Procedimiento : 2020/2137(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0240/2020

Textos presentados :

A9-0240/2020

Debates :

PV 14/12/2020 - 30
CRE 14/12/2020 - 30

Votaciones :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0372

<Date>{02/12/2020}2.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0240/2020</NoDocSe>
PDF 251kWORD 89k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre la gobernanza empresarial sostenible</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>


<Commission>{JURI}Comisión de Asuntos Jurídicos</Commission>

Ponente: <Depute>Pascal Durand</Depute>

ENMIENDAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la gobernanza empresarial sostenible

(2020/2137(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos elaborados por las Naciones Unidas en 2011[1],

 Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas[2],

 Vistas las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales[3],

 Vista la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable[4] y el documento titulado «Los inversionistas institucionales y la conducta empresarial responsable»[5],

 Vista la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[6],

 Visto el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015[7],

 Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre un calentamiento global de 1,5 ºC[8],

 Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de marzo de 2020, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea») (COM(2020)0080),

 Visto el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006[9],

 Visto el Plan de Acción de la Unión: Financiar el desarrollo sostenible (COM(2018)0097),

 Visto el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640),

 Vista la Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020 (COM(2020)0440),

 Vista la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo[10] («Directiva sobre contabilidad»),

 Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos[11] («Directiva sobre divulgación de información no financiera»),

 Vista la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas[12],

 Vista la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas[13] («Directiva sobre los derechos de los accionistas»),

 Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión[14],

 Visto el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros[15] («Reglamento sobre la divulgación de información»),

 Visto el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088[16] («Reglamento por el que se establece una taxonomía»);

 Vistas las Directrices de la Comisión sobre la presentación de informes no financieros (Metodología para la presentación de información no financiera)[17] y las Directrices sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima[18],

 Visto el informe final del Foro de Alto Nivel sobre la Unión de los Mercados de Capitales titulado «A New Vision for Europe’s Capital Markets» (Una nueva visión para los mercados de capitales europeos)[19],

 Visto el estudio elaborado para la Comisión en julio de 2020 titulado «Directors’ duties and sustainable corporate governance» (Obligaciones de los consejeros y gobierno corporativo sostenible),

 Visto el informe de 2008 de las Naciones Unidas titulado «Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos»[20],

 Visto el estudio de la Comisión Europea de mayo de 2020 titulado «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Mejora de la garantía financiera en el contexto de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental)[21],

 Vistos los Principios de Oslo sobre obligaciones globales para reducir el cambio climático[22],

 Vistas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima, de junio de 2017,

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

 Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0240/2020),

A. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores enunciados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que su política de medio ambiente se basa en el principio de cautela enunciado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B. Considerando que, en un contexto empresarial, un enfoque de sostenibilidad implica que las empresas tengan debidamente en cuenta las preocupaciones generales en materia social y medioambiental, como son los derechos de sus empleados y el respeto de los límites del planeta, con el fin de abordar los riesgos más acuciantes que les plantean sus actividades;

C. Considerando que las múltiples iniciativas internacionales que promueven la gobernanza empresarial sostenible son voluntarias, instrumentos de Derecho indicativo, y han demostrado ser generalmente ineficaces para cambiar el comportamiento empresarial hacia la sostenibilidad; que el estudio sobre las obligaciones de los consejeros y gobierno corporativo sostenible, elaborado para la Comisión en el marco del Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles, subraya los beneficios de aclarar las obligaciones de los consejeros respecto a la sostenibilidad y cuestiones a largo plazo; destaca los problemas asociados con una visión a corto plazo y recuerda la necesidad de que las empresas incorporen intereses a largo plazo para que la Unión se mantenga en la vía hacia el cumplimiento de sus propios compromisos en materia de sostenibilidad; que el estudio apunta claramente a la necesidad de una legislación de la Unión a este respecto;

D. Considerando que, durante la última legislatura, la Unión puso en marcha una serie de iniciativas con miras a fomentar la transparencia y una visión a largo plazo en las actividades financieras y económicas, como, por ejemplo, la Directiva sobre los derechos de los accionistas, el Plan de Acción para la financiación del desarrollo sostenible, el Reglamento sobre la divulgación de información y el Reglamento por el que se establece una taxonomía; que esta tendencia se inició, entre otras cosas, con la adopción de la Directiva sobre divulgación de información no financiera; que la divulgación de información no financiera es necesaria para medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su efecto a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente;

E. Considerando que la Directiva sobre divulgación de información no financiera va estrechamente vinculada con un gobierno corporativo sostenible y ha representado un importante paso adelante para promover la divulgación de información no financiera en la Unión; que, no obstante, presenta graves deficiencias que hay tratar para hacerla más útil para los inversores y las partes interesadas;

F. Considerando que, de acuerdo con el Pacto Verde Europeo, las empresas y entidades financieras tienen que divulgar más datos sobre clima y medio ambiente, de manera que los inversores estén plenamente informados acerca de la sostenibilidad de sus inversiones; que la Comisión se ha comprometido a revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera con este fin; que, de acuerdo con su adaptación del programa de trabajo para 2020, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta de revisión de la Directiva en el primer trimestre de 2021;

G. Considerando que las partes interesadas han manifestado a menudo que la información no financiera que proporcionan las empresas de conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera es insuficiente, poco fiable y no comparable; que los encargados de preparar esta información han expresado su confusión con la plétora de marcos de información voluntarios y han pedido clarificación y normalización jurídicas; que es necesario divulgar información más completa y fiable para reducir los posibles efectos adversos para el clima, el medio ambiente y la sociedad; que las mejoras en la divulgación de información no financiera podrían aumentar la rendición de cuentas de las empresas y potenciar la confianza en ellas; que estas mejoras no deben crear desequilibrios injustos en la competencia; que, por tanto, las obligaciones de divulgación deben tener en cuenta los costes administrativos y deben ser proporcionadas al tamaño de la empresa y coherentes con el resto de la legislación aplicable a la actividades económicas, como el respeto de los secretos comerciales y la protección de los denunciantes;

H. Considerando que el estudio sobre las obligaciones de los consejeros y gobierno corporativo sostenible, elaborado para la Comisión, demuestra la tendencia creciente de las sociedades cotizadas en la Unión a centrarse en los intereses a corto plazo de sus accionistas; que el estudio propone diferentes opciones legislativas a nivel de la Unión que mejorarían considerablemente la sostenibilidad de las empresas; que existe una necesidad de adoptar un marco legislativo para las empresas europeas, respetando plenamente el principio de proporcionalidad y evitando imponerles una carga administrativa excesiva; que ese marco debe garantizar que se respete y mejore la seguridad jurídica en el mercado interior y no debe crear desventajas competitivas;

I. Considerando que un planteamiento de sostenibilidad en la gobernanza empresarial comprende tanto los derechos humanos como la protección del medio ambiente; que debería considerarse que un requisito legal de divulgar información relativa a cuestiones medioambientales, sociales, de personal y a los derechos humanos, los sobornos y la corrupción, constituye un aspecto de la «responsabilidad de las empresas de respetar», tal como se define en los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

J. Considerando que el Acuerdo de París tiene por objeto mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales;

K. Considerando que la creciente competencia mundial por el acceso a los recursos naturales a menudo da lugar a una explotación insostenible del medio natural y humano por parte de las empresas;

L. Considerando que la gobernanza empresarial tiene un papel decisivo para el cumplimiento de los compromisos de la Unión de realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

M. Considerando que el cambio climático plantea graves riesgos para la seguridad alimentaria, en particular para la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización de los alimentos y para la estabilidad de los sistemas alimentarios; que las agricultoras representan actualmente entre el 45 % y el 80 % de la producción alimentaria en los países en desarrollo y se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático y la degradación del medio ambiente;

N. Considerando que el Convenio de Aarhus establece una serie de derechos medioambientales de los ciudadanos y sus asociaciones, en particular el derecho de acceso a la información medioambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones en materia de medio ambiente y el acceso a la justicia en este ámbito;

O. Considerando que en 2017 el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas determinó que la Unión había violado el Convenio de Aarhus por no permitir que los ciudadanos impugnaran las decisiones de las instituciones de la Unión ante los tribunales de esta;

P. Considerando que la Comisión Europea ha elevado el nivel de ambición para el período 2019-2024 al establecer una agenda para un Pacto Verde Europeo y declarar que «Europa debe liderar la transición hacia un planeta sano»;

Q. Considerando que los consejeros de las empresas tienen el deber legal y estatutario de actuar en interés de sus empresas; que este deber ha sido objeto de diferentes interpretaciones en diferentes jurisdicciones y el interés de la empresa se ha equiparado a menudo con los intereses financieros de los accionistas; que lo que se considera el interés de la empresa también debe incorporar el interés de las partes interesadas correspondientes, incluidos los empleados, así como intereses sociales más amplios; que una interpretación estricta de este deber, junto con la obsesión excesiva por la maximización de los beneficios a corto plazo, repercute negativamente en los resultados a largo plazo y en la sostenibilidad de las empresas y, por tanto, en los intereses a largo plazo de los accionistas;

R. Considerando que la coherencia de la legislación de la Unión en materia de gobernanza empresarial sostenible debe lograrse mediante el establecimiento de obligaciones e incentivos concretos para actuar y no solo para comunicar información; que, por tanto, es preciso adoptar un marco adicional que defina las obligaciones de los consejos de administración de las empresas en lo que respecta a la sostenibilidad;

S. Considerando que, para que la gobernanza empresarial en la Unión sea más sostenible, transparente y responsable, la Comisión debe introducir, además de las propuestas para revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera, una nueva legislación sobre la diligencia debida y las obligaciones de los consejeros; que si el deber de diligencia debida y las obligaciones de los consejeros van a estar cubiertas por un único instrumento legislativo, deben separarse claramente en dos partes diferenciadas; que esas obligaciones y deberes son complementarios, pero no intercambiables ni están subordinados uno al otro;

Obligaciones relativas a la divulgación de información no financiera

1. Pide a la Comisión que, al proponer nuevas acciones en el ámbito del Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial, trate de encontrar un equilibrio adecuado entre, por una parte, la necesidad de reducir la presión a corto plazo que soportan los consejeros de empresas y fomentar la integración de cuestiones relativas a la sostenibilidad en la toma de decisiones empresarial y, por otra parte, la necesidad de disponer de un grado de flexibilidad suficiente, al tiempo que se garantiza la armonización; destaca la importancia de fortalecer el papel de los consejeros en la persecución de los intereses a largo plazo de las empresas en acciones futuras a escala de la Unión, así como de crear en los órganos de gobierno de las empresas una cultura que tenga en cuenta y aplique una gobernanza empresarial sostenible;

2. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera; hace hincapié en que esa revisión debe ser plenamente coherente con los requisitos impuestos por el Reglamento sobre la divulgación de información y el Reglamento por el que se establece una taxonomía; pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones incluidas en la presente Resolución;

3. Reitera su petición de que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera a fin de que abarque a todas las grandes empresas cotizadas y no cotizadas que estén establecidas en el territorio de la Unión, según la definición establecida en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad; subraya que, a fin de ofrecer unas condiciones de competencia equitativas, las obligaciones relativas a la divulgación de información no financiera deben aplicarse también a las empresas no pertenecientes a la Unión que operan en el mercado de la Unión; invita a la Comisión a que determine cuáles son los sectores de actividad económica de alto riesgo que tienen efectos importantes en las cuestiones de sostenibilidad y que podrían justificar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en esos sectores, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera; considera que, a tal fin, la Comisión debería recurrir a un asesoramiento externo independiente para facilitar una lista indicativa, no exhaustiva y actualizada periódicamente de ámbitos sujetos a conflicto y de alto riesgo, así como unas orientaciones específicas para las pymes; considera, en particular, que se deben prestar una atención específica a las inversiones y los sectores vinculados a menudo a actividades empresariales ilegales, como los delitos medioambientales, el comercio ilegal de especies silvestres, la corrupción o los delitos financieros; subraya que también es necesario revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera para que los participantes en los mercados financieros tengan acceso a los datos pertinentes, a fin de cumplir las obligaciones del Reglamento sobre la divulgación de información;

4. Hace hincapié en que la gobernanza empresarial sostenible constituye un pilar importante que permite a la Unión lograr una economía a la vez resiliente y sostenible, mejorar la igualdad de condiciones con el fin de mantener e impulsar la competitividad internacional de las empresas de la Unión y proteger a los trabajadores y las empresas de la Unión frente a la competencia desleal de terceros países, por lo que puede ser beneficiosa para la política comercial y de inversión de la Unión si se mide adecuadamente y es proporcionada;

5. Señala que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales y ha demostrado que las normas voluntarias por sí solas no son suficientes, como se ha observado, por ejemplo, en el sector de la confección, donde la producción se ha visto afectada durante la crisis, lo que ha tenido efectos adversos en toda la cadena de suministro; observa que las empresas que poseen una mejor definición de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza y de los procesos de reducción del riesgo están capeando mejor la crisis; reconoce que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha afirmado[23] que es probable que las empresas que adopten medidas proactivas para abordar los riesgos relacionados con la crisis de la COVID-19 de manera que mitiguen los efectos adversos en los trabajadores y en las cadenas de suministro generen más valor y resiliencia a largo plazo y mejoren su viabilidad a corto plazo y sus perspectivas de recuperación a medio y largo plazo;

6. Observa que, en el Reglamento por el que se establece una  taxonomía, se establece una serie de objetivos medioambientales, en particular relativos al cambio climático, el uso y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la biodiversidad y los ecosistemas; considera que el concepto de cuestiones medioambientales que figura en la Directiva sobre divulgación de información no financiera debe interpretarse en consonancia con el Reglamento por el que se establece una taxonomía e incluir todas las formas de contaminación; invita a la Comisión a tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima y a promover el desarrollo de técnicas contables innovadoras que reflejen el valor de los ecosistemas; considera que también es importante definir con precisión las demás cuestiones de sostenibilidad a las que se refiere la Directiva sobre divulgación de información no financiera, como los conceptos de «cuestiones sociales y relativas al personal», «respeto de los derechos humanos» y «lucha contra la corrupción y el soborno»; considera que las cuestiones relativas al personal podrían abarcar la divulgación de las políticas salariales de las empresas, lo que podría incluir la presentación de los salarios por deciles y las diferencias salariales entre hombres y mujeres;

7. Considera que la gobernanza empresarial sostenible es fundamental para la orientación a largo plazo de las empresas con el fin de adaptar sus actividades a la consecución de los objetivos medioambientales generales de la Unión establecidos en el Pacto Verde Europeo, así como al compromiso de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que avanza hacia el logro del objetivo de neutralidad climática para 2050; subraya que todos los sectores deben contribuir a alcanzar este objetivo;

8. Considera que la definición de «materialidad» debe hacer referencia a cualquier impacto ambiental, de derechos humanos y de gobernanza pertinente para la sociedad en su conjunto, más allá de la creación de valor económico y de cuestiones relativas a los resultados puramente financieros de las empresas; pide que se revise esta definición en consonancia con el principio de doble materialidad introducido por la Directiva sobre divulgación de información no financiera y que se explique mejor en las Directrices de la Comisión sobre la información relacionada con el clima; considera que la materialidad debe evaluarse en un proceso con la participación de las partes interesadas pertinentes;

9. Observa que la Directiva sobre divulgación de información no financiera ofrece a las empresas que entran en su ámbito de aplicación una flexibilidad considerable para divulgar la información pertinente de la manera que consideren más útil; señala que actualmente las empresas pueden basarse, según su criterio, en una serie de marcos diferentes; observa que aún no tienen clara cuál es la mejor forma de cumplir con sus obligaciones de divulgación; considera necesario establecer un marco general de la Unión que tenga en cuenta debidamente el principio de proporcionalidad para abarcar el conjunto completo de las cuestiones de sostenibilidad pertinentes para la divulgación de información no financiera exhaustiva; destaca, a este respecto, que el marco legislativo de la Unión debe garantizar que la información sea clara, equilibrada, comprensible, comparable entre las empresas de un sector, verificable y objetiva y que incluya objetivos de sostenibilidad acotados en el tiempo; subraya que este marco también debe incluir normas obligatorias, tanto a nivel general como específicas para cada sector; acoge favorablemente, a este respecto, el compromiso de la Comisión de apoyar un proceso de elaboración de normas de la Unión relativas a la divulgación de información no financiera; subraya que en la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera deben establecerse obligaciones y normas vinculantes específicas de divulgación, con la participación adecuada de todas las partes interesadas pertinentes, como la sociedad civil, organizaciones medioambientales y los interlocutores sociales;

10. Considera que los estados no financieros deben figurar en el informe anual de gestión con el fin de evitar cargas adicionales a las empresas; acoge favorablemente el compromiso asumido por la Comisión en el plan de acción para una Unión de los Mercados de Capitales (COM/2020/0590) de presentar, antes del tercer trimestre de 2021, una propuesta legislativa para establecer una plataforma digital en línea de acceso público para toda la Unión que proporcione acceso libre a la información financiera y no financiera comunicada por las empresas; considera que esa plataforma permitiría a los usuarios comparar los datos divulgados por las empresas al incluir categorías como temas, sectores, países, volumen de negocios y número de empleados;

11. Señala que la Directiva sobre divulgación de información no financiera excluye los estados no financieros del requisito de verificación del contenido al que están sujetos los estados financieros de las empresas; considera que los estados no financieros deben someterse a una auditoría obligatoria, en función del tamaño y el ámbito de actividad de la empresa en cuestión; opina que el prestador de servicios de verificación, con sujeción a los requisitos de objetividad e independencia, debe llevar a cabo su auditoría de conformidad con el futuro marco de la Unión; subraya, a este respecto, la necesidad de abordar los incentivos erróneos inherentes a la auditoría legal mediante una revisión de la Directiva relativa a la auditoría legal[24]; sostiene que esto también constituiría una oportunidad para abordar el cuasimonopolio de las «cuatro grandes» empresas de contabilidad que suelen auditar a las principales empresas que cotizan en bolsa;

12. Destaca que los representantes de los trabajadores deben participar en la definición del proceso de divulgación de información no financiera y en la verificación de la información, en particular en lo que respecta a los objetivos de sostenibilidad social y las cuestiones relacionadas con la cadena de producción y abastecimiento, incluidas la subcontratación y la externalización;

13. Destaca la importancia de establecer la obligación de que determinadas empresas de la Unión elaboren, con carácter anual, un informe por país para cada jurisdicción fiscal en la que operan; pide al Consejo que adopte su orientación general lo antes posible para comenzar las negociaciones con el Parlamento sobre la propuesta de la Comisión referente a una Directiva por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (COM(2016) 198);

14. Considera que la Unión debe esforzarse por garantizar que los acuerdos de libre comercio que negocie incluyan cláusulas que impongan a los Estados socios el establecimiento de obligaciones comparables para sus empresas, a fin de evitar nuevas fuentes de distorsión de la competencia;

Deber de diligencia de los consejeros y medidas adicionales para lograr que la gobernanza empresarial esté más orientada a la sostenibilidad

15. Destaca la importancia de la diversidad y la inclusión en las empresas, algo que mejora su rendimiento; pide al Consejo que adopte su orientación general lo antes posible con el fin de comenzar las negociaciones con el Parlamento sobre la propuesta sobre mujeres en los consejos de administración[25], que tiene por objeto poner fin al desequilibrio generalizado entre mujeres y hombres en los niveles más altos de la toma de decisiones en las empresas; pide a la Comisión que estudie la presentación de propuestas adicionales para mejorar el equilibrio de género entre los altos directivos y los puestos influyentes de las empresas;

16. Subraya la necesidad de que los trabajadores participen más en los procesos de toma de decisiones de la empresa para integrar mejor los objetivos y las repercusiones a largo plazo de su empresa; invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de revisar la Directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo[26] y a crear un nuevo marco sobre la información, la consulta y la participación de los empleados en las empresas europeas;

17. Destaca que la transición ecológica y la creciente digitalización tendrán hondas repercusiones en la mano de obra; considera, por tanto, que toda gobernanza empresarial sostenible debe reconocer y garantizar de manera efectiva el derecho del personal a la formación profesional continua y a la educación permanente durante su jornada de trabajo;

18. Señala que las empresas no son entidades abstractas desconectadas de los desafíos medioambientales y sociales de hoy en día; considera que las empresas deben contribuir de manera más activa a la sostenibilidad, ya que sus resultados a largo plazo, su resiliencia e incluso su supervivencia pueden depender de que den una respuesta adecuada a las cuestiones medioambientales y sociales; subraya, a este respecto, que el deber de diligencia de los consejeros hacia la empresa debe definirse no solo en relación con la maximización de los beneficios a corto plazo derivados del valor de las acciones, sino también en relación con las exigencias de la sostenibilidad; señala el importante papel que desempeñan los consejeros ejecutivos en la definición de la estrategia de la empresa y la supervisión de sus operaciones; considera que el deber legal de los consejeros ejecutivos de actuar en interés de la empresa debe entenderse como el deber de integrar los intereses a largo plazo y los riesgos, las repercusiones, las oportunidades y las dependencias en materia de sostenibilidad en la estrategia general de la empresa; subraya que este deber de priorización debe implicar un desplazamiento desde inversiones no sostenibles hacia inversiones sostenibles;

19. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para garantizar que las obligaciones de los consejeros no se malinterpreten como únicamente una maximización a corto plazo del valor para el accionista, sino que incluyan también el interés a largo plazo de la empresa e intereses más amplios de la sociedad, así como los de los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes; considera, asimismo, que dicha propuesta debe garantizar que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión, actuando en el marco de las competencias que les asigna el Derecho nacional, tengan la obligación legal de definir, divulgar y supervisar una estrategia de sostenibilidad empresarial;

20. Subraya que, respecto a la revisión en curso de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental[27], las empresas deben poseer garantías financieras de responsabilidad medioambiental por los daños ambientales infligidos a las personas y los ecosistemas;

21. Considera que las estrategias de sostenibilidad de las empresas deben identificar y abordar, según sus obligaciones de diligencia debida, por una parte, las cuestiones importantes en consonancia con los requisitos de divulgación de información no financiera y, por otra parte, las repercusiones significativas que esas empresas podrían tener en cuestiones medioambientales, climáticas, sociales y de personal, así como sus consecuencias para los derechos humanos, el soborno y la corrupción que se derivan de sus modelos de negocio, sus operaciones y sus cadenas de suministro, también fuera de la Unión; considera que el deber de diligencia que los consejeros tienen hacia su empresa también exige atenerse al deber de no dañar los ecosistemas y proteger los intereses de las partes interesadas pertinentes, incluidos los empleados, que puedan verse afectadas negativamente por las actividades de la empresa;

22. Opina que el ámbito de aplicación de la legislación futura debe abarcar todas las grandes empresas cotizadas y no cotizadas que estén establecidas en el territorio de la Unión, según la definición establecida en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad; subraya que, a fin de ofrecer unas condiciones de competencia equitativas, esta legislación debe aplicarse también a las empresas no pertenecientes a la Unión que operan en el mercado de la Unión; invita a la Comisión a que determine cuáles son los sectores de actividad económica de alto riesgo que tienen efectos importantes en materia de sostenibilidad y que podrían justificar su aplicación a pymes en esos sectores; considera, además, que, después de la evaluación de impacto que está llevando a cabo actualmente la Comisión, las estrategias de sostenibilidad deben incluir objetivos mensurables, específicos, acotados en el tiempo y basados en la ciencia, así como planes de transición ajustados a los compromisos internacionales de la Unión sobre el medio ambiente y el cambio climático, en particular el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los acuerdos internacionales en materia de deforestación; opina que las estrategias podrían incluir también una política interna en materia de salarios justos basada en un salario digno por país, una política de igualdad de género y una política que garantice que los derechos de los trabajadores se integren mejor en las actividades empresariales; subraya que son las propias empresas las que deben determinar el contenido de esas políticas internas, consultando con sus empleados y teniendo debidamente en cuenta esas consultas; considera que esas políticas deben tener en cuenta cuestiones sectoriales o geográficas, así como los derechos de las personas que pertenezcan a grupos o comunidades especialmente vulnerables; considera que vincular la parte variable de la remuneración de los consejeros ejecutivos al logro de los objetivos mensurables establecidos en la estrategia sería un medio para ajustar los intereses de los consejeros a los intereses a largo plazo de sus empresas; pide a la Comisión que siga promoviendo ese tipo de sistemas de remuneración para los puestos de alta dirección;

23. Observa que algunos Estados miembros han introducido el concepto de «acciones de fidelidad» en su legislación, en virtud de la cual se recompensa la participación a largo plazo en una empresa con derechos de voto y ventajas fiscales; pide a la Comisión que estudie la introducción de nuevos mecanismos para promover rendimientos sostenibles y resultados empresariales a largo plazo; destaca que los beneficios no distribuidos pueden contribuir a la constitución de reservas adecuadas;

24. Considera que la Directiva sobre los derechos de los accionistas también debe modificarse para incentivar el comportamiento «paciente» de los accionistas y, en particular, recompensar la participación accionaria a largo plazo mediante la concesión de derechos de voto y ventajas fiscales;

25. Expresa su preocupación por el hecho de que algunos acuerdos internacionales de inversión, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, sitúen los intereses financieros de las empresas multinacionales por encima de las prioridades ambientales y climáticas; insta a la Comisión a que actúe rápidamente para garantizar que los acuerdos de inversión comercial vigentes y futuros sean plenamente coherentes con los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente y clima y a que en la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera presente propuestas encaminadas a contrarrestar el acaparamiento de tierras y la deforestación por parte de las empresas;

26. Considera que, en el proceso de definir y supervisar sus estrategias de sostenibilidad, las empresas deben tener la obligación de informar y consultar a las partes interesadas pertinentes; opina que el concepto de accionista debe interpretarse en sentido amplio e incluir a todas las personas cuyos derechos e intereses puedan verse afectados por las decisiones de la empresa, por ejemplo, los trabajadores, sindicatos, comunidades locales, pueblos indígenas, asociaciones ciudadanas, accionistas, la sociedad civil y las organizaciones medioambientales; considera, asimismo, que es esencial consultar a las autoridades públicas nacionales y locales que se ocupan de la sostenibilidad de los asuntos económicos, en particular a los responsables de las políticas públicas de empleo y medio ambiente;

27. Considera que esta participación debe tener lugar, según el tamaño y el ámbito de actividad de la empresa en cuestión, por conducto de comités consultivos que incluyan a los representantes o portavoces de las partes interesadas, también los trabajadores y expertos independientes, con el objetivo general de ofrecer asesoramiento sobre el contenido y la aplicación de la estrategia de sostenibilidad; considera que estos comités consultivos podrían estar presididos por consejeros no ejecutivos y deberían tener derecho a solicitar, con la aprobación de una amplia mayoría, una auditoría independiente en caso de que se planteen dudas razonables sobre la aplicación adecuada de la estrategia de sostenibilidad;

28. Considera que la empresas que reciben ayudas públicas, financiación de la Unión u otro tipo de dinero público o las empresas que lleven a cabo planes de regulación de empleo deben aspirar a mantener los puestos de trabajo de sus trabajadores y ofrecerles protección, ajustar la remuneración de sus consejeros en consecuencia, pagar la parte de impuestos que les corresponde, aplicar su estrategia de sostenibilidad de acuerdo con el objetivo de reducir su huella de carbono y abstenerse de pagar dividendos o proponer sistemas de recompra de acciones destinados a remunerar a los accionistas;

°

° °

29. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

 


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un contexto empresarial, la adopción de un planteamiento de sostenibilidad implica que se tengan debidamente en cuenta los intereses de las distintas partes interesadas en la empresa, en particular los problemas generales relacionados con la sociedad y el medio ambiente. Actualmente, varias iniciativas internacionales promueven la gobernanza empresarial, en particular los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos elaborados por las Naciones Unidas en 2011, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. Si bien es cierto que se trata de instrumentos valiosos para fomentar una conducta comercial responsable en un entorno globalizado, siguen siendo solo Derecho indicativo.

 

La Unión Europea puso en marcha diversas medidas encaminadas a fomentar la transparencia y una visión a largo plazo en las actividades financieras y económicas, como, por ejemplo, la revisión de la Directiva sobre los derechos de los accionistas, el Plan de Acción para la financiación del desarrollo sostenible, el Reglamento sobre la divulgación de información y el Reglamento sobre la taxonomía. La adopción de la Directiva sobre divulgación de información no financiera en 2014 también constituyó un importante paso adelante para fomentar la transparencia con el fin de medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y sus repercusiones a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo, las deficiencias detectadas durante su aplicación demuestran que es necesario mejorar la presentación de información no financiera de la Unión. El ponente está convencido de que la transparencia reviste una importancia fundamental para garantizar la sostenibilidad. Por tanto, acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de revisar la actual Directiva.

 

Además, para lograr un planteamiento europeo coherente en materia de gobernanza empresarial sostenible, es preciso establecer obligaciones concretas de actuar, y no solo de comunicar información. El ponente considera que es preciso adoptar un marco adicional que defina las obligaciones de los consejos de administración de las empresas en lo que respecta a la sostenibilidad.

 

Obligaciones relativas a la divulgación de información no financiera

 

En su Resolución de 29 de mayo de 2018 sobre finanzas sostenibles, el Parlamento Europeo pidió que se estudiara ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. El ponente desearía reiterar esta petición, y que se indicara, al mismo tiempo, cuáles son las empresas que deben cumplir la obligación de presentar información no financiera. En su opinión, parece que el ámbito de aplicación actual es demasiado estrecho y no se ajusta a las definiciones establecidas en la Directiva sobre contabilidad.

 

También es preciso revisar la definición de «materialidad» y adecuarla a las cuestiones que afectan a la creación de valor económico a largo plazo y que abarcan asuntos que no se limitan a los resultados puramente financieros de las empresas.

 

La considerable flexibilidad que ofrece la Directiva sobre divulgación de información no financiera hace que las empresas presenten información que a menudo se considera insuficiente, poco fiable y no comparable. Las Directrices no vinculantes publicadas por la Comisión Europea no han solucionado este problema. Por tanto, el ponente considera que es necesario establecer un marco normalizado que permita divulgar información clara, equilibrada, comprensible, comparable entre las empresas de un sector, verificable y objetiva.

 

Otra dificultad recurrente con la que tropiezan las partes interesadas se refiere a la ubicación del informe, cuestión para la que el marco vigente también ofrece una flexibilidad considerable. Parece, pues, necesario armonizar este aspecto. En cualquier caso, la información debe ser fácilmente accesible, por ejemplo, en el sitio web de la empresa o a través de una plataforma digital de acceso público y gratuito en toda la Unión.

 

Una parte fundamental de la revisión debe ser el requisito de verificación del contenido, que no forma parte de las normas actualmente aplicables a la información no financiera. El ponente considera que los informes deben someterse a una auditoría obligatoria llevada a cabo por un prestador de servicios de verificación imparcial e independiente.

 

Es de suma importancia instar al Consejo a que reanude urgentemente las negociaciones con el Parlamento sobre la propuesta de la Comisión de una Directiva por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.

 

Deber de diligencia de los consejeros y medidas adicionales para lograr que la gobernanza empresarial esté más orientada a la sostenibilidad

 

Las empresas no son entidades abstractas desconectadas de los desafíos medioambientales y sociales de hoy en día. Deben contribuir de manera más activa a la sostenibilidad, ya que sus resultados a largo plazo, su resiliencia e incluso su supervivencia pueden depender de que den una respuesta adecuada a las cuestiones medioambientales y sociales. A este respecto, el deber de diligencia de los consejeros hacia la empresa debe definirse no solo en relación con la maximización de los beneficios a corto plazo que cabe obtener de las acciones, sino también en relación con las exigencias de la sostenibilidad. En vista del importante papel que desempeñan los consejeros en la definición de la estrategia de la empresa y la supervisión de sus operaciones, los consejeros han de tener el deber de integrar los intereses a largo plazo y los riesgos, las repercusiones, las oportunidades y las dependencias en materia de sostenibilidad en la estrategia general de la empresa.

 

A juicio del ponente es necesario un nuevo marco que garantice que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de las empresas tengan la responsabilidad colectiva de definir, divulgar y supervisar una estrategia de sostenibilidad empresarial. Este deber ha de exigir que se tome también en consideración el interés de las partes interesadas que puedan verse afectadas negativamente por las actividades de la empresa. El ponente opina que la estrategia de sostenibilidad debe incluir objetivos mensurables, específicos, acotados en el tiempo y de base científica que sean acordes con los compromisos asumidos por la Unión a nivel internacional. También debe incluir políticas sobre una mejor integración de los derechos de los trabajadores en las actividades empresariales y la definición de una política salarial justa, así como cuestiones sectoriales o geográficas.

 

El proceso de definir y supervisar la estrategia de sostenibilidad debe incluir a todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los accionistas, los representantes de los trabajadores y las partes interesadas externas que se ven afectadas por las actividades de la empresa. En función del tamaño de la empresa, ha de valorarse la posibilidad de establecer la obligación de crear comités consultivos a tal efecto.


 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL (25.10.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Asuntos Jurídicos</CommissionInt>


<Titre>sobre la gobernanza empresarial sostenible</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Subraya que, si bien es responsabilidad exclusiva de los Estados y los gobiernos salvaguardar los derechos humanos en sus países, la gobernanza empresarial sostenible abarca la «responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos», tal como se define en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; recuerda que la economía de la Unión se enfrenta a la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión, viéndose especialmente afectadas empresas de toda Europa; subraya que en este momento toda nueva iniciativa legislativa debe tener en cuenta su impacto en la carga administrativa para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en particular, así como su impacto en el empleo en las empresas de la Unión y en su participación en los mercados internacionales; recuerda la importancia de los períodos transitorios para crear seguridad jurídica y una buena legislación;

2. Pide que se presenten tres propuestas legislativas que se diferencien, pero que se refuercen mutuamente, sobre las obligaciones de los consejeros y la gobernanza empresarial sostenible, sobre la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente y sobre la reforma de la Directiva sobre divulgación de información no financiera[28];

3. Reitera que las cadenas de suministro mundiales son el elemento clave de la economía mundial, pero que su naturaleza compleja y la falta de rendición de cuentas por parte de las empresas pueden dar lugar a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos y laborales y a la impunidad de los delitos medioambientales, y que la política comercial debe contribuir a una gobernanza empresarial transparente, en consonancia con la Directiva sobre divulgación de información no financiera, ya que afecta a las cadenas de suministro, incluidas las cadenas de subcontratación, y debe demostrar el cumplimiento de las normas medioambientales, de derechos humanos, sociales y de seguridad en consonancia con el Acuerdo de París, y promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

4. Hace hincapié en que la gobernanza empresarial sostenible constituye un pilar importante que permite a la Unión lograr una economía a la vez resiliente y sostenible, mejorar la igualdad de condiciones con el fin de mantener e impulsar la competitividad internacional de las empresas de la Unión y proteger a los trabajadores y las empresas de la Unión frente a la competencia desleal de terceros países, por lo que puede ser beneficiosa para la política comercial y de inversión de la Unión si se mide adecuadamente y es proporcionada;

5. Señala que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales y ha demostrado que las normas voluntarias por sí solas no son suficientes, como se ha observado, por ejemplo, en el sector de la confección, donde la producción se ha visto afectada durante la crisis, lo que ha tenido efectos adversos en toda la cadena de suministro; observa que las empresas que poseen una mejor definición de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza y de los procesos de reducción del riesgo están capeando mejor la crisis; reconoce que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha afirmado[29] que es probable que las empresas que adopten medidas proactivas para abordar los riesgos relacionados con la crisis de la COVID-19 de manera que mitiguen los efectos adversos en los trabajadores y en las cadenas de suministro generen más valor y resiliencia a largo plazo y mejoren su viabilidad a corto plazo y sus perspectivas de recuperación a medio y largo plazo;

6. Observa con preocupación que investigaciones recientes[30] sobre la aplicación de la Directiva de la UE sobre divulgación de información no financiera han revelado que más de tres cuartas partes de las empresas no facilitan información sobre sus cadenas de suministro, incluso en sectores de alto riesgo, excepto en el sector de la confección, en el que un número significativo de empresas proporcionan una lista general o detallada de sus proveedores; señala que las empresas que cotizan en bolsa, las empresas públicas que no cotizan y las empresas privadas registradas en la Unión pueden tener obligaciones diferentes en virtud de la legislación nacional en lo que respecta a la gobernanza empresarial sostenible; recuerda la importancia de igualar las condiciones de competencia con respecto a las empresas registradas fuera de la Unión que no siempre siguen principios de gobernanza empresarial sostenible, lo que repercute negativamente en las empresas de la Unión y en sus trabajadores; destaca que la gobernanza empresarial sostenible debe aplicarse a todas las empresas de la Unión y de fuera de la Unión que operan en el mercado único; pide a la Comisión que aproveche la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera como una oportunidad para mejorar los requisitos de información y la aplicabilidad de la obligación de informar y garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales, sociales y de derechos humanos;

7. Reconoce que las conclusiones del reciente estudio de la Comisión sobre las funciones de los consejeros y la gobernanza empresarial sostenible, prorrogado durante el período 1992-2018, han confirmado que la mayoría de las empresas de la Unión tienden a favorecer una visión a corto plazo sobre el largo plazo y la sostenibilidad; subraya que el impacto de este tipo de visión empresarial a corto plazo en las prácticas comerciales de la Unión en terceros países es insostenible; destaca que las funciones de los consejeros deben incluir la obligación de integrar los aspectos de sostenibilidad a largo plazo en su estrategia empresarial con objetivos de sostenibilidad más allá de la actual primacía del valor de los accionistas, y de divulgar la información adecuada, teniendo en cuenta al mismo tiempo la política de competencia y los intereses legítimos de protección de los conocimientos empresariales internos; destaca que el desarrollo de estas estrategias debe basarse en normas internacionales en materia social, medioambiental y de derechos humanos, e incluir un proceso de consultas con las comunidades locales cuando proceda; señala que una composición equilibrada de los grupos consultivos internos (GCI) y las lecciones aprendidas de su experiencia como diálogo estructurado inclusivo podrían utilizarse como un modelo para las estructuras empresariales de la Unión que tenga en cuenta a la sociedad civil; observa que adaptaciones en la composición de un consejo de administración, como por ejemplo mediante el nombramiento de un miembro con conocimiento de la gobernanza empresarial sostenible, podrían aumentar el nivel de cumplimiento de estas obligaciones; considera que la cuestión del alcance de la aplicabilidad de dichas medidas debe determinarse en función del riesgo potencial de perjuicio; señala que todos los esfuerzos deben estar en consonancia con el principio de proporcionalidad;

8. Pide a la Comisión que revise el impacto de las obligaciones de gobernanza empresarial sostenible en las instituciones financieras que ofrecen financiación comercial;

9. Subraya que el requisito de divulgar información sobre la forma en que los aspectos medioambientales, sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos y el soborno y la corrupción afectan a la empresa, así como su impacto en la sociedad y el medio ambiente (la denominada norma de «doble materialidad»), debe abarcar toda la información pertinente sobre la cadena de suministro; observa que la divulgación de esta información debe ser conforme con las normas establecidas en la Directiva sobre divulgación de información no financiera; subraya que todo nuevo requisito de la Unión debe ajustarse a las diversas normas internacionales de información, como la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, el Consejo de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad y el Consejo Internacional sobre la presentación de informes integrados, a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las empresas europeas; señala la importancia de proporcionar directrices e indicaciones exhaustivas sobre qué información en relación con las cadenas de valor debe compartirse;

10. Destaca la importancia de la nueva normativa taxonómica y su significación para las cadenas de suministro; hace hincapié en que la lucha contra la elusión fiscal es parte fundamental de una gobernanza empresarial sostenible;

11. Toma nota de la propuesta de la Comisión de elaborar legislación sobre gobernanza empresarial sostenible y diligencia debida sobre la base de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de diligencia debida sobre conducta responsable de las empresas, las normas establecidas en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de implantar sistemas de certificación a escala de la Unión para las cadenas de suministro como iniciativa complementaria a su propuesta legislativa sobre diligencia debida; pide a la Comisión que evalúe qué legislación existente podría actualizarse o racionalizarse;

12. Subraya que la gobernanza empresarial sostenible no debe entenderse en sentido estricto como una mera legislación de diligencia debida, sino que también la política comercial desempeña un papel fundamental en la combinación inteligente de medidas que fomentan el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y mitigan los daños medioambientales; destaca la importancia de la coherencia entre las estructuras de gobernanza empresarial de las empresas de la Unión y los esfuerzos de la Unión en el diálogo con terceros países sobre conducta empresarial responsable a través de capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio; hace hincapié en que la gobernanza empresarial sostenible y la diligencia debida de las empresas deben tenerse en cuenta en la revisión en curso de la política comercial.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

27.10.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

3

6

Miembros presentes en la votación final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Suplentes presentes en la votación final

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

34

+

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

3

-

ID

Herve Juvin, Maximilian Krah

PPE

Jörgen Warborn

 

6

0

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Jean‑Lin Lacapelle

PPE

Enikő Győri

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 


 

 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (29.10.2020)

<CommissionInt>para la Comisión de Asuntos Jurídicos</CommissionInt>


<Titre>sobre la gobernanza empresarial sostenible</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>

Ponente de opinión: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 


 

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Acuerdo de París tiene por objeto mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales;

B. Considerando que la COVID-19 ha puesto de manifiesto las profundas interconexiones entre la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente; que el desarrollo sostenible no debe limitarse solo a la protección del medio ambiente y del clima, sino que también debe perseguir la garantía del nivel más alto de protección y desarrollo de las personas, los seres vivos y los ecosistemas; que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abordan múltiples cuestiones transversales, entre ellas el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todas las personas; que la gobernanza empresarial sostenible tiene un gran potencial para garantizar que las empresas contribuyan a la realización de todos estos objetivos;

C. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores enunciados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que su política de medio ambiente se basa en el principio de cautela enunciado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

D. Considerando que la rápida evolución de la economía mundial necesita un modelo de gobernanza empresarial que haga frente a los retos más acuciantes, desde el cambio climático, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales hasta las crecientes desigualdades mundiales; que la Unión y el conjunto de la humanidad superan actualmente cuatro de los nueve límites planetarios;

E. Considerando que la creciente competencia mundial por el acceso a los recursos naturales a menudo da lugar a una explotación insostenible del medio natural y humano por parte de las empresas;

F. Considerando que la gobernanza empresarial tiene un papel decisivo para el cumplimiento de los compromisos de la Unión de realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

G. Considerando que el cambio climático plantea graves riesgos para la seguridad alimentaria, en particular para la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización de los alimentos y para la estabilidad de los sistemas alimentarios; que las agricultoras representan actualmente entre el 45 % y el 80 % de la producción alimentaria en los países en desarrollo y se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático y la degradación del medio ambiente;

H. Considerando que la deforestación es responsable por término medio del 20 % de las emisiones de dióxido de carbono que son consecuencia de la actividad humana; que la deforestación en Brasil y la sobreexplotación de las zonas de alta mar son dos importantes recordatorios de que necesitamos con carácter urgente una mejor gobernanza sostenible del medio ambiente a nivel mundial;

I. Considerando que cada vez son más los países y los poderes públicos que conceden un estatuto jurídico a los ecosistemas; que el Ecuador ha consagrado los derechos de la naturaleza en su Constitución, reconociendo con ello el derecho inalienable de los ecosistemas a existir y prosperar, y ha consagrado el derecho de las personas, los pueblos, las comunidades e incluso otras naciones a exigir que se observen los derechos de la naturaleza y se apliquen medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

J. Considerando que el Convenio de Aarhus establece una serie de derechos medioambientales de los ciudadanos y sus asociaciones, en particular el derecho de acceso a la información medioambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones en materia de medio ambiente y el acceso a la justicia en este ámbito;

K. Considerando que en 2017 el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas determinó que la Unión había violado el Convenio de Aarhus por no permitir que los ciudadanos impugnaran las decisiones de las instituciones de la Unión ante los tribunales de esta;

L. Considerando que la Comisión Europea ha elevado el nivel de ambición para el período 2019-2024 al establecer una agenda para un Pacto Verde Europeo y declarar que «Europa debe liderar la transición hacia un planeta sano»;

1. Considera que la gobernanza empresarial sostenible es fundamental para la orientación a largo plazo de las empresas con el fin de adaptar sus actividades a la consecución de los objetivos medioambientales generales de la Unión establecidos en el Pacto Verde Europeo, así como al compromiso de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que avanza hacia el logro del objetivo de neutralidad climática para 2050; subraya que todos los sectores deben contribuir a alcanzar este objetivo;

2. Expresa su preocupación por el hecho de que algunos acuerdos internacionales de inversión, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, sitúen los intereses financieros de las empresas multinacionales por encima de las prioridades ambientales y climáticas; insta a la Comisión a que actúe rápidamente para garantizar que los acuerdos de inversión comercial vigentes y futuros sean plenamente coherentes con los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente y clima y a que en la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera presente propuestas encaminadas a contrarrestar el acaparamiento de tierras y la deforestación por parte de las empresas;

3. Destaca que la transición ecológica y la creciente digitalización tendrán hondas repercusiones en la mano de obra; considera, por tanto, que toda gobernanza empresarial sostenible debe reconocer y garantizar de manera efectiva el derecho del personal a la formación profesional continua y a la educación permanente durante su jornada de trabajo;

4. Asimismo, estima que el enfoque actual de contar con directrices de la Comisión sobre la presentación de informes no financieros por parte de las empresas es insuficiente por sí solo para lograr el resultado deseado de una información comparable, fiable y coherente por parte de las empresas;

5. Pide, a este respecto, la adopción de normas de la Unión con requisitos bien definidos en términos de contenido y accesibilidad de la información no financiera, que deben aplicarse al menos a todas las grandes empresas cotizadas y no cotizadas que operen en la Unión; señala que las nuevas normas europeas han de basarse en una evaluación de impacto y adaptarse a las capacidades de las pymes; pide, además, que se adopten mecanismos específicos para las pymes para fomentar y garantizar la aplicación de dichas normas, entre otros medios, con instrumentos de asistencia lingüística, para facilitar su acceso a plataformas en línea;

6. Pide a la Comisión que se comprometa a elaborar dichas normas durante la próxima revisión de la Directiva sobre la divulgación de información no financiera; considera que estas normas no deben suponer una carga excesiva para las pymes;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se adhieran a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los promuevan, así como la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, con el fin de prevenir, reducir y subsanar los daños al medio ambiente y a la biodiversidad, teniendo en cuenta las obligaciones y los compromisos de garantizar un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible;

8. Considera que el marco de la Unión debe prestar ayuda, en particular a las pymes, velando por que la información sea clara, equilibrada, comprensible y comparable entre las empresas de un sector;

9. Considera, además, que la coherencia de la legislación de la Unión en materia de gobernanza empresarial sostenible debe lograrse no solo mediante la obligación de informar, sino también mediante la introducción de obligaciones concretas, proporcionadas y exigibles y de objetivos cuantificados, sobre la base de una evaluación de impacto; pide a la Comisión que vele por que la revisión de la Directiva sobre la divulgación de información no financiera sea plenamente coherente con el Reglamento de la Unión por el que se establece una taxonomía de actividades sostenibles y que defina las normas mínimas que deben aplicarse a las empresas de manera obligatoria y vinculante; considera, además, que también deben introducirse incentivos sobre la manera de aplicar estas medidas, en particular para las empresas más pequeñas;

10. Considera que las estrategias de las empresas en materia de sostenibilidad deben dar prioridad a los intereses a largo plazo, a fin de facilitar un cambio obligatorio que implique el abandono de las inversiones y prácticas empresariales insostenibles y el avance hacia operaciones más sostenibles que promuevan objetivos ambientales y climáticos como, por ejemplo, la producción de energía renovable, la reducción de residuos y la promoción de una economía verdaderamente circular;

11. Recuerda que el carácter sostenible de las empresas depende de si su gestión cumple plenamente sus obligaciones medioambientales y sociales; subraya que se necesitan servicios de inspección sólidos e independientes para garantizar el pleno respeto de tales obligaciones;

12. Solicita, a este respecto, la adopción de un marco legislativo de la Unión que obligue a las empresas a establecer, aplicar, evaluar y actualizar periódicamente una estrategia de sostenibilidad corporativa concertada con todas las partes interesadas pertinentes; opina que esta estrategia debe abordar, en particular, los impactos medioambientales de las empresas, como la pérdida de biodiversidad y la deforestación, así como la planificación a medio y largo plazo para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050;

13. Reconoce que si bien las mujeres son vulnerables a los efectos del cambio climático, también son eficaces agentes del cambio en lo que respecta a la mitigación y la adaptación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la incorporación de la perspectiva de género en sus análisis ambientales, en la formulación de sus políticas, en sus planes de acción y en cualquier otra medida aplicable al desarrollo sostenible y al cambio climático, con vistas a que se dedique una mayor atención a las perspectivas de género.

 


 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

29.10.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

66

11

3

Miembros presentes en la votación final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und Hohenstein

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Verts/ALE

Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI

Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

 

11

-

PPE

Jessica Polfjärd

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR

Rob Rooken

 

3

0

PPE

Pernille Weiss

RENEW

Linea Søgaard-Lidell

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

16.11.2020

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

13

5

0

Miembros presentes en la votación final

Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Suplentes presentes en la votación final

Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Daniel Buda, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sabrina Pignedoli

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Daniel Freund

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

13

+

PPE

Geoffroy Didier

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

5

-

PPE

Esteban González Pons, Axel Voss

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki

 

0

0

 

 

 

Explicación de los signos utilizados:

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

[9] DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.

[10] DO L 182 de 29.6.2013, p. 19

[11] DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.

[12] DO L 157 de 15.6.2016, p. 1.

[13] DO L 132 de 20.5.2017, p. 1

[14] DO L 305 de 26.11.2019, p. 17

[15] DO L 317 de 9.12.2019, p. 1.

[16] DO L 198 de 22.6.2020, p. 13

[17] DO C 215, 5.7.2017, p. 1.

[18] DO C 209, 20.6.2019, p. 1.

[24] DO L 158 de 27.5.2014, p. 196.

[25] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (COM(2012)0614).

[26] DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

[27] DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

[28] DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.

[29] http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response.

[30] Informe de 2019 de la Alianza para la Investigación sobre la Transparencia de las Empresas: Análisis de los informes de sostenibilidad de 1000 empresas con arreglo a la Directiva de la UE sobre divulgación de información no financiera, p. 6, disponible en http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf.

Última actualización: 11 de diciembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad