INFORME sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

30.9.2021 - (2020/2260(INI))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Ponentes: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann
(Comisiones conjuntas – artículo 58 del Reglamento interno)
Ponente de opinión (*):
Paolo De Castro, Comisión de Comercio Internacional
(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

(2020/2260(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 11, 13, 39 y 168, apartado 1, su artículo 169, apartado 1, sus artículos 191 y 192, apartado 1, y su artículo 349,

– Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de 2004,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria[1],

– Visto el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios[2],

– Vistos el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios[3], la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas[4], y el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas[5],

– Vista la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente[6],

– Vistas la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas[7], la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro[8], y la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura[9],

– Vistos la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas[10], la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras[11], la Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne[12], la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos[13], la Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros[14], el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas[15], el Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza[16], el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»)[17] y la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos[18],

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-19[19],

– Vistas su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores[20] y su Resolución, de 23 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 546/2011 en lo que respecta a la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas[21],

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[22],

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre una Europa que protege: aire puro para todos[23],

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos[24],

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente[25],

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria[26],

– Vistas su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales[27] y su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática[28],

– Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible en la Unión[29],

– Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y reproducidos con fines ganaderos[30],

– Vistas su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre el etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados[31] y su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos[32],

– Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 15/2020, de 9 de julio de 2020, titulado «Protección de los polinizadores silvestres en la UE – Las iniciativas de la Comisión no han dado fruto», n.º 13/2020, de 5 de junio de 2020, titulado «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado el declive», n.º 5/2020, de 5 de febrero de 2020, titulado «Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en la medición y en la reducción de riesgos», n.º 2/2019, de 15 de enero de 2019, titulado «Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de seguridad alimentaria de la UE nos protege, pero se enfrenta a dificultades», n.º 31/2018, de 14 de noviembre de 2018, titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica», n.º 34/2016, de 17 de enero de 2017, titulado «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario», y n.º 21/2019, de 19 de noviembre de 2019, sobre la actuación contra la resistencia a los antimicrobianos,

– Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 11 de mayo de 2020, titulado «The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente en Europa – Estado y perspectivas 2020: conocimientos para la transición hacia una Europa sostenible),

– Visto el pilar europeo de derechos sociales,

– Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de diciembre de 2020, sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» titulado «Del productor al consumidor (de la granja a la mesa): la dimensión local y regional» (NAT-VII/005),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Pesca,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0271/2021),

A. Considerando que en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la granja a la mesa se establece un enfoque holístico del sistema alimentario europeo, en el que la agricultura, en cuanto fuente proveedora de alimentos ocupa un lugar central, y se reconoce la interconexión de todos los agentes a lo largo de toda la cadena de suministro y su responsabilidad compartida para lograr los objetivos de la estrategia, así como el papel clave de los agricultores a la hora de aportar bienes públicos, también en la lucha contra el cambio climático; que, no obstante, la estrategia debe ir más allá y tener en cuenta el papel, los derechos y las responsabilidades de los consumidores y la viabilidad económica a largo plazo para los agricultores; que la estrategia tiene importantes implicaciones para la producción agrícola no alimentaria y que esto debe tenerse plenamente en cuenta;

B. Considerando que el sistema alimentario europeo debería garantizar alimentos de alta calidad y la seguridad nutricional de una manera que contribuya al bienestar social y a la salud pública, mantenga y restablezca la salud de los ecosistemas, respete los límites del planeta y garantice el bienestar y la salud de los animales; que, en la actualidad, todo el sistema alimentario es el causante de una serie de efectos en la salud y el bienestar de humanos y animales, así como en el medio ambiente, el clima y la biodiversidad, incluida la deforestación y la degradación de ecosistemas fuera de la Unión; que es necesario que la manera en que producimos y consumimos alimentos, bebidas y otros productos agrícolas se adapte para garantizar la coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y las políticas y compromisos de la Unión, así como, en general, para lograr un equilibrio coherente entre los tres pilares de la sostenibilidad, incluidos el medio ambiente, el clima, la salud pública, la economía y asequibilidad de los alimentos, el bienestar animal y la sostenibilidad económica de los agricultores, los pescadores y los agentes en fases posteriores de la cadena alimentaria, de las zonas rurales y costeras, además de aspectos sociales como las condiciones laborales y de empleo y las normas de seguridad y de salud; que han de tenerse en cuenta otros factores importantes como la investigación y la innovación, la política comercial y sobre residuos;

C. Considerando que es necesario garantizar la coherencia entre las medidas previstas en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y las políticas agrícola y pesquera comunes, la política comercial de la Unión y su estrategia sobre biodiversidad para 2030, la estrategia forestal de la Unión, el plan de acción para la economía circular, el plan de acción sobre bioeconomía, así como otras políticas y estrategias conexas de la Unión; que se debe subrayar que todos los alimentos importados deben cumplir las mismas normas en materia de sostenibilidad y de seguridad agroalimentaria aplicables en la Unión;

D. Considerando que la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estima que se prevé que el 90 % de la tierra sea significativamente alterado de aquí a 2050 y que el 75 % de la tierra ya lo está; que ya se ha perdido el 85 % de las zonas de humedales[33]; que la biodiversidad es fundamental para la seguridad alimentaria, el bienestar humano y el desarrollo en todo el mundo; que la pérdida de biodiversidad pone en riesgo la producción agrícola, el sistema alimentario y la nutrición europeos y mundiales; que se calcula que los costes sociales y económicos totales relacionados con la degradación del suelo ascienden a entre 5,5 y 10,5 billones EUR anuales[34];

E. Considerando que aproximadamente el 80 % de la deforestación mundial se debe a la expansión de los terrenos agrícolas[35]; que la demanda de la Unión de productos como aceite de palma, carne, soja, cacao, maíz, madera y caucho, incluso en forma de productos transformados o de servicios, es un factor que conduce a la deforestación, la degradación de los bosques y los suelos, la destrucción de los ecosistemas y la violación asociada de los derechos humanos en terceros países, y representa alrededor del 10 % de la parte de la deforestación mundial incorporada en el consumo final total[36]; que la pesca no sostenible tiene graves repercusiones para la biodiversidad;

F. Considerando que los hábitats seminaturales que dependen de la agricultura, como los pastizales, están particularmente amenazados y que su estado de conservación es significativamente peor que el de otros tipos de hábitat que no dependen de la agricultura; que el 45 % de los hábitats que dependen de la agricultura se cualifican como malos, frente al 31 % en el caso de otros hábitats;

G. Considerando que el uso imprudente de plaguicidas es una fuente significativa de contaminación del suelo, del agua y del aire, y afecta negativamente a la salud de los seres humanos, de los animales y de las plantas; que, por tanto, es necesario redoblar los esfuerzos para reducir significativamente la dependencia, el riesgo y el uso de plaguicidas nocivos, así como el uso de fertilizantes y antibióticos; que las prácticas agrícolas sostenibles, como la correcta aplicación de la gestión integrada de plagas, la agrosilvicultura, la agroecología y la agricultura ecológica, así como las técnicas de agricultura de precisión, pueden contribuir a hallar soluciones para reducir el uso de plaguicidas en la Unión y a escala mundial, y que deben fomentarse; que investigaciones científicas[37] indican que puede reducirse sustancialmente el uso de plaguicidas sin afectar negativamente a la rentabilidad y la productividad, en especial si se acompañan de una mayor disponibilidad de alternativas sostenibles;

H. Considerando que en 2018 los Estados miembros de la Unión aprobaron la exportación de más de 81 000 toneladas de plaguicidas que contenían sustancias prohibidas en Europa[38]; que estos plaguicidas peligrosos plantean riesgos incluso mayores en los países de destino dado que las condiciones de uso (por ejemplo, equipos de protección, pulverización aérea) no son tan estrictas como en la Unión; que estos plaguicidas prohibidos pueden volver al mercado de la Unión como residuos en alimentos importados; que programas de vigilancia han revelado que residuos de varios plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión se detectaron en alimentos comercializados en el mercado de la UE, en 4,5 % de los casos incluso en niveles superiores al límite máximo de residuos (LMR) establecido para estas sustancias a fin de garantizar la seguridad de los consumidores[39];

I. Considerando que el sobrepeso y la obesidad están aumentando a un ritmo rápido en la Unión[40], donde uno de cada dos adultos padece sobrepeso u obesidad[41]; que las causas del sobrepeso y la obesidad son múltiples, pero una dieta y una nutrición inadecuadas son uno de los factores clave que conducen a una alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad;

J. Considerando que se calcula que, en 2017, más de 950 000 muertes (una de cada cinco) y la pérdida de más de 16 millones de años de vida saludable en la Unión, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares y al cáncer, pueden atribuirse a dietas poco saludables[42]; que la exposición a alteradores endocrinos a través de los alimentos y los envases alimentarios también constituye una amenaza creciente a la salud pública[43];

K. Considerando que alrededor de la mitad de las enfermedades zoonóticas que han aparecido en seres humanos desde 1940 se derivaron de cambios en el uso de la tierra[44]; que la salud animal es un elemento esencial de cualquier sistema alimentario sostenible y que los efectos sobre la salud animal tienen un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema alimentario;

L. Considerando que se calcula que en la Unión se generan cada año 88 millones de toneladas de residuos alimentarios, cuyos costes asociados se estiman en 143 000 millones EUR[45]; que el desperdicio de alimentos tiene un enorme impacto ambiental, ya que representa alrededor del 6 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión[46]; que los principales contribuyentes al desperdicio de alimentos en la Unión son los hogares (53 %) y la transformación (19 %)[47]; que el 10 % del desperdicio de alimentos en la Unión guarda relación con la indicación de fechas y los malentendidos de los consumidores sobre cómo leer y utilizar el sistema de indicación de fechas[48];

M. Considerando que el volumen de venta de antibióticos a las explotaciones ganaderas europeas disminuyó un 18,5 % entre 2011 y 2016[49], lo que dio lugar a una reducción de la carga de antibióticos en la agricultura en un 35 % en el período 2011-2018, mientras que en la mayoría de Estados miembros el consumo de antimicrobianos en animales productores de alimentos es inferior o muy inferior al de los humanos[50]; que, no obstante, existen grandes diferencias entre los Estados miembros y que el consumo de algunos antimicrobianos sigue siendo demasiado elevado[51]; que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza importante para la salud humana; que reducir y minimizar el uso de antibióticos en la cría de animales ayudará a ralentizar su aparición y propagación;

N. Considerando que, ya en 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) publicó su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 °C, en el que se afirmaba que limitar el calentamiento global a 1,5 °C requeriría cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad; que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen amenazas crecientes a la seguridad alimentaria y los medios de vida debido a sequías, inundaciones, incendios forestales y nuevas plagas; que los sistemas alimentarios son responsables del 29 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, y tienen un profundo efecto en el clima, la biodiversidad, el agua, el aire, el suelo y los sumideros de carbono; que el sector agrícola de la Unión produce alrededor del 10 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, con variaciones considerables entre los Estados miembros, en los que la agricultura representa entre el 3 % y el 33 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero[52];

O. Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura europea se han reducido en torno a un 20 % desde 1990; que las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura se han ralentizado desde 2012 e incluso han aumentado en algunos años[53]; que la agricultura puede contribuir activamente a la captura de carbono aumentando los sumideros naturales de carbono mediante la adopción de soluciones basadas en la naturaleza y en los ecosistemas, como rotaciones extensas de cultivos, cultivos intercalados, permacultura, agrosilvicultura, silvicultura, agroecología y restauración de los ecosistemas, y en especial la restauración y el mantenimiento de zonas de turberas como medio para aumentar los sumideros naturales de carbono y su captura;

P. Considerando que la agricultura es la tercera fuente más importante de emisiones primarias de PM10 en la Unión, como subraya la Agencia Europea de Medio Ambiente; que las emisiones de amoníaco (NH3) procedentes de la agricultura contribuyen a episodios en que se experimentan altas concentraciones de PM en toda Europa cada primavera, así como a efectos negativos sobre la salud a corto y largo plazo;

Q. Considerando que la Unión consume siete veces más nitrógeno y tres veces más fósforo de lo que sería sostenible y equitativo dentro de los límites del planeta[54];

R. Considerando que se hace necesario el refuerzo de la información sobre el ciclo de vida, junto con la mejora del rastreo y la supervisión de la información de la cadena de suministro, para cuantificar el progreso hacia la reducción del impacto ambiental del sistema alimentario europeo;

S. Considerando que el modelo europeo de sector agroalimentario multifuncional, consistente en varios modelos de explotación y cuya fuerza motriz son las explotaciones agrícolas familiares, es un elemento clave de la economía y la sociedad de la Unión, y debe seguir garantizando una producción de alimentos de calidad competitiva y diversificada, la seguridad alimentaria, las cadenas de suministro locales, las buenas prácticas agrícolas, la protección del suelo y de los recursos hídricos, unas normas medioambientales y de bienestar animal rigurosas y unas zonas rurales dinámicas en toda la Unión; que una política agrícola con el apoyo adecuado fomentará la transición hacia cadenas de suministro más locales y prácticas agrícolas más sostenibles, a fin de lograr normas más estrictas en materia de medio ambiente y bienestar animal;

T. Considerando que es importante destacar el papel clave que desempeñan las microempresas y las pymes en el sector agroalimentario de la Unión en todas las fases de la cadena de suministro, desde la transformación hasta la venta al por menor, a la hora de lograr los objetivos de la estrategia;

U. Considerando que el sector agrícola debe seguir produciendo alimentos seguros y nutritivos, manteniendo y gestionando la tierra de forma más sostenible, lo que contrarresta la despoblación de las zonas rurales; que los agricultores europeos cumplen las normas más estrictas a escala mundial y proporcionan alimentos de gran calidad, no solo a los ciudadanos europeos, sino también en todo el mundo; que el sector agrícola tiene un inmenso valor estratégico pero, en poco más de un decenio, varios millones de explotaciones han dejado de existir, lo que representa más de un tercio de todas las explotaciones en Europa, siendo la gran mayoría de ellas pequeñas empresas familiares;

V. Considerando que la transición de la agricultura europea hacia prácticas más sostenibles y la circularidad requerirá inversiones sustanciales con el acceso adecuado a la financiación como condición previa; que el BEI está comprometido a aumentar el porcentaje de su financiación a inversiones en acción por el clima y sostenibilidad medioambiental para alcanzar el 50 % de sus operaciones en 2025 y en adelante; que esto se podría utilizar para desplegar tecnologías que contribuyan a prácticas sostenibles y a reforzar el vínculo de la agricultura con la economía circular;

W. Considerando que la buena salud del suelo mejora la capacidad de la tierra para la producción de alimentos, el filtrado de aguas y la absorción de carbono, contribuyendo así no solo a estabilizar el clima, sino también a garantizar la seguridad alimentaria, restaurar la biodiversidad, proteger nuestras tierras agrícolas y construir un sistema alimentario más saludable; que la agricultura regenerativa como enfoque para la producción de alimentos y la gestión de la tierra podría mitigar estos desafíos, contribuyendo a la transición hacia un sistema agrícola altamente resiliente basado en la gestión adecuada de las tierras y los suelos;

X. Considerando que es importante que los consumidores estén completamente informados y empoderados y sean capaces de tomar decisiones con conocimiento de causa en cuanto a la alimentación; que esto requiere un entorno alimentario sano y seguro que garantice la transparencia y permita que la opción saludable y sostenible sea también una opción fácil y asequible para todos, y que fomente e incentive modelos de consumo que apoyen la salud humana, salvaguardando al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales y humanos y un alto nivel de bienestar de los animales; que las campañas de información, educación y sensibilización son insuficientes por sí solas para lograr el cambio necesario hacia unas elecciones más sostenibles y saludables de los consumidores, ya que estas pueden verse influidas por aspectos como las normas y convenciones, el precio, la comodidad, el hábito y la manera en que se presenta la elección de alimentos; que, no obstante, unos ciudadanos informados y educados pueden desempeñar un papel importante para la consecución de los objetivos de Europa en materia de clima, eficiencia en el uso de los recursos y biodiversidad desde el lado de la demanda; que la información de etiquetado obligatorio sobre el contenido de nutrientes y el origen, así como información exhaustiva sobre bienestar animal y sostenibilidad, en principio sobre todos los alimentos, y la difusión pública de información sobre el verdadero coste de la producción pueden ayudar a orientar a los consumidores hacia una nutrición saludable, segura y sostenible; que la información al consumidor debe también adaptarse a la era digital, sin dejar a nadie atrás;

Y. Considerando que la dieta mediterránea, reconocida por la Unesco en 2010 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es conocida como una dieta saludable y equilibrada, con un alto valor nutricional, social y cultural, basada en el respeto del territorio y de la biodiversidad, que garantiza la conservación y el desarrollo de actividades y oficios tradicionales relacionados con la pesca, la caza sostenible y la agricultura y desempeña un papel protector en la prevención primaria y secundaria de las principales enfermedades degenerativas crónicas;

Z. Considerando que el agua y la agricultura están inextricablemente vinculadas y que la gestión sostenible del agua en el sector agrícola resulta fundamental para garantizar la producción de alimentos de alta calidad y adecuados y la conservación de los recursos hídricos;

AA. Considerando que se ha agravado la globalización del mercado alimentario, lo que ha comportado un aumento de la importancia de los acuerdos de libre comercio entre la Unión y terceros países;

AB. Considerando que es necesario tener en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación de las normas en materia de medio ambiente actualmente vigentes;

AC. Considerando que la grave situación creada por la pandemia de COVID-19 ha repercutido en todos los agentes de la cadena agroalimentaria europea, de la producción primaria al sector de la hostelería;

AD. Considerando que el sistema alimentario europeo ha desempeñado un papel crucial durante la pandemia de COVID-19 y ha demostrado su resiliencia de la mano de agricultores y sus cooperativas u organizaciones de productores, trabajadores empleados de toda la cadena de valor alimentaria, transformadores, distribuidores y minoristas que han trabajado juntos en condiciones difíciles, también durante confinamientos, y exponiéndose a riesgos sanitarios, a fin de garantizar que los consumidores europeos siguieran teniendo acceso a productos seguros, asequibles y de alta calidad sin impedimentos, respetando al mismo tiempo la integridad del mercado interior; que el mercado interior y el sistema agrícola de la Unión superaron en gran medida y rápidamente las interrupciones del suministro durante la crisis de la COVID-19, lo que, sin embargo, puso de manifiesto ciertas vulnerabilidades en las intricadas cadenas de suministro alimentario, lo que demuestra la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, la resiliencia y las cadenas de suministro cortas; que, en este contexto, resulta fundamental hacer hincapié en el valor de la seguridad alimentaria y de las cadenas de suministro para todos los ciudadanos de la Unión, así como en la importancia de disponer de todos los instrumentos necesarios para que los agricultores puedan producir alimentos diversos de manera sostenible;

AE. Considerando que, aunque los derechos de los agricultores se consagraron en 2004 en virtud del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, las normas de propiedad intelectual a menudo les han perjudicado, poniendo en peligro los sistemas locales, tradicionales e indígenas de semillas;

AF. Considerando que los consumidores están cada vez más preocupados por el bienestar y la salud de los animales; que un nivel elevado de bienestar animal es importante para el desarrollo sostenible y puede reforzar la sostenibilidad económica y ambiental de los agricultores europeos, creando un nuevo mercado para que estos vendan productos basados en normas más estrictas en materia de bienestar animal; que la Comisión ha anunciado una evaluación y revisión de la legislación vigente en materia de bienestar animal, también sobre el transporte y el sacrificio de animales; que unas normas horizontales para proteger a los animales en la agricultura, combinadas con requisitos de bienestar animal basados en la ciencia y específicos de cada especie para todas las especies ganaderas, mejorarían significativamente el bienestar animal; que los períodos de transición y el apoyo a los agricultores son esenciales en relación con los cambios legislativos para permitir una agricultura más sostenible y lograr mejoras para el bienestar animal;

AG. Considerando que las indicaciones geográficas se derivan del patrimonio inmemorial de la Unión y son fruto de la adaptación de la humanidad a su entorno y una expresión de la identidad de la Unión;

AH. Considerando que es muy importante hacer frente al fraude alimentario y a las prácticas desleales detectando e investigando actividades fraudulentas;

1. Acoge con satisfacción las ambiciones y los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como un paso importante para garantizar un sistema alimentario sostenible, justo, saludable, respetuoso con los animales, más regional, diversificado y resiliente, que resulta fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y en los ODS; hace hincapié en los vínculos indisociables entre las personas sanas, las sociedades sanas, los animales sanos y un planeta sano; destaca que esta estrategia es básica para situar el sistema alimentario, incluida la producción animal y vegetal, dentro de los límites del planeta, al tiempo que subraya la importancia de lograr condiciones de trabajo y de empleo dignas y oportunidades justas en toda la cadena de valor alimentaria y la necesidad de alcanzar un enfoque político adecuado y equilibrado; anima a la Comisión a plasmar cuanto antes la estrategia en acciones legislativas y no legislativas concretas, acompañadas por los mecanismos adecuados de apoyo económico para la transición;

Sobre la necesidad de actuar

2. Recuerda que las evaluaciones de impacto constituyen una parte integrante del proceso de formulación de normas de la Unión; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que tiene la intención de llevar a cabo evaluaciones de impacto detalladas, incluidas consultas públicas, en consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, para cualquier iniciativa legislativa en el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», también las relativas a objetivos cuantitativos efectivos[55]; hace hincapié en que estas evaluaciones de impacto científicas ex ante deben incluir sólidas evaluaciones ambientales, deben cubrir las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social, incluida la salud) en un enfoque holístico y sistémico y tener en cuenta los efectos acumulativos, además de incluir el coste de la inacción en cuanto a consecuencias inmediatas y a largo plazo para la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad general, así como tomar en consideración el relevo generacional, posibles compromisos entre los objetivos políticos, la disponibilidad de medios para alcanzar los objetivos y los distintos modelos agrícolas en los Estados miembros de la Unión; indica la importancia de describir los métodos de cálculo, las bases y los períodos de referencia de cada objetivo individual, y destaca la necesidad de cooperación, consulta y colaboración con los Estados miembros; reconoce que la primera revisión intermedia de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» está prevista para mediados de 2023; destaca la necesidad de que esta evaluación intermedia reflexione en profundidad sobre el impacto acumulativo de todas las acciones de manera holística y sistémica, y cubrir todos los aspectos de la sostenibilidad, ya sea ambiental, económica o social, incluida la salud;

3. Acoge con satisfacción el anuncio de una propuesta de marco legislativo basada en datos contrastados para sistemas alimentarios sostenibles sobre la base de datos transparentes y que tenga en cuenta los últimos conocimientos científicos; pide a la Comisión que utilice esta propuesta para establecer una política alimentaria común holística, con visión de futuro, equilibrada, integrada y sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, en la que todos los agentes contribuyan con miras a reducir la huella medioambiental y climática del sistema alimentario de la Unión, así como a atenuar los impactos negativos en la biodiversidad y en la salud y el bienestar humanos y animales del sistema, a fin de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro y con una contaminación casi cero de aquí a 2050, y reforzar su resiliencia para garantizar la seguridad alimentaria a medio y largo plazo frente al cambio climático, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad; destaca la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica y social a lo largo de toda la cadena alimentaria, pues las buenas perspectivas socioeconómicas y la competitividad de los distintos sectores interesados ayudarán a realizar los objetivos de la estrategia; anima a la Unión a liderar una transición mundial hacia la sostenibilidad de la granja a la mesa, sobre la base del principio de un sector agrícola multifuncional sostenible desde el punto de vista ambiental, social (incluida la salud) y económico, de los principios de agroecología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el derecho de las Naciones Unidas a la alimentación, garantizando al mismo tiempo una mayor homogeneidad y coherencia de las políticas que permita a todos los agentes del sistema alimentario europeo llevar a cabo una planificación a largo plazo basada en objetivos SMART realistas y transparentes; subraya la necesidad de un cambio legislativo y de las políticas urgente y audaz ante las abrumadoras pruebas científicas de la necesidad de mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario actual y los mayores costes que se generan por la inacción, y destaca la importancia de la innovación y de las prácticas sostenibles; propone que se tengan en cuenta las respectivas bases de referencia en cada Estado miembro y los progresos realizados, así como sus condiciones específicas (regionales), promoviendo al mismo tiempo el intercambio de conocimientos técnicos y mejores prácticas entre Estados miembros; subraya la necesidad de abarcar las cadenas alimentarias y de bebidas en su totalidad, incluidas la producción, la transformación, la comercialización, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la hostelería, la venta al por menor, la eliminación y el reciclaje de materias primas secundarias; pide que esta propuesta legislativa tenga plenamente en cuenta el bienestar de los animales de granja, dado que forma parte integral de la sostenibilidad alimentaria;

4. Apoya el desarrollo de planes estratégicos de política alimentaria[56], que sirvan para facilitar, estimular y ampliar políticas alimentarias nacionales, regionales y locales, nuevas y existentes, considerando también la compleja cuestión de la pobreza alimentaria en Europa; hace hincapié en la importancia de consolidar estos planes mediante la intervención de la ciencia y la investigación independientes e imparciales y la implicación de las partes interesadas desde una amplia variedad de perspectivas para garantizar un proceso legítimo e inclusivo; subraya que se requiere un nuevo enfoque transversal respecto a la gobernanza para garantizar la coherencia entre las políticas alimentaria y agrícola de la Unión y las que influyen en ellas, como las políticas comercial, energética, de competencia y climática, al objeto de reforzar las sinergias y evitar y gestionar las soluciones de compromiso; aboga, por lo tanto, por un diálogo estructurado entre el Parlamento Europeo, los Estados miembros y todos los agentes del sistema alimentario a fin de aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta estrategia y para debatir las brechas, las oportunidades y los retos en el desarrollo y la ejecución de una política alimentaria global común de la Unión; invita a la Comisión a promover un diálogo social sobre una interpretación común de la sostenibilidad y de sus distintos componentes en el camino hacia su propuesta de un marco legislativo para un sistema alimentario sostenible, que en última instancia tendrá que basarse en un enfoque coherente respecto a todos los aspectos de la sostenibilidad;

5. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de desarrollar un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, con el fin de coordinar una respuesta europea común a las crisis que afectan a los sistemas alimentarios; insiste en que es necesario un enfoque de prevención para evitar movimientos provocados por el pánico y reacciones exageradas por parte de personas, empresas o Estados miembros; considera que proporcionará una respuesta adecuada a las crecientes expectativas respecto a la seguridad alimentaria que deben abordarse a escala europea; insta a la Comisión a que considere las cuestiones relativas a las reservas estratégicas de alimentos del modo en que aborda las reservas estratégicas de petróleo en toda la Unión;

6. Subraya la necesidad de adoptar acciones para promover una agricultura sostenible, reducir el uso y los riesgos asociados a los plaguicidas, proteger y restaurar los ecosistemas del suelo, y aumentar las características paisajísticas de las tierras de cultivo que contribuyen a la recuperación de especies y hábitats protegidos por las directivas sobre protección de la naturaleza, incluidos los polinizadores y sus hábitats; recuerda que la productividad y la resiliencia agrícolas dependen de la gestión sostenible de los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros sistemas alimentarios;

7. Subraya que los consumidores, los agricultores y las empresas europeos están interesados en una transición satisfactoria hacia un sistema alimentario más sostenible; destaca que la mejora de la información a las partes interesadas y de las políticas agrícolas pueden respaldar esta transición; resalta que la transición ecológica en la producción de alimentos y la aportación a la mitigación del cambio climático que se deriva de esta podrían ser una situación beneficiosa para todos, los productores primarios, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, al proporcionar alimentos sostenibles, seguros, suficientes, asequibles, sanos y nutritivos, y que puede lograrse con un enfoque equilibrado que busque sinergias entre las prácticas sostenibles y las oportunidades económicas; reitera que, para garantizar una contribución proporcionada del sector, la agricultura debe guiarse por objetivos e incentivos y ser parte de la ambición de la Unión por avanzar hacia la reducción a cero de las emisiones netas a más tardar a mediados de siglo, abordando al mismo tiempo las emisiones vinculadas a la producción y el consumo de alimentos en Europa pero que se generan fuera del continente; subraya que la participación de los agricultores en la acción por el clima y su apoyo resultan cruciales para lograr los objetivos globales de mitigación y los ODS sin poner en peligro la seguridad alimentaria y nutricional mundial, y sin dejar a nadie atrás;

8. Hace hincapié en la necesidad de garantizar la coherencia entre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y los objetivos del Pacto Verde Europeo, también en materia de clima, biodiversidad, contaminación cero y salud; subraya que mantener y mejorar la biodiversidad es crucial para salvaguardar la seguridad alimentaria de la Unión y mundial, y que debe garantizarse la coherencia con la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad, incluida la contribución de las zonas marinas protegidas y de la red Natura 2000 al refuerzo de la producción de alimentos saludables, además de la coherencia en relación con la política agrícola común (PAC), la política pesquera común (PPC), las políticas comerciales de la Unión y la Estrategia de Bioeconomía de la UE; pone de relieve que los ODS ofrecen un marco pertinente para integrar de manera coherente y sistemática los objetivos ambientales, sociales y económicos, y que permiten formular políticas transversales que reflejen mejor la interrelación entre los objetivos de cada política; recuerda que la dimensión social debe integrarse plenamente en todas las iniciativas futuras de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», junto con las dimensiones económica y medioambiental, con el fin de lograr la coherencia entre las distintas políticas tan necesaria para el desarrollo sostenible; insiste en que la mejora de las condiciones de trabajo, con arreglo a los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la negociación colectiva y la protección social deben incluirse como criterios de sostenibilidad;

Crear una cadena alimentaria que funcione para los ciudadanos, los trabajadores, los productores, los distribuidores y el medio ambiente

9. Acoge con satisfacción la decisión de revisar la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas y los objetivos de reducción de plaguicidas, pérdidas de nutrientes de fuentes orgánicas y minerales y ventas de antibióticos, y está convencido de que estos objetivos son alcanzables pero que su viabilidad depende de la disponibilidad de alternativas más seguras, eficaces y eficientes; destaca la importancia de una mayor educación y comunicación holísticas, también a través de servicios de asesoramiento para lograr esta transformación; subraya la necesidad de que estos objetivos de reducción sean vinculantes y la importancia de perseguirlos a través de enfoques holísticos, preventivos y circulares, tales como las prácticas de agricultura ecológica y agroecología, aplicando agricultura de precisión y prácticas de gestión integrada de cultivos y plagas cuando proceda, y el uso de alternativas sostenibles, con una perspectiva de ciclo de vida; hace hincapié en la necesidad de establecer procedimientos acelerados de evaluación, autorización y registro de plaguicidas no químicos de bajo riesgo, garantizando al mismo tiempo que su evaluación aplique el mismo nivel de rigor que el de otras sustancias; insiste en que cada Estado miembro, con arreglo a sus características climáticas y de producción agrícola, debería establecer unos objetivos cuantitativos de reducción sólidos, efectivos y con un calendario claro en sus revisiones de los planes estratégicos de la PAC y otros instrumentos políticos pertinentes, con el fin de reducir a cero las emisiones agrícolas al suelo, a las aguas subterráneas y superficiales, y al aire de conformidad con la ambición de ausencia de contaminación del Pacto Verde Europeo, acompañados de medidas de apoyo bien definidas, específicas de cada cultivo, que garanticen la rendición de cuentas y la aplicabilidad en todos los niveles, y utilizando datos independientes y completos para contribuir a alcanzar estos objetivos así como el apoyo y la formación para la ejecución en las explotaciones agrarias y la ulterior investigación y desarrollo de soluciones agrícolas innovadoras y sostenibles; invita a la Comisión a apoyar a los Estados miembros en la mejora de sus sistemas de supervisión, seguimiento y aplicación adecuada de las normas sobre el uso de plaguicidas, y a reforzar la comunicación con los usuarios finales y la sensibilización de estos; reitera su petición de que los objetivos y metas mencionados se traduzcan en legislación, también por medio de la revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, y pide a la Comisión que aclare cómo tratará las contribuciones de los distintos Estados miembros a los objetivos vinculantes a escala de la Unión al tiempo que garantiza la igualdad de condiciones, y que precise las bases de referencia para estos objetivos, tomando en consideración los distintos puntos de partida, los esfuerzos emprendidos y las características de cada Estado miembro, determinando claramente las numerosas alternativas no sintéticas y de otro tipo que ya se conocen en la actualidad, su disponibilidad y su repercusión en la viabilidad del sector, en los ingresos de los agricultores y en la seguridad alimentaria, e invita a la Comisión a elaborar un plan para minimizar los insumos sintéticos en la agricultura; invita a la Comisión a apoyar a los Estados miembros en la tarea de prestar especial atención a las condiciones específicas aplicables al uso de plaguicidas en zonas de protección de aguas subterráneas, a través de una mejor comunicación, supervisión e inspecciones;

10. Destaca el papel fundamental de la gestión integrada de plagas (GIP) en la reducción de la dependencia de los plaguicidas, e insta a los Estados miembros a que garanticen que su aplicación es objeto de un seguimiento y una evaluación sistemáticos; insta a los Estados miembros a que conviertan los principios generales de la GIP en criterios prácticos y medibles y a que comprueben estos criterios en las explotaciones; pide además a la Comisión que vele por que los Estados miembros apliquen efectivamente estos principios a través de sus planes estratégicos de la PAC; les insta a que incluyan medidas y prácticas, bien definidas y adaptadas, para cada cultivo, como las bandas florales, como base de referencia para revertir el uso de plaguicidas y la resistencia de las plagas; pide a los minoristas de la cadena alimentaria que cooperen de manera proactiva con los agricultores en la aplicación y ampliación de todas las prácticas y métodos de GIP disponibles para cada cultivo en su cadena de suministro y que informen sobre su propia contribución a las metas y los objetivos de reducción como parte de sus informes medioambientales, sociales y de gobernanza;

11. Considera que, a pesar de que la Unión posee uno de los sistemas más estrictos del mundo, tanto el Reglamento sobre la aprobación de los plaguicidas en sí como su aplicación deben mejorar; recuerda su Resolución sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas[57] y espera que la Comisión y los Estados miembros aborden sin demora todas sus peticiones; subraya que el marco regulador debe fomentar la innovación y la investigación con el fin de desarrollar productos fitosanitarios y alternativas mejores y más seguros; señala que, además de revisar la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas para reducir su uso y los riesgos asociados a los mismos, la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) deben mejorar la evaluación del riesgo medioambiental de los productos fitosanitarios, también teniendo en cuenta los efectos de los plaguicidas en la calidad del agua del suelo y las fuentes de agua potable, incluidos los efectos acumulativos y sinérgicos; insta a la Comisión a que, con el fin de evaluar adecuadamente los avances realizados hacia la consecución de los objetivos de la política, mejore los indicadores de riesgo armonizados que se fijan en la Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión[58] a fin de incluir también la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación, y tener en cuenta las zonas agrícolas o los volúmenes de sustancias activas y la forma en que se utilizan los productos fitosanitarios a fin de reducir realmente el uso de plaguicidas sintéticos y metales pesados en la agricultura convencional y ecológica, y que adopte criterios científicos claros sobre lo que constituyen efectos inaceptables para el medio ambiente, tomando en consideración la exposición en la vida real (aguda y crónica) a múltiples productos fitosanitarios, incluidos los efectos acumulativos y sinérgicos; insiste en que los usos profilácticos de los plaguicidas, entre ellos el tratamiento de semillas con plaguicidas sistémicos, deben restringirse en la medida de lo posible cuando supongan un peligro para la salud humana o el medio ambiente; pide a la Comisión que presente su propuesta legislativa sobre los datos relativos a los plaguicidas a más tardar a mediados de 2022;

12. Pide a la Comisión que garantice que las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 se aplican correctamente y, de este modo, se garantiza, entre otros, un nivel mínimo de notificaciones sobre las autorizaciones de emergencia de plaguicidas, incluido el requisito de que los Estados miembros faciliten unas explicaciones completas y detalladas, y que hagan públicas dichas notificaciones; acoge con satisfacción el papel de la EFSA en el estudio de estas excepciones;

13. Pide que se tengan plenamente en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de los plaguicidas al fijar los LMR, y que se tomen mejor en consideración los riesgos para la salud animal y el medio ambiente a la hora de evaluar las solicitudes de nuevos LMR de conformidad con el artículo 14 del Reglamento al respecto; solicita que los datos recabados mediante la biovigilancia posterior a la comercialización se empleen para verificar la precisión de los niveles de exposición a pesticidas previstos para determinar los LMR así como los niveles de exposición aceptables para los trabajadores agrícolas, los residentes, los circunstantes, los consumidores y los animales del campo; subraya la necesidad de seguir prestando gran atención a la protección de la salud y la seguridad de los usuarios en futuras iniciativas legislativas de la Unión relacionadas con el uso de plaguicidas; recuerda la importancia de garantizar que todos los usuarios reciban equipos de protección, así como información y formación exhaustivas sobre el uso de plaguicidas y los peligros asociados a estos; subraya la necesidad de garantizar que cada trabajador agrícola pueda acceder a documentación oficial que informe del tipo de plaguicida utilizado durante su actividad laboral; subraya que, para lograr estos objetivos, es crucial revisar ulteriormente la Directiva 2004/37/CE sobre sustancias cancerígenas o mutágenas en el trabajo[59], la Directiva 2009/128/CE sobre un uso sostenible de los plaguicidas y la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo[60];

14. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de actuar para reducir las pérdidas de nutrientes al menos en un 50 %, garantizando al mismo tiempo que no se produzca un deterioro de la fertilidad del suelo; se muestra convencido de que la mejor manera de lograrlo es cerrar los ciclos de nutrientes, recuperar y reutilizar nutrientes y animar a los agricultores a plantar leguminosas y recompensarlos por ello; insiste en que a tal fin son necesarias iniciativas legislativas jurídicamente vinculantes y medidas destinadas a permitir a los agricultores mejorar la gestión de los nutrientes; hace hincapié en la importancia de perseguir estos objetivos mediante enfoques holísticos y circulares respecto a la gestión de los nutrientes, como las prácticas agroecológicas y la agricultura inteligente, que pueden proporcionar beneficios conjuntos para la calidad del suelo y la biodiversidad y ayudar a los agricultores a poner fin a su dependencia de los fertilizantes minerales y a reducir los flujos de fósforo y de nitrógeno; señala que la reducción de la fertilización ineficiente y la eliminación gradual de la fertilización excesiva deben tener en cuenta el impacto climático y ambiental de los distintos fertilizantes, incluida la presencia de metales pesados; insta a los Estados miembros a que, en sus planes estratégicos, presenten medidas que fomenten la gestión eficiente y la circularidad de los nutrientes, a que apoyen firmemente la educación de los asesores agrícolas y los agricultores, y a que se sirvan de la reforma de la PAC como una oportunidad para frenar las emisiones de amoníaco (NH3) procedentes del sector agrícola; destaca que la mejora de la gestión de nutrientes presenta beneficios tanto económicos como medioambientales; resalta la importancia de la aplicación de tecnologías y soluciones modernas e innovadoras, como la agricultura de precisión, la fertilización específica adaptada a las necesidades de las plantas, y los servicios de asesoramiento sobre nutrición de las plantas y el apoyo a la gestión, así como la necesidad de instalar banda ancha en las zonas rurales a tal fin; cree que debe prestarse apoyo a los modelos de negocio agrícola sostenibles para contribuir a la recuperación de nutrientes y al reciclaje y la reutilización de flujos de residuos sin contaminantes;

15. Hace hincapié en que, para lograr los objetivos de reducción del uso de plaguicidas químicos y los riesgos asociados a este y de reducción de pérdidas de nutrientes, deben ofrecerse alternativas más seguras para garantizar la disponibilidad de un conjunto de soluciones fitosanitarias que funcionen; destaca, no obstante, la importancia de la educación para garantizar la correcta aplicación de medidas preventivas; aboga por aumentar la investigación y el desarrollo en productos fitosanitarios, fertilizantes y variedades más resistentes que requieran menos insumos a fin de garantizar rendimientos estables y herramientas digitales, además de incentivos para métodos y tecnologías de aplicación como la agricultura de precisión; pide a la Comisión que acelere y simplifique la adopción de nuevas soluciones fitosanitarias, incluidos los productos fitosanitarios de menor impacto, como las sustancias de bajo riesgo o las soluciones biológicas, y que introduzca una definición y una categoría independiente para las sustancias naturales en las legislaciones horizontales, y que emprenda iniciativas destinadas a encontrar procedimientos de evaluación alternativos para estas sustancias de bajo riesgo, básicas y naturales; destaca nuevamente que un menor uso de plaguicidas debe ir acompañado de una mayor disponibilidad en el mercado de alternativas sostenibles con una eficacia equivalente en la protección fitosanitaria respecto a los plaguicidas químicos a fin de evitar la proliferación de plagas vegetales; pide asimismo medidas que faciliten la incorporación de metodologías de nuevo enfoque (MNE) en las evaluaciones del riesgo de los alimentos y piensos químicos, reduciendo la necesidad de ensayos con animales y contribuyendo en última instancia a la eliminación gradual y completa de los ensayos con animales;

16. Reitera la importancia crucial de proteger a las abejas y otros polinizadores contra los efectos nocivos de los plaguicidas y las enfermedades; recuerda su objeción de 23 de octubre de 2019[61] y reitera su llamamiento a la Comisión para que vele por que la revisión del Documento de orientación sobre las abejas y los futuros actos de ejecución no conduzcan a un nivel de protección de las abejas inferior al determinado por la EFSA en su documento de orientación de 2013, y se base en los últimos conocimientos científicos y técnicos; propone, por tanto, que se modifiquen los principios uniformes, no solo en lo que atañe a la toxicidad aguda para las abejas melíferas, sino al menos también en lo que se refiere a la toxicidad crónica y la toxicidad para las larvas de dichas abejas, y a la toxicidad aguda para los abejorros; señala que la EFSA está diseñando su propio sistema de modelización, ApisRAM, que parece estar más en consonancia con la biología de las abejas melíferas que BeeHAVE y menos abierto a conflictos de intereses; insta a la Comisión a que reevalúe con urgencia las sustancias que tienen el mismo modo de actuación que los neonicotinoides;

17. Reitera su petición de incluir un indicador de polinizadores[62] y un objetivo de restauración; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un nuevo marco de monitorización de los polinizadores en el nivel de la Unión con la instauración de programas sólidos a escala de los Estados miembros, hitos intermedios, objetivos, indicadores y metas claros con plazos preestablecidos; subraya que las actividades de monitorización deben integrarse en el nuevo marco de control y evaluación de la PAC;

18. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo un seguimiento sobre el terreno sistemático y normalizado de la biodiversidad en el suelo agrícola, que incluya a los polinizadores, en el que participen profesionales, agricultores y científicos ciudadanos, y que utilicen los datos para ayudar a evaluar las políticas de la Unión y su aplicación;

19. Recuerda la importancia del enfoque de «Una sola salud»; hace hincapié en que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza creciente para la salud transnacional y transfronteriza respecto a la que la acción coordinada de la Unión puede marcar la diferencia; reconoce los importantes esfuerzos dedicados a reducir el uso de antimicrobianos en animales, que contribuyen al esfuerzo global por reducir la resistencia a los antibióticos; destaca, no obstante, la necesidad de seguir reduciendo el uso de antibióticos, también en la producción de alimentos; celebra el plan de la Comisión de reducir las ventas globales de antimicrobianos para animales de granja y en la acuicultura en un 50 % a más tardar en 2030; destaca que los progresos ya realizados en los Estados miembros deben tenerse en cuenta; señala que, para alcanzar esta meta, son necesarios objetivos intermedios y acciones y medidas claras, incluida la imposición de sanciones tal como se prevé en la legislación de la Unión; recuerda asimismo que, para la consecución de este objetivo, es clave mejorar las prácticas ganaderas, ya que un mejor bienestar animal refuerza la salud de los animales y reduce así la necesidad de medicación; estima que la correcta aplicación del Reglamento sobre medicamentos veterinarios[63] y del Reglamento (UE) 2019/4 sobre piensos medicamentosos[64] reducirá ulteriormente el uso de antibióticos, y pide a la Comisión que examine su aplicación y su cumplimiento por parte de los Estados miembros; subraya que los antimicrobianos, excepto los antibióticos de reserva humanos, deben seguir estando disponibles para su uso esencial a fin de garantizar que se protege la salud y el bienestar de los animales en todo momento;

20. Acoge con satisfacción el énfasis puesto en la necesidad de seguir reduciendo las ventas totales en la Unión de antibióticos para animales de granja y la acuicultura, y destaca que las iniciativas de la Unión en este ámbito se han adoptado y deben seguir adoptándose con el enfoque de «Una sola salud» que reconoce la interdependencia entre la salud y el bienestar de los seres humanos, los animales y el planeta; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se centren en medidas adicionales para habilitar e incentivar soluciones sostenibles e innovadoras, especialmente en lo que atañe a las herramientas de prevención y los tratamientos alternativos; defiende un esfuerzo por garantizar normas equivalentes a las fijadas en virtud del Reglamento sobre medicamentos veterinarios para los productos de origen animal importados a la Unión; señala la necesidad, en el marco de la revisión del Reglamento sobre los aditivos en la alimentación animal[65], de abordar las sustancias actualmente no clasificadas como antibióticos pero que tienen propiedades antibióticas de conformidad con el artículo 4, apartado 14, del Reglamento sobre medicamentos veterinarios, que pueden utilizarse en la ganadería y la acuicultura para uso preventivo; llama la atención sobre el hecho de que los trabajadores en la cadena alimentaria corren el riesgo de contraer patógenos resistentes a los antimicrobianos, por ejemplo, al utilizar la técnica de abonado de cobertura al administrar medicamentos veterinarios; destaca la necesidad de adoptar medidas adecuadas para reducir este grave riesgo para la salud en el lugar de trabajo;

21. Recuerda que la agricultura y la silvicultura desempeñan un papel importante a la hora de abordar la adaptación al cambio climático y su mitigación; hace hincapié en la importancia de reconocer y monitorizar el impacto de la agricultura y de la producción animal en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el uso del suelo; subraya la necesidad de reducir estas emisiones para contribuir al compromiso de la Unión con el Acuerdo de París; destaca la necesidad y el potencial de mantener, restaurar y mejorar los sumideros naturales de carbono y reducir las emisiones agrícolas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, en particular en los sectores de la alimentación animal y la ganadería, así como en el sector de los fertilizantes orgánicos y minerales, sin comprometer en mayor medida el bienestar animal y garantizando que no se deteriora la fertilidad del suelo; reconoce que los animales sanos requieren menos recursos naturales y que las prácticas ganaderas sostenibles pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; pide normativas y objetivos adecuados y adaptados en relación con las emisiones derivadas de la agricultura y el uso respectivo del suelo como parte del paquete «Objetivo 55» a fin de garantizar una reducción ambiciosa de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en estos sectores, por ejemplo, abordando la densidad del ganado en la Unión y las emisiones inherentes al uso del suelo derivadas de piensos y alimentos importados; pide que se establezca una combinación coherente de políticas que permita la transición hacia prácticas más sostenibles como una producción ganadera extensiva de pastoreo en el marco de un sistema agrícola mixto, que respete la capacidad de carga del medio ambiente local y favorezca la biodiversidad;

22. Toma nota de los prometedores avances en el ámbito de los aditivos para piensos que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes del agua y del aire procedentes de las actividades ganaderas; acoge con satisfacción, a este respecto, los planes de la Comisión de facilitar la comercialización de aditivos para piensos sostenibles e innovadores y solicita que los programas de investigación oportunos apoyen su ulterior desarrollo;

23. Señala que la ganadería extensiva permanente basada en pastos, el silvopastoreo o la ganadería extensiva ecológica, que a menudo incluye pastos de alto valor medioambiental, es uno de los rasgos característicos del sistema alimentario europeo y que sus programas de calidad son un elemento definitorio de muchas comunidades rurales tradicionales, lo que les permite hacer un uso productivo del suelo que, de otro modo, quedaría abandonado; subraya que esta forma de producción agrícola de base terrestre y de baja densidad puede tener múltiples efectos positivos para el medio ambiente y para la conservación de los paisajes culturales, contribuye a proteger las zonas rurales frente a la despoblación y el abandono, ayuda a mitigar el cambio climático y contribuye a la economía circular y a la restauración de la biodiversidad, por lo que debe apoyarse y fomentarse; hace hincapié en que debe brindarse apoyo a las explotaciones que efectúan la transición hacia formas de producción más sostenibles y abandonan prácticas agrícolas como la ganadería de alta densidad y los monocultivos; pide a la Comisión que vele por que sus políticas y programas de financiación apoyen el paisaje cultural europeo tradicional, por ejemplo, los viñedos en pendiente y en terrazas, y la producción permanente extensiva basada en pastos en apoyo de la biodiversidad; observa que los informes de los Estados miembros con arreglo al artículo 17 de la Directiva sobre hábitats[66] ponen de relieve que el estado de conservación de muchos pastizales seminaturales es desfavorable, inadecuado o malo, y que los polinizadores que dependen de ellos están amenazados, poniendo así en peligro los servicios de polinización;

24. Aboga por una mayor armonización del marco jurídico para la ganadería en la Unión, utilizando indicadores de bienestar animal comunes y con base científica, y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de evaluar y revisar, cuando proceda, el corpus legislativo vigente en materia de bienestar animal; subraya la importancia de tener en cuenta los últimos avances científicos en bienestar animal y de dar respuesta a las demandas públicas, políticas y del mercado de normas más estrictas en materia de bienestar animal; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de jaulas en la ganadería de la Unión, y que valore la posibilidad de haberlas eliminado en 2027; destaca la necesidad de que esta eliminación gradual se fundamente en una evaluación de impacto con base científica y que se garantice un período de transición adecuado; pide a la Comisión que adopte un enfoque por especies que tenga en cuenta y evalúe las características de cada animal, que debe disponer de sistemas de cría adaptados a sus necesidades específicas, protegiendo al mismo tiempo la salud animal y humana, garantizando la protección de los trabajadores, previendo un apoyo suficiente y un período de transición con el fin de mantener la competitividad de agricultores y criadores;

25. Recuerda la importancia de contar con un sistema de bienestar animal de alta calidad, también durante el transporte y el sacrificio; hace hincapié en que un nivel elevado de bienestar animal es parte integrante del desarrollo sostenible y resulta esencial para una calidad alimentaria superior que proporcione una nutrición más saludable, lo que cumple las exigencias de los consumidores y contribuye al proceso de conservación de la biodiversidad; hace hincapié en que se necesita un enfoque coherente y armonizado que considere como un todo la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y el bienestar animales y el clima a la hora de calificar el sistema alimentario de sostenible;

26. Considera que es importante iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que sistemáticamente incumplen la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de bienestar animal y, cuando proceda, colmar las lagunas jurídicas y fijar normas más estrictas en la legislación para el bienestar de los animales; destaca que es fundamental que la Unión tenga en cuenta el cumplimiento de las normas en materia de bienestar animal por parte de terceros países, en especial en lo relativo a productos importados;

27. Hace hincapié en que los animales deben sufrir la menor angustia posible cuando se transportan y sacrifican y, por tanto, acoge con satisfacción la revisión de la legislación vigente sobre bienestar animal en lo que atañe al transporte y sacrificio de animales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten soluciones de sacrificio de proximidad, incluido el sacrificio móvil, con unidades más pequeñas y mejor formación del personal sobre cómo evitar el sufrimiento animal; pide a la Comisión que fomente alternativas al transporte de animales vivos cuando sea posible;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen y hagan cumplir la legislación pertinente de la Unión, en especial el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas[67]; lamenta el actual incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que la protección del bienestar animal no termina en las fronteras exteriores de la Unión y que los transportistas de animales que salen de la Unión deben cumplir también las normas europeas de bienestar animal cuando salen de la UE, al tiempo que señala las dificultades de aplicación debidas a la falta de jurisdicción en el territorio que no pertenece a la Unión;

29. Recuerda que, según la IPBES, el 70 % de las pandemias y enfermedades emergentes tienen un origen animal; expresa su profunda preocupación por la aparición cada vez más frecuente de zoonosis transferidas de los animales a los seres humanos (antropozoonosis), como la fiebre Q, la gripe aviar y la nueva cepa de gripe A (H1N1), que se ve agravada por el cambio climático, la degradación del medio ambiente, el cambio en el uso de la tierra, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y de los hábitats naturales y la presión sobre estos, el tráfico ilegal de animales salvajes y nuestros actuales sistemas de producción y consumo de alimentos; subraya que los sistemas de producción animal que implican el confinamiento de animales con genotipos similares en condiciones de estrecha proximidad pueden aumentar su vulnerabilidad a contraer enfermedades infecciosas, creando las condiciones para la aparición y propagación de zoonosis[68]; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren el abandono de estas prácticas agrícolas y del uso insostenible de la fauna silvestre, incluido el tráfico ilegal, y avancen hacia una mejor gestión de la prevención veterinaria y la promoción de normas estrictas en materia de salud y bienestar de los animales, también con los socios comerciales de la Unión, a fin de prevenir la propagación de zoonosis y de especies invasoras y de fomentar las elevadas normas de bioseguridad de la Unión como las mejores prácticas a escala mundial; reconoce que la prevención y la preparación ante las enfermedades, es decir, la disponibilidad de métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento, es clave para contener las amenazas emergentes para la salud humana y animal;

30. Celebra que la Comisión reconozca la agricultura ecológica como un factor importante en el camino de la Unión hacia un sistema alimentario más sostenible, así como la ambición de aumentar las tierras agrícolas de la Unión dedicadas a la agricultura ecológica de aquí a 2030; subraya que la mayoría de los Estados miembros ya hayan adoptado objetivos para incrementar la superficie agrícola dedicada a la producción ecológica; aguarda con interés el análisis del sector ecológico en la evaluación global de la estrategia y destaca la importancia de un plan de acción europeo para la agricultura ecológica a fin de aumentar su aceptación; destaca que el desarrollo y el crecimiento del sector de la agricultura ecológica deben ir de la mano del desarrollo del mercado y la cadena de suministro, así como de medidas que favorezcan la demanda de alimentos ecológicos y garanticen la confianza de los consumidores, además de contratación pública, incentivos fiscales y una amplia variedad de medidas de promoción, la investigación, la innovación, la formación y la transferencia de conocimientos científicos, contribuyendo con todo ello tanto a la estabilidad del mercado de productos ecológicos como a la remuneración justa de los agricultores;

31. Acoge con satisfacción la idea de mejorar, incentivar y recompensar la captura natural de carbono en los suelos, que ya se ha conseguido en algunas explotaciones agrícolas, lo que proporciona una remuneración adicional a los agricultores por desarrollar y mantener buenas prácticas agrícolas para la captura de carbono, lo que debería conducir a una mejora de los sumideros de carbono en toda la Unión; subraya que las políticas agrícolas y alimentarias deben facilitar la transición hacia una agricultura sostenible recompensando a los agricultores por los beneficios ambientales y climáticos que aportan; destaca la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, como rotaciones extensas de cultivos, cultivos intercalados, permacultura, agrosilvicultura, silvicultura, agroecología y restauración de los ecosistemas, y en especial la restauración y el mantenimiento de zonas de turberas para aumentar los sumideros naturales de carbono y su captura; subraya, no obstante, que la agricultura y las prácticas agrícolas con importantes efectos adversos para el clima, la biodiversidad, el suelo, el agua y el bienestar animal no deben recibir financiación para la lucha contra el cambio climático ni ser incentivados o recompensados; pide a la Comisión que estudie un marco para una cuantificación y certificación sólidas del carbono que evite la posibilidad de tergiversación conocida como «blanqueo ecológico»; pide a la Comisión que presente varias opciones para la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas y destaca que los mercados del carbono son parte de una serie más amplia de medidas reguladoras y no reguladoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; hace hincapié en que los regímenes de captura de carbono en suelos agrícolas pueden ser parte de un conjunto de instrumentos para alcanzar los objetivos climáticos; pide que las propuestas se ajusten a los objetivos de bienestar animal y medioambientales y al principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo; está a favor de incentivar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa, mejorando el acceso a las tecnologías, los datos, la formación y la información, y completando los ingresos de los agricultores a través de la captura de carbono y las remuneraciones por los servicios ecosistémicos, aumentando así su resiliencia;

32. Destaca la importancia de garantizar la seguridad y la diversidad de las semillas y los materiales de multiplicación vegetal con miras a obtener rendimientos estables y variedades vegetales adaptadas a la presión del cambio climático, incluidas variedades tradicionales y adaptadas localmente, así como variedades adecuadas para la producción ecológica y los sistemas agrícolas con pocos insumos, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la libertad de decisión de los agricultores y el acceso a recursos genéticos y técnicas innovadoras de selección vegetal a fin de contribuir a la salud de las semillas y proteger los vegetales frente a plagas nocivas y enfermedades, además de ayudar a los agricultores a hacer frente a los riesgos crecientes que provoca el cambio climático, asegurando incentivos para la innovación abierta mediante la variación vegetal;

33. Llama la atención sobre los posibles efectos negativos de la concentración y la monopolización en el sector de las semillas y pide a la Comisión que, de ser necesario, adopte medidas para contrarrestarlas; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de la innovación abierta a través de los derechos de los fitogenetistas, y observa con preocupación los efectos perjudiciales de las patentes de amplio alcance en el sector de las semillas; considera que la producción y el uso no comerciales de variedades de semillas tradicionales y adaptadas localmente por ciudadanos particulares y pequeños productores no deben quedar sujetos a normativas europeas y nacionales desproporcionadas; destaca la importancia de mantener un mercado único fuerte para el sector de las semillas de la Unión;

34. Aboga por una coordinación reforzada a escala de la Unión con vistas a estimular la conservación y el uso sostenible de la diversidad genética y que se cree una plataforma común de la Unión para el intercambio de información sobre los recursos genéticos conservados;

35. Acoge con satisfacción el anuncio de la revisión de las normas de comercialización de las variedades tradicionales y adaptadas localmente con el fin de contribuir a su conservación y uso sostenible; destaca la necesidad de medidas encaminadas a facilitar el registro de variedades de semillas, incluso de la agricultura ecológica, y a garantizar un acceso más fácil al mercado para variedades tradicionales y adaptadas localmente;

36. Toma nota del estudio sobre la situación de las nuevas técnicas genómicas con arreglo al Derecho de la Unión y a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-528/161a (SWD(2021)0092), y del anuncio de la Comisión de que tiene previsto iniciar una acción reguladora que incluya una evaluación de impacto y una consulta pública sobre las plantas derivadas de determinadas nuevas técnicas genómicas, con el fin de mantener un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, aprovechando al mismo tiempo los posibles beneficios de la ciencia y la innovación, en especial para contribuir a la sostenibilidad y a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; destaca el principio de precaución y la necesidad de garantizar la transparencia y la libertad de decisión de agricultores, transformadores y consumidores, y subraya que esta acción debe incluir evaluaciones de riesgos y una visión y un análisis de opciones exhaustivos en cuanto a la trazabilidad y el etiquetado con miras a lograr una supervisión reglamentaria adecuada y ofrecer a los consumidores información pertinente, también sobre productos procedentes de terceros países, para garantizar la igualdad de condiciones de competencia;

37. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente con carácter urgente una nueva propuesta legislativa sobre la cuestión de la clonación y los «alimentos clonados»; insiste en que esta propuesta deberá incluir la prohibición de la clonación, la comercialización e importación de animales clonados, su material reproductivo y su descendencia, así como la prohibición de comercialización e importación de alimentos procedentes de animales clonados y su descendencia; lamenta profundamente la falta de acción en la regulación de clones y de sus crías, y reitera que no deben practicarse procedimientos de cría o reproducción naturales o artificiales que causen, o puedan causar, sufrimiento o daños a cualquiera de los animales afectados, y que es necesario garantizar que no entren en la cadena alimentaria los alimentos procedentes de animales clonados y de sus crías;

38. Destaca el importante papel de los agricultores europeos para completar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, y hace hincapié en que deben preverse recursos financieros suficientes para lograrlo; hace hincapié en la necesidad de que se utilicen, se fomenten y se apoyen todos los métodos de producción sostenible, incluida la producción ecológica integrada y la agroecología, pues pueden aportar sostenibilidad medioambiental, aumentar la proporción de superficie total cultivada en sistemas respetuosos con el medio ambiente y ofrecer sólidas garantías en materia de calidad, seguridad, cantidad y precio;

39. Insiste en que los planes estratégicos nacionales, que deben elaborar los Estados miembros y que la Comisión debe aprobar en el marco de la nueva PAC, garanticen un apoyo financiero adecuado a todos los agricultores y silvicultores de la Unión al objeto de reforzar su competitividad y sus ingresos, de modo que tanto ellos como sus familias puedan alcanzar un nivel de vida digno, luchar contra la despoblación rural y mantener unas comunidades rurales dinámicas;

40. Celebra que la nueva PAC ofrezca incentivos para promover nuevos modelos de negocio innovadores, digitales, ecológicos, regionales y sostenibles para la agricultura y la producción artesanal de alimentos, en particular mediante el fomento de las cadenas de suministro cortas, por ejemplo los productos con indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen, respetando las normas del mercado, y mediante enfoques que incluyen la logística innovadora de proximidad, tales como los «centros verdes», y la integración de la producción artesanal de alimentos en otros servicios de las zonas rurales como el turismo o la gastronomía; destaca que la comercialización regional de productos agrícolas y las asociaciones desempeñan un papel importante en la promoción de cadenas de suministro sostenibles; reconoce que, cuando no se dispone de producción local, son necesarias las importaciones;

41. Pide a la Comisión que apruebe únicamente los planes estratégicos nacionales de la PAC si acreditan claramente su contribución a la sostenibilidad, desde una perspectiva económica, ambiental y social, y si están en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, los objetivos pertinentes de toda la Unión y el Acuerdo de París;

42. Pide que estos planes tengan debidamente en cuenta los retos concretos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas de la Unión en cuanto a la biodiversidad, la producción agrícola y el suministro de alimentos y materias primas; destaca que un apoyo económico adecuado en el marco de la PAC es fundamental para hacer posible que la agricultura de la Unión contribuya a la transición hacia la neutralidad climática y mejorar la conservación de la biodiversidad; señala que unas medidas de apoyo más robustas, incluidos los programas de formación y los servicios de asesoramiento, son clave para que los agricultores puedan desempeñar su papel en la realización de los objetivos de la estrategia; pide que se apliquen «eco-esquemas» reforzados en los planes estratégicos nacionales, en consonancia con la posición del Parlamento, lo que permitiría evitar una duplicación innecesaria de los controles de condicionalidad;

43. Subraya que un suelo sano es condición previa para garantizar la seguridad de la producción de alimentos, piensos y fibras; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que eviten que continúe su degradación en el ámbito de la Unión; subraya que el suelo agrícola es un recurso natural básico, cuya adecuada condición es clave para la culminación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; subraya, en este contexto, la importancia de la nueva estrategia sobre el suelo, y pide a la Comisión que emprenda las acciones pertinentes con arreglo a la misma para generar las soluciones necesarias; reconoce el carácter esencial de la materia orgánica y la biodiversidad del suelo y los bienes y servicios que proporcionan; lamenta que los suelos estén sometidos a una presión cada vez mayor; considera que debe establecerse y mantenerse un sistema de seguimiento sólido en toda la Unión de los organismos del suelo y de la evolución en términos de variedades y de número de organismos en todos los Estados miembros;

44. Reconoce la importancia de los elementos paisajísticos de alta diversidad, que resultan esenciales para mantener los servicios básicos de los ecosistemas, como la polinización o el control natural de plagas, para la producción agrícola y que aumentan a largo plazo su productividad; acoge con satisfacción el objetivo de la Unión de dedicar al menos el 10 % de la superficie agrícola a este fin; recuerda las conclusiones de la evaluación de impacto, de 20 de octubre de 2011, titulada «Common Agricultural Policy towards 2020» (La política agrícola común en el horizonte de 2020) (SEC(2011)1153), en las que se señalaba que no se generarían impactos significativos en la producción ni en los ingresos de las explotaciones;

45. Señala que los suelos agrícolas son limitados y, por tanto, deben utilizarse de manera eficiente; destaca la necesidad de incluir en la estrategia modelos agrícolas innovadores con una huella de uso de la tierra reducida, como son la horticultura y la insecticultura;

46. Subraya que el «cultivo protegido» de frutas y hortalizas en invernaderos modernos es un sistema de producción de alimentos muy sostenible que se utiliza cada vez más y ofrece diversas ventajas; insta a la Comisión a que reconozca la transformación en curso en el sector hortícola europeo, que propicia una producción de alimentos más sostenible y contribuye a la seguridad alimentaria, a la inocuidad de los alimentos, a una mayor eficiencia en el uso de recursos y a una reducción del desperdicio de alimentos en toda la cadena de producción alimentaria; destaca que, además de tener una huella de uso de la tierra reducida, la horticultura moderna contribuye a diferentes objetivos de la estrategia, como, por ejemplo, la menor necesidad de recursos, su uso eficiente y la producción de frutas y verduras en las proximidades del lugar de consumo, favoreciendo así cadenas de suministro más cortas y la seguridad del abastecimiento; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de destinar fondos de inversión en investigación e innovación para sistemas de cultivo protegidos en invernaderos modernos que utilicen menos recursos para obtener las mismas cosechas;

47. Insta a la Comisión a que aliente a los Gobiernos de los Estados miembros para que amplíen o instauren sistemas que permitan a los ciudadanos arrendar y utilizar los terrenos abandonados y sin uso de titularidad pública para la producción de alimentos;

48. Pone de relieve la importancia del uso de cortinas agroforestales y forestales para reducir la presión sobre los bosques naturales, contribuir a luchar contra el cambio climático y aumentar la productividad, así como de alternativas al uso de fertilizantes en la producción agrícola; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen herramientas en el marco de sus futuros planes estratégicos nacionales para fomentar la forestación y la reforestación y promover la agrosilvicultura, incluido el silvopastoreo, cuando sea posible; pide a la Comisión que promueva programas de formación especializada en toda la Unión, con el fin de concienciar a los agricultores sobre las ventajas de integrar la vegetación leñosa en la agricultura; destaca que la restauración y la renovación de los sistemas agroforestales existentes y el establecimiento de otros nuevos deben contribuir al objetivo de la Estrategia sobre Biodiversidad de plantar 3 000 millones de árboles, lo que ayuda a cumplir tanto los objetivos de biodiversidad y climáticos como el de diversificación y circularidad;

49. Señala la importancia de unos criterios sólidos y estrictos para la producción de energía renovable basada en la biomasa, e insta a la Comisión a presentar criterios basados en la ciencia en el marco de la revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables;

50. Recuerda que el sistema agroalimentario y pesquero europeo debe ofrecer en todo momento a los ciudadanos un suministro suficiente y variado de alimentos seguros, nutritivos, saludables y asequibles que hayan sido producidos de manera sostenible, y subraya que, en última instancia, el aumento de la sostenibilidad económica, medioambiental y social de la producción de alimentos mejorará su resiliencia a medio y largo plazo, creará nuevas oportunidades económicas y contribuirá al uso de materias primas de origen europeo; señala que el aumento de alimentos producidos de manera local puede contribuir a todos estos objetivos, incluida la seguridad alimentaria; recuerda que, en la Unión, 33 millones de personas[69] no pueden permitirse una comida de calidad cada dos días; hace hincapié en que la accesibilidad y la disponibilidad de alimentos requieren respuestas políticas adecuadas y deben considerarse aspectos fundamentales a la hora de evaluar los incrementos en los costes de producción, incluidos los derivados del cambio de prácticas agrícolas; destaca la necesidad de apoyar el desarrollo de las pymes alimentarias sostenibles en las zonas rurales;

51. Insta a la Comisión a integrar las cuestiones relativas a la ayuda alimentaria en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», ya que muchos europeos padecen la falta de alimentos, especialmente las familias monoparentales y los estudiantes, y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia harán que la sufran muchas más personas; reconoce el papel singular de las asociaciones de ayuda alimentaria en toda la Unión, que han de recibir un mejor apoyo debido al creciente número de personas que necesitan ayuda; considera que, para mejorar la resiliencia de nuestro sistema alimentario, se han de aumentar las conexiones entre las políticas alimentarias y las políticas agrarias a todas las escalas, desde la local a la europea;

52. Acoge con satisfacción que el Pacto Verde Europeo busque garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas que trabajan en los sectores de la agricultura y la pesca, así como a sus familias; recuerda que la dimensión social debe integrarse plenamente en todas las iniciativas futuras de la estrategia, junto con las dimensiones económica y medioambiental; señala que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las difíciles condiciones de vida y de trabajo, y, por tanto, destaca la importancia de proteger los derechos laborales y sociales individuales y colectivos de los peones y trabajadores agrícolas, incluidos los trabajadores temporeros y móviles de toda la cadena alimentaria de la Unión; solicita condiciones de vida y de trabajo adecuadas para todos los trabajadores del sector, negociación colectiva y protección social;

53. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a considerar los suelos agrícolas, los conocimientos agrarios, la cadena de suministro alimentario y sus trabajadores como un activo estratégico para la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos europeos, y a garantizar que las condiciones de protección laboral y social en toda la cadena agroalimentaria de la Unión, incluido el debido control de las prácticas desleales en esta cadena, sean conformes a las normas nacionales y de la Unión que se apliquen a todos los trabajadores;

54. Destaca la importancia de los trabajadores estacionales para el buen funcionamiento de la cadena de suministro y pide medidas sólidas para garantizar que estos tengan unas condiciones de vida y de trabajo adecuadas; insta a los minoristas a asumir responsabilidades y cumplir con los criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica en sus prácticas de compra;

55. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer un plan de emergencia para hacer frente a las crisis alimentarias, haciendo balance de la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 e incluyendo medidas armonizadas para garantizar un correcto funcionamiento del mercado interior; considera que el fomento de proyectos alimentarios territoriales que estimulen el desarrollo de cadenas alimentarias cortas en los Estados miembros puede ayudar a la hora de hacer frente a estas crisis;

56. Comparte la opinión de que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar un sistema alimentario sólido, sostenible y resiliente que funcione en todas las circunstancias y sea capaz de ofrecer a los consumidores europeos alimentos locales en cantidad suficiente y a precios asequibles; destaca, a este respecto, la necesidad de preservar el buen funcionamiento del mercado único y, en particular, la circulación de los alimentos, también en períodos de crisis sanitaria; señala, asimismo, que la pandemia también debe considerarse una oportunidad para construir un sistema alimentario sostenible y resiliente y no una excusa para revisar a la baja las ambiciones, ya que sostenibilidad y salud son dos cuestiones interconectadas;

57. Pone de relieve la necesidad, debida en parte a las perturbaciones en las cadenas de producción mundiales y al aumento de la volatilidad de los precios provocados por la pandemia de COVID-19, de lograr una autonomía estratégica abierta para la Unión con el objetivo de garantizar el acceso a mercados clave y reducir la dependencia de las importaciones de bienes críticos, como las fuentes de proteínas de origen vegetal; reitera que los sistemas agroalimentarios deben ser reconocidos como un aspecto fundamental de la autonomía estratégica abierta de la Unión, a fin de garantizar una disponibilidad suficiente de alimentos seguros y de calidad y de mantener unas cadenas alimentarias y unos flujos comerciales eficaces y resilientes durante las futuras crisis, en consonancia con el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo de París;

58. Hace hincapié en que el sector agroalimentario no solo apoya a los agricultores, sino también a todas las empresas proveedoras y transformadoras, garantiza y crea empleo, y constituye la columna vertebral de toda la industria alimentaria; destaca en este sentido que la preservación del paisaje cultural es el motor de las zonas rurales activas; señala la importancia de la artesanía tradicional en la producción de alimentos a escala regional y local, así como la rica diversidad cultural que se deriva de ella; recuerda que también se deben apoyar la conservación y transmisión de conocimientos sobre la artesanía tradicional en el ámbito de la producción de alimentos como elemento horizontal de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», mediante, por ejemplo, una mejor integración de estos conocimientos en los programas participativos de investigación y desarrollo;

59. Expresa su gran decepción por la falta de relieve y de ambición respecto a la contribución y el potencial del sector pesquero y acuícola en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; insta a la Comisión a prestar la debida atención a las especificidades del sector pesquero y acuícola en todas las propuestas legislativas, estrategias u orientaciones que presente en el futuro; hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico dirigido a situar las poblaciones de peces en niveles sostenibles y restaurar los ecosistemas marinos y costeros, que también debe centrarse en los beneficios y la sostenibilidad social, económica y medioambiental del sector pesquero y acuícola;

60. Pone de relieve que unos marcos jurídicos sólidos y fiables para el sector pesquero y acuícola, en los que aplique sistemáticamente el principio de precaución y que se ajusten a la actualización de las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la Unión, deben servir de base para aprovechar de manera sostenible el potencial de este sector y mejorar las medidas zoosanitarias y de protección, incluida la disminución del uso de medicamentos veterinarios y de antibióticos, con el consiguiente aumento de las poblaciones de peces y la mayor claridad en cuanto al uso del espacio y las licencias para todos los usos antropogénicos, incluida la acuicultura, permitiendo así una mayor previsibilidad de las inversiones sin menoscabar la legislación medioambiental; destaca la importancia de disponer de un mecanismo transparente y participativo, en consonancia con la Directiva 2014/89/UE sobre la ordenación del espacio marítimo, para asignar espacio a todas las partes interesadas de manera equitativa; hace hincapié en la necesidad de respetar plenamente las zonas marinas protegidas;

61. Señala que unos buenos mecanismos de trazabilidad, que respondan a las necesidades de los consumidores proporcionándoles informaciones sobre el lugar, la fecha y el método de cría o pesca del pez y la especie a la que pertenece, mediante, por ejemplo, el etiquetado relativo al origen y al método de producción, y unas normas estrictas sobre sostenibilidad y bienestar de los peces para todos los productos vendidos en los mercados de la Unión son esenciales para garantizar la transparencia para los consumidores, el sector y las distintas administraciones, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como para alcanzar los objetivos del Pacto Verde y los ODS; subraya, a este efecto, la importancia de las nuevas tecnologías ciberseguras a la hora de desarrollar sistemas descentralizados de trazabilidad precisos; pide un enfoque coordinado, en el que participen todos los agentes de la cadena de valor, para garantizar la coherencia entre las distintas iniciativas en este ámbito; solicita medidas de control para garantizar que todos los productos de la pesca importados que entren en el mercado de la Unión cumplan las normas sociales acordadas a escala internacional, como las establecidas en el Convenio sobre el trabajo en la pesca (núm. 188) de la OIT y aplicadas en la Unión Europea a través de la Directiva (UE) 2017/159[70] del Consejo, a fin de evitar que se comercialice en la Unión pescado que ha sido capturado por buques que no respetan las normas sociales mínimas;

62. Recuerda que la PPC tiene por objeto garantizar la explotación sostenible de recursos biológicos marinos mediante la restauración y el mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo posible, así como asegurar la rentabilidad de las actividades de pesca y contribuir a abastecer el mercado de la Unión de alimentos con alto valor nutricional y a reducir la dependencia del mercado de la Unión de la importación de alimentos, y pone de relieve la necesidad de mejorar la vigilancia, el control y la ejecución de la PPC, lo que incluye la plena aplicación de la obligación de desembarque y la introducción del seguimiento electrónico de determinados buques;

63. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en prácticas sostenibles existentes y faciliten, fomenten y proporcionen un apoyo adecuado para lograr la transición hacia la pesca y la acuicultura con escaso impacto y el desarrollo sostenible de estos sectores, incluido el de la pesca costera artesanal, mediante, por ejemplo, la utilización de aparejos de pesca selectivos, formas de acuicultura respetuosas con el medio ambiente, incluida la acuicultura ecológica, y de soluciones de eficiencia energética, así como mediante el incremento del porcentaje de las cuotas nacionales asignadas a la pesca costera artesanal; destaca la necesidad de apoyar a los pescadores y a los agentes de la cadena de suministro de productos de la pesca, incluidos los de las regiones ultraperiféricas, en la transición hacia prácticas más digitales mediante una fuerte inversión en formación y la financiación de la digitalización y la conversión a prácticas y herramientas «ecológicas»; pone de relieve, a este respecto, la importancia del Fondo Europea Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) en el fomento del desarrollo de una economía azul sostenible y la modernización del sector de la pesca en consonancia con los objetivos de la PPC;

64. Exige que el Consejo de la Unión Europea haga públicos de forma proactiva todos los documentos relacionados con la adopción de los Reglamentos sobre el total admisible de capturas (TAC), de conformidad con la recomendación de la defensora del pueblo europea relativa al asunto 640/2019/FP;

65. Destaca la necesidad de supervisar y promover la explotación responsable de los recursos pesqueros, implantando al mismo tiempo un nivel de tolerancia cero en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mediante el pleno uso de los instrumentos de que dispone la Unión en virtud del Reglamento INDNR[71], incluida la utilización de las «tarjetas rojas» en los casos en que un país no cumpla los requisitos de la Unión, y mediante el refuerzo de la política de acuerdos de pesca sostenible con terceros países; hace hincapié en que estos acuerdos deben ser realmente sostenibles y estar en consonancia con los mejores dictámenes científicos disponibles, y no deben amenazar al sector de la pesca artesanal en terceros países ni socavar la seguridad alimentaria local;

66. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten las medidas jurídicamente vinculantes a las que se comprometieron al respecto de los espacios marinos en el contexto de la red Natura 2000, así como a adoptar un enfoque holístico para el medio marino y a abordar las causas profundas de la contaminación del agua, incluidos los residuos marinos y las aguas residuales urbanas e industriales, al objeto de poner fin a las prácticas perjudiciales para el medio marino y la salud humana e incentivar la recogida de residuos marítimos por parte de los pescadores y de evitar un consumo de combustible y emisiones adicionales y los efectos negativos de la captura accesoria de animales y peces para el ecosistema, así como a adoptar medidas para mejorar la calidad del agua y el control de las enfermedades y limitar la densidad de población en la producción acuícola en aras de la salud humana y el bienestar de los animales;

67. Destaca el valor del trabajo de las mujeres y los hombres en los sectores de la pesca y de la acuicultura, y el importante papel que desempeñan las mujeres en la transformación, la promoción y la comercialización del pescado capturado; recuerda el potencial de creación de empleo ecológico de la pesca y la acuicultura sostenibles, considera que la transición ecológica de los sistemas alimentarios, incluida la pesca, debe llevarse a cabo de tal forma que se garantice una remuneración justa y una posición fuerte a lo largo de la cadena de valor, y destaca, a este respecto, la importancia que reviste la participación activa de las organizaciones de productores en el sector pesquero y acuícola;

68. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y fomenten el desarrollo de técnicas y aparejos de pesca más sostenibles y de métodos de mayor bienestar para la captura, el desembarque y el sacrificio de peces e invertebrados marinos, sobre la base de los mejores conocimientos científicos, así como la introducción de mejoras en las normas de bienestar animal para peces de piscicultura con el fin de reducir el estrés y mejorar la calidad del pescado; hace hincapié en que la Unión debe apoyar y fomentar las inversiones destinadas a estos aparejos, métodos y mejoras;

69. Destaca la contribución de la pesca en estanques, con sus prácticas de gestión tradicionales, a la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, estrechamente interrelacionadas; subraya que los estanques son hábitats de especies consideradas raras, son positivos para el clima y para las reservas de agua, sirven como sumideros de nutrientes, retienen sedimentos y contribuyen a una producción sostenible de alimentos regionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la pesca en estanques en las medidas y programas pertinentes;

70. Recuerda que los productores primarios se encuentran en una situación de notable desventaja en términos de ingresos respecto a otros agentes de la cadena alimentaria y del resto de la economía; subraya que es esencial reforzar la posición de los productores primarios en la cadena alimentaria, especialmente la de los pequeños y medianos productores, con el fin de permitirles obtener una parte equitativa del valor añadido de la producción sostenible mediante, por ejemplo, el fomento de la cooperación y de las acciones colectivas, recurriendo a las posibilidades existentes en el seno de las organizaciones comunes de mercados para los productos agrarios, pesqueros y acuícolas, como la adaptación de las normas sobre la competencia;

71. Destaca que garantizar unos ingresos estables y justos para los productores primarios es esencial a la hora de hacer posible la transición del sistema alimentario hacia una mayor sostenibilidad y una agricultura más circular, luchar contra las prácticas comerciales desleales y gestionar los riesgos y las crisis; pide apoyo para los productores primarios de toda la Unión a la hora de llevar a cabo esta transición, también mediante la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia de los sistemas de explotación, la gestión de residuos y el suministro y envasado de recursos; subraya que los precios de los productores deben cubrir los costes de producción y reflejar la sostenibilidad social, económica y medioambiental, y, por tanto, estar en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo;

72. Considera que deben promoverse los acuerdos de cadena de suministro a fin de garantizar un reparto equitativo del valor entre los agricultores y una mayor transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro en su conjunto, al tiempo que se fomenta el empleo juvenil en el sector;

73. Acoge con satisfacción el objetivo de acortar las cadenas de suministro; destaca, sin embargo, la realidad de los Estados miembros insulares y de los territorios insulares, que se encuentran separados de la Europa continental y afrontan problemas de aislamiento y dependencia de las importaciones de productos esenciales, como granos para la producción de piensos, lo que debe tenerse en cuenta cuando se apliquen medidas para reducir la dependencia del transporte de larga distancia y otras medidas para acortar las cadenas de suministro; hace hincapié en que sin el transporte de larga distancia de determinados alimentos se pondría en peligro la seguridad alimentaria de estas zonas separadas;

74. Observa que las expectativas de los ciudadanos están evolucionando e impulsando un cambio significativo en el mercado alimentario, que tiene como resultado una mayor demanda de alimentos producidos localmente; destaca la importancia de los alimentos producidos localmente, las oportunidades que ofrecen a nuestros agricultores y las importantes contribuciones positivas que pueden aportar a nuestro medio ambiente; anima, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a fomentar activamente la elaboración de estrategias alimentarias de carácter local, así como de iniciativas en favor de cadenas de suministro cortas;

75. Reconoce la importancia de los alimentos orgánicos frescos consumidos localmente, que resultan beneficiosos para la salud de los consumidores y el medio ambiente; subraya el gran potencial que tiene el fomento de la cooperación entre los productores primarios locales y los proveedores de servicios turísticos, que podría incrementar el consumo de alimentos frescos de elaboración local; solicita que se adopten medidas de apoyo para promover esta cooperación;

76. Pide que se promuevan medidas que permitan procesar las materias primas lo más cerca posible de su lugar de origen, lo que reduce notablemente la huella de carbono y garantiza una mayor trazabilidad de los productos alimentarios;

77. Destaca que, si bien los nuevos modelos de negocio sostenibles ofrecen grandes oportunidades para las pymes, varias de las iniciativas previstas en la estrategia podrían conducir a la creación de demasiados trámites burocráticos; acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de utilizar las herramientas de mejora de la legislación, evaluar los efectos en las pymes y adoptar medidas para promover modelos de negocio sostenibles y circulares específicamente para las pymes, utilizar el Fondo InvestEU para facilitar el acceso a la financiación de las pymes y ofrecer soluciones a medida para ayudar a las pymes a desarrollar nuevas competencias y modelos de negocio; insta a la Comisión y a los Estados miembros a reducir la carga administrativa para los pequeños y medianos agentes de la cadena alimentaria a través de medidas como la simplificación de los procesos de registro y la mayor eficiencia de los permisos, licencias y aprobaciones, o la garantía de que los organismos reguladores pertinentes cuenten con el personal adecuado, con el fin de que los pequeños productores de alimentos puedan comercializar sus productos lo más rápida y fácilmente posible;

78. Considera que el presupuesto asignado para materializar las ambiciones del Pacto Verde Europeo y del Mecanismo para una Transición Justa es insuficiente para abordar de una manera socialmente sostenible las consecuencias de la transformación prevista; pide que el Mecanismo para una Transición Justa abarque también las regiones agrícolas que puedan verse afectadas negativamente y subraya la necesidad de garantizar la adecuada participación de los interlocutores sociales en la definición y la ejecución de iniciativas futuras de la estrategia; recuerda que la transición a este sistema requerirá inversiones importantes y no puede lograrse sin la complicidad y el apoyo de los agricultores europeos;

79. Insta a la Comisión a aplicar estrictamente la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales, y a supervisar atentamente su transposición al Derecho nacional; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y que presente propuestas concretas en consonancia con la estrategia;

80. Reitera que un doble rasero de calidad de los alimentos es inaceptable y tiene que combatirse con rotundidad para evitar la discriminación de los consumidores de la Unión y que sean llevados a engaño; considera, por tanto, que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe incluir disposiciones que permitan evitar este doble rasero de calidad de los alimentos, y pide, por ello, a la Comisión que supervise atentamente la situación del mercado y proponga legislación específica cuando sea necesario; destaca, además, el papel de las organizaciones de consumidores a la hora de detectar estas prácticas engañosas;

81. Recuerda a la Comisión la necesidad de hacer un seguimiento del código de conducta de la Unión sobre prácticas empresariales y comerciales responsables, y que elabore para ello un marco de seguimiento para los sectores alimentario y minorista y prevea medidas legislativas si los avances en la integración de la sostenibilidad económica, medioambiental y social y de las consideraciones sobre el bienestar animal en las estrategias empresariales son insuficientes, con lo que se promoverían y recompensarían los esfuerzos de los productores agrícolas sostenibles, se aumentaría al mismo tiempo la disponibilidad y asequibilidad de las opciones alimentarias saludables y sostenibles, y se reduciría la huella medioambiental global del sistema alimentario y el coste social de la alimentación poco saludable;

82. Insiste en la necesidad de que el código de conducta de la Unión para los sectores alimentario y minorista se centre en establecer compromisos relevantes para la configuración de entornos alimentarios sanos y sostenibles que sean específicos, mensurables y tengan un plazo de tiempo determinado, que puedan acabar con los dobles raseros en las prácticas agroalimentarias y se centren en las operaciones clave de las entidades implicadas;

83. Hace hincapié en la importancia de detener y abordar la consolidación y concentración en el sector minorista de la alimentación con el fin de garantizar unos precios justos para los agricultores y unas condicionales laborales dignas para los trabajadores; insiste en la necesidad de que los agentes implicados en fases posteriores de la cadena de suministro tengan en cuenta los costes de la producción agrícola y de que existan precios justos en todos los eslabones de la cadena de suministro; recuerda la importancia de aumentar la resiliencia de los agricultores en el mercado a través de la obtención de mayores beneficios de la cadena alimentaria, lo que se consigue fomentando su participación, por ejemplo, en asociaciones de productores o cooperativas;

84. Solicita que se introduzcan mejoras de forma no discriminatoria en la política de promoción de la Unión para los productos agrícolas y los alimentos, así como en el programa escolar de la Unión y en el Plan europeo para la promoción de la alimentación saludable en las escuelas; cree que estas mejoras deberían reforzar la producción agrícola europea de calidad y contribuir a la producción y el consumo sostenibles en consonancia con la presente estrategia, el Pacto Verde Europeo y los ODS; considera que estas mejoras deben centrarse en la elaboración de mensajes didácticos, basados en los datos científicos disponibles, sobre las etiquetas de calidad de la Unión (como la etiqueta ecológica de la Unión y las indicaciones geográficas), las cadenas de suministro cortas locales y regionales y la alimentación y los estilos de vida saludables, y en fomentar un mayor consumo de frutas y verduras en el marco de una dieta variada y equilibrada y una menor ingesta de azúcares, sal y materias grasas, con el fin de reducir las tasas de obesidad;

85. Destaca asimismo, en el contexto del programa de promoción de la Unión, la importancia de hacer más ecológico el medio ambiente, tanto en interiores como en exteriores, como solución natural para los efectos del cambio climático y la contaminación del aire y para contribuir a un entorno vital saludable y al bienestar de las personas;

86. Subraya la necesidad de impulsar campañas europeas de información sobre el consumo moderado de vino, sin dejar de promover los productos de calidad; considera que solo las campañas de información y educación amplias serían eficaces para combatir el consumo abusivo, y recuerda que el consumo moderado de vino forma parte de la dieta mediterránea;

87. Reconoce el papel de los regímenes de calidad y de las indicaciones geográficas de la Unión, tales como la denominación de origen protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP), la indicación geográfica de bebidas espirituosas y vinos aromatizados (IG) y la especialidad tradicional garantizada (ETG), que constituyen excelentes ejemplos de la fijación de normas de calidad en la agricultura por parte de la Unión; acoge con satisfacción la revisión de la política de la Unión sobre indicaciones geográficas para permitir que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas sigan contribuyendo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las regiones europeas, de manera que se beneficie a los productores, los consumidores y la sociedad en su conjunto gracias a la elaboración de productos de calidad que crean un fuerte vínculo con las regiones; subraya la necesidad de mejorar el reconocimiento de su autenticidad por parte de los consumidores, que no siempre pueden distinguir las indicaciones geográficas de Europa de otros productos sin denominación; considera también necesario reducir la carga administrativa para los pequeños productores que deseen adherirse a tales regímenes de calidad y reforzar la protección de las indicaciones geográficas contra su uso indebido o la imitación a escala internacional; reitera el importante papel que desempeñan en el comercio entre la Unión y países socios;

88. Destaca que en la estrategia se reconoce que las dietas de la mayoría de los europeos no siguen las recomendaciones para una alimentación sana, y que es necesario un cambio en los patrones de consumo de toda la población, que favorezca alimentos, dietas y estilos de vidas más saludables, como un mayor consumo de hortalizas y de alimentos vegetales (como frutas y verduras, granos enteros y legumbres) y ponga fin al consumo excesivo de carne y de productos muy transformados, así como de productos con alto contenido en azúcares, sal y materias grasas, lo que también redundará en beneficio del medio ambiente y del bienestar animal y aumentará la resiliencia de la economía; hace hincapié en que unas recomendaciones de la Unión para una alimentación sostenible, que tengan base científica y objetivos claros y tomen en consideración la diversidad cultural y regional de los alimentos y las dietas a escala europea y las necesidades de los consumidores, ayudarían y animarían a los consumidores y sustentarían los esfuerzos de los Estados miembros por integrar elementos de sostenibilidad en los consejos sobre nutrición a escala nacional; pide a la Comisión que elabore estas recomendaciones y acciones específicas para promover eficazmente dietas saludables, sostenibles y equilibradas;

89. Acoge con satisfacción que la estrategia reconozca acertadamente el papel y la influencia del entorno alimentario en la configuración de los patrones de consumo, así como la necesidad de conseguir que a los consumidores les resulte más fácil optar por dietas saludables y sostenibles; anima a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar un enfoque más sistemático y empírico para facilitar la creación de entornos alimentarios saludables, sostenibles y justos en vez de depender únicamente de un código de conducta; insiste en la importancia de promover dietas saludables, más equilibradas y sostenibles mediante la mejora de los entornos alimentarios, la concienciación del consumidor acerca de las repercusiones de los patrones de consumo, también por medio de canales digitales, y la facilitación de información sobre las dietas que son mejores para la salud humana y tienen una menor huella medioambiental, como las que incluyen productos procedentes de cadenas de suministro cortas locales y regionales, lo que debe complementarse con un conjunto de medidas para que la producción de alimentos sea por defecto más sostenible;

90. Pide que se adopte un conjunto de medidas exhaustivas y complementarias, incluidas medidas reguladoras y campañas de educación del consumidor, para reducir la carga que suponen para la salud pública el conumo excesivo de alimentos muy transformados así como alimentos con alto contenido de sal, azúcares y materias grasas; insta a los principales productores y minoristas de alimentos a reformular con rapidez y seriedad aquellos alimentos tratados que no estén cubiertos por los regímenes de calidad de la Unión en los casos en los que se puedan hacer mejoras para lograr una composición más saludable, acoge positivamente la intención de la Comisión de poner en marcha iniciativas para fomentar esta reformulación, también mediante el establecimiento de niveles máximos de azúcares, materias grasas y sal en determinados alimentos transformados, y pide a la Comisión que supervise de cerca los avances que se realicen con respecto a esta reformulación; destaca que con estas reformulaciones también se debe buscar reducir los riesgos para la salud que plantean los enriquecedores de alimentos, los residuos de plaguicidas y las sustancias químicas nocivas; solicita que se preste especial atención a los alimentos para niños y a otros alimentos con fines especiales, y que se adopte un enfoque regulador eficaz y a escala de la Unión para tratar la exposición de los niños y los adolescentes a la publicidad y a la comercialización de alimentos transformados con un alto contenido en materias grasas, azúcares y sal en los medios audiovisuales y digitales;

91. Considera que un desarrollo y una innovación sostenible mayores en el ámbito de la producción de proteínas vegetales y de fuentes alternativas de proteínas en la Unión, como insectos y algas, constituye una manera eficaz de hacer frente a muchos de los desafíos a los que se enfrenta la agricultura de la Unión en materia medioambiental y climática, y de evitar asimismo la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas en terceros países y de reducir la actual dependencia de Europa en el suministro de proteínas vegetales; pide a la Comisión que se base en su informe sobre el desarrollo de proteínas vegetales en la UE (COM(2018)0757) y que presente una estrategia de transición de la Unión en materia de proteínas que englobe la parte de la demanda y la oferta con el fin de apoyar e impulsar la producción sostenible de proteaginosos, incluidos los suministros locales de piensos y de producción de alimentos, para aumentar la autosuficiencia de la Unión y reducir las repercusiones medioambientales y climáticas en todo el mundo; destaca la importancia de reducir la dependencia de las importaciones de proteaginosas procedentes de otros continentes;

92. Recuerda su petición de que la evaluación genérica de riesgos de la Unión se haga extensiva a toda la legislación a fin de evitar la exposición de los consumidores a sustancias peligrosas en los alimentos;

93. Recuerda que los perfiles nutricionales, pendientes desde hace tiempo, siguen siendo pertinentes y necesarios para cumplir los objetivos del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos[72]; acoge con satisfacción el anuncio de una propuesta legislativa para establecer perfiles nutricionales; señala que muchos productos alimenticios, incluidos algunos comercializados para niños, siguen utilizando declaraciones nutricionales y de propiedades saludables a pesar de tener elevados niveles de nutrientes preocupantes; subraya que debe desarrollarse un sólido conjunto de perfiles nutricionales para prohibir el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en alimentos con alto contenido en materias grasas, azúcares y sal; solicita que se preste especial atención a los alimentos para niños y otros alimentos con fines especiales;

94. Reconoce que hay organismos de salud pública internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que han determinado que las etiquetas nutricionales que figuran en la parte frontal de los envases son una herramienta clave para ayudar a los consumidores a tomar decisiones alimentarias más informadas, equilibradas y saludables; subraya que el sistema de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase, que es coherente con las directrices dietéticas y las complementa, debe ayudar a los consumidores a elegir alimentos más saludables al proporcionarles información detallada y comprensible sobre los alimentos que consumen; pide a la Comisión que garantice que se crea una etiqueta nutricional para la parte frontal de los envases, que sea obligatoria y coherente en toda la Unión, sobre la base de pruebas científicas sólidas e independientes y una comprensión demostrada de los consumidores, a la que puedan acceder todos los agentes del mercado, incluidos los pequeños y medianos agentes, teniendo en cuenta la carga adicional para los operadores y los sindicatos alimentarios; destaca asimismo que, para facilitar la comparación entre productos, la etiqueta nutricional debe incluir un elemento interpretativo, con el fin de proporcionar una información del producto que sea transparente, comparable y armonizada, y basarse en cantidades de referencia uniformes; insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta las características específicas de los productos de un solo ingrediente y de los productos contemplados en los regímenes europeos de calidad (DOP, IGP, IG, etc.), en particular la imposibilidad de modificar sus composiciones, y hace hincapié en que cualquier posible exención debe basarse en un razonamiento científico; solicita que se establezca un sistema digital a fin de facilitar información voluntaria adicional sobre los productos alimentarios («Eu4healthyfood»), y sugiere que esta información se podría facilitar digitalmente a través de un código QR, de manera que el consumidor podría acceder a ella fácilmente;

95. Señala que los productos saludables, incluidos los alimentos, pueden contener ingredientes naturales o sintéticos que tienen distintos efectos sobre el medio ambiente y la salud de los consumidores; solicita que se implanten sistemas de etiquetado obligatorios para los productos saludables, mediante los que se indique si un ingrediente es de origen sintético cuando se haya obtenido por síntesis química, especialmente en los casos en que existan equivalentes naturales;

96. Pide a la Comisión que evalúe los cambios en la conducta de los consumidores, por ejemplo, en relación con la adquisición de alimentos por internet;

97. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión encaminada a mejorar el etiquetado de origen y su intención de ampliarlo a una gama más amplia de productos; reitera su petición de que se implante el etiquetado de origen obligatorio; destaca que este etiquetado debe ser exhaustivo y coherente, y concernir a todos los productos alimentarios y a los servicios de restauración, restaurantes y minoristas, ser plenamente verificable y trazable y no menoscabar el funcionamiento adecuado del mercado interior; hace hincapié en la necesidad de revisar el Reglamento sobre información alimentaria[73], prestando especial atención a la leche y la carne como ingredientes; pide a la Comisión que rectifique la práctica actual por la que se establece que los productos cuyos ingredientes primarios no son de origen local o regional pueden comercializarse como tales si se indica en la letra pequeña el origen de estos ingredientes, y que haga más visible el origen de los ingredientes primarios para el consumidor; insta a la Comisión a que proponga cambios legislativos para las normas de etiquetado de la miel que supongan una mejor información al consumidor, y que respalde el sector apícola de la Unión mediante el refuerzo de las inspecciones de las importaciones con el fin de evitar las importaciones de miel adulterada, y subraya que se debe hacer cumplir el etiquetado del país de origen de manera efectiva para combatir el fraude alimentario;

98. Celebra la intención de la Comisión de crear un marco para el etiquetado de alimentos sostenibles, y pide a la Comisión que defina la metodología y especifique qué dimensiones de la sostenibilidad estarían cubiertas, garantizando al mismo tiempo que el nuevo sistema no entre en conflicto con los marcos medioambientales existentes, como la etiqueta ecológica o el logotipo ecológico de la UE; destaca que, en la actualidad, se utilizan demasiadas declaraciones medioambientales y métodos publicitarios sin fundamento e incluso engañosos, y pide a la Comisión que introduzca un nuevo marco regulador que establezca un procedimiento de aprobación previa claro, rápido y eficiente para todas las declaraciones y etiquetas de sostenibilidad; hace hincapié en que dicho marco protegería a los consumidores contra declaraciones de sostenibilidad falsas, al tiempo que garantizaría que las empresas que realmente luchan por operar de forma más respetuosa con el medio ambiente sean debidamente recompensadas por sus esfuerzos; subraya la necesidad de que las autoridades de control públicas realicen inspecciones de todas las etiquetas permitidas para los productos alimentarios;

99. Pone de relieve la necesidad de establecer un etiquetado para los productos de origen animal, en el que debe figurar el método de producción e indicadores de bienestar animal, así como el lugar de nacimiento, cría y sacrificio del animal, y subraya que estos requisitos deben ampliarse a los productos transformados con el fin de aumentar la transparencia, ayudar a los consumidores a elegir mejor y contribuir al bienestar de los animales; hace hincapié en que debe apoyarse en mayor medida la producción y la comercialización de proteínas vegetales, y pide, además, que se presente sin más demora la necesaria armonización de los requisitos en materia de etiquetado de los alimentos vegetarianos y veganos, que está pendiente desde hace tiempo;

100. Reafirma su convicción de que las medidas políticas dirigidas a aumentar la sostenibilidad del sistema alimentario no deben centrarse únicamente en transferir la responsabilidad de adquirir productos sostenibles a los consumidores, ya que esto carece de eficacia, aunque la elección del consumidor es un factor importante a la hora de adoptar productos producidos de manera sostenible y dietas más saludables; subraya en este sentido la importancia de una correcta educación nutricional y medioambiental, así como de la disponibilidad de información pertinente que sea fácilmente comprensible; hace hincapié en que el etiquetado de sostenibilidad debe basarse en criterios científicos de sostenibilidad armonizados y debe implicar inspecciones por parte de autoridades de control públicas cuando sea posible, así como nuevas medidas legislativas cuando sea necesario; señala, no obstante, que la certificación y el etiquetado a cargo de terceros no son eficaces por sí solos, pero pueden constituir herramientas complementarias para garantizar la transición a una producción y un consumo sostenibles; reconoce que el aumento de la transparencia por medio de métodos como el etiquetado constituye un elemento importante que puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra más sostenibles, lo que es clave para lograr la transición a sistemas alimentarios más sostenibles;

101. Subraya que los precios de los alimentos deben servir para enviar una señal adecuada a los consumidores; considera que establecer unos precios reales de los alimentos, que también reflejen el verdadero coste de producción para el medio ambiente y la sociedad, es la manera más eficaz de lograr sistemas alimentarios sostenibles y equitativos a largo plazo; acoge con satisfacción, por tanto, el objetivo de la estrategia de orientar a la industria alimentaria hacia prácticas por las que la opción saludable y sostenible se convierta en la más fácil, accesible y asequible para los consumidores; se muestra a favor de proporcionar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de establecer diferentes tipos de IVA para los alimentos que tienen distintos efectos sobre la salud y el medio ambiente, y permitirles elegir un tipo nulo de IVA para los alimentos saludables y sostenibles (tales como las frutas y las verduras), como ya ocurre en algunos Estados miembros pero aún no es posible en otros[74], y un tipo de IVA más alto para los alimentos poco saludables y los que tienen mayores repercusiones en el medio ambiente; recuerda que el gasto doméstico en alimentos varía significativamente en función de los Estados miembros de la Unión y que se debe velar por la asequibilidad para los consumidores en todos ellos, al tiempo que se garantizan también unos ingresos justos para los productores primarios por sus productos sostenibles y saludables, se refuerza la transparencia y se conciencia a los consumidores sobre los costes y los beneficios asociados a cada etapa de la cadena alimentaria; invita a la Comisión a poner en marcha un estudio para cuantificar en términos económicos los costes medioambientales y sociales, incluidos los relacionados con la salud, que están asociados a la producción y al consumo de los productos alimentarios más consumidos en el mercado de la Unión;

102. Pide que se revise la legislación sobre contratación pública con miras a introducir o reforzar los criterios mínimos obligatorios para los centros de educación infantil, las escuelas, otras instituciones públicas y las empresas privadas que prestan servicios públicos, con el fin de fomentar la producción sostenible de alimentos (incluidos los alimentos tradicionales y típicos con indicaciones geográficas), el consumo de productos locales y, cuando sea posible, de productos de temporada, las cadenas de distribución cortas y con venta directa; unas normas más estrictas en materia de bienestar animal y la reducción del desperdicio de alimentos y de los envases en consonancia con los principios de la economía circular; solicita que se fomenten dietas y hábitos alimentarios más saludables y equilibrados por medio de la creación de un entorno alimentario que facilite que los consumidores se decanten por opciones saludables, conscientes y sostenibles; insta a la Comisión a que siga desarrollando herramientas de seguimiento y elaboración de informes para la adquisición sostenible de alimentos;

103. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la legislación de la Unión sobre materiales en contacto con alimentos (MCA), aunque lamenta la falta de actuación armonizada hasta el momento, y sugiere que la Comisión adelante la fecha de publicación de la propuesta; insiste en la necesidad de una regulación exhaustiva y armonizada de todos los MCA, incluidos los materiales y los contaminantes que aún no están regulados a escala de la Unión, que debe basarse en el principio de precaución, en el principio de «no hay comercialización sin registro», en evaluaciones de seguridad exhaustivas basadas en los últimos datos científicos y en los trabajos científicos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la EFSA, y hace hincapié en que son fundamentales la aplicación eficaz y la mejora de la información a los consumidores; reitera su petición de que se revise la legislación sobre los MCA en consonancia con el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), así como con los Reglamentos sobre clasificación, etiquetado y envasado, y que se introduzcan sin más demora disposiciones específicas para sustituir los alteradores endocrinos y otras sustancias químicas peligrosas de todos los MCA sin que ello afecte a la función que desempeña el envasado en la conservación de la seguridad o de la calidad de los alimentos; celebra la intención de la Comisión de establecer normas para el reciclado seguro de todos los plásticos distintos del PET que vayan a ser utilizados en materiales en contacto con alimentos; señala, al mismo tiempo, que deben aplicarse los mismos requisitos de seguridad tanto a los materiales primarios como a los materiales reciclados, y que los agentes responsables de la cadena de suministro y los consumidores finales deben poder conocer fácilmente qué sustancias químicas contienen los materiales en contacto con alimentos y si son seguras;

104. Destaca que el desperdicio y la pérdida de alimentos conllevan un enorme daño medioambiental, exacerban el cambio climático y suponen el derroche de recursos limitados, como el suelo, la energía y el agua, así como una pérdida de ingresos para los agricultores; reitera su petición para que se adopten las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en la Unión en un 30 % de aquí a 2025 y en un 50 % de aquí a 2030, tomando como referencia el año 2014; subraya que para lograrlo son necesarios objetivos vinculantes en cada etapa de la cadena de suministro, incluidas las de producción primaria, preventa al por menor y venta al por menor; insta a todos los Estados miembros a crear y poner en marcha programas de prevención del desperdicio de alimentos que integren plenamente los principios de la economía circular y contemplen el fomento de las cadenas alimentarias cortas, en las que disminuye el riesgo de generar desperdicio de alimentos; señala que entre los objetivos de la PAC figura la prevención del desperdicio de alimentos y destaca que se debe fomentar la adopción de medidas para frenar el desperdicio de alimentos, incluidos los alimentos no cosechados, que se produce en el marco de la producción primaria y de las primeras etapas de la cadena de suministro; hace hincapié en la importancia de garantizar la salud animal para, por ejemplo, evitar pérdidas y desperdicio de alimentos, y subraya que el reaprovechamiento de los residuos de los alimentos de origen vegetal para la alimentación animal constituye una solución viable en los casos en que no se puede evitar el desperdicio de alimentos; subraya la importancia de concienciar a la opinión pública y de proporcionar directrices sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos para promover un cambio de conducta a largo plazo entre los consumidores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que detecten cualquier posible obstáculo que impida un ritmo más rápido de reducción del desperdicio, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la financiación adecuada de la investigación, la innovación, la participación de las partes interesadas y las campañas de información mediante la creación de fondos nacionales de desperdicio de alimentos con el objetivo de acabar con los residuos;

105. Subraya que, en consonancia con la jerarquía de residuos, la atención debe centrarse en evitar el desperdicio de alimentos; acoge con satisfacción la propuesta de revisión para aclarar las normas de la Unión en vigor en materia de indicación de fechas con el fin de prevenir y reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos; destaca que cualquier cambio en las normas relativas a la indicación de fechas debe basarse en datos científicos y mejorar el uso, la formulación y la presentación de dicha indicación por parte de los agentes de la cadena alimentaria, también en la industria hostelera, así como su comprensión por parte de los consumidores, en particular por lo que se refiere a las fechas de caducidad y de consumo preferente, sin que ello suponga menoscabo alguno de la seguridad y la calidad de los alimentos; señala que la armonización de la indicación de fechas contribuiría a combatir el desperdicio de alimentos; pide también la revisión de las normas sobre distribución de alimentos, con el objetivo de detectar y eliminar posibles obstáculos a la reducción de residuos, promover la eficiencia e impulsar la competencia y la innovación;

106. Destaca la importancia de combatir el fraude y las falsificaciones en el sector alimentario, que inducen a error a los consumidores y falsean la competencia en el mercado interior, y pone de relieve la necesidad de solucionar urgentemente la compleja cuestión del fraude alimentario (en concreto, el etiquetado incorrecto, los procesos o tratamientos químicos no aprobados y la falsificación de documentación, y el reemplazo, la dilución, la adición, la supresión o la sustitución de ingredientes por otros más baratos o que no cumplen las normas), con especial atención a la falsificación y el comercio ilícito de indicaciones geográficas; hace hincapié en la importancia de imponer sanciones efectivas que sean acordes al delito y pide a los Estados miembros que reflejen adecuadamente ese principio en la legislación nacional, de conformidad con el Reglamento relativo a los controles oficiales[75]; insta a la Comisión a que trabaje en el marco de una fuerza europea contra el fraude alimentario para mejorar la coordinación entre las diferentes agencias nacionales pertinentes con vistas a garantizar la ejecución de las normas alimentarias de la Unión tanto dentro del mercado único de la Unión como por lo que respecta a nuestras importaciones;

107. Pide a la Comisión que supervise y exija la asignación de recursos adecuados para los controles alimentarios, con el fin de garantizar que se realizan suficientes controles para comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos a la alimentación humana y animal, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a reforzar los controles aduaneros para garantizar el cumplimiento de las normas de producción de la Unión, como las relativas a la seguridad alimentaria, la resistencia a los antimicrobianos, el bienestar animal y los productos fitosanitarios, así como para evitar la entrada de plagas de animales y plantas en la Unión; solicita a los Estados miembros que apliquen de manera rigurosa y coherente las disposiciones sobre trazabilidad de los productos del Reglamento sobre legislación alimentaria general[76] en toda la cadena alimentaria; subraya que, en casos de incidentes que entrañen riesgos para la salud y la seguridad públicas, las autoridades públicas deben informar plena, adecuada e inmediatamente al público acerca de los posibles riesgos que plantean los alimentos en cuestión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre legislación alimentaria general;

Facilitar la transición

108. Destaca la importancia de la financiación de la Unión para la investigación y la innovación, especialmente para las pymes y los pequeños agricultores, como motor clave para acelerar la transición hacia un sistema alimentario europeo más sostenible, productivo, diverso, local, saludable e integrador; anima al sector agroalimentario a utilizar activamente la financiación reservada para el sector en Horizonte Europa a este respecto; destaca igualmente la necesidad de facilitar las inversiones necesarias para promover las prácticas sostenibles, así como la economía y la bioeconomía circulares;

109. Señala que la introducción de nuevas tecnologías y técnicas de agricultura inteligente, también la digitalización y los sistemas de cultivo protegido, puede contribuir a mejorar la eficiencia, el uso de los recursos y la sostenibilidad medioambiental, y puede generar beneficios económicos de la producción agrícola; reconoce que la innovación debe seguir siendo compatible con la recuperación y la promoción de las prácticas y los conocimientos tradicionales, especialmente los adaptados a las características agroclimáticas de cada zona;

110. Destaca la importancia de aplicar las distintas prácticas de gestión integrada de plagas y de proporcionar servicios independientes de asesoramiento a las explotaciones agrícolas para lograr una transferencia de conocimientos al sector agrícola más amplia e integradora; considera que a esto podría contribuir el establecimiento de un sistema de recopilación y divulgación de prácticas sostenibles y el aprovechamiento de los sistemas de formación especializada para los agricultores que ya existen en los Estados miembros, sin que esto suponga la introducción de cargas administrativas adicionales para estos agricultores; pide a los Estados miembros que dediquen una cantidad suficiente de los fondos asignados a los servicios de asesoramiento agrícola a servicios y asistencia técnica relativos a las prácticas sostenibles que contribuyen a los objetivos de la estrategia; estima que, dados los conocimientos teóricos y prácticos de los productores primarios artesanales, la opinión de estos sería fundamental para lograr resultados reales en las explotaciones agrícolas individuales;

111. Subraya la importancia de las instituciones de enseñanza superior en el fomento de la investigación y la innovación, así como en la prestación de servicios de asesoramiento sobre las mejores prácticas sostenibles; reconoce el papel de las universidades en el desarrollo y la transición del sector agroalimentario de las regiones con características diferenciadas, incluidas las regiones ultraperiféricas; acoge positivamente la intención de la estrategia de ayudar a las empresas transformadoras de alimentos que sean pymes y a los pequeños operadores minoristas y de los servicios alimentarios a adquirir nuevas competencias, sin que esto conlleve cargas administrativas adicionales; hace hincapié en la importancia estratégica de los enfoques colectivos que se logran a través de las organizaciones de productores y las cooperativas para unir a los agricultores y a los ganaderos a que alcancen sus objetivos;

112. Recuerda las múltiples sinergias posibles entre la agricultura y la política espacial europea para garantizar una recuperación real de la calidad del suelo y de la alimentación y dar respuesta a los retos medioambientales, climáticos y del cambio demográfico; anima a todos los Estados miembros a participar en programas científicos y de investigación, y pide a la Comisión que tome medidas para garantizar un progreso más equitativo en todos los Estados miembros;

113. Recuerda la necesidad de promover sistemas eficaces de conocimiento e innovación agrícolas (SCIA) que aumenten la sostenibilidad del sector agrícola, acelerando para ello la innovación y fomentando una estrecha cooperación entre todas las partes interesadas (agricultores, investigadores, asesores, expertos y ONG) mediante la formación y el aprendizaje permanente integradores y de calidad y la aceleración de la transferencia de conocimientos, incluidos los referentes a la aplicación de técnicas agrícolas integradas como la gestión integrada de plagas para cada cultivo;

114. Pide a los Estados miembros que, a la hora de elaborar y aplicar sus planes estratégicos nacionales de la PAC, aprovechen al máximo las posibilidades que ofrecen los SCIA; recuerda, además, la necesidad de contar con una red de datos sobre sostenibilidad agrícola a efectos de establecer parámetros de referencia para el rendimiento de las explotaciones, documentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y permitir la aplicación precisa y personalizada de nuevos enfoques de producción en las explotaciones, también mediante el tratamiento de los datos recogidos y la facilitación del acceso de los agricultores y las partes interesadas a la información pertinente, especialmente la relativa a las mejores prácticas; señala que los datos sobre agricultura y tierras agrícolas son de interés público, pero que debe protegerse el acceso y el control que hacen los agricultores de los datos sobre sus propias explotaciones;

115. Pone de relieve la importancia de contar con un acceso integral a conexiones de banda ancha rápidas para facilitar la adopción de tecnologías agrícolas digitales en las explotaciones agrícolas, y de apoyar a los agricultores para que hagan un uso eficiente de estas soluciones innovadoras garantizando al tiempo su viabilidad económica; reconoce a las organizaciones de agricultores como interlocutores útiles para prestar servicios de intermediación informativa y orientada a la innovación; subraya la importancia de Horizonte Europa en la consecución de los objetivos de investigación e innovación en el ámbito de la salud del suelo y de los alimentos, que puede atraer a la próxima generación hacia el sector agrícola;

116. Destaca el papel fundamental de los sistemas independientes de asesoramiento a las explotaciones para difundir la innovación y los conocimientos, estimular el intercambio de experiencias y promover las demostraciones prácticas, y pide a los Estados miembros en particular que proporcionen asesoramiento exhaustivo a los agricultores sobre la adopción de sistemas de producción más sostenibles; anima a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar activamente iniciativas surgidas desde la base que acerquen a los agricultores a los ciudadanos, para lo que deben trabajar a escala local e incorporar conocimientos locales para adaptarse mejor a las realidades específicas sobre el terreno; hace hincapié en la importancia de promover la formación de jóvenes agricultores y empresarios en materia de sistemas agroalimentarios sostenibles;

117. Pide, además de estos sistemas de asesoramiento, que se establezcan y promuevan plataformas de varias partes interesadas que aumenten la colaboración y movilicen el intercambio de conocimientos y tecnología en toda la cadena agroalimentaria, con vistas a contribuir a impulsar la innovación y lograr avances en los sistemas de producción agrícola; subraya, asimismo, la importancia de ampliar esta posibilidad a todos los agentes de la cadena de suministro, sin que ello suponga cargas administrativas adicionales;

118. Destaca el papel crucial que desempeñarán los jóvenes agricultores a la hora de llevar a cabo la transición hacia una agricultura sostenible y de cumplir los objetivos de la estrategia; subraya que la transición ecológica de nuestro sistema alimentario supone una oportunidad para contribuir a un entorno rural dinámico; hace hincapié en que la PAC debe proporcionar un mejor apoyo a los jóvenes y nuevos agricultores en términos de ingresos, relevo generacional, formación, empleo juvenil, emprendimiento y digitalización, especialmente en las zonas periféricas y las zonas muy escasamente pobladas, con el fin de crear un espacio que permita la inclusión y permanencia de los jóvenes en la agricultura, dado que es probable que estos sean pioneros en la adopción de nuevos métodos agrícolas más sostenibles;

119. Subraya que los jóvenes agricultores y los posibles nuevos agentes del sector tienen dificultades para adquirir o arrendar tierras, y destaca la necesidad de facilitar la entrada de los jóvenes agricultores en el sector; hace hincapié en la necesidad de garantizar que esta estrategia no afecte negativamente a la disponibilidad y el precio de la tierra, con el consecuente aumento de la especulación y las dificultades añadidas para que los jóvenes accedan a la tierra;

120. Observa que la concentración de tierras agrícolas y el acaparamiento de tierras en la Unión, que en ocasiones se fomenta en las políticas locales, regionales, nacionales y de la Unión, pueden crear dificultades para que los jóvenes agricultores y los nuevos agentes encuentren tierras en las que establecer una explotación agrícola; pide a la Comisión y a los Estados miembros, así como a los Gobiernos regionales y locales, que pongan fin a estas prácticas para apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar su incorporación a la actividad agrícola;

121. Considera, asimismo, que esta estrategia constituye una oportunidad de mejorar las perspectivas de futuro de las mujeres rurales y pone de relieve el importante papel que desempeñan estas mujeres proporcionando a las emprendedoras un entorno favorable, también desde el punto de vista jurídico y político, que les permita un mayor acceso a la información, los conocimientos y las capacidades, así como a los recursos económicos, lo que conlleva la creación de más puestos de trabajo en zonas rurales;

Promover la transición mundial

122. Recuerda la responsabilidad mundial de los sistemas alimentarios europeos y su papel clave en el establecimiento de normas mundiales en favor de la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección social y el bienestar animal; reafirma su compromiso con la aplicación de los principios de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que todos los alimentos y piensos importados a la Unión cumplan plenamente la legislación pertinente y las estrictas normas de la Unión, y que presten ayuda al desarrollo para apoyar a los productores primarios de los países en desarrollo con el fin de que cumplan dichas normas; celebra la intención de la Comisión de tener en cuenta las repercusiones medioambientales de las solicitudes de tolerancias en la importación presentadas; considera que se debe tratar la cuestión de las emisiones inherentes al uso del suelo y de las emisiones asociadas con el cambio del uso de la tierra derivadas de piensos y alimentos importados;

123. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan un enfoque holístico, ya que la aplicación de determinados objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en Europa no debe conducir a la reubicación de parte de la producción agrícola a regiones con normas menos estrictas que las que se aplican en la Unión;

124. Recuerda que el acceso al mercado de la Unión y a sus 450 millones de consumidores proporciona a nuestros socios comerciales un importante incentivo para mejorar su sostenibilidad, así como sus normas laborales y de producción; considera que el éxito del Pacto Verde Europeo está estrechamente relacionado con nuestra política comercial;

125. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de promover la eliminación progresiva a escala mundial de los plaguicidas que ya no estén aprobados en la Unión y de garantizar que los plaguicidas peligrosos cuyo uso esté prohibido en la Unión en virtud de la legislación pertinente no se exporten fuera de esta, e insta a la Comisión a que presente cuanto antes sus propuestas al respecto; estima que la Unión debe apoyar a los países en desarrollo para ayudarles a reducir el uso imprudente de plaguicidas y promover otros métodos de protección de las plantas y de los recursos pesqueros; subraya que la estrategia no debe favorecer la importación de productos procedentes de terceros países que tengan un impacto medioambiental y climático superior; señala, en este sentido, que los productos agroalimentarios procedentes de terceros países deben, por lo tanto, estar sujetos a los mismos requisitos, incluida la tolerancia cero hacia los residuos de sustancias que cumplen los criterios de exclusión;

126. Señala la necesidad de disponer de alimentos seguros y asequibles para una población mundial de alrededor de 10 000 millones de personas de aquí a 2050, en un contexto de rápido crecimiento demográfico, cambio climático, escasez de recursos naturales y cambios en las pautas de consumo; pide a la Comisión que refuerce la dimensión mundial de la estrategia para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y que aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, y hace hincapié en que las políticas de la Unión en materia de sistemas alimentarios justos, sostenibles y resilientes deben abordar explícitamente la desigualdad de género; insta a la Comisión a que proporcione apoyo para que los países en desarrollo protejan sus industrias nacientes, promuevan la seguridad alimentaria, apoyen la mitigación del cambio climático para la agricultura y cumplan las normas internacionales y de la Unión en materia de sostenibilidad para la exportación de sus productos agrícolas;

127. Recalca la necesidad de que la Unión defienda los derechos humanos y el derecho a la alimentación como principio y prioridad central de los sistemas alimentarios y como fundamento para transformar los sistemas alimentarios y garantizar el derecho de los más marginados al acceso a alimentos nutritivos, y de que aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales;

128. Subraya que debería prohibirse el transporte de animales a terceros países, salvo que sus normas relativas a la producción ganadera sean acordes a las de la Unión;

129. Observa con preocupación que en varias auditorías realizadas por la DG SANTE, así como en investigaciones detalladas de ONG, se afirma que la plena trazabilidad de los caballos vivos procedentes de Argentina destinados al mercado de la Unión no está garantizada, lo que implica riesgos de seguridad alimentaria, y que el bienestar animal se ve comprometido; pide a la Comisión que suspenda la importación de carne de caballo procedente de países en los que no se cumplan los requisitos aplicables de la Unión en materia de trazabilidad y bienestar animal;

130. Recuerda que los experimentos estructurales con animales que no sean indispensables no deben tener cabida en la cadena alimentaria, ya que la Directiva 2010/63/UE prescribe el reemplazo y reducción de la utilización de animales en procedimientos científicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que detengan la importación y la producción dentro de la Unión de gonadotropina de suero de yegua preñada (PMSG, por sus siglas en inglés), que se extrae de la sangre de yeguas gestantes a las que se les impregna y expone sistemáticamente a extracciones de sangre, lo que implica problemas de salud y bienestar;

131. Insta a la Comisión a que presente urgentemente una propuesta para un marco jurídico de la Unión, basado en la debida diligencia horizontal obligatoria a lo largo de toda la cadena de suministro por parte de las empresas extranjeras y de la Unión que operan en el mercado único, que garantice cadenas de valor e inversiones sostenibles que no presenten repercusiones adversas para el medio ambiente, como la deforestación, la degradación forestal, la conversión y la degradación de los ecosistemas y repercusiones adversas asociadas a los derechos humanos y la gobernanza, con el fin de fomentar la buena gobernanza e incrementar la trazabilidad y la rendición de cuentas en las cadenas de suministro mundiales;

132. Señala que el mercado interior de la Unión es el mayor importador y exportador mundial de productos agroalimentarios; expresa su convencimiento de que la Unión debe aprovechar su posición como agente mundial de peso para establecer el criterio de referencia y las normas internacionales directas para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, sobre la base del respeto de los derechos humanos y laborales, la competencia leal, el principio de precaución, la protección medioambiental y el bienestar animal, con arreglo a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); considera que la protección de las normas en estos ámbitos debe ser parte integrante de todos los capítulos de los acuerdos comerciales, y que la cooperación multilateral y reguladora podría contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

133. Pide a la Comisión que refuerce los aspectos comerciales de la estrategia «De la Granja a la Mesa» con el fin de garantizar la coherencia entre la política comercial común, el Plan de Acción sobre la Unión Aduanera, la política agrícola común, la política pesquera común y los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y otras políticas relacionadas de la Unión, y que persiga estos objetivos de forma gradual a través de la formación de alianzas verdes eficientes en todos los foros bilaterales, regionales y multilaterales pertinentes, incluida la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, así como a través de una ambiciosa revisión de su política comercial, por medio del establecimiento de un marco dedicado a los sistemas y productos agroalimentarios sostenibles de cara a futuros acuerdos comerciales, en particular haciendo uso de cláusulas de irreversibilidad, mejorando el funcionamiento de las cláusulas de salvaguardia y poniendo fin a las importaciones de productos que excedan los límites máximos de residuos en la Unión para productos fitosanitarios, con arreglo a las normas de la OMC; solicita a la Comisión que promueva una mejor coordinación entre todas las partes interesadas de los sectores público y privado, con el fin de lograr dichos objetivos; considera que la Unión debe confirmar nuevamente el mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial como plataforma política internacional en materia de seguridad alimentaria y nutrición;

134. Acoge con satisfacción la ambición de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de garantizar que haya capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de obligado cumplimiento en todos los acuerdos comerciales de la Unión como medio para asegurar que las ambiciones reglamentarias más importantes propuestas sean coherentes con la política comercial de la Unión y sean respetadas por los terceros países que hayan firmado acuerdos comerciales con la Unión; hace hincapié en la importancia de reforzar la obligatoriedad del cumplimiento de los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales, en particular, y como último recurso, mediante mecanismos de solución de litigios basados en sanciones, con el fin de promover un enfoque mundial con respecto al clima y la biodiversidad, fomentar una producción agroalimentaria más sostenible, poner fin a la deforestación mundial y mejorar las normas del trabajo, en consonancia con los ocho convenios fundamentales de la OIT; propone que los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible también tengan en cuenta normas de producción equivalentes, como el bienestar animal, la trazabilidad, la resistencia a los antimicrobianos y el uso de productos fitosanitarios, que deben ser certificadas sistemáticamente por organismos de auditoría y certificación independientes en todas las fases de producción y distribución, así como hojas de ruta con objetivos intermedios sujetos a evaluaciones ex post; insta a la Comisión a que apoye a los países en desarrollo, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y prestar asistencia en la armonización con las normas europeas en materia de sistemas agroalimentarios sostenibles; espera que el alto responsable de la Aplicación de la Política Comercial de la Comisión desempeñe plenamente su papel a la hora de garantizar la correcta aplicación de los acuerdos en cuestión abordando las distorsiones del mercado, reforzando la obligatoriedad del cumplimiento de los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible, y participando en un diálogo constructivo con los gobiernos y las partes interesadas;

135. Pide a la Unión que apoye a los países en desarrollo para que adopten legislación nacional adecuada con vistas a proteger los recursos genéticos para los alimentos y la agricultura amenazados, velar por su uso y su gestión continuados por parte de las comunidades locales y los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres, y garantizar que los beneficios procedentes de su uso se repartan de manera justa y equitativa;

136. Toma nota del estudio de la Comisión sobre el impacto económico acumulado de los acuerdos comerciales de la Unión en materia de agricultura, que muestra que, tanto en una posible situación conservadora como en una ambiciosa, se prevé que los acuerdos comerciales de la Unión registren un resultado global positivo por lo que respecta a su comercio agroalimentario y un mayor valor hasta 2030, demostrando así que los acuerdos comerciales de la Unión ejercen un efecto positivo en el sector de la agricultura de la Unión;

137. Hace hincapié en que no puede ratificarse el acuerdo UE-Mercosur en su forma actual, ya que, entre otras cosas, no garantiza la protección de la biodiversidad, en particular en la Amazonia, ni aporta garantías en cuanto a las normas agrícolas;

138. Observa que los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible no abordan los posibles efectos negativos de los acuerdos comerciales en relación con el cambio de uso de la tierra, la deforestación o el cambio climático; considera que las normas europeas e internacionales en materia medioambiental, social, de seguridad y de bienestar animal deben aplicarse de manera integral en todos los capítulos de los acuerdos comerciales, al objeto de impedir que cualquier otra disposición comercial menoscabe dichas normas;

139. Señala que los acuerdos comerciales deben garantizar que las partes implicadas participen activamente en la promoción de los principios del desarrollo sostenible y que las normas internacionales guarden consonancia con las ambiciones medioambientales y climáticas de la Unión; considera, además, que estos acuerdos deben contemplar el carácter vinculante del cumplimiento del Acuerdo de París a fin de garantizar una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles;

140. Señala que la agricultura y la pesca son cruciales para el desarrollo de una actividad económica sostenible en las regiones ultraperiféricas, y destaca la contribución y el valor añadido de estos sectores en lo que respecta a garantizar la seguridad alimentaria y responder a la demanda de productos de alta calidad, seguros y suficientes por parte de la población; pide que se tengan en cuenta sistemáticamente las limitaciones estructurales agronómicas y al comercio de las regiones ultraperiféricas citadas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea durante la aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de las propuestas legislativas subsiguientes, a fin de permitir que dichas regiones compitan en unas condiciones de competencia equitativas y garantizar la disponibilidad de soluciones alternativas viables para los sectores agroalimentarios si sus medios de producción y flujos comerciales se restringen;

141. Acoge positivamente la nueva iniciativa sobre el clima y el comercio propuesta en la OMC; subraya la importancia de recurrir a este marco para desarrollar un sistema agroalimentario completo y sostenible, basado en normas de producción comunes y ambiciosas; insta a la Comisión a que participe de forma proactiva en la OMC a fin de posibilitar una transición ecológica, garantizar que la política comercial sea coherente con los ODS, proseguir las negociaciones en torno a unas existencias de seguridad alimentaria transparentes y, en particular, evitar situaciones en las que los productos agroalimentarios se conviertan en la variable de ajuste o la víctima colateral de los conflictos comerciales, al tiempo que sigue desarrollando una política comercial sostenible ambiciosa y compatible con las normas de la OMC;

142. Acoge con satisfacción las referencias a procesos pertinentes de las Naciones Unidas en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; recalca la necesidad de que la Unión apoye al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y su mecanismo de sociedad civil como la principal plataforma política multilateral sobre sistemas alimentarios; pide a la Comisión que promueva la transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles y seguridad alimentaria en todos los foros internacionales pertinentes, como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021;

143. Destaca la importancia de compartir tecnologías y conocimientos técnicos modernos con los países en desarrollo, así como de formar a los agricultores en su región y en Europa, a fin de ayudarles a aplicar prácticas agrícolas innovadoras, puesto que el sector agrícola es crucial para la seguridad alimentaria y el empleo en estas regiones;

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144. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó la Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, junto con la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 en el marco de su Pacto Verde. Este trabajo incluyó varias evaluaciones e informes largamente esperados sobre la legislación en materia de plaguicidas y nutrición, así como una hoja de ruta para un control de la adecuación y una revisión de la legislación vigente en materia de bienestar animal, en particular sobre el transporte y el sacrificio de animales, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar animal. Las Comisiones ENVI y AGRI han decidido elaborar conjuntamente un informe de propia iniciativa sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa».

 

La ponente de la Comisión ENVI acoge con satisfacción la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como un primer paso muy necesario para garantizar una alimentación sana para todos y asegurar que la manera en que se producen y consumen los alimentos en la Unión respetará los límites de la Tierra que nos sustenta, aunque subraya que queda mucho por hacer para lograrlo. El predominio del dinero sobre la vida y los valores esenciales es del todo evidente en el sector agrícola y alimentario, donde las economías de escala amenazan con hacer insoportable, o incluso imposible, la vida en la Tierra en un futuro próximo.

 

En las últimas décadas se han publicado numerosos informes sobre los efectos perjudiciales de nuestro sistema alimentario en el medio ambiente y la salud pública, y se han presentado numerosas soluciones prácticas y políticas[77]. La ponente de la Comisión ENVI acoge con satisfacción estos análisis y sugerencias políticas tan sumamente necesarios y se inspira especialmente en el informe de IPES-Food titulado «Hacia una política alimentaria común para la Unión Europea»[78].

 

La producción ganadera industrial y los monocultivos con un uso intensivo de productos químicos están provocando unas emisiones altas de gases de efecto invernadero, la degradación del suelo, la contaminación del aire y del agua y la pérdida de biodiversidad, y están poniendo en peligro el bienestar de los animales, socavando así los ecosistemas críticos de los que depende toda la vida en la Tierra. A nivel mundial, hasta un 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a los sistemas alimentarios y agrarios. La agricultura es responsable de alrededor del 90 % de las emisiones de amoníaco de la UE, lo que tiene importantes efectos adversos en el medio ambiente natural y contribuye en gran medida a la contaminación atmosférica, que mata a 400 000 europeos cada año. El uso de plaguicidas y fertilizantes sigue suponiendo una amenaza grave para la biodiversidad (incluidos los polinizadores fundamentales) y la salud humana y debe reducirse drásticamente.

 

La UE está externalizando cada vez más la huella medioambiental de sus sistemas alimentarios. Más del 30 % de la tierra necesaria para satisfacer la demanda alimentaria de la UE está situada fuera de Europa. La UE importa cada año millones de toneladas de piensos a base de soja, también de países sudamericanos en los que se ha informado de prácticas de deforestación (responsable del 20 % de las emisiones mundiales de CO2), desahucios, intoxicación por plaguicidas y violaciones de los derechos humanos en zonas de cultivo intensivo para exportación. Se calcula que las importaciones de la UE representan casi una cuarta parte del comercio mundial de soja, carne de vacuno, cuero y aceite de palma procedente de la tala ilegal de bosques en los trópicos.

 

En cuanto al pescado y el marisco, la producción dentro de la UE cubre menos de la mitad del consumo en todo su territorio, lo que significa que Europa también tiene un enorme impacto en los recursos marinos mundiales. Esto se ve agravado por el hecho de que alrededor del 20 % de los alimentos producidos en la UE se pierden o desperdician, lo que representa un coste de 143 000 millones de euros al año en términos de recursos desperdiciados e impacto medioambiental.

 

Los sistemas alimentarios también están influyendo en la salud debido al cambio observado en las dietas. Las dietas poco saludables, con un alto contenido en sal, azúcares, grasas y proteínas animales son un factor preponderante de riesgo de enfermedad y mortalidad en Europa. Se les atribuye casi la mitad de la carga de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en la UE. Las enfermedades crónicas, que suelen estar relacionadas con la alimentación, representan hasta el 80 % de los costes sanitarios de la UE. Más de la mitad de la población europea tiene sobrepeso y más del 20 % padece obesidad, cifras estas que van en aumento. La resistencia a los antimicrobianos y la exposición a los alteradores endocrinos a través de los alimentos y los envases de alimentos, además de la contaminación agrícola de las fuentes de agua, también generan importantes externalidades para la salud.

 

Las respuestas actuales —procedentes de las políticas públicas y del sector privado— no están abordando adecuadamente estos retos graves e interconectados en nuestros sistemas alimentarios. Las soluciones predominantes no han logrado conciliar los múltiples aspectos de la sostenibilidad (el económico, el social y el medioambiental), y a menudo los han opuesto entre sí. Se han basado en un modelo de agricultura y producción alimentaria altamente especializado, industrializado, capitalizado, normalizado y orientado a la exportación, modelo este que genera sistemáticamente efectos negativos y externalidades. Se ha confiado en un cambio liderado por la tecnología, el mercado y la industria, y basado en la capacidad de las grandes empresas con amplias cadenas de suministro para llegar a un gran número de personas. Sin embargo, los actuales incentivos para la conservación de los recursos, la promoción de la biodiversidad, la captura de carbono y la protección de la salud pública son claramente insuficientes para reorientar las vías de innovación. La dependencia de la autorregulación en muchas partes de la cadena alimentaria ha demostrado ser altamente ineficaz.

 

La ponente de la Comisión ENVI considera que ya va siendo hora de adoptar un enfoque holístico para abordar los problemas de nuestro sistema alimentario actual de manera integrada. Es preciso cambiar radicalmente de dirección para que los sistemas alimentarios tomen un rumbo más sostenible. Las diversas políticas que afectan a los sistemas alimentarios, incluidos la agricultura y el comercio, deben reformarse urgentemente para hacer frente al cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad, frenar la obesidad y hacer que la agricultura sea viable para la próxima generación. La naturaleza del reto requiere respuestas globales impulsadas por las políticas públicas.

 

Avanzar hacia políticas alimentarias integradas puede remediar el déficit democrático de los sistemas alimentarios y reequilibrar el poder. Al desplazar el foco de atención de la agricultura a la alimentación, un amplio abanico de partes interesadas podrá participar de manera significativa en el diseño y la evaluación de las políticas. Lograr unos entornos alimentarios saludables, desde la granja hasta la mesa, debe convertirse en un objetivo clave de la actuación a nivel de la UE y nacional, con el fin de examinar colectivamente la producción, la distribución, la venta al por menor y el consumo y elaborar conjuntos de medidas de intervención globales. Los consumidores desempeñarán un papel crucial en esta más que necesaria transición, por lo que se les debería permitir tomar decisiones saludables y sostenibles, entre otras cosas mediante una información completa, independiente y basada en datos científicos.

 

La alimentación es una necesidad básica de nuestra existencia y un derecho humano. De ahí que la producción de nuestros alimentos merezca toda nuestra atención. Una agricultura sana y sostenible es posible si respetamos la naturaleza, recuperamos los ciclos de nutrientes, reducimos los insumos químicos y pagamos a los agricultores un precio justo por sus productos. Los ciudadanos también deben comprender perfectamente de dónde proceden los alimentos, cómo se producen y si el precio que pagan por ellos cubre realmente todos los costes de producción y medioambientales. Debemos garantizar el acceso a la tierra, a un agua limpia y a unos suelos sanos y avanzar hacia un tipo de agricultura regenerativa, resistente al cambio climático, agroecológica y socialmente justa. Debemos poner el comercio al servicio del desarrollo sostenible, lo que exige replantearnos la manera en que importamos y exportamos actualmente los productos alimentarios en todo el mundo. También debemos reflexionar sobre los grandes intereses empresariales, que amenazan la seguridad nutricional, y hacerlo adoptando un espíritu crítico. Es esencial construir cadenas de suministro más justas, cortas y limpias y promover dietas suficientes, saludables y sostenibles para todos, sin olvidar la integración de incentivos adecuados en los precios de los alimentos.

 

Según la ponente de la Comisión ENVI, los principios de precaución y de no ocasionar daños, la corrección de los problemas en origen, la ampliación de la responsabilidad del productor y la contabilidad de los costes reales deben ser los principios que rijan la transición hacia un sistema alimentario sano y sostenible. El marco legislativo anunciado por la Comisión debe fijar la agenda para realizar un cambio fundamental en todo el sistema alimentario. Toda la legislación y las políticas sectoriales deberían contribuir a este objetivo y ofrecer los incentivos adecuados a todos los agentes de la cadena alimentaria para que tomen las decisiones sostenibles necesarias para garantizar que nuestra forma de producir y consumir se ajuste a los límites del planeta, las directrices en materia de salud y los códigos morales de acuerdo con los cuales queremos vivir. Las armas más importantes que tenemos en la lucha contra el cambio climático, la pobreza, el hambre, las enfermedades, el sufrimiento animal y la pérdida de biodiversidad son nuestros cuchillos y tenedores. Ya va siendo hora de que empecemos a usarlos eficazmente.

 

Desde la perspectiva del ponente de la Comisión AGRI, la publicación de la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» establece el vínculo entre el Pacto Verde Europeo y el sistema alimentario europeo.

 

Esto supone un punto de encuentro entre, por una parte, el sector agrícola y alimentario europeo y su amplio marco jurídico, su importante presupuesto y, sobre todo, la riqueza de las contribuciones al bienestar diario de los ciudadanos de Europa; y, por otra, el cambio climático, que es el reto más urgente al que se enfrenta la humanidad en todos los países y las actividades humanas.

 

En términos políticos, se pide a la política más integrada de la UE (la política agrícola común) y a la legislación más completa (la legislación alimentaria general) que contribuyan al proyecto más ambicioso del mandato actual de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y al objetivo más acuciante de la UE como tal, a saber, lograr la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050.

 

El sistema alimentario europeo reviste una importancia primordial para la economía europea: más de cuarenta y siete millones de personas en más de quince millones de explotaciones generan un volumen de negocios de casi 900 000 millones de euros anuales. Todos los agentes de la producción alimentaria (productores agrícolas e industria de transformación de alimentos) representan, en conjunto, el 7,5 % del empleo y el 3,7 % del valor añadido total de la UE. Concretamente, esto se traduce en alrededor de doce millones de explotaciones agrícolas que producen productos agrícolas para su transformación en unas 300 000 empresas del sector de la alimentación y las bebidas. Estos transformadores de alimentos venden sus productos a través de 2,8 millones de empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas (pymes), que operan en el sector de la distribución y los servicios alimentarios, y que suministran alimentos a los 500 millones de consumidores de la UE.

 

Sin embargo, todas estas cifras medias ocultan una gran diversidad tanto en la estructura de producción como en los patrones de consumo: mientras que, por término medio, las explotaciones agrícolas de la UE tienen 16 ha de tierras agrícolas, el 66 % de ellas cuenta con menos de 5 ha y solo el 7 % tiene más de 50 ha. El gasto medio en alimentos y bebidas de los hogares de la UE es del 14 %, mientras que en Rumanía es del 30 %, y en Austria asciende al 9 % de la renta disponible.

 

No obstante, todas estas diferencias confluyen en un único sistema alimentario europeo, basado en dos principios:

 

una agricultura multifuncional impulsada por explotaciones agrícolas familiares, que ofrece una variedad de bienes y servicios, y garantiza una producción de alimentos de calidad, unas buenas prácticas agrícolas, unas normas medioambientales rigurosas y unas zonas rurales dinámicas en toda la Unión Europea;

 

un principio de precaución que abarca tanto los insumos agrícolas como los productos agrícolas, y que permite a los responsables de la toma de decisiones adoptar medidas adecuadas frente a las pruebas científicas disponibles sobre lo que constituye un peligro para el medio ambiente o la salud humana.

 

Ambos principios se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, han sido objeto de reformas políticas y crisis sustanciales, y han reflejado al mismo tiempo los cambios demográficos y la evolución en los patrones de consumo.

 

El reto que plantea el cambio climático no es el único al que se enfrenta el sistema alimentario europeo: la disminución de la calidad del suelo y de la materia orgánica y la pérdida de la vida de insectos, aves y mamíferos en zonas de agricultura intensiva; unas dietas desequilibradas debido a que los alimentos (azucarados) transformados y altamente calóricos son más fácilmente accesibles que las frutas y verduras sanas; el aumento de la presión económica debido a los elevados precios de la tierra y a unas tecnologías que requieren una alta proporción de capital, así como a la concentración del mercado en los sectores ascendente y descendente.

 

Para lograr que el sistema alimentario europeo contribuya a la consecución de la neutralidad climática resulta fundamental la coherencia de las leyes y políticas, al objeto de evitar contradicciones y de garantizar al mismo tiempo la estabilidad de las normas y procedimientos y, por tanto, la planificación y las inversiones a largo plazo, partiendo de una evaluación ex ante exhaustiva de todas las propuestas legislativas con la participación activa de las partes interesadas.

 

Otro elemento de gran importancia es adoptar un enfoque basado en conocimientos técnicos y datos demostrados en todo el sistema alimentario, desde la formación especializada de los explotadores de empresas alimentarias a los servicios de asesoramiento a las explotaciones, para poder utilizar en la vida real los resultados de la investigación básica y aplicada en cuanto innovación social y tecnológica.

 

Uno de los motores clave de la transición del sistema alimentario es la responsabilidad y la elección de los consumidores, con base en un suministro de productos agrícolas sostenibles y una producción artesanal de alimentos que satisfagan la demanda de los consumidores en un entorno alimentario, permitiendo así que estos elijan con conocimiento de causa productos saludables, locales y de calidad.

 

Aunque el sistema alimentario europeo siguió ofreciendo productos seguros, asequibles y de alta calidad durante la pandemia de COVID-19, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de lograr una mayor resiliencia, reduciendo la dependencia en términos de acceso a los mercados (de exportación) y a los insumos (de terceros países), así como en lo relativo a la mano de obra estacional y al flujo de mercancías dentro del mercado único.

 

Resulta fundamental prestar apoyo a los productores primarios y a los productos artesanales en la fase de transición mediante programas de apoyo adaptados en los planes estratégicos nacionales de la PAC, pero también es necesario adoptar medidas específicas en un marco jurídico más amplio, incluidas las normas de competencia y la lucha contra las prácticas comerciales desleales, y permitir la flexibilidad de las normas de la cadena alimentaria.

 

Por último, la futura PAC 2022-2027 desempeñará un papel fundamental, en particular en el diseño y la gestión de los objetivos y medidas (regímenes ecológicos) establecidos en los planes estratégicos nacionales, al capacitar a todos los agentes del sistema alimentario europeo para que emprendan nuevos modelos de negocio ecológicos, integrar criterios de sostenibilidad medioambiental y social, y garantizar al mismo tiempo la viabilidad económica y la libertad de elección.

 

El ponente de la Comisión AGRI cree firmemente que centrarse en estos elementos fundamentales del enfoque holístico de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» permitirá que el sistema alimentario europeo cumpla el objetivo europeo de neutralidad climática de aquí a 2050.

 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL (18.3.2021)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

(2020/2260(INI))

Ponente de opinión: Paolo De Castro

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

 

 

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Destaca que la política comercial de la Unión, en particular tras su actual proceso de revisión, puede desempeñar un papel importante en la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo y su principio de «no ocasionar daños», el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con vistas a garantizar la plena armonización con el objetivo de limitar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad;

2. Reconoce que la agricultura en la Unión representa el 1 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo[79] y reconoce los esfuerzos del sector de la agricultura en la acción por el clima; subraya la necesidad de seguir proporcionando a los agricultores de la Unión, en particular a los pequeños agricultores, un apoyo adecuado para garantizar el cumplimiento de las normas de sostenibilidad, la competitividad, el dinamismo de las zonas rurales, unos ingresos dignos y un nivel de vida equitativo para la comunidad agrícola europea; pide una transición justa efectiva, también mediante el compromiso multilateral y la cooperación internacional, hacia un sistema alimentario mundial sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico que permita unas condiciones de competencia equitativas que no dejen a nadie atrás;

 

3. Señala que el mercado interior de la Unión es el mayor importador y exportador mundial de productos agroalimentarios; está convencido de que la Unión debe aprovechar su posición como agente mundial de peso para establecer el criterio de referencia y las normas internacionales directas para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, sobre la base del respeto de los derechos humanos y laborales, la competencia leal, el principio de precaución, la protección ambiental y el bienestar animal, con arreglo a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); considera que la protección de las normas en estos ámbitos debe ser parte integrante de todos los capítulos de los acuerdos comerciales, y que la cooperación multilateral y reguladora podría contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

4. Considera que la producción sostenible debe constituir una característica clave de los productos agroalimentarios de la Unión y los acuerdos comerciales de la Unión, y que debe intensificarse su promoción incorporando en el concepto de «calidad» los aspectos sociales y medioambientales y garantizando que el concepto de «producción sostenible» abarque el clima mundial, la huella ambiental y el consumo de recursos por kilogramo de producto, además de la consolidada reputación, a nivel internacional, de los productos agroalimentarios de la Unión por su seguridad y salubridad; destaca, a este respecto, que los regímenes de calidad de la Unión y las indicaciones geográficas, junto con una política de promoción de la Unión ambiciosa, orientada al mercado e integral, deben considerarse un activo en lo que respecta al objetivo de fomentar el comercio sostenible;

5. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de promover la eliminación progresiva a escala mundial de los plaguicidas que ya no estén aprobados en la Unión y de garantizar que los plaguicidas peligrosos cuyo uso esté prohibido en la Unión no se exporten fuera de esta; insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta legislativa a tal fin; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión en relación con una revisión de las tolerancias en la importación de las sustancias que cumplan los «criterios de exclusión», e insta a la Comisión a que adopte una política de tolerancia cero frente a los residuos de estas sustancias; anima a la Comisión a imponer normas que eviten la contaminación de trabajadores y residentes por el uso de plaguicidas;

6. Pide a la Comisión que refuerce los aspectos comerciales de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» con el fin de garantizar la coherencia entre la política comercial común, el Plan de Acción de la Unión Aduanera, la política agrícola común, la política pesquera común y los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y otras políticas relacionadas de la Unión, y que persiga estos objetivos de forma gradual a través de la formación de alianzas verdes eficientes en todos los foros bilaterales, regionales y multilaterales pertinentes, incluida la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021, así como a través de una ambiciosa revisión de su política comercial, por medio del establecimiento de un marco dedicado a los sistemas y productos agroalimentarios sostenibles de cara a futuros acuerdos comerciales, en particular haciendo uso de cláusulas de irreversibilidad, mejorando el funcionamiento de las cláusulas de salvaguardia y poniendo fin a las importaciones de productos que excedan los límites máximos de residuos en la Unión para productos fitosanitarios, con arreglo a las normas de la OMC; pide a la Comisión que promueva una mejor coordinación entre todas las partes interesadas de los sectores público y privado, con el fin de lograr dichos objetivos; considera que la Unión debe confirmar nuevamente el mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial como plataforma política internacional en materia de seguridad alimentaria y nutrición;

7. Destaca la necesidad, debida en parte a las perturbaciones en las cadenas de producción mundiales y al aumento de la volatilidad de los precios provocados por la pandemia de COVID-19, de lograr una autonomía estratégica abierta para la Unión con el objetivo de garantizar el acceso a mercados clave y reducir la dependencia de las importaciones de bienes críticos como las fuentes de proteínas de origen vegetal; reitera que los sistemas agroalimentarios deben ser reconocidos como un aspecto fundamental de la autonomía estratégica abierta de la Unión, a fin de garantizar una disponibilidad suficiente de alimentos seguros y de calidad y de mantener unas cadenas agroalimentarias y unos flujos comerciales eficaces y resilientes a lo largo de futuras crisis, en consonancia con el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo de París;

8. Subraya la importancia de mejorar la transparencia en la cadena agroalimentaria y la trazabilidad de todos los procesos de producción y distribución, de conformidad con el derecho de los consumidores europeos a disponer de más información sobre el origen y los métodos de producción de los productos alimenticios que consumen; señala que las herramientas digitales innovadoras como la cadena de bloques y el etiquetado obligatorio adecuado del origen de los productos alimentarios encierran el potencial de aumentar significativamente la transparencia y la trazabilidad, combatiendo así el fraude y los métodos de producción ilegales, y mejorando la confianza de los consumidores; pide que se promuevan los mercados locales y las cadenas agroalimentarias sostenibles a fin de preservar las especificidades de producción y el carácter distintivo de los productos de la Unión;

9. Acoge con satisfacción la ambición de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de garantizar que haya capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de obligado cumplimiento en todos los acuerdos comerciales de la Unión como medio para asegurar que las ambiciones reglamentarias más importantes propuestas sean coherentes con la política comercial de la Unión y sean respetadas por los terceros países que hayan firmado acuerdos comerciales con la Unión; hace hincapié en la importancia de reforzar la obligatoriedad del cumplimiento de los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales, en particular, y como último recurso, mediante mecanismos de solución de litigios basados en sanciones, con el fin de promover un enfoque mundial con respecto al clima y la biodiversidad, fomentar una producción agroalimentaria más sostenible, poner fin a la deforestación mundial y mejorar las normas del trabajo, en consonancia con los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); propone que los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible también tengan en cuenta normas de producción equivalentes, como el bienestar animal, la trazabilidad, la resistencia a los antimicrobianos y el uso de productos fitosanitarios, que deben ser certificadas sistemáticamente por organismos de auditoría y certificación independientes en todas las fases de producción y distribución, así como hojas de ruta con objetivos intermedios sujetos a evaluaciones ex post; insta a la Comisión a que apoye a los países en desarrollo, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y prestar asistencia en la armonización con las normas europeas en materia de sistemas agroalimentarios sostenibles; espera que el alto responsable de la Aplicación de la Política Comercial de la Comisión desempeñe plenamente su papel a la hora de garantizar la correcta aplicación de los acuerdos en cuestión abordando las distorsiones del mercado, reforzando la obligatoriedad del cumplimiento de los capítulos relativos al comercio y al desarrollo sostenible, y participando en un diálogo constructivo con los gobiernos y las partes interesadas;

10. Observa que los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible no abordan los posibles efectos negativos de los acuerdos comerciales en relación con el cambio de uso de la tierra, la deforestación o el cambio climático; considera que las normas europeas e internacionales en materia ambiental, social, de seguridad y de bienestar animal deben aplicarse de manera integral en todos los capítulos de los acuerdos comerciales, al objeto de impedir que cualquier otra disposición comercial menoscabe dichas normas;

11. Expresa su convencimiento de que es necesario adoptar una normativa en materia de diligencia debida horizontal y obligatoria a escala de la Unión a lo largo de la cadena de suministro para las empresas de la Unión y extranjeras que operen en el mercado único, a fin de alcanzar los ODS, promover la buena gobernanza e incrementar la trazabilidad y la rendición de cuentas en las cadenas de suministro mundiales;

12. Subraya el riesgo de poner al sector agroalimentario de la Unión en una situación de desventaja competitiva por la falta de una convergencia mundial de las normas y por un aumento de los costes para los consumidores; recuerda que las evaluaciones de impacto constituyen una parte integrante del proceso de formulación de normas de la Unión y que se deben tener en cuenta los efectos económicos, sociales y medioambientales; pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto completa ex ante, científica y acumulativa, basada en consultas públicas con representantes de la cadena agroalimentaria y otras partes interesadas pertinentes, y que publique periódicamente evaluaciones de seguimiento junto con los criterios y períodos de referencia correspondientes a los objetivos previstos en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», así como medidas proporcionadas, unos plazos adecuados de adaptación y unos mecanismos de compensación con vistas a mantener la competitividad, productividad y resiliencia social del sector agroalimentario de la Unión y a evitar que la producción agrícola y la consiguiente huella ambiental se externalicen y trasladen a terceros países, en particular garantizando la reciprocidad de las normas y un seguimiento eficaz para todos los productos agroalimentarios y de la silvicultura importados a la Unión;

13. Subraya que un enfoque coordinado y armonizado en lo que respecta a las prácticas de competencia desleal y a la necesidad de unas normas alimentarias equivalentes, que preste la debida atención al principio de precaución, reviste una importancia fundamental de cara a garantizar un suministro ininterrumpido de productos alimenticios a todos los Estados miembros y controles aduaneros y de seguridad eficaces y eficientes, en particular mediante la eliminación de obstáculos no arancelarios en terceros países, de divergencias en cuanto al nivel y la calidad de los controles, y de las diferencias en los procedimientos de las aduanas y las políticas de sanciones en los puntos de entrada de la Unión a la unión aduanera; insta a la Comisión a que refuerce los controles aduaneros mediante mecanismos de control directos y unificados, en coordinación con los Estados miembros y respetando plenamente el principio de subsidiariedad, a fin de prevenir el fraude alimentario, la adulteración y la importación de productos que superen el límite máximo aceptable de residuos de sustancias activas, en particular de sustancias que cumplan los criterios de exclusión de la Unión, a que mejore los derechos de protección de la propiedad intelectual, en particular las indicaciones geográficas, y a que garantice el respeto de las normas de producción de la Unión, como las relativas al bienestar animal, la resistencia a los antimicrobianos y el uso de productos fitosanitarios, además de evitar la posible entrada de plagas de animales y plantas en la Unión para asegurar el máximo nivel de protección sanitaria y fitosanitaria;

14. Señala que los acuerdos comerciales deben garantizar que las partes implicadas participen activamente en la promoción de los principios del desarrollo sostenible y que las normas internacionales guarden consonancia con las ambiciones medioambientales y climáticas de la Unión; considera, además, que estos acuerdos deben contemplar el carácter vinculante del cumplimiento del Acuerdo de París a fin de garantizar una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles;

15. Pide a la Comisión que desarrolle la Estrategia «De la Granja a la Mesa» teniendo en cuenta el hecho de que cada sector cuenta con diferentes métodos de producción que son más o menos sostenibles; pide a la Comisión que haga hincapié en que una dieta equilibrada debe incluir todos los alimentos;

16. Señala que la agricultura y la pesca son cruciales para el desarrollo de una actividad económica sostenible en las regiones ultraperiféricas, y destaca la contribución y el valor añadido de estos sectores en lo que respecta a garantizar la seguridad alimentaria y responder a la demanda de productos de alta calidad, seguros y suficientes por parte de la población; pide que se tengan en cuenta sistemáticamente las limitaciones estructurales agronómicas y al comercio de las regiones ultraperiféricas citadas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) durante la aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de las propuestas legislativas subsiguientes, a fin de permitir que dichas regiones compitan en unas condiciones de competencia equitativas y garantizar la disponibilidad de soluciones alternativas viables para los sectores agroalimentarios si sus medios de producción y flujos comerciales se restringen;

17. Hace hincapié en la importancia de ofrecer igualdad de acceso a innovaciones tecnológicas y científicas, en particular a las innovaciones en materia de fitomejoramiento capaces de mejorar la resistencia de las variedades y fomentar la diversidad de recursos genéticos y sistemas de producción de alimentos, al tiempo que se presta especial atención a las razas locales, de conformidad con la normativa de la Unión relativa a la seguridad alimentaria y, en particular, con el principio de precaución; destaca que forjar relaciones sólidas con los socios comerciales en lo que respecta a investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos en ámbitos como la gestión de las tierras, la adaptación al cambio climático y su mitigación, la agroecología y unas cadenas de valor justas y resilientes podría representar un factor clave de cara a fomentar una producción agroalimentaria más sostenible, al tiempo que salvaguarda la productividad agrícola y apoya la competitividad del sector agrícola de la Unión en los mercados mundiales; recomienda que la cooperación también se centre en los pequeños agricultores y los productores de alimentos a pequeña escala, puesto que son los que más se beneficiarían de dicha cooperación;

18. Acoge positivamente la nueva iniciativa sobre el clima y el comercio propuesta en la OMC; subraya la importancia de recurrir a este marco para desarrollar un sistema agroalimentario completo y sostenible, basado en normas de producción comunes y ambiciosas; insta a la Comisión a que participe de forma proactiva en la OMC a fin de posibilitar una transición ecológica, garantizar que la política comercial sea coherente con los ODS, proseguir las negociaciones en torno a unas existencias de seguridad alimentaria transparentes y, en particular, evitar situaciones en las que los productos agroalimentarios se conviertan en la variable de ajuste o la víctima colateral de los conflictos comerciales, al tiempo que sigue desarrollando una política comercial sostenible ambiciosa y compatible con las normas de la OMC;

19. Toma nota del estudio de la Comisión sobre el impacto económico acumulado de los acuerdos comerciales de la Unión en materia de agricultura, que muestra que, tanto en un escenario conservador como en uno ambicioso, se prevé que los acuerdos comerciales de la Unión registren un resultado global positivo por lo que respecta a su comercio agroalimentario y un mayor valor hasta 2030, demostrando así que los acuerdos comerciales de la Unión ejercen un efecto positivo en el sector de la agricultura de la Unión;

20. Pide a la Comisión que estudie la necesidad de aplicar condiciones y exenciones específicas para determinadas categorías de alimentos o productos alimenticios, como el aceite de oliva, así como para los que entren dentro del ámbito de las indicaciones geográficas, a la hora de valorar un etiquetado sobre propiedades nutritivas armonizado, habida cuenta del papel clave que desempeñan en los acuerdos comerciales de la Unión y en la protección del valor local a nivel mundial.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación	18.3.2021
Resultado de la votación final	+: –: 0:	43 0 0
Miembros presentes en la votación final	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Suplentes presentes en la votación final	Marco Campomenosi, Jérémy Decerle, Jean-Lin Lacapelle, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

 

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

 

43	+
ECR	Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil
ID	Marco Campomenosi, Roman Haider, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

 

Explicación de los signos utilizados

 

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO (23.4.2021)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

y para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

(2020/2260(INI))

Ponente de opinión: Benoît Biteau 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que alrededor del 75 % de la diversidad fitogenética se ha perdido en todo el mundo; que la erosión genética a gran escala aumenta nuestra vulnerabilidad al cambio climático y a la prevalencia de nuevas plagas y enfermedades;

B. Considerando que la agricultura y la cría industriales impulsan la pérdida de hábitats y crean condiciones para que surjan y se propaguen virus como el de la COVID-19;

C. Considerando que la consolidación del sector alimentario, también a través de patentes, está impulsando una reducción en la diversidad genética de las semillas y del ganado;

D. Considerando que los derechos de los agricultores se consagraron en 2004 en virtud del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, las normas de propiedad intelectual a menudo les han perjudicado, poniendo en peligro los sistemas locales, tradicionales e indígenas de semillas;

1. Señala la necesidad de proporcionar alimentos seguros y asequibles a una población mundial de alrededor de 10 000 millones de personas de aquí a 2050, en un contexto de rápido crecimiento demográfico, cambio climático, escasez de recursos naturales y cambios en las pautas de consumo; recalca que los actuales sistemas alimentarios son incapaces de proporcionar a la población mundial una cantidad suficiente de alimentos diversificados, de calidad y en cantidad suficiente o de lidiar con las crisis climática, social, sanitaria y económica; recuerda el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 2, que persigue el hambre cero para 2030; se muestra especialmente preocupado por las estimaciones de las Naciones Unidas que pronosticaron que la pandemia de COVID-19 podría duplicar el número de personas en grave situación de hambruna para finales de 2020; lamenta que la seguridad alimentaria y nutricional no haya sido una prioridad de las iniciativas del Equipo Europa; pide un enfoque uniforme e interdisciplinario para la aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; recuerda que una nutrición saludable es un requisito previo para el bienestar físico y mental, en particular para las mujeres jóvenes, los niños y los lactantes, que tienen más probabilidad de verse expuestos a la malnutrición y la desnutrición en zonas afectadas por déficits alimentarios crónicos, catástrofes naturales, hambrunas y conflictos armados; insta a la Unión a que movilice recursos adicionales y a que trabaje en estrecha cooperación con los países socios, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para garantizar alimentos nutritivos, seguros, asequibles y de calidad, especialmente para las personas más desfavorecidas; recalca que 3 000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable y que 690 millones de personas sufren hambre;

2. Subraya que mientras las perturbaciones provocadas por la COVID-19 han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario mundial, las explotaciones agrícolas familiares y los pequeños propietarios han demostrado su capacidad para proporcionar productos diversificados y para aumentar la sostenibilidad de la producción de alimentos; insta, en consecuencia, a la Unión a que salvaguarde los derechos de los países en desarrollo a la soberanía alimentaria como medio para lograr la seguridad nutricional, la reducción de la pobreza, unas cadenas de suministro mundiales inclusivas, sostenibles y justas y los mercados locales y regionales, prestando especial atención a la agricultura familiar, con el fin de garantizar el suministro de alimentos asequibles y accesibles; recuerda que la producción sostenible de alimentos y la seguridad alimentaria son requisitos previos esenciales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París; opina que, para alcanzar esos objetivos, se necesita un enfoque exhaustivo que reconozca el papel del comercio, también a nivel local y regional; expresa su apoyo a la reducción de la dependencia de plaguicidas y antimicrobianos y a la restricción de la fertilización excesiva con el fin de reducir la contaminación del aire, el suelo y el agua e invertir la pérdida de biodiversidad; pide que se apoye la producción y el consumo locales, así como a los pequeños productores y agricultores, en particular mujeres y jóvenes, a fin de crear empleo local, garantizar precios justos para los productores y consumidores, proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular los trabajadores migrantes, y reducir la dependencia de los países de las importaciones y su vulnerabilidad a las fluctuaciones internacionales de los precios; recuerda que la capacidad de la agroecología para conciliar las dimensiones económica, medioambiental y social de la sostenibilidad ha sido ampliamente reconocida en informes de referencia, en particular del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y en la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) mundial dirigida por el Banco Mundial y la FAO; hace hincapié en el papel de la Unión como facilitador mundial en la transformación de los sistemas alimentarios y a la hora de abordar todas las formas de desnutrición en contextos humanitarios, de desarrollo y cualquier otro contexto frágil; considera que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe promover la transición mundial hacia sistemas agroalimentarios resilientes, justos y sostenibles; pide a la Comisión que presente una evaluación de impacto integral y exhaustiva de los objetivos previstos en el Pacto Verde Europeo, en particular en los países en desarrollo; subraya la necesidad de permitir que los agricultores a pequeña escala sean menos dependientes de insumos externos y de reforzar su resiliencia frente a crisis, mediante la facilitación por parte de los países de la producción, el intercambio y la utilización de semillas campesinas; insta a la Unión a que garantice que las condiciones laborales y la protección social a lo largo de las cadenas agroalimentarias de la Unión cumplan las normas nacionales, internacionales y de la Unión para todos los trabajadores y presten una atención especial a los colectivos vulnerables, como los trabajadores migrantes;

3. Acoge favorablemente la próxima propuesta legislativa sobre un Código de Conducta y un marco de supervisión de la Unión para una conducta empresarial y de comercialización responsable en la cadena agroalimentaria; estima que el Código de Conducta debe establecer normas sólidas de diligencia debida para empresas agroalimentarias y debe acompañarse de objetivos vinculantes y medidas para desalentar el incumplimiento, como sanciones administrativas o económicas, y garantizar prácticas sostenibles en la cadena de valor alimentaria;

4. Hace hincapié en que las cadenas de suministro cortas y resilientes tienen un potencial considerable para abordar los actuales fallos del sistema alimentario y recuerda que una agricultura respetuosa con el clima implica, entre otros aspectos, reducir la dependencia de la energía procedente de combustibles fósiles, en particular el uso de plaguicidas químicos y fertilizantes; insiste en que la financiación de la Unión para la agricultura debe estar en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y prestar apoyo a las inversiones en agroecología, agrosilvicultura y diversificación de cultivos y consumo de energía; recuerda que la expansión agrícola y las prácticas de intensificación agrícola insostenibles son importantes causas del deterioro de la biodiversidad a escala mundial, incluida la erosión genética de las variedades de cultivo y de ganado; destaca la importancia de proteger la biodiversidad agrícola, las razas y variedades locales de animales y plantas, garantizando al mismo tiempo unos alimentos de alta calidad, seguros y asequibles, como parte del concepto «Una sola salud», para garantizar alimentos nutritivos, seguros, asequibles y de alta calidad a lo largo del año, preservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia frente al cambio climático, lo que es beneficioso para el desarrollo dinámico de los territorios y el refuerzo de la cohesión social mediante la reducción de las desigualdades sociales; recalca, en este sentido, el papel fundamental de la investigación y el desarrollo a la hora de impulsar la innovación en la agricultura, la economía circular y los sistemas alimentarios integrados, con ramificaciones positivas en todos los sectores de las economías locales; recuerda que las inversiones en favor de una pesca y una acuicultura sostenibles deben ser también una prioridad de la aplicación de la Agenda 2030, en particular del objetivo de desarrollo sostenible 14 (conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos); insiste en la necesidad de reforzar la resiliencia al cambio climático, en particular entre los agricultores minifundistas;

5. Hace hincapié en que las políticas de la Unión en materia de sistemas alimentarios justos, sostenibles y resilientes deben abordar explícitamente la desigualdad de género; recuerda que la mayoría de los pequeños agricultores de los países en desarrollo son mujeres, quienes también representan casi la mitad de todos los trabajadores agrícolas de esos países; subraya, por consiguiente, que la promoción de una estrategia a largo plazo para la conservación, mejora y gestión de la diversidad de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura exige el reconocimiento de su papel el conocimiento de las mujeres como proveedoras y productoras de alimentos; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen el derecho de las mujeres a la educación y la igualdad y a que se esfuercen, en particular a través de la ayuda al desarrollo, por su participación activa como responsables de la toma de decisiones, y a que contribuyan a abordar las discriminaciones a las que se enfrentan, en particular por lo que respecta al acceso a la tierra, los recursos productivos y los servicios financieros;

6. Recalca que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial y de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan una plataforma de la Unión para supervisar y evaluar la aplicación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión y que garanticen que los mecanismos multilaterales, como la FAO de las Naciones Unidas, incorporan todos los elementos del enfoque «De la Granja a la Mesa» en sus recomendaciones estratégicas;

7. Observa que el aumento de la concentración vertical y horizontal en el sector agroalimentario refuerza el modelo agroalimentario industrial; destaca que, mientras se produzca una mayor integración vertical en el sector ganadero, existe un riesgo de proliferación de enfermedades zoonóticas y de origen alimentario; estima que el Pacto Verde Europeo requiere la evaluación y el seguimiento de las repercusiones sociales, medioambientales y de salud pública de las actividades de producción y transformación en el sector agroalimentario, y pide a la Comisión que considere la posibilidad de revisar la legislación en materia de competencia para abordar y mitigar estos efectos; pide que se incluyan en todos los requisitos de seguridad alimentaria la difusión de conocimientos especializados, una mayor eficiencia e innovación en el sector agroalimentario y el respeto del principio de precaución; solicita a la Comisión que refuerce la dimensión mundial de la estrategia para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales; recalca la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y de promover modelos empresariales alternativos basados en la economía social y solidaria, como los regímenes cooperativos favorables al consumidor; pide a la Unión que utilice sus programas de cooperación para contribuir a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrarios a escala mundial e impulsar los ingresos de los agricultores a pequeña escala de los países socios; apoya el impulso del comercio regional, que brinda oportunidades para el crecimiento económico y la diversificación, al tiempo que ofrece alimentos asequibles a los consumidores; solicita a la Unión que apoye el desarrollo de capacidades para los esfuerzos de integración regional, como la zona de libre comercio del continente africano; acoge favorablemente el anuncio de iniciativas legislativas en 2021 y 2022 para mejorar la cooperación de los productores primarios con el fin de apoyar su posición en la cadena alimentaria; insiste en que la legislación no solo debe cubrir a los productores establecidos en la Unión, sino que también debe proteger a los productores y los agricultores de países en desarrollo que trabajan con empresas europeas;

8. Destaca que los ODS brindan a la Unión un marco adecuado para integrar de forma coherente y sistémica sus objetivos medioambientales, sociales y económicos; acoge favorablemente las iniciativas de la Unión para promover cadenas de valor más justas y sostenibles, también a través de legislación obligatoria sobre diligencia debida; pide esfuerzos continuados para garantizar la coherencia entre las políticas comercial y de desarrollo de la Unión, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; recalca que todos los agentes pertinentes del sector agroalimentario necesitan ejercer la diligencia debida sobre su cadena de suministro, es decir, establecer prácticas responsables y eficaces en relación con el medio ambiente, los derechos humanos y la buena gobernanza, como los requisitos de edad mínima y seguridad profesional;

9. Recuerda que la diversidad de semillas resulta vital para reforzar la resiliencia de la agricultura ante el cambio climático; pide a la Unión que respalde regímenes de derechos de propiedad intelectual que potencien el desarrollo de variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales y de semillas conservadas por los agricultores;

10. Considera que el reducido acceso a la tierra, la escasez de agua y otras limitaciones de la producción alimentaria suponen obstáculos graves para el aumento de la oferta agrícola y la productividad; recalca la importancia de transformar los sistemas alimentarios europeos y orientarlos a la agroecología, con el objetivo de reducir su impacto sobre el cambio climático dentro y fuera de la Unión; insta a la Comisión a que proporcione apoyo para que los países en desarrollo protejan sus industrias sensibles y emergentes, promuevan la seguridad alimentaria, apoyen la mitigación del cambio climático para la agricultura y cumplan las normas internacionales y de la Unión en materia de sostenibilidad para la exportación de sus productos agrícolas; pide a la Unión que impulse las inversiones en la transición hacia una agricultura más sostenible en los países socios, por ejemplo, apoyando métodos agrícolas innovadores y el compromiso del sector privado; subraya, a este respecto, el papel clave de la sociedad civil para ayudar a las comunidades más pobres y a los agricultores minifundistas a acceder a la formación, los recursos, los mercados y las cadenas de valor;

11. Pide a la Unión que apoye a los países en desarrollo para que adopten legislación nacional adecuada con vistas a proteger los recursos genéticos para los alimentos y la agricultura amenazados, velar por su uso y su gestión continuados por parte de las comunidades locales y los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres, y garantizar que los beneficios procedentes de su uso se repartan de manera justa y equitativa;

12. Insta a la Comisión a que elabore una estrategia de la Unión para la producción y el suministro de proteínas vegetales destinada a reducir la dependencia europea de las importaciones de piensos modificados genéticamente, crear cadenas alimentarias más cortas y reforzar los mercados regionales;

13. Observa que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» establece principios para un sector agrícola de la Unión más limpio y libre de plaguicidas con una menor dependencia de los fertilizantes y una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero; destaca que todos los acuerdos de libre comercio de la Unión deben ser coherentes con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia sobre la Biodiversidad y la Estrategia «De la Granja a la Mesa», en particular sus objetivos de reducir la dependencia de la Unión de materias primas fundamentales para los piensos, como la soja cultivada en tierras deforestadas, el cambio a una dieta más basada en las plantas y cadenas de suministro más cortas y resilientes, y la necesidad de aumentar la agricultura ecológica, mejorar el bienestar de los animales, invertir la pérdida de biodiversidad y convertirse en la norma mundial de sostenibilidad; lamenta que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» no contenga una declaración explícita de que se aplicarán requisitos equivalentes a los animales y los productos agroalimentarios importados de terceros países; subraya que la política comercial de la Unión debe contribuir a conseguir compromisos ambiciosos de terceros países como, por ejemplo, en materia de bienestar animal, uso de plaguicidas y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión que garantice que todos los productos importados a la Unión y exportados de la Unión por socios comerciales respeten plenamente las normas de la Unión en materia de bienestar animal, uso de plaguicidas y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; recalca que la cooperación al desarrollo de la Unión debe apoyar a los agricultores y los productores locales de países en desarrollo para que cumplan con la normativa pertinente de la Unión;

14. Subraya que los acuerdos de libre comercio y los acuerdos de asociación económica de la Unión no deben perturbar la agricultura local ni perjudicar a los pequeños productores y que sus beneficios deben repartirse equitativamente; recuerda la necesidad de respetar el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo para garantizar que las exportaciones europeas no obstaculicen el desarrollo de producciones locales y emergentes; estima que la Unión tiene un importante papel que desempeñar en la promoción de la convergencia al alza de las normas sobre seguridad alimentaria y bienestar animal en los países socios y en la revisión de las relaciones comerciales internacionales para que los sistemas alimentarios sean sostenibles y justos, con objetivos medioambientales y sociales integrados de manera global y holística en todas las disposiciones de los acuerdos comerciales; anima a la Unión, en particular, a que estudie las posibilidades de revisar la actual definición de dumping de la Organización Mundial del Comercio para incluir los casos en que las subvenciones permiten vender las exportaciones a un precio inferior a los costes de producción; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de velar por que los acuerdos comerciales de la Unión se adecúen al Acuerdo de París; subraya que, para que tengan fuerza ejecutiva, los objetivos medioambientales de los acuerdos de libre comercio de la Unión deben ser claros, cuantificables y verificables; pide a la Unión que adapte su política comercial a los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y a la Estrategia sobre la Biodiversidad, así como al objetivo de neutralidad en carbono del Pacto Verde Europeo; pide que en los acuerdos de libre comercio el acceso al mercado esté condicionado al cumplimiento de los criterios relativos al proceso y los métodos de producción, con referencia a la sostenibilidad medioambiental y al cambio climático; pide a la Comisión que refuerce el mecanismo de ejecución de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible y que lo utilice como herramienta para fomentar un sistema alimentario más diverso y sostenible, así como para garantizar que ninguna disposición de los acuerdos de libre comercio socave los objetivos y las normas consagrados en los capítulos citados;

15. Recuerda que los acuerdos de libre comercio pueden facilitar el uso y el intercambio de tecnologías y conocimientos técnicos modernos y eficaces, así como de prácticas agrícolas comunes;

16. Recuerda que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto prohibir gradualmente los plaguicidas peligrosos en la agricultura y promover prácticas alternativas; subraya que el uso de algunos plaguicidas en la agricultura intensiva en los países en desarrollo puede tener un impacto en la salud de los trabajadores con un acceso reducido a formación sobre protección fitosanitaria y a atención sanitaria, además de causar daños medioambientales; pide educación y formación en enfoques fitosanitarios sostenibles y la minimización de la exposición a sustancias peligrosas; denuncia el doble rasero de la Unión en materia de plaguicidas, que permite la exportación desde la Unión de sustancias peligrosas prohibidas en la propia Unión; solicita la modificación de las actuales normas de la Unión para eliminar esta incoherencia jurídica, en consonancia con el Convenio de Rotterdam de 1998 y el Pacto Verde Europeo; estima que la Unión debe apoyar a los países en desarrollo para ayudarles a reducir el uso de plaguicidas y promover otros métodos para proteger las plantas y los recursos pesqueros, animar a la eliminación progresiva a escala mundial de los plaguicidas altamente peligrosos y mantener firmemente su compromiso en el marco de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas para garantizar que los plaguicidas peligrosos prohibidos en la Unión no se produzcan para la exportación, y velar para que no se permiten plaguicidas prohibidos como residuos en los alimentos comercializados en el mercado europeo;

17. Acoge con satisfacción las referencias a procesos pertinentes de las Naciones Unidas en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; recalca la necesidad de que la Unión apoye al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y su mecanismo de sociedad civil como la principal plataforma política multilateral sobre sistemas alimentarios; pide a la Comisión que promueva una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles y seguridad alimentaria en todos los foros internacionales pertinentes, como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021;

18. Destaca la importancia de compartir tecnologías y conocimientos técnicos modernos con los países en desarrollo, así como de formar a los agricultores en su región y en Europa, a fin de ayudarles a aplicar prácticas agrícolas innovadoras, puesto que el sector agrícola es crucial para la seguridad alimentaria y el empleo en estas regiones;

19. Recuerda que aún es necesario avanzar para que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible sean verdaderamente sostenibles; destaca que estos acuerdos deben estar en consonancia con los mejores dictámenes científicos disponibles y no deben amenazar al sector de la pesca artesanal en terceros países ni socavar la seguridad alimentaria local;

20. Subraya la urgente necesidad de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de comercialización; señala que una de las medidas necesarias consiste en ofrecer apoyo (institucional y financiero) para ayudar a los productores agrícolas a organizar estructuras económicas comunes, como cooperativas, organizaciones o agrupaciones que aumenten la viabilidad económica, la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones y mejoren el proceso de creación de pymes, en especial de microempresas en las zonas rurales, reforzando así el emprendimiento;

21. Recalca la necesidad de que la Unión defienda los derechos humanos y el derecho a la alimentación como principio y prioridad central de los sistemas alimentarios y como fundamento para transformar los sistemas alimentarios y garantizar el derecho de los más marginados al acceso a alimentos nutritivos; subraya la importancia de incluir medidas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales;

22. Pide a la Unión que conceda especial atención, en su cooperación con los países en desarrollo, a la intensificación de la lucha contra la deforestación en las inmediaciones de las zonas costeras, en particular la tala de los manglares, que se ven especialmente afectados por la actividad agrícola;

23. Lamenta que la publicación de un documento tan importante para el sector agroalimentario no haya ido precedida de una evaluación exhaustiva del impacto de su introducción para las distintas ramas del sector agroalimentario a corto, medio y largo plazo;

24. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva de los distintos objetivos y metas de reducción para la agricultura establecidos en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad;

25. Recuerda que el 15 % del pescado capturado a nivel mundial procede de la pesca ilegal; indica que la pesca ilegal representa un grave peligro medioambiental para los recursos marinos mundiales y una amenaza en términos económicos y de seguridad para las comunidades costeras, en particular en los países en desarrollo; resalta a este respecto la importancia de las «alianzas verdes» que la Unión quiere establecer con los países en desarrollo para respaldar la seguridad alimentaria y garantizar la conservación de la biodiversidad en el marco de los acuerdos comerciales;

26. Recuerda que los océanos forman un todo y que, habida cuenta de los servicios que prestan a la humanidad en su conjunto, son un bien común; recuerda que el capítulo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorga a los Estados derechos soberanos sobre sus zonas económicas exclusivas; recuerda, no obstante, que lo anterior no exime a los Estados, y, por consiguiente, a los agentes nacionales que operan en el mar, de su responsabilidad de preservar los ecosistemas marítimos y costeros; resalta a este respecto la importancia de garantizar una explotación más responsable y sostenible de los recursos pesqueros e intensificar la lucha contra las prácticas ilegales en aguas de los países en desarrollo.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación	13.4.2021
Resultado de la votación final	+: –: 0:	23 1 1
Miembros presentes en la votación final	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok
Suplentes presentes en la votación final	Benoît Biteau

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

23	+
ID	Dominique Bilde, Gianna Gancia
NI	Antoni Comín i Oliveres
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé
Renew	Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou
S&D	Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Benoît Biteau, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

1	-
ID	Bernhard Zimniok

 

1	0
ECR	Ryszard Czarnecki

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR (16.4.2021)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

(2020/2260(INI))

Ponente de opinión: Claude Gruffat

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Acoge con satisfacción la ambición de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y su objetivo de instaurar un sistema alimentario sostenible, saludable y resiliente que proporcione alimentos asequibles a todos los consumidores de la Unión y que incluya todos los eslabones de la cadena de suministro alimentario, a saber, la producción, el transporte, la distribución, la comercialización y el consumo de alimentos;

2. Subraya que es fundamental garantizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica de todas las medidas anunciadas en la Estrategia para asegurar la capacidad de producción de alimentos, los niveles de suministro y la disponibilidad de los productos, así como para preservar la competitividad de todos los agentes en el mercado único y garantizar que nadie se queda rezagado en la transición hacia un sistema alimentario más sostenible; señala, en este sentido, que su aplicación debe tener en cuenta las necesidades de las regiones ultraperiféricas;

3. Destaca el valor añadido económico y social del sector alimentario en la Unión, no solo en la medida en que proporciona a los ciudadanos una oferta suficiente de alimentos saludables y asequibles, sino también porque crea oportunidades empresariales, empleo y crecimiento;

4. Subraya que los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» deben partir de un enfoque basado en datos científicos y centrado en instrumentos políticos coherentes y de base empírica;

5. Pide a la Comisión que adopte un enfoque holístico y exhaustivo y que evalúe cuidadosamente los efectos globales a corto y largo plazo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de sus objetivos en el funcionamiento del mercado único, incluidas las consecuencias para el equilibrio entre la oferta y la demanda, las fluctuaciones de precios, la asequibilidad para los consumidores, la rentabilidad para los productores, la competitividad, el rendimiento y el análisis de la relación coste-eficacia de la transición, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las externalidades positivas y negativas de la producción sostenible de alimentos;

6. Comparte la observación de que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar un sistema alimentario sólido, sostenible y resiliente que funcione en todas las circunstancias y sea capaz de ofrecer a los consumidores europeos alimentos locales en cantidad suficiente y a precios asequibles; destaca, a este respecto, la necesidad de preservar el buen funcionamiento del mercado único y, en particular, la circulación de los alimentos, también en períodos de crisis sanitaria; destaca, asimismo, que la pandemia también debe considerarse una oportunidad para construir un sistema alimentario sostenible y resiliente y no una excusa para revisar a la baja las ambiciones, ya que sostenibilidad y salud son dos cuestiones interconectadas;

7. Considera que la promoción de un consumo sano y sostenible de alimentos requiere cambios en las pautas de consumo alimentario y en la producción, transformación y distribución de los alimentos, teniendo en cuenta las consecuencias de estos cambios para la oferta y la demanda, el mercado interior y la huella ecológica; recuerda que la transición hacia la sostenibilidad marcará un antes y un después en el fomento de una competitividad renovada para todos los agentes implicados en la cadena alimentaria de la Unión;

8. Recuerda, al mismo tiempo, la importancia de una autosuficiencia europea que satisfaga las necesidades de producción de alimentos de los ciudadanos de la Unión en términos de cantidad y calidad;

9. Considera que los consumidores no deben ser los únicos responsables de llevar a cabo esta transición, sino que son necesarias medidas coherentes entre las diferentes políticas (agricultura, comercio, medio ambiente, salud, educación, competencia, etc.), así como una serie de medidas reguladoras complementarias;

10. Destaca que, para lograr un sistema alimentario europeo eficaz, es necesario evitar solapamientos y discrepancias entre las políticas vigentes de la Unión en materia de medio ambiente y alimentación; pide, por tanto, a la Comisión que revise periódicamente la coherencia global entre los distintos instrumentos políticos;

11. Señala que, en general, las dietas de los europeos no siguen las recomendaciones para una alimentación sana, que no excluyen ningún alimento siempre que se consuma en la cantidad y con la frecuencia correctas y se acompañe de una actividad física adecuada; subraya, por tanto, la necesidad de un cambio en las pautas de consumo hacia una dieta más equilibrada con menos productos ultraprocesados y menos azúcar, sal y grasas; pide a la Comisión que elabore unas directrices europeas para unas dietas sanas y sostenibles, tanto para informar a los consumidores como para ayudar a los Estados miembros en la preparación y la aplicación de los planes nacionales sobre alimentación;

12. Opina que el cambio en las dietas no debe afectar negativamente ni a la oferta ni a la capacidad de elección de los consumidores; considera que el hecho de que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa es clave para la transición hacia un sistema alimentario sostenible;

13. Considera que, para que se promueva con éxito una alimentación sana y sostenible, es necesario apoyo financiero, así como una mejor educación, formación e información en materia de alimentación y nutrición para todos los consumidores europeos;

14. Observa que, entre los obstáculos a una alimentación más sostenible, se encuentran el coste de los alimentos para los consumidores, el desconocimiento, una información poco clara y una reducida oferta de productos; aprueba el objetivo de la Estrategia de garantizar que «los alimentos más sostenibles sean también, en última instancia, los más asequibles»; sugiere, por consiguiente, que los precios reflejen adecuadamente los costes a largo plazo para los consumidores y los productores; pide a los Gobiernos, a la Comisión y a las partes interesadas pertinentes que conciencien a los consumidores de que una alimentación más sostenible no es necesariamente más cara;

15. Destaca que es extremadamente importante fomentar el compromiso y la cooperación de todos los agentes de la cadena de suministro alimentario en relación con la evaluación, aplicación y seguimiento de la Estrategia, para garantizar una actuación colectiva eficaz en aras de una transición justa; insiste en que este proceso debe acompañarse de una redistribución más equitativa del valor entre todos los operadores de la cadena de suministro alimentario, reforzando el poder de negociación de los agricultores y, en particular, mejorando las relaciones de mercado de los productores y empresas de menor tamaño con las empresas de comercio al por mayor y al por menor;

16. Hace hincapié en que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe adoptar un enfoque de carácter más regional, que tenga en cuenta las especificidades de la producción en aquellos Estados miembros donde se corre el riesgo de que la producción alimentaria se traslade a terceros países; pide a la Comisión que vigile de cerca la deslocalización de la producción en terceros países y que intensifique su apoyo a los pequeños productores, los sistemas alimentarios regionales y, en la medida de lo posible, las cadenas de suministro cortas, que pueden ser una fuente de productos frescos, sostenibles, asequibles y de calidad para los consumidores;

17. Insiste en que hay que apoyar a los distintos agentes de la cadena de producción alimentaria para mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de las opciones alimentarias saludables y sostenibles; opina que la legislación sobre contratación pública europea en el sector alimentario debería fomentar la adopción de sistemas de abastecimiento local y de calidad de las instituciones públicas, lo que, además, también beneficiaría en gran medida a los consumidores, los agricultores y las zonas rurales; sugiere integrar en la contratación pública ecológica y sostenible criterios más flexibles para la introducción de productos locales y regionales, incluidos los productos ecológicos, las especialidades tradicionales garantizadas, los productos con denominación de origen protegida (DOP) y los productos con indicación geográfica protegida (IGP), en particular mediante la adopción del principio de «kilómetro cero» en los comedores escolares; recomienda un mayor apoyo a las políticas innovadoras nacionales y locales de contratación pública en el sector alimentario;

18. Insta a la Comisión a que fomente las asociaciones entre los agentes de la cadena de suministro alimentario, en particular entre los agricultores; destaca la necesidad de promover métodos de producción sostenibles y modelos de negocio circulares, tales como tiendas sin envases, basados en la innovación social y la economía social, como, por ejemplo, los regímenes cooperativos monosectoriales o multisectoriales que actúan en beneficio de los productores y consumidores, así como de garantizar que puedan funcionar y desarrollarse en todos los Estados miembros; destaca, asimismo, la importancia de promover las organizaciones de productores, las redes interprofesionales y las redes empresariales en el sector de la transformación y la venta al por menor de alimentos, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para que participen en esta transición y se reduzcan los efectos negativos para quienes se comprometan con este enfoque;

19. Pide a la Comisión que evalúe los cambios en la conducta de los consumidores, por ejemplo, en relación con la adquisición de alimentos por internet;

20. Recuerda que el sector alimentario de la Unión se caracteriza por una presencia muy elevada de pequeñas y medidas empresas (pymes), que, pese a sus esfuerzos, se enfrentan a numerosos obstáculos para mejorar su rendimiento en cuanto a sostenibilidad, como la falta de información, acceso a recursos financieros y capacidades técnicas; subraya la necesidad de llevar a cabo consultas y análisis de impacto sobre las medidas previstas para las pymes y los regímenes cooperativos; pide a la Comisión, por tanto, que garantice que todas las acciones basadas en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» posibiliten una transición que cree oportunidades reales y condiciones de competencia equitativas, aporte flexibilidad suficiente y continúe reduciendo y simplificando las cargas administrativas innecesarias para las microempresas y pequeñas empresas del sector alimentario, así como para las empresas de la economía social; destaca, en este sentido, que es extremadamente importante prever medidas concretas para lograr una transición justa, como aumentar el apoyo a la gestión de los fondos de la Unión, mejorar el desarrollo de capacidades y proporcionar recursos significativos para un uso eficaz de soluciones innovadoras y digitales, al objeto de reforzar la posición competitiva de estas empresas en el sistema alimentario de la Unión;

21. Pide a la Comisión que facilite el acceso a los mercados locales de los productos de calidad elaborados por microempresas;

22. Apoya el establecimiento de un marco de gobernanza y de un código de conducta claro para las empresas del sector alimentario y del comercio al por menor en lo que respecta a unas prácticas empresariales y comerciales responsables, con el fin de sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la sostenibilidad, la salud y la lucha contra el desperdicio de alimentos y garantizar que asuman su responsabilidad, dada su influencia en las decisiones de los consumidores; considera que es necesaria una evaluación de las normas para reducir la comercialización y la publicidad destinadas a los niños de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares y sal;

23. Insiste en que el código de conducta debe ir acompañado de un sólido mecanismo de seguimiento y evaluación; pide una distribución equitativa del valor añadido en la cadena de suministro alimentario;

24. Subraya que el citado marco debe tener en cuenta la sostenibilidad medioambiental, económica y social de todos los agentes de la cadena de suministro, y pide, por tanto, a la Comisión que garantice la aplicación efectiva de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE)[80] y de la Directiva 2019/633/CE[81];

25. Considera que estas iniciativas deben definirse de forma suficiente y adecuada y ajustarse al tamaño y al tipo de empresas de que se trate, y han de reconocer las buenas prácticas existentes y los compromisos ya alcanzados por las empresas europeas; celebra las medidas adoptadas por la Comisión para apoyar, en particular, la aplicación de prácticas empresariales sostenibles por parte de las pymes, así como para desarrollar ambas iniciativas con todas las partes interesadas pertinentes;

26. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de promover dietas más saludables y más equilibradas mediante la creación de perfiles nutricionales, acompañados de un etiquetado obligatorio y armonizado del valor nutricional de los alimentos en la parte frontal de los envases y basados en los estudios científicos independientes y sólidos más recientes, que faciliten la comprensión de los consumidores y les permitan estar correctamente informados, y que, al mismo tiempo, contribuyan a reducir las enfermedades de la población y aseguren una generación saludable; destaca la importancia de informar a los consumidores y de ofrecer información clara, en particular utilizando un instrumento fácil de entender, así como teniendo en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada;

27. Señala que en los Estados miembros se utilizan varios sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases, y subraya, al mismo tiempo, los beneficios de un etiquetado armonizado para el funcionamiento del mercado interior y para la información y la comprensión de los consumidores;

28. Destaca que el fenómeno del sobrepeso, que afecta casi a un adulto de cada dos en la Unión, requiere una acción más decidida en aras de unas dietas más equilibradas, dadas sus consecuencias negativas para la salud; reconoce que los expertos internacionales en materia de salud, y en particular los de la Organización Mundial de la Salud, consideran el etiquetado nutricional en la parte frontal de los productos envasados una de las herramientas de que disponemos para ayudar a los consumidores a elegir alimentos más sanos con conocimiento de causa, al permitirles comparar el valor nutricional de los productos de manera que puedan tomar decisiones de compra informadas;

29. Toma nota de la opinión de los consumidores según la cual el marco regulador vigente no permite del todo ofrecer una información clara y fácilmente comprensible sobre el valor nutricional de los productos, por lo que acoge con satisfacción la intención de la Comisión de estudiar y proponer nuevos modos de mejorar el etiquetado nutricional de los alimentos;

30. Pide a la Comisión que estudie la necesidad de aplicar condiciones y exenciones específicas a determinadas categorías de alimentos o productos alimenticios, como el aceite de oliva, a aquellos cubiertos por denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas o especialidades tradicionales garantizadas, así como a los productos con un solo ingrediente; hace hincapié en que la introducción de este etiquetado requiere medidas adecuadas y adaptadas de apoyo a las pymes, las microempresas y las empresas de la economía social;

31. Considera imprescindible responder a las crecientes e insistentes demandas de los consumidores, de las que se ha hecho eco en numerosas ocasiones el Parlamento Europeo, de disponer de mejor información sobre el origen de los alimentos que compran estudiando la posibilidad de introducir un etiquetado obligatorio sobre el país de origen para determinados productos, en particular la miel, los productos del mar y los ingredientes utilizados en los productos transformados, respetando plenamente la integridad del mercado interior y sobre la base de una evaluación de impacto adecuada; considera, además, que este etiquetado podría ampliarse para incluir otros elementos, como el bienestar animal, la sostenibilidad y los niveles de residuos de plaguicidas, sin que ello se traduzca en un etiquetado excesivo que pueda resultar confuso para los consumidores; pide, por tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha cooperación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a tal fin; resalta que los productos importados que no respetan las normas medioambientales o sanitarias europeas ponen en peligro la salud de los consumidores y generan una competencia desleal para los productores europeos;

32. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de desarrollar un nuevo marco para el etiquetado de alimentos sostenibles; pide a la Comisión que defina la metodología y especifique qué dimensiones de la sostenibilidad estarían cubiertas;

33. Destaca que el Reglamento (UE) n.º 1169/2011[82] exige que, cuando se mencione el origen de un alimento y este no sea el mismo que el de su ingrediente primario, se indique el origen del ingrediente primario de que se trate o, al menos, se indique que este último es distinto del origen del alimento; señala que, en la práctica, esto significa que productos cuyos ingredientes primarios no son de origen local o regional pueden comercializarse como tales si se indica en la letra pequeña el origen de dichos ingredientes primarios no locales; subraya que existe un desequilibrio entre los requisitos de etiquetado de la Unión y la visibilidad de las prácticas de comercialización que utilizan nombres y símbolos nacionales, regionales y locales para productos cuyos ingredientes primarios no son de origen nacional, regional o local; considera que esto puede inducir a error y menoscabar el derecho de los consumidores a estar debidamente informados; pide a la Comisión que rectifique este desequilibrio;

34. Acoge favorablemente el anuncio de la Comisión de revisar la legislación relativa a los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos con vistas a mejorar la seguridad de los consumidores y la salud pública;

35. Celebra la intención de la Comisión de proponer objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos en la Unión; solicita, asimismo, a la Comisión que aclare las actuales normas de la Unión sobre indicación de la fecha de caducidad y de consumo preferente, para evitar y reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos y proporcionar mayor claridad, coherencia y comprensión por parte de los consumidores; pide a la Comisión, en este sentido, que promueva un enfoque multilateral para empoderar a los consumidores y animar a la industria alimentaria a que aplique soluciones prácticas a fin de acelerar la lucha contra el desperdicio de alimentos; observa que las medidas previstas para este fin y la gestión de los residuos no deben entrañar costes desproporcionados ni cargas administrativas innecesarias que las empresas de menor tamaño no puedan afrontar; señala que el Parlamento espera con impaciencia el escenario de referencia para reducir el desperdicio de alimentos en toda la Unión;

36. Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por combatir el fraude y las falsificaciones en relación con los alimentos, que inducen a error a los consumidores y distorsionan la competencia en el mercado interior, y considera esencial que las sanciones impuestas a los autores de los fraudes sean más disuasorias, que se dediquen recursos suficientes al refuerzo de controles eficaces y efectivos de la conformidad de la calidad de los productos, también durante la pandemia, que se dote debidamente de personal a las autoridades aduaneras y a las autoridades competentes y que se continúen reforzando los intercambios de información en el mercado único; pide que se mejore la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, respaldado por definiciones jurídicas a escala de la Unión de los conceptos de «fraude y delincuencia alimentaria» y «falsificación», como prácticas engañosas que podrían considerarse fraudulentas;

37. Reitera que un doble nivel de calidad de los alimentos es inaceptable y tiene que combatirse con rotundidad para evitar la discriminación de los consumidores de la Unión y que sean llevados a engaño; considera, por tanto, que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» debe incluir disposiciones que permitan evitar este doble nivel de calidad de los alimentos, y pide, a tal fin, a la Comisión que supervise atentamente la situación en el mercado y proponga legislación específica cuando sea necesario; destaca, además, el papel de las organizaciones de consumidores a la hora de detectar estas prácticas engañosas;

38. Destaca que la gran cantidad de divergencias en los controles de los productos de terceros países, los procedimientos de aduanas y las políticas de sanciones en los puntos de entrada a la unión aduanera de la Unión provocan, con frecuencia, no solo distorsiones en las cadenas de suministro de alimentos, sino también notables riesgos para la seguridad y la salud de los consumidores en el mercado único; insiste en la suma importancia de un enfoque coordinado y armonizado en lo que respecta a las prácticas de competencia desleal y a la necesidad de aplicar de la misma forma las normas y prácticas alimentarias en todos los puntos de entrada a la Unión, prestando la debida atención al principio de precaución, con miras a garantizar un suministro ininterrumpido de productos alimenticios a todos los Estados miembros, respetando al mismo tiempo unos controles de seguridad de alto nivel que puedan detectar e impedir riesgos sanitarios, fitosanitarios y biológicos derivados de las importaciones de terceros países;

39. Insiste en que la Comisión garantice que los controles aduaneros en toda la Unión se rijan por las mismas normas, por medio de controles armonizados y normalizados, en colaboración con los Estados miembros y desde el pleno cumplimiento del principio de subsidiariedad; insta, además, a la Comisión a que incremente la cooperación, a escala internacional y de la Unión, entre las autoridades competentes pertinentes, al objeto de garantizar controles armonizados y uniformes en todos los puntos de entrada a la Unión y asegurar de este modo la trazabilidad de todos los productos alimenticios;

40. Pide a la Comisión que garantice, a través de una política comercial y aduanera proactiva, que los productos alimenticios importados al mercado único cumplan la estricta normativa europea en materia de seguridad alimentaria, para proteger la competitividad de las empresas europeas, especialmente las pymes, y la integridad del mercado único;

41. Pide a los Estados miembros que mejoren la aplicación de la Directiva 2005/29/CE para reforzar la lucha contra las afirmaciones ecológicas engañosas y carentes de fundamento en los alimentos, también con ocasión de la celebración de contratos a distancia en los mercados en línea, de manera que los consumidores puedan detectar con mayor facilidad los productos respetuosos del medio ambiente; sugiere que esto no debe discriminar a las empresas que han realizado esfuerzos encomiables en materia de medio ambiente.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación	14.4.2021
Resultado de la votación final	+: –: 0:	40 1 3
Miembros presentes en la votación final	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo
Suplentes presentes en la votación final	Clara Aguilera, Jordi Cañas, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, Jiří Pospíšil, Barbara Thaler

 

 

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

40	+
ECR	Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek
ID	Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo
S&D	Clara Aguilera, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1	-
ECR	Eugen Jurzyca

 

3	0
ID	Alessandra Basso, Markus Buchheit
NI	Miroslav Radačovský

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA (28.4.2021)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

y para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

(2020/2260(INI))

Ponente de opinión: Izaskun Bilbao Barandica

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia "de la granja a la mesa" para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca (COM(2018)0368),

– Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido (COM(2018)0020),

– Visto el proyecto de iniciativa de la Comisión sobre un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, cuyo desarrollo está previsto en las estrategias «de la granja a la mesa» y «del mar a la mesa» propuestas en el marco del Pacto Verde Europeo, y en especial su compromiso de aprovechar las enseñanzas extraídas de crisis pasadas, incluida la actual pandemia de COVID-19,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

– Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)[83],

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común[84],

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios[85],

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común[86],

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura[87],

– Vista la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo[88],

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de octubre de 2020, sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa»,

– Visto el Dictamen científico n.º 3/2017 del Grupo de Alto Nivel de Consejeros Científicos del Mecanismo de Asesoramiento Científico de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulado «Food from the Oceans: How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?» (Los alimentos que obtenemos de los océanos: ¿Cómo pueden obtenerse de los océanos más alimentos y biomasa de forma que no se prive de sus beneficios a las generaciones futuras?),

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista[89],

– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión[90],

– Vista su Resolución, de 29 de mayo de 2018, sobre la optimización de la cadena de valor del sector pesquero de la Unión[91],

– Vista su Posición aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo[92],

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo[93],

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre una nueva estrategia industrial para Europa[94],

A. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto contribuir a la agenda europea en materia de cambio climático, proteger el medio ambiente, asegurar la posición de los productos en la cadena de valor y fomentar el consumo de alimentos sostenibles y saludables;

B. Considerando que los sectores de la pesca y la acuicultura forman parte integrante del sistema alimentario de la Unión cuya resiliencia y desarrollo sostenible dependen del trabajo y las aportaciones de los pescadores y los acuicultores europeos, pues desempeñan un papel clave en el apoyo a las dimensiones ambiental, económica y social de las poblaciones costeras, de las islas y de muchas poblaciones interiores;

C. Considerando que la crisis de salud pública sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19 tendrá repercusiones en el comercio y el mercado, y ha supuesto un duro golpe para los pescadores de toda Europa; que, a pesar de los riesgos para la salud y del bajo precio del pescado, los pescadores europeos han seguido trabajando y han demostrado ser trabajadores clave, y que la crisis ha puesto de relieve la importancia de la pesca y la acuicultura para garantizar el acceso a los alimentos; que la Unión ha proporcionado una respuesta a corto plazo, como una mayor flexibilidad en el acceso al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y en la aprobación de las ayudas estatales, junto con un apoyo más a largo plazo tal como se define en el Plan de Recuperación para Europa; que debe celebrarse la intención de la Comisión de presentar un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en toda la Unión en tiempos de crisis;

D. Considerando que es necesario hacer cumplir las normas de competencia y economía social en una organización común de mercados cuyos principios se remontan a 1970, y actualizar su marco con programas e instrumentos financieros específicos para proporcionar un acceso al mercado no discriminatorio a los trabajadores autónomos de la pesca artesanal, a fin de capacitar a sus organizaciones, que crean un valor social significativo mediante la concentración eficiente de la comercialización de sus productos; que dichos trabajadores por cuenta propia quedaron excluidos de la ayuda en el marco de la COVID en virtud del Reglamento (UE) 2020/560[95], pese a haber demostrado ser muy importantes para la sociedad durante la pandemia, y que han tenido que afrontar riesgos para la salud como sector esencial en el sistema alimentario de la Unión y la disminución de los precios debida al cierre del canal de hostelería, restauración y catering (horeca);

E. Considerando que en los distintos Estados miembros existen diferentes tradiciones y costumbres en relación con la nutrición y el uso de los recursos biológicos disponibles, incluidos los peces, los crustáceos y los moluscos; que esto debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas, recomendaciones y estrategias que incidan en las especies de peces y productos no pesqueros de importancia económica o tradicionalmente utilizados en los sectores de la pesca y la acuicultura;

F. Considerando que la sobrepesca y las capturas accesorias de especies marinas sensibles conllevan la degradación de los ecosistemas marinos y costeros y la pérdida de biodiversidad;

G. Considerando que, en la Unión, los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación se adhieren a unas estrictas normas sociales y en materia de comercialización, medio ambiente y sostenibilidad, pero con una necesidad de revisión y aprobación para garantizar una sostenibilidad ambiental y social a lo largo de toda la cadena de valor, incluidos los derechos laborales y la salud y el bienestar de los animales; que estos sectores proporcionan productos pesqueros de alta calidad, con lo que desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional de la población; que, por tanto, reviste suma importancia evaluar la posición de los sectores de la pesca y la acuicultura en el mercado interior y las importaciones de sus productos a fin de alcanzar un modelo pesquero que refleje el equilibrio entre las tres dimensiones fundamentales (ambiental, social y económica) tal como se propone en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete objetivos;

H. Considerando que en la Unión normas de comercialización muy estrictas, además de normas sociales, ambientales y de sostenibilidad, se aplican únicamente al 75 % de los desembarques en su territorio, pero a menos del 10 % de las importaciones (dado que se excluyen los filetes y el pescado congelado), con lo que un gran número de productos importados no cumplen las rigurosas normas y reglas que debe respetar el sector con sede en la Unión, lo que crea condiciones desiguales y coloca a los productores de la Unión en desventaja competitiva;

I. Considerando que el uso excesivo de plaguicidas en la agricultura también tiene efectos negativos en la flora y la fauna acuáticas;

J. Considerando que las asociaciones de pescadores, como las cofradías, son actores fundamentales en los sistemas alimentarios de algunos Estados miembros, donde funcionan como entidades de Derecho público y economía social sin ánimo de lucro en representación del sector pesquero y colaboran con la Administración pública, realizando tanto funciones de interés general, en beneficio de la pesca marítima y los trabajadores del sector pesquero, como funciones empresariales, de comercialización de productos y prestando servicios de asesoramiento y gestión;

K. Considerando que, en su informe de 2020 sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce el papel clave que desempeña la pesca en la seguridad alimentaria mundial, al tiempo que recuerda que la mayor amenaza para esta contribución es la sobrepesca y que la explotación sostenible de las poblaciones de peces puede aumentar la productividad pesquera;

L. Considerando que, a fin de reducir el desperdicio de alimentos, es necesario mejorar la logística y la infraestructura en la cadena de valor para optimizar el uso de todas las capturas y la sostenibilidad del sistema alimentario;

M. Considerando que es necesario adoptar un enfoque holístico para las diferentes estrategias y políticas de la Unión relacionadas con la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

N. Considerando que la concentración general del mercado y la tendencia de los grandes minoristas a concluir acuerdos a veces injustos para los productores primarios repercuten de forma negativa en la pesca a pequeña escala;

O. Considerando que entre los objetivos de la política pesquera común (PPC) figuran, entre otros, el abastecimiento al mercado de la Unión de alimentos con alto valor nutricional, la reducción de la dependencia del mercado de la UE respecto a la importación de alimentos, y la garantía de que los alimentos lleguen a los consumidores a precios razonables; que la actual pandemia ha puesto todavía más de manifiesto que la Unión tiene que ser capaz de garantizar plenamente la seguridad alimentaria de su ciudadanía y reducir su dependencia de las importaciones de alimentos procedentes de terceros países;

P. Considerando que los productos de la pesca y la acuicultura son una fuente importante de proteínas y un componente importante de una dieta saludable; que más de la mitad de la población adulta en la Unión padece sobrepeso, lo que contribuye a una alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la dieta, como las enfermedades cardiovasculares, e incrementa los costes de la asistencia sanitaria; que el consumo de pescado y de productos acuícolas en la Unión varía en gran medida de un Estado miembro a otro;

Q. Considerando que, en comparación con otras proteínas animales, el pescado capturado en el medio silvestre es el que menos impacto ambiental genera, ya que, precisamente por hallarse los peces en su medio natural, para su producción no se precisa tierra, alimentación artificial, suministro de agua, antibióticos ni plaguicidas, y representa, por ello, la mejor opción de proteína animal en términos de seguridad alimentaria y protección del clima;

R. Considerando que los pescadores se hacen cargo de todo tipo de residuos marinos mediante la recogida, pasiva o activa, de desechos marinos y ofreciendo asistencia para los residuos de otros buques pesqueros, lo que contribuye a mejorar el medio marino y la sostenibilidad del sector;

S. Considerando que la labor de los pescadores y los esfuerzos en curso por aplicar la PPC han aportado mejoras en las poblaciones de peces de la Unión y han dado otros resultados positivos gracias a una gestión de la pesca eficiente, con una base científica, centrada en la sostenibilidad y responsable, y minimizando los efectos de la pesca comercial en los ecosistemas, y basada en objetivos de gestión ambiciosos y acordados internacionalmente; que en algunos parámetros ambientales son necesarios ulteriores esfuerzos para lograr mejoras;

T. Considerando que el sector de la pesca contribuye desde hace mucho tiempo a ofrecer a los consumidores europeos productos de alta calidad que cumplen unas normas rigurosas en materia de nutrición y seguridad alimentaria, y que hoy es líder mundial en cuanto a sostenibilidad;

U. Considerando que el consumo de combustible y las emisiones de CO2 procedentes de la pesca disminuyeron un 18 % entre 2009 y 2018; que, a pesar de que la eficiencia energética de la flota pesquera de la Unión (toneladas de pescado por litro de combustible) ha aumentado a lo largo de los años gracias a la adaptación de las nuevas tecnologías y a la mejora de las poblaciones de peces, la pesca seguirá experimentando dificultades por culpa del cambio climático, de la que es una víctima más que una causa, como ponen de manifiesto los numerosos fenómenos naturales observados, tales como el aumento de la temperatura del agua, que han tenido y seguirán teniendo un impacto extremadamente negativo en la rentabilidad del sector;

V. Considerando que, según el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 sobre la organización común de mercados para los productos de la pesca y de la acuicultura, es fundamental informar a los consumidores, mediante campañas de comercialización y educación, sobre el valor del pescado en la dieta y de la amplia variedad de especies disponibles, así como de la importancia de comprender la información contenida en las etiquetas; que, a pesar de que la información sobre el país de origen y la trazabilidad de los productos de la pesca redundan claramente en interés de los consumidores de la Unión, la legislación vigente en la Unión no exige que se indique el origen del producto final preparado o enlatado, aunque esto sí sea obligatorio para el sector extractivo; que, por consiguiente, se pierde información sobre la trazabilidad y la producción sostenible en la cadena de valor alimentaria;

1. Subraya que la PPC y un sistema de gobernanza operativo de los mares de Europa son parte integrante del sistema y de la cadena de suministro alimentario de la Unión, y que interactúan estrechamente con los pilares europeos de la salud y el medio ambiente que constituyen el eje central de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; expresa, por consiguiente, su gran decepción por la falta de relieve y de ambición respecto a la contribución y el potencial del sector pesquero y acuícola en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; hace hincapié en que esta falta de ambición complica a la Unión lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y advierte de que conllevará menos oportunidades e ingresos para los pescadores, los productores acuícolas y los trabajadores de la Unión a lo largo de la cadena de suministro de pescado y marisco; pide que se amplíe la estrategia para convertirla en la estrategia «De la granja a la mesa y del mar a la mesa» y que se cambie su denominación oficial por Estrategia «De la granja a la mesa y del mar a la mesa por un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente»;

2. Subraya que la estrategia actual debe integrarse en un enfoque transversal de la pesca que tenga en cuenta la principal legislación de la Unión en la materia y que, a la luz de los objetivos de la estrategia, tomando debidamente en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible, a saber, social, económico y ambiental, garantice que el futuro sistema alimentario sea más justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente; insta a la Comisión a que preste la debida atención a las especificidades de la pesca y la acuicultura en todas las propuestas legislativas, estrategias u orientaciones que presente en el futuro a raíz de la estrategia y que complete las lagunas con las iniciativas adicionales adecuadas;

3. Destaca la importancia de asegurar una coordinación y un apoyo mutuo entre todas las iniciativas del Pacto Verde, y entre los objetivos de la Unión y los Estados miembros en relación con, entre otros, la seguridad alimentaria, el cambio climático, los recursos naturales marinos y la gestión sostenible de la pesca;

4. Reconoce que la pesca es uno de los sistemas más eficientes e inteligentes desde el punto de vista climático, que garantiza una alimentación sana y sostenible y, al mismo tiempo, una existencia digna para los pescadores de la Unión;

5. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de los trabajadores clave durante la pandemia de COVID-19; subraya que los trabajadores de la pesca, y no solo los trabajadores del sector agroalimentario, entran en esta categoría; pide, por tanto, a la Comisión que redoble sus esfuerzos por mejorar la posición de los pescadores europeos en la cadena de valor mejorando su salud y seguridad en el trabajo, garantizándoles un salario digno y protegiendo su libertad de circulación, especialmente en tiempos de crisis;

6. Hace hincapié en la estrecha relación que existe entre las actividades pesqueras y la conservación de la biodiversidad y destaca el impacto negativo de la pesca no sostenible en la biodiversidad; subraya, no obstante, que solo la pesca sostenible puede limitar el impacto negativo sobre las especies, los hábitats y los ecosistemas, así como los efectos del cambio climático;

7. Hace hincapié en que, para alcanzar plenamente y con eficacia los objetivos de la estrategia, es necesario completar una amplia evaluación preliminar del impacto socioeconómico al objeto de considerar todas las posibles repercusiones de las medidas propuestas sobre las comunidades costeras de la Unión y la productividad y competitividad de su pesca; subraya, además, que la transición hacia un modelo sostenible de producción y consumo debe realizarse de forma gradual y proporcionada respecto a las capacidades de la industria pesquera de la Unión;

8. Hace hincapié en que la transposición de principios justos y aceptables incurre a menudo en el riesgo de crear prácticas onerosas y excesivas que resultan difíciles de aplicar para los pescadores, sin alcanzar nunca realmente los objetivos que se persiguen con estos principios; subraya, por tanto, que las propuestas de la estrategia no deben suponer una carga financiera y burocrática excesiva para los operadores del sector pesquero;

9. Está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de garantizar el respeto de los principios fundamentales consagrados en el pilar europeo de derechos sociales, especialmente en lo que respecta a los trabajadores precarios, estacionales y no declarados; subraya, a tal fin, que deben adoptarse medidas concretas para responder a esta necesidad, a través de una mayor cooperación con los organismos de diálogo social de la Unión, como el Comité de Diálogo Social Sectorial de Pesca Marítima de la UE, a la hora de elaborar iniciativas legislativas para alcanzar los objetivos de la estrategia;

10. Hace hincapié en que el fomento de una alimentación sana y sostenible como parte de la estrategia de la Unión contra el cambio climático debe privilegiar el consumo de productos de la pesca y la acuicultura de la UE, pues son una fuente importante de proteínas con una baja huella de carbono y un componente fundamental de una dieta sana, y destaca el valor del trabajo de los pescadores y las mujeres en el sector, así como el de la acuicultura; recuerda el potencial de creación de empleo de la pesca y la acuicultura sostenibles y considera que la transición ecológica de los sistemas alimentarios en general, y de la pesca en particular, debe llevarse a cabo de forma que se aseguren unos ingresos justos para el sector pesquero, reforzando su posición en la cadena de valor mediante su agrupación en cofradías de pescadores, cooperativas, asociaciones u otras organizaciones, y llevando a cabo un seguimiento adecuado en el marco de la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales[96];

11. Destaca el bajo impacto ambiental de la pesca en determinados aspectos y la producción de alimentos saludables del sector, pues no se utilizan piensos artificiales, antibióticos, fertilizantes ni plaguicidas químicos; señala que, gracias a sus propiedades cardiosaludables, el consumo de pescado tiene un gran potencial a la hora de hacer frente a la crisis para la salud pública europea que representa la alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la dieta, como las cardiovasculares;

12. Observa que la PPC es el marco jurídico vigente para la pesca cuyo objetivo es proporcionar alimentos marinos saludables basados en principios sostenibles, sociales, económicos y medioambientales para la gestión de la pesca, garantizar la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos vivos, y recuperar y mantener las poblaciones de especies capturadas por encima de niveles que puedan asegurar el rendimiento máximo sostenible, así como garantizar la rentabilidad de las actividades de pesca;

13. Subraya el importante papel que desempeñan las mujeres en la transformación, la promoción y la comercialización del pescado capturado;

14. Hace hincapié en que la actual pandemia ha demostrado que la Unión debe mejorar y salvaguardar la seguridad y la soberanía alimentarias a fin de reducir su dependencia de las importaciones de alimentos procedentes de terceros países; está de acuerdo con la elaboración de un plan de contingencia para asegurar el suministro de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria de la Unión en caso de crisis futuras; recuerda el objetivo de la PPC de contribuir a abastecer el mercado de la Unión de alimentos con alto valor nutricional y de reducir la dependencia del mercado de la Unión de la importación de alimentos; hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de avanzar hacia una integración inteligente de los sistemas alimentarios mundiales, regionales y locales, fomentando los canales cortos en la cadena de valor de la pesca, de forma que redunde en una mejora de la seguridad alimentaria, de acuerdo con los principios del mercado único;

15. Hace hincapié en que la Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia «De la Granja a la Mesa» son dos caras de la misma moneda; pide, por tanto, que se practiquen evaluaciones de impacto para determinar los costes totales de los objetivos de biodiversidad de la Comisión en términos de efectos de reducir la presión pesquera y, por consiguiente, la producción de alimentos;

16. Subraya que, a la hora de cumplir los objetivos y las medidas propuestos en la estrategia y la transición a un sistema alimentario sostenible es necesario prestar la debida atención a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los sistemas alimentarios y también a la competitividad de los sectores europeos de la pesca y la acuicultura, incluida una remuneración justa adecuada para los productores primarios; hace hincapié en la importancia de una consulta constructiva, eficaz e igualitaria de los pescadores y los productores acuícolas y otras partes interesadas pertinentes en cualquier decisión relacionada con la Estrategia propuesta «De la granja a la mesa» y «Del Mar a la Mesa»;

17. Pide a la Comisión y a las agencias pertinentes de la UE, incluida la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que evalúen si las algas pueden constituir una fuente de alimentos segura, saludable y sostenible en el contexto de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

18. Se congratula del informe previsto de la Comisión sobre el funcionamiento de la PPC, cuya publicación está prevista el 31 de diciembre de 2022, que necesitará centrarse en los riesgos que el cambio climático entraña para la sostenibilidad de las especies y el objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS); hace hincapié, no obstante, en la necesidad de un enfoque global para situar las poblaciones de peces en niveles sostenibles y restaurar los ecosistemas marinos y costeros, que también debe centrarse en los beneficios y la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los sectores de la pesca y la acuicultura, incluidos los efectos de las especies exóticas invasoras que amenazan a determinadas especies de importancia económica, realizando esfuerzos concertados para reducir su impacto; pide que tras ese informe se presenten propuestas legislativas o no legislativas y acciones que apliquen mejor los objetivos de la PPC a los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector pesquero y corrijan las carencias que se revelen importantes;

19. Hace hincapié en la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para mejorar la calidad de las aguas de la UE y evitar la entrada de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, por consiguiente, adopten un enfoque holístico para el medio marino y aborden las causas profundas de la contaminación del agua, incluidos los desechos marinos y las aguas residuales urbanas e industriales, y que pongan fin a las prácticas perjudiciales para el medio marino y la salud humana;

20. Acoge con satisfacción el papel de las recientemente anunciadas orientaciones estratégicas de la UE para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE 2021-2030; hace hincapié en el papel fundamental de la acuicultura y en la necesidad de desarrollarla como piedra angular para garantizar la autosuficiencia de alimentos saludables; pide que estas orientaciones se adopten y apliquen rápidamente y subraya, a este respecto, la necesidad de directrices específicas para el marisco y la acuicultura continental a fin de orientar una mejor gestión y una mayor sostenibilidad, así como una mayor financiación para estos sectores en el marco del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA);

21. Subraya que la continuación de la Estrategia propuesta «De la Granja a la Mesa» y «Del Mar a la Mesa» debería inspirarse y basarse en las prácticas existentes que ya cumplen los objetivos de sostenibilidad de la estrategia, como determinados tipos de gestión de la acuicultura, que también prestan servicios medioambientales y sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten, alienten y presten un apoyo adecuado a la acuicultura respetuosa con el medio ambiente, como la acuicultura de bajo impacto, sistema cerrado, algas, moluscos, piscicultura o sistemas de acuicultura multitrófica integrada, como elementos importantes de la economía circular y contribuyentes netos a la transformación excesiva de nutrientes en proteínas de alta calidad;

22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se aseguren de que los planes de desarrollo sostenible de la acuicultura tengan en cuenta las principales trabas al desarrollo del potencial del sector y a que reconozcan la necesidad de una asignación del espacio a la acuicultura a través de una adecuada ordenación territorial; destaca la importancia de un mecanismo transparente y participativo, en consonancia con la Directiva 2014/89/UE sobre la ordenación del espacio marítimo, para asignar espacio a todas las partes interesadas de manera equitativa, incluidos los caladeros y las explotaciones acuícolas existentes y nuevos; insiste en que el desarrollo de la acuicultura requiere un marco legal sólido, fiable y claro en relación con el uso del espacio y las licencias y que aporte confianza y seguridad para la inversión en el sector;

23. Acoge con satisfacción la intención de promover la acuicultura ecológica y destaca los beneficios económicos de ello para los productores acuícolas, habida cuenta de su amplio potencial de desarrollo y crecimiento sin explotar; señala que la transición puede recibir ayuda a través del FEMPA;

24. Hace hincapié en que, en el sector de la acuicultura, ha sido práctica habitual la reutilización de productos animales no utilizados (o utilizables) para el consumo humano; señala que, en aras de una economía circular, se necesitan unas inversiones considerables para crear sinergias entre la acuicultura y el desperdicio de alimentos, y para apoyar procesos virtuosos con el fin de reutilizar los residuos de la acuicultura (como las algas) para alimentar a los peces;

25. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de apoyar modelos de negocio ecológicos, como los basados en la absorción de carbono, con el fin de que las cadenas de suministro sean más sostenibles; subraya, a este respecto, que determinadas prácticas acuícolas, como la cría de mejillones u ostras, pueden ser un modelo de éxito para el futuro en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión, y pide a la Comisión que invierta en este tipo de empresas ecológicas en el contexto de los objetivos de la estrategia;

26. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de presentar directrices para la adquisición de alimentos sostenibles en la restauración institucional y le insta a incluir los productos de la pesca y la acuicultura en esas directrices;

27. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar medidas para acelerar la implantación en el mercado de soluciones de eficiencia energética en los sectores agrícola y alimentario; subraya, a este respecto, que estas acciones también deben tener en cuenta el sector de la acuicultura para desplegar todas las formas potenciales de producción de energía que intervienen en estos tipos de agricultura y promover un sistema de producción de consumo cero;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas para mejorar la calidad del agua y el control de las enfermedades y limitar la densidad de población en la producción acuícola en aras de la salud humana y el bienestar de los animales;

29. Hace hincapié en que, con demasiada frecuencia, los productos ecológicos se sitúan en un rango de precios que está fuera del alcance de la mayoría de los consumidores europeos; subraya, por tanto, la necesidad de establecer un sistema de precios justos a escala de la Unión para los productos ecológicos, de modo que ya no sean el privilegio de unos pocos, sino que puedan constituir la base de una alimentación sana para todos;

30. Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de prestar mayor atención a la inversión en tecnología y prácticas ecológicas y digitales, pero expresa su decepción por la falta de referencias al sector de la pesca y la acuicultura; destaca la urgente necesidad de apoyar a los pescadores y a los agentes de la cadena de suministro de productos de la pesca en la transición hacia prácticas más digitales mediante una fuerte inversión en formación y financiación para la digitalización y la conversión a prácticas y herramientas «ecológicas»;

31. Pide que la Comisión y los Estados miembros mejoren y racionalicen el etiquetado, también a través de códigos de lectura digital, de todos los productos de la pesca y la acuicultura a escala de la UE, ya sean frescos, congelados o transformados o vendidos en restaurantes y a través de minoristas y mayoristas, a fin de garantizar la trazabilidad del lugar de origen, las especies y la información sobre otros aspectos, como los métodos de producción, incluidas las importaciones procedentes de terceros países;

32. Destaca la necesidad de contar con un sistema de trazabilidad de los alimentos en la UE que mejore la sostenibilidad de los sectores pesquero y acuícola y que responda a las demandas de los consumidores facilitando información sobre qué pescado se ha capturado o producido, dónde, cuándo y cómo, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, en primer lugar, pero también para permitir los controles en toda la cadena de los productos de la UE y de las importaciones de terceros países, así como para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no documentada (INDNR); pide un enfoque coordinado para garantizar la coherencia entre las distintas iniciativas en este ámbito y evaluar los costes y beneficios de las diferentes opciones para los consumidores, los productores y el mercado interior en su conjunto, en consonancia con el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación[97], a fin de aplicar estos objetivos de la manera más eficiente posible; estima que este sistema debe implicar a todos los actores de la cadena de valor de forma que puedan colaborar entre ellos, utilizando sistemas digitales simples y fáciles de usar y transferir y que no supongan costes excesivos para los operadores, especialmente los pequeños comercios;

33. Hace hincapié en que unos buenos mecanismos de trazabilidad y unas normas de sostenibilidad estrictas para todos los productos vendidos en los mercados de la Unión son esenciales para garantizar la transparencia para los consumidores, el sector y las distintas administraciones; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de apoyar la aplicación de las normas sobre información engañosa acerca de la sostenibilidad de los productos alimenticios y de desarrollar un marco de etiquetado de alimentos sostenibles a escala de la Unión, así como de alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; destaca que esta medida potenciará el valor de los productos sostenibles y protegerá los derechos de los consumidores; pide a la Comisión que elabore directrices sobre herramientas digitales de información al consumidor, transmitida a través de todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo las plataformas existentes, con el objetivo de promover la interoperabilidad y mejorar la eficacia de los sistemas existentes;

34. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de emitir declaraciones medioambientales que cumplan criterios sólidos y reconocidos internacionalmente, como la norma n.º 14024 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que debería basarse en una evaluación del ciclo de vida completo en lugar de en cualquier aspecto de la sostenibilidad y aplicarse manteniendo al mínimo la carga administrativa y financiera, especialmente para los pescadores a pequeña escala y las pymes; subraya que, a tal fin, el etiquetado debe ser objetivo, basado en datos científicos, con arreglo a una verificación rigurosa independiente, no discriminatorio con respecto al valor nutritivo real de los alimentos y ser capaz de proporcionar información exhaustiva y específica sobre los nutrientes del producto basada en las ingestas de referencia del consumidor medio, sin inducir a error ni influir en las opciones de compra, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1169/2011[98]; subraya, además, que las empresas también tienen un papel que desempeñar a la hora de garantizar que los productos de la pesca que suministran sean rastreables hasta el punto de origen, así como de proporcionar toda la información necesaria para que los consumidores puedan tomar decisiones dietéticas bien informadas, saludables y ecológicas;

35. Insta a la Comisión, a este respecto, a que introduzca la obligación de informar a los consumidores sobre el origen y la trazabilidad de todos los productos de pescado y marisco preparados o conservados, como crustáceos, moluscos y caviar, y a que, en aras de la igualdad de condiciones, evalúe la necesidad de revisar el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 sobre la OCM en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura y elabore una propuesta, si procede;

36. Hace hincapié en que un doble rasero entre productos de la Unión Europea y de terceros países podría situar a la pesca de la Unión en una situación de desventaja competitiva por la ausencia de una convergencia mundial de las normas de sostenibilidad; destaca, a tal fin, que las normas de etiquetado y trazabilidad de los productos de la Unión también deben aplicarse a los productos importados; subraya, además, la necesidad de adaptar la legislación actual para exigir una declaración de origen del producto final procedente de productos de la Unión y de terceros países combinados en las líneas de producción;

37. Insiste en la necesidad de disponer de un marco jurídico armonizado en la Unión que desarrolle un sistema obligatorio de etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases a escala de la Unión, basado en pruebas científicas independientes; insta a los Estados miembros a que apoyen la aplicación del futuro sistema de perfiles nutricionales de la Unión y se abstengan de emprender acciones unilaterales que puedan obstaculizar la labor de armonización de la Comisión; pide a la Comisión que considere la necesidad de incluir cambios en el algoritmo de creación de dichos perfiles nutricionales, de forma que se tenga en cuenta de forma positiva la presencia de omega-3 y se considere la relación entre grasas saturadas y no saturadas cuando se atribuyan puntos de penalización;

38. Señala que los productos de pescado, crustáceos y moluscos pueden protegerse a través de los regímenes europeos de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; observa que, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, los Estados miembros pueden utilizar el término de calidad facultativo «producto de la agricultura insular», también para los peces, crustáceos y moluscos, con el fin de aumentar la visibilidad de los productores asentados en islas; pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de introducir denominaciones regionales adicionales para los sectores de la pesca y la acuicultura, con el fin de promover la visibilidad de sus productores y productos que no pueden acogerse a la protección en virtud de los regímenes europeos de calidad establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012;

39. Acoge con satisfacción el uso obligatorio de certificados de captura digitalizados;

40. Subraya la necesidad de seguir promoviendo la explotación responsable de los recursos pesqueros y de luchar contra la pesca INDNR reforzando la política de acuerdos de pesca sostenible con terceros países para los buques europeos que suministran productos de calidad;

41. Observa que los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación de la UE ya aplican estrictas normas medioambientales y sociales que también se revisarán para garantizar una mayor calidad de los productos; considera, por tanto, de suma importancia aplicar el principio de reciprocidad a los productos pesqueros que entran en el mercado de la Unión procedentes de terceros países y prohibir los productos derivados de la pesca INDNR;

42. Acoge con satisfacción el enfoque de tolerancia cero frente a la pesca INDNR, teniendo en cuenta la dimensión internacional de este fenómeno y la necesidad de adoptar una política de vecindad coherente con respecto a la gestión de la pesca, al tiempo que se aplica plenamente el Reglamento (CE) n.° 1005/2008 del Consejo sobre la pesca[99] INDNR; hace hincapié, a este respecto, que los acuerdos comerciales celebrados con terceros países deben incluir capítulos sobre pesca sostenible que estén en consonancia con las políticas de desarrollo sostenible de la Unión, la política pesquera común y las disposiciones del Reglamento INDNR; pide que se apoye a los pescadores, flotas y pymes de la UE que operan en el sector de los productos del mar para reforzar y mejorar su posición en la cadena de valor; recuerda que los contingentes arancelarios autónomos solo deben utilizarse cuando no exista un suministro adecuado de pescado y marisco para el mercado de la Unión y no puedan utilizarse para ejercer presión sobre el suministro y los precios de los productores de la Unión;

43. Subraya que la Unión Europea debe supervisar continuamente los esfuerzos de lucha contra la pesca INDNR realizados por terceros países a los que se han concedido aranceles preferenciales para los productos de la pesca y la acuicultura; subraya que es esencial que la Unión aproveche plenamente los instrumentos de que dispone de conformidad con el Reglamento INDNR, incluida la «tarjeta roja», si un país al que se han concedido aranceles preferenciales incumple los requisitos de la Unión en materia de derechos laborales, pesca sostenible y trazabilidad de los productos pesqueros;

44. Hace hincapié en la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para todos los productos pesqueros comercializados en la Unión Europea, independientemente de su origen; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación de los actuales requisitos de la Unión en materia de seguridad, higiene y calidad, incluidas las normas de comercialización para todos los productos de la pesca y la acuicultura en el mercado interior;

45. Recuerda que aún es necesario avanzar para que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible sean verdaderamente sostenibles; destaca que estos acuerdos deben estar en consonancia con los mejores dictámenes científicos disponibles y no deben amenazar al sector de la pesca artesanal en terceros países ni socavar la seguridad alimentaria local;

46. Hace hincapié en la importancia de aumentar la sensibilización de los consumidores y pide que todos los productos de la pesca importados que entren en el mercado de la Unión cumplan las normas mínimas acordadas a escala internacional, establecidas en el Convenio Pesquero C188 de la Organización Internacional del Trabajo y aplicadas en la Unión Europea a través de la Directiva (UE) 2017/159[100] del Consejo, a fin de evitar que los ciudadanos europeos consuman pescado sin ser conscientes de que ha sido capturado por buques que no respetan unas condiciones sociales mínimas;

47. Insta a la Comisión Europea a que establezca una lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso, de modo que los responsables políticos y las empresas de la Unión puedan basarse en esta lista y en los informes subsiguientes para llevar a cabo evaluaciones de riesgos, aplicar la diligencia debida a las cadenas de suministro y desarrollar estrategias para luchar contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso; alienta a la Comisión a que utilice la lista como herramienta para adoptar medidas contra los buques pesqueros no conformes y los terceros países no cooperantes, similares a las establecidas en el capítulo VII del Reglamento INDNR, en particular para restringir o bloquear las importaciones procedentes de buques pesqueros o naciones pesqueras que figuran en listas (negras) por graves abusos laborales y por no respetar los derechos humanos fundamentales a bordo de los buques pesqueros;

48. Subraya la importancia del nuevo FEMPA para permitir una gestión sostenible de los mares y océanos, promover el desarrollo de una economía azul sostenible, modernizar el sector pesquero en consonancia con los objetivos de la PPC, crear nuevas oportunidades de empleo e ingresos, apoyar prácticas sostenibles, favorecer el relevo generacional, también para la pesca a pequeña escala, que puede frenar la despoblación en las zonas rurales y en las islas, y promover la participación activa de las mujeres, las asociaciones, incluidas las cofradías, las organizaciones de productores y el sector minorista; sugiere que la utilización de la financiación del FEMPA debe ofrecer más incentivos económicos a los pescadores, los productores acuícolas y los trabajadores de toda la cadena de suministro que ya hayan tomado medidas para limitar su huella climática y medioambiental; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de invertir en investigación, innovación y tecnología, y subraya que el FEMPA debe utilizarse también para apoyar programas y proyectos de investigación e innovación destinados a reducir el desperdicio de alimentos y promover un sistema alimentario sostenible, en particular la creación de incentivos para la transformación digital del sector en todos los vínculos de la cadena de valor de los productos de la pesca y la acuicultura; destaca, además, la necesidad de integrar los actuales programas europeos de investigación e innovación con las estrategias «De la Granja a la Mesa» y «Biodiversidad 2030» y el nuevo FEMPA, y de implicar plenamente al sector de la pesca y la acuicultura y a otras partes interesadas pertinentes a lo largo de la cadena de valor, a fin de maximizar las posibles sinergias entre los distintos sectores;

49. Subraya el objetivo de la PPC de la pesca selectiva y señala que el sector pesquero está invirtiendo en artes selectivos con este fin; destaca que la Unión debe apoyar y fomentar estas inversiones;

50. Hace hincapié en la necesidad de mejorar el seguimiento, el control y la aplicación de la política pesquera común, incluida la plena aplicación de la obligación de desembarque y la introducción de un seguimiento electrónico de los buques para mejorar la trazabilidad de los alimentos;

51. Señala que la eficiencia energética de la flota pesquera de la Unión ha aumentado enormemente a lo largo de los años gracias a la adaptación de nuevas tecnologías; observa una mejora de las poblaciones de peces, especialmente en el Mar del Norte, debido a las normas estrictas que debe cumplir el sector pesquero de la Unión;

52. Destaca la importancia de la pesca costera artesanal y considera que este sector puede facilitar significativamente la transición hacia una ordenación sostenible de las poblaciones de peces; pide, por consiguiente, a todos los Estados miembros que incrementen el porcentaje de las cuotas nacionales asignadas a este sector;

53. Recomienda que las instituciones de la Unión y todos los Estados miembros pongan en marcha campañas educativas eficaces, adecuadamente financiadas y de gran alcance dirigidas a los consumidores con el fin de reforzar un consumo de pescado sano y sostenible, destacar las propiedades y los beneficios de los productos de la pesca y ayudar a los consumidores a elegir con prudencia a la hora de comprar productos de pescado fresco; entre otras cosas, promoviendo el consumo de especies de peces menos conocidas; pide a la Comisión y los Estados miembros que pongan en marcha iniciativas para reducir el desperdicio de alimentos y los residuos procedentes de los mercados de pescado y marisco de la Unión;

54. Considera que una de las piedras angulares de todas las campañas de promoción del consumo de pescado y marisco debe ser la sostenibilidad de las prácticas utilizadas para la obtención de productos del mar y el liderazgo del sector europeo en este ámbito; subraya, además, que estas campañas deben promoverse colaborando estrechamente con las asociaciones comerciales y los organismos profesionales específicos, como los nutricionistas, los médicos y los pediatras, con el fin de adoptar medidas específicas y eficaces de ayuda a los consumidores europeos;

55. Celebra que la propuesta de la Comisión de Directiva sobre el IVA contemple el recurso a la fiscalidad indirecta para incentivar el consumo de alimentos sostenibles y saludables; pide a los Estados miembros que hagan uso de los instrumentos existentes a este respecto, como los tipos reducidos del IVA y la contratación pública ecológica;

56. Critica el hecho de que la estrategia no mencione ninguno de los problemas derivados de la contaminación de los mares de la Unión con microplásticos y nanoplásticos, que suponen una amenaza preocupante para la salud de los consumidores europeos; destaca la necesidad de intensificar la investigación y la recopilación de datos sobre las repercusiones de los residuos marinos, los nanoplásticos y los microplásticos sobre los recursos pesqueros y la salud humana, promoviendo al mismo tiempo acciones para sensibilizar a los consumidores europeos con respecto al problema de la contaminación por plásticos;

57. Pide a la Comisión que preste apoyo financiero y visibilidad a proyectos e iniciativas destinados a acortar las cadenas de suministro, promover los sistemas alimentarios locales, el consumo sostenible de productos del mar y apoyar la pesca a pequeña escala;

58. Hace hincapié en que, con el fin de respetar plenamente los objetivos europeos de economía circular y reducción del desperdicio de alimentos, también debe fomentarse y alentarse en la pesca un comportamiento virtuoso, como la reutilización de los productos de la pesca capturados y que no alcancen la talla mínima de referencia a efectos de conservación para la que exista una prohibición de descartes;

59. Observa que, por su propia naturaleza, varias de las consideraciones sobre bienestar animal que figuran en la estrategia de la Comisión no son aplicables al sector de la pesca;

60. Subraya la necesidad de establecer mejores métodos de consulta para las organizaciones comerciales de pescadores a pequeña escala que les permitan participar en los procesos decisorios pertinentes que repercutan en sus medios de subsistencia, como los comités de diálogo social; destaca, a este respecto, la importancia de una participación justa y equilibrada de la pesca a pequeña escala, ya que la representación en los consejos consultivos y en otros foros es insuficiente; hace hincapié, en particular, en la importancia de una representación igualitaria y equitativa a la hora de aplicar las obligaciones internacionales, como la gestión social y de los ecosistemas, para garantizar que sea factible aplicarlas en todos los segmentos de la flota;

61. Lamenta que, si bien la estrategia destaca acertadamente el papel de los agricultores como custodios de la tierra, no concede el mismo reconocimiento a los pescadores europeos, que deben ser considerados y reconocidos como custodios del mar y desempeñan un papel clave en la consecución de los objetivos de la estrategia; manifiesta su decepción, a este respecto, por el hecho de que la estrategia no prevea en absoluto la participación de los representantes del sector en foros institucionales o un enfoque ascendente que haga a los pescadores europeos plenamente partícipes en la elaboración de las normas que deben aplicar; subraya la necesidad de que el sector pesquero participe plenamente en la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

62. Subraya la necesidad de alentar a los pescadores a pequeña escala a unirse en asociaciones, cooperativas y organizaciones de productores para garantizar una mejor posición negociadora con los proveedores del mercado y una posición mejor y más fuerte en la cadena de suministro alimentario para garantizarles unos ingresos justos; insiste en que las asociaciones como las cofradías, en España, deben ser reconocidas en virtud del Derecho de la Unión y ser elegibles para recibir ayuda financiera en pie de igualdad con las organizaciones de productores; pide a la Comisión que adopte una iniciativa al respecto.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación	19.4.2021
Resultado de la votación final	+: –: 0:	27 1 0
Miembros presentes en la votación final	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Emma Wiesner
Suplentes presentes en la votación final	Benoît Biteau, Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant, Petros Kokkalis, Gabriel Mato, Nuno Melo

 

 

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

27	+
ECR	Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić
ID	Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet
PPE	François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner
S&D	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro
The Left	Petros Kokkalis
Verts/ALE	Benoît Biteau, Rosa D’Amato, Grace O’Sullivan, Caroline Roose

 

 

1	-
The Left	Manuel Bompard

 

0	0

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación	10.9.2021
Resultado de la votación final	+: –: 0:	94 20 10
Miembros presentes en la votación final	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Carmen Avram, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Malin Björk, Simona Bonafè, Daniel Buda, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Isabel Carvalhais, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Esther de Lange, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Luke Ming Flanagan, Andreas Glück, Catherine Griset, Francisco Guerreiro, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Martin Hlaváček, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Gilles Lebreton, Peter Liese, Sylvia Limmer, Norbert Lins, Javi López, César Luena, Colm Markey, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Alin Mituța, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Ville Niinistö, Maria Noichl, Ljudmila Novak, Juozas Olekas, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Silvia Sardone, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Ivan Vilibor Sinčić, Annalisa Tardino, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Pernille Weiss, Sarah Wiener, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
Suplentes presentes en la votación final	Maria Arena, Manuel Bompard, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Michaela Šojdrová, Susana Solís Pérez, Marc Tarabella
Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final	Nicolas Bay

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

94	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Daniel Buda, Nathalie Colin-Oesterlé, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Peter Jahr, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Peter Liese, Norbert Lins, Colm Markey, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Pernille Weiss, Michal Wiezik
S&D	Clara Aguilera, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Isabel Carvalhais, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Paolo De Castro, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sándor Rónai, Marc Tarabella, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Canfin, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner
Verts/ALE	Margrete Auken, Benoît Biteau, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Bronis Ropė, Sarah Wiener
ID	Teuvo Hakkarainen
The Left	Malin Björk, Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace
NI	Athanasios Konstantinou

 

20	-
PPE	Álvaro Amaro
ID	Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Marco Dreosto, Sylvia Limmer, Silvia Sardone, Annalisa Tardino
ECR	Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Krzysztof Jurgiel, Joanna Kopcińska, Giuseppe Milazzo, Rob Rooken, Bert-Jan Ruissen, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

 

10	0
PPE	Esther de Lange, Dolors Montserrat, Annie Schreijer-Pierik
Renew	Martin Hlaváček
ID	Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin
NI	Ivan Vilibor Sinčić

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

• [1] DO L 231 de 6.9.2019, p. 1.
• [2] DO L 4 de 7.1.2019, p. 43.
• [3] DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
• [4] DO L 309 de 24.11.2009, p. 71.
• [5] DO L 324 de 10.12.2009, p. 1.
• [6] DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
• [7] DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
• [8] DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
• [9] DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
• [10] DO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
• [11] DO L 203 de 3.8.1999, p. 53.
• [12] DO L 182 de 12.7.2007, p. 19.
• [13] DO L 47 de 18.2.2009, p. 5.
• [14] DO L 10 de 15.1.2009, p. 7.
• [15] DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
• [16] DO L 303 de 18.11.2009, p. 1.
• [17] DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
• [18] DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
• [19] DO C 362 de 8.9.2021, p. 82.
• [20] DO C 255 de 29.6.2021, p. 29.
• [21] DO C 202 de 28.5.2021, p. 49.
• [22] DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.
• [23] DO C 23 de 21.1.2021, p. 23.
• [24] DO C 433 de 23.12.2019, p. 153.
• [25] DO C 390 de 18.11.2019, p. 10.
• [26] DO C 307 de 30.8.2018, p. 25.
• [27] DO C 298 de 23.8.2018, p. 14.
• [28] DO C 458 de 19.12.2018, p. 34.
• [29] DO C 86 de 6.3.2018, p. 51.
• [30] DO C 316 de 22.9.2017, p. 278.
• [31] DO C 310 de 25.8.2016, p. 15.
• [32] DO C 76 de 28.2.2018, p. 49.
• [33] Evaluación global de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 2019. IPBES.
• [34] https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
• [35] El estado de los bosques del mundo 2016. Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra. Roma: FAO, 2016. http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
• [36] The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation. Final report (El impacto del consumo de la Unión en la deforestación: análisis en profundidad del impacto del consumo de la Unión en la deforestación. Informe final). Estudio financiado por la Comisión Europea y realizado por VITO, el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, HIVA e IUCN NL, 2013.
• [37] Lechenet, M.; Dessaint, F.; Py, G. et al.: Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms » (Reducir el uso de plaguicidas al tiempo que se preserva la productividad y la rentabilidad de los cultivos en las explotaciones de cultivo del campo). Nature Plants 3, 17008, 2017.
• [38] https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/banned-in-europe
• [39] Informe de 2019 de la Unión sobre residuos de plaguicidas en los alimentos publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. EFSA Journal, 2019. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6491
• [40] Overweight and obesity - BMI statistics (Sobrepeso y obesidad - Estadísticas sobre el índice de masa corporal). Eurostat.
• [41] The European Health Interview Survey, Wave 2 (Encuesta europea de salud por entrevista, segunda serie). Eurostat, 2013.
• [42] https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden
• [43] Muncke, J. et al.: «Impacts of food contact chemicals on human health: a consensus statement» (Efectos de las sustancias químicas en contacto con los alimentos para la salud humana: declaración de consenso) Environmental Health, 19.
• [44] Keesing, F. et al.: «Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases» (Efectos de la biodiversidad en la aparición y propagación de enfermedades infecciosas). Nature 468, pp. 647-652, 2010.
• [45] Estimates of European food waste levels (Estimaciones de los niveles de desperdicio de alimentos en Europa). Informe final de EU-Fusions, 2016.
• [46] Huella del desperdicio de alimentos y cambio climático. FAO.
• [47] Estimates of European food waste levels (Estimaciones de los niveles de desperdicio de alimentos en Europa). Informe final de EU-Fusions, 2016.
• [48] Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention (Estudio de mercado sobre la indicación de la fecha de caducidad y consumo preferente y otra información incluida en las etiquetas de los alimentos y la prevención del desperdicio de alimentos). Informe final para la Comisión Europea, 2018.
• [49] «Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries. Trends from 2010 to 2016.» (Ventas de agentes antimicrobianos veterinarios en 30 países europeos: tendencias de 2010 a 2016). EMA. Octavo informe del ESVAC (europa.eu).
• [50] Segundo informe conjunto interinstitucional sobre el análisis integrado del consumo de agentes antimicrobianos y la aparición de resistencia a los antimicrobianos en bacterias de seres humanos y animales productores de alimentos. ECDC/EFSA/EMA, 2017.
• [51] Actuación contra la resistencia a los antimicrobianos: pese a los avances en el sector animal, esta amenaza sanitaria sigue siendo un reto para la UE. Tribunal de Cuentas Europeo, 2019.
• [52] Visualizador de datos sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, enviado por los países a la CMNUCC y al Mecanismo de seguimiento de los gases de efecto invernadero de la UE. AEMA. Véase también IEEP 2019, «Net-Zero Agriculture in 2050: How to get there» (Agricultura con cero emisiones netas en 2050: cómo lograrlo) (IEEP_NZ2050_Agriculture_report_screen.pdf).
• [53] Visualizador de datos de gases de efecto invernadero — Agencia Europea de Medio Ambiente (europa.eu). AEMA.
• [54] Agencia Europea de Medio Ambiente, informe n.° 1/2020.
• [55] Respuestas de Stella Kyriakides a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000689/2021.
• [56] Instituto para una política europea del medio ambiente (IEEP) e Instituto Ecológico. Documento de orientación «Think2030», European food and agriculture in a new paradigm: Can global challenges like climate change be addressed through a farm to fork approach? (La alimentación y la agricultura europeas en un nuevo paradigma: ¿pueden abordarse los retos mundiales como el cambio climático mediante un enfoque de la granja a la mesa?), 2021. https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/02/European-food-and-agriculture-in-a-new-paradigm-WEB.pdf
• [57] Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas (DO C 411 de 27.11.2020, p. 48).
• [58] Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento de indicadores de riesgo armonizados (DO L 127 de 16.5.2019, p. 4).
• [59] Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).
• [60] Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11).
• [61] DO C 202 de 28.5.2021, p. 49.
• [62] Con arreglo al compromiso contraído en la iniciativa de la UE sobre los polinizadores (COM(2018)0395), medida 5C, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0395&qid=1634027576832&from=ES
• [63] Reglamento (UE) 2019/6 (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).
• [64] Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo (DO L 4 de 7.1.2019, p. 1).
• [65] Reglamento (CE) n.º 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 268 de 18.10.2003, p. 29).
• [66] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
• [67] DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
• [68] Taller de la IPBES sobre la diversidad biológica y las pandemias; EPRS, The link between biodiversity loss and the increasing spread of zoonotic diseases (Relación entre la pérdida de biodiversidad y el creciente aumento de las enfermedades zoonóticas); Informe de la Seguridad Sanitaria, The connection between animal agriculture, viral zoonoses, and global pandemics (Conexión entre la ganadería, las zoonosis víricas y las pandemias mundiales); Dhingra, S.M.; Artois, J.; Dellicour, S. et al.: «Geographical and historical patterns in the emergences of novel highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 and H7 viruses in poultry» (Patrones geográficos e históricos en la aparición de nuevos virus de gripe aviar de alta patogenicidad H5 y H7 en las aves de corral) en Frontiers in Veterinary Science 5:84, 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996087/; Jones, B.A.; Grace, D.; Kock, R. et al.: «Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change» (Aparición de zoonosis vinculada a la intensificación agrícola y el cambio en el medio ambiente) en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110(21):8399-404, 2013. www.pnas.org/content/110/21/8399.
• [69] Eurostat, 2018.
• [70] Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche) (DO L 25 de 31.1.2017, p. 12).
• [71] Reglamento (CE) n.° 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (DO L 286 de 29.10.2008, p. 1).
• [72] DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
• [73] Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).
• [74] Supporting the mid-term evaluation of the EU action plan on childhood obesity. The childhood obesity study (Apoyo a la evaluación intermedia del plan de acción de la UE sobre la obesidad infantil - Estudio sobre la obesidad infantil). EPHORT consortium: Jolanda Boer, Jeanine Driesenaar, Anneke Blokstra, Francy Vennemann, Nikolai Pushkarev, Johan Hansen. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e0320dc-ee18-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
• [75] Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
• [76] Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
• [77] Tales como: informe de la Comisión EAT Lancet, «Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems» [La alimentación en el Antropoceno: la Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables de sistemas alimentarios sostenibles], 2019; GIECC, «Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems» [Informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres], 2019; informe de la AEMA, «Food in a green light - A systems approach to sustainable food» [Alimentación ecológica - Un enfoque sistémico de los alimentos sostenibles], 2017; informes especiales del TCE sobre la PAC de la UE y las políticas de biodiversidad; informe del Consejo Científico de Política del Gobierno de los Países Bajos, «Towards a Food Policy» [Hacia una política alimentaria], 2014; y muchos otros.
• [78] Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES Food), «Hacia una política alimentaria común para la Unión Europea», 2019, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReportES.pdf
• [79] Agencia Europea de Medio Ambiente, datos extraídos en septiembre de 2017 (excluidas las emisiones o absorciones resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS)).
   
• [80] DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
• [81] DO L 111 de 25.4.2019, p. 59.
• [82] DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
• [83] DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
• [84] DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
• [85] DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
• [86] DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
• [87] DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
• [88] DO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
• [89] DO C 76 de 28.2.2018, p. 40.
• [90] DO C 76 de 9.3.2020, p. 54.
• [91] DO C 76 de 9.3.2020, p. 2.
• [92] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0343.
• [93] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
• [94] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0321.
• [95] Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
• [96] Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (DO L 111 de 25.4.2019, p. 59).
• [97] DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
• [98] Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
• [99] DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
• [100] Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche) (DO L 25 de 31.1.2017, p. 12).