Procedimiento : 2020/2021(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0209/2020

Textos presentados :

A9-0209/2020

Debates :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0318

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0209/2020</NoDocSe>
PDF 260kWORD 81k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores»</Titre>

<DocRef>(2020/2021(INI))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor</Commission>

Ponente: <Depute>David Cormand</Depute>

ENMIENDAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores» (2020/2021 (INI))

El Parlamento Europeo,

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 114,

 Vistos los artículos 169, 191, 192 y 193 del TFUE,

 Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior[1],

 Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores[2],

 Vista la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes[3],

 Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 2018, por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas (COM(2018)0441),

 Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos[4],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

 Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas[5],

 Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos[6],

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo[7],

 Vista la publicación de la Comisión de octubre de 2018 titulada «Behavioural Study on Consumer’s Engagement in the Circular Economy» (Estudio conductual sobre la participación de los consumidores en la economía circular),

 Visto el informe del Centro Común de Investigación de 2019 titulado «Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products» (Análisis y desarrollo de un sistema de puntuación relativo a la reparación y a la mejora de productos),

 Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020»,

 Visto el estudio elaborado en marzo de 2020 a petición de su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor titulado «Promoting Product Longevity» (Promover la longevidad del producto),

 Visto el análisis en profundidad realizado en abril de 2020 a petición de su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor titulado «Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation» (Consumo sostenible y legislación sobre protección del consumidor),

 Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), de 18 de agosto de 2015, titulado «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights – Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda» (Bienes duraderos: Productos más sostenibles, mejores derechos de los consumidores - Expectativas de los consumidores en relación con la agenda de la Unión sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular),

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

 Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0209/2020),

A. Considerando que, ante la escasez de recursos naturales y la proliferación de los residuos, es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles que tengan en cuenta los límites del planeta, y priorizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos;

B. Considerando que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de establecer modelos de negocio nuevos y más resilientes y de apoyar a las empresas europeas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las microempresas y los trabajadores por cuenta propia;

C. Considerando que un mercado único sostenible debe reflejar el llamamiento del Parlamento[8] en favor de la adopción de un Pacto Verde Europeo ambicioso; que, por consiguiente, es esencial desarrollar una estrategia basada en la investigación para aumentar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad y reparabilidad de los productos; que esta estrategia debe crear empleo, crecimiento y oportunidades de innovación para las empresas europeas, apoyar su competitividad a escala mundial y garantizar un elevado nivel de protección del consumidor;

D. Considerando que una estrategia común y global no equivale a un enfoque único; que sería más adecuado un enfoque diferenciado basado en las especificidades de cada categoría de producto y sector, así como en el mercado y la evolución tecnológica; que para implantar un mercado único sostenible que funcione correctamente resulta esencial la aplicación y observancia adecuadas de las normas existentes;

E. Considerando que es esencial movilizar fondos suficientes a través de programas financieros como el Programa sobre el Mercado Único, con vistas a una transición hacia la neutralidad climática y la economía circular, con el fin de financiar la investigación y el desarrollo en el ámbito de los productos sostenibles, así como campañas de sensibilización dirigidas a las empresas y los consumidores;

F. Considerando que, según el estudio de comportamiento de 2018 de la Comisión, los consumidores están dispuestos a emprender el viaje hacia una economía circular y es tres veces más probable que adquieran un producto si está etiquetado como más duradero y reparable, pero persisten obstáculos, incluida la asimetría de la información; que una información clara, fiable y transparente sobre las características de un producto, incluida la vida útil estimada y la reparabilidad, es necesaria para la sensibilización de los consumidores y la competencia leal entre las empresas; que, por consiguiente, es necesario mejorar la información existente, evitando al mismo tiempo la sobrecarga de información;

G. Considerando que la vida útil de un producto y la forma en que envejece dependen de varios factores naturales o artificiales, como la composición, la funcionalidad, el coste de la reparación y los patrones de consumo y de uso; que la vida útil estimada de un producto debe medirse sobre la base de pruebas y criterios objetivos que reflejen las condiciones reales de uso y debe determinarse antes de la comercialización del producto;

H. Considerando que la Directiva (UE) 2019/771 debe revisarse a más tardar en 2024; que, como preparación de esta revisión, deben evaluarse una serie de medidas destinadas a crear las condiciones adecuadas para aumentar la durabilidad de los productos y garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, así como un entorno empresarial competitivo; que el período de garantía legal de dos años podría no ser adecuado para todas las categorías de productos con una vida útil estimada superior;

I. Considerando que, en una Resolución anterior[9], el Parlamento Europeo pidió medidas para solucionar el problema de la obsolescencia programada de los bienes y de los programas informáticos, incluida la elaboración de una definición común para las pruebas y la detección de prácticas problemáticas; que es necesario desarrollar una estrategia común para el mercado único y ofrecer seguridad jurídica y confianza tanto a las empresas como a los consumidores;

J. Considerando que la duración de vida útil de los programas informáticos es crucial para la de los aparatos electrónicos; que, toda vez que los programas informáticos quedan obsoletos cada vez con mayor rapidez, es necesario que los aparatos electrónicos sean adaptables para que sigan siendo competitivos[10];

K. Considerando que el 79 % de los ciudadanos de la Unión considera que debe exigirse a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes individuales[11]; que los productos de calidad impulsan la competitividad de las empresas europeas;

L. Considerando que una encuesta realizada en diciembre de 2015[12] reveló que el 59 % de los consumidores no sabía que el período de garantía legal en la Unión es de al menos dos años; que podría mejorarse el conocimiento de los consumidores del alto nivel de derechos existente en cuanto a la garantía legal, y que dicha mejora contribuiría a un uso más sostenible de los bienes;

M. Considerando que el auge del comercio electrónico ha creado la necesidad de un mejor control del cumplimiento por parte de los bienes y servicios procedentes de terceros países de las normas ambientales y de seguridad de la Unión, así como de los derechos del consumidor;

N. Considerando que un mercado único sostenible requiere una vigilancia efectiva del mercado para garantizar el cumplimiento adecuado de estas normas, algo en lo que las autoridades de vigilancia de los mercados y las autoridades aduaneras desempeñan un papel clave;

O. Considerando que alentar una cultura de la reparación y la reutilización e impulsar la confianza en el mercado de bienes de segunda mano podría crear oportunidades económicas y sociales, así como puestos de trabajo, y, en circunstancias específicas, ser vector de competitividad para el tejido industrial europeo; que, en determinados casos, hay obstáculos que impiden que los consumidores opten por la reparación, como la falta de acceso a las piezas de recambio, la falta de normalización e interoperabilidad y la falta de disponibilidad de servicios de reparación; que esto tiene un impacto negativo en el sector de la reparación;

P. Considerando que, según un informe del Eurobarómetro[13], el 77 % de los ciudadanos de la Unión preferiría reparar sus dispositivos en vez de sustituirlos; que las empresas de reparación podrían ser una fuente de empleo local y de conocimientos técnicos específicos en Europa;

Q. Considerando que la prolongación de la vida de un tipo de producto que se encuentre en medio de una mejora sustancial de su eficiencia ambiental debe equilibrarse con la adopción de estos productos mejorados y, por lo tanto, no debe dar lugar a retrasos en la introducción de tecnologías innovadoras que puedan dar lugar a importantes beneficios ambientales;

R. Considerando que la creciente digitalización proporciona a nuestras sociedades nuevos canales para el intercambio de información y ayuda a crear un mercado sostenible basado en la responsabilidad, la transparencia, el intercambio de información y un uso más eficaz de los recursos;

S. Considerando que las plataformas en línea podrían cumplir en mayor medida su responsabilidad de proporcionar a los consumidores información fiable sobre los productos y servicios que ofrecen;

T. Considerando que el sector digital contribuye a la innovación y al fomento de una economía sostenible; que debe abordarse el impacto sobre el medio ambiente de su infraestructura en términos de consumo de energía y recursos; que unos medios de envasado y embalaje y de entrega más sostenibles son cruciales para el establecimiento de una economía circular;

U. Considerando que una contratación pública ecológica y sostenible es una herramienta estratégica que puede utilizarse para contribuir, junto con otras políticas importantes, a la transición industrial de Europa y para reforzar su resiliencia y una autonomía estratégica abierta; que el uso estratégico de la contratación pública sostenible puede beneficiar tanto a las empresas como a los consumidores al impulsar la demanda y la oferta de bienes sostenibles y hacer que estos productos sean rentables y atractivos para los consumidores;

V. Considerando que es necesario abordar las afirmaciones ambientales engañosas y abordar las «prácticas de blanqueo ecológico» con metodologías eficaces, incluida la forma de fundamentar dichas afirmaciones;

W. Considerando que la publicidad influye en los niveles y los patrones de consumo; que la publicidad podría ayudar a las empresas y a los consumidores a tomar decisiones sostenibles con conocimiento de causa;

1. Acoge con satisfacción el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular presentado por la Comisión y la voluntad declarada de promover productos sostenibles y más fáciles de reparar, reutilizar y reciclar, a la vez que se adoptan medidas para apoyar a los consumidores en esta transición;

2. Hace hincapié en que toda estrategia para un mercado único sostenible debe combinar de manera justa, equilibrada y proporcionada los principios de sostenibilidad, protección del consumidor y una economía social de mercado altamente competitiva; subraya que cualquier posible medida reguladora debe basarse en estos principios, ser rentable desde el punto de vista ambiental y ser beneficiosa tanto para las empresas como para los consumidores, a fin de que acepten la transición ecológica dentro del mercado interior; subraya asimismo que las medidas reguladoras deben crear ventajas competitivas para las empresas europeas, no deben suponer una carga financiera desproporcionada para ellas y deben impulsar la innovación, fomentar las inversiones en tecnologías sostenibles y reforzar la competitividad europea y, en última instancia, la protección del consumidor; señala que todas las medidas reguladoras previstas deben ir acompañadas de evaluaciones de impacto y tener siempre en cuenta la evolución del mercado y las necesidades de los consumidores;

3. Pide a la Comisión que muestre una firme ambición política a la hora de diseñar, adoptar y aplicar las próximas propuestas pertinentes, como la destinada a «empoderar a los consumidores para la transición verde» y la iniciativa sobre una política en materia de productos sostenibles, que deben estar plenamente en consonancia con los objetivos climáticos de la Unión y otros objetivos ambientales, a fin de mejorar la circularidad de las cadenas de valor, la eficiencia en el uso de los recursos y la adopción de materias primas secundarias, minimizar la generación de residuos y lograr una economía circular sin sustancias tóxicas; subraya la importancia de la aplicación y el cumplimiento oportunos de las obligaciones y normas existentes; insta a la Comisión a que no las aplace aún más;

4. Hace hincapié en que un mercado único que funcione correctamente es una herramienta poderosa para las transiciones ecológica y digital de la Unión, también en lo que se refiere a su papel en una economía globalizada; subraya que la realización y profundización del mercado único, en particular mediante la aplicación efectiva de la legislación vigente y abordando las barreras injustificadas y desproporcionadas restantes, es una condición previa para lograr una producción y un consumo más sostenibles en la Unión; pide una gobernanza transparente del mercado interior, junto con un seguimiento mejor y más eficaz; considera que el marco jurídico de un mercado único más sostenible debe fomentar la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, incentivar a las empresas para que hagan la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y contribuir así a una recuperación económica sostenible;

5. Señala que el consumo sostenible va de la mano de una producción sostenible y que debe animarse a los agentes económicos a que consideren la durabilidad de los productos y servicios desde la fase de diseño y cuando se introduzcan o presten en el mercado interior, a fin de garantizar a los consumidores una oferta segura, sostenible, rentable y atractiva; pide a la Comisión que proponga medidas, diferenciando entre categorías de productos y para sectores con un impacto ambiental significativo, que mejoren la durabilidad de los productos, incluida su vida útil estimada, y su reutilizabilidad, actualizabilidad, reparabilidad y reciclabilidad;

Lucha contra la obsolescencia programada y derechos del consumidor

6. Pide a la Comisión que elabore, en consulta con las partes interesadas pertinentes, una estrategia amplia con medidas que diferencien entre categorías de productos y tengan en cuenta la evolución del mercado y la tecnología para apoyar a las empresas y los consumidores y promover patrones de producción y consumo sostenibles; señala que esta estrategia debe incluir medidas para:

a) especificar la información precontractual que debe facilitarse sobre la vida útil estimada (que se expresará en años o ciclos de uso y se determinará antes de la comercialización del producto mediante una metodología objetiva y normalizada basada en condiciones reales de uso, diferencias en términos de intensidad de uso y factores naturales, entre otros parámetros ) y la reparabilidad de un producto, teniendo en cuenta que esta información debe facilitarse de manera clara y comprensible para evitar confundir a los consumidores y sobrecargarlos con información, y convertir dicha información en una de las características principales de un producto en el sentido de las Directivas 2011/83/UE y 2005/29/CE,

b) fomentar el desarrollo y la armonización del etiquetado voluntario, con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, sobre la base de normas transparentes y basadas en la investigación, además de en evaluaciones de impacto que demuestren la pertinencia, la proporcionalidad y la eficacia para reducir los impactos ambientales negativos y proteger al consumidor; cree que este etiquetado podría incluir, en particular, información sobre la durabilidad y la reparabilidad, como, por ejemplo, un sistema de puntuación para la reparación, y podría adoptar la forma de un índice de rendimiento ambiental, teniendo en cuenta múltiples criterios a lo largo del ciclo de vida de los productos en función de la categoría del producto; considera que el etiquetado debe proporcionar inmediatamente información visible, clara y fácilmente comprensible a los consumidores en el momento de la compra,

c) reforzar el papel de la etiqueta ecológica de la Unión para mejorar la aceptación de la industria y sensibilizar a los consumidores,

d) evaluar qué categorías de bienes son las más adecuadas para ser equipadas con un contador de uso, sobre la base de un análisis de coste/eficiencia ambiental, con el fin de mejorar la información al consumidor y el mantenimiento de los productos, fomentar el uso a largo plazo de los productos facilitando su reutilización e impulsar modelos de negocio basados en la reutilización y los productos de segunda mano,

e) evaluar, cuando se prepare la revisión de la Directiva (UE) 2019/771, la forma de ajustar más la duración de las garantías jurídicas a la vida útil estimada de una categoría de productos, así como la manera en que una ampliación del período de inversión de la carga de la prueba en caso de no conformidad aumentaría la posibilidad de que los consumidores y las empresas tomen decisiones sostenibles; pide que esta evaluación de impacto examine los posibles efectos de estas ampliaciones potenciales sobre los precios, la vida útil prevista de los productos, los sistemas de garantía comercial y los servicios de reparación independientes,

f) estudiar, cuando se prepare la revisión de la Directiva (UE) 2019/771, la viabilidad de reforzar la posición de los vendedores con respecto a los fabricantes mediante la introducción de un mecanismo de responsabilidad conjunta fabricante-vendedor en el marco del sistema de garantía legal,

g) hacer frente a la obsolescencia programada considerando la inclusión en la lista que figura en el anexo I de la Directiva 2005/29/CE las prácticas cuyo único propósito consista en reducir de hecho la vida útil de un producto para aumentar su tasa de sustitución y limitar indebidamente la reparabilidad de los productos, incluidos los programas informáticos; subraya que estas prácticas deben definirse claramente con arreglo a una definición común y objetiva que tenga en cuenta la evaluación de todas las partes interesadas implicadas, como los centros de investigación y las organizaciones de consumidores, empresariales y medioambientales;

7. Subraya que los productos con elementos digitales requieren especial atención y que en la revisión de la Directiva (UE) 2019/771 que se llevará a cabo de aquí a 2024 deberán tenerse en cuenta los siguientes elementos:

a) las actualizaciones correctoras –es decir, las actualizaciones de seguridad y de conformidad– deberán mantenerse durante toda la vida útil estimada del dispositivo, según la categoría de productos,

b) las actualizaciones correctoras deberán mantenerse separadas de las actualizaciones evolutivas, que habrán de ser reversibles, y ninguna actualización deberá reducir nunca el rendimiento o la capacidad de respuesta del producto,

c) el vendedor deberá informar a los consumidores, en el momento de la adquisición, del período de tiempo durante el cual cabe esperar que se faciliten actualizaciones de los programas informáticos suministrados al comprar el producto, de manera que sea compatible con la innovación y la posible evolución futura del mercado, así como de sus características específicas e impacto en el rendimiento del dispositivo, a fin de garantizar que los productos conserven su conformidad y seguridad;

8. Hace hincapié en la necesidad de vías de recurso sencillas, eficaces y ejecutables tanto para los consumidores como para las empresas; recuerda que el consumidor debe estar informado sobre sus derechos y vías de recurso; pide que, en el contexto del Programa sobre el Mercado Único del marco financiero plurianual (MFP), se financien medidas para abordar el déficit de información y proporcionar apoyo a las asociaciones de consumidores, empresariales y medioambientales para sus iniciativas; estima que los Estados miembros deben llevar a cabo campañas de información para aumentar la protección y la confianza de los consumidores, especialmente entre los grupos vulnerables, y solicita a la Comisión que facilite a los consumidores información adecuada sobre sus derechos a través de la pasarela digital única; destaca que las pymes, las microempresas y los trabajadores por cuenta propia necesitan apoyo específico, incluido apoyo financiero, para comprender y cumplir sus obligaciones legales en el ámbito de la protección de los consumidores;

9. Señala que muchos productos comercializados en el mercado único, especialmente los vendidos en los mercados en línea e importados de fuera de la Unión, no cumplen la legislación de la Unión sobre los requisitos de seguridad y sostenibilidad de los productos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas urgentemente para garantizar unas condiciones equitativas para las empresas de la Unión respecto a sus competidores internacionales, así como para garantizar productos seguros y sostenibles para los consumidores mediante la mejora de la vigilancia del mercado y unas normas de control aduanero equivalentes en toda la Unión, tanto para las empresas tradicionales como en línea; recuerda que, para llevar a cabo esta misión, las autoridades de vigilancia del mercado deben disponer de recursos financieros, técnicos y humanos apropiados, así como de información adecuada, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020, y pide a los Estados miembros que las doten convenientemente y a la Comisión que garantice la correcta aplicación del Reglamento; subraya que debe mejorarse significativamente la interacción entre el Sistema de Intercambio Rápido de Información (RAPEX) y los mercados y plataformas en línea;

Estrategia de reparación

10. Pide que la siguiente información sobre la disponibilidad de piezas de recambio, actualizaciones de software y la posibilidad de reparación de un producto esté disponible de manera clara y fácilmente comprensible en el momento de la compra: período estimado de disponibilidad a partir de la fecha de compra, precio medio de las piezas de recambio en el momento de la adquisición, plazos aproximados recomendados de entrega y reparación, e información sobre los servicios de reparación y mantenimiento, cuando proceda; pide, además, que esta información conste en la documentación del producto junto con un resumen de los fallos más frecuentes y de cómo repararlos;

11. Solicita a la Comisión que establezca un «derecho de reparación» de los consumidores con el fin de que las reparaciones sean sistemáticas, rentables y atractivas, tengan en cuenta las características específicas de las diferentes categorías de productos, en consonancia con las medidas ya adoptadas para varios aparatos domésticos en virtud de la Directiva sobre diseño ecológico:

a) proporcionando a los agentes del sector de la reparación, incluidos los talleres de reparación independientes, y a los consumidores acceso gratuito a la información necesaria sobre la reparación y el mantenimiento, en particular la información sobre herramientas de diagnóstico, piezas de recambio, programas informáticos y actualizaciones necesarias para realizar reparaciones y mantenimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo los imperativos en materia de seguridad de los consumidores, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/943,

b) fomentando un proceso de estandarización de las piezas de recambio que favorezca la interoperabilidad y la innovación, respetando al mismo tiempo los requisitos de seguridad de los productos,

c) estableciendo un período mínimo obligatorio para el suministro de piezas de recambio que refleje la vida útil estimada del producto después de la introducción en el mercado de la unidad final, así como plazos de entrega máximos razonables por categoría de producto, de conformidad con los Reglamentos de Ejecución sobre el diseño ecológico, aprobados el 1 de octubre de 2019, que deben ampliarse a una gama más amplia de productos,

d) velando por que el precio de una pieza de recambio sea razonable y, por tanto, rentable, en relación con el precio de todo el producto, y por que los talleres de reparación independientes y autorizados, así como los consumidores, tengan acceso a las piezas de recambio necesarias sin obstáculos injustos,

e) alentando la reparación en vez de la sustitución, mediante la extensión de las garantías o la reinicialización de los períodos de garantía para los consumidores que se decanten por esta opción en el contexto de preparación de la revisión de la Directiva (UE) 2019/771 y a la luz de un análisis de rentabilidad tanto para los consumidores como para las empresas, y garantizando que los vendedores siempre informen a los consumidores de la opción de reparación y los derechos de garantía correspondientes,

f) evaluando cómo podrían facilitarse las reparaciones, a través del establecimiento, a escala de la Unión, de una garantía legal para las piezas sustituidas en un taller de reparación profesional cuando los productos ya no se hallen cubiertos por la garantía legal o comercial en el contexto de preparación de la revisión de la Directiva (UE) 2019/771,

g) animando a los Estados miembros a que creen incentivos, como la «bonificación del artesano», que promueven las reparaciones, en particular después del vencimiento de la garantía legal, para los consumidores que lleven a cabo reparaciones a través de talleres autorizados independientes;

Estrategia global hacia una economía de la reutilización

12. Acoge con satisfacción la consideración por parte de la Comisión de medidas vinculantes para evitar la destrucción de productos no vendidos o no perecederos en condiciones de funcionamiento, de modo que puedan reutilizarse en su lugar, y de objetivos cuantificados de reutilización, en particular mediante la introducción de sistemas de depósito en consonancia con la Directiva marco sobre residuos y la Directiva relativa a los envases y residuos de envases; hace hincapié en que los nuevos modelos empresariales sostenibles deben gozar de un acceso prioritario a los vertederos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen incentivando la gestión sostenible de los residuos; destaca la necesidad de una estrategia que evalúe y aborde los obstáculos legales a la reparación, la reventa, la reutilización y la donación para garantizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos, así como para reforzar el mercado interior de materias primas secundarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 relativo a los traslados de residuos, también mediante una mayor normalización;

13. Recalca la importancia de impulsar los modelos de negocio de economía circular y sostenible, para minimizar la destrucción de los productos y promover la reparación y la reutilización; pide a la Comisión que fomente el uso de estos modelos manteniendo su rentabilidad y atractivo, y garantizando un elevado nivel de protección de los consumidores, y que anime a los Estados miembros a que sensibilicen sobre estos modelos mediante campañas educativas y de formación destinadas tanto a los consumidores como a las empresas; destaca la importancia de las inversiones en I & D en este ámbito;

14. Señala la existencia de prácticas adoptadas por las empresas para desincentivar las reparaciones, que constituyen una restricción del derecho de reparación y afectan a las opciones de reparación de los consumidores; solicite un enfoque que, por una parte, salvaguarde la ejecución de los derechos de propiedad intelectual y, por otra, garantice un apoyo eficaz a los reparadores independientes, a fin de promover las opciones de los consumidores y conseguir un mercado único sostenible en su conjunto;

15. Destaca la necesidad de crear incentivos para que los consumidores compren bienes de segunda mano; subraya que la transferencia de la garantía en caso de reventa de un producto cuya garantía continúe vigente inspiraría una mayor confianza del consumidor en el mercado; pide a la Comisión, a este respecto, que examine en qué medida la garantía del primer comprador podría transferirse a compradores adicionales en caso de ventas posteriores, especialmente en el contexto de un pasaporte digital de producto; además, solicita que se evalúe la necesidad de revisar la cláusula de excepción para los productos de segunda mano en el marco del régimen de garantía legal previsto en la Directiva (UE) 2019/771 al proceder a la revisión de la Directiva, tras una evaluación de impacto sobre los posibles efectos para los modelos empresariales de segunda mano y basados en la reutilización;

16. Pide que se definan claramente los productos reacondicionados y renovados y que se fomente la introducción a gran escala de un sistema voluntario de garantías comerciales ampliadas para esos productos, a fin de complementar las garantías legales iniciales y evitar que los consumidores estén expuestos a prácticas abusivas;

17. Hace hincapié en el papel del sector de los servicios para aumentar la accesibilidad de las reparaciones y otros modelos de negocio nuevos; en particular, se congratula del desarrollo de modelos comerciales que distinguen el consumo de la propiedad material, en los que se vende la función del producto, y pide una evaluación sólida de la incidencia de la economía del uso y su posible efecto rebote, de su repercusión en los consumidores y en sus intereses económicos, así como del impacto medioambiental de esos modelos; insiste en que el desarrollo de servicios basados en internet, nuevas formas de comercialización (alquiler, arrendamiento financiero, producto como servicio, etc.) y la disponibilidad de instalaciones de reparación pueden contribuir a prolongar la vida útil de los productos y aumentar la sensibilización y la confianza de los consumidores en estos productos; pide a la Comisión que promueva el desarrollo de estos nuevos modelos empresariales a través de un apoyo financiero específico en el marco del Programa sobre el Mercado Único y de cualquier otro programa pertinente del MFP;

18. Solicita que se desarrollen campañas nacionales y mecanismos pertinentes para animar a los consumidores a prolongar la vida útil de los productos mediante la reparación y el uso de productos de segunda mano, así como para concienciar sobre el valor añadido de las tecnologías innovadoras sostenibles; pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que, en el contexto de la realización de esas campañas de sensibilización, ayuden y apoyen a las autoridades competentes a nivel nacional y local, así como a las empresas y asociaciones, tanto a nivel técnico como financiero en el marco del Programa sobre el Mercado Único del MFP;

19. Pide a todas las empresas y organizaciones que se registren en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), a fin de mejorar su comportamiento medioambiental; espera con interés la próxima revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera, que debería mejorar de forma sustancial la disponibilidad de información sobre el comportamiento medioambiental de las empresas;

Estrategia digital al servicio del mercado sostenible

20. Acoge con satisfacción el anuncio de un espacio común europeo de datos para aplicaciones circulares inteligentes y la ambición de la Comisión de desarrollar un «pasaporte digital de productos» para mejorar la trazabilidad y el acceso a la información sobre las condiciones de producción, la durabilidad, la composición, la reutilización, la reparación, las posibilidades de desmantelamiento y la manipulación al final de la vida útil de un producto, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los costes para las empresas y prestando especial atención a las necesidades de las pymes, las microempresas y los trabajadores autónomos; solicita que la creación de este dispositivo se lleve a cabo en estrecha colaboración con la industria y las partes interesadas:

21. Constata la aportación de las tecnologías digitales a la innovación, así como su contribución a una economía más circular; solicita a la Comisión que elabore normas y protocolos para el acceso y la utilización de datos interoperables, a fin de compartir de manera eficaz datos entre empresas, inversores y autoridades, y permitir nuevas oportunidades de negocio circulares basadas en datos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que, en el nuevo MFP, aumenten la financiación en investigación e innovación en el ámbito de las tecnologías sostenibles;

22. Señala que, tanto a nivel de la producción de bienes como de la prestación de servicios, el sector digital y el consumo en línea tienen una incidencia medioambiental importante, y pide a la Comisión que evalúe de qué manera un índice de sostenibilidad digital de la Unión basado en un análisis del ciclo de vida de los productos, contribuiría a fomentar la producción y el consumo sostenible de las tecnologías digitales; observa que las prácticas para reducir este impacto medioambiental, como la reducción de los envases y el desarrollo de envases más sostenibles, deben formar parte de una estrategia para un mercado único sostenible;

23. Añade que debe aumentar la sensibilización sobre la posible huella medioambiental de los datos innecesarios, como las aplicaciones no utilizadas, los ficheros, los vídeos, las fotografías y los correos electrónicos no deseados; pide a la Comisión que evalúe el impacto de las prácticas e infraestructuras digitales en términos de su huella de carbono y medioambiental, así como su impacto en las prácticas de los consumidores, y que estudie medidas adecuadas para su reducción;

24. Insiste en que la Comisión tenga en cuenta las decisiones del Parlamento sobre el establecimiento de un sistema de carga común, a fin de reducir el volumen de producción y los residuos electrónicos;

Transición necesaria de las autoridades públicas

25. Estima que la contratación pública debe ocupar un lugar primordial en el plan de recuperación económica de la Unión, en consonancia con el Pacto Verde Europeo, a través del apoyo a los esfuerzos de innovación del sector privado y los procesos de digitalización de las licitaciones públicas, y del establecimiento de los incentivos adecuados para impulsar la producción y el consumo sostenibles; pide que se dé prioridad al estímulo de la demanda de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente con una menor huella ambiental y a la promoción de criterios sociales y medioambientales;

26. Subraya la necesidad de garantizar la utilización de la contratación pública medioambiental, social y de innovación en la transición hacia una economía sostenible y climáticamente neutra, mediante la introducción de criterios y objetivos de sostenibilidad en las licitaciones públicas; recuerda, a este respecto, el compromiso de la Comisión de actuar a través de medidas sectoriales específicas y orientaciones sobre contratación pública ecológica, manteniendo al mismo tiempo el marco legislativo vigente en materia de contratación pública, y pide a la Comisión que sea ambiciosa a la hora de convertir los criterios sostenibles en la contratación pública en la opción por defecto; hace hincapié en la importancia de apoyar los productos de segunda mano, reutilizados, reciclados y reacondicionados, así como los programas informáticos de bajo consumo energético mediante el establecimiento de objetivos para las compras públicas; destaca los beneficios potenciales de un instrumento para evaluar la sostenibilidad de las licitaciones públicas, a fin de garantizar su compatibilidad con los compromisos climáticos de la Unión y luchar contra el blanqueo ecológico;

27. Destaca el papel que podría desempeñar la contratación ecológica y social en el acortamiento de las cadenas de suministro, la reducción de la dependencia de terceros países y el fomento de la sostenibilidad en sectores cruciales como los productores de medicamentos, energía y alimentos; solicita que se garantice una reciprocidad efectiva en la contratación pública con terceros países y un acceso adecuado a la contratación pública para las pymes, así como para las empresas de la economía social, mediante la introducción, entre otros aspectos, de criterios de adjudicación preferenciales;

28. Pide a los Estados miembros que utilicen los sistemas existentes de la Unión para una contratación pública sostenible y pide a la Comisión, a este respecto, que mejore sus orientaciones y dé ejemplo publicando objetivos y estadísticas relacionados con el impacto ambiental de sus compras; solicita, además, que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tengan la obligación de informar sobre su contratación pública sostenible, sin que suponga una carga administrativa injustificada y en pleno respeto del principio de subsidiariedad;

Comercialización y publicidad responsables

29. Señala que los consumidores se enfrentan a declaraciones engañosas sobre las características medioambientales de los productos y servicios, tanto en línea como fuera de línea; recomienda, por tanto, que se lleve a cabo un seguimiento eficaz de las declaraciones medioambientales realizadas por los fabricantes y distribuidores previas a la comercialización de un producto o servicio y que se aplique la Directiva 2005/29/CE recientemente modificada a través de medidas proactivas para luchar contra las prácticas engañosas; pide a la Comisión que elabore directrices actualizadas para la aplicación uniforme de la Directiva en lo que respecta a las declaraciones medioambientales y proporcione orientación sobre las actividades de vigilancia de los mercados;

30. Solicita que se elaboren directrices y normas claras para las declaraciones y compromisos ecológicos que se traduzcan en certificaciones reforzadas de la etiqueta ecológica, y acoge con satisfacción la propuesta legislativa anunciada sobre la justificación de las declaraciones ecológicas; recomienda que se evalúe la posible necesidad de crear un registro público europeo en el que figuren las declaraciones medioambientales autorizadas y prohibidas, así como las condiciones y medidas que deben adoptarse para hacer valer una declaración; añade que el suministro de información transparente, responsable y precisa aumentará la confianza de los consumidores en los productos y mercados, lo que conducirá en última instancia a un consumo más sostenible;

31. Hace hincapié en que la publicidad repercute en los niveles y los patrones de consumo y debe fomentar que las empresas y los consumidores se decanten por opciones sostenibles; subraya la importancia de una publicidad responsable que respete las normas públicas en materia de medio ambiente y de salud del consumidor; destaca que el actual marco normativo que aborda la publicidad engañosa podría reforzar la protección de los consumidores, especialmente para determinadas categorías de consumidores considerados vulnerables, y fomentar la producción y el consumo sostenibles;

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° °

32. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

 

Ya no hay lugar para la duda: Europa vive sin respetar varios de los límites del planeta[14] y el consumo europeo depende en gran manera de recursos extraídos y utilizados fuera de Europa[15]. Así, el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE[16] plantea como objetivo para 2050 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». A pesar del progreso conseguido en la materia, que es un ejemplo para todo el mundo, todavía nos queda mucho camino por delante. Los informes estadísticos indican que el día de sobrecapacidad de la UE, es decir el día en que la huella ecológica del continente supera la biocapacidad del planeta, llegó el 10 de mayo de 2019, y que se necesitarían 2,8 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades si todos los habitantes del planeta consumieran como los europeos.[17]

 

La crisis de la COVID-19 ha demostrado lo frágiles que son nuestras economías y cuán propensas son a derrumbarse ante un impacto repentino.

 

Por ese motivo, es fundamental cambiar radicalmente nuestra forma de producir y consumir en Europa. Nuestro concepto de un mercado único, y la forma de asegurar la protección de los consumidores, es un elemento fundamental para conseguir un cambio de paradigma en el que prevalezcan la sostenibilidad y la justicia social.

 

La Unión Europea ya ha tomado medidas en este sentido. El Parlamento Europeo ya votó prácticamente por unanimidad el informe «Una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas (2016/2272(INI))» en 2016, tras un informe del CESE sobre este tema[18]. En el marco del Plan de acción para una economía circular, la UE ya ha anunciado medidas con vistas a una economía más sostenible en materia de prevención de residuos[19] y en materia de diseño de productos.

 

Esos primeros anuncios son prometedores y demuestran que una normativa en este sentido es bien acogida tanto por las empresas como por los consumidores. Ahora se trata de poner en práctica la teoría para obtener un auténtico cambio de paradigma y conseguir una economía sobria y resiliente.

 

 

Productos sostenibles en Europa

 

Nuestro modelo económico se basa en un sistema de consumo excesivo, que anima a los productores a favorecer una sustitución desenfrenada de los productos debida a una obsolescencia prematura.

 

Dado que la mayor parte de las emisiones de carbono de nuestros productos tiene lugar durante la producción, es fundamental repensar nuestro sistema de producción y realizar la transición a unos productos verdaderamente sostenibles. El caso de los teléfonos inteligentes es flagrante: un 80 % de la huella de carbono del aparato se genera durante su fabricación, y solo el 15 % de los teléfonos se recogen y se reciclan al final de su vida útil.

 

La implantación de una economía circular empieza ya en el diseño de los productos. La planificación de los materiales y del diseño del producto determina si será duradero, reparable y fácilmente desmontable y reciclable al final de su vida útil. Los consumidores, por su parte, parecen dispuestos a comprometerse en este cambio, pero quedan todavía muchos obstáculos: asimetría de la información, reparaciones todavía muy caras y demasiado complicadas por falta de piezas de recambio o, simplemente, de información, desconocimiento de sus derechos en el caso de productos defectuosos, etc.

 

Poner fin a la obsolescencia prematura de los productos

 

El objetivo es favorecer a los productores que diseñen productos sostenibles, y, a la inversa, penalizar a aquellos cuyo diseño sea defectuoso y poco sostenible. Las medidas previstas incluyen una gama de instrumentos que van desde una información clara y armonizada para los consumidores hasta la represión de las prácticas comerciales abusivas consistentes en acortar deliberadamente la vida de un producto o impedir su reparación. Debe tenerse en cuenta también el caso específico de los productos digitales e impedirse la obsolescencia del soporte lógico de los productos debida a las actualizaciones. Y otro de los retos es adaptar la vigencia de la garantía legal a la duración de la vida útil estimada de los productos: una extensión de la vida útil de los productos debe ir acompañada de una protección adecuada del consumidor en caso de no conformidad. Estas medidas combinadas deben permitir una uniformización al alza de los productos y asegurar la confianza de los consumidores en el mercado único europeo dado que les otorgará derechos acordes con la calidad anunciada para cada producto.

 

Establecer un verdadero derecho a la reparación en Europa

 

Unos productos sostenibles deben ser también reparables para poder mantenerse en el mercado el mayor tiempo posible. Ha llegado el momento de poner fin a prácticas que impiden o hacen muy difícil la reparación de los productos. Como promedio, un 70 % de los europeos preferirían reparar en vez de sustituir los productos que no funcionan.[20] Sin embargo, hasta ahora los vendedores han fomentado claramente la sustitución de los productos.

 

Debemos garantizar la liberalización de las reparaciones de productos en el mercado europeo, haciendo que sean más sencillas y accesibles económicamente. Y esto no solo requiere información sobre las posibilidades que tiene un producto de ser reparado, sino también, en los eslabones anteriores de la cadena de valor, la disponibilidad de piezas de recambio, unos plazos de reparación cortos y el acceso a la información relativa a la reparación tanto para los vendedores y los reparadores independientes como para los consumidores con el fin de fomentar la autorreparación. En especial los reparadores independientes son una red de empleo local que es fundamental apoyar. No se puede aceptar que los mecanismos de propiedad intelectual reserven la reparación de los productos a su diseñador o al distribuidor. En este sentido, deben desplegarse mecanismos de apoyo, de logística y financieros.

 

Asimismo, deseamos estimular la confianza de los consumidores en los productos reparados y proponemos la introducción de una garantía tras la reparación de los productos.

 

Hacia una economía de la reutilización

 

Los productos sostenibles y reparables están pensados para mantenerse más tiempo en el mercado o ser objeto de intercambio. La confianza de los consumidores en el mercado de segunda mano debe ir acompañada tanto de una mayor transparencia como de garantías sobre el estado de los productos. El hecho de vincular la garantía al producto y no al comprador permite beneficiarse durante más tiempo de la protección que la ley otorga a estos productos y pone fin a la idea errónea de que un producto pierde necesariamente valor cuando cambia de manos. Permitir extender la garantía en caso de reacondicionamiento también contribuiría a esa mejora de la confianza. La destrucción prematura de bienes no es compatible con un mercado sostenible. Los modelos de negocio consistentes en alquilar productos en vez de comprarlos parecen prometedores, pero deben ser objeto de estudios específicos para garantizar su viabilidad y su carácter sostenible.

 

La tecnología digital al servicio de un mercado sostenible

 

La tecnología digital ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de producir y de consumir. Ahora se trata de repensar dicha tecnología para orientarla hacia un futuro digital deseable en un mercado sostenible. En este sentido, exponer claramente el impacto medioambiental y social de las tecnologías es fundamental para dirigir las inversiones y los esfuerzos de la innovación hacia aquellas que son más respetuosas con el medio ambiente y las personas. Una tecnología respetuosa con el medio ambiente vendrá determinada por un análisis de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas y la reutilización de la materia secundaria hasta el tratamiento al final de su vida útil, pasando por su producción, su transporte y su utilización. Debemos reinventar el concepto de innovación para permitir la emergencia de un entorno digital sostenible.

 

Con el fin de tomar decisiones informadas en términos de legislación, es fundamental tener acceso a datos fiables para tomar decisiones públicas. El acceso público a los datos relacionados con los productos y servicios es primordial para garantizar la implantación de una economía circular, pero también para reaccionar con rapidez en caso de crisis, especialmente sanitaria.

 

Aprovechar los instrumentos digitales y ponerlos al servicio de un mercado sostenible con el establecimiento de una base de datos común y un pasaporte de producto permitirá una mejor trazabilidad de los productos y sus componentes a lo largo de la cadena de valor, compartir datos entre productores y consumidores, y reforzar la vigilancia de los mercados.

 

En el caso de las tecnologías, debemos ser especialmente vigilantes ante los efectos rebote que implican los avances tecnológicos. Así, la mayor eficiencia resultante de una tecnología suele implicar una reducción del precio del bien o servicio, lo que a su vez implica un mayor consumo y una mayor producción. Esta es la razón por la que las leyes del mercado por sí solas no comportan automáticamente unas sociedades más sostenibles, y hace falta implantar instrumentos de regulación para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras sociedades.

 

El papel de la contratación pública

 

El instrumento de la contratación pública es importarte por muchos motivos. En primer lugar, las administraciones tienen la función de educar y actuar como modelo. Representan también un 16 % del PIB europeo, y permiten enviar un mensaje contundente a los mercados para que cambien las prácticas existentes.

 

Por eso, la puesta en marcha de un mercado sostenible requiere que las administraciones públicas actúen como modelo en términos de la sostenibilidad de los criterios de la contratación pública, mediante la introducción de criterios de durabilidad de los productos, así como un porcentaje de reutilización de productos de segunda mano. Este criterio de sostenibilidad también podría privilegiar unas cadenas de valor más cortas y unos productos de origen más cercano. Y como el aspecto social también está relacionado, la contratación pública debería favorecer a las pymes. En total, las pymes constituyen casi dos terceras partes del empleo en el sector privado no financiero europeo, pero a menudo se ven desfavorecidas por las reglas de los contratos públicos.

 

La contratación pública debe favorecer a los que defienden e innovan buscando la durabilidad y la sostenibilidad.

 

Reconocer la responsabilidad de la publicidad

 

Las empresas gastan cada año 1,3 trillones de euros en comunicación comercial, y 600 billones en publicidad a escala mundial. Si bien históricamente se ha considerado que la publicidad cumple una función informativa para guiar al consumidor en su elección, hoy en día tiene una función eminentemente persuasiva. La publicidad incrementa de forma artificial el nivel de consumo global, y no orienta a los consumidores hacia las marcas más sostenibles y responsables, sino hacia aquellas que invierten cantidades ingentes en marketing. Además, el gasto en publicidad procede mayoritariamente de un número limitado de empresas, a menudo grandes multinacionales, dado que las pymes y las microempresas no cuentan con el presupuesto necesario.

 

En particular, el mercado de la publicidad en línea ha crecido considerablemente desde la aparición de internet. Con el fin de incrementar aún más el número de ventas, la exigencia de una publicidad cada vez más selectiva y personalizada ha conllevado prácticas agresivas de extracción de datos personales de los usuarios de internet y de tecnologías digitales. Este tipo de prácticas nos aboca a lo que los estudiosos describen hoy en día como un capitalismo de la vigilancia. Ahora más que nunca es esencial garantizar los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como regular las prácticas de extracción sistemática de datos personales por parte de los publicistas.

 

En este contexto, es fundamental ser conscientes de la responsabilidad del sector de la publicidad y regular sus prácticas. Para empezar, la regulación de los contenidos debe prohibir las afirmaciones infundadas sobre el respeto del medio ambiente, además de la publicidad para productos o servicios que sean nocivos para la salud o el medio ambiente.

 

En segundo lugar, se deben regular las prácticas de extracción masiva de datos personales de los consumidores y su comercialización, y se debe ofrecer a los actores sociales y medioambientales una plataforma adecuada para que comuniquen sus opiniones.

 

Y, para terminar, se debe proceder a una responsabilización financiera, propiciando la plena transparencia de los gastos en materia de publicidad de las empresas y estableciendo un impuesto europeo sobre la publicidad.

 

 

CONCLUSIÓN

 

El presente informe aspira a una nueva etapa caracterizada por un mercado único en la que todos los productos y servicios sean socialmente justos y respetuosos con el medio ambiente: un mercado con una economía circular y resiliente, en el que los consumidores puedan comprar productos y servicios seguros, accesibles, mediante decisiones informadas, y los productores más éticos puedan recoger los beneficios del mercado independientemente de sus dimensiones o de su presupuesto inicial. Deseamos devolver el poder al consumidor y a las empresas europeas éticas para defender un mundo que deseamos desde el punto de vista social y ecológico.

 


 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (17.7.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor</CommissionInt>


<Titre>sobre «Hacia un mercado único sostenible para las empresas y los consumidores»</Titre>

<DocRef>(2020/2021(INI))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que el nuevo plan de recuperación de la Unión Europea debería garantizar que los fondos de la Unión destinados a la recuperación se utilicen únicamente de manera coherente con sus objetivos climáticos y medioambientales; pide a la Comisión que establezca asimismo directrices de la Unión para los Estados miembros sobre la manera de diseñar sus planes nacionales de inversión para que sean coherentes con el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y los Objetivos De Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; pide asimismo a la Comisión que elabore directrices de la Unión sobre las condiciones de ecologización en lo que respecta a los miles de millones en ayudas estatales concedidas a las grandes empresas tras la crisis de la COVID-19; destaca que el nuevo plan de recuperación y estas directrices deberían permitir a la Unión ahorrar y transformar su economía (es decir, sacar a la Unión de la crisis y acelerar la transición hacia la neutralidad climática y la economía circular), sin dejar a nadie atrás;

2. Pide a la Comisión que prosiga las iniciativas del Pacto Verde Europeo, incluidas las acciones definidas en el Plan de Acción para la Economía Circular, con el fin de continuar la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente; pone de relieve la importancia de oponerse a cualquier propuesta de aplazar la introducción de normas más estrictas o el cumplimiento de las obligaciones ya establecidas; considera que cualquier propuesta de este tipo debería ser objeto de un examen crítico, teniendo en cuenta no solo los intereses comerciales de las empresas afectadas, sino también intereses sociales más amplios, para perseguir los objetivos de pleno empleo y progreso social;

3. Hace hincapié en la importancia de acortar las cadenas de suministro y de reducir la dependencia de terceros países en sectores cruciales, como la producción de medicamentos, energía y alimentos, en particular mediante la contratación pública ecológica y social y las restricciones a la importación de productos fabricados con bajos estándares laborales y medioambientales;

4. Subraya que las próximas propuestas legislativas destinadas a promover un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores deberían acordarse plenamente con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y no contribuir a la pérdida de biodiversidad;

5. Recuerda que la Unión es la segunda potencia económica mundial y la primera potencia comercial; señala que el mercado único es una herramienta potente que debe utilizarse para desarrollar productos y tecnologías sostenibles y circulares, que se convertirán en los estándares del mañana, permitiendo así a los ciudadanos adquirir productos asequibles más seguros, más sanos y más respetuosos con el planeta;

6. Destaca que la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar y hacia una economía verdaderamente circular y un mercado único sostenible creará nuevas oportunidades de negocio y empleo, y podrá contribuir así de forma significativa a una recuperación económica sostenible;

7. Subraya que, en la transición hacia una economía circular y la neutralidad climática a más tardar en 2050, es fundamental que la Comisión y los Estados miembros evalúen adecuadamente las necesidades de empleo, incluidos los requisitos en materia de educación y formación, promuevan el desarrollo de la economía y hagan todo lo posible por lograr una transición justa y equitativa;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con todos los estamentos de la sociedad y las partes interesadas, incluidos los ciudadanos/consumidores, las organizaciones de consumidores y no gubernamentales, las empresas, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, a fin de permitirles actuar en favor de un mercado único sostenible y capacitarlos a tal efecto;

9. Señala que deberían fomentarse tanto una producción como un consumo sostenibles; considera, en este sentido, que la eficiencia de los recursos debería mejorarse aumentando la circularidad de las cadenas de valor, reduciendo el consumo de recursos, incrementando el uso de materias primas secundarias, minimizando la generación de residuos y aplicando plenamente las medidas establecidas en la Directiva 2008/98/CE, incluida la reducción del contenido de sustancias peligrosas; destaca que debería desarrollarse una nueva economía que incluya servicios circulares;

10. Insta a los Estados miembros a que inviertan en una planificación más sistémica del diseño de los procesos de producción, de modo que los residuos de un proceso y flujo de producción puedan reutilizarse eficazmente como recursos en otro proceso de producción;

11. Considera que existe un potencial notable para aumentar la sostenibilidad del mercado único en los modelos del tipo «producto como servicio», que también deberían seguir desarrollándose;

12. Subraya que, en cuanto parte de una economía sumamente globalizada, la Unión no puede convertirse en un mercado sostenible aislado si causa o favorece la aparición de prácticas insostenibles más allá de sus fronteras; pide a la Comisión que introduzca medidas transformadoras en relación con la sostenibilidad de los productos, los recursos y los servicios exportados fuera de la Unión, con el fin de garantizar las mismas normas de sostenibilidad y la misma circularidad;

13. Pide a todas las empresas y organizaciones que se registren en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) a fin de mejorar su comportamiento medioambiental; espera con interés la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera, que debería mejorar de forma sustancial la disponibilidad de información sobre el comportamiento medioambiental de las empresas;

14. Aboga por que se amplíe la Directiva sobre diseño ecológico para garantizar que todos los productos y envases comercializados en el mercado de la Unión puedan ser actualizados, reutilizados, reparados y, en última instancia, reciclados al más alto nivel, de forma que no se degrade el valor del material; señala que esto ha de basarse en una responsabilidad ampliada del productor;

15. Destaca que deberían establecerse requisitos estrictos sobre la base de la diligencia debida para garantizar que no se comercialice en el mercado de la Unión ningún producto que provoque una degradación medioambiental o la violación de derechos humanos;

16. Reconoce que es esencial que el discurso de nuestras industrias deje de ser «de la cuna a la tumba» para pasar a ser «de la cuna a la cuna», y que se refuerce la sostenibilidad en todas las fases de las cadenas de suministro, con la consiguiente sostenibilidad ambiental y social en el producto final, así como en la fabricación de todos sus componentes y la extracción de materias primas;

17. Considera que es fundamental garantizar que la «opción sostenible» sea la opción por defecto —que resulte atractiva, asequible y accesible— para todos los consumidores de la Unión lo antes posible; acoge con satisfacción, en este sentido, la intención de la Comisión de desarrollar un marco para una política de productos sostenibles que, entre otras medidas, refuerce y amplíe el diseño ecológico con el fin de mejorar la sostenibilidad de los productos mediante requisitos previos a su comercialización; pide a la Comisión que defina unos requisitos y unos objetivos de rendimiento mínimos —también mediante la imposición de unos plazos mínimos para el suministro de piezas de repuesto en consonancia con la categoría del producto y de unos plazos máximos de entrega razonables— para el diseño, la producción y la comercialización de productos sostenibles y seguros, aptos para usos múltiples, técnicamente duraderos, fáciles de reparar, que no contengan sustancias peligrosas y que, tras haberse convertido en residuos y haber sido preparados para su reutilización o reciclado, puedan ponerse a disposición en el mercado o comercializarse, a fin de facilitar la aplicación correcta de la jerarquía de residuos; pide a la Comisión que también apoye y desarrolle instrumentos económicos que confieran una ventaja económica a la «opción sostenible»;

18. Subraya que, para alargar la vida útil de los productos, es necesario adoptar medidas que prohíban la obsolescencia programada; pide a la Comisión que examine los informes según los cuales determinados productos, como los teléfonos inteligentes, se diseñan deliberadamente para tener una duración de vida muy limitada, y que proponga medidas para prohibir estas prácticas;

19. Recalca que la prevención, tal y como se define en la Directiva marco sobre residuos, debería ser la principal prioridad de acuerdo con la jerarquía de residuos;

20. Hace hincapié en que los consumidores deberían poder participar plenamente en la transición ecológica; pide a la Comisión que elabore propuestas legislativas sobre las herramientas necesarias para alcanzar este objetivo, entre otras cosas, exigiendo una mejor información sobre el producto mediante el etiquetado obligatorio relativo a su durabilidad y reparabilidad (vida útil prevista, disponibilidad de piezas de repuesto, etc.), definiendo la durabilidad y la reparabilidad como las principales características de un producto con arreglo a las Directivas 2011/83/UE y 2005/29/UE, mejorando las metodologías para verificar las alegaciones ecológicas antes de introducir un producto en el mercado, ampliando las garantías jurídicas en consonancia con la vida útil prevista de una categoría de productos y con las definiciones, prohibiendo prácticas destinadas a reducir de manera intencionada la vida útil de un producto, como las consistentes en impedir la reparación desde la fase de diseño o en provocar un funcionamiento más lento tras una actualización del software (obsolescencia programada), y evitando el blanqueo ecológico, añadiendo para ello estas prácticas al anexo I de la Directiva 2005/29/CE;

21. Pide a la Comisión que garantice el derecho de los ciudadanos de la Unión a que se reparen sus bienes a un precio asequible mediante un conjunto de medidas específicas, como la obligación de facilitar, en el momento de la compra, información relativa a la disponibilidad y el precio de las piezas de recambio, así como sobre el tiempo necesario para las reparaciones, ofrecer a todas las partes involucradas en el proceso de reparación, incluidos los consumidores, un acceso no discriminatorio a la información relativa a la reparación y el mantenimiento, promover la normalización a fin de fomentar la interoperabilidad de las piezas de recambio, dar prioridad a la reparación respecto a la sustitución mediante incentivos específicos, y apoyar los servicios de reparación a través de incentivos financieros; destaca que estas herramientas deben basarse en criterios medioambientales sólidos, que permitan a los consumidores evaluar con precisión el impacto medioambiental de los productos sobre la base de su ciclo de vida, su huella medioambiental, su vida útil y su calidad; destaca, no obstante, que fomentar el consumo sostenible es solo una cara de la moneda y que la transición hacia la circularidad debería empezar en las fases de producción y diseño ecológico;

22. Señala la importancia del buen funcionamiento del mercado interior para la gestión de residuos y hace hincapié en la necesidad de seguir mejorando las condiciones del mercado para el reciclado; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a tal fin, que faciliten tales mejoras, también mediante propuestas legislativas destinadas a garantizar una mayor armonización de la normativa;

23. Pide a la Comisión que aborde también de forma adecuada la calidad dual de los productos y que garantice que los ciudadanos de todos los Estados miembros tengan acceso a alimentos y otros productos de la misma calidad y disfruten de los mismos derechos como consumidores, como, por ejemplo, del derecho a la reparación, independientemente del Estado miembro en que residan;

24. Pide a la Comisión que promueva una información comparable y armonizada sobre los productos, incluido el etiquetado voluntario de los productos, tanto para los consumidores como para las empresas, sobre la base de datos sólidos y de estudios de consumo, y previa consulta exhaustiva con todas las partes interesadas, evitando al mismo tiempo una carga excesiva para las pymes;

25. Aboga por la adopción de requisitos de diseño ecológico para una amplia gama de productos; subraya que los requisitos de diseño ecológico deberían ser obligatorios; pide que se apliquen los requisitos de diseño ecológico a los productos no energéticos que tengan un importante impacto ambiental, como los textiles y los muebles;

26. Aboga por la introducción y el empleo de sistemas de depósito obligatorios como los creados para las botellas, que permiten mantener la calidad de los materiales aproximadamente al mismo nivel que en su uso anterior;

27. Propone que se desarrollen directrices y normas claras para las alegaciones y los compromisos ecológicos que se traduzcan en etiquetas ecológicas; aguarda con interés la propuesta legislativa prevista sobre la justificación de las alegaciones ecológicas; considera que, al ofrecer transparencia y orientaciones a los consumidores mediante una información precisa y responsable y el etiquetado ecológico, aumentará la confianza de estos en los productos y mercados, lo que en última instancia comportará un consumo sostenible;

28. Pide a la Comisión que mejore el marco para el traslado de residuos clasificados y material reciclado dentro y fuera de la Unión en consonancia con la Directiva marco sobre residuos, con el objetivo de facilitar unas condiciones económicas viables en los mercados de reciclado de la Unión y de garantizar una protección ambiental efectiva cuando se trasladen residuos fuera de la Unión;

29. Resalta la importancia de implicar al sector privado como parte interesada responsable en la transición hacia una economía más sostenible y circular; observa que las prácticas industriales sostenibles y circulares son fundamentales para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París;

30. Pide que se revise la Directiva relativa a la etiqueta ecológica con miras a mejorar la información que reciben los consumidores sobre reparabilidad, disponibilidad y asequibilidad de las piezas de repuesto y sobre las opciones de reparación por el propio consumidor;

31. Señala que el sector privado de gestión de los residuos desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la economía circular, pues representa el 60 % de la cuota de mercado de los residuos domésticos y el 75 % de la de residuos industriales y comerciales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen las inversiones en el sector privado y por parte de este a fin de incentivar en mayor medida la gestión sostenible de los residuos y de apoyar la demanda de material reciclado y de productos que contienen materiales reciclados;

32. Pide a la Comisión que fomente la utilización de contenidos reciclados partiendo de iniciativas existentes y fomentando otras nuevas por parte de la industria y las partes interesadas;

33. Considera que la Directiva sobre diseño ecológico ofrece un potencial importante por explotar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos; pide a la Comisión que proceda de forma prioritaria a la aplicación y la revisión de las medidas relativas a los productos que presenten el mayor potencial de ahorro de energía primaria y en términos de economía circular; pide que se analice de forma sistemática y en profundidad el potencial de la economía circular durante los estudios preparatorios de las medidas destinadas a ampliar el diseño ecológico a otras categorías de productos;

34. Destaca el papel de la contratación pública ecológica para acelerar la transición hacia una economía sostenible y circular, así como la importancia de implantar la contratación pública ecológica durante la recuperación económica de la Unión; recuerda los compromisos de la Comisión de proponer más medidas legislativas en materia de contratación pública ecológica y pide a la Comisión que presente una propuesta ambiciosa que incremente de forma significativa el recurso a la contratación pública ecológica, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, de manera que, en todo proceso de contratación pública, la opción ecológica sea la opción por defecto y se respete el principio de acogerse a ella o de explicar por qué no se ha hecho, a fin de que las excepciones solo puedan basarse en motivos aceptables;

35. Señala que es necesario diversificar las cadenas de valor mundiales mediante las nuevas normas en materia de comercio electrónico, la celebración del Acuerdo sobre Bienes Ambientales, que tiene el potencial de estimular el uso de dichos bienes, y la reforma internacional de los derechos de propiedad intelectual destinada a mejorar la competitividad y a proteger y recompensar el trabajo creativo y la innovación de manera más eficaz, con vistas a lograr un mercado único altamente sostenible;

36. Hace hincapié en que todos los consumidores deberían tener derecho a productos seguros que no perjudiquen el medio ambiente ni la salud humana; aboga por una eliminación gradual rápida y efectiva de las sustancias peligrosas utilizadas en el mercado único, seguida de su prohibición; destaca que ello es especialmente importante cuando se trata de sustancias con propiedades de alteración endocrina; resalta que el desarrollo de un mercado único sostenible debe basarse en la creación de una economía circular no tóxica y un medio ambiente en los que no se utilicen ni reciclen sustancias peligrosas;

37. Considera importante sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de los consumidores y la importancia de un consumo sostenible de productos y servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten esta toma de conciencia a través de una plataforma de intercambio de mejores prácticas que implique a los ciudadanos y a representantes de los sectores público y privado, autoridades locales, mundo académico, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y organizaciones de consumidores, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a una información exhaustiva y fácilmente comprensible.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

16.7.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

43

6

28

Miembros presentes en la votación final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final

Billy Kelleher

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Margarita de la Pisa Carrión, Veronika Vrecionová

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

43

+

PPE

Michal WIEZIK

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

Renew

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK, Martin HOJSÍK, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU

 

6

-

ID

Simona BALDASSARRE, Marco DREOSTO, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

ECR

Rob ROOKEN

 

28

0

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Pernille WEISS

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Alexandr VONDRA, Veronika VRECIONOVÁ, Anna ZALEWSKA

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

26.10.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

20

2

23

Miembros presentes en la votación final

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Marc Angel, Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Salvatore De Meo, Claude Gruffat

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

20

+

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

RENEW

Sandro Gozi

ID

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

GREENS/EFA

David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

 

2

-

ECR

Eugen Jurzyca

NI

Miroslav Radačovský

 

23

0

EPP

Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Arba Kokalari, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

[1] DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

[2] DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

[3] DO L 136 de 22.5.2019, p. 28.

[4] DO L 169 de 25.6.2019, p. 1.

[5] Textos Aprobados de esta fecha, P8_TA(2017)0287.

[6] DO C 433 de 23.12.2019, p. 146.

[7] Textos Aprobados de esta fecha, P9_TA(2020)0005.

[8] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0287.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0287, considerando S.

[11] Informe del Eurobarómetro Especial n.º 503, de diciembre de 2019, titulado «Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives» (Actitudes hacia el impacto de la digitalización en la vida cotidiana).

[12] Encuesta realizada en nombre de la Comisión en diciembre de 2015, titulada «Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantee for consumers in the EU» (Estudio del mercado de consumo sobre el funcionamiento de las garantías legales y comerciales para los consumidores en la UE).

[13] Informe del Eurobarómetro Flash n.º 388, de junio de 2014, titulado «Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency» (Actitudes de los europeos hacia la gestión de residuos y la eficiencia de los recursos).

[14] Agencia Europea de Medio Ambiente: El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020, p. 50.

[15] Ídem. p. 49.

[16] Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»: «En 2050, vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial.».

[17] Día de la sobrecapacidad de la UE, Vivir por encima de los límites de la naturaleza, 10 de mayo de 2019, WWF y Global Footprint Network.

[18] Dictamen de iniciativa, «Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza».

[19] Directiva 2018/851/UE (por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE).

[20] Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report (Estudio conductual sobre la participación de los consumidores en la economía circular), Comisión Europea, octubre 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, p.11.

Última actualización: 18 de noviembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad