 2018 (38 en 2017 y 37 en 2016);

70. Señala que la Comisión formuló 40 reservas para 2018: 2 reservas eran nuevas y 38 recurrentes; observa que 5 reservas recurrentes se han actualizado, pasando de cuantificadas a no cuantificadas (o viceversa) o sufriendo un cambio en su alcance, y que en el caso de todas las reservas se calculó o se volvió a calcular el impacto en los gastos de 2018; indica, por tanto, que el importe en situación de riesgo en los informes de los gastos de 2018 objeto de reservas se estima en 1 078 millones de euros (frente a 1 053 millones de euros en 2017, 1 621 millones de euros en 2016 y 1 324 millones de euros en 2015);

71. Lamenta que, a pesar de las mejoras introducidas en la metodología de su análisis de los efectos de las medidas correctoras, la Comisión no haya eliminado el riesgo de que estos efectos estén sobreestimados; señala que, en tal caso, todos los porcentajes de error residual incluidos en el Informe anual de gestión y rendimiento carecen de fiabilidad;

72. Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2018, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en situación de riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividades de las direcciones generales de la Comisión correspondientes (DG de Agricultura y Desarrollo Rural, DG de Política Regional y Urbana y DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión), la calidad y la fiabilidad de los controles de varios Estados miembros siguen siendo problemáticas;

73. Reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que establezcan procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y presenten información que concilie, en la medida de lo posible, el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

74. Señala que en un total de 208 casos, la OLAF formuló entre 2012 y 2018 recomendaciones respecto a las cuales las autoridades nacionales no adoptaron ninguna decisión[89]; observa que en determinados Estados miembros llega a ser incluso mayoritario el número de casos en los que las recomendaciones de la OLAF no se traducen en acciones por parte de las autoridades de los Estados miembros, lo que podría provocar perjuicios directos para los intereses financieros de la Unión y de la ciudadanía;

75. Observa con preocupación los nueve casos de presunto fraude que fueron comunicados a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por el Tribunal en 2018;

76. Pide a la Comisión que simplifique y armonice las prácticas y los métodos de las direcciones generales para poder cumplir plenamente los requisitos del artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, su apartado 1, letra b), que establece que: «... el Informe anual de gestión y rendimiento incluye información sobre las principales disposiciones en materia de gobernanza de la Comisión, así como: i) una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión sobre la base de una metodología coherente y una estimación de las correcciones futuras...»;

77. Pide a la Comisión, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento Financiero, que adapte su metodología a la utilizada por el Tribunal y que facilite a la autoridad de control presupuestario un único porcentaje de error correspondiente al riesgo en el momento del pago (porcentaje de error en el momento del pago); pide a la Comisión que publique por separado una estimación de las correcciones futuras (porcentaje de error residual); insta a la Comisión a que aplique una terminología coherente en todas las direcciones generales a la hora de comunicar estas dos estimaciones; pide que se informe al Parlamento sobre los avances realizados en el asunto en cuestión el 30 de junio de 2021 a más tardar;

78. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para obtener de los Estados miembros datos fiables sobre el porcentaje de error en el momento del pago; solicita a la Comisión que realice los ajustes apropiados de manera oportuna en caso de que se detecten deficiencias en los controles de los Estados miembros;

79. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para obtener de los Estados miembros datos fiables sobre el porcentaje de error en el momento del pago;

80. Insta al Tribunal a que:

a)  examine y revise ambas partes del Informe anual de gestión y rendimiento en su Informe Anual; y

b)  examine si, en los informes anuales de actividades de las direcciones generales, el umbral de importancia relativa utilizado para activar los mecanismos de reserva no debe expresarse como riesgo en el momento del pago en lugar de porcentaje de error residual;

Gestión presupuestaria y financiera

81. Toma nota de que en 2018 los créditos de compromiso y de pago disponibles en el presupuesto final se utilizaron casi en su totalidad: el 99,5 % de los créditos de compromiso y el 98,6 % de los créditos de pago;

82. Señala que en 2018 se produjo un incremento significativo en las solicitudes de pago de los Estados miembros con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

83. Observa con preocupación que, debido principalmente a retrasos, grandes cantidades de prefinanciación anual no utilizadas de los Fondos EIE fueron devueltas al presupuesto de la Unión: 8 100 millones de euros en 2018 (frente a 5 400 millones de euros en 2017), lo que incrementó significativamente los ingresos afectados en esos dos años;

84. Destaca que, en 2018:

- no fue necesario realizar pagos adicionales, y no se necesitaron los 5 300 millones de euros del margen global para pagos (MGP) disponible de ejercicios anteriores;

- los 5 300 millones de euros no pudieron transferirse porque se habían alcanzado los límites máximos del MGP de 2019 y de 2020;

- no pudo transferirse a 2019 o 2020 un importe adicional de 11 200 millones de euros en créditos de pago no utilizado en 2018;

85. Señala que, según las previsiones del Tribunal (apartados 2.15 y 2.16 del Informe del Tribunal), para 2020 podrá quedar sin utilizar un total de 44 900 millones de euros; recuerda que la flexibilidad ofrecida por el MGP termina con el actual MFP en 2020;

86. Constata con preocupación que:

- los compromisos pendientes de liquidación han seguido creciendo, alcanzando los 281 200 millones de euros a finales de 2018 (frente a 267 300 millones de euros en 2017), y han aumentado en un 36 % (73 700 millones de euros) en los últimos siete años desde 2011, el año correspondiente del MFP anterior;

- sobre la base de las previsiones a largo plazo de la Comisión (COM(2018)0687), los compromisos pendientes de liquidación alcanzarán los 313 800 millones de euros en 2023, cifra que se acerca a las previsiones del Tribunal;

87. Se muestra sumamente preocupado por que los compromisos pendientes hayan seguido creciendo en 2018 hasta registrar cifras nunca vistas; esto representa un grave riesgo; pide a la Comisión que, a fin de reducir los compromisos actuales y evitar nuevos compromisos pendientes, mejore sus previsiones financieras y, en caso necesario, ayude a los países a encontrar proyectos subvencionables, especialmente aquellos con un claro valor añadido europeo;

88. Recuerda que el elevado nivel de compromisos pendientes obedece principalmente a la lentitud en la ejecución de los Fondos EIE, pero también a la diferencia anual entre compromisos y pagos, así como al aumento de magnitud del presupuesto de la Unión (análisis rápido del Tribunal, «Compromisos pendientes de pago en el presupuesto de la UE – Análisis detallado»);

89. Comparte la preocupación del Tribunal por la existencia de un alto riesgo de no disponer de suficientes créditos de pago para cubrir todas las cantidades adeudadas en los primeros años del nuevo MFP y por que esto pueda ser especialmente válido para 2021, el primer año del MFP para 2021-2027 (Informe del Tribunal, apartado 2.20);

90. Señala que el riesgo de que los créditos de pago sean insuficientes es mayor que nunca, ya que la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han sufrido retrasos todavía mayores que en el anterior MFP; observa, en este sentido, que en nueve de los trece Estados miembros que se unieron a la Unión a partir de 2004 los compromisos pendientes representan más del 15 % de su gasto anual de las administraciones públicas y que, en caso de que no se disponga de suficientes créditos de pago para cubrir todos los importes, esta situación podría plantear serios desafíos financieros y políticos, tanto en estos países como dentro de la Unión;

91. Señala que, según el Tribunal, en general la absorción de los Fondos EIE por los Estados miembros fue inferior a la del año correspondiente del anterior MFP (apartados 2.22 a 2.24 del Informe Anual del Tribunal de 2018);

92. Señala, en particular, que solo Bulgaria, Luxemburgo, Austria, Rumanía y Finlandia tienen una mayor tasa de absorción durante el actual MFP que en el anterior;

93. Señala que las garantías respaldadas por el presupuesto de la Unión han aumentado en los últimos años, debido principalmente a la adición del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible; toma nota de que entre otras garantías figuran las garantías del mandato de préstamos exteriores otorgadas al BEI y las concedidas a las actividades de empréstitos y de préstamos respaldados por garantías de la Unión, principalmente a los Estados miembros;

94. Toma nota con preocupación de que el aumento de las garantías aumenta la exposición al riesgo del presupuesto de la Unión, dado que el nivel de pérdidas previsto por la Comisión está cubierto por los fondos de garantía, que el nuevo MFP reunirá en un fondo de provisión común;

95. Señala que, en los últimos años, la Unión ha incrementado su uso de instrumentos financieros y garantías presupuestarias otorgadas al Grupo BEI, y que este mantiene una compleja relación con el presupuesto de la Unión y sus dispositivos de rendición de cuentas son diferentes a los de las instituciones de la Unión;

96. Recuerda que, en la actualidad, las operaciones del Grupo BEI que no son financiadas por el presupuesto de la Unión, pero persiguen los mismos objetivos que la Unión, no están incluidas en el mandato de auditoría del Tribunal; señala que esto significa que el Tribunal no puede ofrecer una visión global de todos los vínculos entre las operaciones del Grupo BEI y el presupuesto de la Unión; se suma, en particular, a la petición del Tribunal de auditar las operaciones del BEI ajenas al presupuesto de la Unión; pide que la renovación del acuerdo tripartito entre la Comisión, el BEI y el Tribunal, prevista para 2020, incluya disposiciones que garanticen un mayor acceso del Tribunal a las auditorías de operaciones del BEI con vistas a mejorar el control externo; pide, además, al Grupo BEI que sean más transparentes: las operaciones económicas, su utilización de la garantía del presupuesto de la Unión, la adicionalidad de las operaciones del BEI y los posibles planes futuros de un desarrollo subsidiario del BEI; solicita un memorando de entendimiento entre el BEI y el Parlamento Europeo que permita mejorar el acceso de este último a los documentos y datos del BEI relacionados con la orientación estratégica y las políticas de financiación, con objeto de reforzar la rendición de cuentas por parte del BEI;

97. Respalda las principales recomendaciones formuladas por el Tribunal en el capítulo 2 de su Informe Anual de 2018;

98. Pide a la Comisión que tome medidas para evitar presiones indebidas sobre el nivel de los créditos de pago en los primeros años del MFP para el período de programación 2021-2027; pide que dichas medidas consistan en:

a) mejorar la precisión de las previsiones de las necesidades de pago;

b) instar a la autoridad presupuestaria a:

i) prever un equilibrio ordenado entre los créditos de compromiso y de pago presupuestados para el próximo MFP por medio del aumento de los créditos de pago, la modificación de las normas de liberación de créditos de compromiso o la reducción de los créditos de compromiso;

ii) tener en cuenta, al hacerlo, la posibilidad de que se registre una gran cantidad de solicitudes de pago en 2021 y 2022, y el hecho de que los créditos de pago no utilizados no pueden transferirse al siguiente MFP;

c) facilitar la adopción oportuna de los marcos jurídicos, y la promoción de la planificación temprana de los proyectos por los Estados miembros;

99. Pide a la Comisión que garantice, en cuanto se establezca el fondo de provisión común, la gestión eficaz y el control actualizado de la exposición del presupuesto de la Unión a las garantías correspondientes; pide, en este contexto, a la Comisión que fundamente su cálculo de la tasa de provisión efectiva en una metodología prudente basada en buenas prácticas reconocidas;

100. Pide a la Comisión que presente anualmente a la autoridad presupuestaria el importe total y un desglose de los fondos transferidos desde el presupuesto de la Unión a instrumentos financieros gestionados por el Grupo BEI, así como que facilite información sobre el grado de ejecución de dichos fondos;

Obtención de resultados a partir del presupuesto de la Unión

101. Destaca que el objetivo de la información sobre el rendimiento es indicar si las políticas y los programas de la Unión están logrando sus objetivos de manera eficiente y efectiva; sugiere que, de ser necesarias mejoras, la información sobre resultados debe utilizarse para servir de base al proceso de diseño de las medidas correctoras necesarias y que se haga un seguimiento continuo de su aplicación;

102. Celebra el hecho de que el Tribunal haya analizado en 2018 la información sobre el rendimiento publicada por la Comisión y, en particular, de que haya revisado los indicadores de rendimiento en:

- las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto de 2019;

- el resumen del rendimiento de los programas del presupuesto de la Unión 2014-2020, publicado por primera vez en mayo de 2018;

103. Insiste en que las auditorías de conformidad y rendimiento representan dos caras de la misma moneda; señala que combinar las dos dimensiones, es decir, evaluar los resultados alcanzados y garantizar al mismo tiempo la legalidad y la regularidad del gasto, debería permitir a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión garantizar el valor añadido de la Unión y controlar la ejecución del presupuesto de la Comisión;

104. Lamenta, nuevamente, que los informes anuales de actividades de los directores generales de la Comisión no incluyan una declaración acerca de la calidad de los datos de rendimiento firmada por ellos y que, por lo tanto, al aprobar el Informe anual de gestión y rendimiento, el Colegio de Comisarios asuma una responsabilidad política general por la gestión financiera del presupuesto de la Unión, pero no por la información sobre el rendimiento y los resultados;

105. Celebra y sigue con gran interés la intención del Tribunal de actualizar su evaluación del rendimiento del gasto de la Unión en su Informe Anual y, en particular, de presentar para cada rúbrica del MFP un capítulo sobre cumplimiento y rendimiento;

 106. Acoge con satisfacción que el Tribunal haya incluido en el capítulo 3 de su Informe Anual de 2018, bajo el epígrafe «La obtención de resultados a partir del presupuesto», un resumen de los principales informes especiales publicados durante el ejercicio por rúbricas del MFP; observa que, en 2018, las respuestas publicadas a los informes del Tribunal muestran que los auditados aceptaron plenamente el 78 % de las 388 recomendaciones emitidas por el Tribunal (frente al 68 % en 2017) y que, en el 18 % de los casos, las recomendaciones solo se aplicaron en algunos aspectos, persistiendo importantes deficiencias; observa que solo dejaron de aplicarse el 6 % de las recomendaciones;

107. Expresa su preocupación por el hecho de que en algunos Estados miembros la capacidad administrativa pueda ser insuficiente;

108. Muestra su preocupación por que, en general, los datos incluidos en las fichas de programa sugieren que el avance hacia los objetivos de rendimiento es moderado, lo que puede explicarse por el inicio tardío y lento de los programas de cohesión y de desarrollo rural;

109. Destaca que, según el Tribunal, los indicadores no siempre han ofrecido una imagen fidedigna del progreso real;

110. Insiste en que tanto el cálculo del progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia como el cálculo del progreso con respecto a la meta comunicado por la Comisión en el resumen del rendimiento de los programas deberían ser tratados con cautela porque muchos indicadores no se eligieron bien o no se pudo calcular el progreso en relación con una serie de indicadores; observa que en casi la mitad de los indicadores no fue posible calcular el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia;

111. Observa con preocupación que, en el caso de algunos programas, los datos disponibles eran de calidad insuficiente y que algunos programas incluyen objetivos que no son suficientemente ambiciosos;

112. Pide a la Comisión que fomente la inclusión, en las fichas de programa, de indicadores que:

a) ofrezcan más información pertinente sobre los logros de los programas de gasto de la Unión, por medio de un mayor equilibrio entre recursos, realizaciones, resultados e impactos;

b) tengan una relación clara con las acciones financiadas por los programas de gasto de la Unión;

c) reflejen los logros de los programas de gasto de la Unión en lugar del rendimiento de la Comisión y de otros organismos que los ejecutan; y

d) cubran los objetivos de los programas;

113. Insiste en que, para poder calcular el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión debería proponer, para todos los programas, marcos de rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las características que se indican a continuación, y que, si la Comisión no lo considera pertinente para un indicador específico, debería explicar su elección en las fichas de programa:

a) valores de referencia cuantitativos con la indicación del año;

b) hitos cuantitativos;

c) metas cuantitativas con la indicación del año;

d) datos con el nivel de calidad necesario para poder calcular fácilmente el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia;

114. Pide a la Comisión que vele por recibir puntualmente información sobre el rendimiento de todos los indicadores de rendimiento, por ejemplo, introduciendo nuevas herramientas de notificación en plataformas de internet;

115. Pide a la Comisión que documente las metas propuestas de manera mensurable para que la autoridad presupuestaria pueda evaluar su nivel de ambición y los resultados en la consecución de las metas;

116. Subraya la importancia de realizar un seguimiento estricto, en el caso de los proyectos de infraestructura a gran escala, del posible riesgo de corrupción y fraude; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones ex ante y ex post minuciosas e independientes respecto al proyecto que se vaya a financiar;

117. Pide a la Comisión que siga mejorando el resumen del rendimiento de los programas, especialmente:

a) utilizando un método de cálculo del progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia y, si la Comisión considera que esto no es viable para un indicador específico, explicando su enfoque en el resumen del rendimiento de los programas;

b) explicando los motivos de la selección de los indicadores de rendimiento de cada programa;

118. Pide a la Comisión que siga apoyando a los Estados miembros en su mejora tanto de la calidad como del número de los controles y que comparta las mejores prácticas de lucha contra el fraude;

Ingresos

Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2018

119. Observa con satisfacción que el Tribunal indica que el nivel de error de los ingresos no era significativo y que los sistemas relacionados con los ingresos eran, en general, eficaces;

120. Señala que, por tercer año consecutivo, la DG de Presupuestos emitió una reserva sobre el valor de los recursos propios tradicionales recaudados por el Reino Unido, debido a que este no aportó al presupuesto de la Unión los derechos de aduana sobre importaciones de textiles y calzado eludidos;

121. Observa con preocupación que el alcance de la reserva del Tribunal de este año se ha ampliado para incluir posibles pérdidas de recursos propios tradicionales de otros Estados miembros, como consecuencia de la infravaloración antes citada, que aún no ha sido estimada;

122. Lamenta que, tras pedir al Reino Unido en 2011 que estableciera perfiles de riesgo para importaciones infravaloradas de productos textiles y calzado procedentes de China, la Comisión tardara más de siete años en incoar un procedimiento de infracción;

123. Acoge con satisfacción que, en 2018, la Comisión enviara un dictamen motivado al Reino Unido, habiendo estimado las pérdidas totales (principal e intereses) para el presupuesto de la Unión en 2 800 millones de euros, y que, en marzo de 2019, la Comisión remitiera el asunto al Tribunal de Justicia;

124. Lamenta que los controles internos clave de los recursos propios tradicionales examinados por el Tribunal en la Comisión y en algunos Estados miembros fueran parcialmente eficaces;

125. Observa con preocupación que el Tribunal halló en España deficiencias en los sistemas de control para la elaboración de las declaraciones mensuales de derechos de aduana;

126. Toma nota con preocupación de que, en la muestra aleatoria de tres países seleccionados, el Tribunal observó insuficiencias en la gestión de derechos constatados pendientes de recaudación; observa que estas deficiencias estaban relacionadas en particular con retrasos en la ejecución del cobro de deudas aduaneras y en el registro o la cancelación de deudas en la contabilidad; observa insuficiencias en las verificaciones realizadas por la Comisión de las declaraciones de recursos propios tradicionales de los Estados miembros;

127. Lamenta que el programa de control de 2018 de la Comisión en relación con la eficacia de los sistemas de los Estados miembros para recaudar, notificar y poner a disposición los importes adecuados de recursos propios tradicionales no estaba suficientemente justificado mediante una evaluación de riesgos documentada y estructurada y que no clasificaba a los Estados miembros por nivel de riesgo ni presentaba el impacto y la probabilidad de riesgos;

128. Observa con preocupación que la Comisión, al recibir las declaraciones de recursos propios tradicionales mensuales o trimestrales, no efectuaba un análisis sistemático de las modificaciones inusuales en las declaraciones ni recababa información al respecto que explicara el motivo de tales modificaciones;

129. Señala que, en general, el número de reservas de la RNB y del IVA no ha cambiado, pero que han aumentado las observaciones pendientes de los recursos propios tradicionales en un 14 %[90];

130. Lamenta que el examen efectuado por el Tribunal de observaciones pendientes seleccionadas de los recursos propios tradicionales con un impacto financiero pusiera de manifiesto algunos retrasos en el seguimiento y en el cierre de estas observaciones por parte de la Comisión; toma nota, además, de que el Tribunal observó que el 27 % de las observaciones pendientes llevaban más de cinco años en esa situación;

131. Observa que el IVA representa un 12 % de los ingresos de la Unión, que ascendieron a 145 000 millones de euros en 2018; pone de relieve, en este contexto, que la Comisión calcula que la «brecha» del IVA, que es la diferencia entre los ingresos previstos en concepto de IVA para el presupuesto de los Estados miembros y el importe total del IVA recaudado realmente en los Tesoros Públicos, ascendió, en 2017, a 137 500 millones de euros[91]; señala que la brecha del IVA cubre las pérdidas de IVA que afectan principalmente a los presupuestos nacionales; señala, asimismo, que entre otros motivos, las pérdidas pueden deberse a insolvencias, quiebras, errores administrativos, optimización fiscal y también a posibles actividades ilícitas o fraudulentas;

132. Toma nota con preocupación de que en 2018 la Comisión formuló una reserva general relativa a la estimación realizada por Francia de su RNB porque Francia había proporcionado insuficiente información sobre la elaboración de su RNB;

133. Observa que, en relación con las cinco recomendaciones formuladas por el Tribunal en su Informe Anual de 2015, la Comisión solo había aplicado plenamente una recomendación completa, una solamente de manera parcial y tres en su mayor parte;

134. Pide a la Comisión que aplique una evaluación de riesgos más estructurada y documentada para su planificación de la inspección de los recursos propios tradicionales, además de un análisis del nivel de riesgo y de los riesgos de cada Estado miembro en relación con la elaboración de las contabilidades A y B;

135. Pide a la Comisión que refuerce el alcance de sus controles mensuales y trimestrales de los estados de las contabilidades A y B de los recursos propios tradicionales mediante la realización de un análisis más profundo de los cambios inusuales a fin de garantizar una reacción rápida ante anomalías potenciales;

136. Reitera su posición sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión, que representa un componente de los ingresos muy positivo para el MFP 2021-2027; acoge con satisfacción, por consiguiente, la propuesta de introducir tres nuevos recursos propios de la Unión y la simplificación de los actuales recursos propios basados en el IVA para el MFP 2021-2027[92];

Informe Especial n.º 12/2019 del Tribunal titulado «Comercio electrónico: quedan por resolver muchas de las dificultades de la recaudación del IVA y los derechos de aduana»

137. Observa que no se dispone de estimaciones de las pérdidas de IVA a escala de la Unión en las prestaciones transfronterizas de servicios, aunque la Comisión calcula que las pérdidas por las entregas de mercancías de escaso valor desde terceros países ascienden a 5 000 millones de euros anuales;

138. Destaca el papel de los Estados miembros en la aplicación de los acuerdos de cooperación administrativa, la eficacia de los controles, la ejecución de la recogida de datos y el control del cumplimiento del marco reglamentario por los operadores;

139. Es consciente de que la ejecución de la recaudación del IVA es una competencia nacional;

140. Destaca la gran importancia del uso de los intercambios de información entre los Estados miembros y con terceros países;

141. Pide a los Estados miembros que refuercen el intercambio de información sobre las empresas y transacciones supuestamente fraudulentas a través de Eurofisc;

142. Pide a las autoridades fiscales de los Estados miembros que refuercen sus actividades de control en relación con el Sistema de Mini Ventanilla Única[93];

143. Insta a la Comisión a que lleve a cabo actividades de control y vigilancia suficientes en los Estados miembros;

144. Expresa su preocupación por el riesgo de infravaloración de las entregas de mercancías adquiridas a través del comercio electrónico desde terceros países; acoge con satisfacción las medidas adoptadas para resolver el problema del fraude del IVA en el comercio electrónico;

145. Pide la rápida adopción de la legislación propuesta sobre el IVA para el comercio electrónico con el fin de abordar las deficiencias del régimen de ventas a distancia;

146. Pide a la OLAF que informe al Parlamento de los resultados de sus investigaciones relacionadas con la importación de prendas de vestir de escaso valor a través del comercio electrónico y la supuesta importación a través de operaciones de comercio electrónico de posibles mercancías sensibles por transporte aéreo;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

147. Observa que la subrúbrica 1a del MFP titulada «Competitividad para el crecimiento y el empleo» representa el 13,7 %, o 21 400 millones de euros, del presupuesto de la Unión; de este importe, 11 700 millones de euros (54,3 %) se destinan a la investigación y la innovación, 2 400 millones de euros (11,1 %) a educación, formación, juventud y deporte, 2 200 millones de euros (10,4 %) al transporte y la energía, 1 500 millones de euros (7,2 %) al espacio, y el resto a otras acciones;

Contribución al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020

148. Expresa su satisfacción por que el cuadro europeo de indicadores de la innovación reveló una tendencia positiva en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, en particular Malta, Países Bajos y España, y que Suecia sigue siendo el líder en la Unión en materia de innovación;

149. Lamenta, sin embargo, que la mayoría de los Estados miembros siga estando a la zaga en relación con el logro del objetivo de invertir el 3 % del producto interior bruto (PIB) en investigación y desarrollo; destaca que la Dirección General de Investigación e Innovación da tres razones principales para esta lenta evolución, a saber: a) la falta de inversión pública y privada en este ámbito; b) la limitada calidad y eficiencia de los sistemas nacionales de investigación e innovación; y c) las deficiencias del mercado relacionadas con la decisión de inversión de las empresas en I&D;

150. Acoge con satisfacción que el grado de participación de las pymes en el componente «Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación» y en el pilar «Restos sociales del programa Horizonte 2020» siga estando por encima del objetivo del programa, reflejando los considerables esfuerzos realizados para atraer a las pymes al programa y las simplificaciones aportadas para facilitar su participación;

151. Acoge con satisfacción, asimismo, que el porcentaje de nuevos participantes en Horizonte 2020 haya alcanzado el 61,4 %, superando así el valor de referencia del 55 % fijado para 2018;

152. Lamenta que el porcentaje de la contribución de la Unión a las acciones por el clima a través de Horizonte 2020 no alcance sus objetivos de gasto en materia de clima y sostenibilidad fijados ni, por tanto, para la totalidad del MFP 2014-2020; destaca que, tras el compromiso contraído por la Unión en virtud del Acuerdo de París y a la luz del Pacto Verde Europeo, debe incrementarse sin más demora el gasto relacionado con el clima;

Alcance y enfoque de la fiscalización

153. Toma nota de que el Tribunal examinó una muestra de 130 transacciones, concebida para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a esta subrúbrica del MFP: 81 operaciones de investigación e innovación (22 del Séptimo Programa Marco y 59 de Horizonte 2020), además de otras 49 de otros programas y actividades, principalmente de Erasmus+, el Mecanismo «Conectar Europa» y programas espaciales y de que los beneficiarios auditados estaban ubicados en 19 Estados miembros y 4 terceros países;

154. Acoge con satisfacción que el nivel de error estimado por el Tribunal para la totalidad de la rúbrica 1a del MFP ascendía al 2 % y que este porcentaje es inferior al de los dos últimos ejercicios, en los que el nivel de error estimado se situó ligeramente por encima del 4 %;

155. Lamenta, no obstante, que en ocho casos de error cuantificable de los beneficiarios, la solicitud de reembolso contenía suficiente información para que la Comisión, las autoridades nacionales o el auditor independiente hubieran evitado, detectado y corregido los errores antes de aceptar el gasto; señala que, si la Comisión hubiera utilizado adecuadamente toda la información de que disponía, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido 0,3 % puntos porcentuales más bajo;

156. Observa que, tal y como fue el caso en ejercicios anteriores, muchos errores cuantificables se referían a costes de personal; y que, además, los costes de equipamiento y de infraestructuras constituyeron también una fuente de errores;

157. Expresa su sorpresa por saber que la verificación ex ante de la contribución de la Unión a los programas de grandes infraestructuras de investigación no solo fueron lentas y costosas (en términos de mano de obra y desplazamientos), sino que a menudo tuvieron escasas repercusiones en la prevención de errores;

158. Toma nota de que el Tribunal examinó los expedientes de auditoría (documentos de trabajo y documentación justificativa) en el Servicio Común de Auditoría y en las empresas de auditoría privadas y que en once casos el Tribunal tuvo que aplicar procedimientos adicionales de auditoría, debido principalmente a la necesidad de obtener documentación justificativa o a discrepancias en los documentos de trabajo;

159. Muestra su preocupación por los errores metodológicos constatados por el Tribunal para el cálculo del porcentaje de error en el programa Horizonte 2020: «las auditorías ex post tratan de abarcar al máximo los costes aceptados, pero rara vez los cubren en su totalidad. El porcentaje de error se calcula como proporción del total de costes aceptados, en lugar del importe efectivamente auditado, lo que significa que el denominador en el cálculo del error es más alto y de ese modo el porcentaje de error queda subestimado. Cuando los errores observados son de naturaleza sistémica, el error se extrapola, lo que compensa parcialmente la subestimación mencionada. Sin embargo, puesto que no se efectúa una extrapolación para los errores no sistémicos, el porcentaje global de error sigue estando subestimado»[94];

160. Observa que la DG de Investigación e Innovación calculó porcentajes de error para el Séptimo Programa Marco y para Horizonte 2020:

- la DG de Investigación e Innovación calculó que el porcentaje de error representativo común del Séptimo Programa Marco, calculado sobre una base plurianual, es algo superior al 5 %; se calcula que el porcentaje de error residual asciende al 3,36 %;

- el porcentaje de error residual en el ámbito de investigación e innovación se sitúa en el 2,22 % (2,24 % para la DG de Investigación e Innovación), y se espera que aumente hasta cerca del 2,45 % (2,48 % para la DG de Investigación e Innovación), si se tienen en cuenta los proyectos de informe de auditoría;

161. Observa que, en el caso de la DG de Investigación e Innovación, el importe global estimado en situación de riesgo en el momento del pago para los pagos efectuados en 2018 oscila entre 97,6 y 101,1 millones de euros; el importe total en situación de riesgo al cierre para los gastos efectuados en 2018 oscila entre 69,1 y 72,7 millones de euros, lo que representa entre el 2,21 % y el 2,33 % de los gastos totales;

162. Señala que los conceptos de «riesgo en el momento del pago» y «riesgo al cierre» se introdujeron para el ejercicio de auditoría de 2018;

163. Acoge con satisfacción que las conclusiones del Tribunal (basadas en la subrúbrica del MFP) y de la Comisión sean similares;

Gestión financiera y controles internos

164. Señala que en el caso del Séptimo Programa Marco se mantuvo una reserva horizontal sobre el reembolso de las declaraciones de gastos;

165. Especifica que en 2018 la DG de Investigación e Innovación gestionó directamente el 56 % (frente al 58 % en 2017) de su presupuesto en lo que respecta a los pagos y que el 44 % de los pagos se destinó a otros organismos habilitados encargados de su ejecución;

166. Toma nota de que la DG de Investigación e Innovación confió el 15,05 % de su presupuesto de 2018 al BEI/FEI para Innovfin, de que Innovfin tenía por objeto apoyar la investigación y la innovación a través de instrumentos financieros, y que el importe transferido al BEI/FEI en 2018 ascendió a 472,9 millones de euros;

167. Considera que todos los programas, acciones o proyectos en el ámbito del BEI cofinanciados por el presupuesto de la Unión deben ser auditados por el Tribunal;

168. Observa con preocupación que, aunque 4 740 de los 4 934 proyectos del período de financiación 2007-2013 están cerrados, sigue habiendo un número de créditos de compromiso pendientes («pendientes de liquidación» o RAL) por valor de 157 300 millones de euros y que la Comisión no está en condiciones de indicar cuándo se habrán liquidado[95];

169. Pone de relieve con preocupación el gran desequilibrio de la asignación de fondos a los investigadores entre los Estados miembros a través de Horizonte 2020;

170. Señala que en el caso del período de programación actual 2014-2020 se ejecutó el 64,26 % del presupuesto;

171. Anima a la DG de Investigación e Innovación a que prosiga sus esfuerzos de simplificación en consonancia con el Informe Especial n.º 28/2018 del Tribunal, pero sin comprometer la seguridad jurídica y sin convertir los controles ex post en controles s;

172. Considera que la DG de Investigación e Innovación debe prestar mayor atención a medir el valor añadido de las inversiones de la Unión en I&I; destaca que la medición del rendimiento en el ámbito de la investigación y la innovación no debe basarse exclusivamente en efectos a corto plazo e indicadores monetarios, sino que debe tener en cuenta la naturaleza específica de la investigación; anima a la Comisión a que desarrolle vías para mejorar el apoyo de los proyectos de investigación e innovación de alto riesgo de manera transparente;

173. Recomienda encarecidamente que la DG de Investigación e Innovación preste mayor atención a medir el valor añadido de las inversiones de la Unión en I&I;

HUAWEI

174. Reconoce que las filiales HUAWEI solicitaron cofinanciación de la Unión en el marco del programa Horizonte 2020;

175. Señala, no obstante, que los participantes procedentes de Brasil, China, India, México y Rusia ya no estaban financiados en el marco de Horizonte 2020[96];

176. Recuerda que las normas de participación y difusión de Horizonte 2020 regulan la explotación de los resultados y transmiten a la Comisión el derecho a oponerse a las transferencias de propiedad o a la concesión de licencias exclusivas establecidas en un tercer país no asociado a Horizonte 2020;

177. Toma nota de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, en este contexto, analizó la información sobre presuntas infracciones y ha decidido iniciar una nueva evaluación;

178. Observa con preocupación la existencia de un peligro de uso indebido intencionado de los fondos de la Unión por parte de terceros países en proyectos de investigación conjunta; recuerda que estos terceros países deben respetar las normas de integridad y protección de los intereses financieros de la Unión al igual que hacen los Estados miembros;

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)

179. Expresa su preocupación por la constatación del Tribunal en el sentido de que en los sistemas de control interno de la Agencia es necesario introducir importantes mejoras y de que, por segundo año consecutivo, la Comisión ha emitido una reserva sobre dicho sistema;

Recomendaciones

180. Pide a la DG de Investigación e Innovación que:

- haga un seguimiento de las recomendaciones del Tribunal relativas a esta subrúbrica;

- aplique las 26 recomendaciones pendientes del Servicio de Auditoría Interna;

- preste mayor atención y sea más ambiciosa al fomentar las acciones por el clima (uno de los indicadores claves de rendimiento);

- preste una atención especial al respecto de las normas de aplicación y difusión de Horizonte 2020;

- promueva una asignación más equilibrada de los recursos entre los Estados miembros en el contexto de Horizonte 2020 y siga prestando asistencia a los Estados miembros y los investigadores, concretamente en su solicitud de financiación;

- publique todas sus propuestas de recomendaciones específicas por país en el marco de la estrategia del Semestre Europeo en sus informes anuales de actividad;

- reconsidere la forma de llevar a cabo la verificación ex ante de las grandes infraestructuras de investigación con el fin de que sean más eficaces y eficientes;

- elabore, conjuntamente con la EACEA, un informe para la comisión competente del Parlamento, a más tardar en julio de 2020, sobre las reformas introducidas para encontrar una solución a esta situación;

- preste especial atención a la distribución de fondos por el coordinador del proyecto al beneficiario;

- invierta en la evaluación del rendimiento y del valor añadido de la Unión;

181. Solicita al Tribunal que en su informe anual dedique más espacio al rendimiento, sobre el cual los informes especiales del Tribunal son una fuente importante de información; acoge con satisfacción, en este contexto, las propuestas presentadas el 19 de noviembre en Luxemburgo durante la visita de la Comisión de Control Presupuestario;

 

Cohesión económica, social y territorial

182. Observa la información presentada por el Tribunal según la cual los pagos en virtud de la subrúbrica 1b del MFP titulada «Cohesión económica, social y territorial» representa el 34,8 %, o 54 500 millones de euros, del presupuesto de la Unión; observa, asimismo, que de este importe, 30 100 millones de euros (55,1 %) se destinan al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 9 300 millones de euros (17 %) al Fondo de Cohesión, 13 900 millones de euros (25,6 %) al Fondo Social Europeo (FSE) y el resto, a otras acciones;

183. Observa que, respecto a 2018, la DG de Política Regional y Urbana comunicó el pago de 39 500 millones de euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 98,52 % de los créditos de pago autorizados para 2018, y que la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión comunicó el pago de 14 600 millones de euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 94,42 %;

Contribución al logro de los objetivos de la Unión para 2020

184. Toma nota de que la Comisión, en relación con los indicadores clave de rendimiento, alega que, por lo que se refiere a:

- el empleo, el crecimiento y la inversión, cada euro gastado generó 2,7 euros de producto interior bruto adicional (PIB) y que, como consecuencia de ello, se crearon alrededor de 1,3 millones de puestos de trabajo durante el último período de programación;

- el refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el número previsto de proyectos de cooperación entre empresas e instituciones de investigación se ha doblado prácticamente en comparación con los proyectos seleccionados a finales de 2017;

- la competitividad de las pymes, el número previsto de empresas que reciben ayuda aumentó un 40 % en comparación con los proyectos seleccionados a finales de 2017;

- la economía hipercarbónica, el número previsto sobre la base de los proyectos seleccionados a finales de 2017 es más del doble y alcanzó el 69,2 % del objetivo de 6 708 megavatios de capacidad adicional para finales de 2023;

185. Señala que el Reglamento sobre disposiciones comunes para el período 2014-2020 (Reglamento 1303/2013, artículo 71) no contempla disposiciones que definan la consecución de resultados y su sostenibilidad como criterios de durabilidad de las inversiones productivas del FEDER; toma nota de las observaciones del Tribunal sobre la sostenibilidad[97] y la calidad de estas inversiones y reitera su petición de que se incluya la consecución de resultados como una consideración clave para evaluar la durabilidad de los proyectos que permitirá valorar la medida en que una evolución económica positiva se ve favorecida por una recuperación económica general o por los fondos de la Unión;

Alcance y enfoque de la fiscalización

186. Toma nota de que el Tribunal examinó una muestra de 220 operaciones, concebida para que fuera estadísticamente representativa del conjunto de gastos con cargo a la subrúbrica 1b del MFP, que las autoridades de auditoría habían comprobado previamente;

187. Observa con preocupación que en esas 220 operaciones el Tribunal identificó y cuantificó 36 errores que no habían sido detectados por las autoridades de auditoría; teniendo en cuenta los 60 errores previamente hallados por las autoridades de auditoría y las correcciones realizadas por las autoridades responsables de los programas (por un valor total de 314 millones de euros para ambos períodos de programación), el Tribunal estimó que el nivel de error es del 5,0 %;

188. Señala que la Comisión no comparte la valoración del Tribunal respecto a tres errores significativos en el período de programación 2014-2020 y a dos errores en el correspondiente a 2007-2013; señala que la Comisión hace referencia a las diferentes interpretaciones de las normas nacionales o de la Unión aplicables que afectan al porcentaje de error calculado[98];

189. Expone con detalle que las principales fuentes de error se referían a los costes no subvencionables (37) y a la contratación pública (18), seguidas de la ausencia de justificantes esenciales (3);

190. Señala, asimismo, que hasta el final del ejercicio contable 2016-2017, se abonaron 2 900 millones de euros en concepto de anticipos para instrumentos financieros, de los cuales 2 300 millones de euros fueron declarados entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 (17 % del importe total de cofinanciación de la Unión abonado); durante el ejercicio contable 2016-2017, se desembolsaron a los beneficiarios finales 1 300 millones de euros (43 %);

191. Pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de quién se beneficia de los intereses acumulados sobre los 1 600 millones de euros aún no abonados a los beneficiarios y que a partir de ahora incluya esta información en sus informes anuales;

192. Observa que la auditoría del Tribunal abarcó desembolsos en favor de cinco instrumentos financieros (dos del período de programación 2014 a 2020 y tres del período de programación 2007 a 2013); toma nota de que el Tribunal examinó 30 garantías y 100 préstamos relacionados con estos cinco instrumentos a escala de los intermediarios financieros y detectó 14 casos de pagos no subvencionables a beneficiarios finales, relativos a tres de los instrumentos examinados por el Tribunal: se trataba de préstamos no admisibles o de beneficiarios finales no admisibles, y de desembolsos cancelados que el Estado miembro había registrado incorrectamente como abonados;

193. Observa que la DG de Política Regional y Urbana confirmó un porcentaje de error residual del 1,96 % para el ejercicio contable de 2016 a 2017, tras la finalización del ciclo de control nacional y de la Comisión, en todas las pruebas de auditoría disponibles en esta fecha y en los procedimientos contradictorios pendientes (planteamiento más prudente); la DG de Política Regional y Urbana calculó al mismo tiempo que el porcentaje confirmado podría alcanzar un máximo del 2,74 %;

194. Observa con preocupación la diferencia marcada entre los porcentajes de error estimados por el Tribunal y por la Comisión;

195. Observa, asimismo, que, para 2018, la Comisión ha introducido dos nuevos conceptos: «importe en situación de riesgo en el momento del pago»[99] e «importe en situación de riesgo al cierre»;

196. Señala que el «importe en situación de riesgo en el momento del pago» se basa en las cuentas transmitidas por los Estados miembros una vez que han deducido las correcciones financieras; expone, por consiguiente, que parece que la Comisión no dispone de información de primera mano sobre el importe en situación de riesgo en el momento del pago;

197. Señala, por otra parte, que el «importe en situación de riesgo al cierre» es una extrapolación basada en la experiencia de la Comisión;

198. Considera útil, en este contexto, recordar el artículo 247, apartado 1, letra b), inciso i), que obliga a la Comisión a presentar «una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión sobre la base de una metodología coherente y una estimación de las correcciones futuras; (...)»;

199. Expresa su preocupación por la conclusión del Tribunal de que, en la actualidad, la confianza en el trabajo realizado por varias autoridades de auditoría es limitada debido a las deficiencias en el método de muestreo aplicado por las autoridades de auditoría, la documentación de la pista de auditoría y el tratamiento de los errores; muestra su preocupación, asimismo, por que el Tribunal no pueda confiar en el porcentaje de error presentado por la Comisión, ya que se basa en gastos que aún no han superado el ciclo de control completo y estos gastos no coinciden con los auditados por el Tribunal;

200. Considera insatisfactorio que el Tribunal y la Comisión utilicen metodologías diferentes para elaborar sus opiniones respectivas en relación con la legalidad y la regularidad de las operaciones financieras; llegan, por consiguiente, a resultados distintos en relación con el porcentaje de error residual: ˃ 2 % (DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión & DG de Política Regional y Urbana), 5 % (Tribunal); solicita, en este sentido, que el Tribunal no facilite un porcentaje de error residual, sino un porcentaje de error en el momento del pago (antes de la aplicación de correcciones) a fin de mejorar la evaluación y el control del Parlamento;

201. Señala, por otra parte, que, además, la base de datos de ambas instituciones es diferente: mientras el Tribunal sigue un enfoque anual, la Comisión, en 2018, solo pudo verificar las cuentas 2016-2017 y sigue un enfoque plurianual;

Gestión financiera y controles internos

202. Señala que la DG de Política Regional y Urbana formula 30 reservas en relación con 30 programas operativos en el período de programación actual; para el período de programación 2007-2013 seguía habiendo 18 reservas;

203. Señala que, a final de 2018, la DG de Política Regional y Urbana notificó una finalización del 99 % de los planes de acción para cumplir las condiciones ex ante y que los planes de acción sin completar se redujeron a seis en 2018 (ocho en 2017); observa con preocupación que se adoptaron dos decisiones de suspensión y se enviaron dos cartas previas a la suspensión respecto a los planes que no se habían completado, lo que puede poner en riesgo la oportuna ejecución de los programas operativos, la mayoría de ellos en el sector medioambiental;

204. Pide a la Comisión que proceda a una simplificación real del procedimiento, en particular en lo que atañe a la documentación requerida para acceder a la financiación, sin perder de vista los principios de control y seguimiento;

205. Observa con preocupación que la aplicación de los Fondos Estructurales se está quedando rezagada y que la situación es incluso peor que en el momento comparable del período de programación anterior: que, en la actualidad, la tasa media de absorción es inferior al 40 %, y que este porcentaje se sitúa por debajo del 60 % en el mismo momento del período de programación 2007-2013[100];

206. Observa que el informe anual de actividades de 2018 de la DG de Política Regional y Urbana afirma que actualmente está previsto asignar 18 000 millones del FEDER y el Fondo de Cohesión, equivalentes al 7,2 % del total de las asignaciones, a través de instrumentos financieros;

207. Lamenta que el informe anual correspondiente a 2018 sobre los instrumentos financieros de los Fondos EIE no se haya publicado hasta enero de 2020; observa que, a finales de 2018, las contribuciones de los Fondos EIE a los instrumentos financieros ascendieron a 16 900 millones de euros, se pagaron 7 000 millones de euros a los instrumentos financieros de los Fondos EIE (en torno al 41 %) y 3 700 millones de euros se invirtieron en beneficiarios finales; pide a la Comisión que publique el informe anual de 2019 a más tardar en octubre de 2020, a fin de que sus conclusiones puedan integrarse en el informe sobre la aprobación de la gestión de 2019;

208. Recuerda su petición de que se permita que las autoridades de auditoría nacionales auditen los instrumentos financieros del presupuesto de la Unión, reduzcan el número de instrumentos financieros e introduzcan normas más estrictas en materia de elaboración de informes por parte de los gestores de los fondos, incluidos el grupo BEI y otras entidades financieras internacionales, en lo referente al rendimiento y los resultados logrados, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas[101];

209. Pone de relieve la necesidad de aumentar la transparencia, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la comunicación de información sobre el rendimiento y la sostenibilidad respecto de los instrumentos financieros ejecutados dentro y fuera de la Unión; pide a la Comisión que se asegure de que sus homólogos que ejecutan instrumentos financieros respaldados por el presupuesto de la Unión garanticen el máximo nivel de transparencia y rendición de cuentas;

210. Subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas[102];

211. Expresa su preocupación por que los compromisos atrasados al final del período de programación sean considerablemente más numerosos que al final del ejercicio anterior, provocando así posiblemente una nueva crisis de pagos;

212. Toma nota de que la DG de Política Regional y Urbana confirmó, para el ejercicio contable de 2016-2017, que las autoridades de auditoría indicaron unos porcentajes de error residual (incluso, en algunos casos, tras introducir ajustes sin un impacto importante) por debajo del umbral de importancia relativa en el caso de 135 programas operativos, y que hubo que revisar 29 por encima del 2 %;

213. Toma nota, asimismo, de que la DG de Política Regional y Urbana aceptó 242 de las 258 cuentas certificadas correspondientes al ejercicio 2017-2018; y no aceptó 16; subraya, en este contexto, que el Tribunal no examinó las cuentas correspondientes a dicho período, ya que las verificaciones no se completaron;

214. Observa que los ámbitos más expuestos al fraude en la política estructural y de cohesión son las infraestructuras (34 %), el medio ambiente (13 %) y la investigación (13 %), y que los casos de fraude se refieren a las normas de contratación pública (52 %), los gastos irregulares (14 %) y los conflictos de intereses (8 %);

Irregularidades graves y malversación de fondos en los Estados miembros

215. Toma nota de que el informe final de auditoría de la DG de Política Regional y Urbana sobre la República Checa se filtró a los medios sin autorización; fue informado de que la Comisión llevó a cabo auditorías exhaustivas relativas a la aplicación del Derecho de la Unión y del Derecho nacional, comprobando exhaustivamente no solo la regularidad de las operaciones, sino también el cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión en materia de conflictos de intereses; señala que la Comisión informó a la comisión competente del Parlamento en una reunión a puerta cerrada celebrada en diciembre de 2019 sobre los resultados de las auditorías llevadas a cabo por la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo; pide a la Comisión que mantenga informada sin demora a la autoridad de aprobación de la gestión y a la comisión o comisiones competentes del Parlamento acerca de cualquier novedad, y que garantice un seguimiento adecuado de las conclusiones;

216. Lamenta que los auditores hayan detectado deficiencias graves en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control en el ámbito de los fondos regionales y de cohesión y sugiere, por tanto, una corrección financiera de casi el 20 %; pide a la Comisión que evalúe de forma crítica si estos casos constituyen un uso indebido sistémico de los fondos de la Unión; espera que la Comisión adopte un mecanismo adecuado para evitar futuras deficiencias;

217. Lamenta asimismo las indicaciones iniciales de que los auditores de la Comisión habían detectado graves casos de conflictos de intereses relacionados con el Gobierno checo; entiende, no obstante, que la legislación nacional checa en materia de conflictos de intereses no sanciona la concesión de fondos públicos a funcionarios públicos antes de febrero de 2017; observa que hasta el momento no se ha declarado ningún gasto para 2018; espera que la Comisión haga todo lo que esté a su alcance para concluir el proceso de manera eficiente y oportuna y que adopte sin dudar todas las medidas correctoras necesarias; a la luz de los informes sobre las graves preocupaciones por los conflictos de intereses relacionados con el Gobierno checo detectados en las auditorías llevadas a cabo por la Comisión, insta a la Comisión a que informe con detalle al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación;

218. Acoge con satisfacción que la Comisión haya informado a su comisión competente de que la DG de Política Regional y Urbana introdujo correcciones financieras de más de 1 500 millones de euros de programas del período 2007-2013 en Hungría en los que detectó irregularidades y que este importe afecta a los siguientes programas operativos:

 

- 2007HU161PO001  Desarrollo económico  275 millones de euros

- 2007HU161PO002  Medio ambiente y energía  254 millones de euros

- 2007HU161PO007 Transporte   371 millones de euros

- 2007HU161PO008  Infraestructura social   120 millones de euros

- Siete programas operativos regionales  473 millones de euros

- 2007HU161PO010  Ejecución   75 millones de euros

219. Reconoce el excelente trabajo de auditoría realizado por la Comisión para detectar riesgos sistémicos y fuentes de error; celebra las correcciones financieras impuestas; señala con preocupación la considerable cantidad de tiempo que hace falta para recuperar fondos desembolsados irregularmente; pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre sus conclusiones respecto a los riesgos sistémicos y las estructuras oligárquicas en mayor detalle;

220. Lamenta que los auditores de la Comisión hayan detectado deficiencias graves en el funcionamiento del sistema de gestión y control en el ámbito de los Fondos EIE por lo que respecta al control de los procedimientos de contratación pública;

221. Recuerda que se ha aplicado una corrección financiera a tanto alzado del 10 % en relación con todos los programas operativos;

222. Recuerda la corrección financiera del 25 % en los contratos marco del sector hídrico en el programa operativo Ambiente y Eficiencia Energética como consecuencia de irregularidades en la contratación pública;

223. Recuerda la corrección financiera a tanto alzado del 10 % en el programa operativo Desarrollo Territorial y de Asentamientos como consecuencia de deficiencias durante la selección de proyectos;

224. Toma nota, asimismo, de que la DG de Política Regional y Urbana aún no ha cerrado preliminarmente los programas relativos a la administración electrónica, lo que podría implicar correcciones adicionales;

225. Señala con preocupación que el nivel de irregularidades apuntan a la existencia de un problema sistémico en los programas operativos de Hungría que se remonta a 2007; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al público en general de su propia valoración de la razón que explica este nivel de irregularidades; indica que la sanción a tanto alzado del 10 % por la mala gestión de los programas operativos no es una solución a largo plazo al elevado nivel de irregulares detectadas y que sin mecanismos de control y vigilancia mejorados y adecuados este nivel no puede reducirse;

226. Pide a la Comisión que, en el caso de los programas señalados anteriormente, fije un calendario claro desde el inicio del proyecto hasta la recuperación de los fondos, explicando las distintas etapas;

227. Pregunta a la Comisión cómo se consignarán estas recuperaciones en el presupuesto, ya que afectan a programas del período de programación anterior 2007-2013;

228. Recuerda su posición favorable al establecimiento de un mecanismo en virtud del cual los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea pueden sufrir consecuencias jurídicas y financieras significativas;

Recomendaciones

229. Pide a la Comisión que:

- amplíe la información sobre el impacto y la sostenibilidad de las inversiones de la Unión para mostrar el valor añadido de la Unión derivado de los fondos de la Unión;

- redoble esfuerzos para mejorar los actuales marcos de control y garantía con vistas al establecimiento de una cadena de auditoría única;

- presente en su informe anual de gestión y rendimiento una cifra correspondiente al nivel de error en el momento del pago (antes de ser corregido a escala nacional) y calcule la corrección futura;

- continúe su cooperación con el Tribunal para seguir armonizando las metodologías de auditoría y la interpretación de los textos jurídicos;

 - publique sus propuestas de recomendaciones específicas por país en el marco de la estrategia del Semestre Europeo;

- preste mayor atención y asigne más apoyo técnico a los Estados miembros cuyos sistemas de gestión y control solo son parcialmente fiables o nada fiables, cuando haya un mayor riesgo de fraude y corrupción asociado a los fondos, y especialmente a los Estados miembros que no se adhirieron a la Fiscalía Europea;

- anime encarecidamente a los Estados miembros a que se adhieran a la Fiscalía Europea;

- preste especial atención a los contratos marco adjudicados a través de procedimientos de contratación pública, ya que el fraude y la corrupción asociados a ellos representan un riesgo cada vez mayor para los intereses financieros de la Unión;

- reduzca los compromisos atrasados en el plazo más breve posible;

 - reduzca la liberación automática de créditos para el período de programación 2021-2027 de n+3 años a n+2 años a fin de presionar a los Estados miembros para que apliquen rápidamente los programas;

- imponga correcciones financieras por los errores detectados por el Tribunal de acuerdo con las disposiciones jurídicas pertinentes;

- especifique en los informes anuales de actividad cómo se reutilizaron los importes efectuados mediante las correcciones financieras a posteriori impuestas por los Estados miembros y por la Comisión, especialmente en los casos en que se detectaron fraude, corrupción u otra actividad delictiva;

- especifique en los informes anuales de actividad si los Estados miembros afectados reutilizaron las correcciones financieras a posteriori impuestas por los Estados miembros y por la Comisión y de qué forma;

- publique sin demora el informe anual de 2020 sobre los instrumentos financieros de los Fondos EIE;

- aumente la transparencia permitiendo la búsqueda de adjudicatarios en TED, el sitio web de contratación pública electrónica de la Unión;

- anime a todos los Estados miembros a que utilicen el programa informático ARACHNE para detectar y solucionar los riesgos de fraude;

- proporcione apoyo y orientación adicionales a los Estados miembros a través de sus distintos mecanismos, incluida la asistencia técnica a su disposición y un grupo de trabajo específico, para reforzar la capacidad administrativa de cara a la absorción de fondos de la Unión y a una transición fluida del período de programación actual al próximo;

-  armonice los períodos contables de los Fondos Estructurales con los del Tribunal;

-  vele por que la retención del 10 % sobre los pagos intermedios se mantenga durante el período de programación 2021-2027 y por que, en los casos en que se considere que los programas representan un riesgo elevado para los intereses financieros de la Unión, los importes retenidos se liberen una vez que se hayan completado todas las verificaciones y se alerte al órgano de gestión competente a tiempo con respecto a la situación;

-  desarrolle directrices comunes para los conflictos de intereses de políticos de alto nivel; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen instrumentos legales eficaces para evitar fomentar estructuras oligárquicas que utilicen fondos de cohesión de la Unión;

-  considere la introducción de una gestión directa en lugar de una gestión compartida en caso de uso indebido intencionado de fondos para el nuevo MFP;

230. Solicita al Tribunal que en su informe anual dedique más espacio al rendimiento, sobre el cual los informes especiales del Tribunal son una fuente importante de información; acoge con satisfacción, en este contexto, las propuestas presentadas por el Tribunal en noviembre de 2019 durante la visita de la Comisión de Control Presupuestario;

 

Recursos naturales

Cumplimiento

231. Toma nota que, en el caso del ejercicio 2018, el Tribunal calcula un nivel de error del 2,4 % para la rúbrica «Recursos naturales» en su conjunto, todavía superior al umbral de importancia relativa del 2 %;

232. Destaca que unas condiciones de elegibilidad complejas aumentan el riesgo de error en el desarrollo rural, las medidas de mercado, la pesca, el medio ambiente y la acción por el clima; observa que estos ámbitos equivalen a alrededor de una cuarta parte del presupuesto de «Recursos naturales»;

233. Toma nota de que, de los 156 pagos examinados por el Tribunal en los ámbitos de mayor riesgo, un cuarto se vio afectado por errores, y que las principales causas de error guardaban relación con las condiciones para conceder subvenciones, la contratación pública o las normas de concesión de subvenciones, así como con información inexacta sobre las superficies;

234. Acoge con satisfacción que, en el caso del presupuesto correspondiente a los pagos directos con cargo al FEAGA (72 % del epígrafe «Recursos naturales»), el Tribunal estima que el nivel de error en este ámbito es inferior al umbral de importancia relativa del 2 %;

235. Señala que, de los 95 pagos directos auditados por el Tribunal, el 81 % no incluían errores y que la mayoría de los errores fueron sobrepagos de poca importancia, por debajo del 5 % del importe, debido principalmente a que los agricultores facilitaron información inexacta sobre las superficies;

236. Destaca que los resultados positivos en el ámbito de los pagos directos con cargo al FEAGA se deben principalmente a la calidad del sistema integrado de gestión y control (SIGC), el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP), la solicitud de ayuda geoespacial y los controles cruzados preliminares de las solicitudes de los agricultores;

237. Observa que, según el Tribunal, las cifras presentadas por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento son coherentes con las conclusiones de su auditoría;

238. Señala que en 2018, la DG de Agricultura y Desarrollo Rural realizó visitas de control a 17 organismos de certificación y constató que la mayoría de ellos necesitan mejoras, por lo que no puede confiarse mucho en el trabajo de la mayoría de los organismos de certificación en lo que respecta a la verificación de la legalidad y la regularidad; señala, en especial, que se detectaron deficiencias, en particular en relación con la metodología de muestreo y el alcance de los controles de admisibilidad;

Rendimiento

239. Toma nota de que, en general, las acciones de desarrollo rural se habían llevado a cabo según lo previsto y de que los Estados miembros habían verificado el carácter razonable de los costes;

240. Señala que, en algunos proyectos, las opciones de costes simplificados, como importes a tanto alzado o tipos fijos, pueden facilitar la gestión y mantener los gastos bajo control;

241. Lamenta que las autoridades nacionales hayan hecho poco uso de las opciones de costes simplificados, a pesar de que podrían haber sido útiles en aproximadamente un tercio de los proyectos visitados por el Tribunal; observa, sin embargo, los esfuerzos de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural para ayudar a los Estados miembros a superar las dificultades y los problemas que se encuentran al introducir opciones de costes simplificados;

242. señala con preocupación que el Tribunal sigue detectando deficiencias en el uso de indicadores de resultados en relación con el marco común de seguimiento y evaluación de la PAC (CMEF);

243. Lamenta, en particular, que el Tribunal constatara que cerca de un tercio de las acciones de desarrollo rural no tuviera un indicador de resultados relevante en el CMEF y que, cuando se definieron, los indicadores no siempre estuvieran relacionados con los objetivos de los ámbitos prioritarios;

244. Recomienda que:

- la Comisión evalúe la eficacia de las acciones de los Estados miembros para abordar las causas subyacentes de esos errores y, en caso necesario, formule nuevas orientaciones;

- los organismos de certificación mejoren sus procedimientos de modo que la Comisión pueda utilizar plenamente su trabajo como fuente primaria de garantías sobre la regularidad del gasto de la PAC;

- la Comisión aborde las deficiencias detectadas por el Tribunal en relación con el marco común de seguimiento y evaluación en el contexto de su propuesta de nueva PAC;

Indicadores Clave de Rendimiento (ICR)

245. Recuerda que uno de los principales objetivos de la PAC es proporcionar estabilidad de ingresos a los agricultores y apoyar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, así como estimular el crecimiento y las inversiones en todo el territorio de la Unión;

246. Observa con gran preocupación que, como en los años anteriores, según el Informe anual de actividades correspondiente a 2018 de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, la renta de los factores agrícolas por unidad de trabajo a tiempo completo se ha recuperado en términos reales, pero los ingresos se sitúan generalmente por debajo de los salarios en el conjunto de la economía; pide a la Comisión que aborde esta situación con absoluta seriedad, teniendo presentes las consecuencias de que los salarios de los agricultores sean generalmente inferiores, en especial en las zonas rurales menos desarrolladas;

247. Toma nota de que el empleo en las zonas rurales de la Unión ha aumentado por encima de su nivel anterior a la crisis de 2008: 67,7 %;

248. Señala que el indicador clave de rendimiento relacionado con la tasa de empleo rural no solo está determinado por el factor de la PAC;

249. Señala con profunda preocupación que, según el informe anual de actividades de 2018 de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, la población activa de en la PAC no ha dejado de disminuir y ha pasado de 11 595 (1 000 unidades de trabajo anuales) en 2008 a 9 363 (1 000) unidades de trabajo anuales en 2017 (página 22);

250. Toma nota de la tendencia positiva comunicada por la Comisión en cuanto al indicador clave de rendimiento relativo a la proporción mínima de tierras en las que se realizan prácticas medioambientales específicas;

251. Subraya, no obstante, que la Comisión concluyó, en el documento de trabajo de sus servicios 2018/478 final (páginas 55 y 56), que, a pesar de los objetivos de las medidas de ecologización establecidas en el Reglamento sobre pagos directos, los objetivos medioambientales y climáticos no han sido, en general, un factor importante en las decisiones de ejecución de los Estados miembros; los Estados miembros no utilizan esta flexibilidad para maximizar los beneficios medioambientales y climáticos; parece que las decisiones se han guiado más bien por cuestiones administrativas y por consideraciones agrícolas, entre ellas el deseo de garantizar una perturbación mínima de las prácticas agrícolas[103];

252. Lamenta que el Tribunal haya detectado de nuevo, al igual que en informes anteriores, deficiencias en el uso de los indicadores de resultados, incluidas lagunas en la calidad de dichos indicadores[104]; subraya que, si se quiere lograr el cambio propuesto a una PAC basada en el rendimiento, será necesario desarrollar un conjunto completo de indicadores de resultados comunes y aplicarlo de forma exhaustiva;

253. Pide a la Comisión que garantice que la financiación de la PAC se ajuste a los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París;

254. Lamenta, en particular, que la Comisión haya tenido que concluir que los efectos globales de las medidas de ecologización, tal como se aplican actualmente, en las prácticas de gestión de las explotaciones y en el medio ambiente/clima, son inciertos, pero parecen ser bastante limitados, aunque existen variaciones entre los Estados miembros, y que la medida de diversificación de cultivos ha dado lugar a un aumento de la diversidad en un 0,8 % aproximadamente de la superficie de cultivo[105];

255. Señala que la ecologización de la PAC no consiguió su objetivo original de mejorar el comportamiento medioambiental y quedó reducida a un régimen de ayuda a la renta debido a la persistencia del sistema de pagos por hectárea; y recuerda que, según el Informe Especial n.° 21/2017 del Tribunal, provocó un importante riesgo de inercia y de doble financiación;

256. Señala con preocupación que, si bien las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura han disminuido sustancialmente entre 1990 y 2010, esta tendencia se ha interrumpido y que las emisiones aumentaron entre 2016 y 2017 en el momento en que se ejecutó la ecologización (véase la respuesta a la pregunta escrita n.° 9);

Reparto más justo de los recursos de la PAC

257. Insiste en que las explotaciones más grandes no necesitan forzosamente el mismo grado de apoyo que las pequeñas para la estabilización de la renta agrícola en épocas de crisis de volatilidad de los ingresos, pues pueden beneficiarse de posibles economías de escala que pueden hacerlas más resilientes; considera que la Comisión debe tomar medidas para velar por que los fondos de la PAC se distribuyan de manera ponderada, por ejemplo que los pagos por hectárea sigan una escala descendente proporcional al tamaño de la explotación;

258. Insiste en que en el nuevo sistema de ejecución se adopte un indicador de resultados específico denominado «Redistribución a las explotaciones más pequeñas»;

259. Insta a la Comisión a que vele por que la PAC se asigne equitativamente a los agricultores activos y no dé lugar a transacciones de tierras que beneficien a un grupo selecto de personas con conexiones con el mundo político, conocidas a menudo como «los oligarcas»; pide a la Comisión que haga balance de las infracciones, las elusiones y las consecuencias no intencionadas de las actuales normas de asignación de la PAC; señala la importancia de un sistema de gobernanza sólido y transparente y pide además a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para prevenir y detectar el fraude;

260. Manifiesta su preocupación por los recientes informes sobre presuntos casos de conflictos de intereses a alto nivel y de acaparamiento de tierras en algunos Estados miembros; señala que, por lo que respecta a la propiedad de la tierra, corresponde ante todo a las autoridades competentes de los Estados miembros actuar y poner en marcha los sistemas necesarios para prevenir y evitar el fraude; destaca que deben dirigirse a la OLAF y a la Fiscalía Europea todas las acusaciones o sospechas relacionadas con el fraude y el uso indebido o incorrecto de los fondos de la Unión; señala, a este respecto, la importancia de un sistema de gobernanza sólido y transparente y pide además a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para prevenir y detectar el fraude;

261. Toma nota de la propuesta de la Comisión de un nuevo modelo de aplicación que incluya un límite máximo combinado con un mecanismo de regresividad para velar por que los fondos de la PAC se distribuyan de manera ponderada, como, por ejemplo, que los pagos por hectárea sigan una escala descendente proporcional al tamaño de la explotación; opina que una limitación de pagos, con la introducción de una compensación laboral previa, es insuficiente para garantizar una asignación más justa de los pagos directos; apoya además la idea de un mecanismo de redistribución; insta a la Comisión a que incluya una propuesta de importe máximo de pagos directos por persona física como titular efectivo de una o más empresas; subraya que no debe ser posible recibir subvenciones de la Unión que asciendan a números de tres cifras en millones de euros para un período del MFP;

Reservas formuladas por el director general de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural

262. Hace suyas las reservas emitidas por el director general de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural en el informe anual de actividades de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural de 2018 (página 145);

Chequia

263. Toma nota de que (véanse las respuestas a las preguntas escritas n.° 3 y n.° 18 de la audiencia de la Comisión de Control Presupuestario al director general de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural del 17 de octubre de 2019):

- la Comisión lleva a cabo actualmente un seguimiento de las alegaciones de conflicto de intereses en la República Checa con arreglo al artículo 61 del Reglamento Financiero. Entre enero y febrero de 2019, varios servicios de la Comisión realizaron una auditoría coordinada (DG de Agricultura y Desarrollo Rural/DG de Política Regional y Urbana/DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). La DG de Agricultura y Desarrollo Rural auditó las medidas de inversión en el marco del desarrollo rural;

- la investigación de la Comisión sigue su curso y, como medida cautelar y hasta que se aclare la situación, no se realizan pagos del presupuesto de la Unión con cargo a los Fondos EIE a empresas que son directa o indirectamente propiedad del primer ministro Babiš que pudieran verse afectadas por el supuesto conflicto de intereses;

- en relación con el Fondo de Desarrollo Rural, la Comisión no reembolsa a las autoridades checas los importes relativos a los proyectos Agrofert que pudieran verse afectados por el supuesto conflicto de intereses;

264. Manifiesta su preocupación por que (véase la respuesta a la pregunta escrita n.° 3 de la audiencia de la Comisión de Control Presupuestario al director general de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural del 17 de octubre de 2019):

265. Pide a la Comisión que, en caso de incumplimiento de las normas, tome las medidas adecuadas para proteger el presupuesto de la Unión, incluidas medidas correctoras relacionadas con lo ocurrido en el pasado cuando así esté previsto;

266. Pide a la Comisión que supervise con atención el actual proceso en la República Checa, prestando especial atención a los pagos a las empresas propiedad directa e indirecta del primer ministro o de otros miembros del Gobierno checo;

267. Pide a la Comisión que supervise con atención el proceso de recuperación de los fondos utilizados indebidamente para garantizar que la República Checa apruebe disposiciones legales para aplicar medidas correctivas a los responsables del uso indebido de los fondos de la Unión;

268. Pide a la Comisión que informe inmediatamente a la comisión competente del Parlamento y a la opinión pública sobre todos los resultados de las auditorías en el marco del pleno respeto de los principios de transparencia y seguridad jurídica que forman parte de los principios del Estado de Derecho; pide a la Comisión que informe a la comisión competente del Parlamento si persiste algún posible conflicto de intereses en relación con el Gobierno checo después de que se hayan completado oficialmente las auditorías o si las autoridades checas se resisten a aplicar medidas correctivas por motivos políticos o de otro tipo no legales;

269. Pide a la Comisión que examine atentamente si la situación política en la República Checa respeta plenamente los principios del Estado de Derecho y que tome medidas razonables para proteger el Estado de Derecho como uno de los principios clave de la Unión, si considera que este principio se ve amenazado;

Eslovaquia

270. Pide a la Comisión que examine atentamente las respuestas dadas en agosto de 2019 por las autoridades eslovacas sobre las medidas legislativas que están adoptando para mejorar la corrección y transparencia del catastro, el seguimiento de las acusaciones de fraude, las recuperaciones y la nueva metodología aplicada por el organismo pagador eslovaco (APA) para el tratamiento de las solicitudes duplicadas;

271. Pide a la Comisión que siga manteniendo oportunamente informado al Parlamento sobre la evolución de los expedientes en la República Checa y en Eslovaquia;

Hungría

272. Observa que, en lo que se refiere a Hungría, y a raíz de los resultados de las investigaciones de la OLAF, las auditorías de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural de 2015 y 2017 pusieron de manifiesto una falta de verificación sistemática de los conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco del programa de desarrollo rural 2007-2013;

273. Acoge con satisfacción que:

- la Comisión haya decidido aplicar correcciones financieras por un total de unos 6,5 millones de euros;

- las autoridades húngaras se hayan comprometido a subsanar la situación del período de programación 2014-2020, incluida la designación de una sociedad de auditoría que lleve a cabo la revisión de los procesos de contratación pública;

274. Pide a la DG de Agricultura y Desarrollo Rural que siga de cerca la situación en Hungría y que informe oportunamente al Parlamento sobre dicho seguimiento;

Acaparamiento de tierras

275. Observa con preocupación que, en sus respuestas a la pregunta escrita n.° 41, formulada por el director general de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural en la audiencia de la Comisión de Control Presupuestario de 17 de octubre de 2019, la Comisión afirma que con arreglo a la legislación de la Unión, los beneficiarios que tienen derecho a pagos son aquellos que explotan las tierras. Las parcelas declaradas por los beneficiarios deben estar a disposición del agricultor en una fecha de referencia determinada fijada por un Estado miembro y, en caso de ocupación de las tierras por la fuerza, se trataría de un problema relacionado con el Estado de Derecho y el sistema judicial del Estado miembro debería actuar. La Comisión puede ayudar al Estado miembro, si es necesario. Algunos Estados miembros han pedido a los beneficiarios que presenten pruebas de que legalmente tienen derecho a cultivar la tierra. Otros no lo han hecho. Corresponde a los Estados miembros regular este asunto;

276. Manifiesta su profunda preocupación por graves acusaciones de acaparamiento de tierras, en ocasiones con el apoyo de estructuras oligárquicas y con la posible facilitación por gobiernos y autoridades públicas en algunos Estados miembros; pide a la Comisión que elabore directrices comunes para los conflictos de intereses de políticos de alto nivel; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen instrumentos legales eficaces para respetar el Estado de Derecho y evitar fomentar estructuras oligárquicas que utilicen fondos agrícolas de la Unión; reconoce las medidas emprendidas por la Comisión para mejorar, por ejemplo, el sistema de identificación de parcelas agrícolas en algunos Estados miembros y la imparcialidad del trabajo de los organismos pagadores y las autoridades de auditoría;

277. Lamenta que parece desprenderse de la respuesta dada por la Comisión que, para los servicios de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, el respeto del Estado de Derecho es una cuestión que incumbe en primer lugar a los Estados miembros;

278. Pide a la Comisión que presente una propuesta de modificación de las normas de la PAC con el fin de evitar que se concedan fondos de la Unión cuando las tierras hayan sido ocupadas por la fuerza o adquiridas de forma ilegal o fraudulenta, o cuando se haya declarado falsamente su posesión, posiblemente sin que tuvieran conocimiento de ello los verdaderos propietarios, o, en el caso de terrenos propiedad del Estado, los entes públicos de que se trate;

279. Pide a la Comisión que establezca un mecanismo que garantice que los agricultores o beneficiarios interesados tengan la oportunidad de presentar una denuncia ante la Comisión en caso de acaparamiento de tierras, y que puedan beneficiarse de los mecanismos de protección adecuados;

280. Pide a la Comisión que vele por que el Estado de Derecho se aplique en todos los Estados miembros y que garantice que el sistema jurídico pueda trabajar de manera independiente para garantizar investigaciones independientes de los asuntos judiciales; acoge favorablemente la aplicación de posibles condiciones más estrictas a la financiación de la PAC;

281. Pide a la Comisión que revise y analice la legislación y las políticas de los Estados miembros para prevenir el acaparamiento de tierras y que elabore orientaciones sobre mejores prácticas; pide a los Estados miembros que apliquen buenas prácticas legislativas destinadas a limitar el acaparamiento de tierras; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para prevenir y detectar el fraude; insta a los Estados miembros, junto con la Comisión, a que desarrollen instrumentos legales adecuados a nivel de la Unión para prevenir el acaparamiento de tierras;

282. Recuerda la posición del Parlamento[106] con respecto a la concentración de tierras agrícolas y reitera su petición a la Comisión de que establezca un servicio de observación para la recogida de información y datos sobre la concentración y la titularidad de las tierras agrícolas en toda la Unión; pide a la Comisión que utilice y combine los sistemas y bases de datos a su disposición para identificar a los titulares reales finales en el caso de las explotaciones agrícolas que forman parte de una estructura empresarial más amplia; toma nota del desarrollo de un registro de empresas a escala de la Unión, vinculando así explotaciones agrícolas con un identificador empresarial único a nivel de la Unión con el fin de distinguir mejor el destino final de los fondos de la PAC;

Régimen para jóvenes agricultores

283. Acoge con satisfacción que, según la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita n.° 39, los datos provisionales sugieren que el número total de beneficiarios ha aumentado en el año de solicitud 2018 en un 28 %, pasando de 364 153 a 466 006. El importe total aumentó un 53 %, pasando de 390 millones de euros en 2017 a 600 millones en 2018 (datos AGRIVIEW DATOS);

284. Lamenta, en lo que respecta a la ayuda a los jóvenes agricultores a través de programas de desarrollo rural, que el Tribunal llegase a la conclusión en su Informe especial n.° 10/2017 de que las medidas se basan en general en una vaga evaluación de las necesidades y de que no existe una verdadera coordinación entre los pagos del primer pilar y la ayuda del segundo pilar a los jóvenes agricultores;

285. Pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal en relación con el período de programación posterior a 2020 y que, en particular, adopte (o exija a los Estados miembros que indiquen, con arreglo a las disposiciones sobre gestión compartida) una lógica de intervención clara para los instrumentos políticos dedicados al relevo generacional en la agricultura; propone que la lógica de intervención conste de:

- una buena evaluación de las necesidades de los jóvenes agricultores;

- una evaluación de las necesidades que podrían ser abordadas por los instrumentos políticos de la Unión y de las que pueden ser o ya son mejor atendidas por las políticas de los Estados miembros, así como un análisis de las formas de apoyo (por ejemplo, pagos directos, cantidades fijas únicas e instrumentos financieros) que mejor se adecuan a las necesidades identificadas;

- una definición de objetivos inteligentes, que explicite y cuantifique los resultados esperados de los instrumentos políticos en cuanto a la tasa prevista de relevo generacional y la contribución a la viabilidad de las explotaciones subvencionadas;

Europa global

Valoración del Tribunal

286. Acoge con satisfacción la evolución positiva del porcentaje de error residual según lo establecido en los estudios sobre la materia encargados por la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y la DG de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación[107];

287. Observa con preocupación que, en el estudio de la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación sobre el porcentaje de error residual, de acuerdo con el Tribunal:

- hay margen para mejorar el grado de discreción otorgado a los auditores al estimar los errores de las distintas operaciones;

- el número de operaciones a las que no se habían aplicado pruebas de confirmación por haber confiado plenamente en trabajo de control anterior se duplicaron en 2018 en comparación con 2017;

- un exceso de confianza en el trabajo de auditoría de terceros podría afectar a la consecución del principal objetivo del estudio del porcentaje de error residual, repercutiendo en dicho porcentaje;

288. Observa con profunda preocupación, en lo que se refiere al estudio de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo sobre el porcentaje de error residual, que:

- el estudio del porcentaje de error residual no constituye un encargo de fiabilidad ni una auditoría;

- el contratista del porcentaje de error residual tiene un margen significativo de interpretación y el contrato del estudio sobre dicho porcentaje solo se celebra para un año cada vez, por lo que el contratista y el enfoque pueden cambiar cada año;

- el Tribunal ha identificado deficiencias, como los escasos controles sobre el terreno realizados con respecto a las operaciones, los controles incompletos de los procedimientos de contratación pública, las convocatorias de propuestas y la estimación de los errores;

- el Tribunal encontró errores e incoherencias en el cálculo y en la extrapolación de los errores individuales;

- el Tribunal también observó errores en los documentos de trabajo del contratista, como errores aritméticos y el hecho de que los controles no abarcaban todos los criterios de subvencionabilidad del gasto;

- en caso de que no se realicen pruebas sustantivas debido a la dependencia del control anterior, los errores identificados por los controles anteriores no se extrapolaban a la parte no verificada del gasto; lo que reduce la tasa de error;

289. Toma nota de que el Tribunal consideró que el número de operaciones auditadas en 2018 no era suficiente para estimar el nivel de error y que adoptó esta decisión en el marco de su estrategia general de reducción de sus pruebas sustantivas y de basarse parcialmente en los llamados «trabajos de otros»; propone al Tribunal que aumente el número de operaciones auditadas con el fin de proporcionar un nivel estimado de error para el capítulo «Europa global»;

290. Lamenta que el Tribunal considerase que el número de operaciones auditadas en 2018 no era suficiente para estimar el nivel de error y que adoptase esta decisión en el marco de su estrategia general de reducción de sus pruebas sustantivas y de basarse parcialmente en los llamados «trabajos de otros»;

291. Señala que de las 58 operaciones examinadas por el Tribunal, 11 adolecían de errores y que el Tribunal detectó cinco errores cuantificables que tuvieron una incidencia financiera en el importe imputado con cargo al presupuesto de la Unión;

292. Observa con preocupación que, a pesar de las buenas puntuaciones en términos de porcentaje de error, la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo, en su informe anual de actividades de 2018:

- señala que, en lo que a las subvenciones de gestión directa se refiere, el 4,64 % del importe total auditado en 2018 fue definido como no subvencionable por los auditores externos (página 57);

- señala que, en relación con la gestión indirecta con los países beneficiarios, el 3,77 % de la cantidad no es subvencionable (página 66);

293. lamenta la falta de cooperación con el Tribunal por parte de dos organizaciones internacionales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos, en lo que a la transmisión puntual de documentos justificativos se refiere;

294.  Lamenta que el Tribunal haya constatado que, pese a los esfuerzos de DG de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas por excluir del cálculo las recuperaciones de importes de prefinanciación, las órdenes de recuperación canceladas y los intereses devengados, la fiabilidad de la cifra de 2018 adolece de errores no detectados que han dado lugar a la sobrevaloración de su capacidad correctora;

295. Señala que la primera reserva incluida en el informe anual de actividades de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo para 2018 se refiere a las subvenciones gestionadas por la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación en nombre de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo, y que el alcance de esta reserva se ha reforzado considerablemente en 2017 y 2018, lo que se debe en parte a que el porcentaje de error residual se ha situado por debajo del umbral de importancia relativa durante tres años consecutivos;

296. Toma nota con profunda preocupación de que, a la luz de las limitaciones del estudio sobre el porcentaje de error residual, el escaso margen de esta reserva no está suficientemente justificado;

297. Reitera su apoyo a las acciones multimedia de la Comisión, que contribuyen a la cobertura mediática independiente sobre los asuntos de la Unión y ayudan al fomento de una esfera pública europea; expresa, no obstante, su alarma por las conclusiones del análisis rápido del Tribunal de Cuentas Europeo sobre Euronews, que pone de relieve la falta de transparencia y de rendición de cuentas de la ayuda financiera de la Unión a Euronews y una falta de fiabilidad de los mecanismos de seguimiento y evaluación; insta, por tanto, a la Comisión a que responda a todas las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas Europeo y a que reconsidere su planteamiento de la cooperación con Euronews; insta asimismo a la Comisión a que aumente la transparencia y la rendición de cuentas generales en relación con el uso del presupuesto para acciones multimedia, en particular mediante la creación de líneas presupuestarias específicas y la realización de una revisión integral de la utilización de la línea presupuestaria relativa a las acciones multimedia;

Informe sobre la gestión de la ayuda exterior

298. Lamenta una vez más que los informes sobre la gestión de la ayuda exterior presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión no se hayan adjuntado a los informes anuales de actividad de 2018 de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, conforme a lo establecido en el artículo 76, apartado 3, del Reglamento Financiero;

299. Acoge con satisfacción la opinión expresada por la Comisión[108] en el sentido de que el informe sobre la gestión de la ayuda exterior puede ser compartido por los diputados, los funcionarios del Parlamento, el Consejo y el Tribunal por cualquier medio (correo electrónico, copias) y de que no existe ninguna obligación de consultar esos documentos en un local seguro;

Mayor transparencia y enfoque de carácter más estratégico de la política de cooperación para el desarrollo

300. Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del FED, el presupuesto de la Unión y otros donantes en fondos fiduciarios no debería tener como consecuencia que el dinero destinado a la política de cooperación y desarrollo no llegue a sus beneficiarios previstos;

301. Destaca que el creciente uso de mecanismos financieros, junto con el presupuesto de la Unión, para la ejecución de las políticas de la Unión en terceros países puede comprometer el nivel de rendición de cuentas y de transparencia con respecto a la acción de la Unión; insta a la Comisión a que vele por que la prestación de ayuda exterior esté sujeta al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos en los países beneficiarios; destaca, en particular, la necesidad de garantizar que ningún fondo de la Unión apoye el trabajo forzoso infantil y que ningún fondo de la Unión se utilice para financiar libros de textos y material didáctico que inciten a la radicalización religiosa, la intolerancia, la violencia étnica y el martirio entre los niños;

302. Se muestra preocupado por que todavía no se haya retirado el material problemático en los manuales escolares palestinos y por el persistente fracaso en actuar de forma eficaz contra la incitación al odio y la violencia en los manuales escolares; insiste en que los salarios de los profesores y los funcionarios del sector educativo financiados a partir de fondos de la Unión, como PEGASE, se utilicen para elaborar e impartir planes de estudios que reflejen los estándares de paz, tolerancia, coexistencia y no violencia de la Unesco, como dictaminaron los ministros de Educación de la Unión en París el 17 de marzo de 2015 y la Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, en su sección III – Comisión [2017/2136(DEC)];

303. Señala que la Comisión podrá utilizar fondos de la Unión con fines de seguridad con el fin de alcanzar una cooperación al desarrollo más eficaz; deben garantizarse una base jurídica adecuada y la plena transparencia de las acciones financiadas;

304. Muestra su preocupación por que, debido a los riesgos para la seguridad, en muchos países, como ocurre, por ejemplo, en Libia, a menudo los auditores no son capaces de verificar que los receptores de los fondos de la Unión respetan unas normas estrictas en materia de derechos humanos; pide a la Comisión que garantice que el FED y el presupuesto de la Unión no financien, a través del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión, proyectos ejecutados por las fuerzas gubernamentales y locales (milicias) involucradas en graves violaciones de los derechos humanos, especialmente en países como Libia y Sudán; pide a la Comisión que considere la posibilidad de interrumpir la ayuda de la Unión en caso de que sus auditores independientes no puedan verificar el uso efectivo del dinero de la Unión en estos países;

305. Lamenta el papel limitado que desempeña el Parlamento en la supervisión y la gobernanza del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión; considera fundamental que el Parlamento pueda supervisar las actividades del comité operativo[109];

306. Recuerda que la posibilidad de que la Comisión cree y gestione fondos fiduciarios de la Unión tiene por objeto:

- reforzar el papel internacional de la Unión, así como reforzar la visibilidad y eficacia de su acción exterior y de la ayuda al desarrollo;

- establecer un proceso decisorio más rápido para la elección de las medidas que deban aplicarse, lo cual es crucial en las acciones de emergencia y postemergencia;

- garantizar el efecto multiplicador de los recursos adicionales destinados a la acción exterior; y

- aumentar, mediante la puesta en común de recursos, la coordinación entre los distintos donantes de la Unión en determinados ámbitos de intervención;

- proporcionar a los gestores del Fondo Fiduciario prioridades estratégicas y directrices centradas en garantizar resultados e impactos tangibles;

307. Destaca que el creciente recurso a otros mecanismos financieros para llevar a cabo políticas de la Unión en paralelo con el presupuesto de la Unión puede rebajar el nivel de rendición de cuentas y de transparencia al no estar armonizados la información, la fiscalización y el control público;

Recomendaciones

308. Pide a la Comisión que:

- tome medidas para reforzar la obligación impuesta a las organizaciones internacionales de transmitir al Tribunal, a petición de este, cualquier documento o información que sean necesarios para llevar a cabo su labor, como se establece en los Tratados;

- adapte la metodología del porcentaje de error residual de la DG de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo para limitar las decisiones de confianza plena, supervisar de cerca su ejecución y corregir todas las deficiencias detectadas por el Tribunal;

- revise el cálculo efectuado por la DG de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la capacidad correctora de 2019 mediante la exclusión de las recuperaciones de prefinanciación no utilizada;

- indique en su carta de acompañamiento de los informes sobre la gestión de la ayuda exterior que dichos documentos pueden ser compartidos por los diputados y funcionarios del Parlamento por cualquier medio (correo electrónico, copias) y que no existe ninguna obligación de consultar dichos documentos en un local seguro;

- considere la posibilidad de poner fin a los fondos fiduciarios que no consiguen atraer una contribución significativa de otros donantes o que no cumplen sus objetivos y metas;  supervise periódica y sistemáticamente que se detectan y mitigan eficazmente las posibles repercusiones de las actividades y los proyectos financiados sobre los derechos fundamentales;

- vele por que ningún fondo de la Unión apoye el trabajo forzado e infantil;

- garantice que todas las entidades terceras utilicen solo fondos de la Unión para proporcionar manuales y material didáctico que reflejen valores comunes y cumplan plenamente las normas de la Unesco que promueven la paz, la tolerancia y la coexistencia en la educación escolar;

- garantice que los fondos de la Unión no se utilizan para fines distintos de los ámbitos asignados;

- proporcione información detallada sobre las decisiones adoptadas en dicho comité operativo y vele por que el Parlamento esté representado en sus reuniones[110];

309. Insiste en que un criterio importante para que la Comisión otorgue prioridad a la ayuda exterior debe ser que el país receptor sea un Estado de Derecho y respete los derechos humanos; insiste en que la Comisión debe verificar concienzudamente el uso de fondos de la Unión por entidades terceras para garantizar que no se asigne o vincule ningún fondo a ninguna causa o forma de terrorismo o radicalización religiosa o política;

Informe Especial n.° 35/2018 del Tribunal titulado: «Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo»

310. Reconoce el importante papel que desempeñan las ONG independientes dentro y fuera de la Unión; reconoce la contribución fundamental de la sociedad civil en todo el mundo a la promoción y la defensa de los derechos humanos, la contribución al desarrollo y la protección de la democracia, mediante la prestación de ayuda humanitaria; tiene en cuenta que algunas operan en contextos muy difíciles o peligrosos o en ámbitos en los que su contribución es indispensable, fomentando la inclusión social y el empleo, garantizando el acceso a la educación y la sanidad y contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la lucha contra la corrupción;

311. Observa que la Comisión ejecuta el 1,7 % del presupuesto de la Unión y el 6,8 % de los Fondos Europeos de Desarrollo a través de intervenciones de ONG;

312. Pide a la Comisión que proponga una definición armonizada de ONG compatible con la legislación de los Estados miembros;

313. Señala que la transparencia es uno de los principios presupuestarios establecidos en el Reglamento Financiero; exige que la Comisión facilite, de forma adecuada y oportuna, información sobre los perceptores de los fondos de la Unión;

314. Reconoce que deficiencias similares a las que se informó que afectan a las ONG son pertinentes para todos los beneficiarios de la Unión, como empresas privadas, autoridades públicas, etc.;

315. Destaca que el Tribunal identificó cinco elementos de la utilización de fondos de la Unión por ONG en los que la Comisión no es lo bastante transparente:

- la falta de fiabilidad de la clasificación de las ONG en el sistema contable ABAC de la Comisión;

- la falta de transparencia en la selección de las ONG para la aplicación de un programa;

- la falta de información adecuada a la Comisión sobre los fondos y las actividades ejecutados por ONG;

- la falta de fiabilidad de la información divulgada sobre los pagos reales o sobre las entidades que reciben financiación mediante subvenciones en cascada;

- la insuficiencia de la información facilitada por los órganos de las Naciones Unidas sobre los contratos adjudicados a las ONG;

316. Observa que la mayoría de las recomendaciones del Tribunal ya están actualmente cubiertas por el Reglamento Financiero adoptado en 2018 y que la Comisión ya las ha aplicado en su mayoría; pide a la Comisión que se centre en la ejecución de estas recomendaciones, que deben ser aplicables a todos los beneficiarios de la Unión de conformidad con el Reglamento Financiero y los principios de no discriminación;

317. Pide a la Comisión que elabore rápidamente orientaciones y criterios sólidos para identificar a las ONG en su sistema contable y para verificar los datos declarados por los propios solicitantes;

318. Observa que existen diferentes sistemas de registro para que cada DG registre los solicitantes de fondos de la Unión; pide a la Comisión que cree una ventanilla única para garantizar la coherencia de los datos en el Sistema de Transparencia Financiera y facilitar criterios y directrices para la definición de ONG y otras categorías de beneficiarios;

319. Pide a la Comisión que excluya las candidaturas de ONG o de cualquier otro solicitante que presenten de forma repetida o intencionada declaraciones incorrectas sobre los errores cometidos en el marco de experiencias anteriores y que los comprueben de forma más exhaustiva;

320. Acoge favorablemente los nuevos esfuerzos de regulación financiera en materia de simplificación, como la introducción de la evaluación previa por pilares, y pide a la Comisión Europea que aplique una interpretación coherente de las normas aplicables del Reglamento Financiero, en particular en lo que se refiere a las subvenciones en cascada entre los distintos servicios, teniendo en cuenta las especificidades sectoriales;

321. Solicita a la Comisión que normalice y mejore la exactitud de la información publicada en el Sistema de Transparencia Financiera velando por que se divulguen todos los beneficiarios contratados por la Unión, así como el monto de los fondos concedidos antes de mediados de 2021;

322. Lamenta que la Comisión no haya comprobado si los organismos de las Naciones Unidas divulgan información sobre las subvenciones concedidas con financiación de la Unión; pide a la Comisión que lleve a cabo estos controles de manera sistemática;

323. Pide a la Comisión que mejore la información recogida permitiendo a los varios sistemas de gestión de subvenciones que registren la financiación recibida por todos los beneficiarios contratados por la Unión, no solo por el beneficiario principal, y haciendo que dicha información pueda utilizarse para su análisis y tratamiento; acoge favorablemente, en este contexto, el próximo lanzamiento del OPSYS para la financiación exterior de la Unión;

324. Reitera la petición urgente a la Comisión de que aplique las decisiones judiciales tanto del Tribunal de Justicia[111] como del Tribunal Permanente de Arbitraje y reconozca plenamente el estatuto del IMG[112] como organización internacional;

325. Pide a la Comisión que informe lo antes posible a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas que tome;

Seguridad y ciudadanía

Valoración del Tribunal

326. Acoge con satisfacción que, por tercer año consecutivo, el Tribunal presente en su informe anual un capítulo específico sobre seguridad y ciudadanía; toma nota de que las conclusiones del Tribunal no presentan un porcentaje de error específico para este ámbito de gasto, ya que solo representa alrededor del 2 % del presupuesto total de la Unión;

327. Señala que el interés público y político en este ámbito es muy superior a su peso económico; pide al Tribunal que considere la posibilidad de auditar operaciones adicionales y presente un nivel estimado de error para el capítulo «Seguridad y ciudadanía»;

328. Señala que, según el Tribunal, todavía queda margen para hacer un mejor uso de los fondos de la Unión en el actual período de programación velando por que los Estados miembros reembolsen las acciones solo cuando se cumplan todas las condiciones de pago o que los contratos solo deben adjudicar tras una evaluación adecuada y coherente de todos los criterios de selección y adjudicación;

329. Observa que los Estados miembros han aumentado significativamente el porcentaje de ejecución de sus programas nacionales FAMI y FSI; expresa su preocupación, sin embargo, por que el valor de los fondos no utilizados sigue aumentando, lo que puede incrementar la presión sobre las autoridades nacionales a medida que los programas se acercan a su cierre;

330. Toma nota de que la auditoría del Tribunal sobre los sistemas de gestión y control de siete[113] autoridades responsables de aplicar programas nacionales del FAMI y del FSI en los Estados miembros reveló que, en general, contaban con controles suficientes para abordar los requisitos de los Reglamentos a pesar de algunas insuficiencias detectadas (Informe Anual del Tribunal correspondiente a 2018, punto 8.10); observa que lo mismo puede decirse de los procedimientos internos de la DG de Migración y Asuntos de Interior para la evaluación de las solicitudes de subvención y la validación de solicitudes de pago (Informe Anual del Tribunal correspondiente a 2018, punto 8.13);

331. Pide a la Comisión que garantice que, al hacer controles administrativos de las solicitudes de pago, utilice sistemáticamente la documentación que ha exigido que proporcionen los beneficiarios de las subvenciones para examinar adecuadamente la legalidad y regularidad de los procedimientos de contratación pública organizados por ellos;

332. Pide a la Comisión que encargue a las autoridades de los Estados miembros responsables de los programas del FAMI y del FSI que controlen correctamente la legalidad y regularidad de los procedimientos de contratación pública organizados por los beneficiarios de los fondos al realizar controles administrativos de sus solicitudes de pago;

333. Observa con preocupación que, por lo que respecta al rendimiento, el Tribunal indica en su Informe Anual correspondiente a 2018 (apartados 8.19 y 8.20) que los Estados miembros no siempre utilizan indicadores adecuados a nivel de proyecto; en consecuencia, no puede medirse con exactitud el impacto de los proyectos financiados;

Informe anual de actividades de la DG de Migración y Asuntos de Interior correspondiente a 2018

334. Acoge con satisfacción el énfasis que pone la Comisión en el establecimiento de un sistema estructurado de la Unión en materia de reasentamiento que abra una vía legal y segura a la Unión a las personas vulnerables necesitadas de protección internacional;

335. Lamenta que la situación actual en algunos de los puntos críticos («hotspots») cofinanciados por la Unión no se corresponda con las mejores prácticas y normas, en particular en materia de alimentos y asistencia sanitaria;

336. Considera que la DG de Migración y Asuntos de Interior no estableció ningún indicador clave del rendimiento relacionado con la situación de los migrantes más vulnerables y, en particular, los niños migrantes y las mujeres y niñas migrantes, para prevenir y evitar los abusos y la trata; lamenta el recurso sistemático a la detención;

Reservas

337. Lamenta que se tarde tanto tiempo en solucionar los problemas detectados en Alemania desde 2013, habida cuenta de que el alcance de la reserva no es tan amplio;

338. Expresa su preocupación ante las significativas deficiencias identificadas en los sistemas de gestión y de control de la EASO, que justificaron la adopción de una reserva por motivos de reputación;

339. Observa las reservas formuladas por el director general de la DG de Migración y Asuntos de Interior en su informe anual de actividades (página 108);

Recomendaciones

340. Recomienda que:

- el Tribunal siga presentando en su informe anual un capítulo específico sobre seguridad y ciudadanía;

- la DG de Migración y Asuntos de Interior introduzca un indicador clave del rendimiento relacionado con la situación de los migrantes más vulnerables, y en particular los niños migrantes y las mujeres y niñas migrantes, para prevenir y evitar los abusos y la trata;

- la Comisión exija a los Estados miembros que, en las cuentas anuales de sus programas nacionales del FAMI y el FSI, desglosen los importes notificados según su naturaleza, a saber: recuperaciones, prefinanciación y gastos realmente efectuados; y

- la Comisión indique los gastos reales por fondo en el informe anual de actividades de la DG a partir de 2018;

Informe Especial del Tribunal n.° 20/2019: Sistemas de información de la UE en controles fronterizos: un instrumento sólido, pero son necesarios unos datos más puntuales y exhaustivos

341. Acoge con satisfacción que, según el Tribunal, los sistemas de los Estados miembros examinados por el Tribunal están generalmente bien concebidos para facilitar los controles fronterizos y que los Estados miembros visitados[114] se ajustaban en general al marco jurídico aplicable;

342. Observa con preocupación que el Tribunal constató en su Informe Especial n.° 20/2019 que:

- los controles fronterizos facilitados por algunos componentes del Sistema de Información de Schengen (SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS) de unos países eran más eficientes que los de otros;

- se produjeron demoras considerables en la implantación de las soluciones informáticas para el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) y el registro de nombres de los pasajeros (PNR), tanto en la Unión como a escala nacional; esto impidió que las guardias de fronteras y otras autoridades aprovecharan las ventajas de los citados sistemas;

- los Estados miembros tardan mucho tiempo en subsanar las insuficiencias identificadas en el mecanismo de evaluación del espacio Schengen; esto se debe a una ausencia de plazos vinculantes para aprobar los informes de evaluación y aplicar medidas correctoras;

- más de la mitad de los guardias de fronteras que participaron en la encuesta del Tribunal habían permitido en algún momento el cruce de fronteras sin consultar los sistemas de información;

- observa una diferencia entre el número de visados emitidos y el de visados controlados;

- hay pocas referencias al control de la calidad de los datos en los actos jurídicos que rigen los sistemas de información europeos;

- si bien la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) efectúa controles de calidad mensuales automatizados de los datos en SIS II, los resultados solo pueden ser consultados por los Estados miembros interesados y por tanto, la agencia o la Comisión no pueden evaluar los avances de cada país en la resolución de estos problemas de calidad;

- ni eu-LISA ni la Comisión tienen competencias de ejecución para garantizar que los Estados miembros corrijan sin demora los problemas relativos a la calidad de los datos;

- las guardias de fronteras no siempre obtienen datos exhaustivos y puntuales de los sistemas de información;

- en general, salvo en el caso del Sistema europeo de comparación de impresiones dactilares (Eurodac), no hay plazos obligatorios para la introducción de datos; Eurosur, por ejemplo, debe proporcionar información de la situación en las fronteras en tiempo real; en algunos países objeto de la auditoría del Tribunal, sin embargo, la información se introduce efectivamente en Eurosur en tiempo real, mientras que en otros países se hace solo una vez a la semana;

- desde que Eurodac inició sus operaciones en 2003, no se ha registrado un solo año en el que todos los Estados miembros hayan transmitido puntualmente la información requerida;

- el retraso en la transmisión puede producir que no se designe al país correcto como responsable de tramitar la solicitud de asilo;

343. Pide a la Comisión que:

- fomente rápidamente el aprovechamiento de los entornos formativos de los sistemas SIS II y VIS;

- acelere la corrección de insuficiencias detectadas durante las evaluaciones del espacio Schengen;

- analice las discrepancias en los controles de visados para mejorar los procedimientos de control de calidad de los datos;

- reduzca los retrasos en la introducción de datos;

- garantice una mejor conectividad entre los cinco sistemas de información existentes con el fin de asegurar flujos de datos correctos y oportunos;

- promueva buenas prácticas y un buen comportamiento continuos en el suministro y el apoyo a los sistemas de información;

Informe Especial n.° 24/2019 titulado «Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los resultados»

344. Observa con preocupación que el Tribunal constató en su Informe Especial n.° 24/2019 que:

- la ejecución de los procedimientos de asilo en Grecia e Italia sigue adoleciendo de cuellos de botella y prolongados plazos de tramitación;

- al igual que en el resto de la Unión, hay pocos retornos desde Grecia e Italia;

- no se recopila ningún dato sobre la eficacia de los procedimientos de retorno y no existen indicadores que midan la sostenibilidad de los retornos, como el número de migrantes retornados que tratan de volver a la Unión o el éxito de los paquetes de retorno voluntario asistido y reintegración;

- si bien el registro y la toma de impresiones dactilares de los migrantes en los puntos críticos había mejorado significativamente desde la auditoría llevada a cabo por el Tribunal en 2017 (Informe Especial del Tribunal n.° 6/2017), los programas temporales de reubicación de emergencia no lograron sus metas y, por tanto, no aliviaron eficazmente la presión sobre los sistemas de asilo de Grecia e Italia;

- si bien las veinte medidas de apoyo de la Unión a Grecia e Italia examinadas por el Tribunal abordaron las necesidades detectadas, se constaron insuficiencias en su diseño, la mayoría de los proyectos examinados no lograron plenamente sus metas y el marco de gestión del rendimiento se creó tarde y sin metas; además, no se disponía de suficientes datos de rendimiento;

- la capacidad para tramitar los casos de asilo había aumentado tanto en Grecia como en Italia, pero esto no fue suficiente para hacer frente al creciente retraso acumulado en Grecia;

- puesto que en Italia hay menos solicitudes nuevas, el trabajo atrasado en materia de procedimientos de asilo y retorno está disminuyendo, pero no hay capacidad suficiente para tramitar el elevado número de recursos interpuestos a la primera decisión;

- tanto en Grecia como en Italia, al igual que en el conjunto de la Unión, el número de migrantes retornados es muy inferior al de las decisiones de retorno adoptadas; esto se debe, por ejemplo, a la duración del proceso de tramitación de los casos de asilo, la insuficiente capacidad de los centros de internamiento, la dificultad de la cooperación con el país de origen de los migrantes o simplemente a la fuga de migrantes una vez tomada la decisión de retorno;

345. Pide a la Comisión y al Consejo que:

- aprovechen las lecciones aprendidas y se basen en la experiencia para cualquier posible mecanismo de reubicación voluntaria en el futuro y propongan nuevas medidas para hacer frente con eficacia a situaciones de emergencia como la crisis migratoria de 2015 que sean aceptables para los Estados miembros;

- refuercen la gestión de la ayuda de emergencia y de los programas nacionales en virtud del Fondo de Asilo, Migración e Integración;

- refuercen el apoyo operativo de la EASO a los Estados miembros para procedimientos de asilo;

- ajusten la ayuda al retorno de Frontex y el despliegue de expertos a los puntos críticos;

- refuercen la gestión de los sistemas nacionales de asilo;

- presten más apoyo a los procedimientos nacionales de retorno; y a la recogida de datos de rendimiento sobre los procedimientos de retorno para facilitar la elaboración de políticas, la evaluación del rendimiento y la investigación;

346. Pide a la Comisión que:

- mejore el funcionamiento del sistema de puntos críticos para garantizar unas condiciones de acogida dignas y la eficacia en la gestión de las llegadas;

- supervise atentamente la eficacia de las acciones dirigidas por Frontex a fin de proteger mejor las fronteras exteriores de la Unión;

- refuerce la eficacia del control de las fronteras exteriores de la Unión y mejore la cooperación con las autoridades nacionales;

- adopte las medidas que se imponen para abordar las causas profundas de la migración;

- se muestra especialmente preocupado por la insuficiente política de retorno a terceros países, aunque se trate de una prioridad clave; considera que la política de retorno y la lucha contra la migración ilegal son esenciales para desarrollar una política de migración eficaz y una asociación auténtica con terceros países;

- preste asistencia a los países de origen de modo que los migrantes potenciales no opten por el peligroso viaje a Europa, aumente la ayuda a los países de origen, mejore las condiciones y perspectivas de vida de la población local y luche contra los traficantes de seres humanos que explotan su desesperación y su vulnerabilidad;

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)

347. Observa con preocupación los comentarios del Tribunal de que la estimación comunicada de inversión movilizada no tiene en cuenta que algunas operaciones del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) reemplazaron a otras operaciones del BEI e instrumentos financieros de la Unión y de que una parte del apoyo del FEIE se destinó a proyectos que se podrían haber financiado a partir de otras fuentes de financiación pública o privada en condiciones diferentes;

348. Lamenta las conclusiones del Tribunal de que, aunque el apoyo del FEIE ha permitido que el BEI cuadruplicase el volumen de sus actividades de préstamo de mayor riesgo con respecto a 2014, el valor de las operaciones firmadas sigue siendo inferior al previsto;

349. Aprueba las recomendaciones del Tribunal de:

-  promover el uso justificado de productos de mayor riesgo del BEI en el FEIE;

-  fomentar la complementariedad entre los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias de la Unión;

-  evaluar mejor si los proyectos potenciales del FEIE podrían haberse financiado a partir de otras fuentes;

-  calcular mejor la inversión movilizada;

-  mejorar la distribución geográfica de las inversiones financiadas por el FEIE;

350. Considera que es de importancia primordial contar con unas estimaciones preliminares profundizadas de las necesidades en varios sectores, a fin de i) detectar déficits de inversión y obstáculos a la inversión en distintos Estados miembros o regiones, ii) evaluar adecuadamente la naturaleza y la magnitud de las disfunciones del mercado, y iii) diseñar los enfoques y programas más adecuados para paliar estos déficits de inversión;

351. Pide una visión general objetiva de la adicionalidad y el valor añadido de los proyectos del FEIE, así como de su coherencia con las políticas de la Unión o con otras operaciones del BEI, a fin de que obedezcan más a impulsos políticos que a impulsos de la demanda;

352. Recuerda la necesidad de proporcionar información clara y accesible sobre el impacto económico, social y ambiental y el valor añadido logrados por los proyectos financiados por el FEIE; recalca que debe documentarse debidamente la evaluación de la adicionalidad de todos los proyectos apoyados por el FEIE;

Informe Especial n.° 15/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo «Aplicación del paquete de reformas del Estatuto de los funcionarios de 2014 en la Comisión - Ahorros considerables pero no sin consecuencias para el personal».

353. Lamenta que la Comisión no facilite datos exactos sobre los casos de agotamiento a la autoridad de aprobación de la gestión; observa, sin embargo, que la Comisión ha lanzado una estrategia de «listo para trabajar» que incluye una herramienta de supervisión de la salud para las ausencias y sus causas, medidas para alcanzar una buena gestión de las ausencias y una nueva unidad de control médico[115]; opina, por tanto, que la Comisión está equipada con todas las herramientas necesarias para detectar, abordar, supervisar y notificar los casos de agotamiento y distinguirlos de las bajas por enfermedad de larga duración; pide a la Comisión que proporcione a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento datos sobre casos de agotamiento dentro del proceso de aprobación de la gestión; lamenta, en este contexto, las respuestas de seguimiento proporcionadas por la Comisión, quien parece justificar un índice más alto de enfermedad y de ausencias de larga duración entre las mujeres por «una serie de enfermedades o condiciones graves específicas de las mujeres» y por «tendencias sociales [...], en las que las mujeres generalmente asumen una parte mayor de las responsabilidades familiares, también a la hora de cuidar de niños y parientes enfermos»[116];

354. Se muestra preocupado por el creciente problema de la disparidad de poder adquisitivo que sufren los funcionarios europeos destinados en Luxemburgo; toma nota de las conclusiones del estudio llevado a cabo por AIRINC[117] a solicitud de la Comisión, que corroboran el problema de disparidad y lo fijan en el 10,5 % (superando el porcentaje crítico del 5 % establecido por el Estatuto de los funcionarios), principalmente debido al coste de la vida en Luxemburgo; reconoce que la Comisión no podrá elaborar una propuesta legislativa que cubra la cuestión de los coeficientes de corrección antes de la finalización del informe sobre el método salarial que debe presentarse antes del 31 de marzo de 2022; insta entretanto, sin embargo, a la Comisión a que evalúe la factibilidad y el ámbito de las medidas específicas temporales incluidas en el informe de AIRINC, en particular la introducción de un régimen de subsidios de vivienda;

355. Observa con preocupación los comentarios del Tribunal relativos al paquete de reformas del Estatuto de los funcionarios[118] de 2014; acoge favorablemente las recomendaciones del Tribunal, así como la disposición de la Comisión a aceptarlas; respalda la postura manifestada por su Comisión de Control Presupuestario[119] sobre este asunto; lamenta el impacto muy negativo del paquete de reformas de 2014 sobre una serie de aspectos fundamentales de los recursos humanos dentro de las instituciones de la Unión y, por ende, sobre su atractivo como empleador, todo ello con objeto de ahorrar controversias; advierte de las graves consecuencias que cualquier recorte presupuestario en la administración o cualquier reducción de personal puede tener en el futuro de la función pública europea y en la aplicación de las políticas de la Unión;

356. Recuerda a la Comisión su petición de que lleve a cabo un análisis riguroso y actualizado del impacto del diseño de los espacios abiertos en el marco de la aprobación de la gestión de 2017[120]; toma nota de la Comunicación «The Workplace of the Future in the European Commission»[121] y acoge favorablemente, en particular, el principio según el cual «el personal afectado debe participar en todo el proceso de concepción y aplicación del nuevo espacio de trabajo»; lamenta que el concepto de bienestar del personal adoptado en la Comunicación no incluya condiciones psicológicas —como ansiedad, estrés o agotamiento— en las que el espacio de trabajo juega un papel fundamental; hace hincapié en la necesidad de un análisis general que sirva como base para una evaluación caso por caso antes de una futura reorganización sustancial de las oficinas en la Comisión, que siempre debe implicar al personal afectado;

Administración

Conclusiones del Tribunal

357. Constata que la totalidad de la evidencia de auditoría del Tribunal indica que los gastos en «administración» no están afectados por un nivel de error significativo;

358. Expresa su profunda preocupación por que el Tribunal detectó un mayor número de deficiencias en materia de control interno que en años anteriores en la gestión de las prestaciones familiares para los miembros del personal y lamentó que la PMO no supervisara suficientemente la exactitud y puntualidad de la actualización de los expedientes personales para asegurar que la base utilizada para calcular los salarios e indemnizaciones fuera correcta;

359. Expresa su profunda preocupación por que el Tribunal constató insuficiencias en los procedimientos de contratación pública organizados por la Comisión para mejorar la seguridad de las personas y los locales, pero señala que estas deficiencias se debieron principalmente a la urgencia de celebrar contratos;

360. Pide a la Comisión que aplique un procedimiento de nombramiento más transparente en lo que se refiere a todos los puestos, en especial aquellos relacionados con la dirección; pide a la Comisión que aclare el anterior procedimiento de nombramiento, que carecía de transparencia y de rendición de cuentas;

361. Pide a la Comisión que mejore cuanto antes sus sistemas de gestión de las asignaciones familiares estatutarias aumentando la frecuencia de los controles de la situación de los miembros del personal y reforzando los controles de coherencia de la declaración de las asignaciones percibidas de otras fuentes, especialmente cuando haya reformas de los sistemas de prestaciones familiares en los Estados miembros;

362. Observa la mejora continua de la igualdad de género entre los miembros del personal; recuerda la desigualdad existente en la representación de hombres y mujeres en los puestos directivos;

363. Señala que, según las respuestas escritas, diez Estados miembros estaban seriamente infrarrepresentados en los grados AD5 a AD8; los Estados miembros en cuestión eran: Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia; observa con preocupación que las posiciones funcionariales en las instituciones pueden no resultar atractivas para funcionarios de determinados Estados miembros, lo que hace difícil equilibrar las diferencias geográficas;

364. Observa el creciente número de entidades retiradas del registro de transparencia; señala, sin embargo, la importancia del seguimiento de los individuos y las entidades legales retiradas del registro de transparencia; pide a la Comisión que preste una mayor atención al hecho de que la validación y las inspecciones por muestreo de entidades del registro de transparencia necesitan más recursos;

365. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación para revisar los mecanismos internos relativos a la protección de los denunciantes de irregularidades que ya están en vigor, incluidas disposiciones en materia de sensibilización de todos los miembros del personal y de formación de la dirección que recibe informes; pide a las instituciones europeas que armonicen sus respectivos reglamentos de personal para proteger a los denunciantes de irregularidades;

Código de Conducta de los comisarios

366. Recuerda que en 2018 el Parlamento recibió una advertencia sobre el hecho de que, a fin de compensar las disposiciones más estrictas introducidas en el Código de conducta relativas al período de incompatibilidad de los comisarios, el secretario general de la Comisión ha examinado la posibilidad de ofrecerles nuevas instalaciones prácticas (oficinas, tecnología informática, chófer) una vez finalizado su mandato;

367. Señala que, en su respuesta a la pregunta escrita n.° 64 en preparación de la audiencia de la Comisión de Control Presupuestario de 5 de diciembre de 2019, el comisario Hahn declaró que

los antiguos miembros de la Comisión y, en particular, los antiguos presidentes, siguen siendo embajadores de la Unión, tanto en Europa como fuera de ella; la mayoría de ellos seguirán defendiendo y promoviendo los logros de la Unión tras el final de su mandato, por ejemplo cuando se les invite a intervenir en conferencias o a participar en debates públicos sobre Europa y el papel de la Comisión;

en consonancia con acuerdos similares en las administraciones nacionales y otras instituciones, la Comisión decidió permitir, en su reunión del 30 de octubre de 2019, que los antiguos presidentes de la Comisión ejercieran sus funciones de representación de un modo adecuado al término de su mandato; por lo tanto, los antiguos presidentes deberían tener acceso a determinados recursos muy limitados, por ejemplo, apoyo logístico, como una oficina, y a otras ayudas; los antiguos comisarios dispondrán de apoyo logístico en forma de un «despacho de paso» y recibirán algunos materiales de comunicación de la Comisión; el Código de conducta recuerda ya esta obligación en la primera frase del artículo 11, apartado 1 (...);

368. Considera que la Comisión debe reforzar la transparencia del estatuto de los consejeros especiales de la Comisión, con una definición clara de sus tareas y misiones, y facilitar al Parlamento toda la información relacionada con el coste financiero de su Decisión de 30 de octubre de 2019;

369. Recuerda a la Comisión que sus miembros están sujetos a requisitos de transparencia con respecto a las reuniones que celebran con organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia, que la plena transparencia es una obligación de los comisarios, así como de los miembros de sus gabinetes, que solo pueden reunirse con aquellas organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia que figuren en el registro de transparencia y que deberán hacer pública información sobre dichas reuniones de conformidad con la Decisión 2014/839/UE de la Comisión;

370. Pide a la Comisión que garantice que, una vez finalizado el período de incompatibilidad, los antiguos comisarios no se sigan beneficiando de las facilidades que les brinda su Decisión de 30 de octubre de 2019; ni de las instalaciones en los casos en que asuman una función diferente;

371. Hace hincapié en que, tras el cese en sus funciones, los antiguos comisarios siguen obligados por su deber de honestidad y discreción de conformidad con el artículo 245 del TFUE;

372. Pide a la Comisión que aplique las normas del Código de conducta en vigor jurídicamente vinculantes en relación con las puertas giratorias tanto para la Comisión como para sus agencias;

Fiscalía Europea

373. Observa que, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento sobre la Fiscalía Europea, esta se establece como órgano institucional de la Unión, mientras que en el presupuesto de 2020 se presenta como agencia en la rúbrica «Comisión»; se muestra preocupado por que esta situación no garantice adecuadamente la independencia necesaria de la Fiscalía Europea y pide a la Comisión que presente el presupuesto de la Fiscalía Europea como institución bajo la futura rúbrica 7 («Administración») junto con otros órganos e instituciones, en lugar de bajo la rúbrica 2 («Comisión») con las agencias de Justicia y Asuntos de Interior; solicita que la Comisión tenga en cuenta la previsión de nuevos casos iniciados y el volumen de casos pendientes que presentó la Fiscalía Europea a las instituciones para establecer un presupuesto realista y un proyecto de plantilla de personal; se muestra muy preocupado por que la actual planificación presupuestaria impedirá a la Fiscalía Europea hacerse plenamente operativa antes de noviembre de 2020;

Escuelas europeas

374. Toma nota de que, de conformidad con el Reglamento Financiero de las Escuelas Europeas, el Tribunal ha revisado las cuentas anuales consolidadas de las Escuelas correspondientes al ejercicio 2018, las cuentas de la Oficina Central y los sistemas de control interno (contratación, contratación pública y pago) de dos de las Escuelas (Bergen y Varesse); observa que el Tribunal ha examinado el trabajo del auditor externo de las Escuelas, quien examinó las cuentas y los sistemas de control interno de siete Escuelas antes de que tuviera lugar la consolidación;

375. Lamenta profundamente que el Tribunal no haya podido confirmar la conformidad de la gestión financiera de las Escuelas en 2018 con el Reglamento Financiero, sus disposiciones de aplicación y el Estatuto de los funcionarios;

376. Toma nota, en particular, de que el examen realizado por el Tribunal de los sistemas de control interno de la Oficina Central y de las dos escuelas seleccionadas reveló deficiencias en el ámbito del control, en los sistemas de pago, en los procedimientos de contratación pública y en la documentación de los procedimientos de contratación; toma nota, asimismo, de que el Tribunal constató que no cumplían las normas relativas a la contratación de personal;

377. Respalda las principales recomendaciones formuladas por el Tribunal en su Informe Anual sobre las Escuelas Europeas y, en particular, pide al Consejo Superior, a la Oficina Central y a las Escuelas que tomen medidas con carácter inmediato para subsanar las deficiencias detectadas en sus procedimientos contables y en el sistema de pago; y que siga proporcionando formación y apoyo a quienes participan en la elaboración de las cuentas;

378. Reitera la opinión del Parlamento de que se necesita urgentemente una «revisión exhaustiva» del sistema de Escuelas Europeas; pide a la Comisión, en cuanto miembro pero también en cuanto principal contribuyente, que no se limite a proporcionar orientación y apoyo a las Escuelas Europeas dentro de la actual estructura administrativa y de gobernanza, sino que también supervise la aplicación del Servicio de Auditoría Interna por parte del Tribunal y la Comisión;

379. Insta a las Escuelas a que mejoren los procedimientos de selección, contratación y pago, y pide que se informe de los progresos al Parlamento hasta el 30 de junio de 2020;

380. Se muestra muy preocupado por el informe de Human Rights Watch sobre la accesibilidad de las escuelas europeas[122] para los niños con discapacidad, en el que se destacan los problemas que todavía persisten y no se proporciona una educación plenamente inclusiva a los niños con discapacidad;

381. Pide a las Escuelas Europeas que se comprometan con la educación inclusiva en la política y la práctica;

382. Pide a la Comisión que, como financiador principal de las Escuelas Europeas a cargo de la ejecución de la CDPD, impulse el proceso de reforma necesario;

Enseñanzas extraídas del MFP para el período de programación 2014-2020

383. Expresa su preocupación por que el período de programación para el nuevo MFP pueda comenzar con retraso, al igual que ocurrió con el MFP en curso; observa que el alcance del Pacto Verde Europeo se ha formulado antes de que se comunicara la nueva propuesta de MFP; insta a los Estados miembros y al Consejo a que debatan y adopten las prioridades y una estrategia para entablar negociaciones sobre el MFP con el Parlamento en el plazo más breve posible;

384. Considera que los presupuestos públicos no deben determinarse hasta que no se hayan fijado objetivos políticos claros y diseñado políticas concretas;

385. Pide a la Comisión que vele por que la planificación financiera de la Unión para el período de programación 2021-2027 refleje adecuadamente cualquier objetivo determinado posteriormente; destaca la propuesta del Parlamento de incluir nuevas prioridades en el MFP y permitir la flexibilidad en el mismo para hacer frente a acontecimientos imprevistos;

386. Pide a la Comisión que aclare las principales hipótesis en que se basa la nueva propuesta de MFP en un plan financiero global; observa que el principal objetivo de dicho plan sería consignar las cifras en el MFP para el período de programación 2021-2027 en su contexto económico y financiero adecuado;

387. Reitera su preocupación por que cualquier demora en la adopción del MFP 20212027 y la base jurídica correspondiente para su aplicación pueda dar lugar a la repetición del retraso en la aplicación de los programas de gastos de la Unión al inicio del nuevo período de programación; pide a la Comisión y los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para garantizar un inicio suave del nuevo período de programación;

388. Considera que una información de buena calidad podría contribuir a acelerar y mejorar la toma de decisiones;

389. Acoge con satisfacción que la Comisión haya realizado un análisis del gasto que abarque todos los programas importantes del MFP para el período de programación 2014-2020 y que esta revisión tuviese por objeto combinar una revisión estratégica (centrada en particular en dar prioridad a los programas en función de su valor añadido y su coherencia con los objetivos de la Unión) con una revisión de la eficacia (que tenga como misión buscar cómo mejorar la ejecución de los programas existentes examinando las posibilidades de racionalización y sinergias, simplificando las normas administrativas, mejorando la flexibilidad y centrándose más en el rendimiento); la Comisión debe llevar a cabo revisiones periódicas con mejores indicadores clave de rendimiento;

390. Acoge con satisfacción que el Tribunal haya considerado que el análisis de la Comisión es convincente en lo que a la eficiencia en el gasto se refiere;

391. Toma nota de que el análisis del gasto brinda argumentos sólidos a favor de medidas para simplificar los programas, racionalizar el presupuesto y aumentar la flexibilidad financiera; observa que identifica sinergias sin explotar entre los distintos programas así como oportunidades para fusionar programas similares en diversos ámbitos políticos;

392. Toma nota de que el análisis del gasto también ofrece ejemplos de normas innecesariamente complejas e incoherentes que a menudo conducen a malentendidos y costes no subvencionables;

393. Muestra su preocupación por su conclusión de que hasta la fecha el éxito de los esfuerzos de simplificación ha sido limitado;

394. Aboga por la simplificación siempre que sea posible, por ejemplo haciendo un mayor uso de opciones de coste simplificados y de cantidades fijas como opción para los beneficiarios, adoptando las prácticas contables habituales y aplicando un enfoque de auditoría única; destaca que la mayoría de las subvenciones de la Unión deben beneficiar a los ciudadanos y que las pymes y las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas o familiares deben ser los mayores beneficiarios; subraya asimismo que los errores cometidos en el actual período de programación 2014-2020 deben mejorarse en el nuevo MFP, en particular en el ámbito del desarrollo y la cohesión regional;

395. Señala que puede garantizarse una mayor simplificación tanto en lo que se refiere a la programación, limitando el número de reglamentos y evitando cambios innecesarios que puedan causar incertidumbre, retrasos y errores; como en lo que se refiere a una aplicación efectiva, a fin de reducir la carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios y aumentar la accesibilidad de los fondos;

396. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, para el período de programación 2021-2027, de reducir el número de programas de gasto en un tercio y de adoptar normas más coherentes sobre la base de un código normativo único;

397. Expresa su convencimiento de que, para lograr una verdadera simplificación, el código normativo único debe eliminar todas las normas, requisitos y procedimientos innecesarios y complejos; opina que esto no debe limitarse a una mera consolidación de las distintas normas existentes en un único volumen de gran tamaño;

398. Considera que la simplificación no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para aumentar la eficiencia de la acción de la Unión, brindando así a las pequeñas entidades más oportunidades de ser beneficiarias; pide, por tanto, a la Comisión que, cuando formule normas para los programas de la Unión, establezca un equilibrio entre la facilidad de aplicación y la eficacia a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión y la transparencia;

399. Observa con preocupación que el análisis del gasto también explica cómo se ha demostrado que los mecanismos de flexibilidad son insuficientes para hacer frente a las emergencias durante el período actual; pide que se introduzcan cambios para aumentar la flexibilidad general y que se garanticen créditos suficientes para cubrir acontecimientos imprevistos;

400. Lamenta que el Tribunal haya constatado que el análisis del gasto era menos convincente en lo que se refiere a los aspectos estratégicos, como el valor añadido de la Unión de los programas de gasto y su coherencia con los objetivos de la Unión;

401. Coincide con la Comisión en que el valor añadido de la Unión debe figurar en el centro de cualquier debate sobre el futuro presupuesto de la Unión;

402. Toma nota de que la Comisión señalo que el concepto de valor añadido de la Unión era el principio rector del ejercicio de análisis del gasto; espera que la Comisión siga desarrollando y aplicando un concepto sólido y claramente definido de valor añadido de la Unión;

403. Considera que el concepto de valor añadido de la Unión va acompañado de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

404. Está convencido de que el concepto de valor añadido de la Unión es necesario no solo para asignar recursos sino también para diseñar y evaluar los programas de gasto;

405. Considera que solo los programas con un alto valor añadido de la Unión deben ser financiados en su totalidad por la Unión; propone que la financiación se limite a los programas con un valor añadido de la Unión medio y alto y que no financien programas con valor añadido de la Unión reducido;

406. Insiste en que todos los fondos comprometidos deben utilizarse y gastarse de la forma más adecuada de acuerdo con el principio de buena gestión financiera para maximizar el impacto;

407. Apoya la idea de establecer un vínculo más estrecho entre el presupuesto de la Unión y las recomendaciones específicas por país formuladas en el marco de los principios de gobernanza económica con el objetivo de fomentar reformas estructurales que fomenten el crecimiento en los Estados miembros; destaca que las recomendaciones deben respetar el principio de subsidiariedad y centrarse en cuestiones esenciales y sistémicas, como la mejora de la competitividad, el refuerzo de la cohesión social y económica, las oportunidades empresariales, la diversidad cultural, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la creación de puestos de trabajo;

408. Pide que se mejore la administración de los fondos y que, paralelamente, se refuerce la eficacia de los controles, que deben incluir las medidas adoptadas en caso de uso indebido sistemático de fondos de la Unión;

409. Destaca que deben intensificarse de conformidad con el principio de proporcionalidad los controles para evitar el uso indebido de los fondos de la Unión; que deben reforzarse los controles de la Unión cuando el Tribunal detecte graves deficiencias en la calidad y fiabilidad de las autoridades nacionales de auditoría; señala que, en caso de que el Tribunal detecte que se ha registrado un fracaso total por parte de las autoridades nacionales de auditoría, el MFP para el período de programación 2021-2027 debe proporcionar mecanismos para que la Comisión gestione la asignación de fondos;

410. Pone de relieve que debe reforzarse la visibilidad de las políticas de la Unión; destaca que todas las disposiciones legales en materia de información y comunicación deben aplicarse minuciosamente para garantizar la transparencia y la amplia difusión de los logros de los fondos;

411. Señala que los instrumentos financieros siempre deben estar hechos a medida y ser complementarios de las subvenciones con objeto de maximizar los resultados sobre el terreno; subraya que debe mejorarse la sinergia con otras políticas e instrumentos a fin de maximizar el impacto de la inversión; opina que se pueden lograr mejores resultados sin dejar de hacerlo de forma rentable;

412. Considera esencial dotar a los programas de gasto de la Unión de marcos de rendimiento sólidos y mutuamente coherentes armonizados con los objetivos estratégicos y el MFP de la Unión para el período de programación 2021-2027;

413. Toma nota de que es importante seguir mejorando el seguimiento del rendimiento y la evaluación de impacto de la financiación en el próximo MFP; considera que un conjunto de indicadores e instrumentos de evaluación comparativa puede respaldar regularmente la responsabilidad política y operativa en relación con la ejecución de los fondos;

414. Observa que los objetivos de los programas para el período de 2021 a 2027 definidos en el anexo de la Comunicación sobre el MFP adoptan la forma de declaraciones de misión; lamenta que los objetivos no se cuantifiquen y que no tengan carácter específico;

415. Confía en que se desarrollen modelos lógicos de intervención de carácter global con objetivos específicos y series correspondientes de indicadores de información, resultados e impacto en la legislación sectorial pertinente o los documentos de programación (también a escala nacional o regional);

416. Destaca que deben establecerse mandatos de auditoría pública para todos los tipos de financiación de las políticas de la Unión a escala nacional y de la Unión; destaca que el Tribunal debe ser nombrado auditor de los organismos creados para aplicar las políticas de la Unión, incluidos los organismos de la Unión y aquellos creados en virtud de acuerdos celebrados fuera del ordenamiento jurídico de la Unión;

Opiniones de las comisiones parlamentarias

Asuntos Exteriores

417. Señala, en relación con el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II), las deficiencias continuas de las capacidades administrativas de los países candidatos a la adhesión, que tienen como resultado una falta de capacidad de absorción en el marco de la gestión indirecta; resalta que, tal como se señala en el Informe Especial del Tribunal de 2018 sobre la financiación del IAP para Turquía, los progresos en ámbitos tan delicados como el Estado de Derecho y la sociedad civil no solo dependen de la financiación del IAP, sino, lo que es más importante, de la voluntad política de las autoridades; observa con preocupación que los fondos del IAP destinados a Turquía apenas abordaron los valores fundamentales, como la libertad de prensa y la imparcialidad de la justicia; considera que es más importante que nunca que la Comisión recurra a la condicionalidad para apoyar reformas en sectores prioritarios tales como el Estado de Derecho y la gobernanza en Turquía;

418. Celebra la puesta en marcha de las primeras medidas de desarrollo de capacidades en 2018 en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz modificado; destaca que estas actuaciones deben tener lugar en el marco de un proceso general de reforma del sector de la seguridad; aboga por un mayor seguimiento de las operaciones de estabilización a corto plazo a través de medidas a largo plazo financiadas por el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz u otros instrumentos;

419. Toma nota del estudio analítico del Tribunal relativo a la defensa europea y respalda sus recomendaciones; pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, garantice la coherencia de todos los esfuerzos de defensa realizados por la Unión con vistas al ejercicio de una actividad de la Unión en el ámbito de la PCSD (Cooperación Estructurada Permanente, Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, Fondo Europeo de Defensa, revisión anual coordinada de la defensa, etc.) y que garantice la interoperabilidad y las sinergias con la OTAN;

420. Pide a la Comisión que examine la legalidad de retirar la función presupuestaria del Parlamento Europeo mediante las decisiones del Consejo de crear la AED y la CEP; recuerda que las disposiciones pertinentes del TUE, artículo 45, apartado 2, y artículo 46, apartado 2, prevén que las decisiones se adopten por mayoría cualificada sin posibilidad de veto; recuerda que retirar la función presupuestaria del Parlamento Europeo en el marco del artículo 42 del TUE solo es posible para los gastos operativos y exige una decisión unánime del Consejo; destaca que el Consejo no ha adoptado nunca una decisión de este tipo;

421. Insiste en la necesidad de supervisar estrechamente la utilización de los fondos del Mecanismo para los refugiados en Turquía, velando por que se destinen estrictamente a proyectos centrados en los refugiados y no a otros fines; pide a la Comisión que informe periódicamente a la Autoridad Presupuestaria sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la base jurídica subyacente;

Desarrollo y cooperación

422. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que se abstengan de apoyar prácticas que faciliten la elusión fiscal de empresas y personas transnacionales, con miras a alcanzar su objetivo de crear un entorno comercial favorable a los inversores privados en los países en desarrollo en el ámbito de competencias del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible; destaca, además, el riesgo de endeudamiento vinculado a un mayor recurso por parte de la Unión a la financiación mixta, en particular en países del África subsahariana y del Caribe con ingresos limitados para reembolsar su deuda; pide a la Unión y a sus Estados miembros que luchen de forma eficaz y constante contra la evasión fiscal, las prácticas de elusión fiscal agresivas y la competencia fiscal perniciosa, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

Empleo y Asuntos Sociales

423. Toma nota de que, en lo que se refiere al Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), se han suspendido tres programas FSE/IEJ relacionados con el Reino Unido, Italia y Hungría y un programa FEAD en relación con Italia, lo que ha provocado la interrupción de distintos pagos en 2018; observa que se enviaron 33 cartas de advertencia a los Estados miembros afectados;

424. Reconoce que el número de cartas de advertencia e interrupciones experimentó un incremento considerable en 2018 con respecto al ejercicio anterior debido al mayor número de paquetes de fiabilidad recibidos en febrero de 2018 y los resultados de las auditorías de conformidad realizadas durante el ejercicio;

425. Recuerda que aún quedan pendientes de ejecución diez recomendaciones contenidas en informes especiales (una del Informe Especial n.° 16/2016 («Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»), dos del Informe Especial n.° 14/2016 («Iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de los gitanos: pese a los avances significativos de la última década, aún son necesarios esfuerzos adicionales sobre el terreno») y siete del Informe Especial n.° 6/2018 («Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores»), y que en la mayoría de los casos el plazo para ello vencía el 31 de diciembre de 2019; toma nota, en particular del Informe Especial n.° 14/2016, según el cual la mayoría de los proyectos se ejecutaron conforme a su planificación, pero que los criterios de «mejores prácticas» con miras a una integración satisfactoria de los gitanos no siempre se aplicaron y la supervisión del rendimiento del proyecto resultó difícil; recuerda que la falta de datos sólidos y globales sobre los gitanos no solo representa un problema en relación con los proyectos sino también de cara a la elaboración de políticas a escala nacional y de la Unión; deplora que esta situación posiblemente no cambie a menos que se adopten medidas rápidamente;

426. Recuerda las conclusiones del Informe Especial n.° 05/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo («Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas: Una ayuda valiosa, pero aún no se ha determinado cuál ha sido su contribución a la reducción de la pobreza»), en particular la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que, además de aliviar la pobreza a través de la ayuda alimentaria (que representa el 83 % del presupuesto del FEAD), los elementos de política social innovadores del FEAD ofrecen posibilidades a los Estados miembros para fomentar la inclusión social;

427. Subraya asimismo que los resultados disponibles presentados en el Informe Especial n.° 5/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo muestran que el fondo ha tenido un efecto notable en casi todos los Estados miembros y que las medidas de suministro de alimentos, ayuda material e inclusión social del FEAD cambian la situación de las personas más necesitadas, en particular de aquellas que de otro modo quedan al margen de la asistencia social ordinaria o requieren una ayuda inmediata; destaca también que, según los bancos de alimentos, un tercio de los alimentos que proporcionan es financiado por el FEAD, y que el FEAD permite reducir su dependencia de los flujos irregulares de donativos, por lo que les permite planificar mejor la redistribución de determinados alimentos;

428. Observa, no obstante, que, debido a las limitaciones de la supervisión que ejerce y a la falta de datos a escala de la Unión, aún no se ha demostrado cuantitativamente la contribución del FEAD a la reducción de la pobreza, y recuerda que la Comisión debe mejorar los datos recopilados para ilustrar mejor la importancia relativa del FEAD como vector de solidaridad europea y como medio para luchar contra las fracturas sociales en la Unión;

429. Observa que en la evaluación intermedia del FEAD se identificaron diversas deficiencias en la ejecución del Fondo y que el Tribunal de Cuentas Europeo recomendó que el Fondo se dirigiera más hacia las personas más necesitadas; recuerda asimismo que en la evaluación intermedia se estableció que cabía aprovechar mejor la ejecución de medidas conexas y su supervisión;

430. Recuerda que, según las conclusiones del Informe Especial n.° 6/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo («Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las autoridades de gestión tienen que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación»), si bien se han logrado mejoras en la forma en que las autoridades de gestión identifican los riesgos de fraude en los fondos de cohesión de la Unión (incluido el FSE) y conciben medidas preventivas, las autoridades de gestión todavía necesitan reforzar la detección del fraude, la respuesta a este y la coordinación en este ámbito;

431. Observa que, según la Comisión, la evaluación intermedia del EaSI ha puesto de manifiesto que sus objetivos siguen siendo pertinentes y que el programa resulta eficaz para llegar a las partes interesadas pertinentes, generar resultados de calidad y alcanzar sus objetivos, en particular a la luz del actual contexto socioeconómico problemático caracterizado por las consecuencias de la crisis económica y financiera; señala asimismo que, aunque los tres ejes (Progress, EURES y microfinanciación y emprendimiento social) parecen funcionar de manera independiente, se han identificado algunos ámbitos en los que podría alcanzarse un mayor grado de eficacia («sinergias»);

432. Toma nota en particular de que en la evaluación intermedia de EaSI se señalaron varias maneras de mejorar la ejecución del programa, en particular a través de la simplificación de los procedimientos, una mejor coherencia interna, una mayor flexibilidad, la atención a grupos que requieren un apoyo específico y la conexión con otros fondos, y anima a la Comisión a que actúe al respecto; insta, en particular, a que en el capítulo del EaSI, el FSE+ debe incluir una serie de mejoras en esta dirección;

Medio Ambiente

433. Destaca que el porcentaje de pagos que superaron los plazos legales alcanzó el 8,20 % de los pagos ejecutados por la DG de Medio Ambiente en 2018 (el 5,85 % en 2017 y el 3,92 % en 2016); lamenta, en particular, que los retrasos en los pagos en el marco del programa LIFE alcanzaran niveles más elevados en 2018 (el 10,3 % frente al 5, 5,8 % en 2017 y el 3,9 % en 2016);

434. Toma nota de que en 2018 la DG de Medio Ambiente presentó en su informe anual de actividad un porcentaje medio de error residual del 0,09 %, lo que implica que no superó el umbral de importancia relativa del 2 %;

435. Observa que la DG de Medio Ambiente destacó en su informe anual de actividad que las condiciones de la decisión de externalización para la cooperación con la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) respecto al personal hacen que la situación de este en la DG de Medio Ambiente sea muy precaria por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el programa LIFE, lo cual podría hacer necesario un nuevo examen de los métodos y acuerdos de trabajo dentro de esta Dirección General;

436. Acoge con satisfacción el hecho de que en 2018 solo el 0,93 % del conjunto de los pagos de la DG de Acción por el Clima se efectuase con retraso respecto a los plazos legales (3,9 % en 2017);

437. Destaca que la DG de Acción por el Clima y la DG de Presupuesto se ocupan del seguimiento del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión climática en el MFP, y que la DG de Acción por el Clima apoya a otras direcciones generales en la integración de las consideraciones climáticas en sus actividades; acoge con satisfacción el hecho de que, en 2018, el 20,1 % del presupuesto de la Unión se destinase a actividades relacionadas con el clima, pero lamenta que, a principios de 2019, se siguiera estimando que la tendencia del presupuesto de la Unión solo aportaría el 19,7 % durante el actual período del MFP;

438. Manifiesta su profunda preocupación por que se repita en el informe anual de actividades de la DG de Acción por el Clima de 2018 la reserva por motivos de reputación, jurídicos, financieros e institucionales relativos a riesgos de seguridad significativos identificados en el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de registro del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), según lo indicado en los informes anuales de actividad desde 2010 y confirmado por el ejercicio de evaluación de riesgos de 2018; lamenta la duración anormal de esta reserva; pide a la Comisión que resuelva rápidamente este problema;

Salud pública, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias

439. Destaca que, en el ámbito de la salud pública, la contratación pública es el instrumento de gestión financiera más importante y que en 2018 los créditos de compromiso y de pago se consumieron en su totalidad; destaca que, en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos, el presupuesto se ejecuta en gran medida mediante subvenciones directas a los Estados miembros y que los porcentajes de ejecución de los compromisos y los pagos alcanzaron el 99,0 % y el 98,6 %, respectivamente;

440. Toma nota de que en 2018 la DG de Salud y Seguridad Alimentaria presentó en su informe anual de actividad un porcentaje medio de error residual del 1,9 %, lo que implica que no superó el umbral de importancia relativa del 2 %;

441. Toma nota con preocupación de que el porcentaje de pagos relacionados con la gestión de las subvenciones realizados a tiempo por la DG de Salud y Seguridad Alimentaria se redujo del 97 % al 83 % entre 2016 y 2018;

442. Señala los retos detectados por la DG de Salud y Seguridad Alimentaria en su informe anual de actividades respecto a la ejecución del tercer programa de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 (en lo sucesivo, «programa de salud»); toma nota de que dichos retos están relacionados con el actual mecanismo de financiación del Programa de Salud —que solo permite una financiación orientada a proyectos y puede tener un impacto negativo en la sostenibilidad a largo plazo de las acciones emprendidas— y con la complejidad de algunos de sus mecanismos, como las acciones conjuntas llevadas a cabo con los Estados miembros, lo que implica que los plazos desde la planificación de la actividad en un primer momento hasta su inicio real pueden ser largos; toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo en el Informe Especial n.° 21/2019 sobre la resistencia a los antimicrobianos, según las cuales las actividades de la Comisión y de las agencias han logrado algunos avances, por ejemplo, en cuestiones veterinarias y alimentarias; lamenta, no obstante, que, según el mismo informe, hasta la fecha haya pocas pruebas de que la carga sanitaria de la resistencia a los antimicrobianos se haya reducido en la Unión;

Transportes y Turismo

443. Celebra la finalización de la convocatoria de financiación mixta del MCE en 2018 con un enfoque innovador que ha aportado un presupuesto indicativo total de 1 350 millones de euros en subvenciones de la Unión que se combinarán con la financiación facilitada por el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), el Banco Europeo de Inversiones, los bancos nacionales de fomento o inversores privados; considera necesario llevar a cabo una evaluación ex post de estos proyectos con el fin de evaluar la eficacia de este enfoque innovador; observa que el segundo plazo para la presentación de propuestas en abril de 2018 —dedicadas principalmente a proyectos de innovación y de nuevas tecnologías, en particular en el campo de los combustibles alternativos, con el objetivo de apoyar la política de movilidad limpia de la Comisión— concluyó con la selección de 35 proyectos para los que la financiación total del MCE ascendió a 404,8 millones de euros; señala la necesidad de que los beneficiarios conozcan mejor las normas de subvencionabilidad del MCE, en particular estableciendo una distinción clara entre contratos de ejecución y subcontratos; recuerda que la cantidad de dinero utilizada en el marco de un instrumento financiero no es su único criterio de rendimiento, y pide a la Comisión que profundice en su evaluación de los logros alcanzados en el marco de los proyectos de transporte financiados por la Unión y que mida su valor añadido y el gasto orientado a los resultados;

444. Observa que para el quinto año del actual periodo de programación (2014-2020), tan solo el 23 % de los fondos concedidos inicialmente había dado lugar a pagos para enero de 2019, poniendo en entredicho la plena ejecución del MCE; reitera que, para evitar una acumulación significativa de retrasos en los pagos, liberaciones de créditos y restituciones al final del período de programación, y que no dé tiempo a reinyectar fondos a otros proyectos, es esencial que la INEA realice un estrecho seguimiento de la ejecución técnica y financiera de los proyectos, de modo que puedan adoptarse a tiempo medidas correctoras eficaces; reitera las recomendaciones del Tribunal a la Comisión y a la INEA para garantizar una mayor coherencia y transparencia de los procedimientos de selección de proyectos, establecer mejores condiciones para la ejecución oportuna del programa y rediseñar el marco de rendimiento para efectuar un mejor seguimiento de los resultados de los proyectos;

445. Acoge con satisfacción el Informe Especial n.° 30/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, que concluye que los principales modos de transporte público están cubiertos por la normativa de la Unión, de manera que el marco de la Unión para los derechos de los pasajeros es único en todo el mundo; lamenta, sin embargo, la conclusión del Tribunal de que muchos pasajeros no están suficientemente informados de sus derechos y con frecuencia no se benefician de los mismos por problemas en el cumplimiento de la normativa; reitera, por tanto, la petición del Tribunal de mejorar la coherencia, la claridad y la eficacia del marco de la Unión para los derechos de los pasajeros, tomar medidas para promover campañas de sensibilización más eficaces y transparentes, y proporcionar a los organismos nacionales de ejecución instrumentos adicionales para hacer valer los derechos de los pasajeros;

446. Pide de nuevo a la Comisión que, habida cuenta de la multiplicidad de fuentes de financiación, garantice un acceso fácil a los proyectos mediante una ventanilla única que permita a los ciudadanos tener una visión clara de la evolución y la financiación de las infraestructuras cofinanciadas con los fondos de la Unión y el FEIE; estas ventanillas únicas tendrán amplios poderes de coordinación, con las normas de la Unión vigentes, y una dimensión multilingüe, lo que facilitará la gestión de todas las evaluaciones de impacto ambiental; observa que en el quinto año del marco financiero plurianual 2014-2020 la absorción de los fondos del FEIE ha seguido siendo más lenta de lo previsto; destaca que los errores detectados se deben a los beneficiarios, por lo que es necesario más asesoramiento sobre las normas de subvencionabilidad;

447. Destaca que la política de infraestructuras de transporte ofrece una clara oportunidad de aumentar las sinergias entre las necesidades civiles y de defensa y la RTE-T; Acoge con satisfacción la introducción de un pilar de movilidad militar en la política de RTE-T con la adopción del plan de acción en marzo de 2018, así como la propuesta de la Comisión de incluir una nueva partida dedicada a las necesidades de movilidad militar por un importe de 6 500 millones de euros en el presupuesto del MCE para el período 2021-2027; destaca la importancia de analizar las diferencias entre los requisitos militares y de la RTE-T a fin de establecer la cartera de proyectos de infraestructuras de doble uso que podrían recibir financiación del MCE durante el periodo 2021-2027 y reforzar la RTE-T; insiste en que esta medida refleja el papel estratégico que desempeña la RTE-T en la integración de las infraestructuras de la Unión para lograr una movilidad rápida y fluida a lo largo y ancho del continente, y al reforzar nuestra capacidad para responder a situaciones de emergencia como las crisis humanitarias, las catástrofes naturales o las emergencias civiles, contribuyendo así al ulterior desarrollo del mercado interior;

448. Acoge con satisfacción la puesta en marcha de nuevos proyectos en torno a la movilidad urbana y la eficiencia de la logística y las infraestructuras, entre ellos el puerto del futuro, que representan unos 105 millones de euros de la convocatoria de 2017 del programa Horizonte 2020; celebra la adopción del programa de trabajo trienal de transportes de Horizonte 2020 para el período 2018-2020; reitera la recomendación del Tribunal de establecer un plan europeo de desarrollo portuario para los puertos principales y de revisar el número de puertos principales;

Desarrollo regional

449. Subraya que las irregularidades detectadas en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea no implican automáticamente un fraude y que es necesario realizar un análisis exhaustivo de los resultados de las auditorías antes de aplicar correcciones financieras a los beneficiarios; pide a la Comisión que ejecute su estrategia de lucha contra el fraude y que siga apoyando y ayudando a los Estados miembros en la aplicación de medidas de lucha contra el fraude, incluido el análisis de las irregularidades notificadas por los Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

450. Pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción de los fondos y que evalúe vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen a estos desequilibrios, así como que aumente la asistencia técnica sobre el terreno; destaca que la flexibilidad y la simplificación de las normas pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de los Fondos EIE;

451. Pide a la Comisión y al Consejo que establezcan, en el primer semestre de 2020, un plan de acción para acelerar la ejecución de los Fondos EIE en el período de programación actual, con incentivos claros en aras de una absorción eficaz de los fondos disponibles, reforzando los objetivos estratégicos de la Unión, en particular la cohesión económica, social y territorial y, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, la lucha contra el cambio climático;

Agricultura y Desarrollo Rural

452. Pide al Tribunal de Cuentas que elabore un informe especial sobre el acaparamiento de tierras y su posible repercusión en la PAC;

453. Recuerda a la Comisión que existe una diferencia significativa en los tipos de errores, por ejemplo, entre las omisiones involuntarias y los casos de fraude; recuerda que la mayoría de los beneficiarios son pequeñas y medianas explotaciones y que una normativa compleja incrementa el riesgo de que se produzcan omisiones involuntarias, algo que también debe tenerse en cuenta al estimar el porcentaje real de error;

454. Destaca que la correcta ejecución de las intervenciones de la PAC está estrechamente relacionada con el cumplimiento por parte de los beneficiarios de los compromisos establecidos a nivel de la Unión; destaca que una mayor flexibilidad de los Estados miembros en la asignación de las subvenciones de la PAC podría favorecer la aparición de intereses políticos nacionales a corto plazo y puede agravar los abusos, por lo que insta a la Comisión a que evite la renacionalización de la PAC, en particular en lo que se refiere al sistema de supervisión del cumplimiento por los beneficiarios individuales de las normas sobre la subvencionabilidad de las ayudas, con objeto de conservar la credibilidad de la Unión con respecto a la gestión de una de sus principales políticas públicas;

Cultura y Educación

455. Acoge con satisfacción que el Tribunal de Cuentas Europeo constatara, en su Informe Especial n.° 22/2018 sobre la movilidad en Erasmus+, que dicho programa tiene un efecto positivo en la actitud de los participantes respecto de la Unión y genera numerosas formas de valor añadido europeo; destaca, no obstante, que deben desplegarse esfuerzos adicionales para ajustar plenamente los indicadores a los objetivos y que es necesario simplificar los procesos de solicitud y de presentación de informes;

456. Acoge con satisfacción los efectos positivos del programa Erasmus+ en la promoción de la inclusión de personas de entornos desfavorecidos, tal y como se señala en el Informe Especial n.° 22/2018 del Tribunal; pide que se mejore la definición, la presentación de informes y el seguimiento en ese ámbito a fin de garantizar el carácter inclusivo del programa Erasmus+, así como del Cuerpo Europeo de Solidaridad y del programa Europa Creativa;

457. Subraya la necesidad de aumentar la financiación de los programas Erasmus+ y Europa Creativa, teniendo presentes el éxito de dichos programas y el valor añadido que generan;

458. Reconoce que el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes no ha producido los resultados esperados, por lo que la Comisión ha decidido reasignar los fondos correspondientes;

459. Destaca el aumento de las tasas de éxito del programa Europa Creativa en comparación con 2017 (un 31 % en el subprograma Cultura y un 48 % en el subprograma MEDIA); subraya, sin embargo, que se necesitan niveles de financiación más adecuados para mejorar esos resultados aún insatisfactorios;

460. Pide a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) que preste la debida atención a la simplificación y adaptación de los procedimientos de solicitud en relación con los destinatarios a fin de mejorar la accesibilidad a los programas;

461. Observa que el sistema de control interno de la EACEA todavía necesita importantes mejoras, tal y como se señaló en las reservas formuladas durante la segunda fase de una auditoría de la gestión de las subvenciones de los programas Erasmus + y Europa Creativa; pide a la EACEA que adopte todas las medidas correctoras necesarias para garantizar la máxima calidad en la ejecución de los programas;

462.  Llama la atención sobre los retos que tienen ante sí las Escuelas Europeas durante el proceso de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión, y pide a la Comisión y a las Escuelas Europeas que informen a la Comisión de Cultura y Educación acerca de la retirada del Reino Unido y de cómo se proponen seguir dispensando en las Escuelas Europeas una enseñanza de gran calidad en inglés tras la retirada del Reino Unido de la Unión;

463. Hace hincapié en que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos directivos de nivel intermedio de la EACEA, con un 31 %; pide a la Agencia que adopte medidas para alcanzar el objetivo del 40 % en 2020.

Justicia, libertad y asuntos de interior

464. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas sobre el apoyo de la Unión a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer frente a la radicalización[123], financiado entre otros por el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el programa «Justicia»; comparte la opinión del Tribunal de que la Comisión debe mejorar el marco para la coordinación general de las acciones financiadas por la Unión para combatir la radicalización, aumentar el apoyo práctico a los profesionales y responsables políticos de los Estados miembros, y mejorar el marco de evaluación de los resultados;

465. Celebra que el Tribunal no haya encontrado deficiencias importantes en los procedimientos de liquidación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del FSI de la Comisión, y que esté de acuerdo con las decisiones de liquidación de la Comisión; lamenta, no obstante, que 3 de las 18 operaciones examinadas por el Tribunal contengan errores, entre ellas, una operación de gestión compartida en el marco del FAMI presenta un índice de error del 9,4 %; insta a la Comisión a que aborde las deficiencias sistémicas detectadas por el Tribunal, por ejemplo, la falta de controles ex post de los documentos justificativos en caso de controles administrativos ex ante de las solicitudes de pago; pide a los Estados miembros que mejoren los controles de los procedimientos de contratación organizados por los beneficiarios de los fondos en cuanto a su legalidad y regularidad;

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

466. Subraya que los derechos de la mujer y la perspectiva de la igualdad de género deben integrarse y garantizarse en todos los ámbitos políticos; reitera, por lo tanto, su llamamiento en favor de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario, incluidas la ejecución del presupuesto y la evaluación de su ejecución;

467. Lamenta la tendencia de los últimos años al recorte de los fondos de la Unión destinados a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y se reafirma en su petición de incrementar los recursos para el objetivo específico de Daphne; reitera su llamamiento en favor de la inclusión de una línea presupuestaria separada para el objetivo específico Daphne del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»; toma nota de la evolución del desarrollo de una encuesta a escala de la Unión, con una metodología y un cuestionario comunes, para recopilar periódicamente datos comparables sobre violencia de género en todos los Estados miembros; espera recibir los primeros resultados del ejercicio piloto de la encuesta en 2019 para poder llevarla a cabo a partir de 2020-2021;

468. Pide que se estudien las sinergias entre los programas internos y externos de la Unión para garantizar un enfoque coherente y continuado respecto a las políticas tanto interiores como exteriores de la Unión, como por ejemplo frente a la cuestión de la mutilación genital femenina.

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (21.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Vangelis Meimarakis</Depute>

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Tribunal») no ha calculado ninguna estimación del nivel de error en el gasto de la rúbrica 4 para 2018; respalda plenamente las recomendaciones formuladas por el Tribunal; hace hincapié, en particular, en que el Tribunal tiene que poder acceder a todos los documentos pertinentes para poder llevar a cabo su labor, también cuando los fondos se desembolsan a través de organizaciones internacionales; apoya la recomendación del Tribunal de reforzar la obligación de las organizaciones internacionales de transmitir los documentos necesarios;

2. Toma nota del Informe Especial n.º 32/2018 del Tribunal titulado «Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente enfocado»; pide a la Comisión que aborde sin demora las recomendaciones pendientes; hace hincapié en la necesidad de garantizar que los proyectos financiados mediante el Fondo Fiduciario de la Unión complementen las acciones en el marco de otros instrumentos de la Unión y aquellos financiados por los Estados miembros u otros donantes; toma nota del bajo nivel de contribuciones de los Estados miembros y otros donantes, que pone en tela de juicio los motivos para recurrir a un Fondo Fiduciario de la Unión;

3. Elogia los esfuerzos de la sociedad civil en todo el mundo para fomentar y defender los derechos humanos, en especial en una época en la que el espacio de la sociedad civil se reduce y se cuestiona la universalidad de los derechos humanos; toma nota del Informe Especial n.º 35/2018 del Tribunal titulado «Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo»; destaca que el Tribunal concluyó que, en el ámbito de la acción exterior, la selección, por parte de la Comisión, de proyectos dirigidos por ONG es generalmente transparente y que la Comisión transmitió datos sobre ayuda humanitaria y al desarrollo generalmente de conformidad con las normas internacionales en materia de transparencia; observa, sin embargo, que el informe del Tribunal concluyó que la Comisión podría mejorar su transparencia en relación con la ejecución de los fondos de la Unión por parte de las ONG; destaca que las ONG están sujetas a los mismos requisitos de transparencia que otros beneficiarios; pide a la Comisión que mejore sus sistemas de supervisión del uso de los fondos ejecutados por las ONG, que garantice y verifique la aplicación correcta y coherente de las normas y los procedimientos, en consonancia con las recomendaciones del Tribunal, y que permita también una evaluación de los costes declarados por todos los actores encargados de la ejecución; celebra, en este contexto, la puesta en marcha, en marzo de 2019, del Explorador de la Ayuda de la UE, una página web pública que muestra todos los datos publicados acerca de la asistencia exterior procedente de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros; destaca la importancia de reforzar el apoyo de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil en el próximo marco financiero plurianual (MFP);

4. Señala, en relación con el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), las deficiencias continuas de las capacidades administrativas de los países candidatos a la adhesión, que tienen como resultado una falta de capacidad de absorción en el marco de la gestión indirecta; resalta que, tal como se señala en el Informe Especial del Tribunal de 2018 sobre la financiación del IAP para Turquía, los progresos en ámbitos tan delicados como el Estado de Derecho y la sociedad civil no solo dependen de la financiación del IAP, sino, lo que es más importante, de la voluntad política de las autoridades; observa con preocupación que los fondos del IAP destinados a Turquía apenas abordaron los valores fundamentales, como la libertad de prensa y la imparcialidad de la justicia; considera que es más importante que nunca que la Comisión recurra a la condicionalidad para apoyar reformas en sectores prioritarios tales como el Estado de Derecho y la gobernanza en Turquía;

5. Celebra la puesta en marcha de las primeras medidas de desarrollo de capacidades en 2018 en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz modificado; destaca que estas actuaciones deben tener lugar en el marco de un proceso general de reforma del sector de la seguridad; aboga por un mayor seguimiento de las operaciones de estabilización a corto plazo a través de medidas a largo plazo financiadas por el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz u otros instrumentos;

6. Toma nota del estudio analítico del Tribunal relativo a la defensa europea y respalda sus recomendaciones; pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, garantice la coherencia de todos los esfuerzos de defensa realizados por la Unión con vistas al ejercicio de una actividad de la Unión en el ámbito de la PCSD (Cooperación Estructurada Permanente, Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, Fondo Europeo de Defensa, revisión anual coordinada de la defensa, etc.) y que garantice la interoperabilidad y las sinergias con la OTAN; considera que una base tecnológica e industrial de la defensa europea competitiva, el refuerzo de las capacidades militares de los Estados miembros y la configuración de una Unión Europea de Defensa deben ser parte de los objetivos clave de la Unión en el próximo MFP; pide más evaluaciones independientes y disponibles públicamente de las medidas de seguridad civil y militar de la Unión, en especial las misiones de formación militar de la Unión, la creación de capacidades militares en terceros países (DCSD a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz), y las medidas de gestión de las fronteras y la migración;

7. Pide a la Comisión que examine la legalidad de retirar la función presupuestaria del Parlamento Europeo mediante las decisiones del Consejo de crear la AED y la CEP; recuerda que las disposiciones pertinentes del TUE, artículo 45, apartado 2, y artículo 46, apartado 2, prevén que las decisiones se adopten por mayoría cualificada sin posibilidad de veto; recuerda que retirar la función presupuestaria del Parlamento Europeo en el marco del artículo 42 del TUE solo es posible para los gastos operativos y exige una decisión unánime del Consejo; destaca que el Consejo no ha adoptado nunca una decisión de este tipo;

8. Insiste en la necesidad de supervisar estrechamente la utilización de los fondos del Mecanismo para los refugiados en Turquía, velando por que se destinen estrictamente a proyectos centrados en los refugiados y no a otros fines; pide a la Comisión que informe periódicamente a la Autoridad Presupuestaria sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la base jurídica subyacente;

9. Manifiesta su preocupación por la falta de visibilidad de los proyectos financiados por la Unión y subraya la necesidad de mejorar la visibilidad y reforzar la complementariedad de los instrumentos financieros de la Unión;

10. Lamenta la falta de flexibilidad en los procedimientos presupuestarios y financieros relativos a las misiones civiles de la PCSD; reitera su opinión de que la Comisión debe introducir normas específicas en materia de contratación pública en las medidas de gestión de crisis en el marco de la PCSD a fin de facilitar una ejecución rápida y flexible de las misiones.

 


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

21.1.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

49

10

2

Miembros presentes en la votación final

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Catherine Rowett, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Suplentes presentes en la votación final

Attila Ara-Kovács, Loucas Fourlas, Sunčana Glavak, Markéta Gregorová, Robert Hajšel, Martin Horwood, Arba Kokalari, Hannah Neumann, Luisa Porritt, Paulo Rangel, Tineke Strik, Javier Zarzalejos

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Costas Mavrides, Mikuláš Peksa, Geoffrey Van Orden

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

49

+

NI

Márton Gyöngyösi

PPE

Traian Băsescu, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Luisa Porritt, Irina Von Wiese

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Costas Mavrides, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Andreas Schieder

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Mikuláš Peksa, Catherine Rowett, Tineke Strik, Salima Yenbou

 

10

-

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou

ID

Jaak Madison

NI

Nathan Gill, Kostas Papadakis

 

2

0

ID

Lars Patrick Berg, Thierry Mariani

 

 

Rectificación de voto

+

 

-

Thierry Mariani

0

 

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO (23.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Charles Goerens</Depute>

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la legalidad del gasto de la Unión es un principio clave de buena gestión financiera;

2. Destaca que la ambición de la Unión de establecer una «asociación entre iguales» con sus países socios implica un respeto absoluto del «principio de apropiación», en consonancia con los compromisos internacionales de la Unión en materia de eficacia de la ayuda; reitera su preocupación por la utilización de fondos para el desarrollo en objetivos que no están relacionados con el desarrollo y subraya que la financiación que no satisfaga los criterios de la ayuda oficial al desarrollo debe proceder de otros instrumentos distintos del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD); insta, en particular, a la Unión y a sus Estados miembros a que se abstengan de condicionar su ayuda a requisitos en materia de migración y de reformas comerciales, que contravienen los principios de eficacia del desarrollo; destaca la importancia de garantizar el respeto de las normas en materia de derechos humanos en todas las actividades de cooperación en el marco del ICD e insiste en que, para combatir eficazmente la pobreza a largo plazo, la Unión debe abordar las causas subyacentes de la pobreza y fomentar la igualdad de oportunidades;

3. Lamenta que, a pesar del compromiso de la Unión con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el Informe Especial n.º 7/2019 del Tribunal de Cuentas ponga de manifiesto que la Comisión no supervisa la forma en la que el presupuesto y las políticas de la Unión contribuyen al desarrollo sostenible y a la realización de los ODS ni informa al respecto; toma nota de que la Comisión ha publicado recientemente un documento de reflexión en el que presenta escenarios para una Europa sostenible; lamenta, no obstante, que este documento no incluya un análisis de las carencias en los sectores en los que la Unión debe emprender acciones adicionales en términos de presupuesto, política y legislación, y que no presente la contribución de los programas de gasto de la Unión a la realización de los ODS;

4. Acoge con satisfacción que, hasta 2018, el 20,3 % de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo financiadas por la Unión se destinaran a la lucha contra el cambio climático; reitera, no obstante, su opinión de que en el futuro este porcentaje debe ser más del doble y de que al menos el 45 % de la financiación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional propuesto para el período 2021-2027 debe destinarse a objetivos climáticos y medioambientales; pide, en este contexto, un mejor acceso a las energías renovables y ayuda a las inversiones en tecnologías medioambientales, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles y un mayor desarrollo de la economía circular y de la colaboración internacional en favor de la utilización sostenible de la tierra, los bosques, el agua y los recursos, así como inversiones en sistemas de protección civil y de alerta temprana;

5. Acoge con satisfacción el uso del apoyo presupuestario en general para ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de reforma y en la consecución de los ODS; insta, no obstante, a la Comisión a que evalúe más claramente la contribución del apoyo presupuestario de la Unión a la consecución de los ODS, en particular en lo que se refiere al ODS 10 (Reducción de las desigualdades), y a que mejore los mecanismos de control por lo que respecta a la actuación de los Estados beneficiarios en materia de corrupción, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia; recuerda que la movilización de los recursos nacionales constituye la piedra angular de una financiación sostenible del desarrollo y uno de los cinco retos clave en materia de desarrollo que se han de abordar con ayuda presupuestaria; pide a la Comisión que adopte una política comercial y de inversión coherente con este objetivo, que implique, entre otras cosas, tener en cuenta la inquietud de los países menos desarrollados por los acuerdos de asociación económica en relación con la erosión de los ingresos vinculada a la supresión de los derechos de aduana, y garantizar una distribución equitativa de los derechos de imposición, al mismo tiempo que se negocian tratados en materia fiscal y de inversión con países en desarrollo, en particular en relación con la redistribución de los ingresos fiscales procedentes de recursos naturales;

6. Pide una rendición de cuentas más estricta y una mayor eficiencia en el gasto de la Unión en materia de desarrollo, dado que los resultados del desarrollo no solo se deben definir, sino también analizar y supervisar en términos de resultados tangibles y de efectos en el desarrollo;

7. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que se abstengan de apoyar prácticas que faciliten la elusión fiscal de empresas y personas transnacionales, con miras a alcanzar su objetivo de crear un entorno comercial favorable a los inversores privados en los países en desarrollo en el ámbito de competencias del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible; destaca, además, el riesgo de endeudamiento vinculado a un mayor recurso por parte de la Unión a la financiación mixta, en particular en países del África subsahariana y del Caribe con ingresos limitados para reembolsar su deuda; pide a la Unión y a sus Estados miembros que luchen de forma eficaz y constante contra la evasión fiscal, las prácticas de elusión fiscal agresivas y la competencia fiscal perniciosa, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

8. Acoge con satisfacción los compromisos contraídos por la comisaria de Cooperación Internacional, en particular los compromisos de contar con la participación del Parlamento Europeo en el control de los fondos fiduciarios de la Unión, de mejorar la transparencia de todas las actividades de cooperación al desarrollo de la Unión y del uso de los fondos conexos, y de garantizar la coherencia entre las distintas políticas de la Unión.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

22.1.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

18

2

0

Miembros presentes en la votación final

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Suplentes presentes en la votación final

Stéphane Bijoux, Patrizia Toia

 

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

18

+

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Martin Horwood

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

0

0

 

 

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES (23.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que 2018 fue el penúltimo año de aplicación del actual marco financiero plurianual (MFP) y que todos los programas financieros son ya plenamente operativos;

2. Observa con preocupación que se han registrado retrasos en las solicitudes de pago por un importe sustancial, que se presentarán en los próximos ejercicios, y que ello ha tenido repercusiones en la utilización de la prefinanciación y de los compromisos pendientes y que afectará a las necesidades en materia de créditos de pago al inicio del próximo MFP; reconoce que la Comisión Europea está adoptando medidas para evitar una presión indebida en el nivel de los créditos de pago en los primeros años del MFP 2021-2027;

3. Se congratula de que en 2018 las autoridades de auditoría hayan comunicado por primera vez los errores utilizando una metodología común acordada entre la Comisión y los Estados miembros, y de que la mayor parte de las irregularidades detectadas se refieran a gastos no subvencionables y procedimientos de contratación pública; observa que se ha registrado una mejora sostenida en el nivel de error general estimado en los pagos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión en los últimos años (4,4 % en 2014; 3,8 % en 2015; 3,1 % en 2016; 2,4 % en 2017 y 2,6 % en 2018);

4. Se congratula de que la Comisión Europea haya dado curso a una gran proporción de las recomendaciones de seguimiento del Tribunal y apoya el compromiso del Tribunal, en consonancia con su estrategia para el período 2018-2020, de realizar un seguimiento de todas las recomendaciones de las auditorías de gestión que le formuló a la Comisión tres años antes;

COMENTARIOS EN TORNO A LA SUBRÚBRICA 1B DEL MFP «COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL»

Observaciones generales

5. Subraya que la política de cohesión de la Unión Europea reviste importancia a la hora de apoyar la ejecución del pilar europeo de los derechos sociales y de asistir a los Estados miembros y las regiones al aprovechar nuevas oportunidades y afrontar retos como la globalización, el desempleo, el cambio industrial, la digitalización y el reciclaje profesional;

6. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha constado un aumento significativo de las solicitudes de pago por parte de los Estados miembros en 2018 con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que incluyen el Fondo Social Europeo, debido principalmente al nivel relativamente bajo de solicitudes de pago con cargo a los Fondos EIE durante los primeros años de los programas que abarcan el período 2014-2020; observa, asimismo, que, en el caso de estos fondos, la absorción ha seguido siguió siendo más lenta de lo previsto, fenómeno que ha contribuido al incremento de los compromisos pendientes de los Fondos EIE; lamenta estos retrasos en la ejecución de los Fondos EIE, que seguirán incidiendo en el recurso a la prefinanciación y los compromisos pendientes para el ejercicio final del MFP actual, así como a las necesidades de créditos de pago en el próximo MFP; pide a la Comisión que analice las razones del bajo nivel de absorción y tome medidas, en particular la simplificación de las nuevas normas para el período posterior a 2020, a fin de evitar una presión indebida en el nivel de los créditos de pago en los primeros años del MFP 2021-2027 y también unas normas innecesariamente complejas o farragosas que no ofrecen una valor añadido a las políticas de la Unión;

7. Expresa su profunda preocupación en relación con el incremento del nivel de error estimado en el ámbito de actividad relacionado con la «cohesión económica, social y territorial» hasta el 5 %, lo que supera con creces el umbral de importancia relativa del 2 %; subraya que el nuevo marco de control y fiabilidad fue diseñado para garantizar que los porcentajes anuales de error residual permanezcan por debajo del 2 %;

8. Observa que persisten las debilidades en cuanto a la regularidad de los gastos declarados por las autoridades de gestión y que, pese a recientes mejoras, siguen dándose deficiencias y errores no detectados o no corregidos; destaca, a este respecto, que el trabajo de las autoridades de auditoría desempeña un papel esencial del marco de control y fiabilidad del gasto en cohesión;

9. Reconoce que, en este ámbito de actividad, el gasto de la Unión se caracteriza por reembolsos de costes, lo que implica normas más complejas que en otros ámbitos políticos; toma nota asimismo de que surge una fuente importante de complejidad para los beneficiarios cuando los requisitos nacionales de subvencionabilidad exceden de los requisitos establecidos por la legislación de la Unión; recuerda que el TCE constató que el nivel estimado de error de los gastos de alto riesgo se sitúa en un 4,5 %;

10. Destaca que esto se traduce en ese nivel de error estimado relativamente elevado (que aumentó en un 3 % con respecto al ejercicio precedente) en este ámbito de actividad, que fue el que más contribuyó al nivel de error estimado para los gastos de alto riesgo en 2018 (el 43 % de todos los errores);

11. Expresa, asimismo, su preocupación por que, según el TCE, la DG de Empleo, en su estimación del importe del riesgo (1,8 % de los gastos de dicha DG en 2018, es decir, 247 millones EUR), subestimó el nivel de irregularidad correspondiente a 2018;

12. Suscribe las conclusiones del TCE de que son precisas nuevas mejoras, en particular en lo que respecta a la ejecución del marco por parte de las autoridades de gestión, las autoridades de auditoría y la Comisión con miras a reducir el elevado nivel de error;

13. Destaca, este ejercicio una vez más, la necesidad de adoptar medidas eficaces para reducir esas fuentes de error y alcanzar al mismo tiempo un índice de rendimiento elevado, e insta a la Comisión a que aplique rápidamente las recomendaciones del TCE en este ámbito; pide, en particular, a la Comisión que aplique mejor las medidas oportunas de control orientadas a velar por que no puedan finalizarse programas con gastos irregulares de importancia, e insta a las autoridades de auditoría a que subsanen las deficiencias notificadas y hagan un mejor uso del modelo de fiabilidad de la Comisión en el futuro y, en particular, a que practiquen controles periódicos al nivel de los intermediarios financieros;

14. Toma nota de que, en lo que se refiere al Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), se han suspendido tres programas FSE/IEJ relacionados con el Reino Unido, Italia y Hungría y un programa FEAD en relación con Italia, lo que ha provocado la interrupción de distintos pagos en 2018; observa que se enviaron 33 cartas de advertencia a los Estados miembros afectados;

15. Reconoce que el número de cartas de advertencia e interrupciones experimentó un incremento considerable en 2018 con respecto al ejercicio anterior debido al mayor número de paquetes de fiabilidad recibidos en febrero de 2018 y los resultados de las auditorías de conformidad realizadas durante el ejercicio;

FSE

 16. Recuerda que el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) tienen por objeto fomentar un alto nivel de empleo, educación y formación y la creación de más puestos de trabajo y de mejor calidad, también a través de medidas en el marco de la IEJ para las regiones con alto nivel de desempleo; subraya que, por lo tanto, la IEJ deben seguir recibiendo apoyo político y financiero de la Unión y de las instituciones nacionales y regionales en la realización de sus objetivos en los próximos años, y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de convertir la IEJ en un instrumento permanente de lucha contra el desempleo juvenil;

17. Recuerda que el TCE, en su Informe Especial n.º 5/2017 («¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil?»), constató que, si bien se habían logrado avances en la ejecución de la Garantía Juvenil (GJ) en algunos Estados miembros y se habían alcanzado algunos resultados, la situación no respondía a las expectativas iniciales que se habían generado cuando se puso en marcha la GJ; recuerda asimismo que, si bien se ha logrado la reorientación de los fondos del FSE, a raíz de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.º 17/2015 del TCE («Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud»), debe prestarse más atención a los resultados;

18. Reitera, por consiguiente, que los procedimientos de gestión financiera así como los requisitos de información en el marco de la IEJ y la GJ deben mejorarse y orientarse más hacia los jóvenes más alejados de la educación, la formación y el empleo;

19. Recuerda que aún quedan pendientes de ejecución diez recomendaciones contenidas en informes especiales (una del Informe Especial n.º 16/2016 («Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»), dos del Informe Especial n.º 14/2016 («Iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de los gitanos: pese a los avances significativos de la última década, aún son necesarios esfuerzos adicionales sobre el terreno») y siete del Informe Especial n.º 6/2018 («Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores»), y que en la mayoría de los casos el plazo para ello vencía el 31 de diciembre de 2019; toma nota, en particular del Informe Especial n.º 14/2016, según el cual la mayoría de los proyectos se ejecutaron conforme a su planificación, pero que los criterios de «mejores prácticas» con miras a una integración satisfactoria de los gitanos no siempre se aplicaron y la supervisión del rendimiento del proyecto resultó difícil; recuerda que la falta de datos sólidos y globales sobre los gitanos no solo representa un problema en relación con los proyectos sino también de cara a la elaboración de políticas a escala nacional y de la Unión; deplora que esta situación posiblemente no cambie a menos que se adopten medidas rápidamente;

FEAD

20. Opina que reviste la máxima importancia una actuación comprometida de la Unión en favor de las personas más necesitadas, dado que en la Unión Europea por término medio una de cada cinco personas y uno de cada cuatro niños siguen estando en peligro de pobreza o de exclusión social;

21. Recuerda las conclusiones del Informe Especial n.º 5/2019 del TCE («Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas: Una ayuda valiosa, pero aún no se ha determinado cuál ha sido su contribución a la reducción de la pobreza), en particular la conclusión del TCE en el sentido de que, además de aliviar la pobreza a través de la ayuda alimentaria (que representa el 83 % del presupuesto del FEAD), los elementos de política social innovadores del FEAD ofrecen posibilidades a los Estados miembros para fomentar la inclusión social;

22. Subraya asimismo que, los resultados disponibles presentados en el Informe Especial n.º 5/2019 muestran que el fondo ha tenido un efecto notable en casi todos los Estados miembros y que las medidas del FEAD de prestación de alimentos, ayuda material e inclusión social cambian la situación de las personas más necesitadas, en particular de aquellas que de otro modo quedan al margen de la asistencia social ordinaria o que requieren una ayuda inmediata; destaca también que, según los bancos de alimentos, un tercio de los alimentos que proporcionan es financiado por el FEAD, y que el FEAD permite reducir su dependencia de los flujos irregulares de donativos, por lo que les permite planificar mejor la redistribución de determinados alimentos;

23. Apoya, por consiguiente, el FEAD, que tiene por objeto aliviar las formas más extremas de pobreza en la Unión Europea, como la privación de alimentos, la falta de un hogar y la pobreza infantil;

24. Observa, no obstante, que, debido a las limitaciones de la supervisión que ejerce y a la falta de datos a escala de la Unión, aún no se ha demostrado cuantitativamente la contribución del FEAD a la reducción de la pobreza, y recuerda que la Comisión debe mejorar los datos recopilados para ilustrar mejor la importancia relativa del FEAD como vector de solidaridad europea y como medio para luchar contra las fracturas sociales en la Unión;

25. Observa que en la evaluación intermedia del FEAD se identificaron diversas deficiencias en la ejecución del Fondo y que el TCE recomendó que el Fondo se dirigiera más hacia las personas más necesitadas; recuerda asimismo que en la evaluación intermedia se estableció que cabía aprovechar mejor la ejecución de medidas conexas y su supervisión;

Lucha contra el fraude potencial

26. Subraya la necesidad de una verificación más rigurosa de la contratación pública durante la totalidad del ciclo de financiación;

27. Recuerda que, según las conclusiones del Informe Especial n.º 6/2019 del TCE («Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las autoridades de gestión tienen que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación»), si bien se han logrado mejoras en la forma en que las autoridades de gestión identifican los riesgos de fraude en los fondos de cohesión de la Unión (incluido el FSE) y conciben medidas preventivas, las autoridades de gestión todavía necesitan reforzar la detección del fraude, la respuesta a este y la coordinación en este ámbito;

28. Toma nota de los esfuerzos realizados en este ámbito por la Comisión Europea y los Estados miembros y los alienta a que sigan desarrollando el instrumento de evaluación de riesgos ARACHNE con la participación activa de los Estados miembros; con tal fin, pide a todos los Estados miembros que utilicen en la mayor medida posible la base de datos ARACHNE para prevenir el uso fraudulento e irregular de los fondos de la Unión;

COMENTARIOS EN TORNO A LA SUBRÚBRICA 1 A DEL MFP «COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO»

Observaciones generales

29. Recuerda que la Comisión gestiona directamente la mayor parte del gasto en el marco de la subrúbrica 1 del MFP, que se ejecuta en forma de subvenciones en favor de los beneficiarios del sector público o privado que participan en proyectos;

30. Observa con satisfacción que el nivel de error estimado en el ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo» es del 2,0 %, lo que representa una disminución sustancial en comparación con 2017 (4,2 %) y 2016 (4,1 %) y toma nota de que la mayor parte de los errores estaban relacionados con el gasto en investigación, mientras que los errores en relación con otros tipos de gastos son limitados; toma nota de los esfuerzos de la Comisión por mejorar el nivel de error, que ya es más bajo que el de los últimos dos años, y reitera la importancia de los programas de gasto en el capítulo de la competitividad, ya que desempeñan un papel importante a la hora de fomentar una sociedad inclusiva, propiciar el crecimiento y crear empleo en la Unión;

EaSI

31. Observa que, según la Comisión, la evaluación intermedia del EaSI ha puesto de manifiesto que sus objetivos siguen siendo pertinentes y que el programa resulta eficaz para llegar a las partes interesadas pertinentes, generar resultados de calidad y alcanzar sus objetivos, en particular a la luz del actual contexto socioeconómico problemático caracterizado por las consecuencias de la crisis económica y financiera; señala asimismo que, aunque los tres ejes (Progress, EURES y microfinanciación y emprendimiento social) parecen funcionar de manera independiente, se han identificado algunos ámbitos en los que podría alcanzarse un mayor grado de eficacia («sinergias»);

32. Toma nota en particular de que en la evaluación intermedia de EaSI se señalaron varias maneras de mejorar la ejecución del programa, en particular a través de la simplificación de los procedimientos, una mejor coherencia interna, una mayor flexibilidad, la atención a grupos que requieren un apoyo específico y la conexión con otros fondos, y anima a la Comisión a que actúe al respecto; insta, en particular, a que en el capítulo del EaSI, el FSE+ debe incluir una serie de mejoras en esta dirección;

Agencias

33. Se congratula de que la Comisión finalizara en 2018 la primera evaluación transversal de las agencias de la Comisión que trabajan en el ámbito de la política de empleo y los asuntos sociales (Eurofound, Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a complementar la revisión del Reglamento de base de las tres agencias tripartitas; observa con satisfacción que la evaluación confirma un informe extremadamente positivo en cuanto a la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido de las agencias, así como la necesidad de reforzar la cooperación a fin de aprovechar las sinergias; destaca además que la transparencia y la concienciación de los ciudadanos sobre la existencia de las agencias son fundamentales para su rendición de cuentas democrática; considera de vital importancia que los recursos y los datos de las agencias sean fáciles de utilizar; pide, por tanto, una evaluación de cómo se presentan y ponen a disposición los datos y los recursos, así como del grado en que los ciudadanos los consideran fáciles de identificar, reconocer y utilizar;

34. Se congratula de la creación de la Autoridad Laboral Europea (ALE) y destaca la necesidad de que se asignen suficientes fondos para tal fin; insiste en que esta financiación no debe lograrse mediante una reasignación de las dotaciones de las otras agencias que se ocupan del empleo y los asuntos sociales ni de las dotaciones de otras líneas presupuestarias, y que no debe suponer una reducción de los recursos y capacidades de EURES; subraya, por ende, la necesidad de mantener líneas presupuestarias claras e independientes tanto para la Autoridad Laboral Europea como para EURES;

CONCLUSIÓN

35. Se congratula de que la Comisión haya puesto en marcha cuatro evaluaciones temáticas en 2018 (sobre el apoyo al empleo juvenil, el apoyo del FSE al empleo y la movilidad, el apoyo del FSE a la educación y la formación, y el apoyo del FSE a la inclusión social);

36. Reconoce que la recomendación del TCE (a raíz de la cual la Comisión debería utilizar sistemáticamente, en todas sus actividades, los términos «producción», «resultados» e «impacto» de manera coherente, en consonancia con sus directrices para la mejora de la legislación), solo se ha aplicado en algunos aspectos, e insta a la Comisión a que se esfuerce por aplicar plenamente dicha recomendación;

37. Pide, en términos más generales, a la Comisión que aplique lo antes posible todas las recomendaciones pendientes del TCE y que, en una perspectiva a más largo plazo, tenga en cuenta las recomendaciones del TCE al poner en práctica acciones en el marco del nuevo FSE + a partir de 2021.


 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

22.1.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

46

4

1

Miembros presentes en la votación final

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ID

Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (22.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Considera satisfactoria la ejecución general por parte de la Comisión, en 2018, de las rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria;

2. Se felicita por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de su competencia y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas o de gestión a fin de ayudar a las instituciones de la Unión a elaborar y aplicar políticas en los ámbitos del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la manera en que esas agencias ejecutan sus presupuestos; destaca que, habida cuenta de la magnitud de los próximos retos, debe garantizarse una financiación adecuada para las agencias y las direcciones generales de la Comisión que trabajan en los ámbitos del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, y que los nuevos recortes o la falta de aumento de los presupuestos repercutirán en la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

3. Observa que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe anual sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2018, siguió encontrando un nivel significativo de errores en los ámbitos de gasto de desarrollo rural, medidas de mercado del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), pesca, medio ambiente y acción por el clima, recordó que los gastos en estos ámbitos están sujetos a condiciones complejas de subvencionabilidad y llamó la atención sobre el tipo de errores que pueden producirse, como por ejemplo los relativos a beneficiarios, actividades o costes declarados no subvencionables; constata que 6 de las 251 operaciones de la muestra utilizada para valorar el nivel de error correspondiente a los «Recursos naturales» (2,4 %) están relacionadas con el medio ambiente, la acción por el clima y la pesca; toma nota de que el Tribunal no estimó el nivel global de error relativo a la rúbrica 3, que incluye el gasto en salud y seguridad de los alimentos y los piensos;

Acción por el medio ambiente y el clima

4. Destaca que en 2018 la DG ENV contaba con una plantilla de 456 personas y que su presupuesto ascendía a 469,02 millones EUR;

5. Señala que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago alcanzaron el 99,8 % y el 97,7 %, respectivamente, en 2018;

6. Destaca que el porcentaje de pagos que superaron los plazos legales alcanzó el 8,20 % de los pagos ejecutados por la DG ENV en 2018 (el 5,85 % en 2017 y el 3,92 % en 2016); lamenta, en particular, que los retrasos en los pagos en el marco del programa LIFE alcanzaran niveles más elevados en 2018 (el 10,3 % frente al 5, 8 % en 2017 y el 3,9 % en 2016);

7. Toma nota de que en 2018 la DG ENV presentó en su informe anual de actividades un porcentaje medio de error residual del 0,09 %, lo que implica que no superó el umbral de importancia relativa del 2 %;

8. Observa que la DG ENV destacó en su informe anual de actividades que las condiciones de la decisión de externalización para la cooperación con la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) respecto al personal hacen que la situación de este en la DG ENV sea muy precaria por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el programa LIFE, lo cual podría hacer necesario un nuevo examen de los métodos y acuerdos de trabajo dentro de esta Dirección General;

9. Destaca que en 2018 la DG CLIMA gestionó 131,9 millones EUR en el marco del título «Acción por el clima» del presupuesto de la Unión y contaba con una plantilla de 200 personas; señala que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago alcanzaron el 99,77 % y el 92,04 %, respectivamente, en el marco de dicho título;

10. Acoge con satisfacción el hecho de que en 2018 solo el 0,93 % del conjunto de los pagos de la DG CLIMA se efectuase con retraso respecto a los plazos legales (frente al 3,9 % en 2017);

11. Destaca que la DG CLIMA y la DG BUDG se ocupan del seguimiento del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión climática en el marco financiero plurianual (MFP), y que la DG CLIMA apoya a otras direcciones generales en la integración de las consideraciones climáticas en sus actividades; acoge con satisfacción el hecho de que, en 2018, el 20,1 % del presupuesto de la Unión se destinase a actividades relacionadas con el clima, pero lamenta que, a principios de 2019, se siguiera estimando que la tendencia del presupuesto de la Unión solo aportaría el 19,7 % durante el actual MFP;

12. Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de seguimiento para la aplicación correcta y oportuna del objetivo relativo a la integración de la dimensión climática en el MFP 2021-2027, y recuerda la imposibilidad de alcanzar el objetivo de integración de la dimensión climática durante los primeros años debido al retraso en el inicio del actual MFP; destaca que la Unión debe garantizar el cumplimiento de estos objetivos para facilitar la aplicación del Acuerdo de París;

13. Pide a la Comisión que presente cada año al Parlamento Europeo un informe detallado sobre la contribución de cada partida presupuestaria al objetivo de integración de la dimensión climática, con el fin de facilitar su seguimiento;

14. Manifiesta su profunda preocupación por que se repita en el informe anual de actividades de la DG CLIMA de 2018 la reserva por motivos de reputación, jurídicos, financieros e institucionales relativos a riesgos de seguridad significativos detectados en el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de registro del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), según lo indicado en los informes anuales de actividades desde 2010 y confirmado por el ejercicio de evaluación de riesgos de 2018; lamenta la duración anormal de esta reserva; pide a la Comisión que resuelva rápidamente este problema;

Salud pública, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias

15. Toma nota de que en 2018 la DG SANTE ejecutó un presupuesto de 484,9 millones EUR en el ámbito de sus políticas;

16. Destaca que, en el ámbito de la salud pública, la contratación pública es el instrumento de gestión financiera más importante y que en 2018 los créditos de compromiso y de pago se consumieron en su totalidad; destaca que, en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos, el presupuesto se ejecuta en gran medida mediante subvenciones directas a los Estados miembros y que los porcentajes de ejecución de los compromisos y los pagos alcanzaron el 99,0 % y el 98,6 %, respectivamente;

17. Toma nota de que en 2018 la DG SANTE presentó en su informe anual de actividades un porcentaje medio de error residual del 1,9 %, lo que implica que no superó el umbral de importancia relativa del 2 %;

18. Toma nota con preocupación de que el porcentaje de pagos relacionados con la gestión de las subvenciones realizados a tiempo por la DG SANTE se redujo del 97 % al 83 % entre 2016 y 2018;

19. Destaca que en 2018 trabajaban en la DG SANTE 778 personas (780 en 2017);

20. Señala los retos detectados por la DG SANTE en su informe anual de actividades respecto a la ejecución del tercer programa de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 (en lo sucesivo, «programa de salud»); toma nota de que dichos retos están relacionados con el actual mecanismo de financiación del programa de salud —que solo permite una financiación orientada a proyectos y puede tener un impacto negativo en la sostenibilidad a largo plazo de las acciones emprendidas— y con la complejidad de algunos de sus mecanismos, como las acciones conjuntas llevadas a cabo con los Estados miembros, lo que implica que los plazos desde la planificación de la actividad en un primer momento hasta su inicio real pueden ser largos; toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo en el Informe Especial n.º 21/2019 sobre la resistencia a los antimicrobianos, según las cuales las actividades de la Comisión y de las agencias han logrado algunos avances, por ejemplo en cuestiones veterinarias y alimentarias; lamenta, no obstante, que, según el mismo informe, hasta la fecha haya pocas pruebas de que la carga sanitaria de la resistencia a los antimicrobianos se haya reducido en la Unión;

21. Hace hincapié en los retos identificados por la DG SANTE en su informe anual de actividades respecto a la ejecución del marco financiero común para el período 2014-2020 en relación con la cadena alimentaria, como la falta de acceso a una instalación de reserva de crisis y la ausencia de un método de valoración establecido para los animales, las plantas y los productos que deben destruirse en el marco de las medidas de contención de las enfermedades;

22. Considera que, a la luz de los datos disponibles y del informe de ejecución, procede aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la política de medio ambiente y acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria para el ejercicio 2018.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

21.1.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

58

6

9

Miembros presentes en la votación final

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Christel Schaldemose

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

58

+

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi

PPE

Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

 

6

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Silvia Sardone

 

9

0

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer

NI

Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO (22.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya concluido que las cuentas consolidadas de la Unión para el ejercicio 2018 son fiables y que las operaciones subyacentes a las cuentas de la Unión para el ejercicio 2018 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares, salvo los gastos de alto riesgo (principalmente los basados en el reembolso, que están sujetos a normas complejas), cuyo nivel de error estimado es del 4,5 %; observa que el nivel global de error estimado (2,6 %) se mantiene por encima del umbral de materialidad fijado por el Tribunal (2 %);

2. Observa que en 2018 se destinaron 4 248 millones EUR en créditos de compromiso y 2 454 millones EUR en créditos de pago a las políticas de transporte, incluidos el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la seguridad en el transporte y los derechos de los pasajeros, así como las agencias de transporte y la investigación y la innovación relacionadas con el transporte (Horizonte 2020); observa, asimismo, que la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) gestionó 3 708,4 millones EUR en créditos de compromiso y 1 950,5 millones EUR en créditos de pago autorizados para el MCE (sector del transporte, capítulo 06 02) y Horizonte 2020 (investigación e innovación relacionadas con el transporte, capítulo 06 03);

3. Celebra la finalización, en 2018, de la convocatoria de financiación mixta del MCE 2017 (sector del transporte) con un enfoque innovador que ha aportado un presupuesto indicativo total de 1 350 millones EUR en subvenciones de la Unión, que se combinarán con financiación procedente del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), el Banco Europeo de Inversiones, los bancos nacionales de fomento o inversores privados; considera necesario llevar a cabo una evaluación ex post de estos proyectos con el fin de evaluar la eficacia de este enfoque innovador; observa que el segundo plazo para la presentación de propuestas en abril de 2018 —dedicadas principalmente a proyectos de innovación y de nuevas tecnologías, en particular en el campo de los combustibles alternativo, con el objetivo de apoyar la política de movilidad limpia de la Comisión— concluyó con la selección de 35 proyectos para los que la financiación total del MCE ascendió a 404,8 millones EUR; señala la necesidad de que los beneficiarios conozcan mejor las normas de subvencionabilidad del MCE, en particular estableciendo una distinción clara entre contratos de ejecución y subcontratos; recuerda que la cantidad de dinero utilizada en el marco de un instrumento financiero no es su único criterio de rendimiento, y pide a la Comisión que profundice en su evaluación de los logros alcanzados en el marco de los proyectos de transporte financiados por la Unión y que mida su valor añadido y el gasto orientado a los resultados;

4. Pide a los coordinadores de la RTE-T que lleven a cabo una evaluación exhaustiva de los proyectos completados y las mejoras logradas a lo largo de los corredores de la RTE-T durante el actual período de programación, y que la presenten al Parlamento y a la Comisión; pide asimismo a la Comisión que proponga un nuevo mecanismo orientado a los resultados, que incluya la planificación a corto, medio y largo plazo y la asistencia técnica, con el fin de aumentar el valor añadido de los fondos europeos y de garantizar que los Estados miembros cumplan los objetivos de finalización de 2030 y 2050, respectivamente, para las redes principales y globales;

5. Acoge con satisfacción que el 19 de abril de 2018 se adoptara una modificación del programa de trabajo plurianual del MCE, lo que permitió aportar un importe total indicativo de 450 millones EUR para la convocatoria de propuestas de 2018 en el marco de la dotación general del MCE (sector del transporte) con el fin de apoyar proyectos de interés común relacionados con los objetivos transversales de digitalización del transporte, seguridad vial y multimodalidad; recuerda la importancia de coordinar los programas de trabajo, a fin de aprovechar las sinergias entre los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones; celebra la adopción de una decisión de financiación por la que se establece el programa de trabajo anual del MCE y que permitirá que la INEA ponga en marcha la convocatoria del MCE (sector del transporte) de 2019 relativa a la asistencia financiera en forma de subvenciones para proyectos de interés común dedicados a los tramos transfronterizos, las conexiones y el desarrollo de los puertos marítimos y la mitigación del impacto del ruido y de las vibraciones del transporte ferroviario de mercancías, que cuenta con un importe indicativo de 100 millones EUR; recuerda que, para lograr beneficios concretos en el sector del transporte, es necesaria la buena gestión financiera del presupuesto, que ha de emplearse en proyectos de inversión pertinentes y adecuados que posteriormente se ejecuten de manera puntual;

6. Observa que para el quinto año del actual período de programación (2014-2020), tan solo el 23 % de los fondos concedidos inicialmente había dado lugar a pagos para enero de 2019, lo que pone en entredicho la plena ejecución del MCE; reitera que, para evitar una acumulación significativa de los retrasos en los pagos, las liberaciones de créditos y las restituciones al final del período de programación, y que no dé tiempo a reinyectar fondos a otros proyectos, es esencial que la INEA realice un estrecho seguimiento de la ejecución técnica y financiera de los proyectos, de modo que puedan adoptarse a tiempo medidas correctoras eficaces; reitera las recomendaciones del Tribunal a la Comisión y a la INEA para garantizar una mayor coherencia y transparencia de los procedimientos de selección de proyectos, establecer mejores condiciones para la ejecución oportuna del programa y rediseñar el marco de rendimiento para efectuar un mejor seguimiento de los resultados de los proyectos;

7. Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 30/2018 del Tribunal, que concluye que los principales modos de transporte público están cubiertos por la normativa de la Unión, de manera que el marco de la Unión para los derechos de los pasajeros es único en todo el mundo; lamenta, sin embargo, la conclusión del Tribunal de que muchos pasajeros no están suficientemente informados de sus derechos y con frecuencia no se benefician de los mismos por problemas en el cumplimiento de la normativa; reitera, por tanto, la petición del Tribunal de mejorar la coherencia, la claridad y la eficacia del marco de la Unión para los derechos de los pasajeros, tomar medidas para promover campañas de sensibilización más eficaces y transparentes, y proporcionar a los organismos nacionales de ejecución instrumentos adicionales para hacer valer los derechos de los pasajeros;

8. Señala que en 2018 el Tribunal evaluó los pagos relacionados con la movilidad y el transporte dentro del capítulo titulado «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en el marco de los trabajos relativos a la declaración de fiabilidad para el ejercicio 2017; acoge con satisfacción que el porcentaje de error residual correspondiente al MCE (Sector del transporte) y a su predecesor (el programa RTE-T), —componentes clave de los pagos en movilidad y transporte— se sitúe por debajo del 1 %; observa que la verificación de operaciones correspondientes al capítulo «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en su totalidad arrojó un nivel global de error estimado del 4,2 %, cifra que se sitúa por encima del umbral de materialidad;

9. Pide de nuevo a la Comisión que, habida cuenta de la multiplicidad de fuentes de financiación, garantice un acceso fácil a los proyectos mediante una ventanilla única que permita a los ciudadanos tener una visión clara de la evolución y la financiación de las infraestructuras cofinanciadas con los fondos de la Unión y el FEIE; señala que estas ventanillas únicas tendrán amplios poderes de coordinación, con las normas de la Unión vigentes, y una dimensión multilingüe, lo que facilitará la gestión de todas las evaluaciones de impacto ambiental; observa que en el quinto año del marco financiero plurianual 2014-2020 la absorción de los fondos del FEIE ha seguido siendo más lenta de lo previsto; destaca que los errores detectados se deben a los beneficiarios, por lo que es necesario más asesoramiento sobre las normas de subvencionabilidad;

10. Constata que el número de instrumentos financieros ha aumentado considerablemente, creando nuevas posibilidades de financiación combinada en el sector del transporte y, al mismo tiempo, un complejo entramado de acuerdos en torno al presupuesto de la Unión; manifiesta su preocupación por el hecho de que estos instrumentos, junto con el presupuesto de la Unión, pudieran menoscabar el nivel de rendición de cuentas y transparencia, ya que la comunicación de información, la auditoría y el control público no están armonizados; pide a la Comisión que estudie la manera de reformar el sistema presupuestario de la Unión, en particular la mejor manera de garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos políticos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la auditabilidad;

11. Celebra la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Servicio de Auditoría Interna a la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE) en relación con la supervisión de Shift2Rail y de las políticas de seguridad aérea y marítima;

12. Destaca la importancia de contratar personal altamente especializado para garantizar que la DG MOVE y la INEA dispongan de la pericia técnica necesaria para llevar a cabo su exigente labor;

13. Destaca que la política de infraestructuras de transporte ofrece una clara oportunidad de aumentar las sinergias entre las necesidades civiles y de defensa y la RTE-T; acoge con satisfacción la introducción de un pilar de movilidad militar en la política de RTE-T con la adopción del plan de acción en marzo de 2018, así como la propuesta de la Comisión de incluir una nueva partida dedicada a las necesidades de movilidad militar por un importe de 6 500 millones EUR en el presupuesto del MCE para el período 2021-2027; destaca la importancia de analizar las diferencias entre los requisitos militares y de la RTE-T a fin de establecer la cartera de proyectos de infraestructuras de doble uso que podrían recibir financiación del MCE 2021-2027 y reforzar la RTE-T; insiste en que esta medida refleja el papel estratégico que desempeña la RTE-T en la integración de las infraestructuras de la Unión para lograr una movilidad rápida y fluida a lo largo y ancho del continente, y al reforzar nuestra capacidad para responder a situaciones de emergencia como las crisis humanitarias, las catástrofes naturales o las emergencias civiles, contribuyendo así al ulterior desarrollo del mercado interior;

14. Acoge con satisfacción la puesta en marcha de nuevos proyectos en torno a la movilidad urbana y la eficiencia de la logística y las infraestructuras, entre ellos el puerto del futuro, que representan unos 105 millones EUR de la convocatoria de 2017 del programa Horizonte 2020; celebra la adopción del programa de trabajo trienal de transportes de Horizonte 2020 para el período 2018-2020; reitera la recomendación del Tribunal de establecer un plan europeo de desarrollo portuario para los puertos principales y de revisar el número de puertos principales;

15. Considera que el sector turístico está muy relacionado con el sector del transporte; pide de nuevo, por lo tanto, que, en futuros presupuestos de la Unión, se incluya una línea presupuestaria dedicada al turismo para apoyar acciones dirigidas al desarrollo de un sector turístico sostenible;

16. Anima a la Comisión a que publique, en cooperación con los Estados miembros, un resumen anual de los proyectos de transporte y turismo cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, tal como se hace en el marco del MCE;

17. Propone que, en relación con los sectores para los que es competente la Comisión de Transportes y Turismo, el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2018.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

21.1.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

40

8

1

Miembros presentes en la votación final

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

Verts/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

8

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

1

0

NI

Tiziana Beghin

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL (22.1.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Control Presupuestario</CommissionInt>


<Titre>sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Josianne Cutajar</Depute>

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Observa que, tal como se indica en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) relativo al ejercicio 2018, el nivel de error estimado en el gasto para «Cohesión económica, social y territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 2018; lamenta que, si bien el importe auditado en 2018 en este ámbito (23 800 millones EUR) ha sido significativamente superior al de 2017 (8 000 millones EUR), se haya invertido la tendencia positiva de los últimos años; advierte del mayor riesgo de error al final del actual marco financiero plurianual (MFP) debido a la presión por absorber los fondos con celeridad ante la posible pérdida de financiación de la Unión;

2. Subraya que las irregularidades detectadas en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea no implican automáticamente un fraude y que es necesario realizar un análisis exhaustivo de los resultados de las auditorías antes de aplicar correcciones financieras a los beneficiarios; pide a la Comis