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Motion for a resolution - B6-0431/2005Motion for a resolution
B6-0431/2005
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    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

    04.07.2005

    con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
    presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
    por Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà y Edite Estrela
    en nombre del Grupo PSE
    sobre el tráfico de niños en Guatemala

    Nota.- Esta propuesta de resolución sólo está disponible en la lengua de su versión original.
    Procedure : 2005/2590(RSP)
    Document stages in plenary
    Document selected :  
    B6-0431/2005
    Texts tabled :
    B6-0431/2005
    Texts adopted :

    B5-0431/2005

    Resolución del parlamento europeo sobre la trata de niños en Guatemala

    El Parlamento Europeo,

    -  vistas sus resoluciones anteriores en relación con Guatemala, en particular la del 10 de abril del 2003

    -  visto su compromiso decidido y permanente con el proceso de paz y los derechos humanos en Guatemala,

    -   visto el artículo 115, apartado 5 del reglamento,

    A.  considerando que el respeto, la protección, la garantía y realización integral de los derechos humanos: económicos, sociales, culturales, colectivos, civiles y políticos constituyen la base esencial para una paz duradera y un desarrollo humano sostenible,

    B.  considerando que, tras la salida de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA - y, a casi 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten problemas en los ámbitos de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y de la conflictividad agraria, con desalojos violentos que han costado la vida de varias personas, heridas a muchas otras,

    C.  considerando el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Venta y Trata de Niños, donde se afirma que las leyes de adopción de Guatemala están entre las más débiles de la región y que el tráfico de niños ni siquiera está tipificado como delito y que según la Oficina del Procurador de Derechos Humanos actualmente en Guatemala se incurre en actos anómalos como embarazos forzados o de alquiler, sustracción de niños de sus legítimas madres, suplantación de documentos, alteración de registros civiles, funcionamientos de casas cunas clandestinas así como anomalías por parte de los notarios autorizantes de las adopciones y el incremento de agencias de adopciones internacional que ofrecen niños a la venta,

    D.  considerando que operadores judiciales o de organismos de control del estado siguen siendo asesinados o amenazados, como han sido los casos recientes de los asesinatos el lunes 16 de mayo de 2005 del fiscal del Ministerio Público en Chiquimula y del Juez de Alto Impacto de Chiquimula, el pasado 27 de abril de 2005, considerando que según las últimas informaciones de enero a mayo del presente año se habrían registrado 76 ataques en contra de defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos de sedes de organizaciones, atentados y asesinatos en contra de operadores de justicia, dirigentes y líderes sociales, miembros de organizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales, considerando que durante el primer año de la presente legislatura se registraron 122 atentados o amenazas a defensores,

    E.  considerando que durante el año 2004, según registros oficiales los feminicidios se elevaron a 527, y que el 81% por ciento de las víctimas perecieron por arma de fuego,

    F.  considerando que el acuerdo para crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Armados y Aparatos Clandestinos de Seguridad - CICIACS - no contó con el respaldo necesario,

    G.  considerando que en la Nota Conceptual de la Comisión Europea para la preparación del Documento de Estrategia para Guatemala 2007-2013 reconoce que un 56% de la población vive en situación de pobreza y un 22% en pobreza extrema y que las ¾ partes de esta cifra corresponden a los pueblos indígenas,

    1.  Pide al Estado de Guatemala que emita una legislación específica sobre adopciones y que aplique la Convención de la Haya sobre Adopciones Internacionales y a su vez, que adopte medidas adecuadas para evitar que las adopciones internacionales generen intereses lucrativos; asimismo, insta al Ministerio Público para que persiga penalmente a las redes criminales que trafican con niños;

    2.  Pide al gobierno de Guatemala respaldar la acción de la Procuraduría de Derechos Humanos, reconocer públicamente la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y brindarles protección;

    3.  Llama al Gobierno de Guatemala al establecimiento de nuevo acuerdo con la ONU, que contribuya al establecimiento de la Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Grupos Clandestinos de Seguridad (CICIACS);

    4.  Llama al Gobierno de Guatemala a promover las acciones necesarias para que cese la impunidad ante los feminicidios y para que se promueva activamente el respeto a los derechos de la mujer;

    5.  Se felicita de las declaraciones del Presidente Berger respecto a la abolición de la pena de muerte, teniendo en cuenta que actualmente existen 35 personas condenadas a dicha pena, y llama al Congreso de Guatemala a implementar las reformas necesarias para eliminarla del orden jurídico guatemalteco; insta así mismo a que se convoque desde distintos órganos del Estado y a los medios de comunicación a una campaña contra los linchamientos;

    6.  Reconoce con satisfacción la iniciativa del Gobierno de Guatemala de promover el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y felicita al Gobierno y al Congreso por la ratificación del Convenio correspondiente con Naciones Unidas;

    7.  Llama a todas las autoridades a prestar la más amplia colaboración para que dicha Oficina pueda cumplir cabalmente con su mandato de observación y asesoría; pide a la Comisión Europea que brinde su apoyo económico y político para facilitar la plena implementación de dicho mandato;

    8.  Reitera su recomendación emitida por la resolución del 10 de abril de 2003, en la cual solicita a la Comisión Europea que en la futura estrategia de la UE con Guatemala 2007-2013, se defina en el marco de la promoción de la cohesión social, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural y a la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, como un eje prioritario de la futura política de cooperación europea. En este sentido, hace énfasis en el derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y en las acciones públicas y legislativas que deben derivarse de estos, según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT; dicha estrategia también deberá insistir en la erradicación de las adopciones ilegales en el país, el apoyo decidido a los derechos humanos, la superación de la impunidad, el respeto a los pueblos indígenas y la protección y promoción de los derechos de la mujer;

    14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a la Secretaria General de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Gobierno de Guatemala.

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    Resolución del Parlamento Europeo sobre ◄##►

    El Parlamento Europeo,

    –  Vista su Resolución sobre la situación en Bolivia, de 23 de octubre de 2003,

    -  Visto el resultado del referendum sobre el futuro de los hidrocarburos en Bolivia, de julio 2004,

    –  Visto el artículo 115 de su Reglamento,

    A.  Considerando que Bolivia ocupa el primer lugar en cuanto a los índices de pobreza en América del Sur, a pesar de las inmensas riquezas naturales del país y a pesar de haber seguido al pie de la letra las recomendaciones económicas de las instituciones financieras multinacionales,

    B.  Considerando que existen en la sociedad boliviana unas ansias profundas de democracia real, que se manifiesta en la participación directa en los asuntos públicos de la población mayoritaria indo-americana,

    C.  Considerando que amplios sectores de la sociedad boliviana, en particular los indígenas, los campesinos, los obreros y los desempleados, son marginados de la vida política y económica del país y reivindican legítimamente su participación en la misma,

    D.  Considerando el riesgo que supone para la estabilidad social y política de Bolivia la pervivencia de desigualdades graves y profundas, el desconocimiento de los derechos de la población indígena y la amenaza al medio ambiente que ya resulta de la explotación desconsiderada de los recursos,

    E.  Considerando la agudización del conflicto en el curso de las últimas semanas, con huelga general en varias regiones, con un piquete de huelga de hambre, con paro en los sectores de educación y salud, y decenas de miles de manifestantes en las calles pidiendo a la aprobación de una ley convocando a una asamblea constituyente,

    F.  Considerando que la mayoría de la población indígena mantiene una posición muy escéptica frente a la autonomía pedida por las élites de los departamentos más ricos

    G.  Considerando que la privatización de las empresas de energía, 26 de ellas ahora en manos de extranjeros, no ha contribuido a resolver la crisis y no ha llevado a un mayor acceso de la población al gas y al agua, que sigue pagando precios cada vez más altos,

    H.  Considera los esfuerzos de los productores y consumidores de coca en sus múltiples usos tradicionales en Bolivia como en la región, contra la criminalización de su cultivo en nombre de una lucha contra la droga, la cual reprime a los productores de coca en los países de origen en vez de los traficantes de cocaína y lavado de dinero en los países de consumo,

    1.  Reitera su firme y decidido apoyo al sistema democrático en Bolivia, apoya el pedido de la mayoría indígena y pobre a resolver la crisis por medio de medidas estrictamente legales y hace suyo su pedido de la aprobación por el congreso de una asamblea constituyente,

    2.  Apoya la lucha pacífica de los bolivianos a recuperar el poder de decisión sobre la utilización de sus recursos naturales, como el gas, el petróleo y el agua, para que sean puestos al servicio de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de los bolivianos,

    3.  Considera que en el marco de una Asamblea Constituyente pueden inscribirse iniciativas y propuestas para elaborar una estrategia regional de utilización sustentable de energía, desde la consultación y la participación de las poblaciones respectivas,

    4.  Recuerda que desde el gobierno del anterior presidente Gonzalo Sánchez de Losada 67 casos de bolivianos y bolivianas asesinados y más de 400 heridos en manifestaciones callejeras han quedado impunes, pide que se lleven estos casos a la justicia, a la vez que exhorta no criminalizar las manifestaciones actuales y garantizar la integridad física de los líderes campesinos y políticos amenazados, tales como Evo Morales,

    5.  Pide a la Comisión de contribuir con su cooperación más al fortalecimiento del mercado interno y regional, como forma de combatir el empobrecimiento en el país, y de liberar recursos de cooperación para investigar en la elaboración y comercialisación de la hoja de coca en formas no halucinógenas,

    6.  Pide a la Comisión investigar la actuación de empresas energéticas de origen europeo en Bolivia, en las áreas de consulta y participación de la población local según la Convención 169 de la OIT y de acceso de la población a gas y agua a precios adecuados; y elaborar recomendaciones concretos para el caso de Bolivia en el marco de la Responsabilidad Social de las Empresas vinculantes para empresas eligibles para programas de financiación y apoyo por parte de la Unión Europea,

    7.  Recomienda el envío cuanto antes de una delegación del Parlamento Europeo a Bolivia para formarse una opinión sobre las empresas europeas actuando en el país en el campo de gas, petróleo y agua, y para apoyar la lucha pacífica por la democratización de país,

    8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Congreso de la República de Bolivia, así como al Secretario General de la OEA.

    (Gaby Küppers, tel.: 74068)