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Procedure : 2005/2590(RSP)
Document stages in plenary
Document selected : B6-0415/2005

Texts tabled :

B6-0415/2005

Debates :

PV 07/07/2005 - 16

Votes :

PV 07/07/2005 - 18.2

Texts adopted :

P6_TA(2005)0304

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 119kWORD 43k
04.07.2005
PE 360.596
 
B6‑0415/2005
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Raul ROMEVA, Alain LIPIETZ, Monica FRASSONI, Eva LICHTENBERGER Y Friedich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF
en nombre del Grupo Verdes/EFA
sobre ◄la situación de derechos humanos en Guatemala, incluyendo tráfico de niños►
Nota.- Esta propuesta de resolución sólo está disponible en la lengua de su versión original.

 
B6-0415/2005Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, incluyendo tráfico de niños

El Parlamento Europeo,

-  vistas sus resoluciones anteriores en relación con Guatemala, en particular la del 10 de abril del 2003,

-  visto su compromiso decidido y permanente con el proceso de paz y los derechos humanos en Guatemala,

-   visto el artículo 115, apartado 5 del reglamento,

A.  considerando que el respeto, la protección, la garantía y realización integral de los derechos humanos: económicos, sociales, culturales, colectivos, civiles y políticos constituyen la base esencial para una paz duradera y un desarrollo humano sostenible,

B.  considerando que, luego de la salida de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA - y, a casi 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, no se avanza de manera decidida en el cumplimiento de aspectos claves como: los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y la superación de la conflictividad agraria,

C.  considerando que, no se avanza en la superación de la impunidad y que el acuerdo para crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Armados y Aparatos Clandestinos de Seguridad –CICIACS - no contó con el respaldo necesario de las autoridades públicas,

D.  considerando que operadores judiciales o de organismos de control del estado siguen siendo asesinados o amenazados, como ha sido el caso reciente de los asesinatos el lunes 16 de mayo de 2005 del fiscal del Ministerio Público en Chiquimula, Erick Moisés Gálvez y el de José Bautista, Juez de Alto Impacto de Chiquimula, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el pasado 27 de abril de 2005,

E.  considerando que también se produjo un atentado contra el fiscal de Malacatán, José Antonio Meléndez Sandoval, en San Marcos y que en este mismo periodo 36 jueces han recibido amenazas de muerte,

F.  considerando que auxiliares de la Procuraduría en Santa Rosa y Alta Verapaz se han visto sometidos a procesos legales derivados del cumplimiento de sus funciones y que los auxiliares de Retalhuleu y Coatepeque han sido objeto de amenazas de muerte,

G.  considerando que de acuerdo al último informe presentado recientemente por la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de enero a mayo del presente año se han reportado 76 ataques en contra de defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos de sedes de organizaciones, atentados y asesinatos en contra de operadores de justicia, dirigentes y líderes sociales, miembros de organizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales,

H.  considerando que durante el primer año de gobierno de Oscar Berger se reportaron 122 atentados o amenazas a defensores,

I.  considerando que durante el año 2004, fueron asesinadas según registros oficiales 527 mujeres y que el medio utilizado para darles muerte fue en un 81%, armas de fuego,

J.  considerando que actualmente existen 35 personas condenadas a pena de muerte por los delitos de secuestro y asesinato, y que las condiciones carcelarias restrictivas y el tiempo prolongado en espera de la ejecución se convierte en un trato cruel inhumano y degradante, prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando que muchas de estas condenas contravienen la Convención por aplicarse a delitos que no tenían pena de muerte al momento en que Guatemala la ratificó, lo que está expresamente prohibido por el artículo 4.2 de la misma y por condenar a personas en base a presunciones en los casos de asesinato sin probar “una mayor peligrosidad del agente”, tal y como lo requiere el artículo 132 del código penal guatemalteco,

K.  considerando la persistencia de los conflictos por la tierra, los desalojos violentos que han costado la vida de varias personas, heridas a muchas otras y, que las acciones preventivas de la Procuraduría de Derechos Humanos no han sido atendidas ni por el gobierno, ni por el Ministerio Público.,

L.  considerando que el 6 de abril de 2005, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional luego de que el Gobierno de Guatemala presentara una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,

M.  considerando que se debate una ley en el Congreso sobre Catastro que fue consensuada con el movimiento campesino e indígena en las instancias pertinentes creadas por los Acuerdos de Paz, pero cuyo proyecto ha variado substancialmente en el curso de las deliberaciones para su adopción, lo que ha originado serias dudas sobre el mismo, ya que lejos de resolver el conflicto agrario lo podría profundizar,

N.  considerando el informe de Ofelia Calcetas Santos, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Venta y Trata de Niños, donde se afirma que las leyes de adopción de Guatemala están entre las más débiles de la región y que el tráfico de niños ni siquiera está tipificado como delito y considerando que según la Oficina del Procurador de Derechos Humanos actualmente en Guatemala se incurre en actos anómalos como embarazos forzados o de alquiler, sustracción de niños de sus legítimas madres, suplantación de documentos, alteración de registros civiles, funcionamientos de casas cunas clandestinas; así como anomalías por parte de los notarios autorizantes de las adopciones y el incremento de agencias de adopciones internacional que ofrecen niños a la venta,

O.  considerando que en la Nota Conceptual de la Comisión Europea para la preparación del Documento de Estrategia para Guatemala 2007-2013 reconoce que un 56% de la población vive en situación de pobreza y un 22% en pobreza extrema y que las ¾ partes de esta cifra corresponden a los pueblos indígenas,

1.  Expresa su preocupación por la crítica situación de derechos humanos que enfrenta el país, en especial por los atentados y amenazas contra los operadores judiciales, las amenazas contra representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, los ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales, los allanamientos, la criminalización de la protesta social y, el uso de dispositivo militares frente a conflictos sociales;

2.  Pide por tanto al Gobierno de Guatemala respaldar la acción de la Procuraduría de Derechos Humanos, reconocer públicamente la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y brindarles protección; asimismo pide al Gobierno de Guatemala que mantenga vigente el derecho de manifestación, de reunión y de huelga del movimiento social; pide también al Gobierno de Guatemala que impida la criminalización de la protesta social, que continúe la depuración de la fuerza pública y no involucrar al Ejército en tareas de orden público, como se estableció en los Acuerdos de Paz;

3.  Dada las dificultades para superar la impunidad en el país, llama al Gobierno de Guatemala a impulsar un nuevo acuerdo con la ONU, que contribuya al establecimiento de la Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Grupos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que se consensue con el movimiento de derechos humanos;

4.  Dado el incremento de homicidios contra mujeres, llama al Gobierno de Berger a promover las acciones necesarias para que cese la impunidad de estos crímenes, para que se promueva activamente el respeto a los derechos de la mujer y para que se proteja a las más vulnerables;

5.  Se felicita de las declaraciones del Presidente Berger respecto a la abolición de la pena de muerte y llama al Congreso de Guatemala a implementar las reformas necesarias para eliminarla del orden jurídico guatemalteco; insta así mismo a que se convoque desde distintos órganos del Estado y a los medios de comunicación a una campaña contra los linchamientos.

6.  Felicita al Gobierno de Guatemala por la firma y al Congreso por la ratificación del Convenio con Naciones Unidas para la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y llama a todas las autoridades a prestar la más amplia colaboración para que dicha Oficina pueda cumplir cabalmente con su mandato de observación y asesoría. Hace un llamado a la Comisión Europea para que brinde su apoyo económico y político para facilitar la plena implementación de dicho mandato; se espera que la persona seleccionada para dirigir esta oficina tenga una amplia competencia e independencia en la defensa de los derechos humanos;

7.  Pide al Congreso de Guatemala que en el proyecto en curso sobre la Ley de Registro e Información Catastral respete el consenso logrado en las instancias competentes de los acuerdos de paz, que dicha ley contemple en todo caso como mínimo: la autonomía de la institución registral, que se evite la legalización de excesos de fincas que han significado el despojo de tierras indígenas;

8.  Considera que la Ley y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que hace referencia explícita al derecho a la alimentación debe ser revisada por su incoherencia frente a las Directrices de la FAO para la aplicación del derecho a la alimentación, adoptados por consenso por el Consejo de la FAO en noviembre de 2004;

9.  Hace énfasis en que el derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas implican acciones públicas y legislativas que garanticen el respeto pleno y la protección de los derechos históricos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, y que promuevan una reforma del régimen agrario, tal como lo defina el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como obligación del Estado frente al derecho a la alimentación;

10.  Reitera su preocupación por el persistente incumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que insta al Gobierno de Guatemala al efectivo cumplimiento del mismo y a desarrollar sobre esta base un conjunto de políticas públicas integrales de lucha contra la discriminación ancestral de la que han sido víctimas los pueblos maya, garífuna y xinca;

11.  Pide al Estado de Guatemala que emita una legislación específica sobre adopciones y que aplique la Convención de la Haya sobre Adopciones Internacionales y a su vez que adopte medidas adecuadas para evitar que las adopciones internacionales generen intereses lucrativos; asimismo insta al Ministerio Público para que persiga penalmente a las redes criminales que trafican con niños;

12.  Reitera su recomendación emitida por la resolución del 10 de abril de 2003, en la cual solicita a la Comisión Europea que en la futura estrategia de la UE con Guatemala 2007-2013, se defina en el marco de la promoción de la cohesión social, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural y a la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, como un eje prioritario de la futura política de cooperación europea;

13.  Asimismo, solicita a la Comisión Europea que en el marco de su futura estrategia de cooperación y del diálogo político con Guatemala defina como ejes prioritarios el apoyo decidido al respeto integral a los derechos humanos, la superación de la impunidad, el respeto a los pueblos indígenas y la protección y promoción de los derechos de la mujer;

14.  Encarga a su Presidente de transmitir la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a la Secretaria General de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Gobierno de Guatemala.

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