Informe - A9-0274/2021Informe
A9-0274/2021
Parlamento europeo

INFORME sobre las políticas sociales y de empleo de la zona del euro en 2021

1.10.2021 - (2021/2062(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponentes: Lina Gálvez Muñoz


Procedimiento : 2021/2062(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A9-0274/2021
Textos presentados :
A9-0274/2021
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las políticas sociales y de empleo de la zona del euro en 2021

(2021/2062(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2021, titulada «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía» (COM(2021)0500),

– Visto el paquete de primavera de 2021 del Semestre Europeo de la Comisión: informe de conjunto con arreglo al artículo 126, apartado 3 (COM(2021)0529),

– Vistas las previsiones económicas europeas de primavera de 2021, publicadas por la Comisión el 12 de mayo de 2021[1],

– Vistas las Perspectivas económicas de la OCDE, volumen de 2021, número 1: versión preliminar[2],

– Visto el compromiso social de Oporto, firmado por la Presidencia portuguesa del Consejo, el presidente del Parlamento y los representantes de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil[3],

– Vista la Declaración de Oporto, del 8 de mayo de 2021, aprobada por el Consejo Europeo[4],

– Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia[5],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, sobre la estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (COM(2020)0575),

– Visto el Informe conjunto sobre el empleo de 2021 de la Comisión, adoptado por el Consejo el 9 de marzo de 2021[6],

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales[7],

– Visto el pilar europeo de derechos sociales,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia[8] (MRR),

– Visto el informe encargado por el Comité de las Regiones titulado «Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027» (Aplicación de los principios de asociación y gobernanza multinivel en la programación de la política de cohesión 2021-2027)[9],

– Vista la conferencia anual sobre el Semestre Europeo del Comité Económico y Social Europeo, celebrada el 31 de mayo de 2021[10],

– Vista la resolución del Comité Económico y Social Europeo de febrero de 2021 titulada «Involvement of Organised Civil Society in the National Recovery and Resilience Plans – What works and what does not?» (Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué funciona y qué no funciona?)[11],

– Vista la declaración de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y los interlocutores sociales europeos de 2016 titulada «Un nuevo comienzo para el diálogo social»,

– Visto el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 23 de marzo de 2021, titulado «COVID-19: Implicaciones para el empleo y la vida laboral»[12],

– Visto el estudio de Eurofound de abril de 2021 titulado «La vida, el trabajo y la COVID-19: La salud mental y la pérdida de confianza en toda la UE»[13],

– Visto el Informe Especial 10/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE: Es el momento de pasar a la acción»[14],

– Visto el informe de 2021 sobre cuidados de larga duración, elaborado por la Comisión y el Comité de Protección Social[15],

– Visto el Informe Especial 09/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados»[16],

– Visto el informe de Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, a raíz de su visita las instituciones de la UE entre el 25 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021[17],

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0274/2021),

A. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha tenido, y muy probablemente seguirá teniendo, un impacto significativo pero desproporcionado en los diferentes Estados miembros, grupos sociales, sectores y regiones, y está dando lugar a un aumento de los niveles de pobreza en toda la Unión; que los más vulnerables han sido los más afectados; que la crisis ha tenido un efecto devastador en diversos grupos vulnerables y ha representado un reto sin precedentes para los trabajadores que proporcionan cuidados a las personas de edad avanzada; que las mujeres, en comparación con los hombres, así como los jóvenes, los trabajadores con una baja cualificación, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas procedentes de entornos desfavorecidos, las personas de edad avanzada y las personas con contratos temporales u otras modalidades de empleo no convencionales, además de los trabajadores por cuenta propia, se han visto afectados de una manera desproporcionada; que ha repercutido gravemente en algunas empresas, y en particular en nuestras pymes y microempresas;

B. Considerando que, con arreglo a las previsiones económicas de primavera 2021 de la Comisión Europea[18], la economía de la Unión crecerá un 4,2 % en 2021 y un 4,4 % en 2022; que se prevé que la tasa de desempleo en la Unión se sitúe en un 7,6 % en 2021 y en el 7 % en 2022; que estas tasas siguen siendo superiores a los niveles previos a la crisis;

C. Considerando que la pandemia de coronavirus provocó una perturbación de proporciones históricas de las economías europeas, con una contracción de estas cifrada en un 6,1 % en 2020; que, aunque las empresas y los consumidores se han adaptado para afrontar mejor las medidas de contención, ciertos sectores, como el turismo y los servicios presenciales, se siguen resintiendo;

D. Considerando que combatir la discriminación por motivos de edad y eliminar barreras para que los ciudadanos de edad avanzada puedan trabajar como voluntarios más allá de la edad de jubilación ordinaria reviste importancia para el envejecimiento activo y una mayor solidaridad entre generaciones;

E. Considerando que el aumento de la desigualdad en las sociedades europeas durante la crisis de la COVID-19 ha acelerado unas tendencias sociales peligrosas, que pueden crear un clima de división, estrés y desilusión que conduce a que el nivel de bienestar de todos los miembros de la sociedad, y no solo de los más desfavorecidos, sea bajo; que la reducción de las desigualdades constituye un requisito previo crucial para alcanzar una sostenibilidad y un bienestar para todos, debido a su efecto negativo en el desempeño general de las sociedades atendiendo a todos los indicadores clave del bienestar, como la salud mental y física y la confianza en las instituciones democráticas, así como en la seguridad y la paz social; que los sistemas de protección social están sometidos a una fuerte presión para mitigar el impacto social de la crisis y garantizar a todos unas condiciones de vida dignas, así como el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda;

F. Considerando que en la Cumbre Social de Oporto de los días 7 y 8 de mayo de 2021 los dirigentes de la Unión reconocieron el pilar europeo de derechos sociales como elemento fundamental de la recuperación, y en la Declaración de Oporto subrayaron su determinación de seguir profundizando en su aplicación a escala nacional y de la Unión;

G. Considerando que los jóvenes han experimentado el descenso del empleo más acusado[19], así como una pérdida de oportunidades debido a la falta de oportunidades de formación o de prácticas; que en algunos Estados miembros los trabajadores con condiciones laborales precarias se han visto especialmente expuestos a la pérdida de puestos de trabajo a causa de la pandemia, y han sufrido una falta de protección social; que hace falta más inversión en educación y formación profesionales (EFP) asequibles, accesibles, inclusivas y de alta calidad, de modo que toda persona disponga de las competencias y cualificaciones adecuadas, incluidas las necesarias para las transiciones ecológica y digital; que una de las principales prioridades consiste en evitar otra «generación perdida» de jóvenes; que las políticas que aumentan las desigualdades entre generaciones afectan a la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y a nuestra democracia;

H. Considerando que la digitalización del mercado laboral constituye una oportunidad cuyos beneficios debemos aprovechar, garantizando al mismo tiempo que el teletrabajo y la flexibilidad relativa al tiempo de trabajo no den lugar a que se conculquen los derechos de los trabajadores;

I. Considerando que será fundamental contar con sistemas de reducción de jornada que puedan activarse en caso de crisis y que posibiliten el ajuste estructural de las economías y los recursos humanos; que una sólida participación de los interlocutores sociales evitaría exclusiones inesperadas en lo que atañe a la elegibilidad; que estos programas de mantenimiento del empleo han seguido atenuando la evolución del mercado laboral, al cubrir, según las estimaciones, al 5,6 % de la población activa en febrero de 2021, por encima del 5 % aproximado registrado en octubre de 2020, en respuesta a las últimas medidas de confinamiento[20];

J. Considerando que la pandemia ha demostrado claramente la importancia de la atención integrada, prestando atención a la provisión de servicios de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida y especialmente al cuidado de los menores, las personas con discapacidad, la población vulnerable y las personas de edad avanzada; que, durante los confinamientos, las mujeres realizaron la mayor parte del trabajo no remunerado, a pesar de que los hombres asumieron las tareas domésticas en mayor medida que antes[21] (las mujeres dedicaron 18,4 horas semanales a cocinar y a tareas domésticas, frente a las 12,1 horas de los hombres, mientras que antes de la pandemia las mujeres dedicaban 15,8 horas a estas tareas y los hombres 6,8 horas); que la escasez de personal en los sectores sanitario y asistencial, a la que ya se enfrentaban algunos Estados miembros antes de la pandemia[22], provocada por la falta de inversiones o la falta de previsión del cambio demográfico, puede haberse visto exacerbada por la crisis, debido también a la enorme presión laboral y al estrés psicológico resultante de la pandemia[23]; que los interlocutores sociales en los servicios sanitarios y sociales están pidiendo diversas mejoras en la prestación de asistencia sanitaria y social para garantizar la resiliencia y la preparación[24];

K. Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha señalado que el ciclo presupuestario de la Unión no ha tenido en cuenta la igualdad de género suficientemente; que el TCE ha recomendado a la Comisión que evalúe y refiera si los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros abordan la igualdad de género; que el instrumento Next Generation EU está destinado a las transiciones ecológica y digital, y afecta fundamentalmente a sectores y profesiones dominados por los hombres;

L. Considerando que, con relación a la dimensión social del MRR, el Reglamento del MRR establece el objetivo general de promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión mediante el aumento de la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mediante la mitigación del impacto social y económico de la crisis, mediante la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a la convergencia social al alza, mediante la restauración y la promoción del crecimiento sostenible, y mediante el fomento de la creación de empleo de calidad;

M. Considerando que algunos desafíos mundiales, como la digitalización y la lucha contra el cambio climático, perduran con independencia de la crisis de la COVID-19 y exigen una transición justa que no deje a nadie atrás; que el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad se están acelerando exponencialmente, de acuerdo con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC); que los ciudadanos y los trabajadores de la Unión están sufriendo con mayor intensidad y frecuencia que en el pasado las consecuencias de la crisis climática y de fenómenos meteorológicos extremos; que los objetivos de descarbonización de 2030 se han elevado con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050; que unos esfuerzos ampliados en materia de mitigación y adaptación exigirían una profunda transformación de los mercados laborales y las economías nacionales y europeos;

N. Considerando que el objetivo específico del MRR debe ser proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros con vistas a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones definidos en sus planes macionales de recuperación y resiliencia; que esto significa que toda acción contemplada en los planes (incluidas las inversiones digitales y ecológicas) y las reformas convenidas deben contribuir al respeto de los principios del pilar europeo de derechos sociales, a la creación de empleo de calidad y a la convergencia social al alza; que las acciones que no contribuyen a estos objetivos social no guardan consonancia con los requisitos del Reglamento del MRR;

O. Considerando que, de acuerdo con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento del MRR, los planes nacionales deben ser coherentes con los retos y prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo, así como con los determinados en la recomendación más reciente del Consejo sobre la política económica de la zona del euro para los Estados miembros cuya moneda es el euro;

P. Considerando que las reformas socialmente sostenibles son las que se basan en la solidaridad, la integración, la justicia social, una distribución justa de la riqueza, la igualdad de género, un sistema de educación pública de calidad para todos, un empleo de calidad y un crecimiento sostenible, lo que constituye un modelo que garantiza la igualdad y la protección social, capacita a los grupos vulnerables, refuerza la participación y la ciudadanía y mejora los niveles de vida de todos;

Q. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha acelerado la transición digital de las economías nacionales y europeas y el desarrollo de nuevos métodos de trabajo; que la digitalización, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial deben beneficiar a los trabajadores y a la sociedad mediante la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida, garantizando un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, creando mejores oportunidades de empleo y contribuyendo a la convergencia socioeconómica;

1. Recuerda que, según los Tratados, la Unión debe obrar en pro de un desarrollo sostenible en Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los precios; una economía social de mercado muy competitiva, tendente al pleno empleo; condiciones y entornos de trabajo saludables y seguros; el progreso social; un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente; la promoción del progreso científico y tecnológico; la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la exclusión social y la discriminación, y el fomento de la convergencia social al alza, la protección y la justicia sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño y de las personas con discapacidad; insiste en que estos objetivos deben constituir las prioridades generales de la estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo de la Unión, con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde, y sustentar los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros; pide a la Comisión que procure la adecuación del Semestre Europeo a estos objetivos y estrategias, convirtiéndolo así en una herramienta auténticamente global;

2. Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente el potencial que ofrece la cláusula general de salvaguardia, el nuevo marco financiero plurianual y el instrumento Next Generation EU para apoyar a las empresas que se encuentran en dificultades y carecen de liquidez, en particular, mediante la mejora del acceso de las pymes a la financiación, la salvaguarda de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las personas que trabajan en la Unión, y el acompañamiento de empresas y trabajadores en las transiciones ecológica y digital;

3. Pone de relieve que la política económica no puede analizarse únicamente desde una perspectiva exclusivamente macroeconómica centrada en los indicadores tradicionales de crecimiento, deuda, déficit y tasa de empleo y que debería abordar las causas raíz de los desequilibrios económicos y sociales a largo plazo; insiste en que el Semestre Europeo debe basarse en un enfoque integrado que otorgue la misma importancia a las políticas económicas, sociales y medioambientales; considera que también debe otorgarse un papel destacado a las políticas climáticas; pide que el Semestre Europeo garantice la coordinación entre Estados miembros, velando por que estos progresen en la misma dirección hacia una economía climáticamente neutra y más digital sin dejar a nadie atrás, así como promoviendo un cambio estructural en favor del progreso social, el desarrollo sostenible y el bienestar; destaca la importancia de tener en cuenta los efectos de las políticas económicas para evitar consecuencias sociales negativas, así como repercusiones negativas en la cohesión social, también entre muchos grupos vulnerables, y por tanto en nuestras democracias y el proyecto europeo;

4. Acoge con agrado el compromiso de los dirigentes de la Unión con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y con los tres nuevos objetivos principales de la Unión que deben lograrse de aquí a 2030; pide a la Comisión que vele por una ejecución oportuna y rigurosa del plan de acción para aplicar el pilar europeo de derechos sociales, con pasos y logros concretos, y por que cada propuesta cumpla lo prometido y alcance su objetivo; pide que los indicadores cubran todos los riesgos sociales que se derivan de las repercusiones de la pandemia en la economía, el empleo y la salud, y que las transformaciones ecológica y digital pueden acarrear para la población y los trabajadores; señala que el seguimiento de los ODS y el nuevo cuadro de indicadores sociales hacen posible una vigilancia más exhaustiva de estos riesgos, pero sin proporcionar objetivos inequívocos para medir el impacto de la acción de la Unión; apoya una agenda ambiciosa de recuperación y modernización económicas y sociales sólidas, sostenibles e integradoras que vaya de la mano de la consolidación del modelo social europeo, de manera que toda la población se pueda beneficiar de las transiciones ecológica y digital y pueda vivir dignamente; pide a los Estados miembros que establezcan objetivos nacionales ambiciosos que, teniendo debidamente en cuenta la situación de partida de cada país, constituyan una contribución adecuada a la consecución de los objetivos europeos;

5. Insta a la Comisión a que extraiga lecciones de esta crisis y dedique esfuerzos a la aplicación de una arquitectura de gobernanza sostenible mejorada en la Unión basada en la solidaridad, la integración y la justicia social, la distribución justa de la riqueza, la igualdad de género, los servicios públicos de calidad, incluido un sistema educativo público y universal de calidad, el empleo de calidad y el crecimiento sostenible; pide a la Comisión que, antes de tomar la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguardia, considere no solo una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos, sino también una evaluación que refleje adecuadamente las desigualdades subyacentes, así como la situación de los Estados miembros afectados en materia de empleo, social y sanitaria; cree que la revisión del marco de gobernanza económica de la Unión debe efectuarse preferiblemente antes de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia;

6. Recuerda que ciertas opciones políticas y ciertas políticas presupuestarias formuladas a raíz de la crisis financiera y económica de 2008 pueden haber provocado que los sistemas de salud y sociales de algunos Estados miembros no estuvieran lo suficientemente preparados para afrontar la pandemia; destaca la necesidad de tener en cuenta otros criterios, en especial aquellos que tienen en consideración la necesidad de una inversión pública, social y medioambiental sostenible, la actividad económica de los sectores público y privado y el progreso social hacia la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en los Estados miembros; considera que, para consolidar una recuperación sostenible, puede que no sea suficiente limitarse a alcanzar los niveles de actividad económica anteriores a la crisis; hace hincapié en que los instrumentos actuales podrían no bastar para superar los riesgos de estancamiento económico, aumento de las desigualdades y divergencia social y territorial;

7. Señala que la pandemia de la COVID-19 ha afectado al bienestar de todos en la Unión, y a los grupos de población vulnerables en particular; recuerda que la presidenta de la Comisión se ha comprometido a situar la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la estrategia económica de la Unión[25]; cree que esto es esencial para garantizar que Europa siga albergando los sistemas de protección social más avanzados del mundo, se convierta en el primer continente climáticamente neutro, y constituya un nodo vibrante de innovación y emprendimiento competitivo; recuerda que las desigualdades sociales, económicas y territoriales entre los Estados miembros y dentro de ellos se han agudizado en la última década; pide a la Comisión que incorpore los desequilibrios sociales y medioambientales en su análisis en el marco del Semestre; invita a los Estados miembros a participar en la revisión de las normas presupuestarias de la Unión con el fin de fomentar una inversión social sostenible que favorezca el crecimiento, manteniendo al mismo tiempo unos sistemas de financiación pública sostenibles y de bienestar sólidos;

8. Reitera la importancia de la suficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de protección social de los Estados miembros; toma nota del comunicado del G20 de los días 9 y 10 de julio de 2021 y del compromiso del G20 respecto a un impuesto mínimo global efectivo al que se refiere la declaración sobre una solución basada en dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía («Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy»), publicada por el Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la OCDE y el G20 el 1 de julio de 2021; aguarda con interés la propuesta de la Comisión respecto al modo de transponer el acuerdo internacional a la legislación de la Unión a fin de evitar la planificación fiscal agresiva y garantizar la equidad para la clase media y los trabajadores en la Unión;

9. Reconoce que el acceso a servicios esenciales, como el suministro de agua y de energía, son primordiales para garantizar la integración social y unos estándares sanitarios básicos; aboga por medidas de apoyo que garanticen el acceso inclusivo y asequible a los servicios esenciales en el marco de la ejecución del plan de acción para aplicar el pilar europeo de derechos sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten propuestas específicas para abordar adecuadamente el problema de la pobreza energética en el contexto de nuestros objetivos del Pacto Verde y que evalúen los mercados de la energía con el fin de evitar las repercusiones negativas de la subida de los precios de la energía sobre la competitividad de las pymes y las economías de los hogares;

10. Pone de relieve que para garantizar unos niveles elevados de protección de los trabajadores contra los riesgos y la enfermedad, además de las pensiones de jubilación, resulta fundamental contar con unos sistemas de fiscalidad del trabajo bien diseñados; considera que los sistemas fiscales deben diseñarse de manera que se reduzcan las desigualdades, se promueva la equidad y se proteja a los hogares, y que deben equilibrarse para que resulten más justos y eficientes; destaca que los ingresos públicos podrían destinarse a financiar prioridades clave y ayudar a afrontar las dificultades fiscales de los Estados miembros, así como contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, en particular mejorando la cobertura y la adecuación de los sistemas de protección social y de salud para todos, y garantizando su financiación a largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas reales contra la elusión y el fraude fiscal, en cuanto que instrumentos importantes para reducir las desigualdades económicas y mejorar la recaudación de impuestos en los Estados miembros;

11. Destaca la importancia de integrar mejor los objetivos sociales, el progreso social, el bienestar y la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión, sobre todo en la planificación presupuestaria de la Unión, de modo que se garantice la coherencia de los gastos e inversiones públicas con los objetivos sociales y medioambientales y se determine el posible impacto social de las opciones presupuestarias; pide a la Comisión que integre la sostenibilidad y el bienestar en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible y en las recomendaciones específicas por país, y que haga hincapié en el impacto social de las medidas políticas de la Unión en su evaluación de impacto; subraya la importancia de reforzar un marco exhaustivo e integrado en el marco del proceso del Semestre Europeo, en el que se preste especial atención a los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad;

12. Subraya que la crisis de la COVID-19 ha expuesto la existencia de brechas en el acceso a la protección social, y puesto así de relieve la importancia de promover una mayor resiliencia mediante, por ejemplo, la mejora de la adecuación y la cobertura de los sistemas de renta mínima y las pensiones, y la flexibilización de las condiciones de elegibilidad;

13. Manifiesta su inquietud por el endeudamiento excesivo derivado de la pandemia, así como sus consecuencias económicas y sociales, y destaca que debe protegerse a las personas y las pymes de la posibilidad de verse atrapadas en un sobreendeudamiento; pide que se sigan mejorando los servicios de asesoramiento y protección frente a la deuda y que se aumente la sensibilización en materia financiera; considera que, en lo que respecta a los préstamos dudosos mencionados en la Comunicación de la Comisión de 2 de junio de 2021, son las pymes, los trabajadores y los hogares europeos los que deberían recibir apoyo; observa que el MRR ofrece la oportunidad de apoyar la recuperación mediante inversiones y reformas adicionales a este respecto; subraya la importancia de adoptar instrumentos políticos que permitan abordar el modo en que los hogares de renta baja que tienen dificultades para pagar sus facturas y llegar a fin de mes pueden sobrevivir a los efectos de la pandemia y evitar caer en la trampa de la pobreza;

Marco europeo de gobernanza 2022 para la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar de las personas

14. Considera que, en el contexto de los planes de recuperación y resiliencia, el aumento vertiginoso de los niveles de endeudamiento público y la próxima reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del proceso del Semestre, cobra más relevancia que nunca la propuesta del Parlamento de adoptar un pacto de bienestar sostenible y progreso social que haga obligatorias las metas sociales y sostenibles con el fin de alcanzar los ODS de las Naciones Unidas; señala que, en este sentido, el ODS 8 sobre crecimiento sostenible, empleo y trabajo decente ha demostrado ser un factor de impulso para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en su conjunto;

15. Cree que un crecimiento sostenible, inteligente e integrador debe garantizar una política presupuestaria sostenible a medio plazo y que las políticas económicas y sociales de la Unión contribuyan a lograr una recuperación duradera que haga que nuestras economías y sociedades sean más sostenibles, integradoras y resilientes y estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y digital; destaca en este sentido que la ejecución del plan de acción para aplicar el pilar europeo de derechos sociales contribuirá al fortalecimiento de la dimensión social en todas las políticas de la Unión y a garantizar una recuperación integradora;

16. Subraya que una intensificación de la gobernanza económica y social entre los Estados miembros, en particular mediante el avance hacia una mayor convergencia de las reglas fiscales, constituiría una fuerza impulsora de la recuperación;

17. Coincide con los líderes europeos, con relación a la gobernanza económica y social de la Unión, en lo que respecta a la necesidad de evaluar periódicamente los progresos hacia el logro de los objetivos principales para 2030 y la convergencia al alza al más alto nivel político[26]; cree que, en el marco de un proceso de revisión de la gobernanza, deben participar en la misma medida los ministros de trabajo y políticas sociales y los de economía y finanzas, con el fin de otorgar el mismo valor a los aspectos económicos, sociales y en materia de empleo en el marco del mecanismo del Semestre Europeo; conviene con el Consejo en que la ejecución del pilar europeo de derechos sociales consolidará el impulso de la Unión hacia una transición digital, ecológica y justa, y contribuirá a lograr una convergencia social y económica al alza y a abordar los retos demográficos, y en que la dimensión social, el diálogo social y la participación activa de los interlocutores sociales siempre han ocupado un lugar central en las economías sociales de mercado altamente competitivas; considera que el cuadro de indicadores sociales debe renovarse como parte del marco de coordinación de políticas del Semestre Europeo, a fin de hacer un seguimiento de los avances en estas cuestiones y de adaptar el cuadro de indicadores a la situación posterior a la pandemia, así como al proceso del MRR;

18. Subraya que la orientación de las políticas y el enfoque de la gobernanza que se proponen situar a las personas y a su bienestar en el centro de la formulación de políticas y de la toma de decisiones son vitales para el futuro de la Unión Europea; pide a la Comisión que presente una propuesta exhaustiva a tal efecto en la que se detallen una serie de objetivos sociales, ecológicos y económicos específicos que reflejen los compromisos pertinentes de la Unión, tanto propios como internacionales, incluidos los derivados de la Resolución del Parlamento, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas[27], los ODS de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, el objetivo de la Ley del Clima Europea de alcanzar la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 y los objetivos intermedios asociados, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el pilar europeo de derechos sociales y el compromiso de erradicar la pobreza en Europa de aquí a 2050 mediante una ley de la Unión contra la pobreza;

19. Considera necesario realizar un seguimiento de la declaración de 2016 sobre un nuevo comienzo para el diálogo social y revisar las maneras de garantizar la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del Semestre Europeo, que hasta la fecha ha resultado insuficiente, compartiendo así los objetivos de reforma con trabajadores y empresas, y facilitando de este modo su ejecución;

20. Acoge con satisfacción la propuesta conjunta de los interlocutores sociales europeos relativa a una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales, medioambientales y de las políticas climáticas, que complemente el PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible; cree que el cuadro de indicadores sociales debe incluir nuevos indicadores que reflejen plenamente las tendencias y las causas de la desigualdad, incluida la evolución de los beneficios financieros y no financieros en comparación con la evolución de los salarios y la deuda privada; subraya la importancia de que en este proceso se tengan en cuenta los intereses de los miembros más vulnerables y marginados de nuestra sociedad; subraya que los interlocutores sociales deben participar en el proceso de toma de decisiones para poner en marcha la acción estratégica encaminada a la recuperación; considera que ninguna acción a este respecto debe interferir en la autonomía de los interlocutores sociales;

21. Subraya la necesidad de medir el impacto social de la degradación del medio ambiente y el cambio climático; aboga por que el derecho a la salud y a un entorno saludable se protejan a escala de la Unión, ya que este derecho es esencial para garantizar el cumplimiento de la mayoría de los otros derechos fundamentales (como a la alimentación, a la vivienda y al trabajo) y para lograr una transición integradora;

De la protección a la creación de empleos ecológicos y de calidad: la necesidad de una agenda social europea ambiciosa

22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que los sindicatos tengan acceso al lugar de trabajo y a los propios trabajadores, también cuando el trabajo se realice digitalmente; destaca la necesidad de garantizar que todos los trabajadores, incluidos los de la economía digital, tengan derecho a la negociación colectiva y a emprender acciones colectivas;

23. Conviene con los dirigentes europeos en que, con el aumento del desempleo y las desigualdades a causa de la pandemia, es importante canalizar los recursos allí donde más se necesitan para fortalecer nuestras economías y centrar nuestros esfuerzos en materia de políticas en la igualdad de acceso a unos servicios de calidad para favorecer la igualdad de oportunidades, en la mejora y la creación de empleo de calidad, en el emprendimiento, en el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, y en la reducción de la pobreza y la exclusión; subraya que los recursos extraordinarios facilitados para sostener la recuperación de Europa constituyen una oportunidad que no se puede desaprovechar;

24. Recalca el impacto negativo de la crisis de la COVID-19 en el mercado laboral europeo y las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo sin precedentes, especialmente en sectores estratégicos, así como el aumento asociado de la pobreza y de las divergencias en cuanto al nivel de vida, que afectan especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores en puestos de baja cualificación y precarios;

25. Reconoce que se prevé que los Estados miembros alcancen para finales de 2022 su nivel de producción trimestral anterior a la crisis; subraya que, para que la recuperación sea sostenible, es fundamental que también se creen empleos de calidad para los trabajadores con baja y media cualificación y para las mujeres y los jóvenes en particular, y que queden uniformemente distribuidos en toda Europa para evitar desequilibrios entre las regiones, ya que ha quedado probado que son esenciales para la resiliencia de nuestras sociedades y economías; cree que los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental a la hora de anticipar la evolución de los mercados laborales y de garantizar unas transiciones fluidas para los trabajadores afectados por cambios estructurales; considera que el refuerzo de las estructuras de negociación colectiva a todas las escalas es esencial para crear empleo sostenible y de calidad;

26. Subraya que una educación de calidad y una población activa bien instruida, junto con un compromiso con la investigación y la innovación, constituyen requisitos previos para la recuperación sostenible y la cohesión social; señala que a los trabajadores con cualificación media y baja se les debe brindar la posibilidad de acceder al perfeccionamiento y el reciclaje profesionales; insiste en que la inversión sostenible en prácticas profesionales de calidad, la participación de adultos en el aprendizaje permanente y la formación de empleados debe constituir una prioridad; señala que una recuperación económica integradora requerirá una inversión pública y privada sostenible para garantizar el acceso a la formación para los desempleados y las personas con una baja cualificación, para que adquieran capacidades básicas certificadas, capacidades profesionales y competencias clave que les permitan acceder a cualificaciones y realizar transiciones en su carrera profesional; destaca, en este contexto, la importancia de reforzar los programas educativos de la Unión, adaptar la formación y la educación a las necesidades de la sociedad y la economía, y apoyar a los empleados y los profesores, así como la importancia de las inversiones en infraestructuras digitales, ecológicas y sociales; hace hincapié en que aplicar la Agenda de Capacidades de la UE para todos es fundamental para hacer frente a la escasez de capacidades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen al máximo por invertir en una EFP asequible, accesible, inclusiva y de calidad, que refuercen las medidas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales, también por lo que se refiere a las capacidades digitales y transversales, y que promuevan el aprendizaje permanente a fin de preparar a los trabajadores para las necesidades de un mercado de trabajo afectado por las transformaciones ecológica y digital; subraya que el reconocimiento mutuo de cualificaciones es clave para superar la escasez y los desajustes de capacidades;

27. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos de cumplimiento; acoge favorablemente que esta propuesta introduzca medidas vinculantes en materia de transparencia de los pagos; aboga por la rápida adopción de estas medidas a fin de evitar ulteriores desigualdades de género; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen el emprendimiento entre las mujeres y les faciliten el acceso a la financiación; insta a los Estados miembros a que desbloqueen con urgencia las negociaciones en el Consejo relativas a la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración;

28. Subraya la importancia de velar por que los trabajadores en la Unión se encuentren protegidos por unos salarios mínimos adecuados definidos en la legislación o en convenios colectivos, con arreglo a las tradiciones y las prácticas nacionales, garantizando así que disfruten de un nivel de vida digno con independencia del lugar en el que trabajen; acoge favorablemente, en este sentido, la propuesta de la Comisión de una directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, con la que se pretende ampliar la cobertura de la negociación colectiva, combatir la pobreza de los ocupados y elevar la convergencia social al alza;

29. Considera necesario aumentar los recursos financieros y humanos de los servicios públicos de empleo; pide a los Estados miembros que apliquen mecanismos eficaces de gestión del rendimiento en los servicios públicos de empleo con el fin de evaluar el impacto de sus programas del mercado de trabajo y examinar vías de mejora; invita a los Estados miembros a que doten a sus servicios públicos de empleo de soluciones tecnológicas que les permitan simplificar la contratación de solicitantes de empleo más eficazmente y mejorar en lo que respecta a la evaluación de sus capacidades y al establecimiento de una correspondencia de estas con las necesidades existentes;

30. Recuerda a los Estados miembros que una vida independiente, unos servicios sociales y de empleo de calidad, una protección social adecuada y una economía social consolidada son indispensables para que todas las personas con discapacidad disfruten de una vida digna, como se destaca en la estrategia de la Unión sobre los derechos de las personas con discapacidad;

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen un sistema específico para hacer un seguimiento de la creación de empleos de calidad en todos los sectores, también los creados a partir de la inversión pública, que debe incluir también una sección específica sobre los empleos ecológicos y digitales y tener en cuenta las perspectivas de género y de la no discriminación, y que convengan en un sistema de condicionantes de creación de empleo ecológico y de calidad para las empresas que pretendan acceder a fondos públicos de la Unión; aboga por que se sigan atentamente las medidas de acercamiento activas para garantizar una participación equitativa de quienes tienen más difícil el acceso a trabajo de calidad en el mercado laboral; subraya que el acceso a los fondos públicos de la Unión debe supeditarse al respeto de los derechos de los trabajadores y de los convenios colectivos;

32. Pide a los Estados miembros que tomen medidas para remediar la falta de acceso a los sistemas de protección social, en particular siguiendo la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia[28]; acoge con satisfacción, una vez más, la adopción de esta Recomendación como primer paso y el compromiso de la Comisión de consolidar los sistemas de protección social en Europa, pero subraya la necesidad de lograr el acceso universal a la protección social, especialmente en el difícil contexto actual; pide asimismo a la Comisión que presente un marco regulador de la Unión encaminado a consolidar y garantizar unas condiciones de trabajo dignas, determinados derechos y el acceso a la protección social de los trabajadores de plataformas y de los trabajadores no convencionales;

33. Pide a la Comisión que actualice su marco para el establecimiento y desarrollo de cooperativas y empresas de economía social, que por naturaleza hacen más hincapié en el establecimiento de condiciones de trabajo justas y en la capacitación de los trabajadores;

34. Destaca que, si la Unión quiere liderar una recuperación mundial sostenible e integradora, y con ello modernizar nuestras economías y garantizar puestos de trabajo de calidad, deben crearse millones de puestos de trabajo bien remunerados, incluso para trabajadores con baja y media cualificación, al tiempo que se garantizan una convergencia al alza, social y económica y la igualdad de oportunidades para todos, de forma que todas las personas tengan la oportunidad de contribuir al proyecto común europeo; insiste en que hace falta más inversión en infraestructuras ecológicas, digitales y sociales, en servicios públicos, educación y servicios sociales, así como en investigación, innovación y tecnologías sin emisiones de carbono, teniendo en cuenta la naturaleza particular de las microempresas y las pymes, que son agentes clave en el tejido económico europeo, a fin de aprovechar al máximo su potencial innovador, mejorando al mismo tiempo el acceso de las pymes a la financiación pública y privada, y garantizando inversiones sostenibles y favorables al crecimiento; pide que se refuercen las dimensiones social y sostenible de la estrategia industrial, prestando especial atención al empleo de calidad y a las cadenas de valor estratégicas en la Unión;

35. Expresa su preocupación por el grave impacto social de la crisis de la COVID-19 y sus repercusiones en el empleo, en especial para los jóvenes; pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que todos los jóvenes europeos puedan acceder a la educación, la formación y el mercado laboral; pide a los Estados miembros y a la Comisión que den prioridad a la lucha contra el desempleo juvenil, en particular en el contexto del instrumento de recuperación Next Generation EU, que hagan pleno uso de instrumentos financieros como la Garantía Juvenil y programas europeos como Erasmus+, y que adopten las medidas adecuadas para luchar contra el desempleo juvenil y mejorar la empleabilidad de los jóvenes; destaca, asimismo, que podría movilizarse el nuevo Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los trabajadores desplazados en respuesta a las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en el empleo; pide por tanto a los Estados miembros que presenten a la Comisión rápidamente solicitudes de financiación para prestar apoyo a los trabajadores europeos que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la COVID-19 en su reconversión profesional, obtención de nuevas cualificaciones y reinserción en el mercado laboral;

36. Subraya la importancia de la movilidad laboral dentro de la Unión y recalca que la libre circulación de trabajadores contribuye al crecimiento y la cohesión económicos en la Unión y genera oportunidades de empleo; subraya asimismo que la movilidad laboral debe ir de la mano de normas justas y comunes basadas en el principio de la igualdad de trato; pide a la Comisión, a este respecto, que supervise la aplicación y el cumplimiento de las normas sobre la libre circulación de los trabajadores; pide a la Comisión que analice las fugas de cerebros en determinadas regiones y sectores y que apoye a los trabajadores móviles garantizando una movilidad justa y reforzando la portabilidad de derechos y prestaciones; pide a los Estados miembros que se comprometan plenamente con la digitalización de los servicios públicos a fin de facilitar una movilidad justa de los trabajadores, en particular en lo que respecta a la coordinación de los sistemas de seguridad social; pide a la Comisión, por tanto, que presente una propuesta ambiciosa en favor de una tarjeta de la Seguridad Social de la Unión;

37. Subraya que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de lograr un enfoque común de la Unión respecto a la salud, incluida la salud en el trabajo; aboga por la creación de una Unión Europea de la Salud, que debe basarse en los principios de solidaridad, autonomía estratégica y cooperación y garantizar que las consideraciones en materia de salud pública se sitúen en el centro de la creación y la ejecución de todas las políticas y actividades de la Unión, como se consagra en los Tratados, incluida una evaluación sistemática del impacto de todas las políticas pertinentes en la salud; acoge favorablemente el ambicioso objetivo de cero muertes relacionadas con el trabajo recogido en el nuevo marco estratégico de la UE para la salud y la seguridad en el trabajo; reitera la necesidad de incluir las sustancias tóxicas para la reproducción en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos[29], así como los medicamentos peligrosos en el anexo 1 de la misma, con el fin de proteger mejor a los trabajadores sanitarios;

38. Recuerda que el principio 15 del pilar europeo de derechos sociales establece que los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia tienen derecho a recibir una pensión de jubilación que garantice una renta adecuada, y que toda persona en la vejez tiene derecho a los recursos que garanticen una vida digna;

Sinergias entre el Semestre y los planes nacionales de recuperación y resiliencia

39. Subraya que en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben tenerse en cuenta las recomendaciones específicas por país que contribuyan a los objetivos sociales establecidos en el Reglamento del MRR, y que, para los planes nacionales de recuperación y resiliencia, las recomendaciones específicas por país deben interpretarse de forma que contribuyan al logro de los objetivos sociales del Reglamento, en particular la cohesión económica, social y territorial; insiste en que, con arreglo al Reglamento del MRR, los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben contribuir a la consecución de los ODS de las Naciones Unidas, a la aplicación de la estrategia de crecimiento de la Unión, tal como se establece en el Pacto Verde, y al cumplimiento de los principios del pilar europeo de derechos sociales; recuerda que el ciclo del Semestre Europeo para 2021 se adaptó temporalmente para permitir el lanzamiento del MRR; exige que la Comisión muestre mayor ambición en lo que respecta a la dimensión social y garantice la coherencia entre las recomendaciones específicas por país y los objetivos generales y específicos del Reglamento del MRR;

40. Recuerda que, de conformidad con el Reglamento del MRR, las reformas y las inversiones «deben conducir a la creación de puestos de trabajo estables y de calidad [y] a la inclusión e integración de los grupos desfavorecidos»;

41. subraya que uno de los objetivos del Reglamento del MRR es promover la creación de empleo de calidad; insiste en que las reformas laborales incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben contribuir a la mejora del empleo de calidad; pide a la Comisión que analice las reformas laborales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia en lo que atañe a esta cuestión en concreto; recuerda que el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión reconoce y promueve el papel de los interlocutores sociales a escala de la Unión y debe respetar su autonomía; advierte de que la Comisión no debe interferir en modo alguno en los procesos de diálogo social nacionales entablados en el marco de las reformas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

42. Pide a la Comisión que incluya los indicadores sociales del cuadro de indicadores sociales del Semestre Europeo, en particular los relacionados con la dignidad del trabajo, la justicia social y la igualdad de oportunidades, unos sistemas de protección social sólidos y una movilidad justa, en los indicadores comunes que se utilizarán en el MRR para informar sobre los progresos y el seguir y evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, así como en la metodología de seguimiento social, también en el caso de la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil; subraya que el Parlamento analizará detenidamente el acto delegado que la Comisión presentará sobre este asunto, con el fin de establecer si los indicadores sociales, el cuadro de indicadores y la metodología social se ajustan a los objetivos, y de comprobar que no hay objeciones que formular;

43. Insiste en que el diálogo social es clave para garantizar reformas e inversiones eficientes, en particular en sectores que las transiciones alterarán profundamente; subraya que una participación adecuada de las partes interesadas en la preparación y aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, como los Parlamentos nacionales, las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las ONG y la sociedad civil, resultará decisiva para su éxito;

44. Señala que, según el Reglamento del MRR, en la preparación y la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia debe integrarse la igualdad de género, y que la información en materia de género y la integración de la perspectiva de género no pueden entremezclarse con el seguimiento social y de las inversiones sociales; considera que la igualdad de género merece su propia metodología de incorporación en el marco del MRR, y recuerda que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha elaborado una metodología adecuada; hace hincapié en que, según el Reglamento del MRR, la inversión en infraestructuras asistenciales sólidas también es esencial para garantizar la igualdad de género, capacitar económicamente a las mujeres, construir sociedades resilientes, luchar contra las condiciones precarias en los sectores en que predominan las mujeres, impulsar la creación de empleo de calidad y prevenir la pobreza y la exclusión social, y el crecimiento del PIB, ya que permite que más mujeres ejerzan un trabajo remunerado;

45. Pide la creación de una estrategia europea en materia asistencial, con una marcada dimensión de género, que debe adoptar un enfoque de la asistencia holístico y para toda la vida, al tiempo que prevé medidas y acciones específicas en relación con los cuidadores tanto formales como informales, así como con el trabajo asistencial no remunerado; pide a los Estados miembros que examinen e intercambien buenas prácticas sobre la manera de apoyar a los colectivos sociales con necesidades particulares en materia de cuidados, así como sobre incorporar los períodos dedicados a asumir responsabilidades asistenciales en los regímenes de pensiones, con vistas a cerrar la brecha de género en materia de pensiones; señala que, según Eurofound, la proporción de trabajadores que proporcionan cuidados de larga duración ha aumentado en un tercio en la última década, lo que contrasta notablemente con los salarios sistemáticamente bajos que reciben; pide a los Estados miembros que velen por que los cuidadores reciban salarios dignos, ya que, actualmente, los salarios en el sector de los cuidados de larga duración y otros servicios sociales se sitúan en un 21  por debajo de la media[30]; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, según se refiere en el informe sobre los cuidados de larga duración 2021, ejecuten reformas que estén «encaminadas a objetivos comunes que garanticen unos cuidados de larga duración que sean de buena calidad, accesibles y asequibles para todos, y que se presten de una manera sostenible desde el punto de vista financiero»; pide unas políticas activas en relación con el mercado de trabajo y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, a fin de preservar en mayor medida la vida familiar, en particular, mediante la transposición y la aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional[31], así como una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la provisión de cuidados;

46. Destaca que una mayor inversión en asistencia sanitaria y social, incluidos los salarios, las condiciones de trabajo y la formación de los trabajadores, resulta esencial para mejorar en lo que respecta a las tareas de reclutamiento y la retención de personal, y para garantizar unos niveles de dotación de personal suficientes y servicios orientados a la atención de las necesidades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que una parte significativa de la inversión en los planes nacionales de recuperación y resiliencia se dedique a la mejora de la asistencia sanitaria, incluidos las condiciones de trabajo y los niveles de dotación de personal, a las necesidades en cuanto a formación y el aumento de servicios esenciales, a la consolidación de la provisión de cuidados básicos, y al apoyo a los cuidados de larga duración y otros servicios sociales públicos; insiste en que las debilidades identificadas en las pruebas de resistencia de los sectores sanitario y social que deben abordarse mediante los planes nacionales de recuperación y resiliencia, el próximo programa de la Unión en materia de salud (UEproSalud), y las recomendaciones específicas por país sobre la financiación de estos sectores;

47. Subraya que el déficit de inversión en viviendas asequibles asciende a 57 000 millones EUR al año; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que hay suficientes viviendas sociales adecuadas y asequibles para cubrir las necesidades de vivienda de la población y que reduzcan la tasa de sobrecoste de la vivienda; pide asimismo a la Comisión que incluya este objetivo en las recomendaciones específicas por país; pide, en este sentido, una reforma del marco de gobernanza económica que permita que los Estados miembros realicen las inversiones públicas sociales y ecológicas requeridas, incluidas las relacionadas con el desarrollo y la mejora de viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético; subraya que la carencia de hogar es una de las formas más extremas de exclusión social; acoge favorablemente la puesta en marcha de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, así como su objetivo último de poner fin a este tipo de situaciones de aquí a 2030; pide a los Estados miembros que adopten estrategias nacionales ambiciosas, dotadas de fondos nacionales y de la Unión suficientes, basadas en el principio de «la vivienda en primer lugar», y que promuevan la prevención del sinhogarismo y proporcionen acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible; insta a la Comisión a que proponga una estrategia integral de lucha contra la pobreza;

48. Recuerda que el Reglamento del MRR prevé que la integración de la consideración de la igualdad de oportunidades para todos durante la preparación y la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia debe garantizarse, lo que se explica por el aumento de las desigualdades en varios Estados miembros de la Unión; pide a la Comisión que haga especial hincapié en el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a este efecto, con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil y órganos defensores de la igualdad en los Estados miembros;

49. Hace hincapié en que las transformaciones y las inversiones digitales y ecológicas deben evaluarse desde una perspectiva social para evitar la destrucción de empleo, la perturbación de los mercados laborales y la polarización del empleo debidos a la destrucción de los puestos de trabajo de cualificación media, y para garantizar que los procesos de digitalización y transición ecológica de las empresas no se utilicen como excusa para adoptar estrategias de reducción de costes mediante la reducción de plantillas;

50. Destaca que el diálogo social y la negociación colectiva son instrumentos esenciales para que los empresarios y los sindicatos fijen unas retribuciones y unas condiciones de trabajo justas, y que unos sistemas de negociación colectiva sólidos aumentan la resiliencia de los Estados miembros en épocas de crisis económica;

51. Pide que la supervisión del Semestre comprenda el seguimiento de la movilidad de los trabajadores, y que los derechos de los trabajadores se respeten, especialmente en el caso de los trabajadores estacionales;

°

° °

52. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

 


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un futuro diferente es posible; este es el momento de ir más allá del PIB.

 

Pese a que la pandemia de COVID-19 llegará a su fin, sus repercusiones han venido para quedarse. Por otra parte, si no abordamos las causas que las originan, no podemos descartar que vayan a producirse nuevas pandemias. Asimismo, debemos construir sociedades, así como sistemas sanitarios y asistenciales, resilientes para poder afrontar futuras pandemias de forma más eficiente y justa y menos dañina para nuestras economías y ciudadanos que la COVID-19.

 

La pandemia ha repercutido en nuestras estructuras económicas y sociales provocando una perturbación sin precedentes, y ha puesto de relieve profundas carencias y traído consigo nuevos peligros, en particular para la estabilidad financiera futura y para el tejido social. Una gobernanza macroeconómica inadecuada tras la crisis podría dejar atrapadas fácilmente a las economías europeas en un crecimiento sistemáticamente bajo y elevadas tasas de desempleo, lo que implica un nuevo riesgo de estancamiento secular o incluso de decrecimiento, además de un aumento de la desigualdad y la desafección democrática, que afectarían al futuro de la Unión.

 

Las políticas económicas y de gobernanza adecuadas son fundamentales para transformar Europa en un continente que se preocupe por el bienestar sostenible para todos, especialmente en este momento crucial, cuando estamos entrando en una nueva era fiscal en todo el mundo.

 

De hecho, al nivel macroeconómico de la gobernanza y la política económica, esto requiere una nueva brújula política y nuevas formas de medir el éxito económico. Instituciones reconocidas de todo el mundo están demostrando que es posible un planteamiento diferente, que vaya más allá del PIB.

 

La Unión, sus instituciones y sus Estados miembros deben hacer progresos hacia una nueva formulación de políticas y un conjunto distinto de objetivos de actuación que no se limiten al crecimiento del PIB, y aplicar políticas fiscales y económicas mejoradas que permitan que el bienestar sostenible para todos sea una realidad para el conjunto de los europeos. La Unión debe añadir indicadores medioambientales, económicos y sociales, que tengan en cuenta el impacto social de las políticas económicas y la gobernanza.

 

Para ello es necesario reflexionar acerca de lo siguiente:

transformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un pacto europeo de bienestar sostenible;

considerar la adopción de normas presupuestarias en lugar de reglas presupuestarias;

proteger la inversión en el bienestar sostenible mediante la introducción de una regla de equilibrio presupuestario;

establecer una capacidad fiscal de la Unión significativa a fin de proporcionar estabilidad a las economías de la zona del euro;

continuar ampliando los límites del presupuesto de la Unión a fin de transformarlo en un potente impulsor de la transición hacia el bienestar sostenible para todos;

establecer un fondo soberano de inversión europeo;

garantizar una mayor coherencia entre los objetivos de bienestar sostenible y la política monetaria;

 

Estos objetivos principales, una gobernanza del bienestar sostenible de la Unión, requieren otro marco. Debe modificarse el actual ciclo del Semestre Europeo para que atienda a estos nuevos objetivos sociales: la dimensión social puesta de relieve nuevamente por la Cumbre de Oporto. Es preciso definir un nuevo modelo de progreso para un futuro diferente, la justicia social, con una Europa más fuerte, resiliente, democrática y unida.

 


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

27.9.2021

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

33

14

7

Miembros presentes en la votación final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Johan Danielsson, Gheorghe Falcă, Lina Gálvez Muñoz, Sara Matthieu, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Véronique Trillet-Lenoir

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

33

+

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Eugen Tomac, Maria Walsh

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

14

-

ECR

Beata Mazurek, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Ádám Kósa

PPE

Radan Kanev

Renew

Abir Al-Sahlani

 

7

0

PPE

Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

Última actualización: 14 de octubre de 2021
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