Procedimiento : 2020/2035(INL)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0338/2021

Textos presentados :

A9-0338/2021

Debates :

PV 13/12/2021 - 15
PV 13/12/2021 - 17
CRE 13/12/2021 - 15
CRE 13/12/2021 - 17

Votaciones :

PV 14/12/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0489

<Date>{06/12/2021}6.12.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0338/2021</NoDocSe>
PDF 280kWORD 92k

<TitreType>INFORME</TitreType>

<Titre>con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia</Titre>

<DocRef>(2020/2035(INL))</DocRef>


<Commission>{CJ01}Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género</Commission>

Ponentes: <Depute>Sylwia Spurek, Elissavet Vozemberg-Vrionidi</Depute>

(Iniciativa – artículo 47 del Reglamento interno)

(Comisiones conjuntas – artículo 58 del Reglamento interno)

(Autoras de la propuesta: Sylwia Spurek, Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA CIBERVIOLENCIA
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON LAS PONENTES
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia

(2020/2035(INL))

El Parlamento Europeo,

 Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

 Vistos el artículo 8, el artículo 83, apartado 1, y los artículos 84 y 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 y 47,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» y, en particular, el objetivo de liberar a las mujeres y las niñas de la violencia y los estereotipos,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de abril de 2021, sobre la estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, titulada «Lucha contra el contenido ilícito en línea – Hacia una mayor responsabilidad de las plataformas en línea»,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)»,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Una Unión de igualdad: Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025»,

 Vista la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica,

 Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mercado único de servicios digitales (Ley sobre servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE,

 Visto el Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet, publicado por la Comisión en mayo de 2016, junto con su quinta ronda de seguimiento, que ha dado lugar a una ficha informativa sobre la quinta ronda de seguimiento del Código de Conducta,

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul,

 Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001,

 Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la Estrategia de la UE para la igualdad de género[1],

 Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM)[2],

 Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ[3],

 Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas[4],

 Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2021, sobre los retos futuros para los derechos de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín[5],

 Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis[6],

 Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital[7],

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas[8],

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias[9],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género[10],

 Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea[11],

 Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión[12],

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital[13],

 Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea[14],

 Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia[15],

 Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica[16],

 Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular los relativos a los derechos de la mujer y del niño, y otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y los niños,

 Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2020 tituladas «Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas» (A/RES/75/161) y «El derecho a la privacidad en la era digital» (A/RES/75/176),

 Vista la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 5 de julio de 2018 titulada «Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales» (A/HRC/RES/38/5),

 Vistos los informes de las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en particular el informe de 18 de junio de 2018 acerca de la violencia en línea contra las mujeres y niñas (A/HRC/38/47), el informe de 6 de mayo de 2020 sobre la erradicación de la violencia contra las periodistas (A/HRC/44/52) y el informe de 24 de julio de 2020 sobre la interacción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la pandemia de violencia de género contra la mujer, con especial énfasis en la violencia doméstica y la iniciativa por la paz en el hogar,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979,

 Vista la Recomendación general n.º 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 14 de julio de 2017, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación general n.º 19,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

 Vista la Observación general n.º 13 del Comité sobre los Derechos del Niño, de 18 de abril de 2011, sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,

 Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, en particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 5 sobre igualdad de género,

 Visto el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la seguridad de las periodistas en línea[17],

 Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Combating gender-based violence: Cyber violence - European added value assessment» (Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia – Evaluación del valor añadido europeo),

 Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Cyber violence and hate speech online against women» (Ciberviolencia e incitación al odio en internet contra las mujeres),

 Visto el índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género,

 Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo[18],

 Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo[19],

 Visto el Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha contra los abusos sexuales de menores en línea[20],

 Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 3 de marzo de 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE»,

 Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 14 de mayo de 2020 titulado «EU LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality» (UE LGBTI II: Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI)[21],

 Visto el Dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que pretende resolver la inseguridad jurídica sobre si la Unión puede o no adherirse al Convenio y ratificarlo y de qué forma, emitido el 11 de marzo de 2021[22],

 Vistos el trabajo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), incluido su Centro Europeo de Ciberdelincuencia, y su evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet,

 Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

 Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-0338/2021),

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo central de la Unión, y debe reflejarse en todas las políticas de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los artículos 8, 10, 19 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta); que el primer objetivo de la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión se centra en poner fin a la violencia de género y la describe como «uno de los mayores retos de nuestras sociedades», dado que afecta a mujeres de todos los niveles de la sociedad, independientemente de su edad, educación, ingresos, orígenes sociales o país de origen o residencia, y es uno de los obstáculos más graves para alcanzar la igualdad de género;  

B. Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género están muy extendidas en la Unión y deben entenderse como una forma extrema de discriminación que afecta gravemente a las víctimas y sus familias y comunidades, y como una violación de los derechos humanos arraigada en la desigualdad de género que contribuyen a perpetuar y reforzar; que la violencia de género se basa en la distribución desigual del poder entre mujeres y hombres, en estructuras y prácticas patriarcales consolidadas y en normas de género, en el sexismo y en estereotipos sexistas y nocivos, y en prejuicios que han conducido a la dominación y la discriminación por parte de los hombres contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, incluidas las personas LGBTIQ;

C. Considerando que la violencia contra las mujeres debe comprender todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada cometidas en línea o fuera de línea;

D. Considerando que las mujeres y las niñas en toda su diversidad y las personas LGBTIQ pueden ser objeto de ciberviolencia por motivos de género, identidad de género, expresión de género o características sexuales; que las formas interseccionales de discriminación, incluida la discriminación por motivos de raza, lengua, religión, creencias, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional o étnica, nacimiento, orientación sexual, edad, estado de salud, discapacidad, estado civil o condición de migrante o refugiado, pueden exacerbar las consecuencias de la ciberviolencia de género; que la Estrategia de la Unión para la Igualdad de las Personas LGBTIQ recuerda que todos tenemos derecho a vivir con seguridad, ya sea en nuestro hogar, en público o en internet;

E. Considerando que la segunda encuesta de la Unión sobre las personas LGBTIQ realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señaló que el 10 % de las personas LGBTIQ había sufrido ciberacoso en el último año por su condición de persona LGBTIQ, también en las redes sociales; que las personas intersexuales y transgénero se ven afectadas de manera desproporcionada (16 %); que los adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años fueron el grupo que más acoso cibernético sufrió por su condición de persona LGBTIQ (15 %), en comparación con otros grupos de edad (7 %-12 %);

F. Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad y la violencia de género presentan formas y manifestaciones diferentes pero no mutuamente excluyentes; que la violencia en línea suele estar interrelacionada con la violencia fuera de línea y ser inseparable de esta porque puede precederla, acompañarla o continuarla; que, por tanto, la ciberviolencia de género debe entenderse como una extensión, en el entorno en línea, de la violencia de género fuera de línea;

G. Considerando que el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Combating gender-based violence: Cyber violence - European added value assessment» (Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia – Evaluación del valor añadido europeo) sobre ciberviolencia de género estima que entre el 4 y el 7 % de las mujeres de la Unión ha sido víctima de ciberacoso durante los 12 meses anteriores al estudio, mientras que entre el 1 y el 3 % ha sufrido ciberhostigamiento; que el ciberhostigamiento adopta múltiples formas y es la forma más común de incitación al odio individual o combinada, y que durante demasiado tiempo no se ha reconocido ni se ha actuado al respecto; que la encuesta realizada en 2020 por World Wide Web Foundation con participantes de 180 países reveló que el 52 % de las mujeres jóvenes y niñas ha sufrido abusos en línea, como el intercambio de imágenes, vídeos o mensajes privados sin consentimiento, mensajes de odio y humillantes, lenguaje injurioso y amenazante, acoso sexual y contenidos falsos, y que el 64 % de los encuestados afirmó conocer a alguien que los ha sufrido;

H. Considerando que las mujeres jóvenes y las niñas se encuentran en mayor riesgo de sufrir ciberviolencia, en particular ciberacoso y al ciberintimidación; que al menos el 12,5 % de los casos de acoso escolar se producen en línea; que actualmente los jóvenes se conectan a las redes sociales a una edad cada vez más temprana; que estas formas de violencia refuerzan el peso de las desigualdades sociales, ya que las víctimas suelen ser los jóvenes más desfavorecidos; que, según UNICEF, las chicas sufren el doble de acoso que los chicos; que, según esta encuesta, las mujeres son más escépticas en cuanto al uso responsable de sus datos por parte de las empresas tecnológicas;

I. Considerando que en 2014, según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 3 de marzo de 2014, titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», el 11 % de las mujeres ha sufrido ciberacoso y el 14 % ha sufrido hostigamiento desde los 15 años en la Unión;

J. Considerando que la conectividad a internet y el acceso a la esfera pública digital son cada vez más necesarios para el desarrollo de nuestras sociedades y economías; que el empleo implica un uso cada vez mayor de las soluciones digitales y es cada vez más dependiente de dichas soluciones, lo que da lugar a un mayor riesgo de que las mujeres sufran ciberviolencia de género al participar en el mercado laboral y en actividades económicas;

K. Considerando que el creciente alcance de internet, la rápida divulgación de información móvil y el uso de redes sociales, sumados a las formas ininterrumpidas, múltiples, recurrentes e interrelacionadas de violencia contra las mujeres, han dado lugar a la proliferación de la ciberviolencia de género; que las mujeres y las niñas que tienen acceso a internet se enfrentan con más frecuencia a la violencia en línea que los hombres; que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, señaló que las nuevas tecnologías «darán lugar inevitablemente a manifestaciones diferentes y nuevas de violencia en línea contra las mujeres»; que la innovación se produce a un ritmo que a menudo no permite reflexionar sobre sus consecuencias a largo plazo y que es probable que la incidencia de la ciberviolencia de género siga aumentando en los próximos años; que hay que evaluar adecuadamente el impacto de la ciberviolencia en sus víctimas, así como comprender los mecanismos que permiten que los autores de esta forma de violencia de género pasen al acto, con el fin de garantizar la reparación, la rendición de cuentas y la prevención;

L. Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud[23], una de cada tres mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual principalmente por parte de su pareja; que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia de COVID-19 y que los confinamientos han agravado el riesgo de violencia doméstica y abusos; que el mayor uso de internet durante la pandemia de COVID-19 ha aumentado la ciberviolencia de género y propiciada por las TIC, ya que las parejas y las exparejas maltratadoras también controlan, rastrean y amenazan a sus víctimas y perpetúan la violencia usando herramientas digitales; que la ciberviolencia puede derivar en violencia física o darse al mismo tiempo que ella si no se aborda en una fase temprana; que en la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025) la Comisión reconoce que la actual situación de pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento de la ciberdelincuencia, como los delitos sexuales y de odio en línea;

 M. Considerando que los tipos más comunes de ciberviolencia de género son delitos como el ciberacoso, el ciberhostigamiento, la violación de la intimidad relacionada con las TIC, incluido el acceso, la toma, la grabación, la puesta en común y la creación y manipulación de datos o imágenes, como los datos íntimos, sin consentimiento, la usurpación de identidad y la incitación al odio en línea, el control coercitivo por medio de la vigilancia digital y el control de las comunicaciones a través de programas informáticos y aplicaciones espía, y el uso de medios tecnológicos para la trata de seres humanos, también con fines de explotación sexual;

N. Considerando que la ciberviolencia de género puede cometerse utilizando una amplia variedad de canales y herramientas de comunicación en línea, como las redes sociales, el contenido web, los foros de debate, los sitios web de encuentros, las secciones de comentarios y las salas de chat de videojuegos; que muchos tipos de ciberviolencia de género pueden cometerse con una facilidad y a una escala mucho mayores que las formas físicas de violencia de género;

O.  Considerando que algunos Estados miembros han adoptado leyes solo sobre algunas formas específicas de ciberviolencia de género y que, por lo tanto, sigue habiendo importantes lagunas; que en la actualidad no existe una definición común ni un enfoque político eficaz para luchar contra la ciberviolencia de género a escala de la Unión; que la falta de esta definición armonizada a escala de la Unión da lugar a diferencias considerables en la medida en que los Estados miembros combaten y previenen la ciberviolencia de género, lo que provoca grandes disparidades y fragmentación en el grado de protección que proporcionan, a pesar del carácter transfronterizo de este delito; que se necesita, por tanto, una definición jurídica armonizada de ciberviolencia de género tanto a escala de la Unión como a escala nacional;

P. Considerando que, según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la definición de «violencia en línea contra las mujeres» se extiende a todo acto de violencia de género contra las mujeres cometido, asistido o agravado en parte o en su totalidad por el uso de las TIC, como los teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet, las plataformas de redes sociales o el correo electrónico, contra una mujer por su condición de mujer, o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada[24];

Q. Considerando que la tipificación como delito de la ciberviolencia de género podría tener un efecto disuasorio sobre los autores debido al temor a las penas o al hecho de saber que están cometiendo un delito;

R.  Considerando que están surgiendo nuevas formas de ciberviolencia de género y acoso en línea debido al rápido desarrollo y uso de tecnologías y aplicaciones digitales; que estas diferentes formas se dirigen a todos los grupos de edad, desde edades tempranas hasta la vida escolar y profesional, hasta años posteriores; que tampoco ha de descartarse la posibilidad de que la violencia en el entono cibernético se manifieste psicológicamente;

S. Considerando que, según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), siete de cada diez mujeres han sufrido ciberhostigamiento; que los programas espía son programas informáticos que facilitan los abusos permitiendo realizar un seguimiento del dispositivo de una persona sin su consentimiento y sin que el propietario del dispositivo sea consciente de la actividad de seguimiento y que, además, permanecen ocultos; que en la Unión es legal utilizar y adquirir este tipo de programas informáticos, comúnmente comercializados como programas de control parental;

T. Considerando que el abuso sexual basado en imágenes se suele utilizar como arma de acoso y humillación de las víctimas; que las falsificaciones profundas o deepfakes son una forma relativamente nueva de cometer violencia de género, aprovechando la inteligencia artificial para explotar, humillar y acosar a las mujeres;

U. Considerando que el abuso sexual basado en imágenes y los sitios web en los que se difunden estos abusos constituyen una forma cada vez mayor de violencia doméstica; que el abuso sexual basado en imágenes puede tener carácter sexual (en el sentido de que el encuentro sexual fue grabado o difundido sin consentimiento), psicológico (debido al impacto en las víctimas de hacer pública su vida privada) y económico (dado que el abuso sexual basado en imágenes puede poner en peligro la vida profesional actual y futura de las víctimas);

V. Considerando que hay un riesgo cada vez mayor de que los vídeos íntimos y sexuales grabados sin consentimiento de la mujer sean divulgados en sitios web de pornografía y de que sean divulgados con fines de lucro; que la divulgación en línea de contenidos privados sin el consentimiento de la víctima y, en particular, de agresiones sexuales, añade a la violencia un elemento traumático adicional que tiene a menudo consecuencias graves, como el suicidio;

W. Considerando que las mujeres jóvenes y las niñas en particular son objeto de ciberviolencia de género a través del uso de las nuevas tecnologías, incluido el ciberacoso y el ciberhostigamiento mediante amenazas de violación, amenazas de muerte, violaciones de la privacidad relacionadas con las TIC y la publicación de información e imágenes privadas;

X. Considerando que, en la actualidad, quince Estados miembros no incluyen la identidad de género en su normativa en materia de lucha contra la incitación al odio; que, en su Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 y en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 de la Unión, la Comisión se ha comprometido a presentar una iniciativa para ampliar los ámbitos delictivos que pueden armonizarse a formas concretas de violencia de género, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, del TFUE;

Y. Considerando que las estadísticas que menciona este Informe muestran que la incitación al odio contra las personas LGBTIQ es muy común, sobre todo en internet, y que los marcos legislativos de algunos Estados miembros carecen de legislación para prevenir, combatir y sancionar estas formas de abusos en internet;

Z. Considerando que la Unión firmó en 2017 el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica («Convenio de Estambul»), que sigue siendo el punto de referencia de las normas internacionales para la erradicación de la violencia de género, y que concluir la adhesión de la Unión al Convenio es una prioridad fundamental para la Comisión;

AA Considerando que, para erradicar la violencia de género, incluida la ciberviolencia de género, es necesario apoyarse en datos administrativos coherentes, concretos, representativos y comparables, basados en un marco sólido y coordinado de recopilación de datos; que faltan datos desglosados exhaustivos y comparables sobre todas las formas de violencia de género y sus causas profundas; que, a pesar de la creciente sensibilización respecto a este fenómeno, la falta de recopilación de datos sobre todas las formas de violencia de género impide una evaluación precisa de su incidencia; que la indisponibilidad de datos está vinculada a la infranotificación de los casos de ciberviolencia de género; que el Convenio de Estambul y la Directiva 2012/29/UE exigen a los Estados miembros que notifiquen datos estadísticos y elaboren datos desglosados por género;

AB. Considerando que la respuesta del sistema judicial penal a las víctimas de la ciberviolencia de género aún está rezagada, lo que demuestra una falta de empatía y concienciación de la gravedad de estos delitos y disuade a las víctimas de denunciar estos actos; que dotar a los agentes de policía de competencias interpersonales para escuchar atentamente, comprender y respetar a todas las víctimas de toda forma de violencia de género pueden contribuir a que se denuncie más y a evitar la revictimización; que garantizar procedimientos y mecanismos accesibles de denuncia, así como la reparación, es indispensable para promover un entorno más seguro para todas las víctimas de violencia de género; que las víctimas de la ciberviolencia deben poder disponer de información sobre cómo y a quién dirigirse en los servicios policiales, así como sobre las vías de recurso disponibles para ayudarlas a través de situaciones difíciles;

AC.  Considerando que el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, Eurojust y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) han llevado a cabo investigaciones sobre la ciberdelincuencia en línea; que algunas mujeres y personas LGBTIQ —feministas, activistas LGBTIQ, artistas, políticos, mujeres en cargos públicos, periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y otras figuras públicas— se ven particularmente afectadas por la ciberviolencia de género y que ello no solo les causa daños a su reputación y daños y sufrimientos psicológicos, sino que también puede alterar las condiciones de vida de las víctimas y puede dar lugar a invasiones de su privacidad y daños a sus relaciones personales y a su vida familiar y disuadirlas de participar digitalmente en la vida política, social y cultural;

AD. Considerando que la ciberviolencia de género suele dar lugar a la autocensura y que esa situación puede tener un impacto perjudicial en la vida profesional y en la reputación de las víctimas de la ciberviolencia de género; que las amenazas violentas y por motivos de género provocan que, a menudo, las víctimas recurran al uso de pseudónimos, adopten un comportamiento discreto en línea, decidan suspender, desactivar o eliminar permanentemente sus cuentas en línea o incluso abandonen por completo su profesión; que esto puede silenciar las voces y opiniones de las mujeres y agravar la desigualdad de género ya presente en la vida política, social y cultural; que el aumento de la ciberviolencia de género a la que se enfrentan las mujeres puede impedirles participar en mayor medida en el propio sector digital, lo que consolida una concepción, un desarrollo y una aplicación de las nuevas tecnologías marcados por el género y provoca la reproducción de las prácticas y estereotipos discriminatorios existentes que contribuyen a normalizar la ciberviolencia de género;

AE. Considerando que la ciberviolencia de género tiene repercusiones directas en la salud y el bienestar sexual, físico y psicológico de las mujeres, así como un impacto social y económico negativo; que la ciberviolencia de género repercute negativamente en la capacidad de las víctimas para ejercer plenamente sus derechos fundamentales, lo que, a su vez, tiene graves consecuencias para la sociedad y la democracia en su conjunto;

AF. Considerando que el impacto económico negativo de la violencia de género y de los problemas de salud mental que provoca puede repercutir gravemente en las víctimas, también en su capacidad para buscar empleo, y puede ser la causa de problemas financieros; que el impacto económico de la violencia de género puede comprender también uno laboral, como una menor presencia en el trabajo o un riesgo de que se vea comprometida la situación laboral, lo que puede provocar la pérdida de puestos de trabajo o una menor productividad; que las repercusiones de la ciberviolencia de género en la salud mental pueden ser complejas y a largo plazo; que las repercusiones en la salud mental de la ciberviolencia de género, como la ansiedad, la depresión y los síntomas postraumáticos continuos, tienen implicaciones interpersonales, sociales, jurídicas, económicas y políticas perjudiciales y, en última instancia, afecta a los medios de subsistencia y a la identidad de la juventud; que algunas de estas repercusiones agravan otras formas de discriminación, exacerbando las formas de discriminación y desigualdad ya existentes;

AG. Considerando que, según el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Combating gender-based violence: Cyber violence» (Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia – Evaluación del valor añadido europeo), los costes totales del ciberacoso y del ciberhostigamiento oscilan entre los 49 000 y los 89 300 millones EUR e indica que la mayor categoría de costes corresponde al valor de la pérdida de calidad de vida, que representa más de la mitad de los costes totales (alrededor del 60 % en el caso del ciberacoso y en torno al 50 % en el caso del ciberhostigamiento);

AH. Considerando que la prevención, sobre todo por medio de la educación, incluidas la alfabetización y las capacidades digitales, como la ciberhigiene y la netiqueta, debe ser un elemento fundamental de toda política pública dirigida a combatir la ciberviolencia de género;

1. Subraya que la ciberviolencia de género es una extensión de la violencia de género fuera de línea y que ninguna alternativa política será eficaz a menos que tenga en cuenta esta realidad; hace hincapié en que la normativa actual de la Unión no prevé los mecanismos necesarios para combatir adecuadamente la ciberviolencia de género; pide a los Estados miembros y a la Comisión que formulen y apliquen medidas legislativas y no legislativas para abordar la ciberviolencia de género y que tengan en cuenta la voz de las víctimas de la ciberviolencia de género en las estrategias al respecto, vinculándolas a las iniciativas para erradicar los estereotipos de género, las actitudes sexistas y la discriminación contra las mujeres; destaca que estas futuras propuestas deben funcionar en consonancia con las existentes, como la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, así como los actos jurídicos ya en vigor, como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[25] y la Directiva 2012/29/UE;

2 Recuerda que no hay definición común de ciberviolencia de género, lo que genera diferencias considerables en la medida en que los Estados miembros la previenen y combaten, y provoca grandes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la protección, el apoyo y la compensación para las víctimas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que definan y adopten una definición común de ciberviolencia de género que facilite la labor de análisis de las distintas formas de ciberviolencia de género y la lucha contra ella, garantizando así que las víctimas de la ciberviolencia de género en los Estados miembros tengan un acceso efectivo a la justicia y a servicios de apoyo especializados;

3. Destaca que el concepto de ciberviolencia de género no debe limitarse al uso de sistemas informáticos, sino que debe ser amplio y, por tanto, abarcar el uso de las TIC para provocar o facilitar la violencia contra otras personas o realizar amenazas violentas;

4. Acoge con satisfacción la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión presentada por la Comisión como herramienta para combatir la violencia contra las mujeres en toda su diversidad y la violencia de género, y abordar sus causas profundas; subraya que la ciberviolencia de género está profundamente arraigada en la dinámica del poder, los desequilibrios económicos y las normas de género; pide a los Estados miembros y a la Comisión que aborden las causas profundas de la ciberviolencia de género y que combatan los roles de género y los estereotipos establecidos que hacen que la violencia contra las mujeres sea aceptable;

5. Pide a los Estados miembros que asignen suficientes recursos humanos y económicos a los organismos de gobernanza a nivel nacional, regional y local, y a las instituciones de asistencia jurídica, atención sanitaria, en particular de salud mental, y protección social, incluidas las organizaciones de defensa de las mujeres, para contribuir a prevenir la ciberviolencia de género y a proteger frente a ella eficazmente;

6. Pide a la Comisión que vele por que también se combata la ciberviolencia, incluidas las formas que adopta en la industria del sexo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la industria pornográfica construida sobre la base de la trata sexual, la violación y otras formas de agresiones y abusos a mujeres y menores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la misoginia entre las formas de incitación al odio y las agresiones misóginas en los delitos de odio;

7. Hace hincapié en que la discriminación sistémica y social, incluida la discriminación de género, racial y económica, se reproduce y se agrava en línea; recuerda que estas formas de discriminación están interrelacionadas, lo que tiene consecuencias más extremas para las personas en situaciones vulnerables, como las mujeres migrantes, las mujeres pertenecientes a comunidades étnicas o religiosas, las mujeres con diversidad funcional, las personas LGBTIQ y los adolescentes;

8. Celebra el compromiso asumido por la Comisión en el marco de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 de ampliar la lista de «delitos de la Unión» prevista en el artículo 83, apartado 1, del TFUE para incluir los delitos por motivos de odio y de incitación al odio, también cuando se dirijan a personas LGBTIQ;

9. Subraya la urgencia de abordar las causas profundas de la violencia de género y pide a la Comisión que tenga en cuenta este enfoque en su futura propuesta; 10.  Destaca que la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento drástico de la violencia y los abusos por parte de la pareja, en lo que ya se ha denominado «pandemia en la sombra», que incluye la violencia física, psicológica, sexual y económica y su faceta en línea, habida cuenta de que la vida social de las personas se desarrolla en buena parte en el mundo en línea y que las víctimas se han visto obligadas a pasar más tiempo con los autores, tendiendo así a quedar más aisladas de las redes de apoyo; destaca asimismo que, durante los confinamientos de la COVID-19, muchas personas LGBTIQ fueron objeto de acoso o abusos o se vieron expuestas a la violencia, también por parte de familiares, tutores legales o convivientes;

11. Insiste en que la «pandemia en la sombra» dificultó el acceso de las mujeres a una protección eficaz, a los servicios de asistencia y a la justicia y puso de manifiesto la insuficiencia de los recursos y estructuras de apoyo, lo que dejó a muchas mujeres sin una protección adecuada y oportuna; insta a los Estados miembros a que aumenten la asistencia que ofrecen a través de centros de acogida especializados, líneas de ayuda y servicios de asistencia para proteger a las víctimas y facilitar la reparación, la denuncia y el enjuiciamiento de la violencia de género;

12. Expresa su preocupación por los casos de delitos por motivos de odio y de incitación al odio relacionados con la incitación a la discriminación o a la violencia cometidos durante la pandemia de COVID-19, que conllevan la estigmatización de algunas personas especialmente vulnerables;

13. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis más profundo de los efectos de la pandemia de COVID-19 en todas las formas de ciberviolencia de género, y pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, como la FRA y Europol[26]; anima asimismo a la Comisión a que desarrolle un protocolo de la Unión en materia de violencia de género en períodos de crisis y emergencia y que defina los servicios de protección de las víctimas como «servicios esenciales» en los Estados miembros;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen el ámbito de la incitación al odio para incluir la incitación al odio sexista;

15. Subraya el carácter transnacional de la ciberviolencia de género; destaca que la ciberviolencia de género tiene implicaciones transnacionales adicionales, teniendo en cuenta que el uso de las TIC tiene una dimensión transfronteriza; subraya que sus autores utilizan plataformas en línea o teléfonos móviles conectados o alojados en países distintos de aquellos en los que se encuentran las víctimas de la ciberviolencia de género; destaca que los rápidos avances tecnológicos y la digitalización podrían generar nuevas formas de ciberviolencia de género, lo que puede dar lugar a que los autores no sean considerados responsables, reforzando así la cultura de la impunidad;

16. Pide a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros y a sus fuerzas de seguridad, que cooperen y adopten medidas concretas para coordinar sus acciones a fin de abordar la ciberviolencia de género;

17. Destaca la importancia de tener en cuenta el solapamiento entre la ciberviolencia de género y la trata de seres humanos basada en la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19; hace hincapié en que la sensibilización en relación con la trata de seres humanos en línea a través de las redes sociales es esencial para evitar que nuevas víctimas caigan en las redes de trata; subraya asimismo que el abuso sexual basado en imágenes constituye una violación extrema de la privacidad, así como una forma de violencia de género, como quedó ejemplificado en Irlanda en noviembre de 2020, cuando se publicaron decenas de miles de imágenes sexualmente explícitas de mujeres y niñas sin su consentimiento; anima encarecidamente a los Estados miembros, por tanto, a que incluyan el abuso sexual basado en imágenes o cualquier intercambio no consentido de material íntimo explícito en la lista de delitos sexuales, como un delito independiente de los casos de pornografía infantil;

18. Anima a los Estados miembros a que adopten y apliquen de forma apropiada y eficaz la legislación nacional adecuada, también en materia de justicia penal, y políticas específicas para promover la sensibilización y para crear campañas, programas educativos y de formación, también sobre educación, alfabetización y competencias digitales, que se dirijan igualmente a las generaciones más jóvenes; anima a la Comisión a que apoye a los Estados miembros a este respecto;

19. Destaca la importancia de la igualdad de género en los planes de estudios para abordar las causas profundas de la violencia de género eliminando los estereotipos de género y cambiando las actitudes sociales y culturales que conducen a normas sociales y de género dañinas; subraya el papel de los formadores cualificados, como el personal docente, a la hora de apoyar a los estudiantes en las cuestiones relacionadas con la ciberviolencia de género, así como la importancia de invertir en dichos formadores; señala que debe prestarse especial atención a la educación de niños y hombres;

20. Pide a los Estados miembros que elaboren políticas y programas para apoyar y garantizar la reparación de las víctimas y que adopten medidas adecuadas que eviten que los autores queden impunes, incluida la posibilidad de revisar y modificar su legislación nacional sobre órdenes judiciales a fin de incluir la ciberviolencia como una de las formas en que puede vulnerarse una orden judicial;

21. Pide a los Estados miembros que creen redes de puntos de contacto nacionales y pongan en marcha iniciativas para mejorar la armonización normativa y reforzar el cumplimiento de las normas vigentes con vistas a combatir la ciberviolencia de género; recuerda que el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual y el Convenio de Estambul exigen la tipificación como delito de conductas específicas que incluyan o impliquen la violencia contra las mujeres y los niños, como la ciberviolencia de género;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen una financiación adecuada a las organizaciones de defensa y de apoyo a las víctimas; hace hincapié en la importancia de estudiar el fenómeno de la ciberviolencia de género; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten los fondos, como los dedicados a las campañas de sensibilización y a la lucha contra los estereotipos de género;

23.  Pide a los Estados miembros que ofrezcan actividades de desarrollo de capacidades, formación y educación obligatorias, continuas y con perspectiva de género a todos los profesionales pertinentes, en particular a las autoridades judiciales y policiales, en relación con la lucha contra la ciberviolencia de género en todas las fases, para dotarlos de conocimientos sobre la ciberviolencia de género y enseñarles a comprender mejora a las víctimas y ocuparse mejor de ellas, en particular de aquellas que deciden presentar denuncias, a fin de evitar una victimización secundaria y nuevas situaciones traumáticas; destaca asimismo la necesidad de proporcionar formación acerca de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de ciberviolencia de género;

24. Recuerda la necesidad de prever servicios de apoyo, líneas telefónicas de ayuda, mecanismos de denuncia accesibles y vías de recurso que tengan por objeto proteger y apoyar a las víctimas de la ciberviolencia de género; pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Unión, elaboren un directorio armonizado, fácil de usar, accesible y actualizado periódicamente de servicios de apoyo, líneas telefónicas de ayuda y mecanismos de denuncia disponibles en los casos individuales de ciberviolencia contra las mujeres, al que podría accederse desde una plataforma única y que podría incluir asimismo información sobre el apoyo disponible para otras formas de violencia contra las mujeres; señala que el problema de la ciberviolencia de género es probablemente más importante de lo que los datos indican actualmente debido al bajo porcentaje de denuncias y a la normalización de la ciberviolencia de género;

25. Subraya la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de concienciar a los ciudadanos sobre la prevención y la lucha contra la ciberviolencia de género;

26. Pide a la Comisión que promueva campañas de sensibilización, información y defensa que aborden la ciberviolencia de género en todas sus formas y ayuden a garantizar un espacio público digital seguro para todos; considera que una campaña de sensibilización a escala de la Unión sobre la ciberviolencia de género debe incluir, entre otras cosas, información destinada a enseñar a los ciudadanos más jóvenes de la Unión cómo reconocer las distintas formas de ciberviolencia y cómo denunciarlas, así como información en materia de derechos digitales; señala que la ciberviolencia de género afecta especialmente a las mujeres jóvenes y pide, a este respecto, que se desarrollen iniciativas específicas de prevención y sensibilización[27];

27. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan un sistema fiable para recopilar periódicamente datos estadísticos desglosados, comparables y pertinentes sobre la violencia de género a escala de la Unión, incluidas la ciberviolencia y su prevalencia, dinámica y consecuencias, y a que desarrollen indicadores que permitan medir los progresos realizados; reafirma la necesidad de recopilar datos exhaustivos, desglosados y comparables, incluidos datos científicos, a fin de calibrar la magnitud de la violencia de género, encontrar soluciones y medir los progresos realizados; pide a los Estados miembros que recopilen y suministren los datos pertinentes; recomienda que la Comisión y los Estados miembros hagan uso de la capacidad y los conocimientos especializados del EIGE, Eurostat, la FRA, Europol, Eurojust y la ENISA; celebra el compromiso de la Comisión de realizar una encuesta a escala de la Unión sobre la violencia de género, cuyos resultados se presentarán en 2023;

28.  Señala que la ciberviolencia de género puede tener un gran impacto con consecuencias graves y para toda la vida para las víctimas, como efectos fisiológicos y sobre la salud mental, incluidos el estrés, los problemas de concentración, la ansiedad, los ataques de pánico, la baja autoestima, la depresión, el trastorno por estrés postraumático, el aislamiento social, la falta de confianza y de sentimiento de control, el miedo, la autolesión y la ideación suicida;

29. Señala que el impacto de la ciberviolencia de género en las víctimas puede provocar daños a la reputación, problemas físicos y médicos, perturbaciones en la vida de la víctima, violaciones del derecho a la intimidad y retirada de entornos en línea y fuera de línea; subraya que la ciberviolencia de género también puede tener repercusiones económicas negativas como una menor presencia en el trabajo, el riesgo de pérdida del empleo, una mayor dificultad a la hora de buscar trabajo y una menor calidad de vida, y destaca que algunas de estas repercusiones agravan otras formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y las personas LGBTIQ en el mercado laboral;

30. Expresa su preocupación por las consecuencias que los efectos en la salud mental pueden tener para los jóvenes en particular, ya que no solo pueden perjudicar de forma significativa su rendimiento escolar, sino que también pueden llevarles a retirarse de la vida social y pública, incluso aislándose de sus familias;

31.  Subraya que la ciberviolencia de género tiene consecuencias psicológicas, sociales y económicas negativas para las vidas de las mujeres y las niñas tanto en línea como fuera de línea; señala que la ciberviolencia de género afecta a las mujeres y las niñas de diferentes maneras como consecuencia de formas de discriminación que se solapan entre sí basadas en, además de su género, su orientación sexual, edad, raza, religión o discapacidad, entre otras cosas, y recuerda que adoptar un enfoque interseccional es fundamental para comprender estas formas específicas de discriminación;

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a las formas interseccionales de ciberviolencia de género que pueden afectar a mujeres y niñas pertenecientes a grupos que se encuentran en una situación vulnerable, como las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ; recuerda que la práctica de etiquetar a las personas LGBTIQ como una «ideología» se está extendiendo en la comunicación en línea y fuera de línea y en campañas contra la denominada «ideología de género»; destaca que feministas y activistas LGBTIQ son a menudo objeto de campañas de difamación, incitación al odio en línea y ciberacoso;

33. Pide a los Estados miembros que ofrezcan servicios de apoyo específicos gratuitos y accesibles a los grupos que se encuentran en una situación vulnerable, incluidos servicios de apoyo de larga duración y de emergencia, como asistencia psicológica, médica, jurídica, práctica y socioeconómica, y programas, en particular de educación, alfabetización y capacidades digitales; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros a este respecto;

34. Lamenta que la ciberviolencia de género sea cada vez más común y reduzca la participación de las mujeres y las personas LGBTIQ en la vida y el debate públicos, lo que erosiona la democracia de la Unión y sus principios e impide a las mujeres y personas LGBTIQ disfrutar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales, en particular de la libertad de expresión; lamenta asimismo que la ciberviolencia de género también dé lugar a censura; lamenta que ese «efecto silenciador» se haya dirigido especialmente contra mujeres activistas, incluidas mujeres y niñas feministas, activistas LGBTIQ+, artistas, mujeres en sectores dominados por los hombres, periodistas, políticas, defensoras de los derechos humanos y blogueras, disuadiendo a las mujeres de participar en la vida pública, incluidos los ámbitos de la política y la toma de decisiones; expresa su preocupación por el hecho de que el efecto amedrentador de la ciberviolencia de género a menudo se extienda a la realidad fuera de línea y por que la normalización de la violencia en línea contra las mujeres que participan en el debate público contribuya activamente al bajo porcentaje de denuncia de estos delitos y limite la participación de las mujeres jóvenes en particular;

35. Recuerda el auge de los movimientos misóginos, antigénero y antifeministas y sus ataques a los derechos de las mujeres;

36. Recuerda que los estereotipos y las normas de género constituyen el núcleo de la discriminación de género; subraya los efectos sobre la igualdad de género de la reproducción de estereotipos de género en los medios de comunicación y en la publicidad; pide a las empresas y medios de comunicación que refuercen los mecanismos de autorregulación y los códigos de conducta para condenar y combatir los contenidos y la publicidad sexistas, tales como las imágenes y el lenguaje sexistas, las prácticas sexistas y los estereotipos de género;

37. Observa que la mayoría de las personas que cometen actos de violencia de género son hombres; destaca el papel fundamental de la educación desde la infancia a la hora de promover y abordar la igualdad y una relación de poder equitativa entre hombres y mujeres y entre niños y niñas, para eliminar los sesgos y los estereotipos de género que conducen a unas normas sociales de género nocivas; manifiesta su preocupación por el hecho de que la violencia de los hombres contra las mujeres comience a menudo con la violencia de los niños contra las niñas; recuerda que el lenguaje, los planes de estudios y los libros utilizados en las escuelas pueden reforzar los estereotipos de género y señala, asimismo, la importancia de la educación en capacidades digitales, como la ciberhigiene y la netiqueta, así como respecto de un uso respetuoso de la tecnología por parte de hombres y niños y en la manera de comportarse con las mujeres y las niñas en línea, y para garantizar la libertad de expresión de las mujeres y su participación significativa en el debate público; pide a los Estados miembros, en este sentido, que desarrollen estrategias para luchar contra los estereotipos de género en la educación mediante la formación pedagógica y la revisión de los planes de estudios, los materiales y las prácticas pedagógicas;

38. Destaca que las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ se enfrentan a numerosas barreras de acceso a los ámbitos digital y de las TIC; lamenta que haya una brecha de género en todos los ámbitos de las tecnologías digitales, incluidas las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y se muestra especialmente preocupado por la brecha de género en el ámbito de la innovación y la investigación tecnológicas; subraya que uno de los puntos débiles más críticos de la inteligencia artificial guarda relación con algunos tipos de prejuicios, como aquellos relacionados con el género, la edad, la discapacidad, la religión, el origen racial o étnico, el origen social o la orientación sexual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen las medidas para afrontar tales prejuicios, en concreto abordando la brecha de género en el sector y garantizando la plena protección de los derechos fundamentales;

39. Anima a los Estados miembros a que promuevan la participación de las mujeres en el sector de las TIC, así como a que fomenten las carreras profesionales de ese sector dirigidas a las mujeres, ofreciendo incentivos suficientes en sus respectivos planes de acción o políticas de género a nivel nacional, regional y local; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la brecha de género en los sectores de las TIC y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) a través de la educación, las campañas de sensibilización, la formación profesional, una financiación adecuada, la promoción de la representación de las mujeres en esos sectores, en particular en los puestos de toma de decisiones, la mejora del equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, la igualdad de oportunidades y unos entornos de trabajo seguros y propicios, incluidas las políticas de tolerancia cero en materia de acoso sexual y psicológico;

40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la correcta aplicación de la Directiva 2011/93/UE, con fines de sensibilización y para reducir el riesgo de que los menores sean objeto de explotación o abusos sexuales en línea;

41. Acoge favorablemente el anuncio de la Comisión, en el marco de su reciente Estrategia sobre los Derechos de las Víctimas, de que pondrá en marcha una red de la Unión sobre la prevención de la violencia de género y la violencia doméstica y adoptará medidas para proteger la seguridad de las víctimas de delitos cibernéticos de género facilitando el desarrollo de un marco para la cooperación entre las plataformas de internet y otras partes interesadas;

42. Toma nota de que el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Comisión ha pedido la adopción de legislación a escala de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres en línea;

43. Subraya la necesidad de proteger, capacitar y apoyar a las víctimas de la ciberviolencia de género, así como de garantizarles la reparación y la igualdad de acceso a la justicia, en particular por lo que respecta a la prestación de servicios esenciales de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, accesibles para todas las víctimas de la ciberviolencia de género;

44. Pide a los Estados miembros que garanticen una formación de calidad y con perspectiva de género para los diferentes profesionales, incluidos el personal de los servicios sociales, los agentes de policía, los funcionarios de justicia y el personal docente, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil;

45. Recuerda la importancia, en este sentido, de dotar a las organizaciones independientes de la sociedad civil de los recursos financieros y humanos necesarios para prestar servicios de apoyo, como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, y orientación;

46. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de todas las víctimas a los servicios de apoyo, incluido el asesoramiento jurídico y psicológico, que establezcan un protocolo claro para ayudar a las víctimas de la ciberviolencia de género y prevenir nuevos daños y situaciones de revictimización, y que garanticen a las víctimas un acceso inmediato a la justicia; destaca la necesidad de informar a las víctimas sobre los servicios de ayuda disponibles a tal efecto; pide asimismo a los Estados miembros que elaboren y difundan información accesible sobre las vías legales y los servicios de apoyo disponibles para las víctimas de la ciberviolencia de género y que creen mecanismos de denuncia que sean fácil e inmediatamente accesibles para las víctimas, también a través de medios digitales;

47. Subraya el importante papel que deben desempeñar las plataformas en línea a la hora de abordar y combatir la ciberviolencia de género; destaca la necesidad de que los Estados miembros cooperen con las plataformas en línea para adoptar medidas que garanticen mecanismos de denuncia oportunos y accesibles en la lucha contra la ciberviolencia y para garantizar la seguridad en línea, la privacidad de las mujeres en línea y unos mecanismos de recurso adecuados;

48. Pide una cooperación eficaz entre las autoridades policiales y las empresas tecnológicas y los proveedores de servicios, que deben respetar plenamente los derechos y libertades fundamentales y las normas de protección de datos, con el fin de garantizar la protección de las víctimas y salvaguardar sus derechos;

49. Acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, cuyo objetivo es crear un entorno digital más seguro, en consonancia con los actos jurídicos pertinentes de la Unión, en el que los derechos y libertades fundamentales estén protegidos;

50. Insta al Consejo a que lleve a término con carácter de urgencia la ratificación por parte de la Unión del Convenio de Estambul sobre la base de una amplia adhesión sin restricciones, y a que vele por que todos los Estados miembros lo ratifiquen, así como por su rápida y correcta aplicación y su cumplimiento por parte de estos; lamenta que, hasta la fecha, solamente lo hayan ratificado veintiún Estados miembros;

51. Subraya que el Convenio de Estambul es el tratado internacional más completo que aborda las causas profundas de la violencia de género en todas sus formas, garantizando la acción legislativa en materia de violencia de género tanto en línea como fuera de línea, y debe entenderse como una norma mínima; condena enérgicamente los intentos de algunos Estados miembros de desacreditar el Convenio de Estambul y de dar marcha atrás en los progresos realizados en la lucha contra la violencia de género; destaca la importancia de aplicar efectivamente el Convenio en toda la Unión y recuerda que el hecho de que no haya producido aún su ratificación socava la credibilidad de la Unión; destaca que este llamamiento no es óbice para pedir al mismo tiempo la adopción de un acto jurídico de la Unión sobre la lucha contra la violencia de género, sino que, al contrario, complementa dicha petición; recuerda que las nuevas medidas legislativas deben ser, en cualquier caso, coherentes con los derechos y obligaciones establecidos en el Convenio de Estambul y ser complementarias a su ratificación; insta, en consecuencia, a los Estados miembros y a la Unión a que adopten nuevas medidas, incluidas medidas legislativas vinculantes, para combatir estas formas de violencia en el marco de la futura directiva sobre prevención y lucha contra todas las formas de violencia de género;

52. Reafirma con determinación su compromiso, como ya ha expresado anteriormente, de hacer frente a la violencia de género y reitera su llamamiento con respecto a la necesidad de disponer de una directiva global que cubra todas las formas de violencia de género, incluida la obligación de prevención, investigación y enjuiciamiento de los autores, protección de las víctimas y los testigos y recopilación de datos, como la mejor manera de poner fin a la violencia de género;

53. Insta a la Comisión a que utilice la futura directiva para tipificar como delito la ciberviolencia de género, como piedra angular de la armonización de los actos jurídicos existentes y futuros;

54. Pide al Consejo que active la cláusula pasarela mediante la adopción de una decisión que defina la violencia de género como un ámbito delictivo de especial gravedad y con una dimensión transfronteriza con arreglo al artículo 83, apartado 1, párrafo tercero, del TFUE;

55. Solicita a la Comisión que presente, sin dilación indebida, como parte de su futura propuesta legislativa y sobre la base del artículo 83, apartado 1, párrafo primero, del TFUE, una propuesta de acto por el que se establezcan medidas para combatir la ciberviolencia de género siguiendo las recomendaciones que figuran en el anexo de la presente Resolución; indica que dicha propuesta no debe socavar los esfuerzos para definir la violencia de género como un nuevo ámbito delictivo de especial gravedad y con una dimensión transfronteriza de conformidad con el artículo 83, apartado 1, párrafo tercero, del TFUE o cualquier acto jurídico derivado sobre la violencia de género, tal como ha solicitado el Parlamento en sus anteriores llamamientos;

56. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.

 


ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA CIBERVIOLENCIA

Recomendación 1 sobre el objetivo de la directiva que se adopte

 

El objetivo es establecer en la futura propuesta unas normas mínimas, en cuanto respuesta política armonizada, sobre la definición del delito de ciberviolencia de género y las sanciones correspondientes, así como establecer medidas para promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de ese delito y medidas para proteger y apoyar a las víctimas y garantizar su reparación.

 

Recomendación 2 sobre el ámbito de aplicación y las definiciones

 

La definición de ciberviolencia de género debe establecer el ámbito de aplicación, el alcance y la naturaleza interseccional y de género de la ciberviolencia y subrayar que la ciberviolencia de género es una extensión de la violencia de género.

 

La propuesta debe contener una definición basada en las definiciones de instrumentos existentes, como el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia o el Convenio de Estambul, las definiciones elaboradas por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Comisión y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y las definiciones elaboradas en el contexto de la ciberdelincuencia o la ciberviolencia contra los niños, o la violencia contra las mujeres.

 

Sobre la base de los instrumentos existentes, una posible definición podría ser: «La ciberviolencia de género es una forma de violencia de género y es todo acto de violencia de género cometido, asistido o agravado, en parte o en su totalidad, haciendo uso de las TIC, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, las plataformas de redes sociales o el correo electrónico, que esté dirigido contra una mujer por su condición de mujer o afecte a las mujeres de manera desproporcionada, o que esté dirigido contra las personas LGBTIQ por su identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales, y que ocasione o pueda ocasionar daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».

 

- ¿Qué delitos?

El término «delincuencia informática» mencionado en el artículo 83, apartado 1, del TFUE puede abarcar también los delitos cometidos contra redes de comunicaciones electrónicas o sistemas de información o mediante su uso, y las formas graves de ciberviolencia de género con una dimensión transfronteriza pueden entrar en el ámbito de la «delincuencia informática» en el sentido del artículo 83, apartado 1, del TFUE.

Por otra parte, podrían establecerse medidas destinadas a prevenir la ciberviolencia de género y prestar asistencia a las víctimas con arreglo al artículo 83, apartado 1, del TFUE, ya que tienen carácter secundario respecto del objetivo principal de la directiva.

 

El ámbito de aplicación de la directiva debe abarcar cualquier forma de violencia de género cometida, asistida o agravada, en parte o en su totalidad, haciendo uso de las TIC, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, las plataformas de redes sociales o el correo electrónico, que esté dirigida contra una mujer por su condición de mujer o afecte a las mujeres de manera desproporcionada, o que esté dirigida contra las personas LGBTIQ por su identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales.

Aunque no es posible presentar una tipología exhaustiva de las diferentes formas de ciberviolencia de género porque esta está en constante evolución y no dejan de surgir nuevas formas, deben mencionarse y definirse los siguientes tipos:

 

- ciberacoso, incluidos la ciberintimidación, el acoso sexual en línea, la recepción no solicitada de material sexualmente explícito, el acoso laboral y el uso del nombre muerto;

- ciberhostigamiento;

- violaciones de la privacidad relacionadas con las TIC, incluidos el acceso, la grabación, la divulgación, la creación y la manipulación de imágenes o datos privados, en particular el abuso sexual basado en imágenes, la creación o distribución sin consentimiento de imágenes sexuales privadas, la revelación de datos personales y la usurpación de identidad;

- grabación y divulgación de imágenes de violaciones u otras formas de agresión sexual;

- control o vigilancia a distancia, también a través de aplicaciones espía en dispositivos móviles;

- amenazas, incluidas las amenazas directas, las amenazas de actos violentos y la incitación a la violencia, como las amenazas de violación, la extorsión, la sextorsión, el chantaje dirigido a la víctima, a sus hijos o familiares o a otras personas que apoyan a la víctima y se ven afectadas indirectamente;

- discurso de odio sexista, incluidas la publicación y divulgación de contenidos que inciten a la violencia o al odio contra las mujeres o las personas LGBTIQ por su identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales;

- incitación a la autoviolencia, como el suicidio o la anorexia y las lesiones psíquicas;

- daños informáticos a archivos, programas y dispositivos y ataques a sitios web y otros canales de comunicación digital;

- acceso ilícito a teléfonos móviles, correo electrónico, mensajería instantánea o cuentas de redes sociales;

- incumplimiento de las restricciones de comunicación impuestas por medio de órdenes judiciales;

- uso de medios tecnológicos para la trata de seres humanos, incluida la explotación sexual de mujeres y niñas.

 

- ¿Qué víctimas? 

 

El ámbito de aplicación personal de la propuesta debe abarcar a todas las víctimas de la ciberviolencia de género, con un reconocimiento específico de las formas interseccionales de discriminación y de las víctimas que participan en la vida pública, incluidas:

 las mujeres y las niñas en toda su diversidad; y

 las personas LGBTIQ por razón de su identidad de género, expresión de género o características sexuales.

 

 

Recomendación 3 sobre medidas de prevención

 

Los Estados miembros deben aplicar una serie de medidas para prevenir la ciberviolencia de género y todas ellas deben evitar que se produzcan nuevos traumas y la estigmatización de las víctimas de la ciberviolencia de género, y han de centrarse en las víctimas y adoptar un enfoque intersectorial. Entre dichas medidas, deben figurar las siguientes:

 

- programas educativos y de sensibilización, incluidos programas dirigidos a niños y hombres, así como campañas en las que participen todos los actores y partes interesadas pertinentes para abordar las causas profundas de la ciberviolencia de género, dentro del contexto general de la violencia de género, con el fin de introducir cambios en las actitudes sociales y culturales y eliminar estereotipos y normas de género, promoviendo al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales en internet, con especial atención a las plataformas de redes sociales y a una mayor alfabetización sobre el uso seguro de internet;

- investigación sobre la ciberviolencia de género, incluidos aspectos como causas, prevalencia, impacto; víctimas, autores, manifestaciones, canales y necesidad de servicios de apoyo; dicha investigación debe incluir estudios y la adaptación de las estadísticas sobre la delincuencia relacionada con la ciberviolencia de género para determinar las necesidades legislativas y no legislativas; dicha investigación debe basarse en la recopilación de datos desglosados, interseccionales y exhaustivos;

- integración de la educación, la alfabetización y las capacidades digitales, tales como la ciberhigiene y la netiqueta, también en los planes de estudios, en aras de una mejor comprensión de las tecnologías digitales, en particular para prevenir un mal uso de las redes sociales y capacitar a los usuarios, mejorar la inclusión digital, garantizar el respeto de los derechos fundamentales, eliminar cualquier desigualdad de género o sesgo en el acceso a las tecnologías y garantizar la diversidad de género en el sector tecnológico, en particular en el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la formación de los docentes;

- facilitar el acceso de las mujeres a la educación y al mundo académico en los ámbitos de la tecnología digital con el fin de eliminar la brecha de género, incluida la brecha digital de género, y garantizar la diversidad de género en los sectores tecnológicos, como las TIC y las CTIM, en particular en el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, concretamente en los puestos de toma de decisiones;

- promoción e intercambio de buenas prácticas en el acceso a la justicia, la formulación de sentencias y las vías de recurso con un enfoque con perspectiva de género;

- fomento de programas educativos y de tratamiento integrados y globales que tengan como objetivo evitar que los autores reincidan, así como alejar las conductas y actitudes de la violencia, en cooperación con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, teniendo en cuenta las prácticas comunitarias y los enfoques transformadores de la justicia, que son cruciales para poner fin al ciclo de la violencia;

- desarrollo de la cooperación entre los Estados miembros con el fin de intercambiar información, conocimientos especializados y buenas prácticas, en particular a través de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia, en coordinación con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol y otras agencias, órganos y organismos conexos, como Eurojust, en consonancia con los derechos fundamentales;

- en el caso de las plataformas en línea utilizadas principalmente para la divulgación de contenido pornográfico generado por los usuarios, garantía de que las plataformas adopten las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurarse de la verificación de los usuarios que difunden contenidos mediante un procedimiento de registro doble con correo electrónico y teléfono móvil;

 

- apoyo y reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la prevención de la violencia de género, así como suministro de información sobre estas, también garantizando que cuentan con apoyo financiero;

- promoción de una formación especializada y continua dirigida a diferentes profesionales, incluidos el personal de los servicios sociales, los agentes de policía, los funcionarios de justicia y otros actores pertinentes, con el fin de garantizar la comprensión de las causas y repercusiones de la ciberviolencia de género y un trato adecuado a las víctimas y asegurar que la formación de todos los profesionales incluya un enfoque con perspectiva de género;

- posibilidad de regular el desarrollo de los programas informáticos de las aplicaciones de seguimiento, para tener en cuenta un posible uso indebido o abusivo de dichas aplicaciones y ofrecer garantías adecuadas de protección de los derechos fundamentales y cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos; prohibición por parte de la Comisión de la comercialización de todo programa informático de control que lleve a cabo una vigilancia sin el consentimiento del usuario y sin una indicación clara de su actividad;

- examen del código deontológico para las plataformas en línea, teniendo en cuenta su posible implicación o función en el contexto de la ciberviolencia de género, y garantía de que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en la evaluación y revisión del Código de Conducta para la Lucha contra la Incitación Ilegal al Odio en Internet; adopción de medidas que obliguen a las empresas de TI a mejorar la información que proporcionan a los usuarios a través de notificaciones que les permitan reaccionar con rapidez y eficacia en lo que respecta a los contenidos señalados como ilegales;

 reconocimiento de la dimensión digital de la violencia de género en las estrategias, programas y planes de acción nacionales como parte de una respuesta global a todas las formas de violencia de género;

 promoción de la cooperación entre los Estados miembros, los intermediarios de internet y las ONG que trabajen en este ámbito, por ejemplo mediante actividades de aprendizaje entre iguales o conferencias públicas;

- cooperación multidisciplinar y entre las partes interesadas, incluidas las empresas tecnológicas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes, sobre buenas prácticas para combatir la violencia de género en consonancia con los derechos fundamentales.

 

Recomendación 4 sobre protección, apoyo y reparación de las víctimas

 

La Comisión y los Estados miembros deben adoptar las siguientes medidas, que han de centrarse en las víctimas y tener un enfoque interseccional:

 

- promover la formación específica y continua obligatoria de los diferentes profesionales que se ocupan de las víctimas de la ciberviolencia de género, incluidas las autoridades policiales, el personal social, sanitario y de atención a la infancia, los profesionales del ámbito de la justicia penal y los miembros del poder judicial; podrían llevarse a cabo programas de formación a escala de la Unión en el marco del programa Justicia y el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y junto con la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) y la Red Europea de Formación Judicial; en particular, debe hacerse hincapié en la victimización secundaria y en el modo de evitarla, en la doble dimensión de la violencia de género (en línea/fuera de línea) y en la discriminación interseccional, así como en la ayuda prestada a las víctimas con necesidades especiales;

 garantizar que toda la formación de los profesionales tenga en cuenta la perspectiva de género y que el programa incluya acciones para garantizar que la víctima no sea objeto de una nueva victimización durante el proceso penal (revictimización y estigmatización);

 en el caso de las plataformas en línea utilizadas principalmente para la divulgación de contenido pornográfico generado por los usuarios, velar por que las plataformas adopten las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la accesibilidad de un procedimiento de notificación cualificado que permita a las personas indicar a la plataforma que material gráfico que las representa o que pretende representarlas está siendo difundido sin su consentimiento y aportar a la plataforma un principio de prueba de su identidad física, y que garantice que el contenido notificado mediante este procedimiento quede suspendido en un plazo de cuarenta y ocho horas;

 en el caso de las plataformas en línea utilizadas principalmente para la divulgación de contenido pornográfico generado por los usuarios, velar por que las plataformas adopten las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar una moderación profesional del contenido llevada a cabo por personas, mediante la cual se revise el contenido que tiene una alta probabilidad de ser ilegal, como el contenido que sea de carácter voyerista o que muestre escenas de violación;

 establecer puntos de contacto nacionales en los servicios sociales y en los cuerpos y fuerzas de seguridad con personal específicamente formado en ciberviolencia de género para que las víctimas puedan denunciar los actos de ciberviolencia de género en un entorno seguro; los puntos de contacto deben coordinarse a través de una red; estas medidas contribuirían a que se presenten más denuncias, a evitar la revictimización y a crear un entorno más seguro para las víctimas de la ciberviolencia de género;

 facilitar a las víctimas el acceso a la información en un lenguaje sencillo y accesible que la víctima pueda comprender, en particular en relación con el asesoramiento jurídico y las acciones legales y los servicios de apoyo, y desarrollar servicios específicos para las víctimas de la ciberviolencia (líneas telefónicas de ayuda, centros de acogida, asistencia jurídica y ayuda psicológica); facilitar las denuncias por parte de las víctimas, permitiéndoles obtener órdenes de protección, y desarrollar mecanismos de recurso con medidas de reparación adecuadas;

 dotar a las líneas telefónicas nacionales de ayuda de los recursos y los conocimientos especializados necesarios para responder a la dimensión digital de la violencia de género;

 crear una línea telefónica de ayuda a escala de la Unión como punto de contacto para las víctimas y garantizar que las víctimas puedan usarla fácilmente y de forma gratuita; elaborar un directorio de servicios de apoyo, que incluya las líneas telefónicas de ayuda y los mecanismos de denuncia disponibles en los casos individuales de ciberviolencia;

 garantizar que las víctimas de la ciberviolencia de género en los Estados miembros tengan acceso a servicios de apoyo especializados, así como a la justicia, a vías de recurso y a procedimientos y mecanismos de notificación seguros y accesibles con independencia de la presentación de una denuncia; eliminar todos los obstáculos a los que puedan enfrentarse las víctimas que decidan presentar una denuncia y crear mecanismos de denuncia que sean fácil e inmediatamente accesibles para las víctimas, también a través de medios digitales;

- desarrollar mecanismos de cooperación entre los Estados miembros, los intermediarios de internet y las ONG que trabajen en este ámbito, así como entre los actores pertinentes, como el poder judicial, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades locales y regionales y las organizaciones de la sociedad civil;

 apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las que ofrecen servicios de apoyo a las víctimas, también mediante ayudas económicas;

 promover el desarrollo y uso éticos de soluciones tecnológicas que presten apoyo a las víctimas y ayuden a identificar a los autores, respetando plenamente los derechos fundamentales.

 

La Comisión debe desarrollar principios rectores destinados a los agentes de policía que tratan con las víctimas que denuncian actos de ciberviolencia de género, para dotarlos de las aptitudes interpersonales necesarias para escuchar atentamente, comprender y respetar a todas las víctimas de la ciberviolencia de género. Dichos principios rectores deben tener una perspectiva de género.

 

Los Estados miembros deben desarrollar servicios de protección y ayuda especializados que sean accesibles de forma gratuita para todas las víctimas y que incluyan apoyo de emergencia y de larga duración, como asistencia psicológica, médica, jurídica, práctica y socioeconómica, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las víctimas y prestando especial atención a las víctimas pertenecientes a grupos especialmente expuestos o necesitados. La Comisión debe apoyar a los Estados miembros a este respecto.

 

Recomendación 5 sobre el enjuiciamiento y la tipificación como delito de la ciberviolencia de género

 

Sobre la base de la definición a que se refiere la recomendación 2 y considerando que la tipificación como delito de la ciberviolencia de género podría tener un efecto disuasorio en los autores, dicha tipificación debe tener en cuenta los siguientes criterios:

 

- las formas de ciberviolencia de género que deben tipificar como delito los Estados miembros (para abarcar también fases anteriores de la ciberdelincuencia: incitación, complicidad, inducción y tentativa);

- las penas mínimas y máximas (prisión y multas);

- la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos;

- las circunstancias agravantes, dependiendo del perfil de las mujeres y las niñas víctimas (explotación de características o vulnerabilidades específicas de las mujeres y niñas en línea); 

 disposiciones específicas con directrices para la investigación y el enjuiciamiento dirigidas principalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la fiscalía, que también deben incluir indicaciones específicas sobre la obtención de pruebas destinadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad;

 una cooperación eficaz entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y las empresas tecnológicas y los proveedores de servicios, especialmente en lo relativo a la identificación de los autores y la obtención de pruebas, que deben respetar plenamente los derechos y libertades fundamentales y las normas de protección de datos;

 todas las pruebas deben recogerse de tal forma que no se cause una victimización secundaria o nuevos traumas a la víctima;

 las circunstancias agravantes, dependiendo del perfil de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ víctimas (explotación de características o vulnerabilidades específicas de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ en línea);

 las evaluaciones de riesgos deben incluir y considerar los patrones de conducta y la dimensión de género del incidente, como los estereotipos, la discriminación, las amenazas de índole sexual y la intimidación; esta información debe utilizarse para determinar las medidas de seguimiento y mejorar la recogida de datos relativos a las diferentes manifestaciones de la ciberviolencia de género;

 la aportación de pruebas no debe representar una carga para las víctimas ni contribuir a una mayor victimización.

Todas las medidas deben centrarse en las víctimas y contar con un enfoque interseccional.

 

 

Recomendación 6 sobre la recogida de datos y la elaboración de informes

 

La Comisión y los Estados miembros deben recoger y publicar periódicamente datos exhaustivos, desglosados y comparables sobre las diferentes formas de la ciberviolencia de género, no solo sobre la base de informes policiales o de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de las experiencias de las víctimas. Estos datos pueden ir seguidos de estudios exhaustivos. Los datos de los Estados miembros sobre la ciberviolencia de género deben recopilarse y ponerse a disposición a través de las bases de datos estadísticas del EIGE, la FRA y Eurostat, y los Estados miembros deben procurar hacer el mejor uso posible de la capacidad y los recursos del EIGE. La FRA debe llevar a cabo una nueva y amplia investigación a escala de la Unión sobre todas las formas de ciberviolencia de género, basada en los datos de la Unión más recientes, para ofrecer una respuesta adecuada.

La Comisión debe presentar periódicamente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe hasta qué punto los Estados miembros han adoptado medidas con arreglo a esta recomendación. La Comisión también debe mejorar los datos desglosados por género sobre la prevalencia y los efectos de la ciberviolencia de género a escala de la Unión.

La Comisión y los Estados miembros deben desarrollar indicadores que permitan medir la eficacia de sus intervenciones para combatir la ciberviolencia de género.

 

Otras recomendaciones adicionales podrían incluir los siguientes aspectos:

 la elaboración de estadísticas sobre la prevalencia de la ciberviolencia y sus formas, fomentando al mismo tiempo la uniformidad y la comparabilidad de los datos recogidos por los Estados miembros;

 un programa de recogida de datos a escala de la Unión;

 la recogida periódica de datos para que los conocimientos puedan seguir el ritmo de la evolución constante de las herramientas y las tecnologías que pueden utilizarse para cometer actos de ciberviolencia;

 una recomendación para hacer uso de la capacidad y los conocimientos especializados del EIGE, Eurostat, la FRA, Europol, Eurojust y la ENISA.

 

 


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y justificación de la propuesta

 

La violencia de género, tanto en línea como fuera de línea, está profundamente arraigada en las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Sigue envuelta en el silencio y sigue siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos. La violencia de género sigue estando muy extendida y tiene un enorme impacto en las víctimas, sus familias y las comunidades. La situación se ve agravada por sesgos de género, estereotipos y la continua manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) reconoce esta naturaleza estructural de la violencia de género. Por lo tanto, no se trata de uno solo, sino de una infinidad de factores —como los culturales, jurídicos, económicos y políticos— los que contribuyen a exacerbar la violencia de género en nuestra sociedad.

 

En la era digital actual, internet y las TIC están creando rápidamente nuevos espacios digitales sociales y transformando la forma en que las personas se reúnen, se comunican e interactúan. Las formas de violencia de género en línea y facilitadas por las TIC son cada vez más frecuentes, sobre todo con el uso, a diario y en cualquier lugar, de plataformas de redes sociales y otras aplicaciones técnicas. La ciberviolencia contra las mujeres es una forma de violencia de género. La ciberviolencia comprende el ciberacoso, el ciberhostigamiento, el abuso de imagen no consentido, la incitación al odio sexista y otras formas de ciberviolencia.

 

Sin embargo, la ciberviolencia de género no es una nueva forma de violencia, sino una extensión de la violencia de género fuera de línea. Ejerce un profundo impacto en los derechos y libertades fundamentales de las personas, en su dignidad y en sus vidas a todos los niveles, incluidos su salud física, emocional y mental y su bienestar, así como su desarrollo social, económico y profesional. Las víctimas experimentan mayores niveles de ansiedad, estrés, depresión, traumas, ataques de pánico, pérdida de autoestima y una sensación de impotencia en su capacidad para responder al abuso. Algunos grupos de mujeres, incluidas las activistas y defensoras de los derechos humanos, políticas, periodistas, blogueras, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y mujeres con discapacidad, son objeto especialmente de la violencia facilitada por las TIC. Un enfoque interseccional es crucial para comprender las formas específicas de discriminación que afectan a las víctimas de la ciberviolencia de género. La realidad demuestra asimismo que las voces y la participación de las mujeres como ciudadanas digitales activas suelen verse censuradas por la ciberviolencia de género y que este efecto inhibidor se extiende a menudo a la realidad.

 

El Parlamento ha reconocido la importancia de acabar con la violencia de género y la violencia contra las mujeres a través de varias resoluciones y ha pedido acciones legales y políticas para contrarrestar este fenómeno. Las siguientes iniciativas del Parlamento reflejan esta preocupación:

 

- En su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Parlamento subrayó que deben adoptarse medidas para abordar el nuevo fenómeno de la violencia de género en línea, incluidos el hostigamiento, el acoso y la intimidación, en particular de mujeres jóvenes y niñas, así como de personas LGBTI,

- En su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento destacó la necesidad de definiciones legales comunes armonizadas de la ciberdelincuencia, incluidos el abuso sexual y la explotación de menores en línea, el ciberacoso y los ciberataques,

- En su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea, el Parlamento recordó que es necesario adoptar medidas clave contra las formas emergentes de violencia, por ejemplo, en el ciberespacio, y subrayó que el ciberacoso a las mujeres, especialmente en las redes sociales, alimenta otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas,

- En su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital, el Parlamento recordó que los modos digitales de comunicación contribuyen al aumento de la incitación al odio y las amenazas contra las mujeres y que las diversas formas de ciberviolencia contra las mujeres carecen aún de reconocimiento jurídico. Por consiguiente, el Parlamento pidió una mayor coordinación entre la UE y los Estados miembros para combatir los delitos facilitados por la tecnología transfronteriza, como la trata de seres humanos, el ciberacoso y el ciberhostigamiento, y pidió a los Estados miembros que incluyeran nuevas formas de ciberviolencia en sus códigos penales,

- El 26 de abril de 2018, la comisión FEMM aprobó un proyecto de informe en el que se proponen medidas para combatir el acoso laboral y sexual, incluido el acoso en línea,

- Su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género,

- En su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género, el Parlamento acogió con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión para combatir la ciberviolencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas (incluido el acoso en internet, la intimidación por internet y la incitación al odio sexista), en particular a activistas, políticas y otras figuras que gozan de visibilidad en el ámbito público. Instó asimismo a los Estados miembros y a la Unión Europea a que adopten más medidas, incluidas medidas legislativas vinculantes, para combatir estas formas de violencia en el marco de una directiva sobre prevención y lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y pidió a los Estados miembros que respalden el desarrollo de herramientas de formación destinadas a los servicios involucrados en todas las fases, desde la prevención y la protección hasta la acción penal, como las fuerzas policiales, el sistema judicial y el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales en línea;

- Su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital,

- En su Resolución, de 11 de febrero de 2021 sobre los retos futuros para los derechos de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, el Parlamento pidió a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas específicas para erradicar la ciberviolencia, incluidos el acoso en línea, la ciberintimidación y el discurso de odio misógino.

 

Base jurídica

 

La base jurídica de esta iniciativa legislativa es el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El término «delincuencia informática» del artículo 83, apartado 1, del TFUE puede referirse a los delitos cometidos contra redes de comunicaciones electrónicas o sistemas de información o mediante su utilización. Desde el Tratado de Lisboa, se ha producido una evolución de la terminología pertinente y los términos «ciberdelincuencia» y «delincuencia informática» se utilizan ahora indistintamente. Las formas graves de violencia de género en línea con una dimensión transfronteriza pueden estar comprendidas en el ámbito de las «delincuencia informática» en el sentido del artículo 83, apartado 1, del TFUE.

 

Para las partes de la propuesta destinadas a promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia y las medidas para proteger, apoyar y garantizar la reparación de las víctimas, también podría ser pertinente el artículo 84 del TFUE. No obstante, si las medidas preventivas previstas se consideraran accesorias a la tipificación como delito de la ciberviolencia, no sería necesario añadir una base jurídica específica.

 

Explicación de las recomendaciones propuestas

 

Las recomendaciones recogidas en el anexo a la Resolución incluyen los siguientes elementos: el objetivo de la directiva; el ámbito de aplicación y las definiciones; las medidas preventivas; la protección, el apoyo y la reparación de las víctimas; el enjuiciamiento y la tipificación como delito de la ciberviolencia de género; y la recogida de datos y la elaboración de informes.

 

El objetivo de la directiva es establecer unas normas mínimas sobre la definición del delito de ciberviolencia de género y las sanciones correspondientes, medidas para promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de ese delito y medidas para proteger, apoyar y garantizar la reparación de las víctimas. Las coponentes de esta iniciativa consideran que la Unión carece de un marco jurídico para luchar contra la violencia de género y, más concretamente, contra la ciberviolencia de género y para proteger y apoyar a las víctimas.

 

Como se indica en la Resolución, existen varias definiciones de ciberviolencia de género, pero no existe ninguna legalmente convenida a escala internacional. Por este motivo, la recomendación sobre el alcance y las definiciones deja a la Comisión la posibilidad de proponer una definición específica que abarque cualquier forma de violencia de género cometida, asistida o agravada parcial o totalmente por el uso de las TIC contra una mujer por su condición de mujer, o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Tal propuesta se basa en la definición utilizada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres en su informe de 2018 sobre la violencia en línea.

 

Las medidas preventivas propuestas están vinculadas a las causas profundas de la violencia de género, incluida la ciberviolencia. Por este motivo, se centran especialmente en la educación, la sensibilización, la eliminación de estereotipos sexistas y el fomento de la investigación. Las medidas también requieren la cooperación multidisciplinar y entre las partes interesadas, incluidos los proveedores de servicios de alojamiento, y la colaboración con empresas tecnológicas en cuanto a las mejores prácticas para abordar la ciberviolencia de género con arreglo a los derechos fundamentales.

 

Para proteger y apoyar a las víctimas de la ciberviolencia de género, la propuesta establece primero qué categorías de víctimas deben considerarse. La intención es ser lo más exhaustivo posible, teniendo en cuenta la interseccionalidad y las necesidades específicas de las víctimas. A continuación, la propuesta incluye varias acciones para aplicar la protección y el apoyo a las víctimas. Se hace especial hincapié en la necesidad de mejorar y facilitar la denuncia y evitar la victimización secundaria. La formación de los diferentes profesionales que estarán en contacto con las víctimas es crucial para lograr este objetivo.

 

Junto a estas acciones, existen servicios específicos de apoyo que deben implantarse o incrementarse para cubrir también a las víctimas de la ciberviolencia de género (teléfonos de ayuda, centros de acogida).

 

Otro elemento de la iniciativa legislativa se refiere al Derecho penal y al enjuiciamiento de la ciberviolencia de género. La UE debe poder establecer normas mínimas para garantizar el enjuiciamiento de la ciberviolencia de género. La recomendación incluida en el anexo no especifica todas las posibles infracciones y agravantes, ya que el rápido desarrollo de las tecnologías digitales puede generar nuevas formas de ciberviolencia, pero ofrece a la Comisión una serie de criterios para definir estos delitos.

 

No obstante, las coponentes consideran que las siguientes conductas deben tenerse en cuenta para establecer la lista de delitos en el contexto de la ciberviolencia de género:

 

- Ciberacoso (incluidos: ciberintimidación, recepción no solicitada de material sexualmente explícito, acoso laboral),

- Ciberhostigamiento,

- violaciones de la privacidad relacionadas con las TIC (incluido el acceso, la divulgación y la manipulación de imágenes o datos privados, incluidos los datos íntimos, sin consentimiento, el abuso sexual basado en imágenes y la divulgación no consentida de imágenes sexuales, la revelación de datos personales y la usurpación de identidad),

- Control o vigilancia a distancia (también a través de aplicaciones espía en dispositivos móviles),

- Amenazas (incluidas las amenazas directas y las amenazas de violencia, extorsión, sextorsión, chantaje),

- Discurso de odio sexista (incluidos: publicar y compartir contenidos violentos, utilizar comentarios o insultos sexistas o de género e insultar a las mujeres por expresar sus propias opiniones y rechazar las insinuaciones sexuales),

- Conductas inductoras del suicidio o la anorexia o las lesiones psíquicas,

- Daños informáticos a archivos, programas, dispositivos y ataques a sitios web y otros canales de comunicación digital,

- Acceso ilícito a cuentas móviles, de correo electrónico, de mensajería instantánea o de redes sociales,

- Incumplimiento de las prohibiciones de comunicación adoptadas por resolución judicial,

- Violencia directa.

Por último, la iniciativa subraya la necesidad de disponer de una estrategia clara en materia de recogida de datos desglosados y comparables y la elaboración de informes por parte de las autoridades interesadas. Si la Unión desea disponer de un marco adecuado para combatir la violencia de género, incluida la ciberviolencia, o la violencia contra las mujeres en general, debe poder recoger y publicar datos sobre las diferentes formas de ciberviolencia de género. Junto con los datos presentados por los Estados miembros, la Comisión debe presentar periódicamente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva que incluya posibles medidas o modificaciones para mejorarla.

 

Conclusión

 

La violencia de género, incluida la ciberviolencia, sigue reforzándose como consecuencia de diversos retos sociales, como se ha observado recientemente durante la crisis relacionada con el brote de COVID-19, y de la falta de voluntad política para que se convierta en una prioridad. Lograr la igualdad de género significa erradicar todas las formas de violencia de género y eliminar las barreras que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos. Existe una amplia gama de enfoques para abordar la ciberviolencia de género en los Estados miembros. Además de la falta de una definición armonizada y de un planteamiento común, otros problemas y retos son los siguientes: la infranotificación, la sensibilización pública y policial limitada y el apoyo insuficiente a las víctimas, así como una investigación y un conocimiento limitados del fenómeno. Por lo tanto, para dar un nuevo impulso a la erradicación de la violencia de género, tanto en línea como fuera de línea, debemos estar dispuestos a examinar las causas subyacentes de la violencia de género, los sistemas que la facilitaron y los factores que la exacerban. Las causas raíz de todos los tipos de violencia de género son las mismas y por eso necesitamos leyes y políticas que las aborden de manera integral. El Convenio de Estambul es hasta ahora el tratado internacional más completo que establece un marco jurídico para proteger a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia y para prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra ellas. Aunque la ratificación del Convenio sigue bloqueada en el Consejo, la Unión no tiene tiempo que perder, ya que cada día de espera supone nuevas víctimas de violencia de género. La iniciativa legislativa propuesta pretende hacer frente a este fenómeno. Utiliza un enfoque global para penalizar determinadas conductas, pero también para apoyar y proteger a las víctimas de las mismas.

 


ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON LAS PONENTES

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad de las ponentes. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con las ponentes durante la preparación del informe, hasta su aprobación en comisión:

 

 

 

Organización o persona

Asha Allen

Responsable de políticas y campañas del Lobby Europeo de Mujeres

Lobby Europeo de Mujeres

Hate Aid

Iverna McGowan

Directora y secretaria general de la oficina europea del Centro para la Democracia y la Tecnología

Laia Serra Perelló

Abogada penalista, docente y activista

Zuzanna Warso

Analista de investigación especializada en la intersección de ciencia, tecnología y legislación en materia de derechos humanos

 

 

 


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

30.11.2021

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

76

8

8

Miembros presentes en la votación final

Magdalena Adamowicz, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Malik Azmani, Simona Baldassarre, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Vilija Blinkevičiūtė, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Maite Pagazaurtundúa, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Samira Rafaela, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Isabella Tovaglieri, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Chrysoula Zacharopoulou, Javier Zarzalejos, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, Yana Toom, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Petar Vitanov, Axel Voss, Isabel Wiseler-Lima

 


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

76

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Isabella Adinolfi, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lefteris Christoforou, Nathalie Colin-Oesterlé, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Nadine Morano, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Paulo Rangel, Christine Schneider, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ernest Urtasun

 

8

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión

ID

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri

NI

Milan Uhrík

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

8

0

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

NI

Nicolas Bay, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

[1] DO C 456 de 10.11.2021, p. 208.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0025.

[3] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0089.

[4] DO C 465 de 17.11.2021, p. 30.

[5] DO C 465 de 17.11.2021, p. 160.

[6] DO C 456 de 10.11.2021, p. 191.

[7] DO C 456 de 10.11.2021, p. 232.

[8] DO C 425 de 20.10.2021, p. 28.

[9] DO C 316 de 6.8.2021, p. 2.

[10] DO C 232 de 16.6.2021, p. 48.

[11] DO C 449 de 23.12.2020, p. 102.

[12] DO C 433 de 23.12.2019, p. 31.

[13] DO C 390 de 18.11.2019, p. 28.

[14] DO C 346 de 27.9.2018, p. 192.

[15] DO C 346 de 27.9.2018, p. 29.

[16] DO C 337 de 20.9.2018, p. 167.

[17] https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf

[18] DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

[19] DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.

[20] DO L 274 de 30.7.2021, p. 41.

[21] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

[22] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&text=&doclang=ES&pageIndex=0&cid=286208

[23] https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

[24] Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, de 18 de junio de 2018, acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos (A/HRC/38/47).

[25] Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

[26] https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis

[27] Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 3 de marzo de 2014, titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE».

Última actualización: 10 de diciembre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad