Procedimiento : 2018/0140(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0119/2020

Textos presentados :

A9-0119/2020

Debates :

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0177

<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0119/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 62k

<TitreType>RECOMENDACIÓN PARA LA SEGUNDA LECTURA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías</Titre>

<DocRef>(05142/1/2020 – C9‑0103/2020 – 2018/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisión de Transportes y Turismo</Commission>

Ponente: <Depute>Andor Deli</Depute>
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 BREVE JUSTIFICACIÓN
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías

(05142/1/2020 – C9‑0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

 Vista la Posición del Consejo en primera lectura (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018[1],

 Previa consulta al Comité de las Regiones,

 Vista su Posición en primera lectura[2] sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0279),

 Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

 Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

 Vistos los artículos 67 y 40 de su Reglamento interno,

 Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0119/2020),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su presidente que firme el acto, conjuntamente con el presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4. Encarga a su secretario general que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el secretario general del Consejo, a disponer su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.


BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La necesidad de una información electrónica relativa al transporte de mercancías

La gran mayoría de las operaciones de transporte de mercancías en la Unión aún requieren el uso de documentos en papel. De hecho, en casi el 99 % de las operaciones de transporte transfronterizas en el territorio de la UE aún se utilizan documentos en papel en alguna de las fases de la operación. Ello da lugar a ineficiencias para los agentes del mercado en las cadenas de transporte y logística, así como a una carga medioambiental innecesaria. Dado que se prevé que el transporte total de mercancías aumente más del 50 % de aquí a 2050, esto generará en un problema aún más grave en los próximos años. El Parlamento ha pedido en varias ocasiones en el pasado un mayor impulso al transporte sin soporte de papel y ha pedido un flujo de información simplificado, sin papel, sin fisuras, transparente, seguro y fiable entre las empresas, los clientes y las autoridades de este sector.

2. La propuesta de la Comisión

La Comisión ha identificado dos causas principales para la lenta aceptación de la documentación electrónica relacionada con el transporte: la falta de reconocimiento de la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos por parte de las autoridades competentes, y un entorno de TI fragmentado y sin sistemas interoperables y consolidados con normas de aplicación general y jurídicamente vinculantes en relación con los documentos de transporte electrónicos.

En la propuesta de la Comisión de 17 de mayo de 2018 se exige que las autoridades competentes acepten información reglamentaria (para determinados actos jurídicos) facilitada por vía electrónica y se establece un marco para las plataformas y proveedores de servicios de información reglamentaria de transporte en formato electrónico (a cargo de organismos de evaluación de la conformidad).

3. Negociaciones interinstitucionales

Tras la aprobación de la Posición del Parlamento en primera lectura el 12 de marzo de 2019, las negociaciones interinstitucionales (con vistas a alcanzar un acuerdo rápido en segunda lectura) tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2019, durante la Presidencia finlandesa del Consejo. Tras tres rondas de diálogos tripartitos, el equipo negociador alcanzó un acuerdo provisional con la Presidencia del Consejo el 26 de noviembre de 2019.

El texto del acuerdo provisional fue presentado a la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) y confirmado el 21 de enero de 2020. Con arreglo a la aprobación de la Comisión TRAN, su presidenta, en carta dirigida a la presidencia del Comité de Representantes Permanentes (Coreper I), indicó que recomendaría al Pleno la aprobación de la Posición del Consejo sin enmiendas, siempre y cuando fuese conforme al acuerdo provisional alcanzado entre las dos instituciones. Tras la verificación jurídico-lingüística, el 7 de abril de 2020 el Consejo adoptó formalmente (mediante procedimiento escrito) su Posición de conformidad con el acuerdo provisional.

4. Principales elementos del acuerdo

El acuerdo general alcanzado por el Parlamento con el Consejo aspira a reforzar todavía más el sistema propuesto. En particular, se ha conseguido lo siguiente:

 Minimizar los costes para los operadores económicos y las autoridades competentes basando el sistema de certificación en las normas, modelos y acuerdos internacionales existentes y garantizando que la certificación se realice de manera independiente, entre otras vías;

 Obtener y mantener la confianza de los operadores y las autoridades competentes en la seguridad y la protección del sistema mediante la mejora del procedimiento para el establecimiento de normas, especificaciones y reglas de acceso precisas, con la participación adecuada de los colegisladores y de todos los agentes relevantes;

 Crear incentivos para todas las comunicaciones, incluidas las peticiones de seguimiento de todo tipo, entre las autoridades competentes y los operadores puedan realizarse electrónicamente, en la medida de lo posible;

 Precisión del ámbito de aplicación: Indicar exactamente qué tipo de información reglamentaria relativa al transporte de mercancías, caso de que sea enviada en formato electrónico por el operador económico, a través de una plataforma certificada, requiere ser aceptada por las autoridades competentes. Una vez que el sistema esté operativo, la Comisión deberá valorar si puede el ámbito de aplicación de manera que incluya otras informaciones reglamentarias pertinentes en el ámbito del transporte, por ejemplo las relativas al vehículo o al conductor;

 Hacia una completa digitalización: Si bien las autoridades competentes están obligadas, en el marco de este sistema, a aceptar información reglamentaria sobre el transporte de mercancías cuando esta se envíe electrónicamente, los operadores económicos seguirán teniendo la libertad de decidir si se « digitalizan» o no. Con todo, se deja claro que el uso de medios electrónicos debe convertirse en la manera predominante de intercambiar información reglamentaria entre los operadores económicos y las autoridades competentes. Por consiguiente, la Comisión debe evaluar posibles iniciativas para imponer en el futuro a los operadores económicos la obligación de utilizar los medios electrónicos para poner la información reglamentaria a disposición de las autoridades competentes;

 Hacer que el uso de este sistema sea lo más atractivo posible para los operadores económicos, alentando, entre otras cosas, a que los sistemas informáticos existentes se certifiquen como plataformas, y garantizando la interoperabilidad;

 Calendario: Aunque el establecimiento de un sistema de certificación debe hacerse con cuidado, los distintos plazos se han fijado de modo que el sistema esté operativo lo antes posible, para que el mercado lo acepte con prontitud.

5. Recomendación

Habida cuenta de que la posición del Consejo en primera lectura es conforme al acuerdo provisional alcanzado en las negociaciones interinstitucionales, la ponente recomienda que se apruebe sin enmiendas.


 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA

Sra. D.ª Karima Delli

Presidenta

Comisión de Transportes y Turismo

BRUSELAS

Asunto: <Titre>Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías</Titre> <DocRef>(COM(2018)0279 – C8‑0191/2019 – 2018/0140(COD))</DocRef>

Señora presidenta:

Mediante carta de 13 de noviembre de 2019[3], su comisión solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la adecuación de la base jurídica de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías[4].

En la reunión del 9 de enero de 2020, la comisión examinó la cuestión mencionada.

I – Antecedentes

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, (transportes) y el artículo 192, apartado 1 (medio ambiente) del TFUE. En su orientación general, el Consejo modificó la base jurídica mediante la supresión de la referencia al artículo 192, apartado 1, del TFUE.

II – Artículos pertinentes del Tratado

Las disposiciones pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) rezan como sigue:

Artículo 91

(antiguo artículo 71 TCE)

1. Para la aplicación del artículo 90, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector de los transportes, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, establecerán:

a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros;

b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro;

c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;

d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.

2. Cuando se adopten las medidas contempladas en el apartado 1, se tendrán en cuenta los casos en que su aplicación pueda afectar gravemente al nivel de vida y al empleo de ciertas regiones, así como a la explotación del material de transporte.

Artículo 100

(antiguo artículo 80 TCE)

1. Las disposiciones del presente título se aplicarán a los transportes por ferrocarril, carretera o vías navegables.

2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. Se pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

Artículo 191

(antiguo artículo 174 TCE)

1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

– la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,

– la protección de la salud de las personas,

– la utilización prudente y racional de los recursos naturales,

– el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático.

(...)

Artículo 192

(antiguo artículo 175 TCE)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el artículo 191.

(...)

III – Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la elección de la base jurídica

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado que la elección de la base jurídica adecuada reviste una importancia de naturaleza constitucional, que garantiza el respeto del principio de atribución de competencias (artículo 5 del TUE) y determina la naturaleza y el ámbito de las competencias de la Unión[5].

Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, la elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos, susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto[6].

La elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de participar de forma más intensa en la adopción de un acto determinado, el contexto de la adopción del acto o el trabajo realizado respecto a una cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se incluye el acto carecen de incidencia a la hora de determinar la base jurídica correcta[7].

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante[8].

No obstante, cuando un acto persiga al mismo tiempo distintos objetivos o componentes que estén inseparablemente unidos, sin que pueda considerarse que uno es secundario y complementario con respecto al otro, dicho acto deberá fundamentarse en las distintas bases jurídicas pertinentes[9], siempre que los procedimientos establecidos para las respectivas bases jurídicas no sean incompatibles con el derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren[10].

IV– Finalidad y contenido de la propuesta

La propuesta se refiere a un Reglamento que armoniza el uso de medios electrónicos para el intercambio de información en el transporte de mercancías (eFTI).

De la exposición de motivos se desprende que el objetivo de la propuesta es hacer posible un uso más extendido de los documentos electrónicos del transporte de mercancías para reforzar el mercado único, eliminando algunos de los obstáculos a la digitalización en este sector. Los principales factores que han motivado la propuesta son un marco jurídico fragmentado que establece obligaciones inconsecuentes para las autoridades a la hora de aceptar documentos electrónicos, y un entorno de TI fragmentado caracterizado por una multitud de sistemas no interoperables[11].

Por lo tanto, las disposiciones persiguen esencialmente dos objetivos de actuación principales: a) establecer un marco jurídico vinculante y uniforme para la aceptación de información o documentos electrónicos por parte de las autoridades públicas nacionales competentes, y b) garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas TI utilizados actualmente de cara a la aplicación de la legislación vigente de la Unión en este ámbito[12].

Las mismas consideraciones se explican con mayor detalle en los considerandos 1 a 4 de la propuesta, así como en el artículo 1 de la misma. Según dicho artículo, el Reglamento «establece un marco jurídico para la comunicación de información reglamentaria relativa al transporte de mercancías por vía electrónica [...] en el territorio de la Unión.» Establece «las condiciones en las cuales las autoridades competentes de los Estados miembros están obligadas a aceptar información reglamentaria cuando sea facilitada por vía electrónica por operadores económicos concernidos» y las «normas para la prestación de servicios relativos a la publicación electrónica de información reglamentaria por parte de los operadores económicos concernidos».

En cuanto al contenido, el capítulo I define, en particular, el ámbito de aplicación material seleccionando (por referencia a un anexo) los actos de la Unión ya existentes que establecen requisitos reglamentarios de información pertinentes a efectos de la propuesta. El capítulo II de la propuesta, titulado «Información reglamentaria puesta a disposición por vía electrónica», establece la obligación de las autoridades públicas de aceptar los documentos de transporte en formato electrónico, así como los requisitos técnicos para el tratamiento de la información electrónica. El capítulo III, titulado «Plataformas y servicios de información reglamentaria de transporte de mercancías en formato electrónico (plataformas y servicios eFTI)», establece normas detalladas sobre las funcionalidades y los requisitos de certificación de las plataformas eFTI que permiten el tratamiento de la información electrónica. Los capítulos IV y V se refieren, respectivamente, a los actos delegados y disposiciones de aplicación, y a las disposiciones finales.

V – Análisis y determinación de la base jurídica adecuada

En la exposición de motivos, la Comisión justifica su elección de la base jurídica del siguiente modo:

«La base jurídica son los artículos 91, 100, apartado 2, y 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Los artículos 91 y 100, apartado 2, que deben entenderse a la luz del artículo 90 que exige a los Estados miembros adoptar una política de transporte común, establecen, respectivamente, el requisito de que el Parlamento Europeo y el Consejo dispongan las normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros, así como disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea.

El artículo 192, apartado 1, que debe entenderse a la luz del artículo 191, establece que el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán las acciones que deba emprender la Unión Europea a fin para alcanzar el objetivo de proteger, entre otros, la salud humana y el medio ambiente.»

a) Adecuación del artículo 91 y del artículo 100, apartado 2, del TFUE

El artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del TFUE constituyen la base jurídica del ámbito de la política de transportes, respectivamente para el transporte por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, por una parte, y para el transporte marítimo y aéreo, por otra.

De la finalidad y el contenido de la propuesta se desprende que el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del TFUE deben considerarse como bases jurídicas pertinentes de la propuesta, que se refiere a la mejora del funcionamiento del mercado interior en el sector del transporte.

También cabe destacar que está justificado recurrir simultáneamente al artículo 91 y al artículo 100, apartado 2, en la medida en que la propuesta de la Comisión sigue un enfoque multimodal.

b) No es necesario añadir el artículo 192, apartado 1, del TFUE como base jurídica

Aunque la parte anteriormente citada de la exposición de motivos parece justificar el recurso al artículo 192, apartado 1, del TFUE como base jurídica, no indica explícitamente por qué sería realmente necesario añadir esta base jurídica.

Es cierto que las distintas menciones que figuran en la exposición de motivos contienen indicaciones según las cuales la sustitución de documentos en papel por documentos electrónicos parece ser beneficiosa para el medio ambiente[13].

Dicho esto, a pesar de los posibles efectos positivos de la propuesta para el medio ambiente, es evidente que el objetivo primordial de la propuesta no guarda relación con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, ello no es más que un efecto accesorio del acto legislativo.  Por este motivo, no es necesario añadir el artículo 192, apartado 1, del TFUE como base jurídica.

Subsidiariamente, se puede considerar que el ámbito de aplicación de la propuesta incluye los requisitos de información establecidos en diversos actos de la Unión ya existentes (véase el artículo 1, apartado 2, de la propuesta). Estos actos se fundamentan en la base jurídica relativa al transporte, a excepción de la legislación de la Unión sobre traslado de residuos, que se basa en el [actual] artículo 192, apartado 1, del TFUE[14]. Ello no ofrece dudas, ya que la propia propuesta contiene elementos que indican que este hecho no es pertinente para la elección de la base jurídica. En efecto, los considerandos 5 y 6 afirman lo siguiente: «(5) Por tanto, se debe exigir a las autoridades de los Estados miembros que acepten la información que se les facilite por vía electrónica siempre que los operadores económicos estén obligados a facilitar información como prueba de que cumplen los requisitos establecidos en los actos de la UE adoptados de conformidad con el título VI de la tercera parte del Tratado o, dada la similitud de las situaciones, con la legislación de la Unión en materia de traslados de residuos [...]» y (6Dado que la finalidad de este Reglamento es únicamente facilitar la transmisión de información, concretamente por medios electrónicos, no debe afectar a las disposiciones del Derecho de la Unión o nacional que determinen el contenido de la información reglamentaria y, en particular, no debe imponer requisitos reglamentarios de información adicionales [...]». Así pues, la propuesta no modifica ningún acto fundamentado en la base jurídica medioambiental, sino que se centra en el aspecto del traslado de residuos relacionado con el transporte. Por consiguiente, los elementos relativos al medioambiente, en su caso, son indudablemente secundarios respecto del componente predominante de la propuesta, que es el transporte[15].

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del TFUE constituyen la base jurídica adecuada para la propuesta. No es necesario añadir el artículo 192, apartado 1, del TFUE. Por consiguiente, es correcto suprimir la referencia a este último artículo en el visto correspondiente.

Las modificaciones aprobadas a raíz de las negociaciones interinstitucionales sobre este expediente no ponen en entredicho las conclusiones anteriores.

VI – Conclusión y recomendación

En la reunión del 9 de enero de 2020, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por 21 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención[16], recomendar a la Comisión de Transportes y Turismo que mantenga el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del TFUE como única base jurídica del Reglamento propuesto.

La saluda muy atentamente,

 

 

 

(fdo.) Lucy Nethsingha

 

 


 

 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Información electrónica relativa al transporte de mercancías

Referencias

05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD)

Fecha 1.ª lectura PE – Número P

12.3.2019 T8-0139/2019

Propuesta de la Comisión

COM(2018)0279 - C8-0191/2018

Fecha del anuncio en el Pleno de la recepción de la Posición del Consejo en 1.ª lectura

17.4.2020

Comisión competente para el fondo

 Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Ponentes:

 Fecha de designación

Andor Deli

3.7.2018

 

 

 

Impugnación de la base jurídica

 Fecha de la opinión JURI

JURI

9.1.2020

 

 

 

Examen en comisión

28.4.2020

 

 

 

Fecha de aprobación

8.6.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

46

1

1

Miembros presentes en la votación final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Fecha de presentación

16.6.2020

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

46

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

PPE

Gheorghe Falcă

 

1

0

S&D

Bogusław Liberadzki

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

[1] DO C 62 de 15.2.2019, p. 265.

[2] Textos Aprobados de 12.3.2019, P8_TA(2019)139.

[3] Opinión D 315856/JURI sobre la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías, presentada por la Comisión (2018/0140(COD)).

[4] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías [2018/0140 (COD)], COM(2018)279 final.

[5] Dictamen 2/00 (OCDE), ECLI:EU:C:2001:664, apartado 5.

[6] Véase el asunto C-411/06, de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, EU:C:2009:518, apartado 45.

[7] Sentencia en el asunto C-269/97, Comisión/Consejo, ECLI:EU:C:2000:183, apartado 44.

[8] Sentencia en el asunto Comisión/Consejo, C-137/12, EU:C:2013:675, apartado 53; C-411/06 EU:C:2009:518, apartado 46 y jurisprudencia citada; Parlamento/Consejo, asunto C 490/10, EU:C:2012:525, apartado 45; Parlamento/Consejo, asunto C 155/07, EU:C:2008:605, apartado 34.

[9] Asunto C-211/01, Comisión/Consejo, ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; asunto C-178/03 Comisión/ Parlamento Europeo y Consejo, ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43-56.

[10] Asunto C-300/89, Comisión/Consejo, («Dióxido de titanio»), ECLI:EU:C:1991:244, apartados 17 a 25; asunto C-268/94, Portugal/Consejo, ECLI:EU:C:1996:461.

[11] Exposición de motivos, página 2.

[12] Exposición de motivos, página 6.

[13] Véase la exposición de motivos, p. 11: «con una media de entre 1 y 5 copias de cada documento por envío que ya no será impreso se ahorrarían entre 2 000 y 8 000 millones de hojas de papel, el equivalente a 180 000-900 000 árboles, anualmente.»

[14] Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, pp. 1-98).

[15] Nota: según la jurisprudencia, incluso una modificación formal de un acto fundamentado en una determinada base jurídica no requiere necesariamente que el legislador elija para el acto modificativo la base jurídica del acto modificado.

[16] Estuvieron presentes en la votación final: Lucy Nethsingha (presidenta), Marion Walsmann (vicepresidenta), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Franco Roberti (ponente de opinión), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (suplente de József Szájer, de conformidad con el artículo 209, apartado 7, del Reglamento interno), Bettina Vollath y Axel Voss.

Última actualización: 1 de julio de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad