PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Venezuela
16.9.2024 - (2024/2810(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 136, apartado 2, del Reglamento interno
Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Sebastião Bugalho, Antonio López‑Istúriz White
en nombre del Grupo PPE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B10-0023/2024
B10‑0023/2024
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
– Vistas las declaraciones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas, de 31 de julio y de 12 de agosto de 2024,
– Vista la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 3 de septiembre de 2024, sobre el «clima de miedo» en Venezuela,
– Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 29 de julio de 2024, sobre las elecciones presidenciales en Venezuela,
– Vistas las declaraciones del alto representante, en nombre de la Unión Europea, de los días 4 y 24 de agosto de 2024, sobre la evolución de la situación tras las elecciones,
– Visto el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, de 30 de julio de 2024, sobre las elecciones presidenciales en Venezuela,
– Vista la declaración del Centro Carter, de 30 de julio de 2024, sobre la elección en Venezuela,
– Visto el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado por el régimen de Nicolás Maduro y la alianza opositora venezolana Plataforma Unitaria en octubre de 2023 (en lo sucesivo, «Acuerdo de Barbados»),
– Visto el artículo 136, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que las elecciones de 2024 habrían constituido una oportunidad única para abandonar la autocracia corrupta y volver a la democracia si se hubieran respetado todos los puntos del Acuerdo de Barbados; que en Venezuela siguen violándose los derechos civiles y políticos;
B. Considerando que la actual crisis socioeconómica, política y humanitaria caracterizada por la hiperinflación, una hambruna creciente, enfermedades, elevados niveles de corrupción, la delincuencia y la impunidad, flagrantes violaciones de los derechos humanos y una creciente tasa de mortalidad, que ha dado lugar a la emigración masiva de más de 7,7 millones venezolanos que buscan escapar de la tiranía;
C. Considerando que, el 17 de octubre de 2023, los representantes del régimen de Maduro y de la alianza opositora de la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos, conocidos como los Acuerdos de Barbados, que abarcaban cuestiones como la promoción de los derechos políticos, garantías electorales para todos, el respeto del derecho de cada actor político a elegir libremente a su candidato a las elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos; que estos acuerdos contemplaban temas importantes, como la participación de observadores internacionales en el proceso electoral; que los acuerdos se firmaron como primer paso para garantizar unas elecciones libres y justas en Venezuela;
D. Considerando que se han producido restricciones sistemáticas a la información pública, a la libertad de opinión y de expresión y al derecho de reunión pacífica, en particular para los disidentes del régimen, los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y los miembros más vulnerables de la sociedad; que los presos políticos no han sido liberados, a pesar de ser una condición explícita del Acuerdo de Barbados;
E. Considerando que María Corina Machado fue elegida candidata de la oposición al régimen en las primarias de la Plataforma Unitaria celebradas en 2023 con el 92,35 % de los votos; que el régimen de Maduro la inhabilitó para presentarse a las elecciones por motivos arbitrarios y políticos, lo que supone una flagrante violación del Acuerdo de Barbados; que, tras su inhabilitación, María Corina Machado mantuvo la unidad de la oposición democrática al régimen apoyando a una nueva candidata, Corina Yoris, que tampoco fue autorizada a registrarse; que Edmundo González Urrutia fue, en última instancia, el candidato de la oposición democrática al régimen;
F. Considerando que se han denunciado numerosas irregularidades y violaciones en el período previo a las elecciones, como la inhabilitación de unos dieciséis partidos políticos, obstáculos al registro de candidatos presidenciales, la brevedad de los plazos de inscripción de los electores y la falta de oficinas de registro, información pública mínima, obstáculos a los votantes ubicados en el extranjero, ataques a miembros del personal de la campaña de María Corina Machado, así como la detención de algunos de ellos;
G. Considerando que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), controlado por el régimen, revocó unilateralmente su invitación a la Unión Europea para que observara las elecciones; que a numerosas delegaciones internacionales invitadas por la oposición democrática al régimen, el Comando Nacional de Campaña Con VZLA, se les denegó la entrada en el país y fueron expulsadas, incluida una delegación de miembros de un grupo político del Parlamento Europeo y cinco antiguos presidentes latinoamericanos;
H. Considerando que, el día de las elecciones, el pueblo venezolano acudió a las urnas de forma masiva, demostrando un comportamiento cívico y democrático sobresaliente a pesar de los constantes esfuerzos del régimen por frustrar el proceso electoral; que se han registrado numerosas denuncias relativas a las restricciones al acceso de observadores nacionales y testigos de partidos de la oposición a numerosos colegios electorales; que también se ha denunciado la presión ejercida sobre los votantes por medio de los puntos de control establecidos por el régimen en numerosos colegios electorales;
I. Considerando que las pocas misiones de observación fidedignas que consiguieron observar las elecciones —equipos de las Naciones Unidas y del Centro Carter— han denunciado que las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas, que no pueden verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declaradas por el CNE controlado por el régimen y que el hecho de que la autoridad electoral no anunciara resultados desglosados por colegio electoral constituye una grave violación de los principios electorales; que el informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas afirmaba que la declaración prematura de un ganador no tenía precedente en las elecciones democráticas contemporáneas y que el proceso electoral carecía de transparencia e integridad básicas; que las elecciones no fueron ni libres ni limpias;
J. Considerando que, tras el cierre de la votación, el CNE, controlado por el régimen, se negó a publicar el registro oficial de las actas de recuento y falsificó los resultados de las elecciones, anunciando la falsa victoria de Maduro; que la oposición democrática al régimen ha conseguido obtener el 83,5 % de las actas de recuento oficiales y ha demostrado de forma fidedigna que el ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia, con el 67,08 % de los votos emitidos;
K. Considerando que, tras las elecciones, tuvieron lugar protestas pacíficas en todo el país contra el fraude llevado a cabo por el régimen de Maduro; que estas protestas fueron objeto de violencia y represión extremas, lo que provocó más de 20 muertes y más de 2 400 detenciones y desapariciones forzadas, entre ellos aproximadamente 120 niños;
L. Considerando que María Corina Machado se ha visto obligada a ocultarse por temor a represalias por parte del régimen de Maduro y que Edmundo González Urrutia se ha visto obligado a exiliarse después de que se dictase una orden de detención contra él y se profiriesen amenazas graves contra su vida y la de sus familiares;
1. Reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela; reconoce, asimismo, que María Corina Machado fue elegida candidata de la oposición al régimen en las primarias de la Plataforma Unitaria en 2023 con el 92,35 % de los votos;
2. Insta a los Estados miembros de la Unión a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela;
3. Condena enérgicamente y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el CNE, controlado por el régimen, que se negó a hacer público el resultado oficial mediante la publicación de las actas de recuento de cada colegio electoral, a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional;
4. Apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas sobre los delitos y actos de represión generalizados del régimen venezolano y pide a la Unión que apoye las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente en virtud del Estatuto de Roma sobre los presuntos crímenes contra la humanidad para exigir responsabilidades a los autores;
5. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que soliciten una orden de detención internacional para Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad, sobre la base de todas las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido;
6. Condena, en los términos más enérgicos posibles, los asesinatos, el acoso, las violaciones y las detenciones perpetrados contra la oposición democrática al régimen y el pueblo venezolano; exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y arbitrariamente, en particular de los menores;
7. Recuerda que, en mayo de 2024, la Unión levantó sus sanciones contra los miembros del CNE, como gesto de buena voluntad; subraya que esta acción no produjo ningún efecto positivo; pide que se restablezcan estas sanciones contra los miembros del CNE; pide, asimismo, que se apliquen sanciones específicas contra Nicolás Maduro, su círculo más próximo y sus familias, incluido Jorge Rodríguez y todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país;
8. Condena la decisión del CNE de revocar la invitación a la Unión Europea para que enviase una misión de observación electoral; condena, asimismo, la decisión del régimen de impedir el acceso a los observadores internacionales invitados por la oposición democrática al régimen —el Comando Nacional de Campaña Con VZLA— para la jornada electoral, y su decisión de expulsarlos;
9. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir sus funciones el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana;
10. Insta a los actores regionales a que ejerzan toda la presión que puedan sobre el régimen de Maduro y el círculo más próximo de Maduro para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela; está convencido de que, si el 10 de enero de 2025 no se produce un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia los demás países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años;
11. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los participantes en la Cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a la Organización de Estados Americanos, al secretario general de las Naciones Unidas y a las autoridades del régimen venezolano.