INFORME sobre las islas de la Unión y la política de cohesión: situación actual y retos futuros

13.5.2022 - (2021/2079(INI))

Comisión de Desarrollo Regional
Ponente: Younous Omarjee
PR_INI

Procedimiento : 2021/2079(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A9-0144/2022
Textos presentados :
A9-0144/2022
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las islas de la Unión y la política de cohesión: situación actual y retos futuros

(2021/2079(INI))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los artículos 174, 175 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión[1],

 Visto el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa[2],

 Vista la declaración final de la 40.ª Asamblea General anual de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) de Europa, de 15 de abril de 2021,

 Visto el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) y los conceptos en él enunciados,

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de octubre de 2020, relativas a la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030,

 Visto el estudio realizado para su Comisión de Desarrollo Regional, titulado «Islands of the European Union: State of play and future challenges» (Islas de la Unión Europea: situación actual y retos futuros), publicado en marzo de 2021,

 Visto el estudio realizado para su Comisión de Desarrollo Regional, titulado «Cohesion Policy and Climate Change» (Política de cohesión y cambio climático), publicado en marzo de 2021,

 Visto el instrumento de recuperación NextGenerationEU,

 Vista la Declaración final de la XXVI Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, firmada en Ponta Delgada el 18 de noviembre de 2021,

 Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 10 de diciembre de 2020, sobre el Informe de la Comisión Europea sobre la puesta en práctica de una asociación estratégica renovada con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea[3],

 Visto el acuerdo del Consejo, de 7 de diciembre de 2021, relativo a la orientación general sobre la propuesta de actualización de las normas de la Unión en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA),

 Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2021, sobre la revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea[4],

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea[5],

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias[6],

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo[7],

 Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2021, sobre el refuerzo de la asociación con las regiones ultraperiféricas de la Unión[8],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[9],

 Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

 Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

 Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 14 de octubre de 2020, sobre un uso sostenible de los recursos naturales en el contexto insular mediterráneo,

 Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0144/2022),

A. Considerando que las regiones insulares de la Unión cuentan con una población estimada de más de veinte millones de habitantes (el 4,6 % de la población total de la Unión); que la población insular de la Unión está repartida en unas dos mil cuatrocientas islas pertenecientes a trece Estados miembros;

B. Considerando que las islas de la Unión que presentan un elevado número de problemas estructurales ya están clasificadas en su mayor parte según la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) como regiones NUTS 2 o NUTS 3;

C. Considerando que en las islas concurren a menudo numerosas desventajas naturales permanentes, como su tamaño reducido, la baja densidad de población en la mayoría de los casos, los retos demográficos como la presión demográfica estacional, los mercados exiguos, la doble insularidad (isla y archipiélago), la topografía complicada muy similar a la de las regiones montañosas, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, y la dependencia de un número reducido de producciones;

D.  Considerando que el cambio demográfico no tiene un impacto uniforme en todos los países y regiones, pero tiene un impacto mayor en las regiones que ya van a la zaga, agravando las desigualdades territoriales y sociales existentes; que las regiones rurales, periféricas y ultraperiféricas, incluidas las islas, son las más afectadas por la despoblación, donde principalmente los jóvenes y las mujeres abandonan esas zonas, lo que se traduce en un aumento de la proporción de personas mayores que viven en ellas, lo que puede aumentar el riesgo de aislamiento social;

E. Considerando que el artículo 174 del TFUE reconoce las particularidades específicas de las islas y que sigue sin aplicarse de manera concreta este artículo por lo que respecta específicamente a los territorios insulares de la Unión; que estas particularidades deben tenerse en cuenta en las políticas de la Unión, en particular mediante la elaboración de una estrategia específica, un plan de acción europeo y una agenda política insular con prioridades de acción claramente definidas;

F. Considerando que todas las regiones insulares están menos desarrolladas en comparación con las regiones continentales del Estado al que pertenecen y tienen un PIB por habitante inferior al de estas;

G. Considerando que tres Estados miembros de la Unión son islas;

H. Considerando que la desconexión física de las islas con respecto al continente y su alejamiento plantean limitaciones adicionales, como sucede con el mercado laboral, las conexiones de transporte y la movilidad sostenibles, la importación de materias primas y productos de consumo, el acceso de las producciones insulares a los mercados exteriores limítrofes, la educación, la asistencia sanitaria, las actividades económicas, el acceso al agua y el saneamiento, el suministro de energía, y las plantas de gestión de residuos; que esta desconexión geográfica dificulta considerablemente la transición ecológica de dichos territorios hacia una economía climáticamente neutra;

I. Considerando que la igualdad de acceso a medidas de calidad e inclusivas para la capacitación y para la mejora y la actualización de las capacidades, así como a información sobre los recursos en materia de competencias, el asesoramiento, la educación y la formación profesional para todas las personas, incluidas las personas que viven en zonas rurales y remotas e islas escasamente pobladas y despobladas, es crucial para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia;

J. Considerando que, con arreglo al artículo 349 del TFUE, para las regiones ultraperiféricas, que en su gran mayoría son islas, la Unión debe adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de las políticas comunes de la Unión en dichas regiones, en particular en ámbitos como las políticas aduanera y comercial, la política presupuestaria, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión; que las medidas específicas adoptadas en todos estos ámbitos contribuyen al fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

K. Considerando que, durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores temporeros y desplazados no han tenido acceso, a menudo, a la asistencia sanitaria básica, a equipos de protección individual y a información adecuada; que a menudo únicamente han contado con un acceso inadecuado o nulo a los mecanismos de protección social en los Estados miembros de acogida, incluidas las prestaciones por enfermedad y por desempleo a corto plazo; que la movilidad de los trabajadores es altamente dependiente de los medios de transporte existentes, y que los trabajadores de las islas y de las regiones ultraperiféricas de la Unión se ven especialmente afectados;

L. Considerando que las consecuencias sociales, económicas, medioambientales y culturales a largo plazo de la crisis de la COVID-19 en los territorios insulares de la Unión Europea son especialmente preocupantes y que la recuperación europea ha de pasar por las islas y no debe generar nuevas disparidades regionales; que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la gran vulnerabilidad de las economías insulares ante este tipo de acontecimientos;

M. Considerando que las tasas de desempleo comúnmente altas de las islas, que tienden a ser más elevadas que en el continente, se han visto gravemente acentuadas por la crisis de la COVID-19, y afectan en particular a los jóvenes;

N. Considerando que las islas y las regiones ultraperiféricas se encuentran en primera línea del cambio climático, que se ven afectadas por el aumento del nivel del mar y la erosión costera, el calentamiento y la acidificación de los mares y océanos y el aumento de la frecuencia y la violencia de las catástrofes naturales, como ciclones, erupciones volcánicas, incendios forestales y tormentas, inundaciones, sequías y problemas de desertificación, que pueden tener efectos negativos en la agricultura y el suministro de alimentos y causar múltiples formas de daños económicos, sociales y medioambientales; que pueden ser excelentes laboratorios para diferentes procesos de transición ecológica y muchas aspiran a alcanzar la autonomía energética a través de las energías renovables;

O. Considerando que las islas poseen numerosos puntos fuertes que deberían aprovecharse mejor;

P. Considerando la excepcional riqueza de la biodiversidad y los ecosistemas de las islas; que los ecosistemas insulares están especialmente amenazados por el impacto del cambio climático y conviene protegerlos;

Q. Considerando que, en muchas islas, las zonas de interior se quedan atrás respecto a las regiones costeras en cuanto a desarrollo económico y accesibilidad de los servicios;

R. Considerando que las explotaciones agrícolas de las islas, la mayoría de ellas de pequeño tamaño, se ven obstaculizadas por su ubicación remota, su insularidad y sus condiciones medioambientales, su dependencia de la energía procedente del continente, la escasa diversidad de la producción debido a las condiciones locales y climáticas y la elevada dependencia de los mercados locales, así como por la crisis climática, la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la falta de infraestructuras básicas como carreteras, suministro de agua, gestión de residuos e infraestructuras digitales y sanitarias; que estas dificultades estructurales a menudo se ven agravadas por la falta de servicios de interés general plenamente desarrollados;

S. Considerando que las islas, en especial las regiones ultraperiféricas, son muy vulnerables a las crisis socioeconómicas, así como a las catástrofes naturales como los fenómenos meteorológicos extremos y la actividad volcánica; que, debido a su aislamiento geográfico y a las dificultades para acceder a suministros básicos procedentes de los territorios continentales, como el combustible o el agua, las islas se ven afectadas más gravemente por fenómenos como la pandemia de COVID-19, que crean dificultades particulares para los agricultores; que los territorios insulares de la Unión reúnen el 80 % de la biodiversidad de europea, albergan muchas de las especies endémicas de Europa y pueden actuar como refugio para especies en peligro de extinción, al mismo tiempo que representan zonas cruciales de invernación, de parada o de paso obligado para aves migratorias, mamíferos e invertebrados, además de albergar tesoros paisajísticos y medioambientales que requieren una protección específica;

T. Considerando que una parte importante del desarrollo socioeconómico de las islas descansa en sectores de carácter altamente estacional, como son la agricultura y el turismo; que los agricultores de las regiones insulares sufren especialmente el declive de la competitividad debido a que deben soportar elevados costes de transporte y no pueden beneficiarse de las economías de escala, dado que la tierra es un recurso escaso en muchas islas; que las islas de la Unión tendrán que cumplir la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como parte esencial del Pacto Verde Europeo para desarrollar sistemas de suministro de alimentos justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente; que estas regiones pueden encontrarse en gran desventaja debido a la competencia de países no pertenecientes a la Unión, que a menudo no respetan las mismas normas en materia de medio ambiente y de producción segura de alimentos y tienen unos costes de mano de obra mucho más bajos;

U. Considerando que el impacto de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en la producción agrícola de la Unión puede tener graves repercusiones en estas regiones debido a su falta de competitividad frente a las importaciones procedentes del extranjero y los retos a los que se enfrentan para la diversificación de sus producciones;

V. Considerando que la biodiversidad marina y terrestre de las islas es en buena parte endémica y, por tanto, más frágil; que el impacto en el medio ambiente de la contaminación marina y costera, así como de la sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es mayor en las islas, y tiene consecuencias muy graves para el empleo, el sector de la pesca artesanal y las comunidades locales, lo que puede ser una fuente de preocupación para las islas;

W. Considerando que las regiones ultraperiféricas y las islas tienen el potencial de contribuir a garantizar un futuro sostenible para Europa en sectores estratégicos como la energía limpia, la biodiversidad y el ecoturismo;

Características y particularidades de las islas de la Unión Europea

1. Reconoce la insularidad como una desventaja estructural permanente; señala que, por ello, es necesario desarrollar estrategias integradoras que permitan a las islas enfrentarse a los desafíos y superar las barreras que la propia insularidad conlleva;

2. Recuerda que el artículo 174 del TFUE establece que la Unión debe conceder una atención especial a las islas europeas;

3. Subraya que las islas europeas, aunque se enfrentan a desafíos comunes, tienen diferentes características geográficas y estructuras institucionales, lo que hace que sea crucial adoptar soluciones flexibles que tengan en cuenta estas especificidades;

4. Lamenta la falta de visión de la Unión con respecto a las islas europeas y pide que se elabore una visión insular europea y se aprovechen los puntos fuertes de las islas;

5. Señala que el artículo 349 del TFUE también reconoce la insularidad entre las condiciones que limitan el desarrollo de las nueve regiones ultraperiféricas y cita la insularidad como una de las condiciones que agravan su situación social y económica estructuralmente frágil; recuerda que el artículo 349 del TFUE prevé medidas específicas para estas regiones ultraperiféricas; pide la adopción de un reglamento específico para las regiones ultraperiféricas sobre la organización común de mercados, a fin de tener en cuenta las especificidades medioambientales, geográficas y sociales de los territorios contemplados en el artículo 349 del TFUE;

6. Subraya que el PIB y el nivel de desarrollo de las islas europeas están por debajo de la media de la Unión y de los países a los que pertenecen;

7. Subraya que una de las mayores desventajas de las islas radica en sus condiciones geomorfológicas y naturales; señala que las islas padecen una doble o triple desventaja natural: la insularidad, el relieve montañoso y su ubicación dentro de un archipiélago;

8. Recuerda que la insularidad genera problemas estructurales de dependencia del transporte marítimo y aéreo, que es un servicio público del que depende la vida cotidiana de los ciudadanos europeos que viven en islas, con costes adicionales para la importación y exportación de mercancías, materias primas, en especial energéticas, y productos de consumo, así como para el transporte de personas;

9. Señala que, en el caso de los archipiélagos, la doble, y a veces triple, insularidad multiplica estas dificultades;

10. Subraya los déficits de las islas en términos de población, materias primas y recursos de todo tipo, y recuerda que, para muchas islas, la cuestión del acceso al agua potable y el saneamiento, en particular para todos los hogares, es crucial en la vida de la población y para el desarrollo de la agricultura, la producción energética, la sostenibilidad de la isla y las posibilidades de desarrollo turístico;

11. Señala que el aislamiento ligado a la insularidad implica la dependencia de los mercados del continente y las zonas continentales y eleva el coste de ciertos servicios, como la gestión de los residuos, así como el coste de ciertos bienes, particularmente para las islas pequeñas o remotas que son altamente dependientes de las importaciones;

12. Subraya que las economías de las islas están orientadas hacia los sectores primario y terciario, y que la hiperespecialización debilita el tejido económico haciéndolo más vulnerable a las desaceleraciones y las crisis; muestra su preocupación por los cambios a largo plazo que podrían desembocar en el turismo como actividad única en muchas islas de la Unión, lo que da lugar a vulnerabilidades estacionales como las diferencias en los recursos financieros entre las temporadas turísticas altas y bajas; destaca, por tanto, la necesidad de diversificar la economía de las islas reforzando sus sectores secundarios, con el fin de lograr un buen equilibrio y un mercado laboral diverso;

13. Observa con preocupación los efectos actuales y a largo plazo de la crisis de la pandemia de COVID-19, que están acentuando una situación ya de por sí precaria en muchos ámbitos en las islas de la Unión; observa con preocupación, asimismo, que el deterioro de la salud mental es un factor importante de la precariedad, debido al aislamiento y a las limitadas opciones de las zonas insulares;

14. Resalta que, en muchas islas y en las regiones ultraperiféricas, las consecuencias de la crisis de la COVID-19 son aún más acusadas que en el continente, como demuestra la fuerte subida de los precios del transporte marítimo de mercancías, y se añaden a las dificultades sociales y económicas estructurales que caracterizan a estas regiones; señala que los actuales aumentos de precios no harán sino reforzar estas dificultades;

15. Recuerda a los Estados miembros que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe proponerse reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo económico, social y territorial de las islas y las regiones ultraperiféricas respecto de las regiones más desarrolladas; pide a la Comisión que, al presentar su informe de revisión al Parlamento, informe de la observancia de esta disposición en los planes nacionales de recuperación;

Problemas y desafíos para las islas europeas

Cambio climático y biodiversidad

16. Subraya que la biodiversidad en las islas se caracteriza por particularidades biogeográficas, filogenéticas y funcionales únicas, que las islas albergan una cantidad significativa de la biodiversidad mundial y grandes colonias reproductoras de especies importantes, pero que también han sufrido una pérdida desproporcionada de biodiversidad; señala que es necesario aplicar políticas y acciones regionales específicas, como una asistencia técnica más coordinada para proteger y restaurar la biodiversidad única de las islas, así como para preservar sus escasos recursos naturales, como el suelo y el agua, con el fin de salvaguardar su productividad agrícola, en particular productos tradicionales sostenibles, y garantizar los medios de subsistencia, contribuyendo al mismo tiempo a lograr el objetivo del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a los agricultores que utilizan prácticas respetuosas con la biodiversidad, en particular mediante una mayor financiación y tasas de cofinanciación más elevadas;

17. Subraya que muchas islas poseen un medio ambiente y una biodiversidad marina y terrestre endémica frágiles, y que el desarrollo del turismo, especialmente en algunas islas del Mediterráneo, está intensificando aún más la presión antropogénica sobre la biodiversidad;

18. Pide políticas y acciones regionales específicas, sostenibles y eficientes para las islas, destinadas a reforzar su capacidad para proteger y restaurar su biodiversidad única, promover una economía azul centrada en el turismo y la pesca sostenibles y apoyar la investigación sobre los fondos marinos; pide a la Comisión que evalúe la incidencia del cambio climático en las islas;

19. Recuerda que las islas están en primera línea del cambio climático, en especial por la subida del nivel del mar y por el calentamiento y la acidificación de los mares y océanos, el creciente impacto de la desertificación y la multiplicación de las catástrofes naturales;

20. Pide a la Comisión que estudie la necesidad de mejorar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y adaptarlo a nuevas realidades y amenazas como las catástrofes naturales o los efectos del cambio climático, con el fin de abordar de forma más realista las consecuencias de estos fenómenos;

21. Pide a la Comisión que aborde urgentemente la importancia de adaptar los mecanismos de emergencia actuales para afrontar catástrofes naturales cada vez más graves, como la erupción del volcán en la isla de La Palma (España), un desafío social y económico sin precedentes que requiere una respuesta proporcional al daño causado;

22. Observa con preocupación los riesgos asociados a la sobreexplotación pesquera y la contaminación marina y costera; pide, en el marco del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo, incluida la Ley Europea del Clima, que se preste un apoyo específico a las islas, algo que es indispensable para su adecuada adaptación, resiliencia y prevención para combatir el cambio climático y adaptarse a él; pide que se desplieguen en las islas de la Unión instrumentos de compensación de los efectos sociales negativos del Pacto Verde Europeo;

23. Pide que se evalúen las estrategias de prevención de los riesgos de catástrofes naturales, las medidas de adaptación al cambio climático y las políticas de ordenación del territorio, a fin de evitar la multiplicación de viviendas e infraestructuras en zonas costeras inundables o en territorios expuestos a deslizamientos de tierras;

Acceso al agua y gestión del agua

24. Considera que las islas pueden representar un laboratorio formidable para prácticas sostenibles en sectores como las energías limpias, la economía circular, la movilidad inteligente, la gestión de residuos y la economía azul; considera necesario, en particular, acortar las cadenas de distribución para reducir las emisiones derivadas del transporte de materias primas y promover la economía circular, lo cual es de gran importancia para que las islas sean más competitivas y autosuficientes;

25. Subraya que casi todas las islas están sufriendo una precariedad cada vez mayor de sus activos medioambientales, en especial de los recursos hídricos; pide, en este contexto, a la Comisión que movilice fondos adicionales para acompañar mejor a las regiones insulares en lo que respecta al acceso y la gestión del agua, y que adopte una política común para las islas destinada a la gestión del agua;

26. Destaca la necesidad de promover la depuración de las aguas, en particular las residuales, y garantizar un ciclo del agua sostenible; recuerda que la desalinización suele ser costosa y no es una forma eficaz de proporcionar la totalidad del suministro de agua de una isla; recuerda, asimismo, los retos relacionados con la gestión de residuos en los territorios insulares, que disponen de recursos limitados para almacenar y tratar los residuos, especialmente en las temporadas turísticas, durante las cuales aumenta la producción de residuos; subraya, asimismo, el papel estratégico de la economía circular, que debe ampliarse para incluir la recogida de los residuos marinos y su reintroducción en la economía;

Transición energética

27. Pide normas específicas y apoyo financiero para ayudar a las islas a alcanzar los objetivos de neutralidad climática, habida cuenta de los costes adicionales vinculados a sectores como la energía y el transporte, así como de la incidencia de las tecnologías móviles en sus sistemas energéticos; reconoce que se requieren inversiones proporcionalmente muy elevadas para gestionar unas energías renovables intermitentes; pide que se tengan en cuenta estos costes en el paquete legislativo de medidas «Objetivo 55»;

28. Destaca la necesidad del paquete legislativo de medidas «Objetivo 55» y las oportunidades que se derivan de él; opina, no obstante, que la aplicación concreta de estas medidas legislativas debe ir de la mano del fomento de la cohesión económica, social y territorial, dado que las islas dependen exclusivamente del transporte aéreo y marítimo;

29. Pide medidas compensatorias concretas que compensen cualquier consecuencia negativa que pueda tener el proceso de transición hacia una economía y una sociedad más limpias en la cohesión económica, social y territorial de las islas, debido a su dependencia del sector del transporte aéreo y marítimo;

30. Considera que es importante llevar a cabo un estrecho seguimiento para garantizar que las islas sean plenamente incluidas en el desarrollo de infraestructuras marítimas ecológicas; pide que se dé prioridad a las islas en el desarrollo de infraestructuras destinadas a la descarbonización del transporte aéreo y marítimo; destaca que las desventajas estructurales de las islas exponen en mayor medida a sus ciudadanos y empresas al aumento de los precios;

31. Recuerda que, por sus pequeñas dimensiones y el aislamiento de sus sistemas energéticos, las islas se enfrentan a un importante desafío en lo que respecta al suministro de energía, ya que en general dependen de las importaciones de combustibles fósiles para la producción de electricidad, el transporte y la calefacción;

32. Considera que el uso de la energía renovable, incluida la energía de las mareas, debe ser una prioridad que aporte ventajas sustanciales a las islas, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades locales, en particular la conservación de la arquitectura tradicional de las islas y los hábitats locales; solicita, por tanto, que se apoye el desarrollo de una amplia gama de fuentes de energía renovables sobre la base de las características geográficas de las islas; acoge con satisfacción los programas de producción de hidrógeno verde emprendidos por las islas;

33. Pide que se establezca un objetivo de autonomía energética para todas las islas europeas basado en las energías renovables y respaldado con los recursos financieros necesarios, por medio de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la introducción de medidas para aumentar el potencial de las energías sostenibles y renovables; pide una mayor investigación para lograr que la energía oceánica sea más asequible y se ajuste mejor a las características geográficas de las diferentes cuencas marítimas;

34. Subraya que, con el fin de alcanzar una transición medioambiental eficaz, es fundamental reforzar la capacidad administrativa de las instituciones locales de las islas europeas y desarrollar su potencial como motores de competitividad económica, social y territorial y como promotoras de una conducta respetuosa con el clima entre los ciudadanos; recuerda que esta transición también depende de políticas e iniciativas de investigación e innovación sólidas que fomenten la colaboración entre las partes interesadas locales, promoviendo al mismo tiempo una mayor utilización de las instalaciones de investigación en los territorios insulares;

35. Recuerda a los Estados miembros que sus planes nacionales de transición, previstos en el Fondo de Transición Justa, deben incluir un estudio y un análisis específicos en relación con cada una de sus islas;

Desarrollo económico y social

36. Destaca la importancia de apoyar el tejido económico local de las islas europeas, en particular las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes);

37. Pide a los Estados miembros que utilicen fondos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para apoyar la creación de empleo de calidad, promover la conciliación entre la vida profesional y la vida privada y ofrecer oportunidades de empleo en las regiones en riesgo de despoblación, prestando especial atención a la mejora de la participación de las mujeres en el mercado laboral; subraya la importancia de los servicios de asesoramiento, el aprendizaje permanente y los programas para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores de todas las edades;

38. Pide que se adopten medidas urgentes para limitar la despoblación de las islas, así como la fuga de cerebros y capacidades, y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en particular mejorando la accesibilidad para los grupos vulnerables, apoyar a las empresas locales y proteger los empleos, y para abordar el envejecimiento de la población; pide que se estimule del mismo modo el desarrollo de centros de formación, perfeccionamiento profesional, mejora de las capacidades, desarrollo emprendedor, innovador y sostenible, y empleo para los residentes de las islas, en particular para las mujeres, cuya tasa de desempleo es más elevada que la de los hombres en casi todas las islas de la Unión, y los jóvenes;

39. Hace hincapié en la necesidad de extender el acuerdo del Consejo, de 7 de diciembre de 2021, relativo a la propuesta de actualización de las normas de la Unión en lo que respecta a los tipos del IVA a todas las zonas insulares de la Unión, cuando proceda;

40. Recuerda que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las fragilidades de muchas islas europeas en materia de salud; subraya, por tanto, la importancia de desarrollar y mejorar las infraestructuras sanitarias y el acceso a la asistencia y de prestar apoyo para fomentar el establecimiento de profesionales sanitarios, en particular en los territorios insulares más remotos;

41. Subraya la necesidad de fomentar, a escala local, la estrecha cooperación, la movilidad y los intercambios de conocimientos entre las instituciones de educación, investigación e innovación tecnológica, las empresas y los ciudadanos; pide a la Comisión, por tanto, que garantice que los habitantes de las islas europeas, en especial las más alejadas del continente, puedan participar de forma plena y equitativa en los programas de movilidad europeos, como Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, DiscoverEU o el futuro programa ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve»);

42. Recuerda la importancia de programas de la Unión como la Garantía Juvenil; pide a los Estados miembros que apliquen rápidamente este programa, en estrecha consonancia con los fondos de la Unión, como el FSE+, para hacer frente a la situación de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, con especial preocupación por las personas que viven en zonas rurales y regiones con limitaciones naturales o demográficas en sus mercados laborales, incluidas las islas, con el fin de garantizar que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, educación profesional o formación profesional, que puedan desarrollar las capacidades necesarias para oportunidades de empleo en una amplia gama de sectores, o que se les ofrezca una formación como aprendices o un período de prácticas, con remuneración, en un plazo de cuatro meses desde que se quedaron sin empleo o acabaron la educación formal;

43. Acoge con satisfacción los esfuerzos para hacer que la Garantía Juvenil sea más inclusiva y evitar cualquier forma de discriminación, en particular hacia los jóvenes que viven en zonas remotas, rurales o urbanas desfavorecidas o en territorios de ultramar y regiones insulares;

Cultura

44. Considera que la cultura y el desarrollo del sector cultural en las islas son fundamentales; considera que las identidades culturales y lingüísticas de las islas deben ser protegidas y promovidas, en particular en contextos educativos, ya que contribuyen a generar valor para las islas y para toda la Unión en muchos ámbitos;

45. Pide a la Comisión que haga del 2024 el Año Europeo de las Islas;

Agricultura y pesca

46. Pide a la Comisión que valore la necesidad de un reglamento en el que se dispongan medidas específicas en el ámbito de la agricultura para todas las islas de nivel NUTS 2 y NUTS 3, con el fin de lograr la autonomía alimentaria y aumentar la competitividad de sus producciones, sin perjuicio de los instrumentos existentes, como el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) y el Reglamento por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo[10];

47. Pide que se adopten medidas destinadas a superar el desfase económico entre las zonas de interior y las regiones costeras, que persiste con mucha frecuencia en los territorios insulares;

48. Señala que la agricultura y los productos alimenticios de las islas son de una calidad única debido a las condiciones microclimáticas y topográficas de las islas; destaca la necesidad de promover el consumo de productos agrícolas de las regiones insulares y periféricas por medio de la política de cohesión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen soluciones sostenibles para transportar productos agrícolas entre la mayoría de las islas y el continente; opina que esto aumentará la competitividad, en particular de las islas más pequeñas, y fortalecerá a los pequeños agricultores;

49. Insiste en la necesidad de aumentar el apoyo al desarrollo sostenible de las islas, dentro de los límites ecológicos y del respeto de un entorno terrestre y marino sano, a la agricultura, la gestión y conservación forestales, la ganadería, la acuicultura, la pesca sostenibles, la producción local y la economía azul, también a través de programas de cooperación europea; considera necesario reforzar el apoyo de la Unión a la modernización de la actividad agrícola en las islas, entre otras cosas mediante el fomento de la agricultura de precisión, a fin de ayudar a esas regiones a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo;

50. Señala que el desfase del desarrollo que sufren las zonas rurales insulares se ve aún más acentuado por el hecho de que, dado que la mayoría de las islas carecen de ciudades dinámicas, no pueden beneficiarse del efecto económico colateral de las ciudades; observa que esto da lugar a una disminución de la competitividad, especialmente en lo que respecta a la capacidad de las pymes de explorar las economías de escala;

51. Hace hincapié en la importancia de la ordenación del territorio centrada en un uso eficaz y eficiente del suelo;

52. Destaca la importancia de llegar a los habitantes de las zonas rurales y remotas y hacer que las oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional sean más accesibles y estén diseñadas para quienes trabajan en la agricultura, la pesca, la silvicultura y otros empleos en estas regiones, así como de proporcionarles las capacidades ecológicas y digitales y todas las demás capacidades necesarias para permitirles aprovechar mejor las oportunidades presentes y futuras que ofrecen la economía verde y azul y realizar una contribución importante a la conservación del medio ambiente;

53. Destaca la ausencia de soluciones sostenibles para el transporte de productos agrícolas entre la mayoría de las islas y el continente, así como para la exportación y la importación de productos agrícolas desde y hacia las islas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen, en sus planes de desarrollo para las islas de la Unión, los proyectos innovadores para crear unas conexiones más ecológicas;

54. Pide a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles en el marco de la política de cohesión y que identifiquen y promuevan las oportunidades de complementariedad y sinergias entre los distintos fondos y políticas europeas, con el fin de reforzar la seguridad alimentaria y la autosostenibilidad de las islas, en particular fomentando del uso de fuentes de energía renovables, y hacer de la islas parte integrante de la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y circulares y zonas rurales inteligentes, de tal manera que las desventajas geográficas se conviertan en oportunidades; opina que fomentar el papel de las islas en la cadena alimentaria sostenible mediante los instrumentos políticos de la Unión, incluida la política de cohesión, podría generar nuevas oportunidades de empleo y reducir la tendencia a la despoblación en las regiones insulares;

55. Destaca la necesidad de apoyar cadenas de suministro cortas remuneradoras y respetuosas con el medio ambiente, así como el desarrollo de un sector agrícola que dé prioridad a las producciones tradicionales de alto valor añadido, el consumo local y las soluciones ecológicas, y contribuya a lograr la autonomía alimentaria;

56. Destaca la necesidad de seguir aplicando la Declaración de Cork II «Una vida mejor en el medio rural» para analizar los actuales retos y oportunidades a los que se enfrentan las islas europeas; pide que la visión a largo plazo para las zonas rurales integre específicamente las particularidades de las regiones ultraperiféricas y las islas del Egeo; pide a la Comisión que fomente la elaboración de políticas sobre la insularidad durante los procesos de planificación regional para apoyar la agricultura, la producción alimentaria y el agroturismo sostenibles, la economía azul y la conectividad, en particular mediante fondos complementarios a los del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), así como para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, introducir la economía circular y fomentar la transición hacia las energías renovables; pide a la Comisión, asimismo, que calcule el coste real de la insularidad y la doble insularidad de las regiones de los archipiélagos, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y los puntos fuertes de las regiones insulares, en particular de las regiones ultraperiféricas; considera que debería tenerse en cuenta el coste real de la insularidad de las regiones insulares en la política de cohesión de la Unión, al mismo tiempo que debería realizarse una evaluación de impacto de las iniciativas y acciones de la Unión en las islas sobre la base de datos actualizados y armonizados; resalta que el observatorio rural brinda una oportunidad única de producir datos de alta calidad, adecuados y actualizados para los territorios insulares, centrados, entre otras cosas, en el acceso a la tierra y que sienten las bases para un desarrollo agrícola y económico integral de las islas;

57. Considera que el transporte de animales vivos debe seguir realizándose por mar, habida cuenta de la fuerte dependencia de su exportación para el sector agrícola de algunas islas, principalmente de las más pequeñas, que no pueden transportar canales de animales debido a su pequeño tamaño y a la consiguiente falta de infraestructuras;

58. Considera necesario reforzar el apoyo de la Unión a la modernización de la actividad agrícola en las islas, entre otras cosas mediante el fomento de la agricultura de precisión, a fin de ayudar a esas regiones a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo;

59. Señala, no obstante, que, dado que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» limita aún más el uso de productos fitosanitarios en la Unión, deben tenerse asimismo en cuenta las especificidades de los cultivos tropicales y subtropicales en las regiones ultraperiféricas y debe limitarse el acceso a los mercados de la Unión de los productos que no cumplan las normas de la Unión;

60. Considera que, específicamente en lo que respecta a las regiones ultraperiféricas, la cohesión de la Unión debe perseguirse mediante: el refuerzo del artículo 349 del TFUE, principalmente consolidando el «acervo de la Unión» aplicable en dichas regiones; el mantenimiento y el refuerzo del POSEI y de su presupuesto, principalmente extendiéndolo a otros sectores más allá de la agricultura, como la pesca, el transporte, el turismo, etc.; y la garantía de otorgar un trato diferenciado a los productos de las regiones ultraperiféricas en la renegociación de todos los acuerdos de asociación económica y acuerdos de libre comercio, así como la protección total en dichas negociaciones de los productos agrícolas delicados, como el plátano, el tomate, el azúcar y la leche;

61. Solicita que se refuercen los mecanismos específicos en el marco de la PAC a través del POSEI para permitir la reducción de la dependencia de las regiones ultraperiféricas de las importaciones agrícolas y agroalimentarias y fortalecer la seguridad alimentaria y la capacidad de estas regiones para acceder a sus mercados, sean internos de su propio territorio o de otra parte de la Unión; pide, en este sentido, un aumento en el presupuesto del POSEI a partir de 2027 para satisfacer las crecientes necesidades de estas regiones remotas e insulares y desarrollar su producción local, dado que deben hacer frente a importantes costes de producción adicionales;

62. Pide a la Comisión que mantenga la tasa de cofinanciación a largo plazo para las regiones ultraperiféricas en el 85 % para el Feader, a fin de garantizar el desarrollo socioeconómico de esos territorios y aliviar así los problemas derivados de su ubicación remota;

63. Pide que se exija el riguroso cumplimiento de las normas medioambientales y sociales europeas aplicables a las mercancías tropicales procedentes de países no pertenecientes a la Unión y que se instauren de forma sistemática cuotas a la importación de productos tropicales originarios de estos países, sobre la base de los flujos existentes; considera que se deben introducir mecanismos de vigilancia y sanción específicos para controlar la observancia de estas condiciones; recomienda que se imponga el principio de conformidad a las importaciones de países no pertenecientes a la Unión, en particular a los productos ecológicos;

64. Reconoce que las regiones costeras y las ultraperiféricas dependen históricamente de la pesca y deben beneficiarse de una ayuda financiera para consolidar el empleo en el sector pesquero y desarrollar nuevos sectores, así como para crear nuevos puestos de trabajo, en particular en la pesca artesanal; pide a los Estados miembros que establezcan políticas para proteger los puestos de trabajo existentes, crear diferentes puestos de trabajo nuevos y promover la digitalización; destaca la importancia de evitar todo tipo de discriminación en el mercado laboral y de proteger y apoyar a los grupos vulnerables y desfavorecidos; apoya el uso combinado de los Fondos Estructurales y de Inversión para crear sinergias, evitando al mismo tiempo las duplicaciones;

65. Manifiesta su gran preocupación por la salud física y mental de los trabajadores de la industria pesquera, que a menudo está en riesgo, no solo por la peligrosidad inherente del trabajo en alta mar, sino también por la utilización de embarcaciones que no cumplen la normativa de seguridad en vigor, lo que aumenta su exposición a sufrir accidentes de trabajo, en particular accidentes graves; pide, por tanto, a las autoridades competentes que garanticen unas condiciones laborales seguras y dignas para todos los trabajadores del sector, así como unas condiciones de competencia equitativas y una competencia leal entre las empresas del sector pesquero en todo el mundo, sin rebajar las normas europeas; pide a los Estados miembros que presten la ayuda adecuada para la mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo de la flota con respeto de los requisitos de sostenibilidad medioambientales y prestando especial atención a la pesca artesanal, en particular en la regiones insulares y ultraperiféricas, donde la media de edad de las embarcaciones es considerablemente más alta que en la pesca industrial; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de llegar a un acuerdo cobre la seguridad de los buques pesqueros;

Turismo

66. Señala que el sector turístico es el principal factor que contribuye al crecimiento económico de las regiones insulares en términos de ingresos y empleo; pide, por tanto, a la Comisión que proporcione un apoyo financiero específico complementario para el turismo sostenible en las islas, a fin de solucionar el problema del turismo estacional y apoyar proyectos piloto innovadores para promover soluciones más ecológicas y digitales en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, y que ayude a las islas altamente dependientes del turismo a diversificar sus economías; pide a la Comisión, asimismo, que cree una etiqueta europea de turismo sostenible para impulsar los puntos fuertes y los esfuerzos de las islas y las regiones insulares en este ámbito;

67. Destaca la necesidad de reforzar el enfoque integrado de desarrollo territorial de las islas, como las inversiones territoriales integradas y el desarrollo local comunitario, así como iniciativas como las relativas a los pueblos inteligentes y los centros europeos de innovación digital con respecto a las islas, con el fin de apoyar la agricultura y la producción alimentaria sostenibles, prestando especial atención a las prácticas respetuosas con el medio ambiente, así como al agroturismo sostenible; destaca la importancia de promover un uso inteligente de la energía y el agua para garantizar que las islas saquen el máximo provecho de sus escasos recursos;

Acceso a los servicios públicos

68. Pide que se desarrollen y mejoren las infraestructuras de transporte de las islas, con el fin de fomentar el transporte sostenible, y que se apoye la modernización y la ecologización de las infraestructuras viarias, aeroportuarias y portuarias, garantizando al mismo tiempo una transición socialmente justa; pide, en particular, que se apoye el transporte público y privado respetuoso con el medio ambiente;

69. Pide que se dé prioridad a una mayor inversión en infraestructuras básicas que mejoren el acceso de todos los hogares al agua potable y a los servicios de saneamiento;

70. Subraya la necesidad de garantizar la continuidad territorial de todas las islas a través del transporte marítimo y aéreo sostenible, velando estrictamente por evitar las situaciones de monopolio, salvo en los casos de escasez de servicios regulares de transporte en una situación de libre competencia, que requieren que se recurra a acuerdos de servicio público; subraya la importancia de reducir los costes del transporte de pasajeros y mercancías, en particular ofreciendo tarifas reducidas a los residentes, y de garantizar la seguridad y la adecuación de los puentes terrestres y las conexiones por carretera;

71. Pide a la Comisión que garantice que el programa de trabajo 2021-2023 del Mecanismo «Conectar Europa» y los programas europeos de cooperación contribuyan a la accesibilidad territorial de las islas; señala que mejorar la accesibilidad de las islas y desarrollar conexiones de transporte sostenibles hacia y entre ellas es crucial para su desarrollo y para la prestación de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la asistencia social; considera que las mejoras de este tipo no deben limitarse al continente ni, en su caso, a los Estados miembros de la Unión;

72. Subraya, en especial en el contexto de la crisis de la pandemia de COVID-19, la importancia de mejorar las infraestructuras sanitarias, reforzar los servicios de telemedicina y telepsiquiatría y mejorar la prestación de asistencia sanitaria primaria y el acceso a medicamentos en las islas de la Unión;

73. Subraya que la igualdad de oportunidades para todos es fundamental, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a las medidas para colmar la brecha de competencias digitales, garantizando que las regiones vulnerables, incluidas las zonas rurales y remotas y los ciudadanos desfavorecidos, tengan acceso a la educación y la formación digitales y al equipo informático mínimo requerido y dispongan de un acceso generalizado a internet, así como de apoyo digital y de otras herramientas de aprendizaje tecnológico; subraya que debe prestarse apoyo a estos grupos para aumentar las capacidades digitales que necesitan para prosperar y evitar la profundización de las desigualdades, garantizando que nadie se quede atrás;

74. Subraya que la digitalización y la conectividad digital eficiente para las islas son una prioridad absoluta, en particular para contribuir a superar las desventajas geográficas a las que se enfrentan y mejorar la oferta de tecnologías e infraestructuras digitales, los servicios de educación y formación, así como la sanidad electrónica, en particular la telemedicina y la telepsiquiatría, y otros servicios gubernamentales esenciales para los ciudadanos y las pymes, que tienen efectos positivos para las estrategias y las operaciones empresariales;

75. Subraya la importancia de mantener las infraestructuras digitales que conectan las islas de la Unión con el resto del mundo, concretamente destinando fondos europeos suficientes para la sustitución de los cables submarinos obsoletos;

76. Considera que, sobre todo en las islas pequeñas, las pymes tienen dificultades para acceder fácilmente a toda la información relativa a la promoción del emprendimiento, al desarrollo de capacidades y a las oportunidades financiadas por la Unión; pide, en este sentido, que se ofrezcan mayor apoyo financiero, así como mejores sesiones informativas, servicios de asesoramiento y formación a medida;

Migración

77. Observa que algunas islas se enfrentan a la llegada de un gran número de migrantes, que a veces superan con creces a la propia población local, y que no están en situación de poder suministrar los medios necesarios de acogida y ayuda;

78. Llama la atención sobre la presión específica y desproporcionada que recae en los sistemas de asilo y acogida en las islas, las islas periféricas y las regiones ultraperiféricas; pide que el plan de acción europeo para las islas reconozca esta realidad con respecto al asilo y la migración, que requiere soluciones coordinadas a escala europea que respeten el bienestar y la dignidad de las personas, abordando al mismo tiempo la presión;

Reevaluación de los regímenes de ayudas estatales y las medidas destinadas a reducir el déficit de desarrollo

79. Pide a la Comisión que elabore un análisis del volumen de las ayudas estatales concedidas a las empresas establecidas en las islas de la Unión; considera que es ineludible, a pesar de los esfuerzos realizados por la Unión y los Estados miembros, determinar si las empresas situadas en los territorios insulares han podido beneficiarse de dichas medidas y en qué medida y reevaluar las normas sobre ayudas estatales en consecuencia; subraya, en este sentido, la importancia de flexibilizar las ayudas estatales a las empresas de transporte aéreo y marítimo en estos territorios insulares, dada su total dependencia de estos medios de transporte;

80. Pide que toda futura revisión del marco legislativo relativo a las ayudas estatales se someta a estudios de impacto basados en indicadores específicos que permitan evaluar el retraso de la competitividad de las economías de las regiones insulares, también en lo relativo a las consecuencias del paquete legislativo de medidas «Objetivo 55» en dichos territorios, y diseñar un régimen degresivo específico para los territorios insulares cuando las medidas extraordinarias previstas en el marco temporal de las ayudas estatales finalicen después del 31 de diciembre de 2021;

81. Pide que se cree una subcategoría «islas», dadas sus características diferenciadas, con respecto a la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales de ámbito regional para el período 2021-2027, y que se supriman los límites «de minimis» para las islas y las regiones ultraperiféricas europeas, por encima de los cuales se exige la autorización de la Comisión;

82. Subraya la necesidad de un enfoque más flexible para garantizar un despliegue más eficaz de la financiación europea en los territorios insulares y las regiones ultraperiféricas, sin comprometer las normas de calidad y los procedimientos de supervisión pertinentes;

83. Observa que la actual norma de minimis restringe la competitividad y plantea dificultades en las islas y las regiones ultraperiféricas europeas; opina que todas las islas de la Unión deben quedar exentas de los límites aplicables de la norma de minimis, de modo que se vean menos perjudicadas; pide, asimismo, a la Comisión que adapte las normas sobre ayudas estatales para garantizar que las ayudas para poner remedio a la insularidad no se consideren ayudas estatales sino una compensación para colocar a las islas y regiones ultraperiféricas europeas en pie de igualdad con sus homólogas continentales;

84. Pide que vuelva a evaluarse el criterio de la distancia (150 km) utilizado para clasificar a las islas como regiones fronterizas que pueden optar a la financiación de los programas de cooperación transfronteriza en el marco del objetivo de cooperación territorial de la política de cohesión o en el marco de la política europea de vecindad, teniendo en cuenta la situación de las islas; considera que, en caso de que sea necesario fijar algún tipo de límite, sería más conveniente, en el caso de las regiones insulares, aplicar la condición de territorio transfronterizo a escala de la cuenca marítima;

Una política de la Unión específica y adaptada a las islas

85. Subraya que la falta de datos estadísticos acerca de las islas dificulta la elaboración de políticas específicas; pide a la Comisión que cree un Instituto Europeo de Territorios Desfavorecidos, en relación con el artículo 174 del TFUE, que se encargue de recopilar datos estadísticos fiables y agregados, incluidos datos desglosados por género, que se actualicen periódicamente con criterios armonizados a todos los niveles administrativos; pide a la Comisión que mejore la recogida de datos estadísticos sobre las islas europeas y que introduzca una verificación territorial en las evaluaciones de impacto de sus propuestas, con el fin de desarrollar políticas específicas y evaluar cómo afectaría la legislación propuesta a los ciudadanos y las empresas en las distintas regiones;

86. Resalta que, en la actualidad, no todas las islas están cubiertas por la legislación de la Unión en materia de clasificación territorial; pide a la Comisión que inicie un debate al respecto, con vistas a incluir a las islas en la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas y que considere la posibilidad de crear un programa similar a la Iniciativa Urbana Europea para apoyar las asociaciones entre las islas europeas, con el fin de establecer enfoques innovadores para los problemas específicos de las islas, compartir las mejores prácticas y aplicar soluciones beneficiosas para los ciudadanos y las empresas;

87. Pide a la Comisión que tome nota de los estudios ya elaborados por las islas europeas en relación con los retos y los costes adicionales vinculados a la insularidad, y que realice análisis interdisciplinarios que abarquen las características demográficas, geográficas, económicas, sociales y medioambientales de los territorios insulares, con el objetivo de garantizar que estas regiones no sufran ninguna desventaja competitiva vinculada a su condición geográfica;

88. Pide la creación de una partida presupuestaria adicional, destinada a ayudar a las islas europeas a superar los desafíos y las disparidades a las que se enfrentan y a cubrir los sobrecostes relacionados con las islas europeas en el marco de la futura política de cohesión; sugiere que se amplíe el punto de contacto insular mediante la creación de un grupo de trabajo para las islas en el seno de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión;

89. Pide a la Comisión que considere la asignación del presupuesto en función del PIB per cápita con el fin de cubrir todas las disparidades entre las islas;

Un pacto de las islas y un plan de acción europeo para las islas

90. Pide a la Comisión que realice una valoración dinámica del artículo 174 del TFUE y que se base en este artículo para crear una auténtica Agenda insular europea y que cree una estrategia europea para las islas, basada en el presente informe, que esté en consonancia con las necesidades locales y las realidades sobre el terreno y en la que se tengan en cuenta las particularidades de cada una de las cuencas marítimas de la Unión Europea; pide a la Comisión que realice un estudio sobre las diversas situaciones de los territorios insulares y que se plantee una estrategia para las islas con propuestas concretas;

91. Pide que se elabore y se ponga en práctica lo antes posible un pacto de las islas, con la participación de las principales partes interesadas, a saber, las autoridades nacionales, regionales y locales, los agentes económicos y sociales, la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales, siguiendo los pasos del pacto urbano y el futuro pacto rural;

92. Subraya que el diálogo con las comunidades insulares y entre estas es esencial para fomentar la proximidad al proyecto europeo, tender puentes entre culturas, estimular el interés por los procesos de toma de decisiones y promover la construcción de la propia Unión Europea;

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93. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las islas de la Unión Europea se han visto muy perjudicadas por la crisis de la COVID-19, que ha afectado a unas economías que ya eran vulnerables debido a la insularidad y a otras desventajas estructurales permanentes. Al caracterizarse principalmente por una «desconexión» física del continente, muchos retos obedecen a condiciones permanentes, entre otras, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, la falta de infraestructuras, el aumento de los precios y los costes. La elevada concentración de los mercados económicos insulares en los sectores primario y terciario ha afectado aún más a estos territorios. El sector turístico ha sido uno de los más frágiles, y la creciente hiperespecialización de las islas en torno a él debe contrarrestarse mediante el desarrollo de otras actividades en los sectores primario y secundario, y de otras actividades de servicios, especialmente aquellas asociadas al terreno digital.

 

Esta crisis se suma al Brexit, que ha sacudido Europa y, en especial, la zona atlántica en sectores muy diversos, como la pesca. Las islas de la Unión Europea también están en primera línea del cambio climático, en particular con la subida del nivel del mar y la erosión de las costas, el calentamiento y la acidificación de los mares y océanos, que entrañan inmensos riesgos para los núcleos humanos y la biodiversidad marina y terrestre. Además, las islas están más expuestas y son más vulnerables a las catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios forestales o los ciclones.

 

Las islas de la Unión Europea, pese a estar reconocidas legalmente como territorios desfavorecidos, no siempre se benefician de las ayudas específicas que se enuncian en los Tratados. La Unión Europea es ante todo un continente marítimo cuyas islas son fuentes de una importante riqueza geográfica, cultural, lingüística y medioambiental. Por consiguiente, la política de la Unión Europea debería tener más en cuenta estos territorios en el marco de una política común para todos los territorios insulares europeos.

 

En concreto, este informe apela a que se dé una respuesta más eficaz ante los desafíos a los que se enfrentan las islas de la UE, tanto en el ámbito demográfico como en el económico o medioambiental. Además, el ponente pide que se ponga en práctica una estrategia europea para las islas, en otras palabras, un pacto para las islas. También pide que las políticas de la Unión Europea tengan en cuenta las particularidades de las islas y sus cuencas marítimas, en especial mediante una gestión y recopilación más eficaces de la información estadística o una revisión del régimen de ayudas estatales destinadas a las regiones. Por último, este informe apela a la creación de un pacto insular, basado en el modelo del pacto urbano, con vistas a definir una política común de la Unión sobre la cuestión insular.

 


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (13.1.2022)

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre las islas y la política de cohesión: situación actual y retos futuros

(2021/2079(INI))

Ponente de opinión: Petros Kokkalis

 

 

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

 Considerando que el sector agroalimentario tiene una importancia estratégica para las islas en términos de uso más sostenible de los recursos naturales; que el nuevo escenario climático RCP4.5 de trayectoria de concentración representativa prevé graves problemas en el futuro para la agricultura;

 Considerando que las explotaciones agrícolas de las islas, en su mayoría pequeñas explotaciones, se ven perjudicadas por su ubicación remota, insularidad, especificidades medioambientales, dependencia de la energía procedente del continente, escasa diversidad de la producción debido a las condiciones locales y climáticas y gran dependencia de los mercados locales; que también se ven limitadas por la crisis climática, la degradación medioambiental, la pérdida de la biodiversidad y la falta de infraestructuras básicas como carreteras, infraestructuras de abastecimiento de agua, instalaciones de gestión de residuos e infraestructuras digitales y sanitarias; que estas dificultades estructurales a menudo se ven agravadas por la falta de servicios de interés general plenamente desarrollados;

C. Considerando que las islas, en especial las regiones ultraperiféricas, son muy vulnerables a las crisis socioeconómicas, así como a las catástrofes naturales como los fenómenos meteorológicos extremos y la actividad volcánica; que, debido a su aislamiento geográfico y a las dificultades para acceder a suministros básicos procedentes de los territorios continentales, como el combustible o el agua, las islas se ven afectadas más gravemente por fenómenos como la pandemia de COVID-19, que crean dificultades particulares para los agricultores; que los territorios insulares de la Unión reúnen el 80 % de la diversidad de Europa, albergan muchas de las especies endémicas del continente e incluso pueden actuar como refugio para especies amenazadas o en peligro de extinción, al mismo tiempo que representan zonas cruciales de invernada, de parada o de paso obligado para aves migratorias mamíferos e invertebrados, y un tesoro paisajístico y medioambiental que requiere una protección específica;

D. Considerando que una parte importante del desarrollo socioeconómico de las islas descansa en sectores de carácter altamente estacional, como son la agricultura y el turismo; que los agricultores de las regiones insulares se enfrentan en particular a una menor competitividad debido a que deben soportar elevados costes de transporte y no pueden beneficiarse de las economías de escala, dado que la tierra suele ser un recurso escaso; que las islas tendrán que cumplir la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como parte esencial del Pacto Verde Europeo para desarrollar sistemas de suministro de alimentos justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente; que estas regiones pueden encontrarse en gran desventaja debido a la competencia de terceros países, que a menudo no respetan las mismas normas en materia de medio ambiente y de producción segura de alimentos y tienen unos costes de mano de obra mucho más bajos;

E. Considerando que el impacto de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en la producción agrícola de la Unión puede tener graves repercusiones en las regiones insulares debido a su falta de competitividad frente a las importaciones de terceros países y los retos a que se enfrentan para la diversificación de sus producciones;

1. Pide a la Comisión que apoye una financiación adecuada, también mediante los programas para las regiones ultraperiféricas de la Unión (programa POSEI) y para todas las islas menores del mar Egeo en el marco de la política agrícola común (PAC) y sin recortes presupuestarios; considera que esto es necesario para mejorar la competitividad de la agricultura, salvaguardar el desarrollo de las actividades agrícolas tradicionales, proteger el suministro de productos agrícolas esenciales a estas regiones, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales, proteger rigurosamente los ecosistemas que constituyen zonas ricas en biodiversidad, desarrollar cadenas de suministro remuneradoras y respetuosas con el medio ambiente, promover cadenas de distribución cortas cuando sea posible, desarrollar un sector agrícola diversificado, fomentar un acceso más fácil a las nuevas tecnologías sostenibles y apoyar un desarrollo territorial armonizado y equilibrado en las islas de la Unión;

2. Celebra que se hayan mantenido los fondos del POSEI y la financiación de las islas menores del mar Egeo en el actual marco financiero plurianual; destaca el papel que desempeñan estos programas en la salvaguarda de las actividades tradicionales, la diversificación de la producción agrícola para el consumo local y la garantía de un suministro suficiente de productos agrícolas; pide a la Comisión que analice la situación a que se enfrentan las islas, en especial las de regiones ultraperiféricas, en caso de dificultades de suministro de alimentos, como las registradas a raíz de la pandemia de COVID‑19, y proponga medidas adaptadas al carácter remoto de estas regiones; subraya, además, que, de conformidad con un informe de la Comisión de 2016, sin el régimen específico POSEI, el riesgo de abandono de la producción podría afectar negativamente la cobertura de algunas necesidades específicas, como el empleo, las cuestiones medioambientales y la dimensión territorial de las regiones ultraperiféricas; insta a la Comisión a que incremente las dotaciones financieras del POSEI en circunstancias excepcionales, como las que afectan actualmente al sector agrícola de la isla de La Palma (islas Canarias) tras la erupción del volcán iniciada el 19 de septiembre de 2021; pide a la Comisión que, como alternativa, flexibilice la gestión y la aplicación del POSEI a fin de garantizar que los agricultores y ganaderos de las regiones ultraperiféricas puedan recibir la totalidad de las ayudas sin tener que cumplir el requisito de alcanzar el 70 % de la producción cuando se den situaciones de fuerza mayor o catástrofes naturales;

3. Pide a la Comisión que mantenga la tasa de cofinanciación a largo plazo para las regiones ultraperiféricas en el 85 % para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), a fin de garantizar el desarrollo socioeconómico de esos territorios y aliviar los problemas derivados de su ubicación remota;

4. Destaca la necesidad de reforzar el enfoque integrado de desarrollo territorial de las islas, como las inversiones territoriales integradas y el desarrollo local comunitario, así como iniciativas como las relativas a los pueblos inteligentes y los centros europeos de innovación digital, con el fin de apoyar la agricultura y la producción alimentaria sostenibles, con especial atención a las prácticas respetuosas con el medio ambiente, así como el agroturismo sostenible; hace hincapié en la importancia de fomentar un uso inteligente de la energía y el agua para garantizar que las islas aprovechen al máximo los escasos recursos de que disponen;

5. Señala que un transporte marítimo y aéreo ordenado y eficaz, con unas infraestructuras aeroportuarias en condiciones adecuadas, es importante para el desarrollo del sector agrícola de las islas de la Unión, en particular de las regiones ultraperiféricas, dadas las limitaciones a que se enfrentan;

6. Considera que el transporte de animales vivos debe seguir realizándose por mar, habida cuenta de la fuerte dependencia de su exportación para el sector agrícola de algunas de las islas, principalmente de las más pequeñas, que no pueden transportar canales de animales debido a su pequeño tamaño y a la consiguiente falta de infraestructuras;

7. Hace hincapié en que las islas albergan gran parte de la biodiversidad mundial, que en estos entornos presenta características biogeográficas, filogenéticas y funcionales únicas, y que también albergan grandes colonias reproductoras de especies importantes, de las que se ha registrado una pérdida desproporcionada; considera necesario aplicar políticas y acciones regionales específicas, como una asistencia técnica más coordinada, para proteger y restaurar la biodiversidad única de las islas y preservar sus escasos recursos naturales, como el suelo y el agua, con el fin de salvaguardar su productividad agrícola, en particular productos tradicionales sostenibles, y garantizar los medios de subsistencia de la población, contribuyendo al mismo tiempo a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a los agricultores para alentarlos a adoptar prácticas respetuosas con la biodiversidad, también mediante una mayor financiación y tasas de cofinanciación más elevadas;

8. Lamenta que las políticas de la Unión no siempre tengan en cuenta las características específicas de los territorios insulares más remotos y que las necesidades de estas regiones estén infrarrepresentadas en la legislación europea; recuerda que la Unión carece de una estrategia específica para abordar los problemas y los retos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas; pide a la Comisión que considere la puesta en marcha de una estrategia para estudiar y analizar las necesidades de esos territorios de manera pormenorizada;

9. Subraya que es necesario adaptarse al máximo al cambio climático, en especial en el sector agroalimentario; destaca que una agricultura resiliente que utilice cultivos adaptados a las condiciones locales tiene más posibilidades de resistir los efectos del cambio climático; insta a los Estados miembros a que hagan el mejor uso posible de los fondos disponibles, en particular de los fondos de cohesión, para ayudar a los agricultores a realizar los cambios necesarios a este respecto;

10. Pide a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles en el marco de la política de cohesión y que identifiquen y promuevan las oportunidades de complementariedad y sinergias entre los distintos fondos y políticas de la Unión, con el fin de aumentar la seguridad alimentaria, reforzar la autosostenibilidad de las islas, en particular fomentando del uso de fuentes de energía renovables, y hacer de la islas parte integrante de la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y circulares y zonas rurales inteligentes, de tal manera que las desventajas geográficas se conviertan en oportunidades; opina que fomentar el papel de las islas en la cadena alimentaria sostenible mediante los instrumentos políticos de la Unión, incluida la política de cohesión, generaría nuevas oportunidades de empleo y reduciría la tendencia a la despoblación en las regiones insulares;

11. Señala que los productos agrícolas y alimentarios de las islas son de una calidad única debido a las condiciones microclimáticas y topográficas de estas; destaca la necesidad de promover el consumo de productos agrícolas de las regiones insulares y periféricas mediante la política de cohesión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen soluciones sostenibles para transportar productos agrícolas entre las islas y el continente; considera que esto aumentaría la competitividad, en particular de las islas más pequeñas, y fortalecería a los pequeños agricultores;

12. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los problemas específicos a que se enfrentaron las islas europeas durante la pandemia de COVID-19; insta a la Comisión a que tenga en cuenta las consecuencias de estos problemas en la agricultura y la ganadería de las islas, donde el aislamiento y la paralización de la economía pusieron en riesgo el acceso a suministros esenciales, como combustibles y agua, procedentes de los territorios continentales;

13. Destaca la necesidad de seguir aplicando la Declaración de Cork 2.0 «Una vida mejor en el medio rural» para analizar los retos y oportunidades a que se enfrentan las islas europeas; pide que la visión a largo plazo para las zonas rurales incorpore específicamente las particularidades de las regiones ultraperiféricas y las islas del Egeo; pide a la Comisión que fomente la elaboración de políticas sobre la insularidad durante los procesos de planificación regional para apoyar la agricultura, la producción alimentaria y el agroturismo sostenibles, la economía azul y la conectividad, incluido mediante fondos complementarios al Feader, así como para luchar contra el cambio climático, proteger la biodiversidad, implantar una economía circular y fomentar la transición hacia las energías renovables; pide a la Comisión, asimismo, que calcule el coste real de la insularidad y la doble insularidad de los archipiélagos, teniendo en cuenta las debilidades y las fortalezas de las islas, en particular de las regiones ultraperiféricas; considera que debería tenerse en cuenta el coste real de la insularidad de las regiones insulares en la política de cohesión de la Unión, al mismo tiempo que debería realizarse una evaluación de impacto de las iniciativas y acciones de la Unión en las islas sobre la base de datos actualizados y armonizados; pone de relieve que el observatorio rural brinda una oportunidad única de generar datos actualizados y de gran calidad sobre el acceso a la tierra en los territorios insulares, entre otras cuestiones, lo que sienta las bases para un desarrollo agrícola y económico integral de las islas de la Unión;

14. Subraya las diferencias que distinguen a las regiones ultraperiféricas de las demás islas de la Unión, tal como se reconoce en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; considera, en este contexto, que las políticas y los instrumentos establecidos para mitigar las consecuencias de la insularidad deben tener en cuenta estas circunstancias;

15. Pide a la Comisión que incluya un capítulo separado para las regiones ultraperiféricas en sus evaluaciones de impacto de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad; considera que se debe tener en cuenta el resultado de estas evaluaciones a fin de adaptar, en caso necesario, las medidas legislativas a las dificultades naturales y económicas de estas regiones y a la fuerte competencia de terceros países a que se enfrentan;

16. Insta a la Comisión a que estudie las opciones disponibles para destinar financiación del POSEI y ayudas del Feader a los agricultores y ganaderos afectados por desastres naturales en las regiones ultraperiféricas;

17. Solicita que se refuercen los mecanismos específicos en el marco de la PAC mediante el POSEI para reducir la dependencia de las regiones ultraperiféricas del abastecimiento agrícola y agroalimentario y fortalecer la seguridad alimentaria y la capacidad de estas regiones para acceder a sus mercados, ya estén dentro de su territorio o en la Unión; pide, en este sentido, un aumento del presupuesto del programa POSEI a partir de 2027 para satisfacer las crecientes necesidades y el desarrollo de la producción local en estas regiones remotas e insulares, dado que estas deben asumir importantes costes de producción adicionales;

18. Considera necesario reforzar el apoyo de la Unión para modernizar la actividad agrícola en las islas, también mediante el fomento de la agricultura de precisión, con el fin de ayudar a esas regiones a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo;

19. Señala, no obstante, que, dado que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» limita aún más el uso de agentes fitosanitarios en la Unión, deben tenerse también en cuenta las especificidades de los cultivos tropicales y subtropicales en las regiones ultraperiféricas y debe limitarse el acceso a los mercados de la Unión de los productos que no cumplan las normas de la Unión;

20. Solicita la adopción de un reglamento sobre la organización común de mercados específico para las regiones ultraperiféricas, al objeto de que se puedan tener en cuenta las especificidades medioambientales, geográficas y sociales de los territorios contemplados en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

21. Insta a la Comisión a que ejerza la máxima vigilancia en el marco de la liberalización del mercado europeo y la celebración de nuevos acuerdos comerciales entre la Unión y terceros países que producen los mismos productos agrícolas destinados a la exportación que las regiones ultraperiféricas, pero en condiciones sociales y medioambientales diferentes, lo que da lugar a distorsiones de la competencia; pide a la Comisión que adopte medidas eficaces para garantizar que los acuerdos comerciales no pongan en peligro las medidas en favor de las regiones ultraperiféricas, en particular en el marco del programa POSEI; insta a la Comisión a que reserve un trato preferente específico a los productos de las regiones ultraperiféricas, tanto en los mercados locales de estas regiones como en el mercado de la Unión, y a que proteja plenamente los productos agrícolas sensibles, como el plátano, el tomate y el azúcar; solicita la creación de un grupo de trabajo de la Comisión sobre los acuerdos comerciales;

22. Pide que se exija el riguroso cumplimiento de las normas medioambientales y sociales de la Unión aplicables a las mercancías tropicales procedentes de terceros países y que se instauren de forma sistemática cuotas a la importación de productos tropicales originarios de estos países, sobre la base de los flujos existentes; considera que se deben introducir mecanismos de vigilancia y sanción específicos para controlar la observancia de estas condiciones; recomienda que se imponga el principio de conformidad a las importaciones de terceros países, en particular a los productos ecológicos;

23. Recuerda la declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión adjunta al Reglamento (UE) 2017/540 sobre la revisión del mecanismo de estabilización con motivo de la adhesión de Ecuador al Acuerdo entre la Unión y Colombia y Perú, en concreto el párrafo siguiente: «La Comisión seguirá llevando a cabo análisis periódicos de la situación del mercado y de los productores de plátanos de la Unión una vez expire el mecanismo de estabilización. Si se observa un deterioro grave de la situación del mercado o de la situación de los productores de plátanos de la Unión, habida cuenta de la importancia del sector del plátano para las regiones ultraperiféricas, la Comisión examinará la situación, junto con los Estados miembros y las partes interesadas, y decidirá acerca de la posibilidad de adoptar medidas apropiadas. La Comisión podrá convocar asimismo reuniones periódicas de seguimiento con los Estados miembros y las partes interesadas».


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

11.1.2022

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

42

0

6

Miembros presentes en la votación final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suplentes presentes en la votación final

Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Cristina Maestre Martín De Almagro

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

42

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Cristina Maestre Martín De Almagro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

The Left

Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Chris MacManus

 

0

-

 

 

 

6

0

S&D

Maria Noichl

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 


 

CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

D(2021)16530

 

 

Younous OMARJEE

Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional

SPINELLI 05E240

 

 

 

Asunto:  Contribución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales al informe de propia iniciativa de la Comisión de Desarrollo Regional titulado «Las islas y la política de cohesión: situación actual y retos futuros»

 

 

 

Señor presidente:

 

En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), me gustaría transmitirle, mediante la presente carta, la contribución de la Comisión EMPL con respecto a la intención de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) de elaborar un informe de propia iniciativa sobre «Las islas y la política de cohesión: situación actual y retos futuros».

La Comisión EMPL acoge con satisfacción la intención de la Comisión REGI de elaborar un informe sobre este tema. Se ha prestado especial atención a la situación específica de las islas en varias resoluciones del Parlamento Europeo, basadas en informes de la Comisión EMPL, en particular en las siguientes:

- Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020;

- Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre el impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen;

- Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021;

- Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia»;

- Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores;

- Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la Garantía Juvenil; así como en la opinión de la Comisión EMPL «Los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en las comunidades costeras».

En el anexo encontrará los aspectos sobre la situación específica de las islas que son de especial importancia para la Comisión EMPL.

 

Confío en que el ponente y los miembros de la Comisión REGI tendrán en cuenta la contribución de la Comisión EMPL a la hora de preparar el proyecto de informe y de presentar enmiendas. Confío en que la Comisión REGI aprobará un informe firme sobre este tema esencial.

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

 


SUGERENCIAS

 

Contribución de la Comisión EMPL al informe de propia iniciativa de la Comisión REGI titulado «Las islas y la política de cohesión: situación actual y retos futuros»

 

A. Considerando que las consecuencias sociales derivadas de la libre circulación de servicios pueden afectar a las regiones de origen y a las regiones que acogen a trabajadores móviles tanto de manera positiva como negativa; que la escasez de mano de obra y la tasa de fuga de cerebros, provocadas por los actuales desequilibrios económicos y sociales entre las regiones de la Unión, han alcanzado niveles críticos en algunos Estados miembros, lo que ha dado lugar a nuevos problemas, como desequilibrios demográficos, carencias en la prestación de cuidados y de personal médico, y un aumento general de las desigualdades entre regiones; que las zonas rurales y alejadas se ven especialmente afectadas por estos fenómenos; que para mantener y crear empleos de calidad en los sectores y las regiones en proceso de transformación y así evitar la fuga de cerebros y la movilidad involuntaria se requiere una política industrial sostenible y una sólida política de cohesión;

 

B. Considerando que, durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores temporeros y desplazados no han tenido acceso, a menudo, a la asistencia sanitaria básica, a equipos de protección individual y a información adecuada; que a menudo únicamente han contado con un acceso inadecuado o nulo a los mecanismos de protección social en los Estados miembros de acogida, incluidas las prestaciones por enfermedad y por desempleo a corto plazo; que la movilidad de los trabajadores es altamente dependiente de los medios de transporte existentes, y que los trabajadores de las islas y de las regiones ultraperiféricas de la Unión se ven especialmente afectados;

 

C. Considerando que el cambio demográfico no tiene un impacto uniforme en todos los países y regiones, pero tiene un impacto mayor en las regiones que ya van a la zaga, agravando las desigualdades territoriales y sociales existentes; que las regiones rurales, periféricas y ultraperiféricas, incluidas las islas, son las más afectadas por la despoblación, donde principalmente los jóvenes y las mujeres abandonan esas zonas, lo que se traduce en un aumento de la proporción de personas mayores que viven en ellas, lo que podría aumentar el riesgo de aislamiento social;

 

D. Considerando que la igualdad de acceso a medidas de calidad e inclusivas para la capacitación y para la mejora y la actualización de las capacidades, así como a información sobre los recursos en materia de competencias, el asesoramiento, la educación y la formación profesional para todas las personas, incluidas las personas que viven en zonas rurales y remotas e islas escasamente pobladas y despobladas, es crucial para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia;

 

1. Pide a los Estados miembros que reconozcan la importancia de las zonas rurales y remotas, teniendo en cuenta su diversidad, y que desarrollen su potencial estimulando las inversiones en la economía local, fomentando el emprendimiento y mejorando sus infraestructuras;

 

2. Recuerda que las regiones ultraperiféricas están especialmente expuestas a la despoblación y necesitan un conjunto especial de medidas para mitigar los cambios demográficos adversos que afrontan; pide a los Estados miembros que utilicen de manera proactiva los Fondos Estructurales y de Inversión disponibles para abordar los desafíos a los que se enfrentan estas regiones;

 

3. Pide a los Estados miembros que utilicen los fondos del FSE+ y del FEDER para apoyar la creación de empleo de calidad, promover la conciliación entre la vida profesional y la vida privada y ofrecer oportunidades de empleo en las regiones en riesgo de despoblación, prestando especial atención a la mejora de la participación de las mujeres en el mercado laboral; subraya la importancia de los servicios de asesoramiento, el aprendizaje permanente y los programas para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores de todas las edades;

 

4. Recuerda la importancia de programas de la Unión como la Garantía Juvenil; pide a los Estados miembros que apliquen rápidamente este programa, en estrecha consonancia con los fondos de la Unión, como el Fondo Social Europeo Plus, para hacer frente a la situación de nini de los jóvenes, con especial preocupación por las personas que viven en zonas rurales y regiones con limitaciones naturales o demográficas en sus mercados laborales, incluidas las islas, con el fin de garantizar que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, educación profesional o formación profesional, que puedan desarrollar las capacidades necesarias para oportunidades de empleo en una amplia gama de sectores, o que se les ofrezca formación como aprendices o un período de prácticas, ambos remunerados, en un plazo de cuatro meses desde que se quedaron sin empleo o acabaron la educación formal;

 

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos para hacer que la Garantía Juvenil sea más inclusiva y evitar cualquier forma de discriminación, en particular hacia los jóvenes que viven en zonas remotas, rurales o urbanas desfavorecidas o en territorios de ultramar y regiones insulares;

 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan estudiando la posibilidad de utilizar tecnologías digitales de apoyo de fácil uso, seguras y accesibles como la teleasistencia y la telemedicina, especialmente en regiones afectadas por un declive demográfico y regiones remotas; subraya que el uso de estas tecnologías debe ser plenamente coherente con el marco existente en materia de protección de datos, teniendo siempre debidamente en cuenta las cuestiones éticas relativas al uso de la tecnología en la salud;

 

7. Señala que mejorar la conectividad y la accesibilidad de los servicios en las zonas rurales y remotas resulta crucial para abordar la despoblación de estas regiones y la exclusión social y digital de la población mayor que vive en ellas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las inversiones en tecnología digital a fin de mejorar los servicios públicos, aumentar su calidad y eficiencia y crear nuevas modalidades de prestación de servicios para las regiones remotas y carentes de servicios adecuados, a fin de hacer frente a las desigualdades y crear mejores oportunidades de empleo;

 

8. Subraya que la igualdad de oportunidades para todos es fundamental, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a las medidas para colmar la brecha de competencias digitales, garantizando que las regiones vulnerables, incluidas las zonas rurales y remotas y los ciudadanos desfavorecidos, tengan acceso a la educación y la formación digitales y al equipo informático mínimo requerido y dispongan de un acceso generalizado a internet, así como de apoyo digital y de otras herramientas de aprendizaje tecnológico; subraya que debe prestarse apoyo a estos grupos para aumentar las capacidades digitales que necesitan para prosperar y evitar la profundización de las desigualdades, garantizando que nadie se quede atrás;

 

9. Subraya que las consecuencias de la COVID-19 brindan una oportunidad única para acelerar la revolución digital y tecnológica en el aprendizaje permanente, que puede romper las barreras físicas, en la medida de lo posible, y aumentar significativamente su alcance e impacto; anima a los Estados miembros y a los proveedores de servicios de educación a que incrementen las oportunidades de aprendizaje a distancia, permitiendo a los estudiantes de zonas remotas y rurales o del extranjero acceder a cursos en toda la Unión sin limitaciones en cuanto a su ubicación;

 

10. Destaca la importancia de llegar a los habitantes de las zonas rurales y remotas y hacer que las oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional sean más accesibles y estén diseñadas para quienes trabajan en la agricultura, la pesca, la silvicultura y otros empleos en estas regiones, así como de proporcionarles las capacidades ecológicas, digitales y todas las capacidades necesarias al objeto de que aprovechen mejor las oportunidades presentes y futuras que ofrece la economía verde y azul y les permitan realizar una contribución importante a la conservación del medio ambiente;

 

11. Reconoce que las regiones costeras y las ultraperiféricas dependen históricamente de la pesca y deben beneficiarse de una ayuda financiera para consolidar el empleo en el sector pesquero y desarrollar nuevos sectores, así como para crear nuevos puestos de trabajo, en particular en la pesca artesanal; pide a los Estados miembros que establezcan políticas para proteger los puestos de trabajo existentes, crear diferentes puestos de trabajo nuevos y promover la digitalización; destaca la importancia de evitar todo tipo de discriminación en el mercado laboral y de proteger y apoyar a los grupos vulnerables y desfavorecidos; apoya el uso combinado de los Fondos Estructurales y de Inversión para crear sinergias, evitando al mismo tiempo las duplicaciones;

 

12. Manifiesta su gran preocupación por la salud física y mental de los trabajadores de la industria pesquera, que a menudo está en riesgo, no solo por la peligrosidad inherente del trabajo en alta mar, sino también por la utilización de embarcaciones que no cumplen la normativa de seguridad en vigor, lo que aumenta su exposición a sufrir accidentes de trabajo, en particular accidentes graves; pide, por tanto, a las autoridades competentes que garanticen unas condiciones laborales seguras y dignas para todos los trabajadores del sector, así como unas condiciones de competencia equitativas y una competencia leal entre las empresas del sector pesquero en todo el mundo, sin rebajar las normas europeas; pide a los Estados miembros que presten la ayuda adecuada para la mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo de la flota con respeto de los requisitos de sostenibilidad medioambientales y prestando especial atención a la pesca artesanal, en particular en la regiones insulares y ultraperiféricas, donde la media de edad de las embarcaciones es considerablemente más alta que en la pesca industrial; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de llegar a un acuerdo cobre la seguridad de los buques pesqueros;

 

13. Manifiesta su preocupación por la actual falta de una interpretación armonizada del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros, como la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores recientemente revisada, lo que da lugar a una falta de claridad jurídica y a cargas burocráticas para las empresas que prestan servicios en más de un Estado miembro; pide a la Comisión que preste asistencia directa a los Estados miembros durante todo el proceso de transposición de forma que se garantice una interpretación uniforme de la legislación europea; subraya, en ese sentido, la necesidad de prestar una atención especial a los trabajadores que viven en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y de apoyar la movilidad de dichos trabajadores hacia el continente y viceversa, así como entre las propias regiones ultraperiféricas.

 

 


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

21.4.2022

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

39

1

0

Miembros presentes en la votación final

Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Stelios Kympouropoulos, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski

Suplentes presentes en la votación final

Álvaro Amaro, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Yana Toom

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en la votación final

Susana Solís Pérez

 


 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

39

+

ECR

Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID

Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André Rougé,

NI

Chiara Gemma

PPE

Álvaro Amaro, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Christian Doleschal, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Dan‑Ştefan Motreanu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

Renew

Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solis Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE

François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones

 

 

Última actualización: 1 de junio de 2022
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