Informe - A9-0193/2020Informe
A9-0193/2020
Parlamento europeo

INFORME sobre las políticas económicas de la zona del euro en 2020

16.10.2020 - (2020/2078(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Ponente: Joachim Schuster


Procedimiento : 2020/2078(INI)
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A9-0193/2020
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A9-0193/2020
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las políticas económicas de la zona del euro en 2020

(2020/2078(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular el artículo 122, apartado 2, por el que se concede ayuda financiera a un Estado miembro que esté en dificultades o seriamente amenazado por dificultades graves ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales fuera de su control, y el artículo 136, y los Protocolos 1 y 2 del mismo,

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y su «cláusula de salvaguardia» en los artículos 5, apartado 1, 6, apartado 3, 9, apartado 1 y 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], así como los artículos 3, apartado 5, y 5, apartado 2 del Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo[2], por los que se facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica,

– Vistos el informe de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2020» (COM(2019) 651), y la Recomendación de la Comisión para una Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2019) 652),

– Vista la Recomendación del Consejo, de 10 de febrero de 2020, sobre la política económica de la zona del euro[3],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de febrero de 2020, titulada «Semestre Europeo de 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011» (COM(2020) 150),

– Vista su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Plan de acción de la Comisión y evolución reciente[4],

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa[5],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, titulada «Revisión de la gobernanza económica - Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) nº 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2011 y 473/2013 y sobre la idoneidad de la Directiva 2011/85/UE del Consejo» (COM(2020)0055),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, titulada «Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria europea: una hoja de ruta» (COM(2017)0821),

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Identifying Europe’s recovery needs» (Identificar las necesidades de recuperación de Europa)[6],

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo[7],

– Vista su Resolución legislativa, de 16 de septiembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea[8],

– Visto el documento de la Comisión de 7 de julio de 2020 titulado «Previsiones económicas de verano»[9],

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020[10],

– Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0[11],

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias[12],

– Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación[13],

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (2019/2956(RSP))[14],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19» (COM(2020)0112),

– Visto el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus)[15],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2020, relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2020)0123),

– Visto el Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en proceso de negociación y que se encuentren gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública[16],

– Vistas las Orientaciones de la Comisión dirigidas a los Estados miembros en relación con las inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas), de 25 de marzo de 2020 (C(2020) 1981),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2020 titulada «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y su adopción» (2020/C 91 I/01) y su modificación del 4 de abril de 2020 (2020/C 112 I/01),

– Vista la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, de 27 de marzo de 2020, por la que se modifica el anexo sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (2020/C 101 I/01 - C(2020) 2044),

– Vista la Decisión de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 (C(2020) 2146),

– Vista la propuesta de Reglamento, presentada por la Comisión, de 28 de abril de 2020, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a los ajustes realizados en respuesta a la pandemia de COVID-19 (adopción de un paquete bancario (COM(2020)0310 - 2020/0066(COD)),

– Vista la evaluación del marco fiscal con especial atención en la legislación introducida por los paquetes de seis y de dos medidas, de 19 de septiembre de 2019, el informe anual del Consejo Fiscal Europeo, de 29 de octubre de 2019, la declaración del Consejo Fiscal Europeo sobre la COVID-19 de 24 de marzo de 2020, y la evaluación por el Consejo Fiscal Europeo de la orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro en 2021, de 1 de julio de 2020,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020», de 17 de diciembre de 2019 (COM(2019)0650),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640),

– Vistas las previsiones económicas de la Comisión, primavera de 2020, de 6 de mayo de 2020 (documento institucional 125),

– Visto el Reglamento del Consejo (UE) 2020/672, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19[17],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Semestre Europeo 2020: recomendaciones específicas por país» (COM(2020)0500),

– Vista la comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa» (COM(2020)0442),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 28 de mayo de 2020, de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0441),

– Vista la propuesta modificada de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (COM(2020)0445),

– Vistos el Informe de los cuatro presidentes, de 5 de diciembre de 2020, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», el Informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», el Libro Blanco, de 1 de marzo de 2017, sobre el futuro de Europa y el documento de reflexión, de 31 de mayo de 2017, sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria,

– Visto el informe del Eurogrupo a los dirigentes sobre la profundización de la UEM, de 4 de diciembre de 2018,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0193/2020),

A. Considerando que la pandemia de COVID-19 está causando un impacto simétrico sin precedentes tanto para la Unión como a nivel mundial, y que su duración y sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas aún no son previsibles;

B. Considerando que el impacto es simétrico pero que las repercusiones varían considerablemente entre los Estados miembros, en función de la gravedad de la pandemia y el rigor de sus medidas de contención, pero también sus exposiciones económicas y sus condiciones iniciales específicas, incluidos la vulnerabilidad de sectores concretos y su margen de maniobra para dar respuestas de política fiscal discrecional;

C. Considerando que una respuesta europea firme, coordinada y solidaria es fundamental para mitigar las consecuencias económicas y sociales negativas de la crisis, la fragmentación del mercado interior y la mayor profundización de la divergencia macroeconómica, así como la polarización estructural entre regiones y países; que, debido a la existencia de fuertes interdependencias, una recuperación incompleta en un país se extendería a todos los demás países y enfriaría el crecimiento económico en todas partes;

D. Considerando que es probable que la mayoría de los efectos sean temporales y que las políticas nacionales y europeas puestas en marcha para respaldar ingresos, puestos de trabajo, liquidez e inversión sean eficaces, y que la actividad económica se recupere una vez que se levanten gradualmente las restricciones; que, no obstante, es posible que haya efectos negativos duraderos, como la continuación de la demanda atenuada, incertidumbres en el mercado y los ingresos, insuficiencia en la inversión y caídas en el empleo, con reducción del potencial productivo de la economía e imposibilidad de volver a la anterior trayectoria de producción y crecimiento;

E. Considerando que la Unión debe responder a la actual crisis de un modo que incremente su resiliencia frente a crisis futuras;

F. Considerando que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido con los valores fundamentales en que se basan los Tratados, la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el pilar europeo de derechos sociales y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

G. Considerando que la crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y que la respuesta de recuperación propuesta no aborda los desafíos relacionados con la crisis de la COVID-19 en el sector asistencial y los desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres;

H. Considerando que la crisis de COVID-19 está afectando particularmente a los grupos vulnerables, lo que conlleva un aumento de las desigualdades, la pobreza, el desempleo y las divergencias sociales, y debilita las normas sociales y de empleo en Europa;

I. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de valorar la prestación del trabajo de cuidados, no solo en el sector sanitario, sino también en el contexto de la atención a la infancia, el cuidado de personas con discapacidad y de personas de edad avanzada; que las políticas económicas de la zona del euro tienen que invertir más en unos servicios asistenciales públicos y privados de alta calidad, asequibles y accesibles;

J. Considerando que en 2019 solo el 5,7 % de las recomendaciones específicas por país ha sido plenamente aplicado por los Estados miembros, y que en el 45,9 % de ellas ha habido al menos algunos avances, pero que el 48,4 % de ellas no ha sido aplicado o su aplicación solo ha dado lugar a avances limitados;

K. Considerando que la rendición de cuentas del Consejo, la Comisión y el Eurogrupo ante el Parlamento Europeo en todas las etapas del proceso del Semestre Europeo es necesaria en interés de la legitimidad democrática y la transparencia;

I. Situación inicial

1. Observa con gran preocupación que, según las previsiones económicas de la Comisión del verano de 2020, se prevé que la Unión sufra la recesión más profunda de su historia con una contracción del 8,3 % en 2020, un valor significativamente superior al 7,4 % inicialmente contemplado en las previsiones de primavera, lo que supone una recesión mucho más profunda que durante la crisis financiera de 2009; observa asimismo un incremento del déficit presupuestario agregado desde el 0,6 % del PIB en 2019 hasta el 8,5 % del PIB en 2020, tanto en la zona del euro como en el conjunto de la Unión, y un nuevo pico de la ratio de deuda agregada respecto del PIB de 102,7 % (95,1 % en la Unión), invirtiéndose así la tendencia a la baja desde 2014; destaca las previsiones de incremento del desempleo, que pasaría del 7,5 % en la zona del euro (6,7 % en la UE) en 2019 al 9,5 % (9 % en la UE) en 2020, y que cabe esperar un notable impacto negativo para las pymes, mientras que el mercado único y su competitividad se ven envueltos en una incertidumbre extremadamente elevada y considerables riesgos a la baja;

2. Muestra su preocupación por los efectos negativos de la crisis de la COVID-19 en la economía mundial, el comercio, las desigualdades (incluidas las desigualdades de ingresos y de género) y la pobreza; observa la contracción prevista del PIB mundial (excluida la Unión) de alrededor del 3 % este año, lo que supone una recesión más acusada que durante la crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009, con una caída del volumen mundial de importaciones de más del 10 % y una caída de las exportaciones de la zona del euro de alrededor de 13 % en 2020; se muestra alarmado por el aumento de la pobreza, ya que numerosos países emergentes y de renta baja tienen poca capacidad para hacer frente a una crisis sanitaria de esta magnitud, así como un margen político limitado para absorber el impacto macroeconómico;

3. Señala que la estimación de la Comisión de las necesidades de inversión de la EU-27 en 2020 y 2021 ascenderá a 1.5 billones EUR, además de la base de referencia asumida en las previsiones de primavera y para llevar a cabo la transición ecológica y la transformación digital, que ascienden al menos a 595 000 millones EUR al año[18], incluidas las necesidades de inversión adicionales de 20 000 millones EUR al año para realizar las inversiones estratégicas necesarias para la autonomía de la UE a fin de reforzar la resiliencia de las industrias y la independencia estratégica de la UE para los bienes y servicios más necesarios (productos médicos y farmacéuticos, infraestructura digital estratégica, tecnologías habilitadoras clave, materias primas esenciales, defensa y espacio);

4. Señala que las medidas de apoyo a la liquidez agregadas ofrecidas en respuesta a la pandemia ascienden al 22 % del PIB de la Unión, y que se complementaron con instrumentos existentes del presupuesto de la Unión que supusieron un apoyo de hasta alrededor del 4,5 % del PIB de la Unión[19]; opina que estas medidas tendrán que continuar también en 2021; observa asimismo que la iniciativa Next Generation EU (NGEU) puede ofrecer un estímulo presupuestario adicional para las economías europeas de alrededor del 4 al 5 % del PIB en los próximos cuatro años;

5. Destaca que, tanto en el sector público como en el privado, la inversión ya era claramente insuficiente antes de la crisis, y que las proyecciones revelan una acusada reducción adicional de la inversión que se calcula en 846 000 millones EUR para 2020 y 2021 juntos[20];

II. Necesidades a corto plazo

Recuperación económica

6. Reconoce que la Unión se enfrenta al reto sin precedentes de mitigar las consecuencias sociales y económicas de la recesión histórica y de trazar el rumbo de una rápida recuperación económica vinculada a una transición sostenible y justa, a la transformación digital y al refuerzo de la competitividad; está convencido de que, para ello, son indispensables un aumento significativo y duradero de la inversión privada y pública y unas reformas social, económica y medioambientalmente sostenibles con viabilidad a largo plazo, y de que el aumento del nivel de inversión debe estabilizarse durante muchos años, aunque también hace falta mejorar la convergencia en la Unión y crecer sosteniblemente;

7. Acoge con satisfacción la respuesta rápida y firme a la crisis en el ámbito de la política monetaria y fiscal, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, con el programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) del BCE; la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la puesta en marcha del fondo de garantía paneuropeo del BEI, para garantizar la liquidez y la estabilización de los mercados financieros; toma nota de la activación de la cláusula general de salvaguardia por parte de la Comisión, que permite la máxima flexibilidad del marco presupuestario y la adopción del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal para permitir a los gobiernos nacionales prestar apoyo financiero a los sistemas de atención sanitaria y a las empresas, amén del inminente Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), que mantendrá a los trabajadores en su empleo durante la crisis;

8. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo en las que se propone un Plan Europeo de Recuperación, y el instrumento NGEU[21] con un importe de 750 000 millones EUR, la emisión de bonos por parte de la Comisión, y nuevos recursos propios; recuerda, no obstante, el llamamiento del Parlamento en favor de un impulso de inversión mucho mayor para hacer frente a la crisis de la COVID-19, y reconoce que se necesitan medidas adicionales para evitar unas divergencias económicas y sociales de magnitud y para alcanzar los objetivos sociales y medioambientales de la Unión a largo plazo;

9, Considera esencial que el paquete de recuperación propuesto se ajuste plenamente a la nueva estrategia de crecimiento sostenible de la Unión y se fundamente en una estrategia de financiación sólida, a saber, que se conforme a los principios del Pacto Verde Europeo (PVE) —que sitúa la sostenibilidad en el centro de su acción y sus objetivos—, al pilar europeo de derechos sociales (PEDS), a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), y al objetivo de proteger los derechos de la mujer y alcanzar la igualdad de género; pide que los fondos y recursos se destinen a proyectos y beneficiarios que gasten los recursos de manera responsable y eficaz en proyectos sostenibles que generen la mayor incidencia posible y que al tiempo mejoren la apropiación del Semestre Europeo y respeten nuestros valores fundamentales consagrados en los Tratados;

10. Subraya que la recuperación debe basarse en la convergencia social y económica al alza, el diálogo social y la mejora de los derechos sociales y de las condiciones laborales de los trabajadores tanto por cuenta ajena como propia, y debe prestar apoyo adicional al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (SEIP), dedicando especial atención al empoderamiento;

11. Pide que las empresas que reciben ayudas estatales, fondos de la UE u otro dinero público en el marco de la crisis de la COVID-19 mantengan los puestos de trabajo de sus trabajadores y les ofrezcan protección, paguen la parte que les corresponde de impuestos, se comprometan con los objetivos de sostenibilidad respetando las normas internacionales sobre responsabilidad de las empresas y se abstengan de pagar dividendos u ofrecer planes de recompra de acciones destinados a remunerar a los accionistas y a inflar los precios de las acciones;

12. Toma nota de la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debido a la grave recesión económica, y espera que no permanezca activada más tiempo del necesario para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse de la crisis de la pandemia, para conseguir la estabilización a corto plazo, para reforzar la resiliencia económica y social de los Estados miembros, y para impulsar la economía hacia una transición sostenible e integradora que fomente la competitividad y la convergencia regional y social al alza;

13. Comparte la preocupación del Consejo Fiscal Europeo(CFE) por la que, a más tardar en primavera de 2021, se deben ofrecer orientaciones sobre el calendario y las condiciones para la salida de la cláusula de salvaguardia general, y pide a la Comisión que presente una hoja de ruta basada en la investigación y los datos económicos que tenga en cuenta los puntos de vista del CFE;

14. Comparte asimismo la opinión del CFE de que revertir rápidamente la orientación presupuestaria no es aconsejable para la recuperación, y de que en 2021 hará falta un apoyo presupuestario más amplio y prolongado y prorrogar algunas de las medidas presupuestarias discrecionales, incluidos algunos componentes de gasto público, a fin de relanzar la demanda;

15. Recuerda la necesidad específica de fomentar la convergencia al alza y el crecimiento sostenible dentro de la Unión y, en particular, en la zona del euro;

Revisión y, en función de los resultados, adaptación del marco de la política fiscal y económica

16. Toma nota de la conclusión del CFE[22] de que el marco presupuestario debe revisarse y, en función de los resultados, adaptarse debido a su innecesaria complejidad y prociclicidad y a que no ha protegido la calidad de las finanzas públicas ni fomentado una inversión pública sostenible durante el período de crecimiento de los siete años anteriores a la crisis, y está convencido de que la profunda crisis económica desencadenada por la pandemia acrecienta aún más esta necesidad;

17. Considera que la revisión y, en función de sus resultados, la adaptación del marco presupuestario tras la crisis de la COVID-19 deben encontrar un nuevo equilibrio para fomentar los requisitos mencionados anteriormente en términos de aumento del gasto público favorecedor del crecimiento en el contexto del cambio climático y la digitalización, así como la resiliencia social, económica y medioambiental, y estabilizar el nuevo nivel de inversión, incluida la inversión relacionada con la recuperación de las empresas, especialmente las pymes, y con el mercado único y su competitividad, garantizándose al mismo tiempo una gestión presupuestaria sostenible;

18. Señala que el marco de gobernanza económica también debe tener en cuenta las realidades económicas actuales y ser coherente con las prioridades estratégicas de la UE, mejorando al mismo tiempo el cumplimiento de unas normas presupuestarias simplificadas, claras y prácticas y que han sido objeto de revisión y, en función de los resultados, de adaptación;

19. Aboga por una política fiscal anticíclica en la UE y sus Estados miembros y por la reducción de las ratios deuda/PIB, así como unos presupuestos nacionales equilibrados o con ligeros superávits durante los períodos de crecimiento económico de la UE, con el fin de responder eficazmente a los retos futuros y garantizar la estabilidad de la zona del euro; insta, no obstante, a la Comisión y al Consejo a que no repitan errores del pasado en su respuesta a la crisis económica;

20. Muestra su preocupación por los importantes pero desiguales efectos negativos de la crisis de la COVID-19 en el déficit público y la deuda privada en toda la zona del euro y en la UE, en especial en aquellos Estados miembros que tenían elevados niveles de deuda pública antes de las repercusiones de la pandemia, lo que agrava aún más la situación de los Estados miembros que se ven particularmente afectados por la pandemia o los elevados niveles preexistentes de deuda pública; pide una solución que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; considera, en este contexto, que la emisión de bonos de la Comisión Europea es un paso importante en la crisis actual;

21. Considera fundamental que la revisión del marco de la política fiscal y económica de la Unión a efectos de las recomendaciones específicas por país proporcione soluciones a medida para responder a las distintas necesidades de los Estados miembros; pide normas que permitan que la política presupuestaria responda con discreción al impacto a corto plazo y reduzca los elevados ratios de deuda pública con arreglo a normas presupuestarias dentro de un plazo razonable, permitiendo al mismo tiempo un nivel suficiente de inversión pública, políticas fiscales sostenibles e ingresos públicos estables, junto con la modernización y el fortalecimiento a largo plazo de las infraestructuras públicas;

22. Destaca que la inversión pública europea, nacional y subnacional, sin dejar de respetar la sostenibilidad fiscal y unas normas presupuestarias sólidas, contribuye sustancialmente a fortalecer la UE en sus esfuerzos por: 1) recuperarse de la crisis de la COVID-19; 2) promover la transición hacia una sociedad más limpia, socialmente inclusiva, sostenible y digital, así como fomentar el crecimiento y reforzar el mercado único y la cohesión dentro de la UE; y 3) aumentar la competitividad y la autonomía estratégica de la UE; pide a los Estados miembros y a la Comisión que creen un marco reglamentario que incluya normas de inversión previsibles y que apoyen las inversiones públicas y privadas en consonancia con los objetivos a largo plazo de la UE, garantizando al mismo tiempo la capacidad de los Estados miembros para responder a futuras crisis;

Para un Semestre Europeo sostenible y democrático

23. Acoge favorablemente el Pacto Verde Europeo como parte importante de nuestra nueva estrategia de crecimiento sostenible que reúne cuatro dimensiones —medio ambiente, productividad, estabilidad y equidad— y en el que la sostenibilidad competitiva se sitúa en el núcleo de la economía social de mercado de Europa, habilitada por las tecnologías verdes y digitales, una base industrial innovadora y una autonomía estratégica, para convertir a Europa en un líder transformador;

24. Acoge con satisfacción la atención del paquete de primavera del Semestre Europeo dedicada a dar una respuesta inmediata de política económica para abordar y mitigar las repercusiones sanitarias y socioeconómicas de la COVID-19 y relanzar la actividad económica; observa que las recomendaciones específicas por país con orientaciones del paquete de primavera se centraron en los problemas más urgentes causados por la pandemia y en el relanzamiento de un crecimiento sostenible, y que las Recomendaciones se estructuran en torno a dos objetivos: a corto plazo, mitigar los graves efectos socioeconómicos negativos de la pandemia de COVID-19; y a corto o medio plazo, alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo que facilite la transición ecológica y la transformación digital;

25. Apoya el anuncio de la Comisión de una revisión y, en función de los resultados de esta, una adaptación del Semestre Europeo para convertirlo en un instrumento de coordinación de las medidas de recuperación; observa que el proceso del Semestre Europeo debe garantizar el funcionamiento del proceso de gobierno económico de la Unión basado en la coordinación de las políticas presupuestarias y económicas y tener en cuenta, cuando proceda, los objetivos de política social y medioambiental; está convencido de que esto debe incluir un refuerzo de la coordinación de las medidas relativas a las ayudas estatales y las políticas fiscales, así como políticas presupuestarias, sociales y de regulación de las relaciones laborales, para evitar la competencia desleal entre los Estados miembros;

26. Pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que desarrolle un nuevo indicador climático, junto al proceso del Semestre y sin diluirlo, que evalúe la discrepancia entre la estructura de los presupuestos de los Estados miembros y una versión de cada presupuesto nacional en consonancia con el Acuerdo de París; destaca la necesidad de que este indicador proporcione a los Estados miembros una indicación sobre su trayectoria en términos de temperatura en el marco del Acuerdo de París;

27. Reconoce el papel que la Comisión ha asignado al Semestre Europeo en el Plan de Recuperación y su importancia para la coordinación de las políticas a escala de la Unión, habida cuenta del tamaño y del carácter sin precedentes de las medidas políticas adoptadas en los Estados miembros; observa, no obstante, que la eficacia y el éxito de la adaptación de los programas de inversión y reforma de los Estados miembros dependerán de la revisión y, en función de los resultados, de la adaptación del Semestre, y que el aumento de la apropiación por parte de los Estados miembros de la aplicación de las recomendaciones específicas por país dependerá también de la revisión mencionada y de la adaptación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; pide, por tanto, a la Comisión que comunique de forma más proactiva y mejor con los Estados miembros, que ofrezca soluciones a medida antes de la adopción acostumbrada de las recomendaciones específicas por país y que refuerce el debate interinstitucional;

28. Observa que la vinculación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el proceso del Semestre y el seguimiento de los avances en la aplicación de la inversión y las reformas podrían reforzar el compromiso de los Estados miembros; considera, no obstante, que la interrelación de ambos debe diseñarse de manera que potencie la recuperación, mejore la resiliencia social, económica y medioambiental de los Estados miembros y fomente el valor añadido de la Unión;

29. Está convencido de que la construcción de una economía resiliente exige reforzar la dimensión social de la gobernanza europea, con el objetivo de ofrecer una protección adecuada a todas las personas sin excluir la posibilidad de establecer unas normas de mínimos a escala de la UE en caso necesario, con vistas a impulsar una convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo;

30. Hace hincapié en la importancia de un debate exhaustivo y de una participación adecuada de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo; reitera su llamamiento para que se refuerce el papel democrático del Parlamento Europeo en el marco de gobernanza económica, y pide al Consejo y a la Comisión que tengan debidamente en cuenta las Resoluciones aprobadas por el Parlamento; pide a la Comisión que informe adecuadamente y en pie de igualdad al Parlamento Europeo y al Consejo, en calidad de colegisladores, sobre todos los aspectos relativos a la aplicación del marco de gobernanza económica de la Unión, también durante las fases preparatorias y de cara a cualquier propuesta de reforma o mejora;

31. Destaca el importante papel de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en la adopción de medidas para optimizar la rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo, puesto que la experiencia adquirida hasta la fecha en el marco de la aplicación del Semestre Europeo ha puesto de manifiesto que existe margen para mejorar la configuración actual de rendición de cuentas con vistas a incrementar su legitimidad y eficacia;

32. Pide una coordinación comprometida con los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes, tanto a escala nacional como europea, con vistas a reforzar la rendición de cuentas democrática, la transparencia y el papel de control de la sociedad civil;

33. Subraya que los ingresos públicos son fundamentales para financiar la recuperación posterior a la pandemia, restablecer la competitividad sostenible de la Unión y apoyar la transición justa hacia una economía sostenible; recuerda que la evasión y la elusión fiscales a nivel de la Unión ascienden a entre 160 000 y 190 000 millones EUR cada año, lo que equivale a los ingresos que faltan para los tesoros públicos; recuerda, por consiguiente, la importancia de combatir el fraude fiscal, la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales, tanto a escala nacional como de la Unión; recuerda, a este respecto, la contribución de la Comisión en su Comunicación «Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE»[23] y acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; pide una propuesta legislativa ambiciosa con supervisión, competencias y recursos aplicados a nivel europeo, tal y como se recoge en la Resolución del Parlamento de 1 de julio de 2020 sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Plan de acción de la Comisión y evolución reciente[24];

34. Invita a la Comisión a que examine nuevas políticas sugeridas por las instituciones internacionales que apoyen y contribuyan a financiar una transición justa que mitigue las repercusiones socioeconómicas de la transición hacia una economía climáticamente neutra y promueva un crecimiento sostenible, y que tengan por objeto atenuar los enormes costes asociados a la recuperación tras la pandemia y restablecer las finanzas públicas de los Estados miembros; pide que los líderes de la Unión y la Comisión tomen decisiones atrevidas para poner en marcha con carácter urgente una cesta de nuevos recursos propios en la que se incluyan los ingresos procedentes de las políticas de la Unión que favorecen tanto la aplicación de la protección medioambiental como el desarrollo de un mercado único justo, sostenible y competitivo, y para posibilitar la amortización de los préstamos contraídos en el marco del NGEU ya durante el próximo MFP; recuerda que estos recursos propios tienen que ponerse en marcha lo más rápidamente posible, a más tardar en 2021, y que deberán ser permanentes; hace hincapié en este sentido en la posición del Parlamento adoptada en su Resolución legislativa de 16 de septiembre de 2020 relativa al proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea por la que se introducen nuevas categorías de recursos propios[25];

III. Necesidades a medio plazo

Profundización de la Unión Económica y Monetaria

35. Subraya que el refuerzo del papel del euro requiere unas condiciones estructurales adecuadas, entre ellas la profundización de la Unión Monetaria Europea, la realización de la unión bancaria y la realización de la Unión de los Mercados de Capitales;

36. Observa que en el marco del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (IPCC) se presentó una propuesta de instrumento presupuestario dedicado a la zona del euro, que habría financiado paquetes de reformas estructurales e inversiones públicas para reforzar el crecimiento potencial de las economías de la zona del euro y la resiliencia de la moneda única frente a las perturbaciones económicas; toma nota de que, paralelamente al IPCC, existía también un posible instrumento para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que no participan en el IPCC —el Instrumento de Convergencia y Reforma (IRC)— destinado a apoyar la convergencia de los Estados miembros de fuera de la zona del euro hacia la zona del euro, mediante la prestación de apoyo financiero para las reformas estructurales; observa que la Comisión ha presentado una nueva propuesta legislativa sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que ha retirado las citadas propuestas legislativas; pide, no obstante, a la Comisión que considere la posibilidad de elaborar propuestas en el futuro para que la zona del euro y la zona no perteneciente al euro dispongan de instrumentos para gestionar eficazmente el ciclo económico;

37. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El amplio «Plan de Recuperación para Europa» de la Comisión aumenta considerablemente la importancia política y económica de la Unión. En este marco, el Semestre Europeo desempeñará un papel fundamental y de coordinación para dar una respuesta inmediata de política económica a la crisis, allanando el camino para una transición verde sostenible y justa y para la transformación digital, y fomentando al mismo tiempo la convergencia dentro de la Unión. No obstante, el éxito de las medidas adoptadas dependerá de una reforma exhaustiva de la gobernanza económica y financiera de la Unión, que se justifica de la siguiente manera.

La decisión sobre la revisión en curso de las normas presupuestarias de la Unión está respaldada por numerosas razones: El nivel de inversión pública es claramente insuficiente, habida cuenta de los desafíos que plantea la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Las exigencias de la coordinación en cuanto a política de estabilidad son percibidas como una carga creciente por muchos Estados miembros. Las recomendaciones de política económica del Semestre Europeo solo se consideraron parcialmente como vinculantes por los Estados miembros y se aplicaron de manera correspondientemente selectiva. Además, en el marco falta una participación democrática obligatoria de los parlamentarios nacionales y europeos elegidos. Como resultado, la coordinación de políticas a través del Semestre Europeo no cumple las expectativas en cuanto a los logros en el ámbito de los objetivos de política fiscal, y tampoco, más en general, en la prevención y reducción de los desequilibrios económicos.

La COVID-19 ha provocado una crisis económica sin precedentes históricos, lo que agrava aún más la necesidad de revisión. Aunque el impacto es simétrico, las repercusiones varían considerablemente entre los Estados miembros, lo que refleja la gravedad de la pandemia y el rigor de sus medidas de contención, pero también sus exposiciones económicas específicas, sus condiciones iniciales y su potencial para dar respuestas de política fiscal discrecional. Esto agravará aún más los desequilibrios macroeconómicos. El nivel de la deuda expresada como porcentaje del PIB aumentará considerablemente en todos los Estados miembros, con dimensiones preocupantes en algunos de ellos. Incluso después de la crisis, será sumamente difícil para muchos países alcanzar el ratio preciso del 60 % entre la deuda y el PIB. El necesario aumento sustancial de la inversión pública en vista de los retos del cambio climático y la digitalización parece poco probable en un futuro próximo. Por tanto, en el estado actual de la política económica y financiera, el restablecimiento de las normas vigentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tras la retirada de la cláusula de salvaguardia general, desatendería las nuevas condiciones y las futuras necesidades.

De este modo, el presente informe sobre el Semestre Europeo propone que los retos centrales de la política económica y financiera europea —en especial la aplicación de una política climática sostenible y justa y la digitalización— se anclen con firmeza en la actual política de lucha contra la crisis. Al mismo tiempo, deben establecerse las bases para un reajuste del marco de la política financiera y económica para el período posterior a la crisis. Una cuestión clave será conciliar la orientación de la estabilidad de la política económica y financiera europea con un aumento suficiente de la inversión pública en todos los Estados miembros de la Unión. Además, deben adoptarse nuevas medidas para la democratización y la reducción de los desequilibrios económicos y sociales.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

15.10.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

29

11

11

Miembros presentes en la votación final

Gunnar Beck, Marek Belka, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suplentes presentes en la votación final

Henrike Hahn, Eugen Jurzyca, Mick Wallace

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL  EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

29

+

PPE

Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő

Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon‑Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

 

11

-

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos

S&D

Aurore Lalucq

 

11

0

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Martin Schirdewan, Mick Wallace

NI

Piernicola Pedicini

Renew

Caroline Nagtegaal

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie

Peter-Hansen

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

Última actualización: 20 de octubre de 2020
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