Procedimiento : 2021/2020(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0315/2021

Textos presentados :

A9-0315/2021

Debates :

PV 13/12/2021 - 18
CRE 13/12/2021 - 18

Votaciones :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0500

<Date>{08/11/2021}8.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0315/2021</NoDocSe>
PDF 236kWORD 73k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020</Titre>

<DocRef>(2021/2020(INI))</DocRef>


<Commission>{FEMM}Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género</Commission>

Ponente: <Depute>Sandra Pereira</Depute> 

ENMIENDAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020

(2021/2020(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, los artículos 6, 8, 10, 83, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

 Vistas las Directivas de la UE, de 1975 en adelante, sobre diversos aspectos de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, a saber, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social[1], la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad[2]; la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia[3]; la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro[4]; la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación[5]; la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES[6]; y la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010 , sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo[7],

 Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949,

 Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5 y sus indicadores y metas,

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

 Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5, + 10, + 15 y + 20,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979,

 Visto el Convenio n.º 100 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor,

 Visto el Convenio n.º 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores: Trabajadores con responsabilidades familiares,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

 Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de noviembre de 2020 titulada «Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

 Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de marzo de 2021, titulado «2021 report on gender equality in the EU» (Informe de 2021 sobre la igualdad de género en la UE) (SWD(2019)0055),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, titulada «Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño» (2020-2025) (COM(2021)0142),

 Visto el estudio titulado «The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period» (El impacto de género de la crisis de la COVID-19 y del periodo posterior a la crisis), publicado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión el 30 de septiembre de 2020,

 Vistos los índices de igualdad de género correspondientes a los años 2019 y 2020, del Instituto Europeo de la Igualdad de Género,

 Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015[8],

 Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones[9],

 Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la necesidad de una formación del Consejo dedicada a la igualdad de género[10],

 Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la Estrategia de la Unión para la igualdad de género[11],

 Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el periodo posterior a la crisis[12],

 Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2021, sobre los retos futuros para los derechos de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín[13],

 Vista su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres[14],

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0315/2021),

 

A. Considerando que los derechos de la mujer son derechos humanos y, por ende, universales e indivisibles, tal como se reconocen en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales; considerando que la lucha por la igualdad de género y la promoción y protección de los derechos de la mujer es una responsabilidad verdaderamente colectiva que requiere unos avances y esfuerzos más rápidos por parte de las instituciones y los Estados miembros de la Unión; considerando que la Unión y sus Estados miembros deben procurar luchar contra las desigualdades y la discriminación por razón de género y sexo, promover la igualdad de género y garantizar la igualdad de derechos y de trato para mujeres y hombres en toda su diversidad, así como garantizar que tengan el mismo poder y las mismas oportunidades para configurar la sociedad y sus propias vidas; considerando que, según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, a la Unión aún le quedan 60 años para lograr la igualdad completa entre los géneros; considerando que todavía no se ha logrado la igualdad de género en la Unión Europea y que los avances en este sentido siguen siendo lentos, se han estancado o incluso han retrocedido en determinadas regiones y países; considerando que la puntuación de la Unión en el Índice de igualdad de género ha aumentado solo 4,1 puntos desde 2010 y 0,5 puntos desde 2017[15]; considerando que los Estados miembros alcanzaron una puntuación media de 67,9 sobre 100 en 2020;

 

B. Considerando que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar la independencia económica; considerando que, aunque las tasas de empleo femenino han aumentado, la desigualdad de género en el mercado laboral sigue siendo una realidad preocupante y un reto significativo, mientras que las tendencias del mercado laboral a la luz de la pandemia muestran un impacto más significativo en las mujeres que en los hombres[16]; considerando que la tasa de empleo para los hombres en edad de trabajar en la UE-27 era del 79 % en 2019, superando a la de las mujeres en 11,7 puntos porcentuales; considerando que en relación con la participación en el mercado laboral, el 8 % de los hombres de la Unión trabajan a tiempo parcial, en comparación con el 31 % de las mujeres, lo que revela desigualdades persistentes; considerando que la brecha de género en materia de la tasa de empleo equivalente a tiempo completo ha aumentado en ocho Estados miembros desde 2010; considerando que se ha avanzado poco para abordar la segregación por razón de sexo sectorial y ocupacional en el mercado laboral; considerando que la brecha de empleo es especialmente elevada en el caso de las mujeres con una situación socioeconómica deficiente, como las madres solteras, las cuidadoras, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres de distintos orígenes raciales y étnicos y de minorías religiosas, las mujeres con bajo rendimiento académico, las mujeres LGBTIQ +, así como las mujeres jóvenes y de edad avanzada;

C. Considerando que en la Unión se paga a las mujeres un 14 % menos por hora que a los hombres por término medio y que la brecha salarial entre hombres y mujeres varía entre el 3,3 % y el 21,7 % en los distintos Estados miembros; considerando que, a pesar de que el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres forma parte del acervo de la Unión desde 1957 y de una cantidad significativa de legislación nacional, y a pesar de las medidas adoptadas y de los recursos empleados para reducir estas disparidades, los avances han sido extremadamente lentos y la desigualdad salarial incluso ha empeorado en varios Estados miembros; considerando que muchas más mujeres que hombres trabajan a tiempo parcial (8,9 millones frente a 560 000) debido a sus responsabilidades familiares; considerando que el aumento de necesidades asistenciales a largo plazo y la falta de servicios asistenciales exacerban las desigualdades de género en el seno de las familias y en el empleo; considerando que las cifras de Eurostat muestran que el desempleo entre las mujeres aumentó del 6,9 % en abril hasta el 7,9 % en agosto de 2020, mientras que el desempleo entre los hombres aumentó del 6,5 % hasta el 7,1 % durante el mismo periodo;

D. Considerando que las mujeres sufren desigualdades y discriminación interseccionales, también en relación con su raza, origen étnico o social, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión o creencia, situación de residencia y discapacidad, y que deben realizarse esfuerzos para abordar todas las formas de discriminación a fin de lograr la igualdad de género para todas las mujeres; considerando que, hasta la fecha, las políticas de la Unión no han aplicado un enfoque interseccional y se han centrado únicamente en la dimensión individual de la discriminación, lo que resta importancia a sus dimensiones institucionales, estructurales e históricas; considerando que el aplicar un análisis interseccional no solo nos permite entender los obstáculos estructurales, sino que también proporciona datos para crear parámetros de referencia y trazar el camino hacia unas políticas estratégicas y eficaces contra la discriminación, la exclusión y las desigualdades sociales sistémicas;

 

E. Considerando que el «2021 Report on gender equality in the EU» de la Comisión (Informe sobre la igualdad de género en la UE de 2021) concluye que la pandemia de COVID-19 ha afectado en gran medida a las vidas de las mujeres y ha exacerbado las desigualdades de género existentes en casi todos los ámbitos; considerando que, en la vanguardia de la lucha contra la pandemia, alrededor del 70 % de los trabajadores de los sectores social y sanitario son mujeres, como enfermeras, médicos o asistentes de limpieza; considerando que las múltiples repercusiones de la pandemia sobre las mujeres van desde el aumento de la violencia de género y doméstica y el acoso hasta una mayor carga de las responsabilidades domésticas y de cuidados no remuneradas, y que las mujeres siguen llevando a cabo la mayor parte de las tareas domésticas y familiares, y más aún en situaciones de teletrabajo, de desempleo o de trabajo a tiempo parcial; considerando que, además, las mujeres se enfrentan a desventajas económicas en el mercado laboral, en particular en los sectores sanitario y de cuidados y en otros sectores dominados por mujeres y de carácter precario, así como a un acceso restringido a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; considerando que el impacto económico de la pandemia amenaza con revertir los logros alcanzados con tanto esfuerzo en la última década en relación con la independencia económica de las mujeres; considerando que el empleo de las mujeres ha disminuido de forma más acusada durante la pandemia que durante la recesión de 2008[17], con consecuencias significativas para las mujeres y sus familias y para la economía en general, incluida la reducción de oportunidades, libertades, derechos y bienestar; considerando que el Informe sobre la brecha mundial de género (Global Gender Gap report) de 2021 indica que el tiempo que se necesitará para reducir la brecha de género ha aumentado en una generación de 99,5 años a 135,6 años de resultas de la pandemia[18];

F. Considerando que se ha prestado una atención sin precedentes a la igualdad de género en los deportes durante la última década, pero no siempre por los mejores motivos y objetivos, especialmente en relación con los derechos de las mujeres en la práctica;

G. Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género define la violencia de género contra las mujeres como cualquier forma de violencia dirigida contra una mujer por el hecho de serlo, o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada; considerando que la violencia contra las mujeres en todas sus formas (física, sexual, psicológica, económica o cibernética) constituye una violación de los derechos humanos, una forma extrema de discriminación contra las mujeres y uno de los mayores obstáculos para la consecución de la igualdad de género; considerando que la violencia de género se basa en la distribución desigual del poder entre géneros, en estructuras patriarcales y en estereotipos de género, que han conducido a la dominación y la discriminación de los hombres contra las mujeres, y que puede variar en cuanto a su apariencia, intensidad y forma; considerando que una sociedad libre de violencia de género debe ser reconocida como un requisito previo absoluto para la igualdad de género;

H. Considerando que el 31 % de las mujeres en Europa han experimentado violencia física y/o sexual y que numerosas mujeres experimentan acoso sexual en sus relaciones íntimas y en la vida pública[19]; considerando que los informes y las cifras de varios Estados miembros reflejan un aumento preocupante de la violencia de género durante la pandemia de COVID-19; considerando que según la Organización Mundial de la Salud, algunos Estados miembros han informado de un 60 % más de llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por sus parejas íntimas durante la pandemia[20]; considerando que, según un informe de Europol, el abuso sexual de menores en línea ha aumentado drásticamente en la Unión[21]; considerando que el impacto del confinamiento en la vida social, económica, psicológica y democrática ha sido desproporcionadamente grave para las personas y las mujeres en situaciones vulnerables, en particular por lo que respecta a la exposición a la violencia, el aumento de la dependencia económica y las desigualdades en el lugar de trabajo y entre las funciones asistenciales; considerando, además, que las medidas de confinamiento dificultaron aún más a las víctimas de violencia de pareja la búsqueda de ayuda, pues solían estar confinadas con sus maltratadores y tenían un acceso limitado a servicios de apoyo; Considerando que la insuficiencia o el carácter inadecuado de las estructuras y los recursos de apoyo han exacerbado una «pandemia en la sombra» existente;

I. Considerando que se están dando movimientos antigénero y antifeministas preocupantes que atentan contra los derechos de las mujeres en toda Europa, cuestionan los logros y los avances y socavan de este modo los valores democráticos; considerando que la involución en relación con las políticas de igualdad de género y los derechos de la mujer se está convirtiendo en un motivo de grave preocupación;

J. Considerando que la trata de seres humanos es un fenómeno muy condicionado por el género en el que casi tres cuartas partes de las víctimas declaradas en la Unión son mujeres y niñas objeto de trata principalmente con fines de explotación sexual; considerando que la trata de seres humanos es una parte cada vez mayor del crimen organizado y una violación de los derechos humanos; considerando que el 78 % de todos los menores objeto de trata son niñas y el 68 % de los adultos objeto de trata son mujeres;

K. Considerando que el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la educación sexual y relacional, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el aborto legal y sin riesgo, es esencial para lograr la igualdad de género y eliminar la violencia de género; considerando que la autonomía y la capacidad de las niñas y las mujeres para tomar decisiones libres e independientes sobre sus cuerpos y sus vidas son es una condición previa para su independencia económica y, por ende, para la igualdad de género y la eliminación de la violencia de género; considerando que resulta inaceptable que en la actualidad varios Estados miembros están tratando de restringir el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes altamente restrictivas, lo que da lugar a discriminación de género y entraña consecuencias negativas para la salud de las mujeres;

L. Considerando que las mujeres en la Unión se ven afectadas de manera más desproporcionada por la pobreza o el riesgo de exclusión social que los hombres, en particular las mujeres que sufren formas interseccionales de discriminación debido a factores estructurales, normas de género y estereotipos; considerando que, desde 2010, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en 17 Estados miembros, mientras que la brecha de género en materia de ingresos ha aumentado en 19 Estados miembros, lo que ha generado un incremento general en la desigualdad de género en los salarios y los ingresos en la Unión[22]; considerando que, en 2019, el 40,3 % de las familias monoparentales de la Unión se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social[23]; considerando que las mujeres corren un mayor riesgo de pobreza e inseguridad laboral, y que las mujeres en situación de riesgo trabajan a menudo en empleos mal remunerados con salarios insuficientes para superar el umbral de pobreza y unas condiciones de trabajo precarias;

M. Considerando que es importante garantizar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o trabajo de igual valor, tal como se consagra en los Tratados;

N. Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión es del 14,1 %, con variaciones entre los Estados miembros; considerando que esta brecha salarial entre hombres y mujeres tiene una serie de implicaciones, entre ellas una diferencia del 29,5 %[24] en los derechos de pensión correspondientes, generando una brecha de género en materia de pensiones que expone a las mujeres de edad avanzada a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social; considerando que esto es el resultado de las brechas profesionales y laborales que se han ido desarrollando de resultas de las responsabilidades asistenciales o del trabajo a tiempo parcial asumidos por las mujeres a lo largo del tiempo, y de las consiguientes repercusiones sobre el acceso a recursos financieros como las prestaciones y los pagos de pensiones; considerando que el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o trabajo de igual valor no siempre está garantizado y sigue siendo uno de los mayores retos que deben afrontarse en la lucha contra la discriminación salarial[25]; considerando que la distribución de los días de licencia parental igualitaria entre los géneros es importante para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres; considerando que, a pesar de ser esencial y de gran valor socioeconómico, el trabajo en sectores copados de forma predominante por mujeres como la asistencia, la limpieza, el comercio minorista y la educación suele estar menos valorado y peor remunerado que el trabajo en sectores en los que dominan los hombres; considerando que este hecho pone de relieve la imperiosa necesidad de reevaluar la idoneidad de los salarios en los sectores en los que predominan las mujeres;

O. Considerando que el 20,6 % de las mujeres con discapacidad trabajan a tiempo completo en la Unión, frente al 28,5 % de los varones con discapacidad; considerando que, por término medio, las cifras indican que el 29,5 % de las mujeres con discapacidad en la Unión corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, en comparación con el 27,5 % de los hombres con discapacidad;

P. Considerando que los estereotipos de género siguen influyendo en la división de tareas en el hogar, en la educación, en el trabajo y en la sociedad; considerando que el trabajo asistencial y doméstico no remunerado, realizado principalmente por mujeres, impone una carga desproporcionada a las mujeres, que desempeñan una función vital en este sentido; considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la escandalosa situación de las residencias asistenciales europeas y del sector en su conjunto, que en su mayoría emplea a mujeres; considerando que el 80 % de los servicios asistenciales en la Unión lo prestan cuidadores informales, de los cuales un 75 % son mujeres[26]; considerando que antes del brote de COVID-19, las mujeres en la Unión dedicaban una media de trece horas más que los hombres a los cuidados no remunerados y las tareas domésticas cada semana; considerando que el reparto desigual de las responsabilidades asistenciales en los Estados miembros se ve agravado por una falta de acceso parcial o total a servicios asistenciales adecuados y accesibles, incluidos los servicios públicos de cuidado de niños y personas de edad avanzada, lo que da lugar a períodos de ausencia del mercado laboral y aumenta la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; considerando que 7,7 millones de mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años se encontraban fuera del mercado laboral de la Unión en 2019 por el hecho de estar al cuidado de sus hijos o de otras personas con necesidades asistenciales, frente a 450 000 hombres en la misma situación; considerando que la inversión en servicios universales, incluidos los servicios públicos, repercute sobre los derechos fundamentales y la capacidad de participar libremente en el mercado laboral; considerando que todas las personas, con independencia de su género, tienen derecho a trabajar y a lograr un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada;

Q. Considerando que las medidas para lograr el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada son importantes para garantizar una división igualitaria de las responsabilidades de cuidado entre las mujeres y los hombres y para abordar las disparidades en materia de ingresos y empleo; considerando que lograr el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada depende de la disponibilidad y accesibilidad de servicios asistenciales públicos de calidad, que deben prestarse de manera gratuita; considerando que todas las prestaciones por maternidad deben garantizarse y apoyarse, con un aumento de los derechos de permiso completamente remunerado; considerando que se requieren unas políticas públicas para la protección y la promoción de amamantar y de la lactancia materna;

 

R. Considerando que la Comisión adoptó su Estrategia de Igualdad de Género para 2020-2025 el 5 de marzo de 2020, en la que se esboza un ambicioso marco sobre cómo promover la igualdad de género en la Unión; considerando que las políticas deben contribuir en mayor medida a promover la igualdad de género; considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por el aumento del desempleo, el aumento de la precariedad, los bajos salarios y los recortes presupuestarios, también en los servicios públicos, en particular la sanidad y la educación; considerando que el Parlamento ha solicitado a la Comisión que establezca una hoja de ruta concreta con plazos, objetivos, una revisión anual y un mecanismo de seguimiento, indicadores claros y medibles del éxito y acciones específicas adicionales; considerando que, a través de sus políticas, programas y relaciones con los Estados miembros, incluida la estrecha colaboración en torno a los fondos de recuperación nacionales, la Unión Europea debe evaluar cuidadosamente a los Estados miembros para garantizar que tengan en cuenta adecuadamente la dimensión de género de la pandemia de COVID-19;

S. Considerando que la presencia de mujeres en ambas cámaras de los parlamentos nacionales de la Unión ha aumentado del 24 % en 2010 al 32 % en 2020; considerando que el equilibrio de género ha mejorado entre los ministros de los gobiernos nacionales, del 26 % en 2010 al 32 % en 2020; considerando que, no obstante, existen diferencias significativas entre los Estados miembros, de los que solo siete han logrado la paridad de género o unos gabinetes equilibrados desde una perspectiva de género; considerando que el ritmo de cambio sigue siendo extremadamente lento a escala regional y local, donde en 2019 solo un 29 % de los puestos los representaron mujeres, y donde la representación masculina en las asambleas regionales de Hungría, Eslovaquia y Rumanía fue de más del 80 %;

T. Considerando que el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo no está garantizado en muchas circunstancias, incluso cuando está consagrado en la legislación; considerando que se debe hacer frente a las causas de dicha discriminación, tanto mediante la protección y mejora de los derechos laborales como de una mayor supervisión de las empresas, en particular mediante inspecciones de trabajo nacionales; considerando que la negociación colectiva es esencial para revertir y superar las desigualdades de género;

U. Considerando que la igualdad de género está estrechamente relacionada con las transiciones ecológicas y digitales y que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones es un requisito previo para el desarrollo sostenible y la gestión eficiente tanto de las transiciones ecológicas como digitales con el fin de lograr unas transiciones justas e imparciales que no dejen a nadie atrás; considerando que todas las políticas de acción por el clima deben incluir una perspectiva de género e interseccional;

V. Considerando que los efectos para las familias de promover la participación de los hombres y la paternidad demuestra que los hombres comprometidos son importantes para el desarrollo óptimo de los hijos, y que ellos pueden mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y ayudar a compensar la desigualdad de género en las relaciones; considerando que el compromiso de los hombres puede ayudar a evitar la violencia en las familias y contribuir a unas sociedades más equitativas;

W. Considerando que la persistencia de los estereotipos de género y las expectativas en torno a los roles de hombres y niños pueden frenarles a la hora de mostrar emociones positivas y hacer que interioricen emociones negativas como la tristeza y la ansiedad, lo cual puede provocar que los hombres y niños manifiesten niveles superiores de agresividad e ira que las mujeres; considerando que esto puede aumentar las probabilidades de que los hombres y niños cometan actos de violencia como la violencia de género;

X. Considerando que la desigualdad de género es un fenómeno persistente en los bancos centrales, que constituyen piedras angulares de la toma de decisiones económica que conforman las realidades social, política y económica; considerando que , todos los bancos centrales de la Unión en la actualidad están gobernados por un hombre, y que el año pasado las mujeres ocuparon tan solo una cuarta parte (24,6 %) de los puestos en los principales órganos de toma de decisiones de los bancos centrales nacionales de la Unión;

Y. Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha concluido que el desempeño de los Estados miembros en la integración de la perspectiva de género ha empeorado desde 2012; considerando que a pesar de los compromisos algo más ambiciosos asumidos por los gobiernos para integrar la perspectiva de género en las administraciones, la disponibilidad de estructuras para la integración de la perspectiva de género y el uso de herramientas para la integración de la perspectiva de género han disminuido;

Una economía igualitaria en materia de género

1. Destaca que el respeto del derecho al trabajo, así como la igualdad de retribución e igualdad de trato, son condiciones previas esenciales para la igualdad de derechos, la independencia económica y la realización profesional de las mujeres; subraya que la igualdad de oportunidades y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral contribuyen al aumento de la prosperidad económica en Europa; considera que combatir las desigualdades de género debe ser un factor fundamental en el lugar de trabajo; recuerda que las mujeres están sobrerrepresentadas entre las personas con salarios bajos y mínimos, en el trabajo a tiempo parcial y en las situaciones de precariedad laboral; reconoce el derecho, en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, de todos los trabajadores a una remuneración que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. insiste, por tanto, en que debe mejorarse la lucha contra el empleo precario, de modo que todos los trabajadores reciban una remuneración justa suficiente para un nivel de vida digno para ellos y sus familias, a través de mecanismos legales de fijación de salarios mínimos o de convenios colectivos, de conformidad con el principio de que todo trabajo permanente debe implicar una relación laboral efectiva con el reconocimiento y la mejora de los derechos en el lugar de trabajo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan políticas orientadas a la eliminación del trabajo precario y del trabajo a tiempo parcial involuntario, con el fin de mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral. anima a los Estados miembros a que, en colaboración con los interlocutores sociales, aborden las desigualdades entre hombres y mujeres mediante políticas que potencien el valor del trabajo, los salarios, las condiciones laborales y las condiciones de vida de todos los trabajadores y sus familias;

2. Señala la necesidad de prestar especial atención a la situación y los derechos de los atletas de alto nivel profesionales y no profesionales que representan a sus países en competiciones internacionales y europeas tanto durante como después de sus carreras deportivas; insta a los Estados miembros a garantizar que los niños y los jóvenes tengan pleno derecho a participar en el deporte y a luchar contra la creciente división social en relación con el acceso al deporte;

3. Manifiesta su preocupación por los resultados del Índice de Igualdad de Género de 2020; destaca que más de un tercio de los Estados miembros obtuvieron menos de sesenta puntos en 2018[27]; lamenta la lentitud de los avances hacia la consecución de la igualdad y el hecho de que no todos los Estados miembros la consideren prioritaria en la elaboración de sus políticas; pide a los Estados miembros que adopten medidas prácticas para garantizar que las mujeres tengan igualdad de acceso al mercado laboral, al empleo y a las condiciones de trabajo, incluido el trabajo con igualdad de derechos e igualdad de retribución, así como una remuneración justa, especialmente en los sectores con presencia femenina predominante; destaca el papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva para la corrección y superación de las desigualdades en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación que sufren las mujeres en toda su diversidad, y pide que se respete, tanto de iure como de facto, el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo de igual valor;

4. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre las medidas vinculantes de transparencia retributiva como una importante iniciativa para luchar contra la brecha salarial y aplicar el principio de la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, pero insiste en que la transparencia retributiva por sí sola no solucionará las arraigadas desigualdades de género que subyacen a dicha brecha; pide a los Estados miembros que definan objetivos claros para abordar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; destaca la necesidad de incorporar en este plan de acción una perspectiva intersectorial así como las diversas realidades y experiencias de discriminación a las que se enfrentan las mujeres de determinados colectivos;

5. Destaca la importancia de que los Estados miembros impongan medidas firmes, incluidas sanciones, cuando las empresas incumplan la legislación laboral contra la discriminación de género y los prejuicios sexistas; destaca la necesidad de garantizar la condicionalidad en la asignación de fondos de la Unión en el caso de las empresas que no garantizan los derechos de los trabajadores, en particular discriminando a las mujeres, en contravención de la legislación; pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que todos los créditos presupuestarios del marco financiero plurianual 2021-2027 respeten el principio de igualdad entre hombres y mujeres y promuevan la integración de la perspectiva de género y la presupuestación de género en todas las políticas de la Unión; pide que el Índice de Igualdad de Género se incorpore al cuadro de indicadores sociales y que se faciliten datos desglosados por género sobre los indicadores existentes, a fin de abordar mejor los retos específicos de cada país; pide que se apoyen las acciones en favor de la independencia económica de las mujeres a través de todos los programas y fondos estructurales de la Unión, como por ejemplo la aplicación estratégica del Fondo Social Europeo, que debe utilizarse para promover la igualdad de género, mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y su reintegración en el mismo y luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social de las mujeres y contra todas las formas de discriminación; pide a la Comisión que proponga medidas proactivas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el fin de sostener el empleo de las mujeres en las zonas rurales;

6. Destaca la importancia de garantizar que todas las personas, con independencia de su género, puedan ejercer el derecho a trabajar y a lograr un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; pide a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen en mayor medida los derechos de maternidad y paternidad mediante la mejora de los períodos de permiso igualitario totalmente remunerado con vistas a implicar por igual a los hombres en el trabajo no remunerado, incluidas las responsabilidades asistenciales, teniendo en cuenta al mismo tiempo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud; pide que se garantice en la práctica el derecho a un régimen de trabajo flexible tras el permiso de maternidad, paternidad y parental que permita a ambos progenitores compartir y conciliar por igual el trabajo con las responsabilidades asistenciales; pide que estas medidas se apoyen en inversiones en infraestructuras modernas, de calidad y locales y en la financiación de servicios y de cuidadores para garantizar una educación y unos cuidados de primera infancia universales, inclusive de los servicios públicos;

7. Observa que la pandemia de COVID-19 ha afectado considerablemente a las vidas de las mujeres, en particular de las mujeres trabajadoras; toma nota de que una parte desproporcionada de la carga fue soportada por las mujeres que teletrabajaban, cuyas vidas fueron más difíciles debido a la necesidad de combinar el trabajo, el cuidado de los hijos y las tareas domésticas; señala que muchas mujeres tuvieron que enfrentarse a un aumento de los gastos con un salario más bajo;

8. Insiste en la necesidad de incrementar la tasa de empleo de las mujeres en la Unión; pide que se adopten medidas para mejorar las condiciones de trabajo y de retribución, combatir eficazmente el desempleo y promover el empleo a tiempo completo para todas las mujeres; pide que se promuevan los sistemas nacionales existentes, haciendo especial hincapié en el diálogo social, la negociación colectiva y sus efectos vinculantes, la revitalización del empleo y la lucha contra la precariedad laboral; señala que hombres y mujeres se enfrentan a diferentes riesgos en el trabajo y destaca, por tanto, la importancia de un enfoque de la salud y la seguridad en el trabajo que tenga en cuenta las cuestiones de género, garantizando que el tiempo de trabajo se organice de forma que se garantice que tanto hombres como mujeres puedan disfrutar por igual de períodos de descanso, pausas y vacaciones diarios y semanales, y asegurando unas condiciones de trabajo adecuadas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que alienten a los empleadores a adoptar medidas favorables a la familia, como la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo para hombres y mujeres con el fin de garantizar los cuidados y la educación de los niños;

9. Insta a la Comisión y a les Estados miembros a una mejor aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor en todos los sectores económicos; pide, a tal fin, la creación de herramientas de evaluación y criterios de clasificación laboral no sexistas, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y respetando su autonomía y los convenios colectivos y las tradiciones y modelos nacionales del mercado laboral, que pueden contribuir a una mejor valoración y, por tanto, a una remuneración más justa del trabajo en los sectores de presencia femenina predominante;

10. Pide a la Unión que presente un conjunto de políticas, programas, financiación y recomendaciones para fomentar una transición hacia una economía asistencial con vistas a evolucionar hacia sociedades donde la vida y el bienestar de todos tengan prioridad sobre el crecimiento y donde valor de los trabajos asistenciales, tanto remunerados como no remunerados, se sitúe en el centro de nuestras economías y responda a los impactos sociales para quienes tienen responsabilidades vinculadas al cuidado de otras personas;

11. Pide que se adopten medidas para promover el emprendimiento en la Unión tanto de hombres como de mujeres con la promoción de medidas fiscales, económicas y financieras, permitiendo que esta importante iniciativa pueda generar nuevos puestos de trabajo y aligerar la carga económica al emprendedor;

12. Destaca la capital importancia de eliminar los sesgos de género relacionados con la fiscalidad y otras desigualdades, a las que deben contribuir los regímenes fiscales, incluidos los regímenes del impuesto sobre la renta de las personas físicas; pide a los Estados miembros que velen por que la política fiscal sirva para abordar y eliminar las desigualdades socioeconómicas y de género en todas sus dimensiones;

13. Señala que la COVID-19 ha puesto de manifiesto la precaria situación de las mujeres intelectuales (investigadoras, arquitectas y de otras profesiones) que, al carecer de una relación laboral estable, se han visto particularmente afectadas; insiste en la necesidad de medidas extraordinarias para mitigar las consecuencias de las medidas de contención de los Estados miembros y subraya la importancia de medidas estructurales que tengan en cuenta la igualdad en el trabajo y en la vida diaria y hagan efectivos los derechos de las mujeres;

14. Destaca el papel de las mujeres que trabajan en el sector social; reconoce que su carga de trabajo se ha exacerbado debido a la pandemia y que los bajos salarios, el aumento de la explotación (especialmente de las mujeres migrantes) y la contratación de personal sin formación o cualificaciones para la realización de las tareas están agravando sus condiciones de trabajo y de vida; subraya la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y el salario, de respetar el horario de trabajo y de usar la contratación colectiva como garantía del respeto de las condiciones de trabajo;

Erradicación de la violencia de género

15. Destaca los casos de desigualdad de trato y acoso a las mujeres en el trabajo y subraya la necesidad de luchar contra la explotación, las desigualdades, la discriminación y la violencia que afectan a las mujeres, señalando que el acoso en el lugar de trabajo conlleva la exclusión de las mujeres de sus carreras y sectores elegidos y constituye un grave ataque a su salud física y psicológica; observa que las mujeres tienen muchas más probabilidades de sufrir acoso sexual que los hombres; pide a los Estados miembros y a la Unión que ratifiquen el Convenio n.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo con el fin de cumplir las normas globales para poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como el Convenio n.º 189 sobre el trabajo doméstico, que solo ha sido ratificado por ocho países y cuyo objetivo es proporcionar reconocimiento jurídico al trabajo doméstico, ampliar los derechos a todas las trabajadoras domésticas, en particular las de la economía informal, y prevenir las violaciones y los abusos; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que elaboren legislación «Me Too» para luchar contra el acoso sexual en el lugar de trabajo; pide a los Estados miembros, empleadores y asociaciones que garanticen que cuentan con procedimientos adecuados para prevenir la discriminación de género, el acoso sexual y la violencia de género, que crean un entorno tóxico, e insiste en que protejan a las víctimas de la violencia de género y aseguren la responsabilidad si esta se comete en el lugar de trabajo o en su organización;

16. Condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad; reafirma firmemente su compromiso con la lucha contra la violencia de género; pide a la Unión y a los Estados miembros, incluidos Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, que ratifiquen y apliquen debidamente el Convenio de Estambul, que hace hincapié, entre otras cosas, en los conceptos erróneos sobre los roles de género en nuestra sociedad —como por ejemplo los «valores familiares tradicionales»—, y que luchen contra los puntos de vista represivos sobre las mujeres; recuerda que el Convenio debe considerarse una norma mínima y se ratifica con firmeza en su anterior llamamiento en favor de una legislación global que cubra todas las formas de violencia de género como la mejor manera de ponerle fin;

17. Observa que la violencia entre hombres y mujeres aumenta en las situaciones de emergencia de toda índole, ya sean crisis económicas, conflictos o brotes de enfermedades; señala que las desigualdades y las presiones económicas y sociales provocadas por las medidas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19, que conllevó restricciones de movimientos y aislamiento social, han dado lugar un aumento de la violencia contra las mujeres; destaca que muchas mujeres tuvieron que permanecer confinadas en sus hogares con sus agresores; observa que, en general, la violencia doméstica aumentó hasta un 30 % en algunos Estados miembros durante el primer confinamiento[28]; pide a los Estados miembros que elaboren y apliquen políticas y medidas eficaces para hacer frente a la violencia contra las mujeres y que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que la policía y demás autoridades identifiquen y rastreen a los autores de abusos para ayudar a prevenir la violencia y las muertes, así como proporcionar protección, apoyo y reparación a las mujeres víctimas, garantizando el despliegue de recursos adecuados y reforzados y respuestas más eficaces por parte de los Estados miembros; subraya la necesidad de programas específicos para proteger y monitorizar a las víctimas de la violencia y de medidas para reforzar el apoyo social y mejorar el acceso a la justicia, el alojamiento y la atención sanitaria mental en los ámbitos de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación;

18. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer medidas para hacer frente a la ciberviolencia contra las mujeres; considera que la naturaleza transfronteriza de la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas exige una respuesta común de la Unión; destaca la necesidad de que los Estados miembros creen programas para detectar mejor el riesgo de que se produzcan incidentes recurrentes de violencia doméstica, reincidencia y feminicidio y prevenirlos, así como medidas para erradicar todas las formas de violencia por internet; destaca la urgente necesidad de proteger a las mujeres y las niñas frente a la violencia, inclusive por internet, y recuerda que la violencia contra las mujeres puede adoptar muchas formas diferentes; reconoce que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género, y señala que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres; observa que este tipo de violencia sigue siendo infradenunciada e infratratada;

19. Subraya que la violencia de los hombres contra las mujeres comienza con la violencia de los chicos contra las chicas; destaca que una educación integral apropiada para cada edad en materia de relaciones y sexualidad es clave para prevenir la violencia de género y dotar a niños y jóvenes de ambos sexos de las habilidades que necesitan para desarrollar unas relaciones seguras, sin violencia sexual, de género o en el marco de la pareja o expareja; pide a los Estados miembros que implementen programas preventivos, incluidas medidas educativas dirigidas a los jóvenes y aplicadas con sus aportaciones en aspectos como las habilidades necesarias para crear relaciones seguras y saludables, sensibilización acerca de los prejuicios arraigados sobre las responsabilidades en materia de cuidados, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto mutuo, la resolución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia de género contra las mujeres y el derecho a la integridad personal;

20. Destaca que desde 2010 la segregación por sexos en la educación, y en particular la preponderancia de un sexo en determinadas competencias, ha aumentado ligeramente, con un empeoramiento de la situación en trece Estados miembros, y en otros casos manteniéndose prácticamente sin cambios[29]; hace hincapié en que ello sigue siendo un gran obstáculo para la igualdad de género en la Unión; pide a los Estados miembros que garanticen que todas las personas tengan pleno acceso a las mismas oportunidades de desarrollo personal sin que las estructuras, prejuicios y percepciones estereotipadas basadas en el género les supongan un obstáculo; pide a los Estados miembros que hagan frente al sexismo y a los nocivos estereotipos de género en sus sistemas educativos y que luchen contra la segmentación del mercado laboral en función del género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) invirtiendo en educación formal, informal y no formal, el aprendizaje permanente y la formación profesional para que las mujeres tengan acceso a empleos de calidad y a oportunidades de adquirir nuevas competencias y de mejorar las que poseen para las demandas futuras del mercado laboral y evitar un círculo vicioso de segregación del mercado laboral en función del género;

21. Destaca que la explotación sexual constituye una forma grave de violencia que afecta principalmente a mujeres y niños y niñas; recuerda, en particular, que casi tres cuartas partes de todas las víctimas de trata de seres humanos en la Unión son mujeres y niñas, que son traficadas principalmente con fines de explotación sexual; destaca que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y niños y niñas, es una forma de esclavitud y una afrenta a la dignidad humana; destaca que la trata de seres humanos va en aumento en todo el mundo, alimentada por el aumento de la delincuencia organizada cada vez más rentable; destaca la importancia de un enfoque con perspectiva de género hacia la trata de seres humanos y subraya la necesidad de que los Estados miembros garanticen una financiación adecuada para la asistencia social y psicológica, el acceso a los servicios públicos para las víctimas de la trata de seres humanos y los servicios especializados dedicados a la inclusión social de las mujeres y niñas vulnerables; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva contra la trata de seres humanos[30] y que pongan fin con urgencia al encarcelamiento o deportación de las posibles víctimas; subraya, no obstante, que la explotación sexual y la trata de seres humanos con fines sexuales están impulsadas por la demanda y que los esfuerzos para combatirlas deben centrarse en la prevención y en poner fin a la demanda; insiste en que toda la legislación sobre delitos sexuales debe basarse en el consentimiento; insiste en que solo deben considerarse legales los actos sexuales voluntarios; pide a la Comisión que dé prioridad a la prevención de la trata con fines de explotación sexual, también a través de campañas de información, sensibilización y educación, adoptando medidas y programas para desalentar y reducir la demanda y adoptando legislación específica en el futuro;

22. Destaca que la violencia de género está interrelacionada con múltiples factores de opresión; subraya que las mujeres y niñas con discapacidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de sufrir diversas formas de violencia; destaca que la Unión, como parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está obligada a adoptar medidas para garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad por parte de las mujeres y niñas con discapacidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; toma nota de que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó en 2015 que la Unión avanzara en sus esfuerzos en este sentido, entre otras cosas mediante la ratificación del Convenio de Estambul;

23. Aplaude la acérrima defensa de todas las libertades en cualquier parte del mundo, al tiempo que condena toda medida que socave los derechos, las libertades y las garantías, y toda forma de discriminación por cualquier motivo; pide una prevención eficaz de la violencia de género, incluidas medidas educativas dirigidas a los jóvenes y aplicadas con sus aportaciones, así como que se garantice que todos los jóvenes se beneficien de una educación integral en materia sexual, reproductiva, de salud, de derechos y de relaciones; pide más medidas para luchar contra los estereotipos de género, también centrándose en los hombres y los niños varones y poniendo en entredicho las relaciones tóxicas y las normas de género; pide a los Estados miembros que apliquen medidas más claras para abordar estas normas ya que los estereotipos de género son una de las causas profundas de la desigualdad entre hombres y mujeres y afectan a todos los ámbitos de la sociedad; destaca la importancia de abordar la pobreza y el aumento de las desigualdades entre las mujeres, especialmente las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad;

24. Subraya que cualquier estrategia concebida para lograr la igualdad debe abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la erosión de los derechos sanitarios y los derechos sexuales y reproductivos adquiridos por las mujeres y las violaciones de los mismos; reitera que el acceso a la atención sanitaria y los servicios, incluidos los públicos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo legal, libre y segura y el apoyo psicológico para las mujeres víctimas de violencia, debe considerarse prioritario; subraya que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la denegación de asistencia para un aborto legal y seguro, constituyen una forma de violencia contra las mujeres y las niñas; hace hincapié en que la autonomía y la capacidad de las niñas y las mujeres para tomar decisiones libres e independientes sobre sus cuerpos y sus vidas son condiciones previas para su independencia económica y, por ende, para la igualdad de género y la eliminación de la violencia de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo político a los defensores de los derechos humanos, los proveedores de atención médica que trabajan para avanzar en materia de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil a favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que son actores clave para las sociedades en las que se garantiza la igualdad de género y proveedores esenciales de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos e información sobre los mismos;

Salud, educación, inclusión y pobreza

25. Subraya que el acceso de las mujeres a la atención sanitaria sexual, reproductiva y de otro tipo es un derecho fundamental que debe sustentarse y no puede verse reducido ni retirado en modo alguno; recuerda que los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos son servicios sanitarios esenciales que deben estar a disposición de todos, incluidas las mujeres migrantes y las refugiadas; condena las acciones de los movimientos contrarios a la igualdad de género y antifeministas en Europa y en todo el mundo que atacan sistemáticamente los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, incluidos los derechos sexuales y reproductivos; pide a la Comisión que condene enérgicamente el retroceso de los derechos de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos y las personas LGBTIQ + en algunos Estados miembros y que utilice todas las competencias a su alcance para reforzar las medidas para contrarrestarlo, incluido el refuerzo del apoyo a los defensores de los derechos de las mujeres y a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en la Unión, así como a las organizaciones que trabajan en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y al colectivo LGBTIQ+;

26. Subraya la necesidad de que los Estados miembros adopten políticas que hagan especial hincapié en la mejora de los sistemas y servicios de salud y la prevención de enfermedades, inclusive en sus aspectos específicos de género, garantizando una asistencia sanitaria accesible y de calidad y garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para luchar contra los principales problemas de salud, como los derivados de la actual crisis pandémica; destaca que las desigualdades de salud se acumulan para las mujeres con bajos niveles de educación y las mujeres con discapacidad, que padecen tanto una peor salud como un acceso limitado a los servicios sanitarios; destaca que el acceso a la atención sanitaria en algunos Estados miembros se ha visto limitado por las medidas de confinamiento de la COVID-19 y que no se han podido realizar las consultas, los tratamientos y los diagnósticos; insta a los Estados miembros a que refuercen los sistemas sanitarios, incluidos los servicios públicos, a fin de acelerar las consultas, los tratamientos y los diagnósticos cancelados;

27. Acoge con satisfacción la próxima revisión de los objetivos de Barcelona y destaca la necesidad de alcanzarlos y de ofrecer educación y atención a la primera infancia, incluida educación preescolar pública; destaca la necesidad de ofrecer unos servicios asistenciales para la educación y los cuidados de la primera infancia realmente accesibles a todos los niños y que desempeñen un papel fundamental en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular a la luz de las experiencias de la pandemia de COVID-19; reconoce la necesidad de crear y ampliar estructuras de apoyo para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, además de desarrollar centros de cuidados de larga duración; insta a la Comisión y a los Estados miembros a cumplir estos objetivos, que son esenciales para impulsar la igualdad de género y el modelo de igualdad en términos de ingresos y prestación de cuidados;

28. Insiste en que la pobreza y la exclusión social se exacerban en determinados grupos de mujeres, como las madres solteras, las mujeres de más de 65 años, las mujeres con discapacidad, las mujeres con bajo nivel de educación y las de origen migrante; insiste en la importancia de luchar contra la pobreza y la exclusión social y sus múltiples causas; exhorta a los Estados miembros a aplicar medidas específicas para prevenir y combatir el riesgo de pobreza para las mujeres de edad avanzada y las jubiladas, en vista del envejecimiento de la población y de la proporción de mujeres de edad avanzada en situación de desventaja o vulnerabilidad; considera imperativo abordar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y superar la brecha de género en materia de pensiones garantizando una pensión justa para todas las mujeres y el acceso a sistemas de seguridad social universales y solidarios, y aplicando mejor el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo, a fin de colmar la brecha salarial entre hombres y mujeres y evitar su acumulación en las carreras profesionales de las mujeres; manifiesta su extrema preocupación por el hecho de que la brecha de género en materia de pobreza haya aumentado en veintiún Estados miembros desde 2017[31];

29. Destaca que sigue existiendo la idea errónea de que la falta de vivienda entre las mujeres es un problema social relativamente menor en Europa; señala que la falta de datos básicos sobre la naturaleza y el alcance de la falta de vivienda entre las mujeres hace que este problema sea menos visible; subraya la importancia de reconocer la violencia de género y las experiencias traumáticas relacionadas con el género como una causa principal de la falta de vivienda entre las mujeres, así como de analizar los problemas social más extendidos interrelacionados con barreras socioeconómicas y estructurales más amplias, como la pobreza, la falta de vivienda asequible y otros factores estructurales; exhorta a la Unión y a sus Estados miembros a integrar una perspectiva de género en las políticas y prácticas que abordan la falta de vivienda y a desarrollar una estrategia específica para combatir la falta de vivienda entre las mujeres y garantizar que los servicios funcionen de forma adecuada y efectiva para satisfacer las necesidades de las mujeres sin hogar;

30. Recuerda la necesidad de combatir las formas interseccionales de discriminación, especialmente contra los grupos marginados, incluidas las mujeres con discapacidad, las mujeres negras, migrantes, de minorías étnicas y las mujeres romaníes, las mujeres de edad avanzada, las madres solteras, las personas LGBTIQ+ y las mujeres sin hogar; destaca la importancia de abordar sus necesidades y preocupaciones en las políticas e iniciativas de la Unión; Pide a la Comisión que elabore orientaciones específicas sobre la aplicación del marco interseccional y que presente un Plan de Acción de la Unión con medidas específicas para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres que afrontan formas interseccionales de discriminación y para luchar contra la feminización de la pobreza y del trabajo precario;

La igualdad en la vida cotidiana

31. Reconoce que es esencial garantizar un amplio conjunto de medidas eficaces, adecuadas y específicas para luchar contra las actitudes y prácticas discriminatorias, lograr la igualdad de oportunidades y la igualdad de retribución para un mismo trabajo, avanzar en la igualdad de género, prestando especial atención a los efectos de la pandemia de COVID-19, promoviendo el intercambio de mejores prácticas en la lucha contra la discriminación y permitiendo a las mujeres ejercer sus derechos cívicos y políticos en igualdad de condiciones y participar plenamente en todos los aspectos de nuestra sociedad; destaca la necesidad de garantizar una inversión adecuada en los servicios de interés general y en los servicios públicos, en particular la sanidad, la educación y el transporte, con el fin de promover la independencia, la igualdad y la emancipación de las mujeres; pide a los Estados miembros que apliquen medidas sociales y con perspectiva de género específicas para luchar contra el riesgo de exclusión social y pobreza en lo que respecta al acceso a la vivienda, el transporte y la energía, en particular para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad;

32. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el Pacto Verde Europeo y las iniciativas medioambientales y climáticas relacionadas no incluyan una perspectiva de género; exhorta a la Comisión a cumplir con su obligación de incorporar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidas las políticas medioambientales y climáticas; insta a que estas políticas estén basadas en un riguroso análisis de género para garantizar que abordan las desigualdades de género existentes y otras formas de exclusión social; pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta para cumplir los compromisos del Plan de Acción en materia de Género acordado en la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que designe un centro de coordinación permanente de la Unión sobre género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, para aplicar y supervisar una acción por el clima responsable en materia de género en la Unión y a nivel mundial;

33. Pone de relieve la importante contribución de las mujeres en el empleo en los ámbitos de la cultura, la educación, la ciencia y la investigación; reconoce el profundo deterioro de las condiciones de vida de las mujeres que trabajan en las artes y la cultura, las mujeres que dirigen microempresas y pequeñas empresas y las que trabajan en granjas y viven en comunidades rurales como resultado de la suspensión de las actividades económicas y culturales durante la pandemia de COVID-19;

34. Insta a los Estados miembros a que alcancen lo antes posible una posición común sobre la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual[32], bloqueada desde su aprobación por el Parlamento en abril de 2009;

35. Reitera la importancia de la integración de la perspectiva de género como enfoque sistemático para lograr la igualdad de género; acoge con satisfacción, por lo tanto, el grupo de trabajo de la Comisión sobre igualdad; subraya la importancia de la transparencia y la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil de distintos orígenes;

36. Considera que es esencial promover la participación de las mujeres en las actividades deportivas y las estructuras deportivas y en su desarrollo; reconoce la necesidad de abordar las desigualdades en relación con el acceso de las mujeres al deporte y la entrega de reconocimientos;

37. Pide a los Estados miembros y al Consejo que creen una formación oficial del Consejo para la Igualdad de Género, con el fin de ofrecer a los ministros y secretarios de estado a cargo de la igualdad de género un foro específico para el debate, asegurar que los problemas de igualdad de género se analicen al más alto nivel político y facilitar en mayor medida la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión;

38. Destaca la importancia de la elaboración de un presupuesto en materia de género para aplicar el principio de la integración de la perspectiva de género en todos los procesos presupuestarios;

39. Destaca la conclusiones del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el sentido de que la Comisión aún no ha cumplido su compromiso de integrar la perspectiva de género en el presupuesto de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión que aplique las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para reforzar el marco institucional de apoyo a la presupuestación con perspectiva de género, llevar a cabo análisis de género de las necesidades e impactos y actualizar sus directrices para la mejora de la legislación, recopilar, analizar e informar sistemáticamente sobre los datos desglosados por sexo para los programas de financiación de la UE, hacer uso de los objetivos e indicadores relacionados con el género para supervisar los progresos, desarrollar un sistema de seguimiento de los fondos asignados y utilizados para apoyar la igualdad de género e informar anualmente sobre los resultados alcanzados en términos de igualdad de género;

40. Acoge con satisfacción el compromiso de tener en cuenta la igualdad de género en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el grueso del instrumento NextGenerationEU; lamenta profundamente, no obstante, la dificultad que supondrá monitorizar el impacto de género de estos fondos y realizar un seguimiento de los resultados, dada la falta de indicadores y objetivos específicos de género; pide por tanto a la Comisión que utilice los datos desglosados por género y los indicadores, en particular, en el marcador de recuperación y resiliencia, que evalúe el impacto del género en las medidas aplicadas y los resultados durante la evaluación de los planes nacionales de los Estados miembros estableciendo las reformas de estos y sus agendas de inversión, y que imponga una gobernanza equilibrada en cuanto a género del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del Semestre Europeo;

41. Lamenta la escasa conexión entre la nueva estrategia de la Unión para la igualdad de género y el Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión que en sus próximas propuestas refuerce esta conexión entre las políticas en materia de cambio climático y la igualdad de género;

42. Pide a la Comisión que integre la perspectiva de igualdad de género en toda la elaboración de políticas, y que realice evaluaciones del impacto de género para cada una nueva política a fin de contribuir a que se garantice una respuesta política de la Unión a los desafíos en materia de igualdad de género que sea más coherente y fundamentada; pide a los Estados miembros que tomen las medidas correspondientes a escala nacional;

°

° °

43. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de las desigualdades existentes en lo que respecta a la brecha salarial entre hombres y mujeres, la pobreza y la inseguridad laboral. Al mismo tiempo, sus derechos, incluido el derecho a vivir con dignidad, son derechos fundamentales que deben promoverse a través de las políticas públicas.

Si bien el ejercicio de sus derechos y su participación en pie de igualdad es una aspiración legítima para las mujeres, esto aún no se ha logrado. Se sigue negando a una gran mayoría de las mujeres el reconocimiento de su situación profesional, sus derechos salariales y el derecho a la maternidad sin penalizaciones ni discriminaciones. Se trata de una realidad injusta e inadmisible. La legislación en materia de igualdad es de gran importancia para colmar las lagunas, luchar contra la discriminación y seguir promoviendo los derechos de la mujer y el ejercicio de los mismos en la vida cotidiana.

Resulta inadmisible que las políticas de igualdad se instrumentalicen para facilitar el aumento de la explotación. Un ejemplo de ello es que las soluciones prometidas destinadas a lograr un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, en realidad tenían por objeto introducir cambios en la legislación laboral.

La desigualdad de género dentro y fuera del lugar de trabajo no puede disociarse de las políticas públicas neoliberales impuestas por la Unión Europea, que están provocando un aumento del desempleo, la desregulación del mercado laboral y de los horarios de trabajo, el aumento de la precariedad laboral y la baja remuneración, que afectan a las mujeres en particular. Esto se suma a las múltiples formas de desigualdad y discriminación que estas sufren como consecuencia de los recortes en los servicios públicos, en particular en los ámbitos de la salud, la educación y las prestaciones sociales.

Las políticas destinadas a lograr la igualdad deben ser formuladas por los Gobiernos de los Estados miembros y proponer soluciones que respeten los derechos de la mujer. Las políticas de empleo deben incluir medidas específicas para eliminar la discriminación en el acceso al empleo y promover el empleo con derechos, la negociación colectiva, el aumento general de los salarios y las pensiones y la mejora del nivel de vida. Deben redoblarse los esfuerzos para aumentar la sensibilización y mejorar la supervisión en el lugar de trabajo a fin de garantizar unas mejores condiciones de trabajo para las mujeres en términos de horarios de trabajo. Deben redoblarse los esfuerzos para aumentar la sensibilización y mejorar la supervisión en el lugar de trabajo a fin de garantizar unas mejores condiciones de trabajo para las mujeres en términos de horarios de trabajo. A este respecto, deben tenerse debidamente en cuenta los derechos de maternidad y paternidad y la necesidad de conciliar la vida familiar y la vida profesional. El permiso de maternidad y el permiso parental sin pérdida de salario deben estar más disponibles y deben tomarse medidas en respuesta a cualquier intento de cuestionar estos derechos.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

28.10.2021

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

2

4

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Lena Düpont, Aušra Maldeikienė, Predrag Fred Matić

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

26

+

PPE

Isabella Adinolfi, Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Aušra Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Evelyn Regner

The Left

Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

2

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Annika Bruna

 

4

0

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

ID

Simona Baldassarre

PPE

Rosa Estaràs Ferragut

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

[1] DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.

[2] DO L 359 de 19.12.1986, p. 56.

[3] DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

[4] DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.

[5] DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.

[6] DO L 68 de 18.3.2010, p. 13.

[7] DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.

[8] DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.

[9] DO C 331 de 18.9.2018, p. 60.

[10] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0379.

[11] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0025.

[12] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0024.

[13] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0058.

[14] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0314.

[15] EIGE, Informe de 2020 del Índice de igualdad de género.

[16] Eurostat, mayo de 2021 Euroindicator: Euro area unemployment at 7.9 %, EU at 7.3 % (El desempleo de la zona del euro se situó en el 7,9 %, y en la UE, en el 7,3 %), 1 de julio de 2021.

[17] Índice de igualdad de género 2020.

[18] Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2021 (Informe sobre la brecha mundial de género 2021), 31 de marzo de 2021.

[19] Organización Mundial de la Salud, Violence Against Women Prevalence Estimates (Estimaciones de la prevalencia de la violencia contra las mujeres) 2018; Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women (Estimaciones de la prevalencia mundial, regional y nacional de la violencia doméstica contra las mujeres y estimaciones de la prevalencia mundial y regional de la violencia sexual contra las mujeres ajena a la pareja), 2021.

[20] Declaración a la prensa del Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, 7 de mayo de 2020.

[21] Europol, Exploiting aislation: offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic (Explotación del aislamiento: autores y víctimas de abuso sexual contra menores en línea durante la pandemia de COVID-19), 19 de junio de 2020.

[22] Eurostat, Gender pay gap statistics (Estadísticas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres), febrero de 2021.

[23] Eurostat, «Children at risk of poverty or social exclusion» (Los niños en riesgo de pobreza o exclusión social), octubre de 2020.

[24] Informe de la Comisión de 2021 sobre la igualdad de género en la UE.

[25] Informe de la Comisión de 2021 sobre la igualdad de género en la UE.

[26] Eurocarers, The gender dimension of informal care (La dimensión de género en la asistencia informal), 2017.

[27]Las puntuaciones en el Índice de Igualdad de Género son las siguientes (EU-28 y media UE): Suecia (83,9), Dinamarca (77,4), Francia (75,1), Finlandia (74,7), Países Bajos (74,1), Reino Unido (72,7), Irlanda (72,2), España (72,0), Bélgica (71,4), Luxemburgo (70,3), media de la UE (67,9), Eslovenia (67,7), Alemania (67,5), Austria (66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), Portugal (61,3), Letonia (60,8), Estonia (60,7), Bulgaria (59,6), Croacia (57.9), Chipre (56,9), Lituania (56,3), Chequia (56,2), Polonia (55,8), Eslovaquia (55,5), Rumanía (54,4), Hungría (53,0), Grecia (52,2).

[28]Gama, A., Pedro, A. R., De Carvalho, M. J. L., Guerreiro, A. E., Duarte, V., Quintas, J., Matias, A., Keygnaert, I. y Dias, S., «Violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19 en Portugal», Revista Portuguesa de Salud Pública, 2020, 38 (Supl. 1), pp. 32-40.

[29] Instituto Europeo para la Igualdad de Género, Gender segregation in education, training and the labour market: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States (La segregación por razón de género en la educación, la formación y el mercado laboral: revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros de la Unión Europea), 2017.

[30] DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.

[31] EIGE, Informe de 2020 del Índice de igualdad de género.

[32] Propuesta de la Comisión de 2 de julio de 2008, COM(2008)0426;

Última actualización: 19 de noviembre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad