Procedimiento : 2020/2122(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0256/2021

Textos presentados :

A9-0256/2021

Debates :

PV 06/10/2021 - 13
CRE 06/10/2021 - 13

Votaciones :

PV 07/10/2021 - 2
PV 07/10/2021 - 8

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0415

<Date>{26/07/2021}26.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0256/2021</NoDocSe>
PDF 230kWORD 76k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre la unión bancaria – Informe anual 2020</Titre>

<DocRef>(2020/2122(INI))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios</Commission>

Ponente: <Depute>Danuta Maria Hübner</Depute>

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

 



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la unión bancaria – Informe anual 2020

(2020/2122(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la unión bancaria – Informe anual 2019[1],

 Vistas las aportaciones de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) sobre la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la unión bancaria – Informe anual 2019,

 Visto el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2020, de 23 de marzo de 2021[2],

 Visto el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2019, de 19 de marzo de 2020[3],

 Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión[4],

 Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros[5],

 Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas[6],

 Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre una mayor relevancia internacional del euro[7],

 Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el Banco Central Europeo - Informe Anual 2020[8],

 Visto el informe del Grupo de Trabajo de Alto Nivel del Eurosistema sobre una Moneda Digital de Banco Central, de octubre de 2020, sobre un euro digital[9],

 Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera, de 9 de octubre de 2020, titulado «The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions – Market developments and financial stability implications» (Uso de tecnología de supervisión y regulatoria por autoridades e instituciones reguladas - evolución del mercado y consecuencias para la estabilidad financiera)[10],

 Vista la carta de la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente del Eurogrupo, de 22 de julio de 2020,

 Vista la respuesta del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) / Supervisión Bancaria Europea, de agosto de 2020, a la consulta pública de la Comisión Europea sobre una nueva estrategia de finanzas digitales para Europa / Plan de acción en materia de tecnología financiera[11],

 Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea»,

 Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (COM(2015)0586),

 Visto el Acuerdo marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

 Vista la Recomendación del BCE, de 15 de diciembre de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la pandemia de COVID-19[12],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, titulada «Afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19» (COM(2020)0822),

 Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de octubre de 2020, titulado «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020» (Seguimiento del riesgo de intermediación financiera no bancaria en la UE 2020)[13],

 Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de diciembre de 2020, titulado «Risk Assessment of the European Banking System» (Evaluación de riesgos del sistema bancario europeo)[14],

 Visto el estudio titulado «Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech» (Entornos de pruebas normativos y polos de innovación), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores[15] en septiembre de 2020,

 Vista la declaración acordada por el Eurogrupo en su reunión de 30 de noviembre de 2020,

 Vistas las declaraciones acordadas por la Cumbre del Euro en sus reuniones de 30 de noviembre y 11 de diciembre de 2020,

 Vista la declaración de la Cumbre del Euro en composición ampliada, de 11 de diciembre de 2020, sobre la reforma del MEDE y el adelanto de la introducción del mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución,

 Visto el cuadro trimestral de riesgos relativo al cuarto trimestre de 2020, publicado por la ABE[16],

 Vista la revisión de estabilidad financiera del BCE, de noviembre de 2020,

 Visto el informe de seguimiento, de noviembre de 2020, de los indicadores de reducción de riesgo, elaborado conjuntamente por los servicios de la Comisión Europea, el BCE y la Junta Única de Resolución (JUR)[17],

 Visto el informe del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, de marzo de 2021, sobre los riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero de la UE[18],

 Visto el Informe Económico Anual de 2020 del Banco de Pagos Internacionales,

 Visto el proyecto de memorando de entendimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido por el que se establece un marco para la cooperación en materia de regulación de los servicios financieros,

 Vistos el briefing de enero de 2021, titulado «Review of the bank crisis management and deposit insurance frameworks» (Revisión de los marcos de gestión de crisis bancarias y seguro de depósitos), la nota «De un vistazo», de enero de 2021, titulada «Banking Union: Postponed Basel III reforms» (Unión bancaria: aplazamiento de las reformas de Basilea III), y el análisis en profundidad, de octubre de 2020, titulado «European Parliament’s Banking Union reports in 2015-2019» (Informes del Parlamento Europeo sobre la unión bancaria en el período 2015-2019), publicados por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica de su Dirección General de Políticas Interiores,

 Vista la consulta de la Comisión sobre la revisión del marco de gestión de crisis y seguro de depósitos[19],

 Visto el informe de la JUR, de marzo de 2020, titulado «Expectations for banks» (Expectativas para los bancos)[20],

 Visto el documento del BCE n.º 251 de su Occasional Paper Series titulado «Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision across jurisdictions» (Liquidez en caso de resolución: comparación de los marcos que regulan la inyección de liquidez en diferentes territorios)[21],

 Visto el informe de situación de la Presidencia alemana, de 23 de noviembre de 2020, sobre el fortalecimiento de la unión bancaria[22],

 Visto el informe de situación de la Presidencia croata, de 29 de mayo de 2020, sobre el fortalecimiento de la unión bancaria[23],

 Visto el discurso de la presidenta de la JUR, Elke König, de enero de 2021, titulado «The crisis management framework for banks in the EU: what can be done with small and medium-sized banks?» (El marco de gestión de crisis para los bancos en la UE: ¿qué puede hacerse con los bancos de pequeño y mediano tamaño?)[24],

 Visto el informe final del Consejo de Estabilidad Financiera, de 1 de abril de 2021, sobre la evaluación de los efectos de las reformas demasiado grandes para quebrar[25],

 Visto el artículo en el blog redactado por la presidenta de la JUR, Elke König, sobre el enfoque de la JUR acerca de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19[26], así como su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 27 de octubre de 2020[27],

 Visto el artículo de Andrea Enria en el blog de supervisión, de 9 de octubre de 2020, titulado «Fostering the cross-border integration of banking groups in the banking union» (Fomentar la integración transfronteriza de grupos bancarios en la unión bancaria)[28],

 Visto el informe de la ABE sobre los enfoques de las autoridades competentes respecto de la supervisión bancaria en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo[29],

 Visto el Plan de acción de la Comisión para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, publicado el 7 de mayo de 2020,

 Visto el informe de la ABE sobre el futuro marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE[30],

 Visto el artículo en el blog Bruegel, de 7 de diciembre de 2020, titulado «Can the gap in the Europe’s internal market for banking services be bridged?» (¿Puede colmarse la brecha en el mercado interior europeo de servicios bancarios?)[31],

 Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) titulado «Planificación de resoluciones en el marco del Mecanismo Único de Resolución», publicado el 14 de enero de 2021,

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0256/2021),

A. Considerando que, en general, el sector bancario ha respondido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 con resiliencia, basada en la revisión normativa adoptada desde la crisis financiera mundial, facilitada por el código normativo único y el marco único de supervisión en la unión bancaria y respaldada por medidas extraordinarias de ayuda de las políticas públicas y prácticas de conservación de capital;

B. Considerando que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que un sistema bancario fuerte, junto con unos mercados de capitales integrados, es fundamental para la recuperación de la economía europea;

C. Considerando que la unión bancaria, compuesta por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), garantiza una plena coherencia entre supervisión y gestión de las crisis bancarias;

D. Considerando que una unión económica y monetaria más estable, competitiva y convergente requiere una unión bancaria sólida con un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (SESD) y una unión de los mercados de capitales (UMC) más desarrollada y segura, lo que también contribuiría a mejorar la percepción internacional del euro y a conferirle mayor relevancia en los mercados internacionales;

E. Considerando que la unión bancaria está abierta a todos los Estados miembros de la Unión; que Bulgaria y Croacia se han adherido al mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC) II y han entrado en la unión bancaria;

F. Considerando que la realización de la unión bancaria más allá de sus dos pilares existentes, en particular el establecimiento de un SESD, sigue siendo una prioridad; que reformas específicas en materia de resolución y de seguro de depósitos deben reforzar aún más la solidez del sector bancario y salvaguardar la estabilidad financiera global;

G. Considerando que tanto el BCE como la JUR han pedido la rápida realización de la unión bancaria, en particular mediante el establecimiento del SESD;

H. Considerando que el mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución (FUR) se habrá introducido para 2022, dos años antes de lo previsto, y proporcionará una red de seguridad común a todo el sistema para los bancos en proceso de resolución;

I. Considerando que, antes de la crisis provocada por la COVID-19, el sector bancario de la Unión se caracterizaba por deficiencias estructurales, que se manifestaban en una baja rentabilidad, una mala relación coste-eficacia, bajos tipos de interés, exceso de capacidad e incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad de los modelos de negocio; que algunos problemas siguen sin abordarse de manera suficiente;

J. Considerando que, pese a que los préstamos dudosos han disminuido en general durante los últimos años, es necesario redoblar los esfuerzos para reducir los elevados niveles de préstamos dudosos que aún se dan en algunas entidades financieras;

K. Considerando que las deficiencias detectadas durante la crisis provocada por la COVID-19 deben tenerse en cuenta a la hora de revisar el marco de gestión de crisis y de seguro de depósitos y de seguir integrando el sector bancario; que la asimilación de las lecciones aprendidas durante la pandemia podría allanar el camino hacia una mejor rentabilidad y modelos de negocio más sostenibles;

L. Considerando que sigue existiendo el vínculo entre bancos y deuda soberana y que el marco regulador de la Unión sobre el tratamiento prudencial de la deuda soberana debe ser coherente con la normativa internacional; que el nivel de exposición a la deuda soberana ha ido en aumento en algunos bancos; que persisten una serie de opciones y facultades nacionales en el marco legislativo prudencial, lo que socava la dimensión europea de la unión bancaria;

M. Considerando que el cambio climático, la degradación del medio ambiente y la transición a una economía hipocarbónica son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la sostenibilidad de los balances de los bancos, como fuentes de riesgos que podrían afectar a las inversiones en todas las regiones y sectores; que los modelos de riesgo sofisticados ya deberían detectar muchos de los riesgos asociados al cambio climático;

N. Considerando que el BCE ha constatado, en el marco de su proyecto de revisión específica de modelos internos, que las entidades supervisadas pueden seguir utilizando modelos internos, sujetos a medidas de supervisión;

O. Considerando que el impulso de transformación tecnológica se ha acelerado, lo que ha aumentado la eficiencia de los bancos y su ambición en materia de innovación, al tiempo que los expone a los nuevos riesgos y retos del mundo de las finanzas digitales, la ciberseguridad, los riesgos para la reputación, la privacidad de los datos, los riesgos de blanqueo de capitales y la protección de los consumidores;

P. Considerando que la protección de los consumidores y los inversores es fundamental para la profundización de la unión de los mercados de capitales y que son necesarias normas estrictas en materia de protección de los consumidores en la Unión que proporcionen una sólida base de referencia mínima; que las normas nacionales por las que se aplican los requisitos europeos de protección de los consumidores varían dentro de la unión bancaria, lo que indica que es necesaria una armonización; que la unión bancaria sigue careciendo de herramientas eficaces para abordar los problemas a que se enfrentan los consumidores, como la complejidad artificial, las prácticas comerciales desleales, la exclusión de grupos vulnerables del uso de servicios básicos y la limitada participación de las autoridades públicas;

Q. Considerando que es prioritario un mayor refuerzo y armonización en la Unión de la supervisión y ejecución prudenciales y en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, lo que es necesario para proteger la integridad del sistema financiero de la Unión;

R. Considerando que unas normas y principios mundiales sólidos son importantes para la regulación prudencial de los bancos; que las normas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) deben incorporarse a la legislación europea de manera oportuna y teniendo debidamente en cuenta sus objetivos, así como las características específicas del sistema bancario europeo y el principio de proporcionalidad, cuando proceda;

S. Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ha dado lugar a la reubicación de algunos servicios bancarios en la Unión; que el MUS ha desempeñado un papel crucial de dirección y supervisión a través de sus orientaciones de preparación sistemática y la coordinación con bancos importantes en lo que respecta a sus modelos operativos; que la evaluación completa de la eficacia de la preparación del sector bancario frente a la nueva realidad ofrecerá unas conclusiones claras a medio y largo plazo;

T. Considerando que la Unión Europea y el Reino Unido se han comprometido en la actualidad a mantener una cooperación en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios financieros; que este enfoque cooperativo debe sustentar las relaciones a largo plazo entre la Unión y el Reino Unido;

U. Considerando que el actual marco de gestión de crisis no garantiza un enfoque coherente en el tratamiento de los problemas de los bancos en dificultades entre los diferentes Estados miembros, debido, entre otras cosas, a la divergente interpretación de la evaluación del interés público por parte de la JUR y las autoridades nacionales de resolución, a la disponibilidad, en el marco de los procedimientos nacionales de insolvencia, de instrumentos similares a los instrumentos de resolución de la Directiva sobre recuperación y resolución bancarias[32] y del Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución[33] y al desajuste de los incentivos a la hora de elegir una solución para hacer frente a la quiebra de un banco como resultado de las diferentes condiciones de acceso a las fuentes de financiación disponibles en caso de resolución y de insolvencia;

V. Considerando que el marco de gestión de crisis y de seguro de depósitos debe garantizar un enfoque coherente y eficiente con respecto a todos los bancos, independientemente de su tamaño o modelo de negocio, así como contribuir a preservar la estabilidad financiera, minimizar el uso del dinero de los contribuyentes y garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión, teniendo debidamente en cuenta al mismo tiempo el principio de subsidiariedad;

W. Considerando que las normas de supervisión y resolución, así como el fondo de resolución, se han centralizado, pero que los sistemas de seguro de depósitos siguen siendo nacionales y difieren entre los Estados miembros; que las disposiciones establecidas en la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos[34] prevén un nivel mínimo de protección para los depositantes; que, sin embargo, los depositantes de toda la unión bancaria deben gozar del mismo nivel de protección gracias al establecimiento del SESD;

Consideraciones generales

1. Celebra la entrada de Bulgaria y Croacia en la unión bancaria, así como la inclusión de la leva búlgara y la kuna croata en el MTC II; toma nota de las decisiones del BCE de establecer una estrecha cooperación con el Banco Nacional de Bulgaria y el Banco Nacional de Croacia; destaca que el Banco Nacional de Bulgaria y el Banco Nacional de Croacia están debidamente representados en el Consejo de Supervisión del BCE y en la sesión plenaria y las sesiones ejecutivas ampliadas de la JUR, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los miembros, incluidos los derechos de voto;

2. Destaca que la participación en el MTC y en la unión bancaria está indisolublemente ligada a las respectivas normas y legislación de la Unión; anima, asimismo, a Bulgaria y a Croacia a que realicen progresos significativos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera; recuerda que, antes de la adopción de la moneda común, debe llevarse a cabo una evaluación exhaustiva del sector bancario, incluidas las entidades menos significativas;

3. Acoge con satisfacción los debates mantenidos en Dinamarca y Suecia sobre la posibilidad de entrar en la unión bancaria y destaca que la cooperación entre los supervisores nacionales es de máxima importancia, en particular en relación con las actividades transfronterizas; subraya la importancia de preservar los modelos de negocio ya existentes y que funcionan bien con respecto a la estabilidad financiera;

4. Recuerda que la unión bancaria ha aportado el marco institucional necesario para una mayor integración del mercado, a través del MUS y del MUR, si bien sigue pendiente el SESD, tercer pilar de la unión bancaria; acoge con satisfacción la posible revisión del marco de resolución y apoya la actual reflexión sobre una mayor armonización específica de la legislación en materia de insolvencia, con vistas a aumentar la eficacia y la coherencia de la gestión de crisis bancarias en la Unión, así como la realización del tercer pilar de la unión bancaria mediante un sistema de seguro de depósitos destinado a mejorar el nivel de protección de los depósitos, al tiempo que se minimiza el riesgo moral, se reduce el vínculo entre los bancos y la deuda soberana y se garantiza la misma protección a todos los depositantes en la unión bancaria;

5. Toma nota de la declaración de la Cumbre del Euro celebrada el 11 de diciembre de 2020, que invita al Eurogrupo a «elaborar, de forma consensuada, un plan de trabajo por etapas y acotado en el tiempo en relación con todos los elementos pendientes necesarios para completar la unión bancaria»; lamenta que los Estados miembros sigan actuando fuera del marco comunitario, lo que debilita la función del Parlamento como colegislador; solicita que se le informe de los debates en curso en el Eurogrupo y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el SESD; reitera su petición de reforzar la cooperación con el presidente del Eurogrupo, en particular aumentando la frecuencia de los diálogos económicos con el presidente del Eurogrupo para reflejar el modelo y la regularidad de los diálogos monetarios;

6. Considera que los bancos han sido capaces de responder a la crisis actual con más resiliencia ya que estaban mejor capitalizados y menos apalancados que hace una década, lo que ha demostrado los efectos positivos del marco institucional establecido y de las reformas normativas adoptadas a raíz de la crisis financiera de 2008; opina, sin embargo, que el sector bancario se caracteriza por ciertas deficiencias estructurales, que pueden verse aún más agravadas por la crisis actual; manifiesta, en particular, su preocupación por los elevados niveles de exposiciones dudosas preexistentes que muchas entidades ya tenían antes de la pandemia; señala que el volumen de préstamos dudosos ha disminuido considerablemente desde la creación de la unión bancaria y que la tendencia a la baja de los préstamos dudosos continuó en 2020, pese a la crisis de la COVID-19; considera que el deterioro de la calidad de los activos de los bancos puede afectar a la ya moderada rentabilidad, lo que podría dar lugar a casos de insolvencia en bancos muy expuestos a los sectores económicos más afectados;

7. Observa que la culminación de la unión bancaria y la profundización de la unión de los mercados de capitales ofrecerán mejores condiciones para la financiación de la economía europea, tanto para los hogares como para las empresas, que siguen dependiendo en gran medida del crédito bancario para fomentar las inversiones y la creación de empleo, potenciarán la competitividad de los mercados europeos y promoverán la inversión privada sostenible; destaca el efecto estabilizador de los bancos de pequeño y mediano tamaño para la economía de la Unión en tiempos de crisis; considera necesario adoptar un enfoque proporcional en la evolución normativa para completar la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales;

8. Observa que una unión bancaria completa, junto con una unión de los mercados de capitales plenamente integrada y sólida, contribuiría a aumentar la resiliencia de la economía europea, apoyaría el funcionamiento de la unión económica y monetaria y conferiría mayor relevancia internacional al euro; destaca la importancia de contar con unas condiciones de competencia equitativas que eviten que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se encuentren en situación de desventaja por lo que respecta al acceso a la financiación, así como la necesidad de supervisar atentamente la emisión de productos titulizados; considera que no debe recaer sobre los bancos toda la carga de la recuperación de la crisis, sino que debe promoverse una unión de los mercados de capitales fuerte que contribuya a la reactivación y recuperación resiliente de la economía europea; cree que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia puede impulsar la culminación de la unión bancaria, en vista del papel fundamental del sector bancario para facilitar el acceso al crédito y canalizar los fondos disponibles hacia la economía real, en particular hacia inversiones sostenibles y socialmente responsables; subraya el papel de la financiación y las inversiones privadas, junto con las públicas, a la hora de apoyar la transición climática, tal como se establece en el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; solicita a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para conseguir una mejor armonización de la actividad de los mercados financieros con los objetivos de sostenibilidad y los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, incluida una propuesta legislativa sobre el desarrollo de calificaciones de sostenibilidad basadas en dichos criterios; pide a la Comisión que prosiga su labor en el ámbito de las finanzas sostenibles mediante la adopción de los restantes actos delegados en virtud del Reglamento sobre la taxonomía de la Unión[35] y del Reglamento sobre la divulgación de información[36], así como a través de la aplicación, entre otras cosas, de una metodología sólida en relación con el principio de «no causar un perjuicio significativo»;

9. Estima que, si bien la buena relación entre el MUS y la JUR ha sido fundamental desde el inicio del sistema, un enfoque reforzado de la cooperación entre los dos pilares reviste una especial importancia en el contexto actual para garantizar que se adopten medidas apropiadas y oportunas;

10. Subraya la contribución vital para hacer frente a la crisis de las medidas de carácter temporal, tales como los sistemas de garantía públicos, las moratorias en los reembolsos de préstamos a prestatarios con dificultades financieras, los programas de liquidez de los bancos centrales y las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico del BCE (TLTRO), el programa de compras de activos (APP) y el programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP); insiste en que estas medidas extraordinarias deben ir acompañadas de medidas para mitigar las distorsiones en los mercados y la economía; destaca asimismo la importancia de la flexibilidad ampliada por los reguladores a los bancos para que estos puedan operar por debajo de la recomendación de pilar II (P2G) y con requisitos de capital reducidos;

11. Destaca la naturaleza excepcional de una pandemia y el carácter temporal de las medidas de ayuda adoptadas como medidas de contención para limitar los daños económicos; señala que las medidas de apoyo económico deben seguir ajustándose a las circunstancias económicas actuales y previstas; pide un cambio bien orquestado, gradual y específico pasa pasar de las ayudas concedidas como consecuencia de la pandemia a instrumentos de apoyo a la recuperación, incluidas reformas en los Estados miembros a través de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, dado que la retirada prematura o no coordinada de las medidas temporales podría hacer que surgieran de nuevo las deficiencias y vulnerabilidades del sector bancario previas a la crisis, incluido el incremento de la exposición de los bancos al riesgo de crédito, lo que podría afectar a su posición de capital y llegar a hacer peligrar el crecimiento y los resultados de la recuperación;

12. Acoge con satisfacción las cambios específicos en el Reglamento sobre requisitos de capital que introduce la «solución rápida del RRC» con el fin de apoyar la capacidad de préstamo de los bancos a los hogares y las empresas[37], lo que mitiga el impacto económico de la pandemia de COVID-19 y garantiza que el marco normativo interactúe sin problemas con otras medidas adoptadas para hacer frente a la crisis;

13. Observa que en diciembre de 2020 el MUS emitió un comunicado por el que modificaba su recomendación previa sobre el pago de dividendos y la recompra de acciones, recomendaba que los bancos que tengan intención de repartir dividendos o recomprar acciones deben ser rentables y presentar trayectorias de capital sólidas; pide al MUS que facilite una estimación de los repartos (dividendos y recompras de acciones) y de la remuneración variable efectuados en el primer y segundo trimestre de 2021 por las entidades bancarias en su ámbito de competencias, y que evalúe su impacto en la posición de capital de los bancos tras dicha estimación; pide al MUS que valore si las restricciones actualmente en vigor sobre los repartos hasta después de septiembre de 2021 pueden ser un instrumento útil, siempre que sigan existiendo incertidumbres fundamentales sobre la recuperación económica y la calidad de los activos bancarios; pide a la Comisión que estudie un instrumento jurídicamente vinculante de dividendos y recompra de acciones como herramienta de supervisión en momentos de crisis;

14. Invita a la Comisión y a las autoridades europeas de supervisión (AES) a prepararse para el deterioro previsto en la calidad de los activos de los bancos; acoge con satisfacción el primer informe conjunto sobre riesgos de las AES, de marzo de 2021, con la recomendación a los bancos de prepararse mediante la adaptación de los modelos de provisión al objeto de garantizar el reconocimiento oportuno de los niveles adecuados de provisión, adoptando prácticas de concesión de préstamos seguras y una valoración adecuada de los riesgos, teniendo presente que las medidas de apoyo público, como las moratorias en los reembolsos de préstamos y los sistemas de garantía públicos, expirarán, y de seguir políticas conservadoras sobre los repartos de dividendos y recompras de acciones; toma nota asimismo de la advertencia de las AES a las entidades financieras de que sigan desarrollando nuevas medidas para incorporar un entorno de tipos de interés bajos durante mucho tiempo;

15. Observa con preocupación la aplicación heterogénea de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 en relación con las provisiones para pérdidas por parte de las entidades, que se puso de manifiesto durante la pandemia de COVID-19; insta al MUS a que adopte medidas para garantizar la aplicación coherente de las normas de información en las entidades de la unión bancaria;

16. Considera que una unión bancaria integrada depende del buen funcionamiento del mercado único para los servicios financieros al por menor; solicita a la Comisión que evalúe los obstáculos y las barreras que se plantean para los consumidores cuando hacen uso de productos bancarios al por menor como créditos hipotecarios de manera transfronteriza y que proponga soluciones para garantizar que los consumidores pueden beneficiarse de servicios financieros al por menor de manera transfronteriza; señala, asimismo, la gran discrepancia en los tipos de interés de las hipotecas en toda la Unión;

17. Acoge con satisfacción la aceleración del ritmo de la digitalización en el sector bancario, lo que permite a los bancos prestar un mejor servicio a los clientes de forma remota y ofrecer nuevos productos y oportunidades para un aumento de la rentabilidad; hace hincapié, a este respecto, en que la digitalización en el sector bancario debe llevarse a cabo con el pleno respeto de los derechos de los consumidores y debe preservar la inclusión financiera, en especial para los grupos vulnerables con bajos niveles de alfabetización digital o financiera; subraya que la digitalización requiere inversiones considerables en sistemas informáticos, I+D y nuevos modelos operativos, que pueden exponer a los bancos a una rentabilidad menor a corto plazo; apoya firmemente la nueva Estrategia de Finanzas Digitales de la Comisión y acoge con satisfacción el paquete de finanzas digitales iniciado por la Comisión en 2020, que facilitarán la expansión transfronteriza de las tecnologías innovadoras garantizando al mismo tiempo la resiliencia del sector financiero; aguarda con interés el ulterior desarrollo de las propuestas de un reglamento y una directiva sobre la resiliencia operativa digital para el sector financiero (DORA), que garantizarán que las entidades financieras establezcan salvaguardias adecuadas para mitigar las repercusiones de los incidentes relacionados con las TIC; opina que su aplicación satisfactoria se verá beneficiada por inversiones públicas y privadas significativas y por la cooperación en innovación hacia unos sistemas más seguros y resilientes; estima que la digitalización del sector bancario europeo es una oportunidad para que la Unión atraiga capital extranjero y compita en el mercado mundial; señala, a este respecto, la creciente interconexión entre bancos, criptoactivos y financiación digital;

18. Subraya la importancia de asegurar la neutralidad tecnológica en los enfoques regulatorios y de supervisión; destaca la necesidad de abordar los retos y las oportunidades que plantea el uso de nuevas tecnologías innovadoras en relación con la supervisión bancaria y la vigilancia de los sistemas de pago;

19. Acoge con satisfacción el trabajo del BCE sobre el euro digital, su informe en la materia y los resultados de su consulta pública; señala que, dependiendo de las características exactas del diseño de un euro digital, el impacto en el sector bancario podría ser significativo y afectar a ámbitos como los pagos, la capacidad de los bancos para realizar la transformación de los vencimientos y la capacidad de crédito y la rentabilidad totales; pide, por tanto, al BCE que siga analizando las consecuencias de una moneda digital para el sector bancario, además de sus posibles implicaciones para la estabilidad financiera; celebra el objetivo de que el euro digital funcione junto con el efectivo como medio de pago digital seguro y competitivo, y reconoce los posibles beneficios para los ciudadanos; respalda los esfuerzos del BCE para garantizar un elevado nivel de privacidad, protección de los datos, confidencialidad de los datos de pago, resiliencia cibernética y seguridad; toma nota del debate sobre una moneda digital y reconoce el valor añadido que una moneda digital puede aportar al fortalecimiento del papel internacional del euro;

20. Toma nota de que, en marzo de 2020, el Grupo de Gobernadores de los Bancos Centrales y Jefes de Supervisión revisó el calendario de aplicación de los aspectos finales del marco de Basilea III para aumentar la capacidad operativa de los bancos y supervisores a fin de responder a las consecuencias inmediatas de la pandemia de COVID-19; subraya la importancia de normas mundiales sólidas para la regulación bancaria y su aplicación coherente y oportuna; espera la próxima propuesta de la Comisión sobre la aplicación de las normas de Basilea III finalizadas; recuerda que la aplicación debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad y respetar, cuando proceda, las especificidades y la diversidad del sector bancario del sector bancario de la Unión, garantizando al mismo tiempo que el Reglamento sobre requisitos de capital sea conforme con las normas de Basilea; hace hincapié en que la revisión actual debe respetar el principio de no aumentar significativamente los requisitos globales de capital, consolidando al mismo tiempo la posición financiera general de los bancos europeos; recuerda su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III[38] e insta a la Comisión a que actúe sobre las recomendaciones que esta incluye al redactar las propuestas legislativas; pide a la Comisión que introduzca medidas destinadas a aumentar la concesión de préstamos de los bancos a la economía real, en especial a las pymes, y a financiar la recuperación, junto con la transición digital y ecológica en Europa; subraya que para defender su soberanía económica y autonomía estratégica, la Unión necesita bancos europeos competitivos que ofrezcan servicios de banca mayorista a empresas de todos los tamaños;

21. Destaca que existe un grado de interconexión significativo entre la intermediación financiera no bancaria y el sector bancario «tradicional», lo que plantea problemas de riesgo sistémico debido a que la primera no está sometida a una regulación y supervisión adecuadas; subraya que la reciente crisis por la pandemia demostró que el sector no bancario puede amplificar la volatilidad del mercado y las alteraciones de los precios, en particular cuando la liquidez del mercado se encuentra bajo presión; pide a la Comisión que evalúe si son necesarios instrumentos macroprudenciales adicionales, es decir, el desarrollo de herramientas de gestión de la liquidez ex ante y el análisis detallado de las medidas de apalancamiento existentes;

22. Toma nota de las interdependencias entre los bancos y las entidades de contrapartida central (ECC); señala las dudas que se plantean en relación con las responsabilidades de los bancos y las ECC sobre las posibles pérdidas al final de la cascada y los efectos de dichas responsabilidades para los requisitos prudenciales de los bancos; destaca en este sentido los riesgos de una excesiva dependencia de las ECC respecto al Reino Unido y acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión durante el pasado año a fin de fijar los criterios para clasificar las ECC de terceros países;

23. Lamenta que no se garantice el pleno equilibrio de género en las instituciones y los órganos financieros de la Unión y, en particular, que las mujeres sigan estando insuficientemente representadas en los puestos ejecutivos del ámbito bancario y de los servicios financieros; destaca que el equilibrio de género en los consejos directivos y el personal aporta beneficios para la sociedad y la economía; considera que la selección de candidatos para las instituciones y los órganos financieros de la Unión debe realizarse sobre la base de los criterios de mérito y capacidad, en aras del más eficiente funcionamiento de la institución u órgano en cuestión; insta a los gobiernos y a todas las instituciones y órganos a dar prioridad al logro del pleno equilibrio de género lo antes posible, también a través de la provisión de listas restringidas de candidatos equilibradas en cuanto al género para todos los nombramientos futuros que requieran la aprobación del Parlamento, incluidos el BCE y las principales instituciones financieras de la Unión, procurando incluir al menos una candidata y un candidato por procedimiento de nombramiento; recuerda su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión[39], y reitera su compromiso de no tener en cuenta las listas de candidatos en las que no se haya respetado el principio de equilibrio de género;

24. Pide a la Comisión que examine los criterios de elegibilidad con el objetivo de atraer un número superior de candidaturas de mujeres;

Supervisión

25. Reconoce el papel de la supervisión bancaria europea al garantizar la provisión de capital y ayuda operativa para los bancos de forma temporal como respuesta a la pandemia de COVID-19, de forma que puedan continuar prestando apoyo financiero a las empresas y los hogares y absorber las pérdidas, al tiempo que se mantiene una elevada calidad de la supervisión; toma nota de las preocupaciones del MUS en relación con los elevados costes, la baja rentabilidad, la baja valoración del mercado y la insuficiente inversión en nuevas tecnologías en el sector bancario; solicita orientación sobre los plazos y el enfoque previstos para el restablecimiento de las reservas;

26. Destaca la importancia de aumentar la transparencia y la previsibilidad en la supervisión bancaria de la Unión, y celebra en este sentido la práctica reciente de publicar los requisitos bancarios específicos del pilar 2; estima que los requisitos individuales hacen que las expectativas del MUS sean más fiables y facilitan la toma de decisiones más informadas por parte de los inversores;

27. Espera que los recientes cambios en la estructura organizativa del MUS, al tiempo que simplifican el sistema e incorporan innovaciones tecnológicas, faciliten una supervisión más basada en el riesgo y la colaboración institucional interna;

28. Reconoce la validez del análisis de posibles vulnerabilidades del sector bancario por parte del MUS en noviembre de 2020, sobre la base de diferentes hipótesis, en relación con los efectos del impacto en la calidad de los activos y el capital;

29. Señala que la buena gestión del riesgo de crédito debe seguir siendo una de las prioridades clave del MUS; comparte las preocupaciones del MUS de que los bancos podrían cambiar sus modelos de riesgo de crédito y toma nota, a este respecto, de las expectativas supervisoras del MUS para las preparaciones operativas adecuadas en previsión de un incremento de los préstamos dudosos y de una sólida gestión del riesgo de crédito, como describe en sus cartas a los consejeros delegados de entidades significativas y en su estrategia de riesgo de crédito en el contexto de la COVID-19; apoya que se intensifique la supervisión del MUS sobre los mercados con un elevado apalancamiento; observa que no todos los bancos han podido satisfacer las expectativas del MUS en materia de gestión del crédito, lo que comporta que deben hacerse esfuerzos adicionales;

30. Reconoce que la crisis provocada por la COVID-19 aumenta el riesgo de una mayor acumulación de préstamos dudosos; observa con preocupación la predicción del BCE de que los préstamos dudosos, en una hipótesis grave pero plausible, podrían alcanzar la cifra de 1,4 billones EUR antes del final de 2022; destaca que garantizar la gestión adecuada y oportuna de la calidad de los activos deteriorados en los balances de los bancos será fundamental para evitar la acumulación de préstamos dudosos a corto plazo; recomienda a los Estados miembros que sigan haciendo esfuerzos para abordar esta cuestión; toma nota, en este sentido, de la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, sobre cómo afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0822) a fin de permitir que los bancos apoyen a los hogares y las empresas de la Unión; espera que la próxima revisión de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo[40] garantice una mayor protección de los consumidores, sobre todo fijando disposiciones más ambiciosas en materia de protección de los prestatarios frente a prácticas abusivas y garantizando que dichos derechos se apliquen igualmente a los préstamos existentes y futuros; aboga por la supervisión de cualquier posible efecto acantilado, en particular cuando se retiren las medidas de ayuda temporales; pide a los supervisores que sigan examinando adecuadamente los efectos colaterales que las ventas masivas de préstamos dudosos pueden tener en los balances prudenciales de los bancos que utilizan modelos internos;

31. Subraya que los bancos deben cumplir con las normas prudenciales aplicables y las orientaciones de supervisión sobre préstamos dudosos y mantener la capacidad operativa para gestionar de forma proactiva a los deudores en dificultades y controlar sus balances, acelerando la detección temprana de los préstamos incobrables con el fin de reducir el riesgo de debilitar la capacidad de préstamo en un momento de gran demanda de inversión relacionada con la recuperación; destaca la flexibilidad existente en la implementación de las orientaciones del BCE sobre préstamos dudosos, que incluye conceder más tiempo a los bancos con niveles particularmente elevados de préstamos dudosos para la presentación de sus estrategias de reducción de préstamos dudosos;

32. Recuerda que la reducción de riesgo en el sector bancario contribuiría a una unión bancaria más estable, fuerte y orientada al crecimiento económico; toma nota, a este respecto, del acuerdo político alcanzado sobre la propuesta de la Comisión de una directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos, que impulsará el desarrollo de mercados secundarios de préstamos dudosos en la Unión y cuyo objetivo es ayudar a los bancos a reducir los volúmenes de préstamos dudosos en sus balances;

33. Reconoce el papel que desempeñan los bancos en el apoyo a las empresas y a la economía real durante la pandemia en algunos Estados miembros; destaca que los bancos deben evaluar con diligencia la solidez financiera y la viabilidad de las empresas, comprometerse proactivamente con los deudores en dificultades para gestionar sus exposiciones y ofrecer opciones de financiación y reestructuración viables, o bien opciones alternativas adecuadas a sectores y empresas, especialmente pymes, con el fin de garantizar que puedan prevenirse los impagos en la medida de lo posible y que las empresas y los consumidores eviten el riesgo de endeudamiento excesivo; insiste en que el marco prudencial debe modificarse en consecuencia para permitir y promover la aplicación de medidas de reestructuración a empresas y hogares cuando los bancos consideren que las perspectivas de recuperación son altas, y aboga por eliminar todos los obstáculos reglamentarios para su aplicación; insta a los bancos a que contemplen, como último recurso, la salida de las compañías inviables del mercado de una forma estructurada; opina que los bancos deben garantizar transmisiones de crédito adecuadas desde el Eurosistema a la economía real; celebra las medidas recogidas en la comunicación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, titulada « Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción» (COM(2020)0590) y en su anexo sobre la remisión de las pymes a fuentes alternativas de financiación en caso de denegación de solicitud de crédito;

34. Pide a las AES que hagan pleno uso de sus poderes para garantizar un alto grado de protección de los consumidores, incluyendo, en su caso, facultades de intervención de productos cuando los productos financieros y crediticios hayan ocasionado o puedan ocasionar perjuicios a los consumidores;

35. Destaca la importancia que reviste la protección de los derechos de los consumidores, en particular en lo que respecta a las cláusulas y prácticas abusivas y agresivas, las comisiones bancarias, la transparencia en cuanto a los costes de los productos, la rentabilidad y los riesgos; observa que la unión bancaria sigue careciendo de herramientas eficaces para abordar los problemas a que se enfrentan los consumidores, como prácticas comerciales desleales y complejidad artificial; pide, en este sentido, a la ABE que se centre en mayor medida en el cumplimiento de su mandato de recopilar y analizar debidamente datos sobre las tendencias de consumo e informar al respecto, así como en la revisión y coordinación de los conocimientos en materia financiera y las iniciativas de formación a cargo de las autoridades competentes; pide a la Comisión que examine las cláusulas y prácticas abusivas a que recurre el sector bancario en los contratos celebrados con consumidores y que garantice la implementación efectiva y rápida de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores[41] utilizando todos los medios a su alcance;

36. Observa que las pérdidas crediticias esperadas, junto con el actual entorno de bajos intereses, podrían afectar negativamente a la rentabilidad de los bancos; señala la necesidad de que los bancos reajusten sus modelos de negocio hacia estrategias más sostenibles, rentables y tecnológicamente avanzadas, y que realicen una dirección estratégica y una supervisión prudente de las funciones comerciales, respetando plenamente los derechos de los consumidores; hace hincapié en la importancia de garantizar que las decisiones sobre provisiones de los bancos para apoyar su capacidad de préstamo no se retrasen sin motivo, especialmente cuando la demanda de crédito se recupere;

37. Manifiesta su alarma por el hecho de que las recientes crisis bancarias hayan puesto de manifiesto que las entidades de crédito han practicado sistemáticamente la venta abusiva de obligaciones y otros productos financieros a clientes minoristas; lamenta que la aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias en materia de protección de los consumidores en relación con los requisitos mínimos respecto de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) haya sido fragmentaria; insta a la Comisión a que evalúe la venta abusiva de productos financieros por parte de las entidades bancarias y, sobre la base de las conclusiones, a que presente propuestas adecuadas, también en la próxima revisión de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias;

38. Considera que deben documentarse ulteriormente los posibles beneficios de la consolidación bancaria, tanto dentro de la Unión como transfronteriza, a la hora de abordar la baja rentabilidad, el exceso de capacidad y la fragmentación del sector bancario; reconoce la tendencia en el sector bancario hacia el compromiso con la consolidación y señala, en este contexto, la guía del BCE sobre el enfoque supervisor con respecto a la consolidación, apoyando las combinaciones de negocios con un buen diseño y ejecución; destaca los beneficios de proteger la diversidad/pluralidad de los sectores financieros para generar confianza en el sistema y mantener la estabilidad financiera; pide a la Comisión que tenga en cuenta y realice un seguimiento de las conclusiones de la evaluación de 2021 del Consejo de Estabilidad Financiera en cuanto a los efectos para el sistema financiero de las reformas en relación con las «entidades demasiado grandes para quebrar»;

39. Lamenta que la cuestión del país de origen o de acogida siga siendo un reto para la realización de la unión bancaria y considera que la introducción del SESD es parte de la solución, junto con otras medidas de reducción del riesgo; expresa su preocupación por que, si el nivel de préstamos dudosos aumenta a medida que comienzan a reducirse las medidas de apoyo público, los países de origen y de acogida puedan adoptar medidas para proteger los activos y proceder a una nueva compartimentación; hace hincapié en que los bancos deben poder operar a través de las fronteras al tiempo que gestionan su capital y liquidez a un nivel consolidado con salvaguardias creíbles y aplicables para los países de acogida en relación con la disponibilidad de los recursos y el impacto en la estabilidad financiera a fin de diversificar sus riesgos y abordar toda falta de rentabilidad; considera que es necesaria una armonización gradual en ámbitos donde se ejercen opciones y facultades nacionales, también en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia, con objeto de facilitar la planificación de la resolución para los grupos bancarios transfronterizos dentro de la unión bancaria;

40. Expresa su preocupación por que, a medida que los Estados miembros venden cantidades cada vez mayores de bonos soberanos, la proporción de deuda soberana en los balances de los bancos también aumenta, lo que podría agravar la vinculación entre los bancos y la deuda soberana; considera que la creación de Next Generation EU aportará activos europeos de alta calidad y bajo riesgo, lo que permite el reequilibrio de los bonos soberanos en los balances de los bancos y contribuye a reducir el círculo vicioso entre los bancos y la deuda soberana; recuerda que la creación de Next Generation EU tendrá un importante papel de apoyo de la recuperación y debe servir como oportunidad para mejorar las inversiones y ejecutar las reformas necesarias en cada uno de los Estados miembros sobre la base de los criterios acordados, y seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema bancario europeo;

41. Considera que resolver las cuestiones de país de origen y de acogida, romper la vinculación entre los bancos y la deuda soberana y apoyar los esfuerzos de consolidación bancaria requeriría la introducción de redes de seguridad paneuropeas, la elaboración y ejecución de acuerdos de apoyo financiero intragrupo como parte de los planes de recuperación de los bancos, y la armonización gradual en ámbitos en los que se aplican opciones y facultades discrecionales nacionales, también en el ámbito de la insolvencia, mientras se prosiguen los esfuerzos de reducción del riesgo;

42. Reitera que el marco regulador sobre el tratamiento prudencial de la deuda soberana debe ser coherente con las normas internacionales;

43. Destaca el importante papel que desempeñan las estructuras de gobernanza internas sólidas dentro de los bancos, y señala la debilidad detectada en estas en el proceso de revisión y evaluación supervisora del MUS de 2020, que se centró en cómo los bancos gestionaron el riesgo vinculado a la crisis de capital y liquidez, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que afectaban a bancos concretos; celebra el enfoque específico de recopilar información para la evaluación del capital y la liquidez; subraya la importancia de aplicar las normas más estrictas y unas condiciones de competencia equitativas en las evaluaciones de la aptitud y honorabilidad de los consejeros de los bancos, que actualmente se interpretan de forma diferente en los distintos Estados miembros debido a las muy diversas formas en las que se ha transpuesto la Directiva sobre requisitos de capital; pide, por ello, una mayor armonización en este ámbito; insiste en que las evaluaciones de aptitud y honorabilidad realizadas por las autoridades competentes siempre deben llevarse a cabo ex ante, y no ex post; respalda el plan del BCE de revisar su actual guía para la evaluación de idoneidad en 2021 al objeto de definir sus expectativas supervisoras sobre la calidad de los consejeros; espera las propuestas del BCE para un paquete de medidas destinadas a mejorar la supervisión de la aptitud y honorabilidad; anima, a este respecto, a tener en cuenta la integración de las exigencias de aptitud y honorabilidad en el Reglamento sobre requisitos de capital;

44. Toma nota de que la prueba de resistencia en toda la Unión iniciada el 29 de enero de 2021 tiene por objeto poner a prueba las trayectorias de capital de los bancos en una situación de deterioro de la calidad de los activos en la hipótesis de un entorno de tipos de interés bajos; pide a la ABE que amplíe el ámbito de aplicación de las siguientes pruebas de resistencia, pues la muestra de 51 bancos seleccionada para el ejercicio actual se considera demasiado limitada; hace hincapié en que las pruebas de resistencia y, a su debido momento, las revisiones de la calidad de los activos de una muestra móvil de entidades menos significativas son ejercicios importantes para generar confianza;

45. Acoge con satisfacción los esfuerzos del MUS para proporcionar orientaciones y claridad a los bancos a fin de que autoevalúen y notifiquen adecuadamente los riesgos medioambientales y relacionados con el cambio climático; destaca que se requiere una mayor presión en materia de supervisión para que las entidades financieras informen adecuadamente sobre los riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente; estima que la prueba de resistencia a los riesgos climáticos del MUS es un paso importante en lo que se refiere a la evaluación de las prácticas de los bancos y la determinación de ámbitos concretos de mejora; celebra, en este contexto, la recomendación de la guía del BCE sobre los riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente, que promueve un enfoque estratégico e integral para abordar el riesgo relacionado con el clima; apoya la idea de que los bancos preparen autoevaluaciones y planes de acción en 2021, seguidos de una revisión supervisora de las acciones de los bancos en 2022; estima que estas autoevaluaciones e informes deben regirse por el principio de proporcionalidad y no deben ir en detrimento de la capacidad y competitividad de los bancos; toma nota de la iniciativa de la ABE de llevar a cabo un ejercicio piloto a escala de la Unión sobre el riesgo climático, y observa que, según sus conclusiones, es necesaria una mayor divulgación de información sobre las estrategias de transición y de emisiones de gases de efecto invernadero a fin de permitir a bancos y supervisores evaluar con mayor precisión el riesgo climático; recuerda que las inversiones y los préstamos destinados a actividades económicas no sostenibles pueden dar lugar a activos varados o inversiones a fondo perdido;

46. Toma nota del papel de la ABE en la dirección, coordinación y supervisión de la lucha del sector financiero de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; acoge con satisfacción los esfuerzos del BCE durante los dos últimos años para mejorar el intercambio de información entre los supervisores del MUS y de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para una mejor consideración de los aspectos de la lucha contra el blanqueo de capitales en las medidas de supervisión prudencial; pide que esta responsabilidad vaya acompañada de la adecuada dotación presupuestaria y de recursos; acoge con satisfacción el apoyo de la ABE al funcionamiento individual de la aplicación de las facultades de supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales en todos los Estados miembros y pide medidas adicionales para garantizar que la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se base en el riesgo, y sea proporcionada y efectiva; señala las diferencias en los enfoques adoptados para la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por las autoridades nacionales y en la aplicación de la legislación de la Unión, que puede resultar en un arbitraje regulador; alienta la conversión parcial de las disposiciones de la Directiva antiblanqueo en un reglamento; lamenta que varios Estados miembros no hayan transpuesto íntegramente la cuarta y quinta Directivas antiblanqueo aún, y que incluso más Estados miembros muestren graves deficiencias en su aplicación efectiva; celebra que la Comisión haya empezado a incoar procedimientos de infracción y pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción para los casos pendientes de falta de transposición y aplicación de las Directivas antiblanqueo; toma nota del segundo mandato de la ABE de crear una base de datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, cuya elaboración se espera para 2021, y potenciar la cooperación y el intercambio de información entre todas las autoridades europeas; destaca el importante papel que desempeñan las organizaciones de lucha contra el blanqueo de capitales para los grupos transfronterizos, que incluyen a todas las autoridades de la lucha contra el blanqueo de capitales de las jurisdicciones donde opera el grupo, en la evaluación sobre el desempeño del grupo en la lucha contra el blanqueo de capitales;

47. Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, publicado el 7 de mayo de 2020; pide a la Comisión que adopte rápidamente su paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de capitales; insta a la Comisión a que presente una propuesta para crear un supervisor europeo de lucha contra el blanqueo de capitales; destaca que el alcance del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales debe cubrir a los emisores y proveedores de criptoactivos; invita a la Comisión a considerar la creación de una Unidad de Información Financiera Europea;

48. Destaca el importante papel que desempeña el sector bancario en la lucha contra la evasión fiscal; reitera la posición del Parlamento de que el aumento de los requisitos de auditorías y de diligencia debida están destinados a las operaciones en las que participan los países indicados en el anexo I o II de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales;

49. Acoge con satisfacción el paquete de medidas sobre finanzas digitales de la Comisión; considera que las propuestas de la Comisión sobre los mercados de criptoactivos y la resiliencia operativa digital son oportunas, útiles y necesarias; hace hincapié en que, a medida que las finanzas digitales aumentan las opciones financieras para los consumidores y las empresas, deben preservarse la protección de los consumidores y la estabilidad financiera;

50. Toma nota de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea; observa los progresos realizados por muchos bancos importantes en relación con sus modelos operativos objetivo tras el Brexit, tal como se acordó con el MUS, y respalda los esfuerzos del MUS por supervisar los avances hacia estos modelos en los ámbitos de los activos, el personal y las prácticas de contabilización; reitera que, en el contexto del traslado de empresas en la Unión, las entidades ficticias no son aceptables en la zona del euro; considera que deben abordarse las lagunas regulatorias existentes en el marco legislativo de la Unión a fin de reforzar la supervisión y recuerda que el MUS ha asumido la responsabilidad directa de la supervisión prudencial de las empresas de inversión con importancia sistémica desde la entrada en vigor del Reglamento sobre las empresas de inversión[42] en junio de 2021;

51. Subraya la importancia de mantener la igualdad de condiciones en el espacio regulador y de evitar una carrera de mínimos en la regulación; toma nota, en este contexto, de que el memorando de entendimiento entre el BCE y las autoridades del Reino Unido, basado en el modelo negociado por la ABE y que cubre la supervisión prudencial fuera de los regímenes de seguros y pensiones, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, proporciona una base sólida para la cooperación en materia de supervisión entre el MUS y la Prudential Regulation Authority del Reino Unido, centrándose en el intercambio de información y el tratamiento recíproco de los grupos bancarios transfronterizos con vistas a compartir las responsabilidades relacionadas con la supervisión de las filiales;

52. Observa que la adhesión al principio de proporcionalidad es esencial para conseguir que la supervisión bancaria funcione, en particular para las entidades más pequeñas;

Resolución

53. Confía en que la introducción de un mecanismo común de protección presupuestaria en el FUR en 2022, dos años antes de lo previsto inicialmente, en forma de una línea de crédito renovable del MEDE, lo que ofrece una red de seguridad para las resoluciones bancarias en la unión bancaria, fortalecerá el marco de gestión de crisis y representa un importante paso adelante para culminar la unión bancaria; observa que el significativo desarrollo del FUR, junto con el mecanismo común de protección presupuestaria, proporcionará a la JUR el acceso a los fondos combinados a un nivel muy superior a 100 000 millones EUR; señala la necesidad de seguir reduciendo los riesgos en los sistemas bancarios en paralelo a la creación del SESD;

54. Insiste en que los bancos sean los únicos responsables de su desempeño, en lugar de permitir que los contribuyentes soporten el peso de un marco de gestión de crisis;

55. Se felicita por que, si bien la JUR no estaba obligada a adoptar medidas de resolución en 2020, colaborase, no obstante, meticulosamente con el MUS en los casos rayanos a la crisis; toma nota de las medidas de alivio y la flexibilidad ofrecida por la JUR para cumplir los objetivos provisionales del MREL sin poner en peligro la viabilidad de la resolución; destaca que la información sobre dichas medidas sigue siendo extremamente limitada en el sitio web de la JUR; insta a la JUR a que mejore la transparencia y, en particular, publique las orientaciones seguidas por los equipos de resolución internos a la hora de aplicar las medidas de ayuda relacionadas con la COVID-19; toma nota de la política del MREL 2020 desarrollada por la JUR y del informe específico para el MREL, en el marco de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias; aprecia el avance del actual ciclo de planificación de resoluciones para 2021, y reitera que el establecimiento proporcionado del MREL representa uno de los elementos clave para la mejora de la viabilidad de la resolución de los bancos al tiempo que garantiza una estabilidad financiera más amplia;

56. Señala que los solapamientos existentes entre los requisitos para el uso de medidas de intervención temprana y las facultades supervisoras habituales del BCE pueden impedir la aplicación de medidas de intervención temprana; insiste, en este contexto, en que este solapamiento debe eliminarse y confía en que se aclare la base jurídica para cada instrumento con el fin de garantizar una aplicación apropiada y gradual de las medidas; apoya, a este respecto, teniendo en cuenta la recomendación del TCE sobre los umbrales cuantificados para activar medidas de intervención temprana, el uso de acciones de supervisión rápidas, evitando al mismo tiempo la automaticidad;

57. Opina que es necesario facilitar la liquidación de los bancos en cuya resolución la JUR o la autoridad de resolución nacional estimen que no existe un interés público; toma nota de que la estrategia de «venta del negocio» puede ser una herramienta importante que puede utilizar la JUR como forma de minimizar las pérdidas de valor en la resolución; admite la necesidad de un marco más armonizado para la salida del mercado en caso de insolvencia con miras a evitar situaciones de limbo y de garantizar la armonización a la hora de retirar la licencia de un banco; reconoce que las medidas alternativas en el marco de los sistemas de garantía de depósitos (SGD) para financiar transferencias de cartera de depósitos pueden desempeñar un papel importante, en especial para los bancos pequeños y medianos, siempre que no perjudiquen a la protección de los depositantes y que el SGD cuente con financiación suficiente, como forma de minimizar las aportaciones de los contribuyentes y la destrucción de valor y de garantizar la estabilidad financiera, además, en otros casos pueden colmar la brecha entre el requisito previo de recapitalización interna del 8 % para acceder al fondo de resolución y la capacidad real del banco de absorber pérdidas, excluyendo los depósitos que está previsto transferir; hace hincapié en que estas intervenciones deben estar sujetas a la estricta aplicación de una prueba del mínimo coste; pide, por tanto, a la Comisión que aporte más claridad al principio del mínimo coste y a las condiciones para el uso de fondos de los SGD;

58. Observa que la actual diversidad de los regímenes de insolvencia es una fuente de incertidumbre sobre el resultado de los procedimientos de liquidación; opina que, para que la unión bancaria funcione de forma eficaz, la legislación en materia de insolvencia bancaria debe estar aún más armonizada; pide a la Comisión que reflexione, tras un detenido estudio y la consulta con las autoridades y los Parlamentos nacionales, sobre el fomento de una mayor armonización de aspectos específicos de la legislación nacional vigente en materia de insolvencia, así como sobre las condiciones de utilización de la financiación externa, al objeto de garantizar la armonización de los incentivos y la igualdad de condiciones;

59. Considera oportuno, en particular, que se adopte un enfoque específico respecto a la armonización de la jerarquía de acreedores en los procedimientos de insolvencia bancaria, con el fin de aumentar el alcance de la financiación por los SGD en la resolución y en las medidas distintas a los repartos de beneficios, siempre que los SGD tengan financiación suficiente;

60. Estima necesario lograr que la resolución funcione para más bancos, lo que exige que se revise la evaluación de interés público con miras a aumentar la transparencia y la previsibilidad ex ante en cuanto a sus resultados previstos, y de esta forma permitir la aplicación de instrumentos de resolución a un grupo más amplio de bancos, en especial bancos medianos, y aportar la claridad necesaria para garantizar niveles del MREL más coherentes y proporcionados; toma nota de la labor en curso de la JUR a este respecto; pide que se aborden las incoherencias entre las evaluaciones de los equipos internos de resolución acerca de las funciones esenciales, tal como se menciona en el informe del TCE de 2021 sobre la planificación de resolución en el MUR; subraya asimismo la necesidad de volver a examinar de forma coherente las normas sobre ayudas estatales y la Comunicación bancaria de 2013 de la Comisión para reflejar el progreso de la implementación y mejora del marco de gestión de crisis y para lograr la coherencia con respecto a los requisitos de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias, teniendo debidamente en cuenta las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; toma nota, además, de la recomendación del TCE de 2021 de que la JUR cumpla el código normativo único mediante la determinación de obstáculos sustantivos a la resolubilidad en cada plan de resolución y de seguir el debido proceso para su eliminación;

61. Respalda la idea de analizar el papel de los planes de restructuración y resolución de grupos, así como su ejecución práctica, en el contexto de la revisión del marco de gestión de crisis con vistas a garantizar un enfoque más eficiente para gestionar las dificultades en la banca transfronteriza; toma nota de las propuestas para ofrecer a los grupos bancarios la opción de que las filiales y las entidades matrices suscriban un acuerdo formal para proporcionarse ayuda de liquidez mutuamente, y vincular esta ayuda a los planes de recuperación de sus grupos, con el fin de facilitar el uso de las provisiones existentes de una forma equilibrada entre el país de origen y el de acogida; estima que las autoridades competentes deben participar en la aplicación de dichos acuerdos formales cuando sea necesario; señala que estos planes de restructuración y resolución de grupos podrían permitir la calibración del MREL y que las contribuciones de los bancos a las diferentes redes de seguridad estén realmente basadas en el riesgo, reflejando la probabilidad y la magnitud del uso de estas redes de seguridad bajo la estrategia de gestión de crisis preferida;

Garantía de depósitos

62. Destaca la importancia de que los depositantes en toda la unión bancaria disfruten del mismo nivel de protección de sus ahorros, independientemente de la ubicación de su banco; señala que la aplicación de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos, que garantiza hasta 100 000 EUR en depósitos bancarios, tiene por objeto contribuir a un mayor nivel de protección de los depósitos; reconoce la intención de la Comisión de reforzar aún más la confianza de los ciudadanos en la protección de los depósitos mediante la introducción de un SESD; reconoce, al mismo tiempo, la importancia del SESD a la hora de ayudar a reducir el vínculo entre la deuda soberana y los bancos;

63. Destaca la importancia de la proporcionalidad del riesgo de las contribuciones al SGD; advierte de que la falta de un enfoque basado en los riesgos puede generar posibilidades de riesgo moral y aprovechamiento indebido, dando lugar a que se subvencionen modelos de negocio especulativos en lugar de negocios conservadores; hace hincapié en que las contribuciones a un futuro SESD también deben ser proporcionales al riesgo; señala que los riesgos idiosincrásicos en las distintas entidades siguen siendo diferentes dentro de la unión bancaria; reitera la necesidad de que todos los miembros de la unión bancaria transpongan la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias y la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos a fin de garantizar una reducción homogénea del riesgo en toda la unión bancaria;

64. Toma nota de la revisión del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos y de la opción intermedia de un SESD híbrido como primer paso hacia la plena realización del SESD, según la propuesta de la Comisión de 2015, en torno a la idea de un nuevo fondo central que coexista con los fondos restantes en los SDG nacionales combinado con un incremento proporcional del papel de la JUR; llama la atención sobre las fuertes interconexiones entre la gestión de crisis y el SESD, y la necesidad de abordarlos conjuntamente para evitar la renacionalización de la unión bancaria y mantener unas condiciones de competencia equitativas; señala que, en este contexto, la revisión de la gestión de crisis y de garantía de depósitos debe esforzarse por mejorar la coherencia y la consistencia del marco;

65. Pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para relanzar las negociaciones sobre el SESD mediante un plan de trabajo basado en una hoja de ruta; aboga por un firme compromiso de los Estados miembros para trabajar en pos de un acuerdo que sea coherente con los intereses de la Unión en su conjunto; declara su compromiso de trabajar en pos de un acuerdo sobre el SESD, sin dejar de proseguir su trabajo sobre las medidas de reducción de riesgos;

66. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta el papel de los sistemas institucionales de protección a la hora de proteger y estabilizar las instituciones miembros;

°

° °

67. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

13.7.2021

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

40

6

12

Miembros presentes en la votación final

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suplentes presentes en la votación final

Manon Aubry, Herbert Dorfmann, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Margarida Marques, Jessica Polfjärd, Stéphane Séjourné

 

 



VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

40

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

6

-

ECR

Michiel Hoogeveen

ID

Gunnar Beck, France Jamet, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Renew

Engin Eroglu

 

12

0

ECR

Lars Patrick Berg, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Renew

Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin

The Left

Manon Aubry, José Gusmão

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

 

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0165.

[5] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0265.

[6] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0266.

[7] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0110.

[8] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0039.

[9] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf.

[10] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf.

[11] https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.esbceuropeanbankingsupervisionresponsetoeurop‌eancommissionpublicconsultationdigitalfinancestrategyeuropefintechactionplan2020~b2e6cd0dc4.en.pdf.

[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020HB0062&from=ES.

[13] https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.202010_eunon-bankfinancialintermediationrisk‌monitor2020~89c25e1973.en.pdf.

[15] Estudio «Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech: Impact on innovation, financial stability and supervisory convergence» (Entornos de pruebas normativos y polos de innovación: impacto en la innovación, la estabilidad financiera y la convergencia en materia de supervisión), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, septiembre de 2020.

[32] Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

[33] Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

[34] Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

[35] Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

[36] Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1).

[38] DO C 224 de 27.6.2018, p. 45.

[39] DO C 23 de 21.1.2021, p. 105.

[40] Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).

[41] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

[42] Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (DO L 314 de 5.12.2019, p. 1).

Última actualización: 1 de septiembre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad