Procedimiento : 2017/0360R(NLE)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0138/2020

Textos presentados :

A9-0138/2020

Debates :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0225

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2020</NoDocSe>
PDF 308kWORD 105k

<TitreType>INFORME PROVISIONAL</TitreType>

<Titre>sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia</Titre>

<DocRef>(COM(2017)08352017/0360R(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</Commission>

Ponente: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia

(COM(2017)0835 – C9-0000/2020 – 2017/0360R(NLE))

 

El Parlamento Europeo,

 Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2017)0835),

 Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 2 y su artículo 7, apartado 1,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Vistos los tratados internacionales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

 Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea: Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión[1],

 Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de octubre de 2003, sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea - Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión[2],

 Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho»[3],

 Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la situación en Polonia[4],

 Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[5],

 Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia[6],

 Vista la activación por parte de la Comisión, en enero de 2016, del diálogo estructurado de conformidad con el Marco del Estado de Derecho,

 Vista la Recomendación (UE) 2016/1374 de la Comisión, de 27 de julio de 2016, relativa al Estado de Derecho en Polonia[7],

 Vista la Recomendación (UE) 2017/146 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomendación (UE) 2016/1374[8],

  Vista la Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 2017/146 [9],

 Vista la Recomendación (UE) 2018/103 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520[10],

 Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia[11],

 Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia[12],

 Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI»[13],

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017[14],

 Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea[15],

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría[16],

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias[17],

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[18],

 Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea[19],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género[20],

 Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros[21],

 Vista su Resolución legislativa, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores[22],

 Vistos los cuatro procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra Polonia en relación con la reforma del sistema judicial polaco, de los cuales los dos primeros han llevado a sendas sentencias del Tribunal de Justicia[23] en las que se declara la vulneración del artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de tutela judicial efectiva, mientras que los otros dos procedimientos siguen pendientes,

 Vistas las tres audiencias de Polonia celebradas en 2018 por el Consejo de Asuntos Generales en el marco del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE,

 Vistos el informe de misión de 3 de diciembre de 2018, tras la visita de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia y Asuntos de Interior a Varsovia del 19 al 21 de septiembre de 2018, y las audiencias sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia, celebradas en dicha comisión el 20 de noviembre de 2018 y el 23 de abril de 2020,

 Vistos los informes anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,

 Vistas las recomendaciones de 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes,

 Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de julio de 2014, Al Nashiri/Polonia (demanda n.º 28761/11),

 Vistos el artículo 89 y el artículo 105, apartado 5, de su Reglamento interno,

 Vista la opinión de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

 Visto el informe provisional de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0138/2020),

A. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y como se refleja en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se consagra en los tratados internacionales de derechos humanos;

B. Considerando que, a diferencia del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el ámbito de aplicación del artículo 7 del TUE no se limita a los ámbitos regulados por el Derecho de la Unión, como se indica en la Comunicación de la Comisión de 15 de octubre de 2003, y que, por consiguiente, la Unión puede evaluar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores comunes a que se refiere el artículo 2 del TUE no solo en caso de violación en este ámbito limitado sino también en caso de violación en un ámbito en el que los Estados miembros actúan de forma autónoma;

C. Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE no afecta únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa el riesgo, sino que repercute también negativamente en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre Estados miembros y en la propia naturaleza de la Unión;

D. Considerando que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, los Estados miembros se han comprometido libre y voluntariamente con los valores comunes a que se refiere el artículo 2 de dicho Tratado;

1. Señala su preocupación en relación con las siguientes cuestiones:

– el funcionamiento del sistema legislativo y electoral,

– la independencia del poder judicial y los derechos de los jueces,

– la protección de los derechos fundamentales;

2. Reitera su posición, expresada en varias de sus Resoluciones sobre la situación del Estado de Derecho y la democracia en Polonia, de que los hechos y las tendencias mencionados en la presente Resolución en su conjunto representan una amenaza sistémica para los valores del artículo 2 del TUE y constituyen un claro riesgo de violación grave;

3. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de las tres audiencias de las autoridades polacas celebradas en el Consejo, de los múltiples intercambios de puntos de vista en el seno de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en presencia de las autoridades polacas, de los informes alarmantes de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa, así como de los cuatro procedimientos de infracción incoados por la Comisión, la situación del Estado de Derecho en Polonia no solo no se ha solucionado sino que se ha deteriorado gravemente desde la activación del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE; opina que los debates en el seno del Consejo en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE no han sido ni periódicos ni estructurados y no han abordado suficientemente los motivos de fondo que justificaban la activación del procedimiento ni han presentado adecuadamente el impacto que la actuación del Gobierno polaco tiene en los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE;

4. Toma nota de que la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia: (propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia[24]) tiene un ámbito de aplicación limitado, a saber, la situación del Estado de Derecho en Polonia en el sentido estricto de la independencia del poder judicial; considera urgente ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta motivada para incluir los riesgos claros de violaciones graves de otros valores fundamentales de la Unión, en particular la democracia y el respeto de los derechos humanos;

5. Opina que los últimos acontecimientos en las audiencias en curso con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE vuelven a subrayar la necesidad inminente de establecer un mecanismo complementario y preventivo de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, tal como propuso en su Resolución de 25 de octubre de 2016;

6. Reitera su posición en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, incluida la necesidad de salvaguardar los derechos de los beneficiarios, y pide al Consejo que inicie las negociaciones interinstitucionales lo antes posible;

7. Reitera su posición en cuanto a la dotación presupuestaria para el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores en el próximo marco financiero plurianual, y pide al Consejo y a la Comisión que velen por la asignación de una financiación adecuada para las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil a fin de desarrollar un apoyo desde la base a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, incluida Polonia;

****

Funcionamiento del sistema legislativo y electoral en Polonia

Utilización de competencias en materia de control constitucional por el Parlamento polaco

8. Denuncia que el Parlamento polaco se arrogó competencias en materia de control constitucional que no le correspondían en el marco del procedimiento legislativo ordinario al aprobar la Ley de 22 de diciembre de 2015 por la que se modifica la Ley del Tribunal Constitucional[25] y la Ley del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 2016[26], tal como señaló el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 9 de marzo[27], 11 de agosto[28] y 7 de noviembre de 2016[29][30];

9. Lamenta, además, que el Parlamento polaco haya aprobado un gran número de actos legislativos particularmente sensibles en un momento en que ya no puede garantizarse de manera efectiva un control constitucional independiente, como la Ley de 30 de diciembre de 2015 por la que se modifica la Ley de la Función Pública y otras leyes[31], la Ley de 15 de enero de 2016 por la que se modifica la Ley de la Policía y otras leyes,[32] la Ley de 28 de enero de 2016 del Ministerio Fiscal[33], la Ley de 28 de enero de 2016 - Reglamentos de ejecución de la Ley del Ministerio Fiscal[34], la Ley de 18 de marzo de 2016 por la que se modifica la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes[35], la Ley de 22 de junio de 2016 sobre el Consejo Nacional de Medios de Comunicación[36], la Ley de 10 de junio de 2016 de Medidas de Lucha contra el Terrorismo[37], y varias leyes más que reorganizan de manera profunda el sistema judicial[38];

Uso de procedimientos legislativos acelerados

10. Lamenta el uso frecuente de procedimientos legislativos acelerados por parte del Parlamento polaco para la aprobación de legislación fundamental con la que se rediseña la organización y el funcionamiento del poder judicial, sin una consulta adecuada de las partes interesadas, incluida la comunidad judicial[39];

Ley electoral y organización de elecciones

11. Constata con preocupación que la OSCE ha llegado a la conclusión de que la parcialidad de los medios de comunicación y la retórica intolerante en la campaña de las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 fueron motivo de gran preocupación[40] y que, si bien todos los candidatos pudieron hacer campaña libremente, varios altos funcionarios del Estado utilizaron actos financiados con fondos públicos para transmitir mensajes electorales; constata, además, que la posición dominante del partido en el poder en los medios de comunicación públicos amplificó su ventaja[41];

12. Observa con preocupación que la nueva Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «Sala Extraordinaria»), cuyos miembros son mayoritariamente personas nombradas por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial y que corre el riesgo de no ser considerada un tribunal independiente en la evaluación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia»), es la encargada de determinar la validez de las elecciones y de examinar los litigios electorales; señala que esto suscita serias preocupaciones en cuanto a la separación de poderes y el funcionamiento de la democracia polaca, en la medida en que hace que el control judicial de los litigios electorales sea particularmente vulnerable a la influencia política y puede crear inseguridad jurídica con respecto a la validez de dicho control[42];

13. Señala que, en su Código de buenas prácticas en materia electoral de 2002[43], la Comisión de Venecia proporciona directrices claras para la celebración de elecciones generales en situaciones de emergencia públicas, entre ellas epidemias; observa, por otra parte, que si bien el Código prevé la posibilidad de recurrir a modalidades de votación excepcionales, las modificaciones destinadas a introducir tales modalidades solo pueden considerarse conformes a las mejores prácticas europeas si se garantiza el principio de sufragio libre; considera que no ocurre así en el caso de las modificaciones del marco electoral de las elecciones presidenciales que debían celebrarse el 10 de mayo de 2020, ya que podían impedir que las elecciones se desarrollaran de manera justa, secreta y equitativa, respetando plenamente el derecho a la privacidad[44] y con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo[45]; observa, además, que esas modificaciones son contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Polonia, desarrollada cuando el control constitucional aún era efectivo, en la que se afirma que el código electoral no puede modificarse seis meses antes de las elecciones; constata con preocupación que el anuncio de aplazar las elecciones presidenciales se hizo tan solo cuatro días antes de la fecha prevista;

Independencia del poder judicial y de otras instituciones y derechos de los jueces en Polonia

Reforma del sistema judicial: consideraciones generales

14. Reconoce que, si bien la organización del sistema judicial es una competencia nacional, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que los Estados miembros están obligados a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión en el ejercicio de dicha competencia; reitera que los jueces nacionales son también jueces europeos que aplican el Derecho de la Unión, lo que convierte su independencia en una preocupación común para la Unión, incluido el Tribunal de Justicia, que debe velar por el respeto del Estado de Derecho tal como se establece en el artículo 19 del TUE, y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; pide a las autoridades polacas que defiendan y mantengan la independencia de los tribunales polacos;

Composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional

15. Recuerda que las leyes relativas al Tribunal Constitucional aprobadas el 22 de diciembre de 2015 y el 22 de julio de 2016, así como el paquete de tres leyes aprobado a finales de 2016[46], socavaron gravemente la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional, y que las leyes de 22 de diciembre de 2015 y 22 de julio de 2016 fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, respectivamente, el 9 de marzo de 2016 y el 11 de agosto de 2016; recuerda que estas sentencias no fueron publicadas en su momento ni ejecutadas por las autoridades polacas; lamenta profundamente que, desde la entrada en vigor de las modificaciones legislativas mencionadas, ya no se pueda garantizar efectivamente en Polonia la constitucionalidad de las leyes polacas[47]; pide a la Comisión que examine la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción en relación con la legislación sobre el Tribunal Constitucional, la composición ilegal de dicho tribunal y su papel a la hora de impedir el cumplimiento de la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019[48];

Regímenes de jubilación, nombramiento y disciplina para los jueces del Tribunal Supremo

16. Recuerda que, en 2017, los cambios en el método de nombramiento de los candidatos al cargo de presidente primero del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «presidente primero») restaron todo sentido a la participación de los jueces del Tribunal Supremo en el procedimiento de selección; denuncia que la Ley de 20 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes[49] (en lo sucesivo, «Ley de 20 de diciembre de 2019») reduce aún más la participación de los jueces en el proceso de selección del presidente primero, al introducir un cargo de presidente primero en funciones del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «presidente primero en funciones») nombrado por el presidente de la República de Polonia y al reducir el quórum en la tercera ronda a 32 de los 125 jueces únicamente, abandonando así de manera efectiva el modelo de reparto de poder entre el presidente de la República de Polonia y la comunidad judicial consagrado en el artículo 183, apartado 3, de la Constitución polaca[50];

17. Observa con preocupación las irregularidades cometidas con el nombramiento del presidente primero en funciones y las nuevas medidas adoptadas por este; expresa su profunda preocupación por el hecho de que el proceso de elección de los candidatos al cargo de presidente primero no se ajustara al artículo 183 de la Constitución polaca ni al Reglamento interno del Tribunal Supremo y vulnerase las normas básicas de deliberación entre los miembros de la Asamblea General de los Jueces del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «Asamblea General»); observa con pesar que las dudas acerca de la validez del proceso electoral en la Asamblea General, así como de la imparcialidad e independencia de los presidentes primeros en funciones durante el proceso electoral, podrían socavar aún más la separación de poderes y la legitimidad del nuevo presidente primero nombrado por el presidente de la República de Polonia el 25 de mayo de 2020 y poner en tela de juicio, por ende, la independencia del Tribunal Supremo; recuerda que con el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional se produjeron vulneraciones similares de la ley por parte del presidente de la República de Polonia;

18. Comparte la preocupación de la Comisión de que el poder del presidente de la República de Polonia (y, en algunos casos, del ministro de Justicia) para influir en los procedimientos disciplinarios contra jueces del Tribunal Supremo mediante el nombramiento de un agente disciplinario encargado de investigar el asunto, excluyendo al agente disciplinario del Tribunal Supremo de un procedimiento en curso, puede despertar inquietud en relación con el principio de separación de poderes y afectar a la independencia judicial[51];

19. Recuerda que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 24 de junio de 2019[52] que la reducción de la edad de jubilación de los jueces en ejercicio del Tribunal Supremo es contraria al Derecho de la Unión y vulnera el principio de inamovilidad de los jueces y, en consecuencia, el de independencia judicial, tras haber estimado con anterioridad la demanda de la Comisión sobre medidas provisionales al respecto mediante auto de 17 de diciembre de 2018[53]; observa que las autoridades polacas aprobaron la Ley de 21 de noviembre de 2018 por la que se modifica la Ley del Tribunal Supremo[54] para dar cumplimiento al auto del Tribunal de Justicia, el único caso hasta el momento en el que han anulado modificaciones del marco legislativo por el que se rige el sistema judicial en relación con una decisión del Tribunal de Justicia;

Composición y funcionamiento de la Sala Disciplinaria y la Sala Extraordinaria del Tribunal Supremo

20. Recuerda que en 2018 se crearon dos nuevas salas en el Tribunal Supremo, a saber, la Sala Disciplinaria y la Sala Extraordinaria, compuestas por jueces recién nombrados seleccionados por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial y que tienen competencias especiales, entre ellas la facultad de la Sala Extraordinaria de anular sentencias firmes dictadas por instancias inferiores o por el propio Tribunal Supremo a título de control extraordinario, y la facultad de la Sala Disciplinaria de emprender un procedimiento disciplinario contra otros jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales ordinarios, creando de facto un «Tribunal Supremo dentro del Tribunal Supremo»[55];

21. Recuerda que, en su sentencia de 19 de noviembre de 2019[56], el Tribunal de Justicia, que respondía a una petición de decisión prejudicial del Tribunal Supremo (Sala de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; en lo sucesivo, «Sala de lo Laboral») en relación con la Sala Disciplinaria, dictaminó que los tribunales nacionales tienen el deber de inaplicar las disposiciones de una ley nacional que se reserven la competencia para conocer de un asunto en el que el Derecho de la Unión pueda aplicarse a un organismo que no cumpla los requisitos de independencia e imparcialidad;

22. Toma nota de que el Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral) concluyó posteriormente en su sentencia de 5 de diciembre de 2019[57] que la Sala Disciplinaria no cumple los requisitos de un tribunal independiente e imparcial en el sentido del Derecho polaco y de la Unión, y de que el Tribunal Supremo (Salas de lo Civil, lo Penal y lo Laboral) adoptó una resolución el 23 de enero de 2020[58] en la que reiteraba que la Sala Disciplinaria no es un tribunal debido a su falta de independencia y, por lo tanto, sus sentencias no se pueden considerar sentencias dictadas por un tribunal debidamente designado; observa con gran preocupación que las autoridades polacas han declarado que esas decisiones carecen de importancia jurídica en lo que respecta a la continuidad del funcionamiento de la Sala Disciplinaria y del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial, y que el 20 de abril de 2020[59] el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la resolución del Tribunal Supremo, creando una dualidad judicial peligrosa en Polonia y vulnerando abiertamente la primacía del Derecho de la Unión, y en particular el artículo 19, apartado 1, del TUE, interpretado por el Tribunal de Justicia en el sentido de que se obstaculiza la efectividad y la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019[60] por los tribunales polacos[61];

23. Toma nota del auto del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2020[62] por el que se dan instrucciones a Polonia para que suspenda inmediatamente la aplicación de las disposiciones nacionales sobre las competencias de la Sala Disciplinaria, e insta a las autoridades polacas a que ejecuten con carácter inmediato este auto; pide a las autoridades polacas que den pleno cumplimiento al auto y a la Comisión que presente al Tribunal de Justicia una solicitud adicional para que se ordene el pago de una multa en caso de que persistan los incumplimientos; pide a la Comisión que incoe urgentemente un procedimiento de infracción en relación con las disposiciones nacionales sobre las competencias de la Sala Extraordinaria, ya que su composición adolece de los mismos defectos que la Sala Disciplinaria;

Composición y funcionamiento del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial

24. Recuerda que corresponde a los Estados miembros establecer un consejo del poder judicial, pero que, cuando se establezca dicho consejo, su independencia debe estar garantizada en consonancia con las normas europeas y la Constitución del Estado miembro; recuerda que, tras la reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial, que es el órgano responsable de salvaguardar la independencia de los tribunales y los jueces de conformidad con el artículo 186, apartado 1, de la Constitución polaca, mediante la Ley de 8 de diciembre de 2017 por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y otras leyes[63], la comunidad judicial de Polonia se vio privada de la facultad de delegar representantes en el Consejo Nacional del Poder Judicial y, por tanto, de su influencia en el nombramiento y la promoción de los jueces; recuerda que, antes de la reforma, quince de los veinticinco miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial eran jueces elegidos por sus homólogos, mientras que desde la reforma de 2017 estos jueces son elegidos por el Parlamento polaco; lamenta profundamente que, en conjunción con la finalización prematura, a principios de 2018, de los mandatos de todos los miembros nombrados con arreglo a las normas anteriores, esta medida haya desembocado en una amplia politización del Consejo Nacional del Poder Judicial[64];

25. Recuerda que el Tribunal Supremo, al aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 19 de noviembre de 2019, dictaminó en su sentencia de 5 de diciembre de 2019 y en sus decisiones de 15 de enero de 2020[65], así como en su resolución de 23 de enero de 2020, que el papel decisivo del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial en la selección de los jueces de la Sala Disciplinaria recién creada socava la independencia e imparcialidad de esta última[66]; expresa su preocupación por la situación jurídica de los jueces nombrados o promovidos por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial en su composición actual y por el impacto que pueda tener su participación en los fallos en la validez y legalidad de los procesos;

26.  Recuerda que la Red Europea de Consejos del Poder Judicial suspendió al nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial el 17 de septiembre de 2018 porque ya no cumplía los requisitos de independencia del poder ejecutivo y legislativo, e inició el procedimiento de expulsión en abril de 2020[67];

27. Pide a la Comisión que incoe un procedimiento de infracción en relación con la Ley de 12 de mayo de 2011 sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial[68], modificada el 8 de diciembre de 2017, y que solicite al Tribunal de Justicia la suspensión de las actividades del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial mediante medidas provisionales;

Normas que rigen la organización de los tribunales ordinarios, el nombramiento de los presidentes de los tribunales y el régimen de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios

28. Lamenta que el ministro de Justicia, que en el sistema polaco es también el fiscal general, obtuviera la facultad de nombrar y destituir a los presidentes de tribunal de las instancias inferiores, a su discreción, durante un período transitorio de 6 meses, y que en 2017-2018 el ministro de Justicia sustituyera a más de 150 presidentes y vicepresidentes de tribunales; observa que, transcurrido este período, la destitución de los presidentes de tribunal se ha mantenido en manos del ministro de Justicia, prácticamente sin ningún control efectivo de esta facultad; observa, además, que el ministro de Justicia también obtuvo otros poderes «disciplinarios» en relación con los presidentes de los tribunales y los presidentes de las instancias superiores, que, a su vez, cuentan ahora con grandes poderes administrativos en relación con los presidentes de las instancias inferiores[69]; lamenta este importante retroceso para el Estado de Derecho y la independencia judicial en Polonia[70];

29. Lamenta que la Ley de 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 de febrero de 2020, haya modificado la composición de las asambleas de jueces y haya transferido algunas de las competencias de dichos órganos de autogobierno del poder judicial a los presidentes de los colegios de tribunales nombrados por el ministro de Justicia[71];

30. Recuerda que, en su sentencia de 5 de noviembre de 2019[72], el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de la Ley de 12 de julio de 2017 por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios y otras leyes[73], que redujeron la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios, al tiempo que permitían al ministro de Justicia decidir sobre la prolongación de su servicio activo, y que fijaron una edad de jubilación diferente en función del sexo, son contrarias al Derecho de la Unión;

Derechos e independencia de los jueces, incluido el nuevo régimen disciplinario de los jueces

31.  Condena las nuevas disposiciones por las que se establecen infracciones y sanciones disciplinarias adicionales referentes a los jueces y los presidentes de tribunal, dado que las disposiciones en cuestión entrañan un grave peligro para la independencia judicial[74]; condena asimismo las nuevas disposiciones por las que se prohíben cualesquiera actividades políticas de los jueces, obligándoseles a hacer pública su pertenencia a asociaciones y restringiéndose sustancialmente las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales autónomos, lo que infringe los principios de seguridad jurídica, necesidad y proporcionalidad al limitar la libertad de expresión de los jueces[75];

32. Manifiesta su honda preocupación por el procedimiento disciplinario incoado contra jueces y fiscales en Polonia en relación con sus decisiones judiciales adoptadas de conformidad con el Derecho de la Unión o sus declaraciones públicas en defensa de la independencia del poder judicial y del Estado de Derecho en Polonia; condena la campaña de difamación contra jueces polacos y la implicación de funcionarios públicos en ella; pide a las autoridades polacas que se abstengan de utilizar de forma abusiva procedimientos disciplinarios y de llevar a cabo otras actividades que socaven la autoridad de la magistratura;

33. Pide a las autoridades polacas que supriman las nuevas disposiciones —en materia de delitos de carácter disciplinario y de otro tipo—, que impiden a los tribunales examinar cuestiones relativas a la independencia y la imparcialidad de otros jueces desde el punto de vista del Derecho de la Unión y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), privando de ese modo a los jueces del ejercicio de su deber, con arreglo al Derecho de la Unión, de no atenerse a las disposiciones nacionales que entran en conflicto con el Derecho de la Unión[76];

34.  Acoge con satisfacción la incoación de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión en relación con las nuevas disposiciones mencionadas más arriba; pide a la Comisión que solicite al Tribunal de Justicia que aplique el procedimiento acelerado y conceda medidas provisionales en caso de que se le remita el asunto;

Estatuto del fiscal general y organización de las Fiscalías

35. Reconoce que la fusión de los cargos de ministro de Justicia y de fiscal general, el aumento de las competencias del fiscal general respecto del Ministerio Fiscal y el aumento de las competencias del ministro de Justicia respecto del poder judicial (Ley de 27 de julio de 2001 sobre la organización de los tribunales comunes[77], en la versión modificada) y la debilidad de los controles de estas competencias (Consejo Nacional de Fiscales), lo que se traduce en una acumulación excesiva de competencias en una sola persona y tiene consecuencias negativas directas para la independencia del Ministerio Fiscal respecto de la esfera política, como ha afirmado la Comisión de Venecia[78];

36. Recuerda que, en su sentencia de 5 de noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia resolvió que rebajar la edad de jubilación de los fiscales es contrario al Derecho de la Unión porque se fija una edad de jubilación diferente para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de fiscal en Polonia;

Evaluación global de la situación del Estado de Derecho en Polonia

37. Coincide con la Comisión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en que las distintas modificaciones del marco legislativo que regula el sistema judicial mencionadas más arriba equivalen, a la vista de su interacción e impacto global, a una vulneración grave, constante y sistemática del Estado de Derecho que permite a los poderes legislativo y ejecutivo interferir en toda la estructura y los resultados del sistema judicial de manera incompatible con los principios de separación de poderes y Estado de Derecho, debilitando así significativamente la independencia del poder judicial en Polonia[79]; condena el impacto desestabilizador en el ordenamiento jurídico polaco que tienen las medidas adoptadas y los nombramientos realizados desde 2016;

Protección de los derechos fundamentales en Polonia

El comisario de Derechos Humanos de Polonia

38. Expresa su preocupación ante los ataques políticos a la independencia de la Oficina del Comisario de Derechos Humanos[80]; destaca que el Comisario de Derechos Humanos ha criticado públicamente, en su ámbito de responsabilidades, varias medidas adoptadas por el actual Gobierno; recuerda que el estatuto del Comisario para los Derechos Humanos está consagrado en la Constitución polaca y que el mandato del comisario actual expira en septiembre de 2020;

Derecho a un proceso equitativo

39. Manifiesta su preocupación por las informaciones que denuncian retrasos indebidos en los procedimientos judiciales, dificultades para acceder a la asistencia jurídica durante la detención y casos de respeto insuficiente de la confidencialidad de la comunicación entre la asistencia letrada y su cliente[81]; pide a la Comisión que siga atentamente la situación de los abogados en Polonia; recuerda el derecho de todos los ciudadanos a ser asesorados, defendidos y representados por un abogado independiente, de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Carta;

40. Observa con preocupación que, desde que la Ley de 20 de diciembre de 2019 entró en vigor el 14 de febrero de 2020, solo la Sala Extraordinaria, cuya independencia e imparcialidad mismas están en entredicho, puede decidir si un juez o tribunal es independiente e imparcial, privando así a los ciudadanos de un importante elemento de control judicial en todos los demás niveles[82]; recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del derecho a un proceso justo todo órgano jurisdiccional está obligado a verificar de oficio si cumple los criterios de independencia e imparcialidad[83];

Derecho a la información y la libertad de expresión, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación

41. Reitera que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son inseparables de la democracia y el Estado de Derecho, y que el derecho a informar y el derecho a ser informado forman parte de los valores democráticos fundamentales en los que se asienta la Unión; recuerda que, en su Resolución de 16 de enero de 2020, el Parlamento pidió al Consejo que abordase en las audiencias previstas en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE, los cambios en el ámbito de la libertad de expresión, en particular la libertad de los medios de comunicación;

42. Recuerda que, en su Resolución de 14 de septiembre de 2016, el Parlamento expresó su preocupación ante las modificaciones de la Ley polaca de medios de comunicación ya aprobadas y ante las que habían sido propuestas poco tiempo antes; reitera su llamamiento a la Comisión para que lleve a cabo un análisis de la legislación aprobada por lo que se refiere a su compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 11 de la Carta y con la legislación de la Unión sobre los medios de comunicación públicos;

43. Expresa su inquietud ante las actuaciones de las autoridades polacas en los últimos años en relación con el organismo público de radiodifusión, en particular su reconversión en un organismo progubernamental, la obstaculización de la labor de los medios de comunicación públicos y sus organismos reguladores como voces independientes o discrepantes y el control de los contenidos de radiodifusión[84]; recuerda que el artículo 54 de la Constitución polaca garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura;

44. Expresa su profunda preocupación a la vista del recurso excesivo por parte de algunos políticos a las denuncias por difamación contra periodistas, con el resultado incluso de condenas con sanciones pecuniarias y suspensión del ejercicio de la profesión de periodista; teme que ello tenga un efecto intimidatorio para la profesión y la independencia de los periodistas y los medios de comunicación[85]; pide a las autoridades polacas que garanticen el acceso a vías de recurso adecuadas para los periodistas y sus familias que sean objeto de procesos judiciales con el propósito de acallar o intimidar a medios de comunicación independientes; pide a las autoridades polacas que apliquen íntegramente la Recomendación del Consejo de Europa de 13 de abril de 2016 sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación[86]; lamenta que la Comisión aún no haya presentado la legislación contra los pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), legislación que también protegería a los periodistas y medios de comunicación polacos frente a litigios vejatorios;

45. Expresa su preocupación por los casos notificados de periodistas detenidos por hacer su trabajo informando sobre protestas anticonfinamiento durante la epidemia de COVID-19[87];

Libertad de cátedra

46. Expresa su inquietud ante el recurso a pleitos por difamación contra intelectuales y la amenaza de hacerlo; pide a las autoridades polacas que respeten la libertad de expresión y la libertad de cátedra, de acuerdo con las normas internacionales[88];

47. Pide al Parlamento polaco que derogue el capítulo 6c de la Ley, de 18 de diciembre de 1998, relativa al Instituto de la Memoria Nacional – Comité para el enjuiciamiento de los crímenes contra la nación polaca[89], que pone en peligro la libertad de expresión y la investigación independiente al convertir esta última en delito civil susceptible de demanda ante un tribunal civil por dañar la reputación de Polonia y de sus ciudadanos, por ejemplo mediante acusaciones de complicidad de Polonia o los polacos con el Holocausto[90];

Libertad de reunión

48. Reitera su llamamiento al Gobierno polaco para que respete el derecho a la libertad de reunión y suprima en la Ley vigente, de 24 de julio de 2015, sobre las reuniones públicas[91], modificada el 13 de diciembre de 2016[92], las disposiciones que dan prioridad a las reuniones «cíclicas» aprobadas por el Gobierno[93]; insta a las autoridades a que se abstengan de imponer sanciones penales a quienes participen en reuniones o contramanifestaciones pacíficas y a que retiren los cargos penales contra manifestantes pacíficos; insta asimismo a las autoridades a que den la debida protección a las reuniones pacíficas y a que lleven ante la justicia a quienes ataquen violentamente a participantes en reuniones pacíficas;

49. Expresa su preocupación ante la muy restrictiva prohibición de las reuniones públicas[94] aplicada durante la pandemia de COVID-19 sin que se declarara el estado de catástrofe natural, en contra de lo establecido en el artículo 232 de la Constitución polaca, e insiste en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad cuando se restringe el derecho de reunión;

Libertad de asociación

50. Pide a las autoridades polacas que modifiquen la Ley, de 15 de septiembre de 2017, sobre el Instituto Nacional para la Libertad – Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil[95],[96], a fin de velar por el acceso a la financiación estatal por parte de los grupos de la sociedad civil críticos, así como por una distribución justa, imparcial y transparente de los fondos públicos a la sociedad civil, garantizándose una representación pluralista[97]; reitera su llamamiento para que se ponga a la disposición de las organizaciones concernidas una financiación adecuada a través de diferentes instrumentos de financiación de la Unión, como el capítulo «Valores de la Unión» del nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y otros proyectos piloto de la Unión; expresa su profunda preocupación ante la presión política a la que se enfrentan los miembros polacos del Comité Económico y Social Europeo en relación con las medidas adoptadas en el marco de su mandato[98];

Protección de la vida privada y de los datos

51. Reitera su conclusión expuesta en su Resolución de 14 de septiembre de 2016 de que las garantías procedimentales y las condiciones sustanciales establecidas en la Ley, de 10 de junio de 2016, sobre las acciones antiterroristas y en la Ley, de 6 de abril de 1990, sobre la policía[99], en la versión modificada, en relación con la ejecución de la vigilancia secreta son insuficientes para impedir un recurso excesivo a esta medida o una interferencia injustificada en la protección de la vida privada y los datos de las personas, incluidos los líderes de la oposición y de la sociedad civil[100]; reitera su llamamiento a la Comisión para que realice una evaluación de dicha legislación por lo que se refiere a su compatibilidad con el Derecho de la Unión, e insta a las autoridades polacas a que respeten plenamente la privacidad de todos los ciudadanos;

52. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia transmitiera datos personales del Sistema Electrónico Universal para el Registro de la Población (en lo sucesivo, el «registro PESEL») al operador de servicios postales el 22 de abril de 2020, con el fin de facilitar la organización de las elecciones presidenciales del 10 de mayo de 2020 mediante votación por correo, sin un fundamento jurídico adecuado, ya que el Parlamento polaco no aprobó hasta el 7 de mayo de 2020 un proyecto de ley que permitiera la elección exclusivamente postal; observa además que el registro PESEL no es idéntico al censo electoral e incluye también datos personales de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión, por lo que la mencionada transmisión de datos podría constituir una violación del Reglamento (UE) 2016/679; recuerda que el Comité Europeo de Protección de Datos declaró que las autoridades públicas pueden divulgar información sobre personas que figuren en las listas electorales, pero únicamente cuando el ordenamiento jurídico nacional lo autorice expresamente[101]; toma nota de que el comisario de Derechos Humanos de Polonia presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo Regional de Varsovia sobre la base de una posible infracción de los artículos 7 y 51 de la Constitución polaca por parte del Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia;

Educación sexual integral

53. Reitera su profunda preocupación, expuesta en su Resolución de 14 de noviembre de 2019 y compartida por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa[102], en relación con el proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 200b del Código Penal polaco, sometido a la Dieta polaca por la iniciativa «Stop Paedophilia», dado que las disposiciones de dicho proyecto son extremadamente vagas, amplias y desproporcionadas, y con él se intenta de hecho criminalizar la educación sexual dirigida a los menores y su ámbito de aplicación constituye una amenaza potencial para todas las personas, particularmente los padres, los docentes y las personas que imparten educación sexual, previéndose hasta tres años de prisión por impartir enseñanzas sobre la sexualidad humana, la salud y las relaciones íntimas;

54. Subraya que una educación sexual y afectiva integral apropiada para la edad de que se trate y basada en datos contrastados es crucial para que los jóvenes desarrollen capacidades que les permitan mantener unas relaciones sanas, en términos de igualdad, enriquecedoras, seguras y que no entrañen discriminación, coacción ni violencia; estima que una educación sexual integral también tiene un efecto positivo por lo que respecta a la igualdad de género, por ejemplo modificando normas y actitudes perjudiciales respecto de la violencia de género, ayudando a prevenir la violencia de pareja y la coacción sexual, así como la homofobia y la transfobia, rompiendo el silencio en torno a la violencia sexual, la explotación o los abusos sexuales, y capacitando a los jóvenes para buscar ayuda; pide al Parlamento polaco que se abstenga de adoptar la propuesta de proyecto de ley por la que se modifica el artículo 200b del Código Penal polaco, e insta encarecidamente a las autoridades polacas a que velen por que todos los escolares tengan acceso a una educación sexual integral, en consonancia con las normas de la Organización Mundial de la Salud, y por que quienes imparten dicha educación e información reciban apoyo para su labor de manera factual y objetiva;

Salud sexual y reproductiva y derechos en la materia

55. Recuerda que, de conformidad con la Carta, el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como se refleja también en la Constitución polaca; recuerda que el Parlamento ya ha criticado enérgicamente, por ejemplo en sus Resoluciones de 14 de septiembre de 2016 y de 15 de noviembre de 2017, cualquier propuesta legislativa por la que se pretenda prohibir el aborto en casos de malformación fetal grave o mortal, que en la práctica limitaría drásticamente y prácticamente prohibirían el acceso al aborto en Polonia, pues la mayoría de los abortos legales se producen por este motivo[103], y ha hecho hincapié en que el acceso universal a la asistencia sanitaria, incluyendo la atención sanitaria sexual y reproductiva y los derechos conexos, es un derecho humano fundamental[104]; lamenta las enmiendas[105] presentadas a la Ley de 5 de diciembre de 1996 relativa a las profesiones de médico y dentista[106], por las que los doctores dejarían de estar sujetos a la obligación legal de indicar un establecimiento alternativo u otro médico en caso de denegación de servicios de salud sexual y reproductiva por motivo de creencias personales; reitera su preocupación por el uso de la cláusula de objeción de conciencia, en particular por la falta de mecanismos de derivación fiables y la ausencia de procedimientos de recurso oportunos para las mujeres a las que se deniegan dichos servicios; pide al Parlamento polaco que se abstenga de ulteriores intentos de restringir la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; afirma enérgicamente que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas; pide a las autoridades polacas que tomen medidas para aplicar plenamente las sentencias pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos contra Polonia, en las que en varias ocasiones se ha dictaminado que las leyes restrictivas en materia de aborto y la falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres[107];

56. Recuerda que anteriores intentos de limitar en mayor medida el derecho al aborto, que en Polonia ya es uno de los más limitados de la Unión, fueron contrarrestados en 2016 y 2018 por la oposición masiva de ciudadanos polacos expresada en las denominadas «protestas negras»; insta encarecidamente a las autoridades polacas a que consideren la posibilidad de derogar la ley que restringe el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia;

Incitación al odio, discriminación pública, violencia contra las mujeres, violencia doméstica y comportamiento intolerante respecto de las minorías y otros grupos vulnerables, en particular las personas LGBTI

57. Insta a las autoridades polacas a que adopten todas las medidas necesarias para combatir enérgicamente la incitación al odio racial y a la violencia en línea y fuera de línea, y a que condenen públicamente la incitación al odio racial por parte de personajes públicos, en particular políticos y representantes de medios de comunicación[108], y se distancien de ella, que hagan frente a los prejuicios y los sentimientos negativos hacia las minorías nacionales y étnicas (en particular la minoría romaní), los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, y que garanticen la aplicación efectiva de las leyes por las que se ilegalizan los partidos y organizaciones que fomentan la discriminación racial o incitan a ella[109]; pide a las autoridades polacas que cumplan las recomendaciones de 2019 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial[110];

58. Expresa su profunda preocupación por la reciente declaración del ministro de Justicia de Polonia de que Polonia debería denunciar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); insta a las autoridades polacas a que apliquen de manera práctica y efectiva dicho Convenio, también garantizando la aplicación de la legislación vigente en todo el país, así como la oferta de un número suficiente de refugios de calidad para mujeres víctimas de violencia y para sus hijos;

59. Toma nota de que la segunda encuesta sobre personas LGBTI de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de mayo de 2020, pone de relieve un incremento de la intolerancia y la violencia en Polonia para con las personas LGTBI y el absoluto escepticismo mostrado por los respondientes LGTBI polacos en relación con la lucha del Gobierno contra los prejuicios y la intolerancia, con el porcentaje más bajo de la Unión (solo un 4 %) y el porcentaje más elevado de respondientes que evitan ir a determinados lugares por temor a sufrir ataques, acoso o amenazas (79 %);

60. Recuerda, asimismo en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales de 2020, su posición expuesta en su Resolución de 18 de diciembre de 2019, en la que condenaba enérgicamente toda discriminación contra las personas LGBTI y la violación de sus derechos fundamentales por parte de autoridades públicas, en particular la incitación al odio por autoridades públicas y cargos electos, la prohibición de las marchas del orgullo y su inadecuada protección frente a ataques, así como las declaraciones de zonas en Polonia como libres de la supuesta «ideología LGBT» y la adopción de «cartas regionales sobre los derechos de las familias», que discriminan especialmente a las familias monoparentales y LGTBI; señala la ausencia de mejora de la situación de las personas LGBTI en Polonia desde la adopción de dicha Resolución, e indica que es elevado el riesgo para la salud mental y la seguridad física de las personas LGBTI polacas; recuerda la condena de estas acciones por parte del comisario polaco de Derechos Humanos, que presentó nueve denuncias ante los tribunales administrativos por el motivo de que las zonas libres de LGBTI conculcan el Derecho de la Unión, así como por la Comisión y organizaciones internacionales; recuerda que el gasto en el marco de los fondos de cohesión no debe discriminar por motivos de orientación sexual y que los municipios que actúan como empleadores deben respetar la Directiva 2000/78/CE del Consejo[111], que prohíbe la discriminación y el acoso en el empleo por motivos de orientación sexual[112]; pide a las autoridades polacas que apliquen la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en este contexto, que aborden la situación de los cónyuges y los progenitores del mismo sexo, con miras a garantizar que disfrutan del derecho a la no discriminación de hecho y de derecho[113]; condena las querellas contra los activistas de la sociedad civil que publicaron el llamado «Atlas del odio», que documenta casos de homofobia en Polonia; insta encarecidamente al Gobierno polaco a que garantice la protección jurídica de las personas LGBTI frente a todas las formas de delitos de odio e incitación al odio; * * * *

61. Observa que la falta de independencia del poder judicial en Polonia ya ha empezado a afectar a la confianza mutua entre Polonia y otros Estados miembros, especialmente en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, habida cuenta de que algunos tribunales nacionales se han negado a entregar a sospechosos polacos en el marco de una orden de detención europea, o han vacilado a la hora de hacerlo, debido a serias dudas acerca de la independencia del poder judicial en Polonia; considera especialmente grave la amenaza a la uniformidad del ordenamiento jurídico de la Unión que supone el deterioro del Estado de Derecho en Polonia; señala que únicamente se puede restablecer la confianza mutua entre los Estados miembros una vez se garantice el respeto de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

62. Pide al Gobierno polaco que cumpla todas las disposiciones relativas al Estado de Derecho y los derechos fundamentales recogidas en los Tratados, la Carta, el CEDH y las normas internacionales de derechos humanos, y que entable un diálogo sincero y directo con la Comisión; destaca que este diálogo debe desarrollarse con imparcialidad, sobre la base de elementos de prueba y en un espíritu de cooperación; pide al Gobierno polaco que colabore con la Comisión, conforme al principio de cooperación leal establecido en el TUE; pide al Gobierno polaco que ejecute rápida y plenamente las sentencias del Tribunal de Justicia y que respete la primacía del Derecho de la Unión;

63.  Pide al Consejo y a la Comisión que se abstengan de interpretar de manera restrictiva el principio de Estado de Derecho y que utilicen todo el potencial del procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE a fin de abordar las consecuencias de la acción del Gobierno polaco para los principios consagrados en el artículo 2 del TUE, entre ellos, la democracia y los derechos fundamentales, puestas de relieve en el presente informe;

64. Pide al Consejo que reanude lo antes posible las audiencias formales —la última de las cuales se remonta ya a diciembre de 2018—, e incluya en ellas la totalidad de las principales novedades negativas registradas más recientemente en los ámbitos del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales; insta al Consejo a que se pronuncie finalmente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE y constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de la República de Polonia de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE, a la luz de las abrumadoras pruebas expuestas en la presente Resolución y en los muy numerosos informes de organizaciones internacionales y europeas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en informes de organizaciones de la sociedad civil; recomienda enérgicamente que, a modo de seguimiento de las audiencias, el Consejo dirija recomendaciones concretas a Polonia, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, del TUE, y fije plazos para la aplicación de dichas recomendaciones; pide asimismo al Consejo que se comprometa a evaluar la aplicación de estas recomendaciones oportunamente; pide al Consejo que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso, y que trabaje con transparencia y permita una participación significativa y la supervisión por parte de todas las instituciones y órganos de la Unión y de las organizaciones de la sociedad civil;

65. Pide a la Comisión que utilice plenamente los instrumentos a su disposición para tratar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos de infracción acelerados y las solicitudes de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;

66. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Polonia, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto institucional

La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, y se guía por ellos. El Parlamento Europeo ha de defender sin reservas el Estado de Derecho, incluido los principios de legalidad —que implica un proceso de promulgación de los actos jurídicos transparente, responsable, democrático y pluralista —, seguridad jurídica, separación de poderes, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, independencia e imparcialidad de los tribunales, tutela judicial efectiva —incluido el respeto de los derechos fundamentales—, e igualdad ante la ley.

Hay que tener presente que el Parlamento ha debatido en repetidas ocasiones acerca del «dilema de Copenhague»: examinar a los países candidatos a la adhesión para evaluar el respeto del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales antes de que se adhieran a la Unión, pero no volver a evaluar el respeto de dichos valores tras la adhesión, no puede ser coherente con el Derecho y los valores de la Unión. Los valores que constituyen el fundamento de la Unión (artículo 2 del TUE) no son solo unos requisitos para adherirse a la Unión, sino que también son vinculantes una vez que un país pertenece plenamente a la Unión. Por lo tanto, es de suma importancia disponer de un conjunto de herramientas integral en el ámbito del Estado de Derecho para garantizar el cumplimiento obligatorio de los valores mencionados más arriba.

El 20 de diciembre de 2017, la Comisión Europea hizo pública su propuesta motivada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia. El procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE constituye una fase preventiva que dota a la Unión de la capacidad para intervenir en caso de riesgo claro de violación grave de los valores comunes. Hasta la fecha, el Consejo de Asuntos Generales ha celebrado tres audiencias de Polonia, todas ellas en 2018. Desde entonces, la Comisión ha facilitado al Consejo información actualizada sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia, pero no se han organizado nuevas audiencias.

Paralelamente a la activación del procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con Polonia, la Comisión ha incoado cuatro procedimientos de infracción contra dicho país en relación con las reformas judiciales, dos de los cuales han desembocado en sentencias del TJUE en las que se constatan violaciones del principio de tutela judicial efectiva establecido en el artículo 19, apartado 1, del TUE.

El Parlamento Europeo ha expresado su preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Polonia en varias resoluciones aprobadas en los últimos años. Sus motivos de preocupación son el funcionamiento del sistema legislativo y electoral, la independencia del poder judicial y los derechos de los jueces, y la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Habida cuenta de que no solo no se ha hecho nada en relación con la situación del Estado de Derecho en Polonia, sino que además dicha situación se ha deteriorado gravemente desde la activación del artículo 7, apartado 1, del TUE, el ponente destaca la importancia del presente informe provisional, que tiene por objeto

 hacer un balance de la evolución del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Polonia desde 2015;

 instar a la Comisión y al Consejo a ampliar el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, del TUE a fin de incluir los riesgos claros de violaciones graves de la democracia y los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

 pedir a las autoridades polacas, al Consejo y a la Comisión que actúen rápidamente, dentro de su ámbito de competencias respectivo, para hacer frente a esta grave crisis del Estado de Derecho.

El ponente ha optado por realizar un análisis en profundidad apoyándose en dictámenes elaborados por organizaciones europeas e internacionales, como los órganos del Consejo de Europa, la OIDDH-OSCE y las Naciones Unidas, así como en sentencias de tribunales nacionales, europeos e internacionales. En opinión del ponente, el presente informe debe basarse en hechos analizados por instituciones y organizaciones de confianza, de las que Polonia es parte o cuyos métodos de trabajo y normas ha aceptado.

Cabe señalar que la Comisión LIBE organizó una misión a Varsovia en septiembre de 2018 durante la que la delegación se reunió con representantes del Gobierno polaco, la Dieta y el Senado, partidos políticos, instituciones judiciales, representantes de la OIDDH-OSCE, profesionales del Derecho, periodistas y representantes de la sociedad civil, y celebró dos audiencias, en 2018 y 2020, para valorar la situación del Estado de Derecho en Polonia. El ponente ha mantenido asimismo reuniones con diferentes partes interesadas (ONG, mundo académico, periodistas, jueces, etc.) y con miembros del Gobierno polaco para escuchar directamente a quienes se enfrentan a la situación sobre el terreno (véase la huella legislativa en el anexo).

 

2. Balance de la evolución del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Polonia desde 2015

- Independencia del poder judicial y derechos de los jueces

Por lo que se refiere al Estado de Derecho en el sentido estricto de la independencia del poder judicial, la situación en Polonia dista mucho de ir a mejor y persiste o aumenta la inquietud en relación con todos y cada uno de los aspectos expuestos en el presente informe: la politización del Tribunal Constitucional polaco emprendida ya en 2015; la composición y la conducta del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial; el férreo control de la Fiscalía por el ministro de Justicia, que también es el fiscal general; la creación de la Sala Disciplinaria y la Sala de Recurso Extraordinario dentro del Tribunal Supremo; la intimidación sistemática de jueces y los procedimientos disciplinarios contra los jueces que se pronuncian sobre las mencionadas reformas.

Recientemente, el 29 de abril de 2020, la Comisión Europea puso en marcha un procedimiento de infracción en relación con la denominada «Ley mordaza». Esta nueva Ley relativa al poder judicial entró en vigor el 14 de febrero de 2020 y es claramente incompatible con la primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que priva a los jueces del ejercicio de su deber con arreglo al Derecho de la Unión de no atenerse a las disposiciones nacionales que entran en conflicto con el Derecho de la Unión. Entre los principales motivos de inquietud que genera dicha Ley también se incluyen la introducción de nuevos delitos y sanciones de carácter disciplinario contra jueces y presidentes de tribunales, lo que podría socavar el principio de independencia judicial y también la libertad de expresión y asociación de aquellos al prohibírseles cualesquiera actividades políticas y obligárseles a hacer pública su pertenencia a asociaciones.

Durante la misión de la Comisión LIBE y los intercambios de puntos de vista mantenidos con el ministro y el viceministro polacos de Justicia, las autoridades polacas adujeron como motivos de la profunda reorganización de su sistema judicial emprendida en 2015 el descontento de los ciudadanos con la lentitud y la eficiencia de la administración de justicia, supuestos casos de corrupción y delitos o faltas de determinados jueces que habían quedado impunes, así como la necesidad de descomunistizar el poder judicial[114]. El ponente insiste en que los motivos expuestos no justifican el férreo control que ejerce el poder ejecutivo sobre el poder judicial a consecuencia de las reformas. Los presuntos casos de corrupción o de delito se han de enjuiciar individualmente y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha subrayado claramente que también los procesos de depuración han de ser individualizados e incluso pueden estar menos justificados si se llevan a cabo mucho después del fin del régimen comunista[115].

Funcionamiento del sistema legislativo y electoral

El ponente encontró asimismo preocupante la organización de elecciones presidenciales precisamente durante la epidemia, lo que entrañaba un riesgo evidente de que no pudieren celebrarse unas elecciones en igualdad de condiciones, directas y secretas, criterios consagrados en la Constitución polaca, sobre la base de una campaña electoral justa y con igualdad de condiciones de acceso a los medios de comunicación. Según los observadores de la OIDDH-OSCE, ambos candidatos la segunda vuelta presidencial de Polonia finalmente pudieron hacer campaña libremente, aunque las elecciones se vieron empañadas por la hostilidad y la cobertura sesgada por parte del organismo público de radiodifusión. Preponderaron los actos de campaña negativa y la denigración mutua, y también fueron motivo de grave preocupación las noticias sobre amenazas contra políticos y periodistas. Como en la primera ronda, la campaña del presidente saliente y la cobertura del operador público de radiodifusión se caracterizaron por una retórica homófoba, xenófoba y antisemita[116].

- Protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías

La salud y los derechos sexuales y reproductivos están amenazados en Polonia. La propuesta de prohibición de interrupción del embarazo por causa de anomalías graves o mortales del feto reforzaría aún más una ley en materia de aborto ya de por sí restrictiva y desembocaría por ende en una prohibición casi total del aborto. Además, el proyecto de ley para tipificar como delito la educación sexual dirigida a los menores ha suscitado gran preocupación en el Parlamento Europeo y en otros organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En un momento en el que la sociedad civil tenía dificultades para organizarse en torno a estos temas, durante el brote de COVID-19, el Parlamento polaco votó las enmiendas presentadas a la Ley de 5 de diciembre de 1996 relativa a las profesiones de médico y dentista, por las que los doctores dejarían de estar sujetos a la obligación legal de indicar un establecimiento alternativo u otro médico en caso de denegación de servicios de salud sexual y reproductiva por motivo de creencias personales.

También es muy preocupante el nivel de protección de las minorías y de los derechos de las mujeres y de las personas que se identifican como LGBTI, habida cuenta de que los Estados miembros tienen el deber de proteger la integridad física y moral de todos los ciudadanos. El ponente lamenta profundamente ver que algunas zonas de la Unión Europea se declaran a sí mismas libres de ideologías que ni siquiera existen.

En el informe también se abordan otros derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a un juicio justo, la libertad de cátedra y de los medios de comunicación, la libertad de reunión y de asociación y el derecho a la protección de la vida privada.

3. Ampliación del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, del TUE

El ponente desea que el presente informe provisional dé un nuevo impulso al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE, e incluya no solo los cambios controvertidos más recientes del sistema judicial polaco, sino también un análisis de la situación de la democracia y los derechos fundamentales en Polonia, aspectos que requieren atención específica.

4. Llamamiento a las autoridades polacas, al Consejo y a la Comisión

El ponente pide al Gobierno polaco que cumpla todas las disposiciones relativas al Estado de Derecho y los derechos fundamentales que se consagran en los Tratados, la Carta de los Derechos Fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las normas internacionales en materia de derechos humanos, que ejecute rápidamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respete la primacía del Derecho de la Unión y que entable un diálogo directo con la Comisión.

El ponente expresa su preocupación ante la pasividad del Consejo a la hora de abordar la situación del Estado de Derecho en Polonia, y pide a los Estados miembros que reanuden las audiencias formales tan pronto como sea posible, con el fin de incluir la totalidad de las principales novedades negativas registradas recientemente en los ámbitos del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Y lo que es más importante, el ponente pide al Consejo que se pronuncie finalmente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE, y constate que existe un riesgo claro de vulneración grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia, a la luz de las abrumadoras pruebas al respecto que se exponen en la presente Resolución y en los muy numerosos informes de organizaciones internacionales y europeas, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en informes de organizaciones de la sociedad civil, y que dirija recomendaciones a Polonia de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE.

Por último, se solicita a la Comisión que utilice plenamente los instrumentos disponibles para tratar un riesgo claro de vulneración grave por parte de Polonia de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos de infracción acelerados y las solicitudes de medidas provisionales al Tribunal de Justicia.

 

 

 


ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE

<FootprintIntro>La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad del ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con el ponente durante la preparación del informe, hasta su adopción en comisión:</FootprintIntro>

Organización y/o persona

Aborcyjny Dream Team

Amnistía Internacional (AI)

Colegio de Abogados de Austria

Campaña contra la Homofobia

Civil Development Forum (FOR)

Comisario de Derechos Humanos de Polonia

Presidencia croata del Consejo de la Unión Europea

Asociación Europea de Jueces

Comisión Europea

Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea

Gobierno de la República de Polonia

Human Rights Watch (HRW)

Comisión Internacional de Juristas

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

IUSTITIA, asociación de jueces polacos

 

Open Society European Policy Institute (OSEPI)

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia

Asociación Polaca de Periodistas (SDP)

Prof. Ewa Łętowska, Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia de Ciencias de Polonia

Prof. Laurent Pech, Universidad de Middlesex (Londres)

Sociedad de Periodistas

 

 


 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO (6.7.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</CommissionInt>


<Titre>sobre sobre la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de Polonia </Titre>

<DocRef>(2017/0360R(NLE))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Evelyn Regner</Depute>

 

PA_Consent_Interim

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en el informe que apruebe:

 Visto el documento temático del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de diciembre de 2017, titulado «La salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa»,

 Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia[117],

 Vistos las recomendaciones de 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y el documento «Estándares de educación sexual en Europa. Marco para las personas encargadas de formular políticas educativas, responsables y especialistas de salud», de la Oficina Regional de la OMS para Europa,

 Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea[118],

 Vistos los resultados de la segunda encuesta sobre personas LGBTI de la Agencia de los Derechos Fundamentales, que ponen de relieve un aumento de la intolerancia y la violencia en Polonia hacia las personas LGBTI y el absoluto escepticismo de los encuestados LGBTI polacos respecto de la lucha del Gobierno contra los prejuicios y la intolerancia, con el porcentaje más bajo de la Unión (solo del 4 %), y según los cuales Polonia registra el porcentaje más elevado de encuestados que evitan ir a determinados lugares por temor a sufrir ataques, acoso o amenazas (79 %),

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la «Carta»), y en particular sus artículos 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 y 45,

 Vistos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), sobre los valores en los que se fundamenta la Unión, y el artículo 7 del TUE, relativo a la constatación de la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2,

 Vistos el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 9 del TFUE, relativo a la lucha contra la exclusión social y a un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana, el título IV del TFUE, sobre la libre circulación de personas, servicios y capitales, y el título V del TFUE, relativo a un espacio de libertad, seguridad y justicia,

A. Considerando que el artículo 35 de la Carta consagra el derecho de «toda persona [...] a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales», así como el objetivo de «un nivel elevado de protección de la salud humana»; que la oferta de servicios accesibles y asequibles de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluidos la anticoncepción y el aborto seguro y legal, está vinculada a numerosos derechos humanos, como el derecho a la vida y a la dignidad, la protección frente a un trato inhumano o degradante, el derecho de acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación; considerando que la denegación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos contraviene las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

B. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como establece el artículo 2 del TUE, y como se consagra en los tratados internacionales de derechos humanos; que estos valores, que son comunes a los Estados miembros y han sido suscritos libremente por todos ellos, constituyen el fundamento de los derechos de que disfrutan quienes viven en la Unión; que el artículo 7 del TUE prevé la posibilidad de suspender determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto en el Consejo, cuando se constate la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2;

C. Considerando que en el Parlamento polaco se están debatiendo dos proyectos de ley de iniciativa ciudadana; que uno de ellos, conocido como el proyecto de ley «Stop al aborto», pretende endurecer la Ley polaca de 1993 sobre la planificación familiar, la protección del feto humano y las condiciones para una interrupción legal del embarazo, que ya es una de las más restrictivas de la Unión, a fin de eliminar el acceso legal al aborto en los casos en que el feto presente anomalías graves o mortales, lo que equivale, esencialmente, a denegar el acceso al aborto; que el otro, conocido como «Stop a la pedofilia», está destinado a convertir la educación sexual impartida a los menores por docentes, personal sanitario y otros profesionales educativos en delito punible con pena de prisión;

D. Considerando que una educación exhaustiva sobre la sexualidad, adaptada a la edad y fundamentada en datos contrastados, es esencial para reforzar las capacidades de niños y jóvenes para entablar relaciones saludables, equitativas, enriquecedoras y seguras y para mejorar la igualdad de género, en particular mediante la transformación de normas y actitudes de género perjudiciales respecto de la violencia de género, la homofobia y la transfobia, para prevenir la discriminación y cualquier forma de abuso y violencia por motivos de género y para contribuir a reducir los embarazos adolescentes y las prácticas de riesgo y a aumentar el uso de métodos anticonceptivos;

E Considerando que la Dieta polaca estaba obligada legalmente a proceder, en un plazo de seis meses a partir de su entrada en funciones, al examen de los proyectos de ley derivados de iniciativas ciudadanas; que el Parlamento polaco se pronunció, el 16 de abril de 2020, a favor de volver a remitir a comisión los dos proyectos de ley de iniciativa ciudadana relativos al acceso al aborto y a la educación sexual de los menores; que aún no se han anunciado las fechas en las que las comisiones parlamentarias estudiarán los proyectos de ley;

F. Considerando que, en 2016, 2018 y 2020, los proyectos de ley presentados por los que se imponían medidas restrictivas contra el aborto o se intentaba introducir una prohibición total del derecho al aborto desataron movilizaciones masivas de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en todo el país y en el extranjero, como la huelga de mujeres del «lunes negro» de 2016; que, por desgracia, desde principios de 2019, más de ochenta regiones, provincias y municipios han aprobado resoluciones por las que se declaran libres de la denominada «ideología LGBT» o han adoptado, en su totalidad o en parte, las «Cartas Regionales de los Derechos de la Familia», discriminando, en particular, a las familias monoparentales y a las personas y familias LGBTI y restringiendo en la práctica la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión;

1. Celebra que el 16 de abril de 2020 el Parlamento polaco no aprobase los dos proyectos de ley de iniciativa ciudadana sobre el acceso al aborto y sobre una educación sexual para los menores exhaustiva y adaptada a su edad; lamenta que el Parlamento polaco no haya rechazado de plano ambos proyectos de ley y se opone a que estos se remitan de nuevo a comisión para su ulterior examen en vista de que socavan los derechos humanos; considera que la perspectiva de una votación futura sobre estos proyectos de ley supone una potencial amenaza para los principios en los que se fundamenta la Unión, consagrados en el artículo 2 del TUE, en particular el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad, incluidos la igualdad entre mujeres y hombres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI, y la labor de la sociedad civil;

2. Pide al Gobierno polaco y a los diputados al Parlamento polaco que no prosigan el examen de esos dos proyectos de ley, dado que, en razón de las cuestiones morales y las protestas que ambos proyectos suscitan, se está produciendo en el país y en toda Europa un debate enérgico, necesario y legítimo, y que dichos proyectos causarían perjuicios irreparables en la vida y los derechos fundamentales de miles de mujeres, parejas, familias, niños y adolescentes, personas que en muchos casos se encuentran entre las más jóvenes y vulnerables de la sociedad, al igual que en la vida y los derechos de los educadores en materia de salud sexual y reproductiva, incluidos docentes, profesionales que realizan actividades de concienciación, personal sanitario y activistas pro derechos; expresa su profunda preocupación por los reiterados intentos de introducir, examinar y reformar leyes con el objetivo de restringir los derechos de las mujeres y la igualdad de género; insta a los diputados al Parlamento polaco a que se abstengan de seguir intentando restringir la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los adolescentes;

3. Lamenta las propuestas legislativas recientes con arreglo a las cuales los centros médicos ya no estarán legalmente obligados a derivar la intervención a otro centro si los médicos se niegan a practicar un aborto por sus creencias personales; reitera su preocupación por el uso de la cláusula de objeción de conciencia, incluida la falta de mecanismos de derivación fiables y la ausencia de procedimientos de recurso oportunos para las mujeres a las que se niega el acceso legal al aborto; recuerda que, en virtud del Derecho en materia de derechos humanos, no debe permitirse que los médicos vulneren los derechos inalienables de las mujeres a acceder de manera oportuna a la gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva y el derecho a la vida, la salud y la intimidad; pide al Gobierno polaco que cumpla con las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[119], que ha dictaminado que los obstáculos para acceder al aborto legal suponen, en la práctica, una violación de los derechos humanos y, por consiguiente, que introduzca en la legislación una disposición que estipule que, en caso de que un centro médico se niegue a llevar a cabo un procedimiento de aborto, dicho centro médico tenga que indicar otro especialista o centro dispuesto a ello; pide que se derogue la ley que restringe el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de urgencia;

4 Afirma rotundamente que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas y recuerda que la falta de información científicamente correcta viola el derecho de las personas a decidir con conocimiento de causa sobre su propia salud y derechos sexuales y reproductivos;

5. Insta a las autoridades polacas a que apliquen de manera concreta y efectiva el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, en particular garantizando la aplicación de la legislación vigente en todo el país, así como habilitando un número suficiente de refugios de calidad para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos;

6. Expresa su preocupación por el retroceso de los derechos de las mujeres, la restricción progresiva del espacio destinado a la sociedad civil y la insuficiente protección en Polonia del derecho de las mujeres y las adolescentes a la salud, del que la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a la información y la autodeterminación, son un componente esencial protegido por el Derecho a escala internacional; manifiesta su preocupación ante la pérdida de derechos de los jóvenes LGBTI, cuya salud mental e integridad física están particularmente en peligro debido al continuo hostigamiento por parte del Gobierno, en forma de redadas, privación de fondos e intimidación, a activistas y organizaciones;

7. Hace hincapié en que un acceso oportuno y sin obstáculos a los servicios de salud reproductiva y el respeto de la autonomía y de la toma de decisiones reproductivas de las mujeres son esenciales para proteger los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; recuerda que los organismos internacionales de derechos humanos han reiterado que las leyes excesivamente restrictivas sobre el aborto contravienen las normas sobre derechos humanos y deben ser reformadas; recuerda que el Parlamento ya ha criticado enérgicamente, en sus Resoluciones de 14 de septiembre de 2016[120] y de 15 de noviembre de 2017[121], toda propuesta legislativa por la que se prohíba el aborto en casos de malformación fetal grave o mortal y, de ese modo, se prohíba el acceso al aborto en Polonia en la práctica, ya que la mayoría de los abortos legales se practican con arreglo a este supuesto;

8. Destaca que las mujeres que deciden poner fin a un embarazo, o bien viajan a otro país para obtener servicios de aborto legales y seguros, o bien se someten a procedimientos potencialmente inseguros en el hogar que podrían poner en peligro sus vidas, en especial en el caso de las mujeres pobres; reitera que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto legal y seguro, es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas;

9. Reitera con firmeza que el acceso a información exhaustiva y adaptada a la edad sobre el sexo, la sexualidad y el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva, incluidos la educación sexual, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el aborto legal y seguro, son esenciales para crear un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales seguras, sin coerción, discriminación ni violencia;

10. Reitera que hay que capacitar y proteger a los jóvenes mediante información adaptada a la edad sobre el sexo y la sexualidad y el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva; destaca que, más que proteger a los jóvenes, la falta de información y de educación sobre el sexo y la sexualidad pone en peligro su seguridad y bienestar, al colocarlos en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación sexual, el abuso y la violencia, también a las niñas y a los jóvenes LGBTI, a quienes la inequidad de género y las normas sociales afectan especialmente; exige que los educadores, médicos y cuidadores reciban apoyo, protección e incentivos para poder facilitar esta información;

11. Recuerda que la educación, además de constituir en sí misma un derecho humano, es un requisito indispensable para el disfrute de otros derechos y libertades fundamentales; recuerda que Polonia, con arreglo al Derecho internacional en materia de derechos humanos, tiene el deber de ofrecer una educación sexual exhaustiva, obligatoria, adaptada a la edad, normalizada, fundamentada en datos contrastados y científicamente correcta; recuerda que, para cumplir las normas de la OMS para Europa en materia de educación y protección de los jóvenes, esta educación debe necesariamente formar parte del programa escolar; afirma que dicha educación debe comprender la orientación sexual y la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones sexuales y el consentimiento, así como información sobre consecuencias negativas o enfermedades como las enfermedades de transmisión sexual o el VIH, los embarazos no deseados, la violencia sexual y las prácticas nocivas, como la captación de menores y la mutilación genital femenina;

12. Pide al Gobierno polaco que, con carácter urgente, condene y tome las medidas legales adecuadas contra las resoluciones adoptadas por las autoridades regionales y municipales en relación con las denominadas «zonas sin LGBTI» en Polonia, que violan los derechos fundamentales y generan más odio, miedo y amenazas a las personas LGBTI+ en Polonia; se remite a su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI+, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI»[122]; insta al Gobierno polaco a que adopte medidas para proteger a las personas LGBTI+ y que garantice los derechos y libertades de las personas y las organizaciones que representan los intereses de las mujeres y las personas LGBTI+ en la sociedad y aborde todas las violaciones de los derechos humanos de las que tales personas y organizaciones son víctima;

13. Recuerda que el artículo 7 del TUE se puede activar si se constata la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2; cree firmemente que las violaciones de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI+ y otras minorías vulneran gravemente los valores de igualdad y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, consagrados en el artículo 2 del TUE; pide a la Comisión que haga un seguimiento de la situación para determinar si la creación de zonas sin LGBTI en un tercio de los municipios polacos, las declaraciones homófobas y otras violaciones de los derechos de las minorías constituyen una infracción del artículo 2 del TUE, el artículo 3, apartado 2, del TUE, el artículo 21 del TFUE, los títulos IV y V del TFUE y el artículo 45 de la Carta; pide a la Comisión que, en consecuencia, estudie si debe emitir un dictamen motivado de conformidad con el artículo 258 del TFUE y que, en tal caso, considere la posibilidad de incoar el procedimiento de infracción correspondiente; insta a la Comisión a que suspenda, en adelante, la financiación estructural de la Unión en las regiones en las que esta vaya a utilizarse para financiar acciones contra personas LGBTI+, en violación de los valores de la Unión; pide al Consejo que aborde estas cuestiones en el contexto de la audiencia actual sobre la situación en Polonia;

14. Pide al Gobierno polaco que incluya en el Código Penal, como características personales protegidas, la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales para garantizar los derechos de todas las personas LGBTI+ en Polonia;

15. Pide una educación sexual exhaustiva, adaptada a la edad y antidiscriminatoria en Polonia, de conformidad con las normas internacionales, a fin de luchar contra la homofobia, las actitudes discriminatorias, los estereotipos de género y las ideas equivocadas sobre la sexualidad y la salud reproductiva; pide al Gobierno polaco que garantice que los jóvenes tengan acceso, como parte del programa escolar, a una educación sexual y antidiscriminatoria exhaustiva, adaptada a la edad y fundamentada en datos contrastados, de acuerdo con las normas europeas e internacionales, y que garantice el apoyo a los docentes o educadores cualificados a fin de que puedan impartir dicha educación de manera factual y objetiva; pide a las autoridades polacas que se abstengan de adoptar una política contraria a estos objetivos o medidas para sancionar o estigmatizar a docentes y educadores por sus enseñanzas relacionadas con la sexualidad y contra la discriminación;

16. Pide al Gobierno polaco que aplique las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo en su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia[123], así como las recomendaciones del Consejo de Europa y de la OMS;

17. Considera que la aprobación por parte del Parlamento del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, que incluye el programa Derechos y Valores, debe estar supeditada a la adhesión a los valores de la Unión Europea; reitera su petición de un mecanismo para proteger el presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho en los Estados miembros y se muestra partidario de no dar su aprobación al MFP si no se alcanza un acuerdo político sobre dicho mecanismo; pide a las autoridades polacas que garanticen una financiación adecuada a través de instrumentos a escala de la Unión, como el MFP y otros proyectos piloto, a fin de poner el MFP a disposición de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI +, y que aborden la creciente burocratización y las restricciones de financiación a las que se enfrentan dichas organizaciones, incluidas las organizaciones y los activistas que defienden los derechos de las mujeres.

 


PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título

Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de Polonia

Referencias

2017/0360R(NLE)

Comisión competente para el fondo

 

LIBE

 

 

 

 

Opinión emitida por

 Fecha del anuncio en el Pleno

FEMM

27.5.2020

Ponente de opinión

 Fecha de designación

Evelyn Regner

27.4.2020

Fecha de aprobación

3.7.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

6

3

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

24

+

RE

Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

GUE/NGL

Eugenia Rodríguez Palop, Elena Kountoura

EPP

Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

GREENS/EFA

Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke

 

6

-

ID

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

ECR

Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

 

3

0

EPP

Rosa Estaràs Ferragut, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lívia Járóka

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 


 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de Polonia

Referencias

2017/0360R(NLE)

Fecha de la consulta / solicitud de aprobación

7.5.2020

 

 

 

Comisión competente para el fondo

 Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE

27.5.2020

 

 

 

Comisiones competentes para emitir opinión

 Fecha del anuncio en el Pleno

AFCO

27.5.2020

FEMM

27.5.2020

 

 

Opiniones no emitidas

 Fecha de la decisión

AFCO

8.6.2020

 

 

 

Ponentes

 Fecha de designación

Juan Fernando López Aguilar

14.10.2019

 

 

 

Examen en comisión

13.7.2020

14.7.2020

 

 

Fecha de aprobación

16.7.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

52

15

0

Miembros presentes en la votación final

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Malin Björk, Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Nathalie Loiseau, Erik Marquardt, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Paul Tang, Hilde Vautmans, Tomáš Zdechovský

Fecha de presentación

20.7.2020

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

52

+

EPP

Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Paul Tang, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

GREENS/EFA

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

15

-

EPP

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

 

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

[1] DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2016)0123.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2016)0344.

[6] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0442.

[7] DO L 217 de 12.8.2016, p. 53.

[8] DO L 22 de 27.1.2017, p. 65.

[9] DO L 228 de 2.9.2017, p. 19.

[10] DO L 17 de 23.1.2018, p. 50.

[11] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0055.

[12] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.

[13] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.

[14] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.

[15] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.

[16] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0014.

[17] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.

[18] Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.

[19] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.

[20] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0080.

[21] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.

[22] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0407.

[23] Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531; sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2019, Comisión/Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

[25] Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 2217).

[26] Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).

[27] Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de marzo de 2016, K 47/15.

[28] Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de agosto de 2016, K 39/16.

[29] Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2016, K 44/16.

[30] Comisión de Venecia, dictamen n.º 860/2016, de 14 de octubre de 2016, sobre la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional, apartado 127; propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, apartados 91 y siguientes.

[31] Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 34).

[32] Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147).

[33] Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).

[34] Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 178).

[35] Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 677).

[36] Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).

[37] Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).

[38] Véase la propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, apartados 112 y 113.

[39] Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), Declaración de Varsovia de 3 de junio de 2016.

[40] OIDDH-OSCE, Declaración de resultados y conclusiones preliminares tras su misión de observación electoral limitada, 14 de octubre de 2019.

[41] OIDDH-OSCE, Informe definitivo de la misión de observación electoral limitada sobre las elecciones parlamentarias del 13 de octubre de 2019, Varsovia, 14 de febrero de 2020.

[42] Comisión de Venecia, dictamen de 8-9 de diciembre de 2017, CDL-AD(2017)031, apartado 43; Recomendación de la Comisión (UE) 2018/103, de 20 de diciembre de 2017, relativa al Estado de Derecho en Polonia, complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520.

[43] Comisión de Venecia, CDL-AD(2002)023, dictamen n.º 190/2002, Código de buenas prácticas en materia electoral - Directrices e informe explicativo, 30 de octubre de 2002; Comisión de Venecia, «Report - Respect for Democracy, Human Rights and Rule of Law during States of Emergency - Reflections» (Informe sobre el respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho durante los estados de emergencia - Reflexiones) (CDL-PI(2020)005rev-e), p. 23.

[44] OIDDH-OSCE, dictamen sobre el proyecto de ley sobre normas especiales para la elección general del presidente de la República de Polonia en 2020 (documento del Senado n.º 99), 27 de abril de 2020.

[45] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

[46] Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).

[47] Comisión de Venecia, dictamen de 14 y 15 de octubre de 2016, apartado 128; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, 31 de octubre de 2016, apartados 7 y 8; Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión.

[48] Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A.K. y otros / Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

[49] Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190).

[50] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, CDL-PI(2020)002, apartados 51-55.

[51] Véase la propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, COM(2017)0835, apartado 133; OIDDH-OSCE, dictamen sobre determinadas disposiciones del proyecto de ley del Tribunal Supremo de Polonia (a 26 de septiembre de 2017), 13 de noviembre de 2017, apartado 33.

[52] Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2019, Comisión / Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.

[53] Auto del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2018, Comisión / Polonia, C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

[54] Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507).

[55] OIDDH-OSCE, dictamen de 13 de noviembre de 2017, apartados 7-20; Comisión de Venecia, dictamen de 8 y 9 de diciembre de 2017, apartado 43; Recomendación de la Comisión (UE) 2018/103, de 20 de diciembre de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520 (DO L 17 de 23.1.2017, p. 50), apartado 25; GRECO, adición al Informe de evaluación de la cuarta ronda sobre Polonia (artículo 34) de 18-22 de junio de 2018, apartado 31; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 8.

[56] Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A.K. y otros / Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

[57] Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2019, III PO 7/19.

[58] Resolución de las Salas conjuntas de lo Civil, lo Penal y lo Laboral del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2020, BSA I-4110-1/2020.

[59] Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2020, U 2/20.

[60] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 38.

[61] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 38.

[62] Auto del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2020, Comisión / Polonia, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

[63] Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).

[64] Mesa del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dictámenes de 7 de abril de 2017 y 12 de octubre de 2017; OIDDH-OSCE, dictamen definitivo sobre el proyecto de modificación de la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, 5 de mayo de 2017; Comisión de Venecia, dictamen de 8 y 9 de diciembre de 2017, pp. 5-7; GRECO, Informe ad hoc sobre Polonia (artículo 34) de 19-23 de marzo de 2018 y adición de 18-22 de junio de 2018; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 42 y 61.

[65] Decisión del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2020, III PO 8/18; decisión del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2020, III PO 9/18.

[66] Véanse también, a este respecto, los siguientes asuntos pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Reczkowicz y otras dos personas / Polonia (demandas n.º 43447/19, 49868/19 y 57511/19), Grzęda / Polonia (n.º 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. / Polonia (n.º 4907/18), Broda / Polonia y Bojara / Polonia (n.º 26691/18 y 27367/18), Żurek / Polonia (n.º 39650/18) y Sobczyńska y otros / Polonia (n.º 62765/14, 62769/14, 62772/14 y 11708/18).

[67] Carta del Comité Ejecutivo de la RECPJ de 21 de febrero de 2020; véase también la carta de la Asociación Europea de Jueces en favor de la RECPJ de 4 de mayo de 2020.

[68] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714).

[69] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 45.

[70] Consejo de Europa, Mesa del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 de junio de 2018.

[71] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 46-50.

[72] Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2019, Comisión / Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

[73] Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).

[74] OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes de Polonia (a 20 de diciembre de 2019), de 14 de enero de 2020, pp. 23-26; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 44 y 45.

[75] OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente de 14 de enero de 2020, pp. 18-21; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 24-30.

[76] OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente de 14 de enero de 2020, pp. 13-17; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 31-43.

[77] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).

[78] Venice Commission Opinion of 8-9 December 2017 on the Act on the Public Prosecutor's office, as amended, CDL-AD(2017)028, para. 115.

[79] Recomendación (UE) 2018/103 de la Comisión; Naciones Unidas, Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Declaración de 25 de junio de 2018; Comisión Europea, 2019: «European Semester: «European Semester: Country report Poland», 27 de febrero de 2019, SWD(2019)1020, p. 42; los presidentes de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Red Europea de Presidentes de Tribunales Supremos de la UE y la Asociación Europea de Jueces, carta de 20 de septiembre de 2019; GRECO, Seguimiento de la adición al Informe de evaluación de la cuarta ronda sobre Polonia (artículo 34), de 6 de diciembre de 2019, apartado 65; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia, apartado 4.

[80] Véase asimismo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, carta dirigida al Primer Ministro de Polonia de 19 de enero de 2018; Declaración conjunta en apoyo del Comisario de Derechos Humanos polaco, firmada por ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI y OACNUDH Europa, de junio de 2019. 

[81] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartado 33.

[82] Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, Dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 59.

[83] Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020, Simpson / Consejo y HG / Comisión, asuntos acumulados C-542/18 RX-II, C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232, apdo. 57.

[84] Véase también la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, según la cual Polonia ha caído del puesto 18 al 62 desde 2015.

[85] Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, Informe anual de 2020, marzo de 2020, p. 42.

[86] Consejo de Europa, Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2016)4, de 13 de abril de 2016, sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación.

[87] International Press Institute (IPI) Tracker on Press Freedom Violations Linked to COVID-19 Coverage, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/.

[88] Consejo de Europa, Organización de los Estados Americanos y otros, declaración del Foro Mundial sobre Libertad de Cátedra, Autonomía Institucional y el Futuro de la Democracia, de 21 de junio de 2019.

[89] Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016).

[90] Véase también la declaración, de 28 de junio de 2018, del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación.

[91] Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).

[92] Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 579).

93 Véase también la Comunicación de expertos de las Naciones Unidas, de 23 de abril de 2018, por la que se insta a Polonia a que garantice la participación libre y plena en las conversaciones sobre el clima.

[94] Comisario de Derechos Humanos de Polonia, carta al Ministerio del Interior y de la Administración, de 6 de mayo de 2020.

[95] Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).

[96] OIDDH-OSCE, Dictamen sobre el proyecto de ley de Polonia sobre el Instituto Nacional de Libertad - Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, Varsovia, 22 de agosto de 2017.

[97] CESE, Informe sobre la evolución de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho: La evolución de los países desde una perspectiva de la sociedad civil 2018-2019, de junio de 2020, pp. 41-42.

[98] CESE, Comunicado de prensa, «Presión alarmante sobre la sociedad civil: un miembro polaco del CESE se convierte en blanco de las represalias gubernamentales y las ONG ya no pueden elegir a sus propios candidatos», de 23 de junio de 2020.

[99] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).

[100] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartados 39 y 40. Véase también la Comunicación de expertos de las Naciones Unidas por la que se insta a Polonia a que garantice la participación libre y plena en las conversaciones sobre el clima, de 23 de abril de 2018.

[101] CEPD, carta sobre la comunicación de los datos de las elecciones presidenciales en Polonia, de 5 de mayo de 2020.

[102] Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, declaración de 14 de abril de 2020.

[103] En 2017, el aborto debido a malformaciones del feto supuso el 97,9 % de los que se practicaron; Centro para los Sistemas de Información de Salud, informes del Programa de Investigación Estadística de Estadísticas Públicas MZ-29, publicado en el sitio web de la Dieta polaca. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późnn. zm.).

[104] Véase también el documento de debate del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de diciembre de 2017, titulado «Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe»; Declaración de 22 de marzo de 2018 de los expertos de las Naciones Unidas que asesoran al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, y declaración de 14 de abril de 2020 del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

[105] Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw (not yet published in the Official Journal).

[106] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).

[107] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2007, Tysiąc / Polonia, demanda n.º 5410/03; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2007, R. R. / Polonia, demanda n.º 27617/04; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de octubre de 2012, P. y S. / Polonia, demanda n.º 57375/08.

[108] Resolución de 15 de noviembre de 2017, apartado 18; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia, apartado 14; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartados 15 a 18.

[109] Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados vigesimosegundo a vigesimocuarto de Polonia, de agosto de 2019.

[110] Ibid.

[111] Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16);

[112] Comisión Europea, DG REGIO, carta a las autoridades de las regiones polacas de Lublin, Łódź, Pequeña Polonia, Podkarpacie y Święty Krzyż, de 27 de mayo de 2020. Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia, de 23 de abril de 2020, en el asunto Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

[113] Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de marzo de 2010, Kozak / Polonia, demanda n.º 13102/02; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de enero de 2008, E. B. / Francia, demanda n.º 43546/02; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 2013, X y otros / Austria, demanda n.º 19010/07; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2016, Taddeucci y McCall / Italia, demanda n.º 51362/09; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de julio de 2015, Oliari y otros / Italia, demandas n.º 18766/11 y n.º 36030/11; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2017, Orlandi y otros / Italia, demandas n.º 26431/12, n.º 26742/12, n.º 44057/12 y n.º 60088/12; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de enero de 2020, Beizaras y Levickas / Lituania, demanda n.º 41288/15.

[114] Comisión LIBE, informe de misión de 3 de diciembre de 2018, a raíz de la misión de la delegación ad hoc a Polonia sobre la situación del Estado de Derecho, del 19 al 21 de septiembre de 2018.

[115] Asunto del TEDH de 3 de septiembre de 2015, Sõro / Estonia, apartados 60 a 62; cuarta Recomendación de la Comisión (UE) 2018/103, de 20 de diciembre de 2017, apartado 9; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia, apartado 13.

[116] OSCE, comunicado de prensa de 13 de julio de 2020: https://www.osce.org/odihr/elections/poland/457204.

[117] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.

[118] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.

[119] R.R., TYSIAC y P. y S./Polonia (solicitudes n.º 27617/04, n.º 5410/03 y n.º 57375/08).

[120] DO C 204 de 13.6.2018, p. 95.

[121] DO C 356 de 4.10.2018, p. 44.

[122] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.

Última actualización: 28 de agosto de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad