PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Venezuela
16.9.2024 - (2024/2810(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 136, apartado 2, del Reglamento interno
Javi López, Yannis Maniatis, Kathleen Van Brempt
en nombre del Grupo S&D
B10‑0035/2024
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus Resoluciones de julio de 2023, febrero de 2024 y marzo de 2024,
– Visto el artículo 136, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, desde hace años, el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos forma parte de una estrategia de represión aplicada por el Gobierno de Nicolás Maduro y de un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana;
B. Considerando que el Gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, perseguido y censurado continuamente a activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el contexto de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está empujando a un número sin precedentes de personas a huir en busca de seguridad y protección, contribuyendo a una de las mayores crisis de desplazamiento forzoso del mundo;
C. Considerando que, desde 2013, el Gobierno de Maduro ha experimentado una caída del producto interior bruto del 80 %, lo que ha llevado a migrar a más de siete millones de los treinta millones de ciudadanos del país;
D. Considerando que, el 9 de enero de 2024, la Asamblea Nacional venezolana reanudó su examen de un proyecto de ley que pretende restringir y potencialmente criminalizar y cerrar organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela; que esto representa otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela;
E. Considerando que, el 15 de febrero de 2024, el Gobierno venezolano anunció que suspendía las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) después de expresar su «profunda preocupación» por la detención de Rocío San Miguel y exigir su liberación inmediata y que se respete su derecho a la defensa jurídica;
F. Considerando que estos hechos apuntan a una escalada preocupante en los intentos del país de eludir el control internacional y la rendición de cuentas y tienen el objetivo de doblegar a la oposición política;
G. Considerando que las elecciones presidenciales de julio de 2024 carecieron de unos niveles básicos de transparencia e integridad y no pueden considerarse democráticas; que los datos oficiales no se publicaron ni se pusieron a disposición de organismos internacionales independientes;
H. Considerando que, en las semanas posteriores a la votación, las protestas callejeras y las críticas en las redes sociales fueron sometidas a una represión brutal por parte del Gobierno de Maduro;
I. Considerando que, a mediados de agosto, el Gobierno venezolano expulsó del país a las representaciones diplomáticas de siete naciones latinoamericanas —Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, la República Dominicana y Uruguay— que habían expresado su inquietud por los resultados anunciados;
J. Considerando que las elecciones de 2018 también carecieron de unos niveles básicos de transparencia e integridad;
K. Considerando que Edmundo González Urrutia ha abandonado el país para solicitar asilo político en España, donde reside actualmente;
L. Considerando que el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, ha dedicado grandes esfuerzos a buscar una solución pacífica, negociada y democrática a la crisis venezolana y mantener la unidad y la cohesión entre los veintisiete Estados miembros de la Unión a este respecto; que Borrell ha solicitado reiteradamente la plena transparencia de los resultados electorales;
1. Rechaza enérgicamente la legitimidad de los resultados electorales debido a la falta de transparencia y de garantías mínimas durante el proceso electoral y la agregación de datos;
2. Exige a las autoridades electorales venezolanas que publiquen unos resultados electorales completos, transparentes y detallados, incluidos los resultados por colegio electoral; pide a las autoridades venezolanas que respeten los resultados electorales y la voluntad del pueblo venezolano;
3. Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente, así como el pago de una indemnización a todos ellos y a sus familias, restableciendo al mismo tiempo sus plenos derechos civiles y políticos; exige al Gobierno de Maduro que ponga fin a su política de represión y a los ataques contra la sociedad civil y la oposición;
4. Pide que se conceda a María Corina Machado, a todos sus colaboradores y a todos los líderes políticos la libertad de residir en el país o de salir del mismo, y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin inmediatamente a la persecución política perpetrada contra estas personas;
5. Destaca y acoge con satisfacción el papel que están desempeñando los Gobiernos de Brasil, Colombia y México; apoya todos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica, inclusiva y democrática a la persistente crisis venezolana; expresa su apoyo a los esfuerzos realizados por los países vecinos de Venezuela para atender al gran número de refugiados que huyen de Venezuela;
6. Pide el regreso de las representaciones diplomáticas y la reanudación de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
7. Condena enérgicamente la emisión por parte del Gobierno venezolano de una orden de detención contra Edmundo González; destaca la decisión del Gobierno de España de acoger a Edmundo González con el fin de concederle asilo político a petición suya, lo que permitirá proteger a esta figura líder de la oposición y candidato presidencial, así como mantener una perspectiva viable de resolución del estancamiento político;
8. Pide que se mantenga la unidad entre las instituciones de la Unión y los veintisiete Estados miembros a este respecto;
9. Reitera su pleno apoyo al pueblo venezolano y su compromiso de encontrar una solución pacífica, inclusiva, negociada y democrática a la crisis venezolana; destaca el apoyo continuo de la comunidad internacional y la necesidad de promover el diálogo entre los venezolanos;
10. Pide al VP/AR y al Consejo que consideren la renovación del régimen autónomo de sanciones de la Unión a su debido tiempo, de modo que incluya a altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y, si se considera oportuno, al propio Nicolás Maduro;
11. Apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los delitos generalizados y los actos de represión perpetrados por el Gobierno venezolano, y pide a la Unión que siga apoyando las investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad;
12. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a los participantes en la Cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la Organización de los Estados Americanos, al secretario general de las Naciones Unidas y a las autoridades venezolanas.