Procedimiento : 2019/2199(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0226/2020

Textos presentados :

A9-0226/2020

Debates :

PV 24/11/2020 - 5
CRE 24/11/2020 - 5

Votaciones :

PV 25/11/2020 - 14
PV 26/11/2020 - 10

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0328

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0226/2020</NoDocSe>
PDF 361kWORD 148k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019</Titre>

<DocRef>(2019/2199(INI))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</Commission>

Ponentes: <Depute>Clare Daly</Depute>

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES
 POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019

 

(2019/2199(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),

 Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vistas las referencias hechas en los anteriores informes relativos a la situación de los derechos fundamentales en la Unión,

- Visto el artículo 20 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que todas las personas son iguales ante la ley,

 Visto el artículo 21 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación,

 Vista la obligación de la Unión de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE,

 Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,

 Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,

 Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal,

 Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,

 Visto su debate en el Pleno sobre las medidas urgentes necesarias para hacer frente al problema de las personas sin hogar en Europa, celebrado en Estrasburgo el 13 de enero de 2020,

 Visto el principio 19 del pilar europeo de derechos sociales, que establece que «debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad»,

 Visto el artículo 31 de la Carta Social Europea (revisada) sobre el derecho a la vivienda,

 Visto el artículo 34, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), que consagra el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para luchar contra la exclusión social y la pobreza,

 Visto el informe de la Comisión de 2019 sobre la pobreza de las personas con empleo[1],

 Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Combating child poverty: an issue of fundamental rights» (Luchar contra la pobreza infantil: una cuestión de derechos fundamentales),

 Vista la Resolución n.º 2280 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 11 de abril de 2019, sobre la situación de los migrantes y refugiados de las islas griegas[2],

 Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)[3],

 Visto el artículo 2 de la Carta Social Europea (revisada) sobre el derecho a unas condiciones de trabajo justas,

 Visto el artículo 31 de la Carta sobre unas condiciones de trabajo justas y equitativas,

 Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de abril de 2019, sobre la política económica de la zona del euro (2019/C 136/01),

 Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro[4],

 Vista la Estrategia de la Unión Europea para la juventud (2019-2027), basada en la Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 2018,

 Vista la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea,

 Vista la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo,

 Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo,

 Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Segundo informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos (2018) con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas» (COM(2018) 0777),

 Visto el octavo Informe general de actividades de GRETA[5] y los informes de GRETA relativos a la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos en todos los Estados miembros[6],

 Vista la Comunicación, de 28 de noviembre de 2018, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones titulada «Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» COM(2018) 0773 final[7],

 Visto el principio 16 del pilar europeo de derechos sociales, que destaca que toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo de buena calidad,

 Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración[8],

 Vista su Resolución, de 5 de julio de 2018, sobre directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria[9],

 Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores migrantes[10],

 Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de octubre de 2014, sobre las alternativas a la detención de niños relacionada con la inmigración (RES 2020),

 Vista la Recomendación del Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, de junio de 2019, titulada «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvadas. Derechos protegidos. Salvando la brecha de protección de refugiados y migrantes en el Mediterráneo)[11],

 Visto el Informe sobre los derechos fundamentales 2019 elaborado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la actualización de junio de 2019 de su nota titulada «NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations»1 bis (Buques de ONG en operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo e investigaciones penales)[12],

 Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios[13],

 Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la lucha contra el antisemitismo[14],

 Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial[15],

 Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo[16],

 Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el Marco de la Unión de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos para el período posterior a 2020 y de intensificar la lucha contra el antigitanismo[17],

 Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa[18]

 Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Roma women in nine EU countries» (Las mujeres gitanas en nueve países de la Unión),

 Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea[19],

 Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[20],

 Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas[21],

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en la protección de los datos[22],

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre el auge de la violencia neofascista en Europa[23],

 Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[24],

 Vista su Resolución legislativa, de 17 de enero de 2019, sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros[25],

 Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión. Propuesta de actuación» (COM(2019)0343),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2020: Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2020) 0580) y sus veintisiete capítulos por país adjuntos sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros (SWD(2020)0300-0326), que abordan el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

 Vista su Resolución, de 14 febrero 2019, sobre los derechos de las personas intersexuales[26],

 Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza[27],

 Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre los derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana en Europa[28],

 Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia[29],

 Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño[30],

 Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea[31],

 Vista la Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión sobre normas relativas a los organismos para la igualdad,

 Visto el Informe anual 2018 de la Comisión sobre la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI,

 Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI»[32],

 Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos[33],

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría[34],

 Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 19 de diciembre de 2017, en el asunto A.R. y L.R/Suiza (22338/15), que afirmaba que una educación sexual exhaustiva persigue los objetivos legítimos de proteger la salud pública, proteger a los niños frente a la violencia sexual y prepararlos para las realidades sociales, por lo que no reconocía la obligación de los Estados miembros de permitir que los padres retiren a sus hijos de este tipo de educación,

 Vista la sentencia del TEDH en el asunto Sh.D. y otros/Grecia, Austria, Croacia, Hungría, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia[35], que afirma que la extrema vulnerabilidad del niño debe prevalecer sobre la situación irregular, con las medidas necesarias adoptadas para su protección y que las autoridades contravinieron el artículo 5 al aplicar automáticamente el régimen de custodia cautelar sin considerar ninguna alternativa al internamiento o el requisito previsto en la legislación de la Unión para evitar la detención de menores[36],

 Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 3 de octubre de 2019, sobre la violencia obstétrica y ginecológica (RES 2306) y el informe conexo del Comité de Igualdad y No Discriminación, de 12 de septiembre de 2019, en los que la Asamblea pide a los Estados miembros del Consejo de Europa que combatan la violencia obstétrica y ginecológica y que formulen recomendaciones sobre cómo hacerlo,

- Visto el documento de debate titulado «Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa» (2017) publicado por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,

 Visto el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 21 de mayo de 2019, tras su visita a Hungría del 4 al 8 de febrero de 2019[37],

 - Vista la Resolución n.º 2299 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las políticas y prácticas de devolución sumaria de migrantes en los Estados miembros del Consejo de Europa[38],

 Vistos los distintos informes de ONG nacionales, europeas e internacionales, así como los informes del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,

 Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia,

 Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del TEDH,

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (el «Convenio de Estambul»),

  Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género[39],

 Vista la labor realizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, así como por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones,

 Visto el Informe anual de 2018 de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[40],

 Vistos los informes sobre los derechos fundamentales de 2018 y 2019 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[41],

 Visto el documento de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Civil society space: views of organisations» (El espacio de la sociedad civil: opiniones de las organizaciones) y el informe de esa misma Agencia titulado «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Desafíos a los que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos en la Unión),

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Vistos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones,

 Vista la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

 Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0226/2020),

A. Considerando que la Unión no es solo una unión monetaria, sino también social, tal como se consagra en la Carta, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y el pilar europeo de derechos sociales; que el artículo 151 del TFUE hace referencia a derechos sociales fundamentales como los que contempla la Carta Social Europea; que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, se refleja en la Carta y se contempla en los tratados internacionales de derechos humanos; que la Carta forma parte del Derecho primario de la Unión; que la Unión todavía no se ha adherido al CEDH, pese a su obligación de hacerlo en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE;

 

B. Considerando que estos valores son comunes a todos los Estados miembros y que deben ser respetados y promovidos activamente por cada uno de ellos y por la Unión en todas sus políticas, tanto internas como externas, de manera coherente; que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de los derechos fundamentales y que es a los Estados miembros a quienes incumbe la responsabilidad última de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas;

 

C. Considerando que, en virtud del artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por que se apliquen los Tratados; que la negativa de los Estados en cuestión a adherirse plenamente al Derecho europeo, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la previsibilidad de la actuación del Estado pone en tela de juicio la credibilidad de la Unión como espacio de Derecho; que un poder judicial independiente, la libertad de expresión y de información y el pluralismo de los medios de comunicación son componentes fundamentales del Estado de Derecho;

 

D. Considerando que, en los años 2018 y 2019, la Unión se ha enfrentado a serios desafíos multidimensionales en relación con la protección de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, que están todos intrínsecamente conectados; que el Eurobarómetro Especial de marzo de 2019 de la Comisión Europea muestra que el conocimiento de la Carta sigue siendo bajo; que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 2018 no solo se detectaron violaciones de los derechos humanos en toda la Unión, sino también el rechazo a los sistemas de protección de los derechos humanos en su conjunto[42];

 

E. Considerando que es necesaria una mejor promoción de la Carta, por ejemplo mediante campañas de sensibilización, para que sus disposiciones sean más eficaces y se dé a conocer la Carta como fuente de interpretación positiva; que resultaría beneficioso un mayor intercambio de información sobre experiencias y enfoques de uso de la Carta entre jueces, asociaciones de abogados y administraciones públicas en los Estados miembros, así como más allá de las fronteras nacionales, haciendo uso, cuando proceda, de los instrumentos de financiación existentes, como los previstos por el programa Justicia, junto a programas específicos de formación para los profesionales del Derecho;

 

F. Considerando que la corrupción constituye una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y perjudica a todos los Estados miembros de la Unión y a esta en su conjunto; que la aplicación del marco jurídico de lucha contra la corrupción sigue siendo desigual entre los Estados miembros;

 

G. Considerando que resultan muy preocupantes el aumento del empleo precario, así como el desempleo juvenil, que puede tener repercusiones negativas duraderas en los derechos consagrados en el artículo 31 de la Carta;

 

H. Considerando que los derechos del niño se consagran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el interés superior del niño debe ser una consideración principal en todas las acciones de la Unión y el principio del interés superior del niño debe respetarse plenamente en toda la legislación y las decisiones judiciales y gubernamentales a todos los niveles; que los Estados miembros han de garantizar el derecho a la educación de todos los niños de la Unión Europea, y su protección frente a cualquier forma de discriminación;

 

I. Considerando que la violencia de género en todas sus formas, incluido el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, en el hogar y en línea, constituye una violación de los derechos fundamentales que afecta a todos los niveles de la sociedad, independientemente de la edad, la educación, el nivel de ingresos, la posición social y el país de origen o de residencia, y que representa un obstáculo importante para la igualdad entre mujeres y hombres; que hasta once Estados miembros no facilitan datos sobre las mujeres víctimas de homicidio intencionado por parte de su pareja o de un miembro próximo de su familia[43];

 

J. Considerando que el TEDH ha determinado que varios tipos de degradación medioambiental pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición del trato inhumano y degradante y el disfrute pacífico del hogar[44]; que las injusticias medioambientales están normalmente relacionadas con los riesgos para la salud y las consecuencias negativas para el bienestar, y que determinadas comunidades y grupos, incluidos los grupos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico, así como las personas negras, las personas de color y las minorías étnicas, se ven afectados de forma desproporcionada por las cargas medioambientales;

 

K. Considerando que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y la impunidad representa un importante obstáculo para la recuperación y protección de las víctimas;

 

L. Considerando que, en los últimos años se ha producido una involución organizado de los derechos de las mujeres y las niñas, y algunos Estados miembros han intentado dar un paso atrás en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular en lo relativo a la protección jurídica existente para el acceso de las mujeres a asistencia en caso de aborto, retrocediendo, por ejemplo, en los requisitos para practicar un aborto, como el asesoramiento obligatorio sesgado o períodos de espera, sin garantizar la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso al aborto en la práctica, así como los intentos de prohibir totalmente el aborto o eliminar su base legal; que en algunos Estados miembros se ha intentado limitar o prohibir la educación sexual y los estudios de género y promover campañas contra el Convenio de Estambul que niegan la existencia de violencia de género; que, a menudo, el retroceso de los derechos de las mujeres y la igualdad de género está vinculado con un deterioro de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

 

M. Considerando que en varios Estados miembros se ha denunciado un número creciente de casos de violencia ginecológica y obstétrica[45]; que los derechos de las mujeres en toda su diversidad están protegidos en virtud del Tratado, incluidas las mujeres gitanas, las mujeres negras y las mujeres de color, las mujeres LGBT y las mujeres con discapacidad; que las mujeres gitanas se ven especialmente afectadas en lo que respecta a los derechos de las mujeres y que a menudo se enfrentan a formas exacerbadas de acoso verbal, físico, psicológico y racial en el contexto de la atención sanitaria en materia de procreación; que las gitanas también han experimentado la segregación étnica en las maternidades, donde se les sitúa en salas separadas, con baños y comedores aislados; que en algunos Estados miembros, las gitanas han sido sometidas a prácticas sistemáticas de esterilización forzosa y coercitiva, no han podido obtener una reparación adecuada y ni siquiera han sido indemnizadas por las violaciones de sus derechos humanos;

 

N. Considerando que la Unión viene presenciando la expansión del racismo, la intolerancia, el extremismo, la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y el antigitanismo, sentimientos que se han normalizado en determinados Estados miembros y que son abrazados por líderes de opinión y políticos de toda la Unión, fomentando un clima social que abona el terreno para el racismo, la discriminación y los delitos motivados por el odio; que los musulmanes, incluidas las mujeres, siguen sufriendo una hostilidad e intolerancia generalizadas en muchos países de la Unión[46];  que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señaló en su informe de 2019 que en muchos países existían prácticas institucionales, políticas y leyes discriminatorias; que la lucha contra el terrorismo y las políticas antiterroristas no deben conducir a una discriminación generalizada contra determinadas comunidades; que la FRA creó en diciembre de 2018 la primera base de datos específica sobre odio contra los musulmanes; que el antisemitismo parece ir en aumento, como demostraba el informe de 4 de julio de 2019 de la FRA, al haber informado varios Estados miembros de un incremento de los delitos de motivación antisemita; que las minorías étnicas y religiosas sufren a menudo hostigamiento verbal, físico, psicológico y racial; que es crucial desarrollar la educación y la formación con el fin de fomentar el pensamiento crítico, dar herramientas para reconocer todas las formas de discriminación e intolerancia y promover la alfabetización digital;

 

O. Considerando que la creciente utilización de nuevas tecnologías por parte de los Estados, como la vigilancia policial predictiva y el uso de reconocimiento facial, presenta una serie de riesgos, en particular para las minorías raciales en Europa;

 

P. Considerando que se ha producido un grave retroceso de los derechos de las personas LGBTI, hasta el punto de haberse declarado «zonas libres de LGBTI» en un Estado miembro[47];

 

Q. Considerando que la Unión y los Estados miembros tienen competencias compartidas en el ámbito de la vivienda; que es necesaria una estrategia tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión; que la carencia de hogar es una situación que priva a las personas de sus derechos humanos y constituye en sí misma una violación de estos; que existe una tendencia al aumento de los desahucios y la carencia de hogar en toda la Unión[48];

 

R. Considerando que, en la actualidad, la oferta de vivienda asequible en Europa es escasa, a pesar del aumento de la demanda; que los estudios anuales publicados por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA) han recogido datos que demuestran un aumento del número de personas sin hogar en casi todos los Estados miembros de la Unión y del Espacio Económico Europeo; que el informe de FEANTSA de 2018 señalaba que los niños se están convirtiendo en el grupo más numeroso de las personas acogidas en refugios de emergencia como consecuencia del deterioro de las condiciones de vida de las familias extremadamente vulnerables[49];

 

S. Considerando que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); que la independencia del poder judicial, la libertad de expresión e información y el pluralismo de los medios de comunicación constituyen elementos esenciales del Estado de Derecho y son indispensables para el funcionamiento democrático de la Unión y de sus Estados miembros;

 

T. Considerando que el número de amenazas y ataques contra periodistas ha aumentado en toda la Unión[50]; que, según la OSCE, prevalece la impunidad, visto que, por ejemplo, se han resuelto menos del 15 % de los casos de asesinato de periodistas en la región de la OSCE (Informe sobre la libertad de los medios de comunicación); que se ha producido un claro deterioro de la protección de los periodistas que menoscaba la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, poniendo en peligro la democracia;

 

U. Considerando que la Resolución del Parlamento sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea destacaba que los Estados miembros y la Comisión deben abstenerse de adoptar medidas innecesarias o desproporcionadas que restrinjan el acceso a internet y el ejercicio de derechos humanos básicos, o que impliquen tomar el control de las comunicaciones públicas mediante la imposición arbitraria de estados de excepción o por otros motivos; que estas normas a veces utilizan una formulación vaga e imprecisa, dando un amplio margen de discreción a las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley a la hora de su aplicación y aumentando el riesgo de restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de reunión pacífica;

 

V. Considerando que en 2018 y 2019 quedó demostrado que algunas grandes empresas de redes sociales, infringiendo la legislación vigente sobre protección de datos, habían dado a aplicaciones de terceros acceso a datos personales de los usuarios, y que se ha abusado cada vez más de esos datos personales para la predicción y la manipulación del comportamiento, también en el marco de campañas electorales; que, en vista del desarrollo constante de la tecnología, las injerencias en los derechos fundamentales pueden alcanzar un volumen muy elevado; que los diferentes sistemas de información pueden afectar a los derechos fundamentales, por ejemplo, en materia de protección de datos o vulneración de la privacidad;

 

 

W. Considerando que los denunciantes de irregularidades cumplen una función esencial en cualquier democracia abierta y transparente; que son fundamentales para fomentar la transparencia, la democracia y el Estado de Derecho, al denunciar conductas ilícitas o inadecuadas que dañan el interés público, como actos de corrupción, infracciones penales o conflictos de interés, que representan amenazas contra los derechos y libertades de los ciudadanos;

 

X. Considerando que el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 12 de la Carta establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses; que, en las sociedades democráticas, la libertad de reunión es uno de los instrumentos que permiten a las personas participar en el debate público y provocar cambios sociales;

 

Y. Considerando que los agentes de policía de servicio siempre deben ser identificables para que se puedan investigar los posibles excesos en el uso de la fuerza, y que las autoridades nacionales deben determinar las responsabilidades correspondientes; que los Estados miembros han establecido umbrales diferentes para el uso de la fuerza y de las armas por parte de las fuerzas policiales con fines de mantenimiento del orden público; que varios Estados miembros[51] han aprobado leyes que podrían dar lugar a restricciones desproporcionadas del derecho a la libertad de reunión pacífica;

 

Z. Considerando que en determinados Estados miembros se está reduciendo el espacio de la sociedad civil; que incumbe a los Estados miembros garantizar que no se restrinjan los derechos de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y que exista un contexto legislativo y normativo propicio, como se reafirma en las recientemente adoptadas Conclusiones del Consejo sobre la Carta de los Derechos Fundamentales diez años después: situación y futuros trabajos; que los Estados miembros también deben respaldar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a través de financiación suficiente y velar por que existan mecanismos de cooperación fructífera con ellas;

 

AA. Considerando que las campañas patrocinadas por Estados y agentes no estatales para desacreditar a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen como objetivo, a través de sus estrategias, echar por tierra las leyes vigentes sobre derechos fundamentales básicos; que, con frecuencia, estas campañas han encontrado eco en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, mientras que los defensores de los migrantes y solicitantes de asilo, la comunidad LGBTI+, las supervivientes de violencia de género y otros grupos marginados siguen siendo criminalizados y estigmatizados;

 

 

AB. Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo 1 885 personas en 2019 y 2 299 personas en 2018 que trataban de llegar a Europa; que la ruta de Libia a Europa sigue siendo la ruta migratoria en la que se producen más muertes en todo el mundo (646 muertes hasta la fecha en 2019), registrándose en 2018 cinco veces más muertes que en 2015, debido, en particular, a la reducción de las actividades de búsqueda y salvamento en aguas libias[52]; que el salvamento de vidas es un acto de solidaridad para con las personas que se encuentran en peligro, pero, ante todo, es una obligación jurídica tanto con arreglo al Derecho internacional, ya que el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por todos los Estados miembros y por la propia Unión Europea, exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar, como con arreglo al Derecho de la Unión[53];

 

AC. Considerando que la penalización de la solidaridad siguió utilizándose como instrumento para entorpecer el trabajo de las ONG que intentan salvar vidas en el mar Mediterráneo; que varias personas fueron acusadas formalmente por el auxilio que habían prestado a migrantes y solicitantes de asilo en varios países de la Unión, lo que demuestra la preocupante tendencia a la criminalización de la asistencia humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo;

 

AD. Considerando que en virtud del Derecho internacional, la Unión tiene la obligación de recibir y tramitar las solicitudes de quienes llegan a la Unión en busca asilo; que las devoluciones «en caliente» de migrantes constituyen una violación del Derecho internacional y de la Unión, e impiden que los migrantes se acojan a las garantías jurídicas firmemente establecidas en esas legislaciones; que la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su profunda preocupación por las informaciones concordantes sobre violencia en las devoluciones «en caliente»;

 

AE. Considerando que la migración forma parte del pasado, el presente y el futuro de la Unión y es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, con claras repercusiones en los derechos fundamentales; que los solicitantes de asilo tienen el derecho y la posibilidad de presentar sus solicitudes de asilo en los pasos fronterizos oficiales al entrar en la Unión; que se han denunciado violaciones de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo; que los guardias de fronteras tienen que ofrecer servicios adecuados a los refugiados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de las personas vulnerables, como niños, personas traumatizadas y mujeres embarazadas;

 

AF. Considerando que, según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en 2018 las mujeres suponían el 18 % de todas las entradas irregulares en las fronteras exteriores de la Unión y casi uno de cada cinco migrantes fueron registrados como menores, 3 750 de ellos no acompañados; que esas mujeres y menores son particularmente vulnerables a los abusos de sus derechos fundamentales, por ejemplo, la trata de seres humanos; que es necesario que los Estados miembros consoliden y refuercen los sistemas de protección de menores para prevenir y responder a la violencia, los abusos, el abandono y la explotación de los niños;

 

AG. Considerando que los Estados miembros deben asegurarse de que se conceda acceso a la educación a los niños migrantes y refugiados con prontitud después de su llegada al territorio de la Unión;

 

AH. Considerando que los actos terroristas constituyen una de las más graves violaciones de los derechos y las libertades fundamentales; que durante 2018 y 2019 tuvieron lugar en la Unión actos de exaltación del terrorismo y homenajes a terroristas; que este tipo de actos legitiman el terrorismo, amenazan nuestra democracia y humillan a las víctimas;

 

Derechos económicos y sociales

1. Reconoce el importante papel la Unión en la prevención de la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros; destaca la importancia de que la Unión y sus Estados miembros elaboren programas específicos destinados a poner fin a la pobreza infantil, ya que debe prestarse especial atención a los efectos negativos específicos de la pobreza en el desarrollo social, psicológico y físico de los niños, así como las consecuencias para la salud de las futuras generaciones de adultos; resalta que los niños corren un riesgo desproporcionado de exclusión social y económica y que sufren la violación de sus derechos fundamentales debido al abuso, la violencia, la explotación, la pobreza y todas las formas de exclusión social; subraya que la pobreza es en sí misma una forma de injusticia social, que tiene su origen en las desigualdades de género, la discriminación y la desigualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios; pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta los derechos fundamentales al elaborar las propuestas de política económica y que velen por que se realicen evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos en el marco de toda decisión sobre su adopción, con el fin de evaluar cualquier posible efecto negativo en los derechos humanos; pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad para todos en el acceso a la atención sanitaria, a una educación de calidad y a la vivienda;

2. Destaca que las importantes reducciones del gasto público en servicios públicos han tenido graves repercusiones en las desigualdades, que han afectado profundamente al tejido social de la Unión en muchos Estados miembros, fenómeno que sigue produciéndose —agudizando las ya crecientes desigualdades y vulnerando los derechos fundamentales— y que afecta en particular a las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los niños, los migrantes, los gitanos, los miembros de comunidades nómadas, las personas LGBTI + y las personas de otros grupos desfavorecidos; reitera que las políticas macroeconómicas no solo deben guiarse por el crecimiento económico, sino también por criterios sociales, a fin de garantizar que los miembros más vulnerables de la sociedad puedan disfrutar plenamente de sus derechos sociales, políticos y económicos; destaca que la igualdad de acceso y de oportunidades en materia de educación y empleo de calidad contribuyen de forma crucial a mitigar la desigualdad y sacar a las personas de la pobreza; reconoce la importancia de los derechos de los trabajadores, como los permisos de maternidad y paternidad, que contribuyen a crear un entorno saludable y estable para los niños; pide a los Estados miembros que adopten leyes para proteger y fortalecer estos derechos, que contribuyen a la estabilidad social y económica de las familias; pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas y protección contra la explotación económica y la discriminación, especialmente en el caso de los grupos más vulnerables ante tales desigualdades, como los jóvenes; pide a los Estados miembros que refuercen la aplicación de la Garantía Juvenil, garantizando que todos los jóvenes tengan acceso a oportunidades de empleo, educación y formación de alta calidad, y que estas ofertas se distribuyan equitativamente entre los Estados miembros y las regiones; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva relativa a la igualdad en el empleo, a fin de garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo, con independencia de las creencias religiosas, la edad, la discapacidad y la orientación sexual;

3. Subraya que la vivienda no es solo una mercancía, sino una necesidad, ya que los ciudadanos que no disponen de ella no pueden participar plenamente en la sociedad ni acceder a todos sus derechos fundamentales; manifiesta su preocupación por el hecho de que los jóvenes, en particular, se vean excluidos de la vivienda por su elevado coste, y lamenta los casos de discriminación por parte de los propietarios y las políticas que reducen las ayudas a la vivienda que reciben los jóvenes; considera alarmante que hasta un tercio de todas las personas sin hogar en la mayoría de los Estados miembros de la Unión tengan entre 18 y 29 años; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan suyas las recomendaciones formuladas por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su comentario de 23 de enero de 2020 titulado «The right to affordable housing: Europe’s neglected duty» (El derecho a una vivienda asequible: un deber desatendido de Europa), en particular la recomendación de que todos los Estados miembros acepten sin demora quedar vinculados por el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, relativo al derecho a la vivienda; pide a los Estados miembros que incluyan el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna entre las prioridades de sus políticas sociales y que incrementen las inversiones en viviendas sociales y asequibles para luchar contra el coste excesivo de la vivienda, en particular para proteger a los grupos desfavorecidos y vulnerables; pide a la Comisión que investigue debidamente la discriminación en el acceso a la vivienda, prohibida por la Directiva sobre igualdad racial, y que inicie procedimientos de infracción en caso de incumplimiento;

4. Pone de relieve el artículo 37 de la Carta, que afirma que en las políticas de la Unión se deben integrar las medidas encaminadas a lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad; destaca la urgente necesidad de incorporar las cuestiones medioambientales pertinentes al proceso de toma de decisiones de todas las políticas e iniciativas, y considera que la sostenibilidad debe ser el principio rector de todas las políticas macroeconómicas para garantizar una transición justa hacia una economía sostenible desde el punto de vista medioambiental, al tiempo que se protege y se crea empleo sostenible, con el fin, asimismo, de dar respuesta a una de las amenazas más importantes a las que se enfrenta la humanidad; pide la aplicación en toda la Unión del Convenio de Aarhus, que vincula los derechos ambientales con los derechos humanos; resalta que el deterioro medioambiental y el hecho de que algunas autoridades públicas no faciliten información sobre los graves riesgos medioambientales a los que están expuestas las personas pueden tener graves consecuencias perjudiciales para la población;

 

Derecho a la igualdad de trato

5. Reitera que las mujeres y las niñas deben tener el control de su cuerpo y su sexualidad; pide a los Estados miembros que garanticen una amplia educación sexual, un acceso fácil de las mujeres y las niñas a la planificación familiar, y la gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos modernos y la interrupción legal y segura del embarazo;

6. Condena la actual ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos; afirma enérgicamente que la denegación de servicios relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y pone de relieve que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en varias ocasiones que las leyes de aborto restrictivas y la denegación de acceso al aborto legal violan los derechos humanos de las mujeres; reitera que la negativa de los profesionales de la medicina a prestar toda la gama de servicios de salud reproductiva y sexual por motivos personales no debe lesionar el derecho de las mujeres o las niñas a acceder a la asistencia reproductiva; pide a la Comisión que incluya la necesidad de defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos en su estrategia de derechos fundamentales;

7. Condena enérgicamente el alarmante número de feminicidios en la Unión, que constituyen la forma más extrema de violencia contra las mujeres; lamenta la indisponibilidad de datos en algunos Estados miembros, lo que refleja que no se ha reconocido este problema; pide al Consejo que concluya con carácter de urgencia la ratificación por parte de la Unión Europea del Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, sobre la base de una adhesión amplia sin restricción alguna; insta al Consejo y a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que concluyan la ratificación del Convenio de Estambul;

 

8. Condena firmemente todas las formas de violencia sexual, ginecológica y obstétrica contra las mujeres, como los actos inadecuados o no consentidos, las intervenciones dolorosas sin anestesia, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto forzoso, la esterilización forzada y la maternidad subrogada forzada;

9. Condena enérgicamente la segregación étnica de las mujeres romaníes en las maternidades; pide a los Estados miembros que prohíban de inmediato todas las formas de segregación étnica en las instalaciones sanitarias, incluidas las maternidades; pide a los Estados miembros que garanticen vías de resarcimiento eficaces y rápidas para todos los supervivientes de esterilizaciones forzosas y coercitivas, lo que ha de incluir el establecimiento de sistemas de indemnización eficaces;

10. Condena los delitos de odio y la incitación al odio, así como la discriminación por motivos como la raza, el color, el origen étnico o social, la lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales; reitera su preocupación por el hecho de que la incitación al odio en línea siga siendo un problema prevalente y apremiante; advierte contra el aumento y la normalización de la incitación al odio y las diferentes formas de racismo, como la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y el racismo contra las personas negras y de color en muchos Estados miembros, impulsadas por el auge de los movimientos extremistas y su retórica, y por los representantes gubernamentales o dirigentes políticos de determinados Estados miembros, que recurren a un discurso insidioso que difunde una retórica racista, xenófoba y antiLGBTI; muestra su preocupación por el hecho de que las víctimas no denuncien los delitos de odio debido a la ausencia de una protección adecuada y a que las autoridades no investigan adecuadamente dichos casos ni consiguen condenas por estos delitos en los Estados miembros; destaca la necesidad de animar a las víctimas a denunciar los casos de delitos de odio o de discriminación y de concederles plena protección y apoyo; recuerda que los Estados miembros deben velar por que los delitos de odio y la incitación al odio se registren, investiguen, persigan y juzguen de forma eficaz; pide a la Comisión y a la FRA que prosigan su trabajo de seguimiento de los delitos de odio y la incitación al odio en los Estados miembros y que informen periódicamente sobre los casos y las tendencias;

 

11. Recuerda que las instituciones y las agencias de la Unión tienen la obligación de defender plenamente, respecto de todos los ciudadanos, el derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la prohibición de discriminación por razón de religión o creencias, incluidas las convicciones filosóficas, tanto en la esfera pública como en la esfera privada; pide a los Estados miembros que protejan la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y apliquen efectivamente las Orientaciones de la Unión sobre su fomento y protección;

 

12. Pide a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE) con el fin de luchar contra el racismo persistente contra las personas negras y de color, la transfobia, el antigitanismo, el antisemitismo y la islamofobia; condena el hecho de que las minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas sean víctimas de racismo estructural, discriminación, delitos de odio e incitación al odio, falta de acceso a la justicia y desigualdades socioeconómicas sostenidas en ámbitos como la vivienda, la sanidad, el empleo y la educación, que deben reconocerse como importantes obstáculos al pleno disfrute de los derechos fundamentales y barreras de primer orden a la inclusión y la igualdad;

 

13. Pide la rápida adopción de la propuesta de 2008 de Directiva sobre la igualdad de trato, que sigue a la espera de aprobación en el Consejo, con el fin de colmar el actual déficit de protección en el marco jurídico de la Unión por lo que se refiere a la no discriminación por motivos de edad, discapacidad, religión o creencias u orientación sexual en ámbitos fundamentales de la vida, como la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios; pide a la Comisión que luche activamente contra la segregación y la discriminación, entre otros medios mediante la apertura de procedimientos de infracción para fomentar la aplicación eficaz de la Decisión Marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal; recuerda que estas medidas deben acompañarse de estrategias adecuadas de integración nacional;

 

14. Recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad, la participación, la igualdad, el empleo, la educación y la formación, la protección social, la salud y la acción exterior de la Unión; subraya que las personas con discapacidad siguen estando en desventaja y siendo discriminadas en el empleo, la educación y la inclusión social; destaca, en este sentido, la importancia de la accesibilidad en los espacios públicos, un porcentaje mínimo para el empleo de personas con discapacidad, garantías para una educación inclusiva, incluido el acceso a iniciativas como Erasmus+, y una atención particular a los niños con discapacidad;

 

Libertades

15. Pide a los Estados miembros que protejan y desarrollen un sector de los medios de comunicación dinámico, independiente, plural y libre; condena, en este sentido, cualquier medida destinada a silenciar medios de comunicación críticos y a socavar la libertad y el pluralismo, incluso por medios sofisticados que no suelen generar la presentación de una alerta ante la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas; expresa su preocupación por la creación de organismos controlados por el Gobierno que gestionan gran parte del panorama mediático de un país y por el secuestro de medios de comunicación de servicio público para servir intereses partidistas; recuerda que mientras la propiedad de los medios de comunicación siga estando muy concentrada, ya sea en manos públicas o privadas, supondrá un riesgo significativo para la diversidad de la información y los puntos de vista representados en los contenidos de los medios de comunicación; recuerda que la libertad de expresión y de información, incluida la libertad de expresión artística, y la libertad de los medios de comunicación son fundamentales para la democracia y el Estado de Derecho, e insta a los Estados miembros a que garanticen la independencia de sus autoridades de medios de comunicación; recuerda que el derecho a solicitar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o a través de cualquier otro medio de comunicación, es un componente de la libertad de expresión artística[54];

 

16. Recuerda el papel fundamental del periodismo de investigación al actuar como guardián en una sociedad democrática y reforzar la supervisión pública de los agentes políticos, también en el ámbito de la corrupción; condena la persistencia y el aumento en muchos Estados miembros de la violencia, las amenazas y la intimidación contra periodistas, también con respecto a la divulgación de datos sobre violaciones de los derechos fundamentales, que a menudo conducen a la autocensura y socavan el derecho de los ciudadanos a la información; solicita a la Comisión que presente una propuesta de mecanismos sólidos y exhaustivos que protejan y refuercen la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y mejoren la protección de los periodistas, entre otras cosas garantizando la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, adoptando una directiva a escala de la Unión contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés), creando un fondo permanente de la Unión para periodistas de investigación y estableciendo un mecanismo de reacción rápida para periodistas en peligro; pide a los Estados miembros que prevengan y penalicen los ataques contra periodistas de investigación en el ejercicio de su labor;

 

 

17. Hace hincapié en el papel particularmente importante de los denunciantes de irregularidades a la hora de salvaguardar el interés público y de promover una cultura de rendición de cuentas pública e integridad tanto en instituciones públicas como privadas; pide a los Estados miembros que transpongan plenamente a su Derecho nacional las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión con carácter urgente con objeto de maximizar sus efectos tan pronto como entre en vigor; pide a los Estados miembros que complementen dichas medidas para proteger asimismo a los denunciantes de irregularidades cuando denuncien infracciones fuera del ámbito del Derecho de la Unión;

 

18. Expresa su preocupación por la amenaza que diferentes formas de propaganda y desinformación representan para la libertad de expresión y de opinión y para la independencia de los medios de comunicación, y por los efectos negativos que pueden tener para la calidad del debate político y la participación bien informada de los ciudadanos en la sociedad democrática; pide a la Comisión que promueva el refuerzo de la alfabetización mediática e invierta en ello, que respalde activamente el periodismo de calidad y fomente la protección de datos y cree un ecosistema en línea más transparente, al tiempo que salvaguarda la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo;

19. Destaca que la elaboración de perfiles políticos, la desinformación y la manipulación de la información representan una amenaza para los valores democráticos de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan al desarrollo de la educación y la formación en pensamiento crítico para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión con el fin de afrontar estos riesgos;

 

20. Recalca que, en el ejercicio de sus funciones, las fuerzas policiales deben respetar y proteger la dignidad humana, así como mantener y defender los derechos humanos de todas las personas; destaca que el cometido más importante de la policía es garantizar la protección de los ciudadanos y velar por que las manifestaciones se lleven a cabo de una manera pacífica; condena el recurso a intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; pide a los Estados miembros que garanticen que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales siempre sea legal, proporcionado, necesario y como último recurso, y que preserve la vida humana y la integridad física; pide a las autoridades nacionales competentes que, en los casos en que se sospeche o se afirme que se ha hecho uso de una fuerza desproporcionada, garanticen una investigación transparente, imparcial, independiente y eficaz, y eviten la impunidad; recuerda que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son plenamente responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación dentro del marco jurídico y operativo correspondiente;

21. Condena enérgicamente las crecientes restricciones de la libertad de reunión, en particular durante períodos electorales; pide a los Estados miembros que se abstengan de adoptar leyes restrictivas en relación con la libertad de reunión, y alienta a la Unión y a los Estados miembros a que adopten más medidas para salvaguardar y proteger la libertad de expresión y reunión como derechos fundamentales y principios básicos de los procesos democráticos; pide a la Comisión que adopte un papel activo de promoción de estos derechos conforme a las normas internacionales sobre derechos humanos;

 

22. Recuerda el papel esencial que desempeña la sociedad civil a nivel local, regional, nacional, de la Unión e internacional a la hora de representar los intereses de los ciudadanos, reforzar la voz de las minorías que no están adecuadamente representadas, y defender y promover los principios consagrados en el artículo 2 del TUE; destaca la necesidad de garantizar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, en el que puedan operar libres de ataques y sin restricciones innecesarias o arbitrarias;

 

23. Expresa su profunda preocupación por la creciente reducción en algunos Estados miembros del espacio para la sociedad civil independiente, en particular para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, las organizaciones LGBTI y los defensores de los derechos humanos, en particular por cargas administrativas irrazonables y la disminución del apoyo financiero para llevar a cabo actividades de defensa, así como por las restricciones a la libertad de reunión y de organización; condena las restricciones en el acceso a la financiación para las organizaciones de la sociedad civil, que tienen en algunos Estados miembros un aspecto más sistemático en forma de cambios jurídicos y políticos y están afectando gravemente a su labor y su capacidad legal; pide a la Comisión y al Consejo que aumenten el apoyo de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los valores del artículo 2 del TUE en la Unión a través del programa «Derechos y Valores», cuya financiación debe ser significativa, según lo solicitado por el Parlamento Europeo;

24. Insiste en que son indispensables un seguimiento y un análisis periódicos y exhaustivos para comprender los desafíos a que se enfrenta la sociedad civil en toda Europa; pide a la Comisión que incluya indicadores pertinentes relacionados con el espacio cívico, la libertad de expresión y la libertad de asociación en futuros informes anuales sobre el Estado de Derecho, que proponga un plan de acción para proteger y promover la sociedad civil, también mediante la adopción de directrices para la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica, así como la protección de los defensores de los derechos humanos en peligro, y que establezca un fondo de emergencia para su protección; acoge con satisfacción la propuesta de revisión del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y subraya la necesidad de reforzar y ampliar su mandato tras una exhaustiva evaluación de impacto; anima a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo a utilizar sistemáticamente los datos producidos por la FRA en la elaboración de políticas;

25. Reconoce los serios problemas que pueden surgir dentro de las comunidades predominantemente euroescépticas, en particular las ligadas a opiniones políticas violentas, e insta a la Unión y a los Estados miembros a fomentar la participación activa de los ciudadanos europeos en los asuntos de la Unión, especialmente a los jóvenes, de manera que puedan expresar sus opiniones a través de canales democráticos;

26. Hace hincapié en el importante papel que desempeñan la educación cívica y el diálogo intercultural para mejorar la comprensión entre los ciudadanos de la Unión de su participación política; alienta la educación de los ciudadanos de la Unión sobre sus derechos;

27. Señala que las nuevas técnicas de recogida y tratamiento de datos personales para la predicción y la manipulación del comportamiento tienen un impacto creciente en los derechos fundamentales de miles de millones de personas en la Unión y en todo el mundo, en particular en los derechos a la privacidad, la protección de los datos, la información y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; insta, a este respecto, a los agentes privados y a las autoridades competentes a que garanticen la plena aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de datos y de privacidad, y a que garanticen que las personas entiendan cuándo y cómo se tratan sus datos personales y para qué fines, y cómo pueden oponerse al tratamiento de datos y presentar reclamaciones, a fin de proteger su derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad;

 

28. Pide a la Comisión Europea que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuyas leyes de aplicación de la Directiva invalidada sobre conservación de datos no hayan sido derogadas para adaptarlas a la jurisprudencia del TJUE[55];

 

29. Hace hincapié en los posibles peligros, como los relacionados con el derecho a la protección y la privacidad de los datos personales, las preocupaciones bioéticas relativas al uso de inteligencia artificial (IA) en la atención sanitaria, la posibilidad de discriminación directa e indirecta y sesgos, que supone para las libertades fundamentales y la seguridad el uso de nuevas tecnologías, en especial los sistemas de IA, que puede exacerbar los prejuicios y la marginación y la difusión de desinformación; señala que los sesgos en los conjuntos de datos, así como en su diseño y el funcionamiento de estos sistemas, pueden producir resultados sesgados, en particular cuando los utilizan las autoridades policiales, lo que puede dar lugar a que estos sistemas reproduzcan prejuicios existentes de tipo social, personal u otros, y pueden derivar en discriminación por motivos sociales, económicos, étnicos, raciales, de orientación sexual, de género, de discapacidad o de otro tipo; hace hincapié en que se necesitan más salvaguardias para garantizar la privacidad y la protección de datos a la luz del desarrollo de las nuevas tecnologías, y en que deben tenerse en cuenta todas las repercusiones en los derechos fundamentales; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que aborden la «brecha digital» emergente, en particular en los ámbitos de la administración pública y los servicios; destaca que las personas de edad avanzada, junto con las personas desfavorecidas en el plano socioeconómico, conforman uno de los grupos más afectados por la «brecha digital»; destaca que el enfoque de la IA debe estar «centrado en el ser humano» y garantizar que los valores humanos sean centrales en el modo de desarrollar, desplegar, utilizar y supervisar sistemas de IA, velando por el respeto de los derechos fundamentales establecidos en los Tratados y la Carta; pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas para un enfoque europeo coordinado de la IA sobre la base de las directrices éticas para una IA fiable preparadas por el grupo de expertos de alto nivel sobre IA de la Comisión;

30. Acoge con satisfacción las iniciativas y acciones encaminadas a reforzar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros y a establecer una respuesta eficaz de la Unión al terrorismo y a las amenazas a la seguridad en la Unión; insta a los Estados miembros a que cooperen plenamente unos con otros y a que mejoren el intercambio de información entre sí y con las agencias de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión; destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo; destaca la importancia de que los mecanismos de supervisión en el ámbito de los servicios de inteligencia se ajusten a la Carta y el TEDH; pide a las instituciones pertinentes que proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor;

Derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la Recomendación del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de junio de 2019, titulada «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvadas. Derechos protegidos. Reducir la brecha de protección de los refugiados y migrantes en el Mediterráneo); reitera que las vías de migración seguras y legales son la mejor manera de evitar que se pierdan vidas; insta a los Estados miembros a que intensifiquen las medidas de reasentamiento, establezcan corredores humanitarios a la Unión e introduzcan la posibilidad de solicitar visados humanitarios para solicitantes de asilo;

32. Considera muy preocupantes los informes coincidentes de devoluciones sumarias violentas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en algunos Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen el asunto y adopten medidas eficaces para garantizar el fin de estas políticas y prácticas, en particular disponiendo la supervisión independiente de las actividades de control fronterizo por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos existentes (instituciones del Defensor del Pueblo, INDH, MNA), con el apoyo de la Unión y de organismos internacionales (Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, CPT, ECRI, FRA) y garantizando que la financiación de la Unión no se utilice para perpetrar violaciones de los derechos fundamentales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten el Derecho internacional y la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y faciliten un marco amplio para permitir una migración ordenada y evitar que los migrantes se vean forzados a utilizar canales de migración irregulares;

33. Condena que algunos Estados miembros hayan adoptado leyes, políticas y prácticas que socavan la protección eficaz de los derechos humanos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes en tierra y en el mar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en el centro de sus políticas migratorias y de asilo los derechos humanos de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, así como el principio de reparto de responsabilidad; manifiesta su grave preocupación por la situación humanitaria en los puntos críticos; pide a la Comisión que proponga una solución urgente para resolver los casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos en los centros de acogida para refugiados y migrantes en territorio europeo;

 

34. Destaca que salvar vidas es una obligación jurídica en virtud del Derecho internacional y el Derecho de la Unión; condena la intimidación, las detenciones y los procedimientos penales incoados en algunos Estados miembros contra organizaciones de la sociedad civil y personas físicas por prestar asistencia humanitaria a migrantes en peligro de muerte; pide a los Estados miembros que garanticen, de conformidad con el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes, que los actos de ayuda humanitaria no se tipifiquen como delito;

 

35. Subraya que los migrantes que carecen de documentación deben poder disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales, independientemente de su situación jurídica o administrativa; recuerda que las mujeres y los niños pueden verse forzados a practicar actividades sexuales a cambio de protección o ayuda básica para sobrevivir, y que esto a menudo se debe a carencias en la asistencia, fallos de los sistemas de registro, incumplimiento del principio del interés superior del menor, separación familiar o ausencia de medios seguros y legales de entrada en la Unión;

 

36. Señala que casi un tercio de los solicitantes de asilo son niños, por lo que son particularmente vulnerables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por impedir que menores no acompañados sean víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual;

 

37. Insiste, en consonancia con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en que la detención de menores por motivos de inmigración no redunda nunca en el interés superior del menor; pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen las actuaciones para poner fin al internamiento de menores, en particular en el contexto de la migración en la Unión, y que elaboren alternativas al internamiento basadas en la comunidad, además de priorizar la integración, la educación y la ayuda psicológica; insiste en que un menor no acompañado es ante todo un niño expuesto a un peligro potencial y que la protección de los niños, y no las políticas de migración, debe ser el principio rector de los Estados miembros y la Unión Europea cuando se ocupen de ellos, respetándose así el principio fundamental del interés superior del niño;

 

Estado de Derecho y lucha contra la corrupción

38. Reitera que la corrupción supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad de trato de todos los ciudadanos; destaca el vínculo entre la corrupción y las violaciones de los derechos fundamentales en una serie de ámbitos, como la independencia del poder judicial, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión de periodistas y denunciantes de irregularidades, los centros de detención, el acceso a los derechos sociales o la trata de seres humanos[56];

 

39. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que luchen resueltamente contra la corrupción y que desarrollen instrumentos eficaces para prevenir, combatir y sancionar la corrupción y luchar contra el fraude, y que supervisen periódicamente el uso de los fondos públicos; solicita a la Comisión que reanude inmediatamente su labor anual de seguimiento y elaboración de informes en materia de lucha contra la corrupción, en relación con las instituciones de la Unión y los Estados miembros; pide a los Estados miembros que cumplan las recomendaciones del GRECO;

40. Destaca que la delincuencia organizada la hace posible principalmente la corrupción; condena enérgicamente el aumento de la trata de seres humanos e insta a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que incrementen la cooperación y redoblen su lucha contra la delincuencia organizada;

 

41. Reafirma el apoyo del Parlamento al establecimiento de una Fiscalía Europea eficiente, independiente y plenamente operativa con el fin de reforzar la lucha contra el fraude en la Unión Europea;

 

42. Subraya que el Estado de Derecho es una piedra angular de la democracia que mantiene la separación de poderes, garantiza la rendición de cuentas, contribuye a la confianza en las instituciones públicas y garantiza los principios de legalidad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, independencia judicial, imparcialidad e igualdad ante la ley; destaca que el Estado de Derecho y, en particular, la independencia judicial son fundamentales para la capacidad de los ciudadanos de disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales; señala que, en virtud del artículo 47 de la Carta, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva requiere el acceso a un tribunal «independiente»; destaca que la influencia política o el control del poder judicial y obstáculos similares a la independencia de los jueces a menudo han dado lugar a que el poder judicial no pueda cumplir su función de control independiente del uso arbitrario del poder por parte de los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno; condena el uso del sistema judicial para fines políticos, con el objetivo de dañar, deslegitimar y acallar la oposición política;

 

43. Recuerda el vínculo intrínseco entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y la necesidad de aumentar el conocimiento de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE y en la Carta facilitando información sobre los derechos de los ciudadanos;

44. Condena enérgicamente los esfuerzos de los Gobiernos de algunos Estados miembros para debilitar la separación de poderes y la independencia del poder judicial; expresa su profunda preocupación, en particular, ante decisiones que cuestionan la primacía del Derecho europeo, y pide a la Comisión que utilice todos los medios disponibles para tomar medidas contra estos ataques;

45. Pide a la Comisión que responda oportunamente a todas las violaciones del artículo 2 del TUE, en particular a las que afecten a los derechos fundamentales, en el marco del ciclo anunciado de examen del Estado de Derecho; reitera la necesidad crítica de un mecanismo de la Unión sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, según lo propuesto por el Parlamento, incluida una revisión anual independiente, basada en pruebas y no discriminatoria que evalúe la conformidad de todos los Estados miembros con el artículo 2 del TUE; destaca que las violaciones del artículo 2 del TUE socavan la confianza mutua entre los Estados miembros y hacen insostenible la cooperación judicial transfronteriza;

46. Lamenta la ausencia de progresos en el Consejo en los procedimientos con arreglo al artículo 7, a pesar de los informes y declaraciones de la Comisión, las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa que indican que la situación en los Estados miembros en cuestión se ha deteriorado; pide al Consejo que tenga en cuenta la situación de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho en sus audiencias relativas a los procedimientos del artículo 7, apartado 1; recuerda que no se puede apartar al Parlamento Europeo de estas audiencias en curso;

47. Pide a la Comisión y al Consejo que hagan pleno uso de todos los instrumentos a su disposición para hacer frente a los riesgos de violaciones graves del Estado de Derecho y que avancen con los procedimientos en curso del artículo 7; señala que la ineficacia de la actuación de la Unión para proteger los derechos fundamentales pone en peligro la integridad del Derecho de la Unión y los derechos de los ciudadanos que de él se derivan y socava la credibilidad de la Unión;

Situación de los establecimientos penitenciarios

 

48. Expresa su inquietud ante las condiciones deficientes de los establecimientos penitenciarios de algunos Estados miembros; insta a los Estados miembros a que respeten las reglas en materia de privación de libertad establecidas en los instrumentos de Derecho internacional y en las normas del Consejo de Europa; recuerda que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional utilizada solamente en los casos en los que sea estrictamente necesaria, de forma proporcionada y durante el período más breve posible, y lamenta el recurso excesivo continuado a la prisión preventiva en lugar de aplicar medidas alternativas que no impliquen la privación de libertad; recuerda que los grupos vulnerables de reclusos, como las mujeres, los menores, las minorías étnicas, los presos LGBTI, los presos con necesidades de atención psíquica o los presos gravemente enfermos, tienen necesidades particulares que deben tenerse en cuenta; pide a la Comisión que adopte normas comunes de la Unión sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios con el fin de proteger los derechos de los reclusos y promover normas de la Unión en materia de privación de libertad;

 

Adhesión de la Unión al CEDH

 

49. Recuerda la obligación establecida en el artículo 6 del TUE de que la Unión se adhiera al CEDH; pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para eliminar las barreras jurídicas que impiden la conclusión del proceso de adhesión y que presente un nuevo proyecto de acuerdo para la adhesión de la Unión al CEDH; considera que su realización introducirá salvaguardias adicionales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de la Unión y proporcionará un mecanismo adicional para reforzar los derechos humanos, a saber, la posibilidad de presentar una denuncia ante el TEDH en relación con una violación de los derechos humanos derivada de una acción de una institución de la Unión o de un Estado miembro en el marco de la aplicación de la legislación de la Unión y que se inscriba en el marco de las competencias del CEDH;

 

50. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES (03.6.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</CommissionInt>


<Titre>sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019</Titre>

<DocRef>(2019/2199(INI))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Antonio Tajani</Depute>

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la Unión se fundamenta en los valores de «dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías», según se afirma en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE); subraya que no existe una jerarquía entre los valores de la Unión y que esta debe garantizar la protección de sus valores en su conjunto, dado que unos no pueden existir sin los otros;

2. Considera que las conclusiones y los dictámenes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforman una buena base para la interpretación del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del ámbito de aplicación de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales;

3. Destaca que el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que los Estados miembros «respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación»; lamenta que, según la FRA, algunos Estados miembros no parecen estar haciendo esfuerzos suficientes para promover el conocimiento o la aplicación de las disposiciones de la Carta; subraya la necesidad de una mejor promoción de la Carta para aumentar la eficacia de sus disposiciones y, tal vez, de impulsar así su uso por parte de los legisladores y jueces nacionales como fuente positiva de interpretación, incluso en aquellos casos que no recaen necesariamente en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión;

4. Señala que la Unión se sustenta en los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; recalca la importancia de garantizar, consolidar y promover el pleno respeto de estos valores a escala de la Unión y los Estados miembros; recuerda que los derechos humanos son universales e indivisibles;

5. Subraya la importancia de velar por el pleno cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales a lo largo de todo el proceso legislativo; llama la atención sobre la importancia de incluir en las evaluaciones de impacto un análisis del impacto en los derechos fundamentales; recuerda que la aplicación efectiva y minuciosa del Derecho de la Unión es esencial para proteger los valores de esta, y que de esta protección depende la credibilidad de la Unión en su conjunto; señala que los Gobiernos nacionales también tendrán que sensibilizar en mayor medida a la opinión pública para velar por que los ciudadanos de la Unión sean plenamente conscientes de sus derechos y sepan cómo actuar si se vulneran;

6. Pide a los Estados miembros que pongan en marcha iniciativas y políticas basadas en datos concretos para promover el conocimiento y la aplicación de la Carta a escala nacional; pide a los Estados miembros que lleven a cabo un control del respeto del artículo 51 con objeto de evaluar en una fase temprana si un asunto judicial o un expediente legislativo suscitan interrogantes en el marco de la Carta; considera que el Manual de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre la aplicabilidad de la Carta podría ser una fuente de inspiración a este respecto;

7. Defiende la necesidad de incrementar el intercambio de información sobre experiencias y enfoques de uso de la Carta entre jueces, asociaciones de abogados y administraciones públicas en los Estados miembros, así como más allá de las fronteras nacionales, haciendo uso, cuando proceda, de los instrumentos de financiación existentes, como los previstos por el programa Justicia, y defiende también la necesidad de garantizar programas de formación para los profesionales del Derecho;

8. Apoya firmemente una rápida reanudación de las negociaciones relativas a la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, teniendo presente el dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de diciembre de 2014[57]; reitera la importancia de acelerar el proceso de adhesión, a fin de fortalecer la protección de los derechos fundamentales en la Unión y reforzar su posición en los debates sobre el Estado de Derecho, así como de mantener al Parlamento constantemente informado, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE; acoge favorablemente que se hayan programado ya para los próximos meses dos reuniones de negociación con el Consejo de Europa[58], y pide a la Comisión  que comparezca ante las comisiones competentes del Parlamento en los momentos políticos clave de las negociaciones;

9. Pide la adopción de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, basado en sus resoluciones previas[59], que no establezca una jerarquía de valores y garantice la correcta evaluación no solo del Estado de Derecho, sino también de otros valores de la Unión, incluido un amplio espectro de derechos fundamentales;

10. Hace hincapié en que un poder judicial independiente es la piedra angular del Estado de Derecho y del derecho a una tutela judicial efectiva[60]; recomienda que se abandone el enfoque actual de abordar los asuntos relativos al Estado de Derecho en cada país de forma ad hoc, y pide que se elaboren criterios y evaluaciones contextuales que orienten a los Estados miembros a la hora de reconocer y abordar cualquier posible problema relacionado con el Estado de Derecho de manera periódica y comparativa; pide a los Estados miembros que estén siempre dispuestos a defender el Estado de Derecho; alienta a la consecución de una cultura compartida del Estado de Derecho en los veintisiete Estados miembros y en las instituciones de la Unión, mediante el uso de definiciones, normas y puntos de referencia comunes, de modo que se defina el concepto de «Estado de Derecho» y se pueda determinar el buen funcionamiento de este; señala que el principio del Estado de Derecho no solo se aplica a la calidad de los procesos legislativos, sino también a la aplicación de hecho y no discriminatoria de la legislación vigente; considera, además, que las evaluaciones periódicas realizadas por expertos independientes serían útiles, ya que permitirían a la Comisión decidir sobre la necesidad de incoar procedimientos de infracción de manera más coherente;

11. Destaca que existen otros instrumentos internacionales que añadirían salvaguardias adicionales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los residentes de la Unión, como el Convenio de Estambul y la Carta Social Europea; insta al Consejo a que concluya la ratificación del Convenio de Estambul por la Unión, y pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para la adhesión de la Unión a la Carta Social Europea;

12. Reitera la importancia que reviste reforzar los derechos humanos y los derechos del menor en cada uno de los Estados miembros, que deben responsabilizarse de cualquier violación de tales derechos detectada en su territorio;

13. Reitera que, en el marco de la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa, se podrían establecer algunas prioridades políticas predefinidas pero sin ánimo de exhaustividad, como los valores europeos y los derechos y libertades fundamentales[61]; celebra que la protección de los valores europeos y, en particular, de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión figure entre las seis prioridades políticas de la Comisión Europea y en la Agenda Estratégica del Consejo Europeo para el período 2019-2024, ya que es sin duda un tema de debate de interés para los ciudadanos; considera importante que durante la Conferencia se debatan la adopción de nuevos mecanismos para la protección de los valores europeos, incluidos los derechos y las libertades fundamentales, y los mecanismos de sanción previstos en el artículo 7, apartado 3, del TUE;

14. Reitera la necesidad de adoptar medidas para garantizar que la voz de los ciudadanos de la Unión se tenga en cuenta a la hora de decidir el futuro de Europa, y de que haya una consulta real, abierta, inclusiva y democrática que alcance a todos los ciudadanos de todas las regiones y ciudades de la Unión; señala que, tras la Conferencia, la Unión debe seguir interactuando directamente con sus ciudadanos para establecer un mecanismo de diálogo permanente.

15. Sugiere que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe plantearse la posibilidad de dotar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de competencia sobre todos los aspectos del Derecho de la Unión, de conformidad con el principio de separación de poderes;

16. Recuerda que la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros permitiría introducir sanciones destinadas a los Estados miembros cuyo desprecio del Estado de Derecho ponga en peligro la correcta ejecución del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión; destaca, no obstante, la necesidad de modificar el TUE para reforzar los mecanismos generales de sanción previstos en el artículo 7, apartado 3;

17. Destaca la importancia de garantizar, en todos los Estados miembros, la protección efectiva y coherente del Estado de Derecho y la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales; Reconoce que el Estado de Derecho juega un papel fundamental en la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales; recuerda que los derechos fundamentales son una parte integrante de los valores de la Unión y que el artículo 7 del TUE incluye un mecanismo para hacer frente a cualquier violación grave y persistente o todo riesgo claro de violación grave, por un Estado miembro, de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE; destaca que el artículo 7 debe aplicarse de forma uniforme en todos los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato;

18. Recuerda que el principal obstáculo a la hora de aplicar el artículo 7, apartado 2, del TUE, como mecanismo de último recurso para la protección de los valores de la Unión, es el requisito de unanimidad en el Consejo; señala que un umbral tan elevado es especialmente difícil de alcanzar en un organismo en el que las consideraciones políticas desempeñan un papel destacado y que, por lo tanto, este mecanismo todavía no se ha utilizado de manera efectiva;

19. Sugiere que el respeto del Estado de Derecho, como uno de los criterios para la adhesión de nuevos Estados miembros, no sea simplemente una condición previa a la adhesión, sino un criterio vinculante cuyo respeto por los Estados miembros debe ser supervisado durante toda su pertenencia a la Unión[62];

20. Destaca que la Unión debe hacer un uso más sistemático de las cláusulas específicas previstas en los Tratados que reforzarían la protección de los derechos fundamentales; pide, en este sentido, que se active cuanto antes las disposiciones consagradas en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, con el fin de incluir la violencia de género en el catálogo de delitos reconocidos por la Unión;

21. Se congratula de que la Comisión haya anunciado una nueva Estrategia para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en su programa de trabajo para 2020; espera que dicha Estrategia se centre en la sensibilización a escala nacional;

22. Reconoce que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea afectará a los derechos de los ciudadanos contemplados en la segunda parte del TFUE y en el título V de la Carta de los Derechos Fundamentales; insiste en que el control conjunto por el Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido de la ejecución y la aplicación del Acuerdo de Retirada resultará beneficioso, y acogería favorablemente la posibilidad de establecer estructuras conjuntas para este fin[63]; celebra que, en los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, la Comisión deba informar anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo de la ejecución y la aplicación del Acuerdo, en especial por lo que respecta a su segunda parte (Derechos de los ciudadanos); espera que la Comisión siga informando sobre la segunda parte del Acuerdo una vez transcurrido ese plazo.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

26.5.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

3

2

Miembros presentes en la votación final

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Suplentes presentes en la votación final

François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta Gregorová

 

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

22

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová

 

 

 

3

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba

ID

Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

2

0

ECR

Geert Bourgeois

PPE

Brice Hortefeux

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0-:  abstenciones

 


 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES (7.9.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</CommissionInt>


<Titre>sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019</Titre>

<DocRef>(2019/2199(INI))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Yana Toom</Depute>

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Destaca la importancia de la utilización de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), un acto de Derecho primario de la Unión[64], por parte de los Estados miembros a nivel nacional a través de los tribunales nacionales y mediante su inclusión en los procedimientos legislativos al aplicar el Derecho de la Unión, y lamenta la aplicación desigual de sus disposiciones por parte de los Estados miembros, en particular el artículo 51, lo que podría debilitar el proyecto europeo y socavar la calidad de la democracia en la Unión Europea; insta a la Comisión a que vele por que se respete y se acate la Carta, utilizando todos los instrumentos jurídicos previstos; recuerda que las expectativas de los ciudadanos de la Unión respecto a la protección de sus derechos fundamentales, tal como demuestran sus peticiones, trascienden el ámbito de aplicación de la Carta; considera que es necesaria una mejor promoción de la Carta, por ejemplo mediante campañas específicas tanto en los Estados miembros como en la esfera internacional, con el fin de incrementar la eficacia de sus disposiciones, y promoverla como fuente positiva de interpretación incluso en aquellos casos que no recaigan bajo el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; anima a los Parlamentos nacionales, dentro de ese mismo espíritu, a que garanticen los más elevados niveles de protección de los derechos fundamentales en la elaboración de la legislación; considera que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) puede ofrecer una valiosa asistencia a los Estados miembros en este sentido, si se le requiere;

2. Subraya la necesidad de posibles cambios en los Tratados con miras a seguir reforzando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión en los Tratados de la UE;

3. Recuerda a la Comisión su deber institucional de estudiar las reclamaciones de los ciudadanos sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en los Estados miembros;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los ciudadanos de la Unión estén informados sobre su derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo y su derecho de recurso ante el Defensor del Pueblo, como instrumentos para defender sus derechos y denunciar las violaciones de los mismos, con arreglo a lo establecido en el artículo 44 de la Carta y el artículo 227 del TFUE;

5. Destaca la necesidad de potenciar el papel de las peticiones a través de un diálogo y una interacción con los ciudadanos europeos en relación con los casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea; recuerda que las peticiones suelen ser los primeros indicadores de violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros;

6. Opina que la lucha de la Unión contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia empieza con una comunicación clara y unos intercambios oficiales de la información correcta; estima que la incitación al odio y la xenofobia no han de tener cabida en la vida social, incluidos los acontecimientos deportivos, y manifiesta su preocupación, en particular, por las personas que pertenecen a grupos vulnerables, ya que son a menudo los objetivos de tales actos; pide a la Comisión que recopile sistemáticamente datos en este ámbito con el fin de permitir respuestas jurídicas y políticas eficaces y basadas en pruebas; observa con preocupación que varios Estados miembros han aplicado de manera incompleta o incorrecta la Decisión Marco del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal[65], así como sus normas mínimas relativas a los delitos de negación, justificación y trivialización obscena de determinados delitos; pide a los Estados miembros que aseguren que cualquier presunto delito de incitación al odio o delito motivado por el odio sea efectivamente detectado y tratado de conformidad con la legislación nacional y de la Unión;

7. Pide a la Comisión que proponga una solución urgente para resolver los casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos en los centros de acogida para refugiados y migrantes en territorio europeo;

8. Hace hincapié en que un poder judicial independiente, el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de acceso, recepción y facilitación de información y el pluralismo de los medios de comunicación son componentes cruciales del Estado de Derecho; pide a la Comisión que vele por que se respeten estos valores fundamentales de la Unión cuando los Estados miembros los vulneren; señala el rol esencial que desempeña la educación en el desarrollo de la capacidad de las personas para analizar los mensajes de los medios de comunicación, y destaca, en general, la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces para luchar contra la desinformación y las «noticias falsas» con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación en una sociedad democrática; expresa su profunda preocupación por las deficiencias en el acceso a la justicia, el derecho de defensa y la falta de independencia del poder judicial en algunos Estados miembros, que están provocando un debilitamiento del Estado de Derecho que conduce a la impunidad y a la injusticia; pide a la Comisión que siga desarrollando un mecanismo integral para una evaluación imparcial y periódica de la situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en todos los Estados miembros; propone a la Comisión la creación de un órgano de vigilancia europeo que monitorice el cumplimiento del Estado de Derecho en los Estados miembros;

9. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que mejoren la eficacia de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión, en particular la orden de detención europea, y que garanticen que todas las víctimas de delitos sean conscientes de sus derechos y tengan acceso a servicios de apoyo adecuados, de conformidad con la Directiva sobre los derechos de las víctimas[66];

10. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que creen mecanismos jurídicos para tipificar como delito la apología de determinados actos de terrorismo y crímenes contra la humanidad, dado que humillan a las víctimas y provocan una victimización secundaria al dañar la dignidad de las víctimas y su recuperación;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan aplicando los principios del pilar europeo de derechos sociales, que se considera la piedra angular de los esfuerzos por mejorar la Unión para sus ciudadanos y residentes, también a través de medidas legislativas, cuando proceda, con miras a garantizar los derechos sociales a escala nacional y de la Unión, como el acceso universal a una educación inclusiva y de alta calidad, el aprendizaje permanente, la integración social y profesional, también de las personas con discapacidad, mejores condiciones de trabajo y servicios sociales, tal como se definen en los principios del pilar europeo de derechos sociales; insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que intensifiquen su participación y la transparencia en los mecanismos de seguimiento de las medidas destinadas a la inclusión social de las personas con discapacidad, tal como se establece en el artículo 26 de la Carta; recuerda la importancia de seguir desarrollando todas las dimensiones necesarias del Marco de la Unión Europea para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); destaca la importancia de un apoyo adecuado basado en la comunidad para las personas con discapacidad e insiste, por tanto, en que los fondos correspondientes de la Unión se destinen exclusivamente a tales iniciativas, evitando un enfoque institucionalizado;

12. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que aún no sean partes del Protocolo Facultativo de la CDPD que ratifiquen plenamente dicho Protocolo, al objeto de permitir las comunicaciones que procedan de personas o que se hagan en su nombre; pide al Consejo que adopte las medidas necesarias para asegurar la adhesión de la Unión al Protocolo Facultativo;

13. Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho a la educación de todos los niños de la Unión Europea, el interés superior del menor y su protección frente a toda discriminación; señala que los sistemas educativos con modelos de inmersión lingüística pueden comprometer el aprendizaje, especialmente en el caso de los niños con discapacidades que comporten problemas de desarrollo del lenguaje, como por ejemplo los trastornos del espectro del autismo (TEA);

14. Llama la atención sobre las muchas peticiones que denuncian el recurso abusivo a los contratos temporales, también en el sector público; lamenta profundamente estas prácticas vigentes y las considera contrarias a lo dispuesto en los artículos 30 (sobre protección en caso de despido injustificado) y 31 (sobre condiciones de trabajo justas) de la Carta;

15. Estima que debe prestarse especial atención al derecho fundamental a la atención sanitaria, consagrado en el artículo 35 de la Carta, así como a las implicaciones específicas para las personas afectadas por encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica; subraya que una financiación suficiente de la investigación a escala de la Unión es crucial para comprender mejor las causas y desencadenantes de la encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica y de las enfermedades raras;

16. Recuerda la necesidad de facilitar acceso al pilar de la justicia ambiental del Convenio de Aarhus a escala de la Unión, a fin de proporcionar un marco adecuado y mecanismos eficaces que permitan a la sociedad civil desempeñar un papel reforzado en el deber de protección del medio ambiente, atendiendo al espíritu del artículo 37 de la Carta;

17. Destaca que se necesitan salvaguardias modernas para garantizar la privacidad y la protección de datos, habida cuenta del desarrollo de nuevas tecnologías; señala que no solo hay que tener en cuenta las implicaciones éticas de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos, sino también los derechos fundamentales de los usuarios; acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión por proporcionar un marco jurídico adecuado para las tecnologías basadas en la IA; insta a la Comisión, en el contexto de la implantación de las redes 5G y la infraestructura correspondiente, a que garantice la máxima protección de los derechos de los ciudadanos, de conformidad con la legislación de la Unión en materia de protección de datos; pide a la Comisión que proporcione directrices, incluidas normas éticas y normas comunes sobre transparencia, y que establezca requisitos comunes para las evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales;

18. Subraya la necesidad de mejorar la legislación a escala de la Unión para proteger a los ciudadanos de aquellos delitos vinculados con las nuevas tecnologías que puedan atentar contra sus derechos fundamentales; pide la participación efectiva de las entidades cualificadas de la sociedad civil en el seguimiento de las normas de protección de datos, permitiéndoles presentar reclamaciones sobre violaciones de la protección de datos ante las autoridades nacionales de protección de datos; señala que, junto con el marco jurídico pertinente, es necesario educar a los ciudadanos acerca de los nuevos avances digitales a fin de garantizar la protección efectiva de su derecho a la intimidad; destaca, en particular, la necesidad de iniciativas concretas e innovadoras y de documentos de orientación específica destinados a los profesionales, incluidos los profesionales de la salud;

19. Recuerda que el actual marco jurídico de la Unión ofrece protección frente a la discriminación por razón de género, raza u origen étnico, mientras que otras formas de discriminación únicamente están cubiertas si atañen al ámbito profesional y laboral; destaca la abrumadora evidencia de discriminación por diferentes razones en ámbitos tales como la educación, la protección social y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, y lamenta la situación de parálisis en el proceso de adopción de la Directiva sobre igualdad de trato;

20. Pide que la FRA se comprometa a llevar a la práctica la igualdad de oportunidades y que haga del Código Ético de la Unión Europea una declaración de respeto de los principios que aborden la evolución de la tecnología y las prácticas de desarrollo;

21. Hace hincapié en que la violencia de género sigue siendo una violación grave e inaceptable; pide al Consejo que lleve a término con carácter de urgencia la ratificación por parte de la Unión Europea del Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, sobre la base de una amplia adhesión y sin restricción alguna; pide, asimismo, a los demás Estados miembros que ratifiquen y apliquen dicho Convenio; anima a los Estados miembros que no hayan aplicado el Convenio a que lo hagan; aplaude, en particular, el trabajo realizado por el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) para supervisar la aplicación del Convenio de Estambul; pide a la Comisión que revise la legislación de aplicación, teniendo en cuenta los efectos secundarios de la violencia de género, y que vele por que se disponga de datos estadísticos a escala de la Unión sobre la violencia contra las mujeres al objeto de informar a los responsables políticos a escala nacional y de la Unión;

22. Expresa su preocupación por el número de peticiones que hacen hincapié en la discriminación contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, en particular en el ámbito de la no discriminación, los derechos lingüísticos, los derechos de las minorías y el derecho a la propiedad; recuerda que el respeto de la diversidad es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, así como la obligación de respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística, consagrada en el artículo 22 de la Carta; resalta que para preservar esta diversidad deben promoverse acciones de apoyo a nivel tanto de Estado miembro como de la Unión; considera que una promoción reforzada del uso de las lenguas regionales y minoritarias constituye una de las respuestas frente a la discriminación lingüística; destaca, en particular, la importancia del derecho a la educación en lenguas minoritarias; observa con preocupación que, a pesar de su acreditado vínculo con la Unión, algunos residentes de larga duración tienen un acceso restringido a la libre circulación y no están protegidos por los derechos relacionados con la discriminación; celebra, a este respecto, la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack»; pide a la Comisión que proponga instrumentos jurídicos para aplicar las recomendaciones de la iniciativa «Minority SafePack»;

23. Destaca la observancia debida de lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta en relación con los derechos fundamentales del niño, y en particular del concepto según el cual en todas las acciones llevadas a cabo por autoridades públicas, como por ejemplo en las decisiones relativas a los litigios transfronterizos sobre la custodia de menores, el interés superior del menor debe constituir la consideración primordial; recuerda asimismo, en este sentido, el derecho fundamental del niño a ser oído, así como el derecho, en principio, a mantener contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es manifiestamente contrario al interés superior del menor, y en su propio idioma, al objeto de preservar las diversas raíces culturales del niño;

24. Pide una acción concertada de la Unión en el ámbito de la protección infantil a niveles europeo e internacional; destaca la necesidad de intensificar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión para encontrar soluciones prontas y adecuadas a los casos de secuestros de menores; considera que la Unión tiene un papel que desempeñar en la promoción de los derechos del niño, inclusive a nivel internacional;

25. Insiste en la necesidad de actualizar las competencias del Defensor del Pueblo Europeo, tal como sugiere la reciente propuesta legislativa del Parlamento Europeo para la revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo[67], de tal manera que se refuercen los derechos fundamentales concedidos en virtud de los artículos 42 y 43 de la Carta en materia de acceso a documentos y de recurso al Defensor del Pueblo, respectivamente; recuerda que esta nueva normativa sobre las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, en su versión adoptada por el Parlamento, sigue pendiente de la aprobación del Consejo.

 

 


 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

7.9.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

4

4

Miembros presentes en la votación final

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Frédérique Ries, Alfred Sant, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final

Pernando Barrena Arza, Ádám Kósa, Marie-Pierre Vedrenne


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

26

+

EPP

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S&D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

RE

Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

Greens/EFA

Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

GUE

Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

 

4

-

RE

Andrus Ansip

ECR

Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

 

4

0

ID

Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones


 

 

 

POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO (4.3.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior</CommissionInt>


<Titre>sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019</Titre>

<DocRef>(2019/2199(INI))</DocRef>

En nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género: <Depute>Samira Rafaela</Depute> (ponente)

 

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 5 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 5 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 5 quater (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 5 quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 5 sexies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 6 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 6 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 8 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Visto 21 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vistos el Índice de Igualdad de Género para 2018 y 2019 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), así como su informe titulado «Beijing +25: 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States»,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 27 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea1,

______________

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 34 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Vista la Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión sobre normas relativas a los organismos para la igualdad,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 34 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Visto el Informe anual 2018 de la Comisión sobre la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Visto 38 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

- Visto el documento de debate titulado «Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa» (2017) publicado por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A bis. Considerando que los derechos de las mujeres son derechos humanos y como tales son universales y deben respetarse y promoverse en todos los Estados miembros;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A ter. Considerando que el retroceso de los derechos de las mujeres y la igualdad de género con frecuencia va unido a un deterioro de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, por tanto, los derechos de las mujeres deberían incluirse en el mecanismo del Estado de Derecho en el próximo marco financiero plurianual; que los hombres y las mujeres deben ser aliados para contrarrestar este retroceso y apoyar los avances en la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A quater (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A quater. Considerando que no se han producido suficientes avances en derechos fundamentales, incluidos los derechos de las mujeres, y en particular en ámbitos clave de los marcos institucionales y políticos para la igualdad de género; que en los últimos años se ha producido un ataque organizado y preocupante contra los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+ en algunos Estados miembros, con movimientos contra la igualdad de género que intentan limitar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas mediante la negación del acceso a formas modernas de contracepción y la introducción de requisitos regresivos para el aborto, intentos de prohibir totalmente el aborto, limitar la igualdad de las personas LGBTI+, prohibir la educación sexual y los estudios de género y promover campañas contra el Convenio de Estambul que niegan la existencia de la violencia de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A quinquies. Considerando que la violencia de género en todas sus formas (incluido el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, en el hogar y en línea) constituye una violación de los derechos fundamentales que afecta a todos los niveles de la sociedad, independientemente de la edad, la educación, el nivel de ingresos, la posición social y el país de origen o de residencia, y que representa un obstáculo importante para la igualdad entre mujeres y hombres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A sexies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A sexies. Considerando que las mujeres, en particular las mujeres con discapacidad, las migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres de color, las romaníes, las de edad avanzada, las de nivel educativo bajo, las que tienen problemas de salud, así como las mujeres LGBTI+, son objeto con más frecuencia de formas múltiples e intersectoriales de discriminación;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A septies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A septies. Considerando que hasta once Estados miembros no facilitan datos sobre las mujeres víctimas de homicidio intencionado por parte de su pareja o de un miembro próximo de su familia; que, según los datos de los otros diecisiete Estados miembros de la Unión, 788 mujeres fueron asesinadas por su pareja o un miembro próximo de su familia en 20162;

______________

2 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A octies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A octies. Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece el principio de la incorporación de la perspectiva de género, al estipular que en todas sus acciones, la Unión debe tener el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A nonies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A nonies. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y debe aplicarse en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida cotidiana;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A decies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A decies. Considerando que el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam dota a la Unión de una base jurídica para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A undecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A undecies. Considerando que la Unión ya ha adoptado un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación que otorga un mandato para luchar contra la discriminación por motivos de religión o creencias, edad, discapacidad y orientación sexual en el mercado de trabajo; que también deben aplicarse unas medidas similares contra la discriminación fuera del mercado de trabajo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Considerando A duodecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A duodecies. Considerando que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas y sufriendo discriminación en el mercado de trabajo, especialmente en puestos de dirección, mientras que están sobrerrepresentadas en industrias de bajos salarios como el trabajo social, el trabajo asistencial y la educación, y dedican más tiempo que los hombres a tareas domésticas y asistenciales no remuneradas, ya que el 80 % de todos los cuidados prestados en la Unión corren a cargo de cuidadores informales y el 75 % de esos cuidadores son mujeres; que en nuestras sociedades todavía existe una fuerte segregación ocupacional entre las funciones y los empleos de mujeres y hombres, con repercusiones negativas sobre la igualdad de género en los ingresos y la evolución de la sociedad; que son necesarias medidas especiales para apoyar a las mujeres, en particular a las mujeres que vuelven al mercado de trabajo tras una larga interrupción, con el fin de aumentar su potencial en ese mercado;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A terdecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A terdecies. Considerando que, por término medio, una mujer gana 84 céntimos por cada euro de un hombre, lo que produce una brecha salarial de género del 16 %; que la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres es del 35 %3;

_______________

3 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A quaterdecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A quaterdecies. Considerando que la digitalización es un ejemplo de un ámbito bien remunerado y con gran repercusión social; que solo el 17 % de los especialistas en TIC son mujeres; que las mujeres están infrarrepresentadas en muchos niveles en Europa, como las empresas emergentes, el sector de la innovación y como receptoras de capital de riesgo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando A quindecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

A quindecies. Considerando que, de acuerdo con las conclusiones de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) que figuran en su Informe sobre los derechos fundamentales de 2019, sus encuestas y diversos estudios nacionales, la discriminación y las desigualdades por diferentes motivos siguen presentes en la vida cotidiana de la Unión; que esas conclusiones también muestran de forma coherente que las personas que sufren discriminación la denuncian raramente; que los organismos nacionales para la igualdad tiene un papel esencial en la promoción de la igualdad de trato y la prestación de asistencia a las víctimas de discriminación;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando C bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

C bis. Considerando que, según el índice de igualdad de género 2019, la representación de las mujeres en la política de la Unión a nivel ministerial aún está aproximadamente un tercio por detrás de la de los hombres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Considerando F bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

F bis. Considerando que, según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en 2018 las mujeres suponían el 18 % de todas las entradas irregulares en las fronteras exteriores de la Unión y casi uno de cada cinco migrantes se registró como menor, 3 750 de ellos no acompañados; que esas mujeres y menores son particularmente vulnerables a las violaciones de sus derechos fundamentales, por ejemplo, la trata de seres humanos;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 1 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

1 bis. Insta al Consejo a desbloquear con urgencia las negociaciones sobre la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración, con el fin de abordar el desequilibrio considerable entre mujeres y hombres en la toma de decisiones económicas al más alto nivel, creando así las condiciones para que las mujeres puedan disfrutar de sus plenos derechos sociales y económicos; acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta de la Comisión en sus orientaciones políticas de formar una mayoría para desbloquear esa Directiva;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 2 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

2 bis. Observa que la supervisión por parte de la Comisión de la aplicación de la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación en la cuestión de colmar la brecha salarial de género no ha sido eficaz y pide la plena aplicación de la Directiva, así como su revisión y la inclusión de un requisito obligatorio para las empresas de elaborar planes de igualdad de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 2 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

2 ter. Subraya que la desigualdad salarial basada en el género en los Estados miembros tiene un efecto sobre los derechos fundamentales de las mujeres; reitera la importancia para todas las políticas relativas al mercado de trabajo del principio de «a igual trabajo, igual salario» consagrado en el artículo 157 del TFUE;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 2 quater (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

2 quater. Insta a la Comisión a que presente al Consejo para su aprobación un programa europeo sobre los prestadores de servicios asistenciales con miras a identificar y reconocer los diversos tipos de prestación informal de cuidados en Europa y garantizar un apoyo financiero a los prestadores, reforzando así los derechos de las mujeres al empleo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 2 quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

2 quinquies. Pide a los Estados miembros que apoyen la aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, ya que refuerza el principio de igualdad en muchos ámbitos, como el empleo y el trabajo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 quinquies. Señala que, según el índice de igualdad de género 2019, las desigualdades de género son más preocupantes en el ámbito del poder; observa que, como tendencia general, las representación de las mujeres ha mejorado en los Estados miembros que han adoptado cuotas de candidatas establecidas legalmente; se compromete a estimular la participación de las mujeres en el proceso electoral europeo, incluyendo listas con paridad de género en la próxima revisión del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 sexies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 sexies. Observa que existen notables diferencias en la Unión en cuanto a los mandatos, competencias y recursos de los organismos de igualdad creados por los Estados miembros de conformidad con las Directivas sobre la igualdad; pide a los Estados miembros que garanticen que puedan cumplir de forma eficaz e independiente las tareas que les han sido encomendadas, teniendo en cuenta debidamente las recomendación de la Comisión;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 4 septies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 septies. Pide al Consejo que desbloquee con urgencia la Directiva propuesta sobre la igualdad de trato tras diez años de bloqueo, con el fin de cerrar la actual brecha de protección en el marco jurídico de la Unión para la no discriminación por motivos de edad, discapacidad, religión o creencias u orientación sexual; pide al Consejo que aplique, desde una perspectiva de género, el principio de igualdad de trato entre las personas en ámbitos clave como la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios, y que garantice que la Unión no aplique una jerarquía de motivos artificial;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 octies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 octies. Destaca que los efectos del cambio climático afectan a toda la sociedad, pero en particular a las mujeres y los grupos en una situación vulnerable o precaria, aumentando así las desigualdades y reduciendo su capacidad para ejercer sus derechos fundamentales;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 nonies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 nonies. Lamenta que sigan existiendo diferencias salariales y de pensiones persistentes entre hombres y mujeres, que siguen siendo del 16 % y del 35 %, según los últimos datos disponibles; destaca que estas cifras reflejan una desigualdad persistente en el ámbito del trabajo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 decies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 decies. Acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta de la Comisión y de la comisaria de Igualdad de presentar propuestas para la introducción de medidas de transparencia salarial vinculantes en los primeros cien días del mandato de la Comisión; considera que la futura Directiva debe incluir políticas y sanciones estrictas en materia de aplicación para las personas que no cumplan, y que debe aplicarse tanto al sector público como al privado, así como a los paquetes de remuneración en su totalidad; pide a la Comisión que adopte medidas concretas, basadas en su Recomendación de 2014, como a) una definición clara de criterios para evaluar el valor del trabajo, b) sistemas no sexistas de evaluación y clasificación de empleos, c) auditorías e informes obligatorios sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres para garantizar la igualdad salarial, d) el derecho de los trabajadores a solicitar información completa sobre el salario y el derecho a una reparación, y e) unos objetivos claros para el rendimiento de las empresas en materia de igualdad;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 undecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 undecies. Lamenta que, según el EIGE, se hayan realizado progresos en materia de igualdad de género al «ritmo de un caracol», y que la puntuación de la Unión sobre la igualdad de género solo haya aumentado un punto desde 2017; toma nota de que en muchos ámbitos no se están introduciendo mejoras y que se siguen violando los derechos fundamentales de las mujeres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 duodecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 duodecies. Pide a los Estados miembros y a todos los órganos de la Unión que cooperen con el EIGE y la FRA, manteniendo la voluntad común de cooperar en la lucha contra la violencia y la discriminación de género; pide una mayor cooperación con las entidades internacionales pertinentes, como las Naciones Unidas, en particular con ONU Mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos sólidos, desglosados y comparables para que sirvan de base a políticas de no discriminación basadas en pruebas, supervisen las tendencias y evalúen la aplicación de las Directivas de la Unión en materia de igualdad y de las normas internacionales en materia de derechos humanos; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación del subgrupo sobre datos sobre igualdad del Grupo de Alto Nivel sobre la no discriminación, la diversidad y la igualdad y sus directrices sobre la mejora de la recopilación y el uso de datos;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 terdecies</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 terdecies. Acoge con satisfacción el compromiso de la comisaria Helena Dalli de presentar, a más tardar el 8 de marzo de 2020, una estrategia de igualdad de género nueva y ambiciosa, que contenga nuevas propuestas legislativas, así como medidas políticas enérgicas, incluidas, entre otras, medidas sobre la participación de los sexos, los estereotipos de género, la discapacidad, la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia contra las mujeres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 5 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

5 bis. Condena el retroceso en los derechos de las mujeres y la igualdad de género en varios Estados miembros; expresa su preocupación por las restricciones a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y pide a los Estados miembros que se abstengan de adoptar medidas que socaven los derechos humanos, la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos; reitera que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales de todas las mujeres y niñas, y que deben respetarse, incluido el derecho a la independencia física y sexual y a estar libres de coacción, discriminación y violencia; cree firmemente que el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, la elección de los anticonceptivos y la planificación familiar y de la atención primaria, ginecológica y obstétrica, incluido el aborto seguro y legal, debe garantizarse a todas las mujeres de la Unión; pide a todos los Estados miembros que despenalicen en aborto y la asistencia en relación con el aborto; pide a la Comisión que incluya la promoción y la mejora de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la próxima estrategia sanitaria;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 bis. Hace hincapié en que la violencia de género es tanto una consecuencia como una de las causas de la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 6 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 ter. Insiste firmemente en el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) como el primer instrumento internacional global para luchar contra la violencia de género; acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta de la Comisión, en su Agenda para Europa, de desbloquear la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul; insiste en la necesidad de concluir con urgencia la adhesión de la Unión sobre la base de una amplia adhesión sin restricciones, promover su ratificación por todos los Estados miembros y garantizar la correcta aplicación del Convenio; recuerda a los Estados miembros que la adhesión a la Unión propuesta no les exime de la ratificación del Convenio a nivel nacional; acoge con satisfacción el reciente dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre Armenia como excelente herramienta para aclarar y combatir todas las ideas falsas sobre el Convenio de Estambul;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 6 quater (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 quater.  Acoge con satisfacción los compromisos asumidos por la presidenta de la Comisión en sus orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea (2019-2024), las medidas anunciadas en el programa de trabajo de la Comisión para 2020 y, en particular, las propuestas sobre normas mínimas para la definición de determinados tipos de violencia y el refuerzo de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, así como la presentación de una propuesta para añadir la violencia contra las mujeres a la lista de delitos reconocidos por la Unión Europea definida en el Tratado; considera que la mejor manera de avanzar es regular la prevención y eliminación de todas las formas y dimensiones de la violencia de género en un único acto legislativo mediante la adopción de una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 quinquies. Manifiesta su profunda preocupación por el alarmante número de feminicidios en Europa, que constituyen la forma más extrema de violencia contra las mujeres; lamenta la falta de datos disponibles en algunos Estados miembros, lo que refleja el hecho de que este problema no está reconocido;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 sexies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 sexies. Recuerda que la violencia de género y doméstica está muy extendida en toda la Unión y que, a menudo, las víctimas tienen un acceso limitado a la justicia y a una protección adecuada; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una respuesta adecuada a este desafío fundamental en materia de derechos fundamentales y seguridad, convirtiéndola en una prioridad y trabajando con las autoridades policiales para promover un mejor acceso a la justicia;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 septies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 septies. Pide a la Comisión y al Consejo que activen lo antes posible la «cláusula pasarela» consagrada en el artículo 83, apartado 1, del TFUE con el fin de incluir la violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género en el catálogo de delitos reconocidos por la Unión, y que la Comisión pueda presentar una propuesta de Directiva con el artículo 83 del TFUE como base jurídica;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 octies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 octies. Lamenta la tendencia de los últimos años al recorte de los fondos de la Unión destinados a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; reafirma su petición de asignar y aumentar los recursos destinados al capítulo Daphne en el programa «Derechos y Valores», así como para su objetivo específico relativo a la promoción y la protección de la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 nonies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 nonies. Señala que demasiadas mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual en los espacios públicos y en el lugar de trabajo; pide a los Estados miembros y a las instituciones, órganos y agencias de la Unión que refuercen su respuesta a este fenómeno; pide a la Comisión y a los Estados miembros que contrarresten el acoso en línea que se dirige a las mujeres y las niñas de manera desproporcionada, en particular a las que están en la vida pública y política; acoge con satisfacción el Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral (C190), recientemente adoptado, y pide a todos los Estados miembros que lo ratifiquen sin demora; pide a los Estados miembros que organicen campañas de sensibilización a este respecto, tanto para el sector público como para el privado;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 decies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 decies. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la disponibilidad y la comparabilidad de los datos de calidad desglosados sobre la violencia de género mediante la cooperación con Eurostat, el EIGE y la FRA, de acuerdo con las obligaciones del Convenio de Estambul en materia de recogida de datos e investigación; pide una vez más a la Comisión que establezca un observatorio europeo para el control de la violencia de género, con datos precisos y comparables análogo al ya existente Observatorio Estatal de la Violencia contra las Mujeres del EIGE;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 undecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 undecies. Destaca que las iniciativas destinadas a mitigar la desigualdad de género en la Unión tienen un papel central en la promoción y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres; pide, a este respecto, un enfoque sólido y basado en pruebas que permita la elaboración de evaluaciones de impacto adecuadas y útiles en materia de igualdad de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 6 duodecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

6 duodecies. Recuerda que la integración de la perspectiva de género es un instrumento indispensable para eliminar las desigualdades, promover la igualdad de género y luchar contra la discriminación; reitera su llamamiento a la Comisión para que integre la perspectiva de género en todas las políticas y actividades internas y externas de la Unión; acoge con satisfacción el compromiso de la nueva comisaria para la Igualdad de crear un grupo de trabajo sobre igualdad con el objetivo de integrar la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión; considera que unas relaciones interinstitucionales más sólidas en el ámbito de la integración de la perspectiva de género pueden ayudar a desarrollar políticas de la Unión sensibles al género; pide, por tanto, una cooperación estructurada sobre la integración de la perspectiva de género entre todos los socios institucionales, como la Comisión, el Consejo y el EIGE;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 7 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

7 bis. Pide que la nueva estrategia en materia de salud para la población romaní y la estrategia relativa a la población romaní 2020 aborden la discriminación contra las mujeres romaníes, incluidas las graves violaciones de los derechos de salud reproductiva y materna que sufren en los centros de asistencia sanitaria;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 7 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

7 ter. Toma nota de que, en relación con el ODS 5, la FRA publicó en 2014 la primera encuesta a escala de la Unión sobre la violencia contra las mujeres, y que los datos completos para la próxima encuesta se recogerán entre 2020 y 2022; anima a la Agencia a que publique la encuesta con más frecuencia y con regularidad, y a que lleve a cabo otras encuestas sobre la discriminación por razón de sexo;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 bis. Pide a la Comisión que enriquezca la perspectiva de género en el Semestre Europeo introduciendo una dimensión de género en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en el proceso de formulación de las recomendaciones específicas por país;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 ter. Hace hincapié en la necesidad de abordar los obstáculos para acceder a la justicia por razones de género en los Estados miembros, ya sea en términos socioeconómicos, jurídicos o procesales, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas para suprimirlos; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas para garantizar la sensibilización sobre los derechos y que todas las víctimas de delitos tengan acceso a servicios de apoyo adecuados y a recursos efectivos; subraya que el acceso a la justicia es una cuestión clave para las mujeres víctimas de violencia de género y que, entre las víctimas, las mujeres migrantes indocumentadas se encuentran en una posición doblemente vulnerable, ya que pueden ser reacias a denunciar infracciones a la policía;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 quater (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 quater. Señala que la presupuestación con perspectiva de género es una de las dimensiones clave de una estrategia de integración de la perspectiva de género; subraya que la presupuestación con perspectiva de género debe convertirse en parte integrante del procedimiento presupuestario, también en el próximo MFP; destaca su petición de añadir una cláusula de integración de la perspectiva de género en el Reglamento sobre el próximo MFP, así como una disposición que garantice una revisión intermedia sensible a las cuestiones de género;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 quinquies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 quinquies. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del PIDESC, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la CIERD;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 sexies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 sexies. Pide a la Comisión y al Consejo que proporcionen un presupuesto realista que permita luchar eficazmente contra la discriminación y las desigualdades por diferentes motivos, promover la igualdad de trato y apoyar a las víctimas de discriminación; reitera que debe asignarse una financiación presupuestaria suficiente a las futuras actividades de la FRA;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 septies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 septies. Pide a la Unión y a los Estados miembros que apliquen plenamente la CNUDPD y su Protocolo Facultativo; recuerda que las mujeres y las niñas con discapacidad están especialmente expuestas a múltiples formas de discriminación, lo que les impide disfrutar completamente de sus derechos fundamentales en un plano de igualdad;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 octies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 octies. Pide a los Estados miembros que garanticen la protección y el reconocimiento de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI+ como principios igualitarios intrínsecos a la democracia y el Estado de Derecho;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article> Apartado 8 nonies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 nonies. Toma nota de que, en mayo de 2019, la Agencia volvió a poner en marcha, al cabo de siete años, la segunda encuesta sobre personas LGBTI a escala de la Unión, destinada a compilar las experiencias de discriminación y de delitos motivados por el odio por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en toda la Unión, Macedonia del Norte y Serbia, así como sus opiniones y los retos a los que se enfrentan; insta a la FRA a que publique los resultados de la encuesta en 2020 y garantice que, en el futuro, la encuesta se lleve a cabo con mayor frecuencia y regularidad;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 decies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 decies. Destaca la necesidad de políticas específicas con un enfoque intersectorial para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres vulnerables que sufren una discriminación múltiple, como las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, las mujeres de minorías religiosas y étnicas, las mujeres LGBTI+, las mujeres de edad avanzada y las mujeres con discapacidad;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 undecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 undecies. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, en los últimos años, los movimientos contra la igualdad de género y contra las personas LGBTI+ hayan ganado respaldo en varios Estados miembros; hace hincapié en que estos movimientos tratan de cuestionar los derechos fundamentales establecidos en relación con la igualdad de género, y tienen por objeto bloquear y hacer retroceder la legislación y las políticas que protegen los derechos de las mujeres y defienden a las personas LGBTI+ contra los delitos motivados por el odio y la discriminación;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 duodecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 duodecies. Reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión en materia de personas LGBTI+ que tenga en cuenta las peticiones precedentes del Parlamento y garantice la continuidad y un seguimiento estricto de la lista de medidas de la Comisión anterior para promover la igualdad de las personas LGBTI+;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 terdecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 terdecies. Observa que las más vulnerables son las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, entre ellos, las minorías sexuales y de género y las minorías étnicas y religiosas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas eficaces para luchar contra el discurso de odio contra esos grupos vulnerables;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 quaterdecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 quaterdecies. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que comuniquen y reafirmen la importancia y los beneficios que supone salvaguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género para la sociedad, así como eliminar los estereotipos de género, y que respalden también el desarrollo y la difusión de investigaciones e información contrastadas sobre los derechos de las mujeres;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 8 quindecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

8 quindecies. Se compromete a proponer medidas para lograr el equilibrio de género en las instituciones de la Unión en el marco de la próxima Conferencia sobre el futuro de Europa;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 11 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

11 bis. Observa con preocupación el espacio cada vez más reducido para la sociedad civil independiente en algunos Estados miembros, en particular las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y los defensores de los derechos humanos; pide a la Comisión que refuerce el apoyo y la protección de las organizaciones de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos activas a nivel nacional y local, que trabajan para promover la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en particular, también a través del programa «Derechos y Valores»; destaca la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia sobre el futuro de Europa;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 12 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

12 bis. Pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y que apliquen plenamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución </DocAmend>

<Article>Apartado 13 bis (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

13 bis. Subraya que las mujeres y los menores migrantes que carecen de documentación deben poder disfrutar de sus derechos básicos fundamentales, independientemente de su situación jurídica o administrativa; expresa su profunda preocupación por la situación de los migrantes y solicitantes de asilo introducidos ilegalmente en la Unión; pide que se abran vías legales y seguras de migración y asilo para evitar la violencia sexual y de género; destaca, a este respecto, que todos los procedimientos jurídicos y administrativos deben llevarse a cabo rápidamente; recuerda que las mujeres y los niños pueden verse obligados a intercambiar sexo por protección o ayuda básica para sobrevivir; subraya, en este sentido, que la mejora de los sistemas de asistencia y registro son asuntos de la máxima importancia, junto con la necesidad de abordar la separación familiar y la falta de medios seguros y legales de entrada en la Unión; subraya la necesidad de que los procedimientos de reagrupación familiar garanticen el respeto de los derechos individuales a las mujeres y las niñas que se reúnen con sus familias en la Unión, a fin de que, para acceder a la sanidad, la educación o el trabajo, no se vean obligadas a depender de un miembro de la familia;

</Amend>

<Amend>Enmienda  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 13 ter (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

13 ter. Insta a la Unión a movilizar los medios necesarios para luchar contra la trata y la explotación sexual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para prevenir y abordar el uso de las nuevas tecnologías como instrumento para captar mujeres y niñas para la trata de seres humanos, especialmente con fines de explotación sexual y laboral;

</Amend><Amend>Enmienda  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propuesta de Resolución</DocAmend>

<Article>Apartado 4 quaterdecies (nuevo)</Article>

 

Propuesta de Resolución

Enmienda

 

4 quaterdecies. Pide , por tanto, que se preste especial atención a la brecha digital de género, que tiene un impacto considerable en el acceso al empleo y a los servicios y, por tanto, en el derecho de las mujeres al empleo;

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>

 

 

 


 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

17.11.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

23

3

Miembros presentes en la votación final

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final

Malin Björk, Delara Burkhardt, Klára Dobrev, Rasa Juknevičienė, Kris Peeters, Karlo Ressler

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

34

+

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Klára Dobrev, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

GREENS/EFA

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

EUL/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst

NI

Laura Ferrara

 

23

-

EPP

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

 

3

0

EPP

Javier Zarzalejos

ID

Peter Kofod

ECR

Assita Kanko

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

 

[4] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0033.

[8] DO C 58 de 15.2.2018, p. 9.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0314.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0201.

[13] DO C 346 de 27.9.2018, p. 94.

[14] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0243.

[15] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0447.

[16] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0413.

[17] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0075.

[18] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0229.

[19] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.

[20] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0032.

[21] Textos Aprobados, P8_TA(2016)0318.

[22] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0433.

[23] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0428.

[24] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0251.

[25] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.

[26] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0128.

[27] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0127.

[28] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0239.

[29] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.

[30] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0066.

[31] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.

[32] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.

[33] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0229.

[34] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0014.

[35] Demanda n.º 141165/16, sentencia de 13 de junio de 2019

[39] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0080.

[40]Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en 2018; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en

[41] Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Informe de 2018 sobre los derechos fundamentales/ Informe de 2019 sobre los derechos fundamentales.

[47] En Polonia se han declarado zonas libres de LGBT – https://atlasnienawisci.pl/

[49] https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf

[51] Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Shrinking spacefor freedom of peaceful assembly (Libertad de reunión pacífica: un espacio cada vez más restringido), Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019.

[53] Véanse asimismo las obligaciones establecidas en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS), el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979 (SAR) y el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989.

[54] Sentencia del TEDH de 24 de mayo de 1988, asunto Müller y otros c. Suiza, apartados 27 y 33; sentencia del TEDH de 8 de julio de 1999, asunto Karatas c. Turquía; sentencia del TEDH de 22 de octubre de 2007, asunto Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia.

[55] Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15 - Tele2 Sverige, y asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12 - Digital Rights Ireland

[57] ECLI:EU:C:2014:2454.

[58] Carta de la comisaria Jourová de 11 de febrero de 2020.

[59] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162). Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (P8_TA(2018)0456).

[60] Artículo 19 del TUE, artículo 67, apartado 4, del TFUE y artículo 47 de la Carta.

[61] Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Textos Aprobados, P6_TA (2020)0010, apartado 7.

[62] Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión. Textos Aprobados, P6_TA (2019)0079, apartado 10.

[63] Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación y el seguimiento de las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos. Textos Aprobados, P6_TA (2020)0006, apartado 22.

[64] Véase el artículo 6 del TFUE.

[65] DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.

[66] Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).

[67] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0080.

Última actualización: 23 de noviembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad