Propuesta de resolución - B6-0161/2006Propuesta de resolución
B6-0161/2006

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

    9.3.2006

    tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
    presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento
    por Francis Wurtz, Ilda Figueiredo y Helmuth Markov
    en nombre del Grupo GUE/NGL
    sobre las aportaciones al Consejo Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa

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    B6-0161/2006
    Textos presentados :
    B6-0161/2006
    Textos aprobados :

    B6‑0161/2006

    Resolución del Parlamento Europeo sobre las aportaciones al Consejo Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa

    El Parlamento Europeo,

    –  Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2005, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa[1],

    –  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2005, sobre las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008) (COM(2005)0141),

    –  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2005, titulada «Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa» (COM(2005)0330),

    –  Vistos los 25 programas nacionales de reforma relativos a la Estrategia de Lisboa presentados por los Estados miembros,

    –  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de enero de 2006, sobre el informe anual de progresos realizados,

    –  Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de marzo de 2000, marzo de 2001, marzo de 2005 y octubre de 2005,

    –  Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

    Asuntos generales - observaciones económicas, sociales y medioambientales

    1.  Lamenta que el llamado relanzamiento de la Estrategia de Lisboa acordado por el Consejo Europeo de primavera del año pasado se haya centrado con determinación en la competitividad, las reformas económicas estructurales y el espíritu empresarial, mostrando un claro sesgo neoliberal, poniendo en peligro la dimensión social y haciendo caso omiso de los problemas económicos, sociales y medioambientales con que se enfrentan los diferentes Estados miembros de la UE; subraya que dichas prioridades se han concretado en los Programas Nacionales de Reforma (PNR) presentados por todos los Estados miembros, en los que se fomentan las reformas en curso relativas a los contratos públicos, los servicios públicos, los mercados laborales y los regímenes nacionales de seguridad social de cada Estado miembro;

    2.  Subraya que la Estrategia de Lisboa definida por el Consejo Europeo de marzo de 2000 —que contó claramente con el apoyo de las grandes organizaciones empresariales, como UNICE y ERT— ha sido el instrumento principal dentro de la Unión Europea para promover la liberalización y la privatización de los servicios públicos, la flexibilidad y la adaptabilidad de los mercados laborales, la moderación salarial y la apertura a intereses privados de la mayor parte del sistema de seguridad social, incluidas las pensiones y la sanidad;

    3.  Observa con gran preocupación que, desde el año 2000, la Unión Europea presenta un lento crecimiento de la economía y del empleo, una transferencia de las ganancias de la productividad de los trabajadores a los empresarios y una persistencia de elevados niveles de desempleo, pobreza, exclusión social, precariedad laboral y desigualdad de las rentas; observa que, en contraste con lo anterior, el índice de beneficios en porcentaje del PIB en la zona euro se acerca actualmente a su valor máximo desde hace por lo menos 25 años, mientras que el índice salarial ha ido descendiendo década tras década;

    4.  Subraya que la Estrategia de Lisboa ha fracasado en gran medida en la realización de sus objetivos, fijados en un promedio del crecimiento económico del 3 %, el pleno empleo mediante la creación de 20 millones de nuevos puestos de trabajo y un gasto global en I+D del 3 % del PIB de la Comunidad; observa que, según los datos de la Comisión, el promedio de crecimiento económico se ha situado aproximadamente en la mitad del objetivo fijado, la creación de empleo representa aproximadamente un cuarto del objetivo (sin tener en cuenta la calidad de los empleos generados ni los cerca de 20 millones de desempleados actualmente) y el gasto destinado a I+D está por debajo del 2 % del PIB;

    5.  Subraya que el proceso en curso de liberalización de los mercados y privatización de los servicios públicos no ha aportado ningún beneficio visible en términos de precios, calidad del servicio o reducción del gasto público; observa, por el contrario, que las asociaciones de consumidores y usuarios han señalado un incremento de los precios, un descenso del nivel de calidad del servicio y un aumento del coste del suministro; observa además que la liberalización ha contribuido a la destrucción de puestos de trabajo en los sectores afectados y a la creación de monopolios privados que ponen en peligro los derechos de los trabajadores y de los consumidores;

    6.  Considera que la política monetaria y fiscal de la UE ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, y señala la necesidad de aplicar una política monetaria y fiscal que contribuya a fortalecer la recuperación económica y a luchar contra el desempleo;

    7.  Deplora el acuerdo alcanzado en diciembre de 2005 por el Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, y en particular los recortes en los Fondos Estructurales (del 0,41 % de la RBN de la UE se pasa al 0,37 %) y en los programas del ámbito social, medioambiental, de investigación, cultura y educación;

    8.  Considera que el 1,045 % del PIB de la UE resulta claramente insuficiente y subraya que las perspectivas financieras 2007-2013 deben conducir a un verdadero incremento del presupuesto de la UE para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y medioambientales que tiene ante sí la Unión Europea ampliada, así como a sus necesidades de cohesión;

    9.  Subraya que la UE necesita un marco macroeconómico de apoyo al desarrollo sostenible, un fortalecimiento de la demanda interna respetuosa con el medio ambiente, el pleno empleo con derechos y la cohesión económica y social; pide por ello a los Estados miembros y a la Unión que acuerden una estrategia europea coherente en materia de inversiones, creando un «programa de inversiones de la UE para el desarrollo sostenible y el empleo», con una dotación de al menos el 1 % del PIB de la UE, que debería ser complementado por los Estados miembros;

    10.  Solicita una política fiscal de expansión, combinada y coordinada entre la UE y sus Estados miembros, que se oriente al fortalecimiento de la demanda interna, las inversiones públicas, la investigación y la educación, así como al desarrollo de los recursos humanos, sobre la base de:

    • (i)menos rigidez de la política monetaria del BCE tomando como base la responsabilidad democrática y las preocupaciones de orden económico y social que se introducirían en paralelo con un cambio de su objetivo predominante de estabilidad de los precios,
    • (ii)la anulación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,

    11.  Recuerda la importancia de aplicar una política salarial progresiva para impulsar la demanda interna, promover la inclusión social y luchar contra la desigualdad de la renta; lamenta que la moderación salarial continúe siendo uno de los objetivos de las directrices integradas,

    12.  Pide la sustitución de la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia europea para la solidaridad y el desarrollo sostenible» que se centre en los puntos fuertes específicos de las políticas de la UE en materia económica, social y medioambiental y que fomente las inversiones:

    • (i)en investigación e innovación, en la calidad del trabajo en todos sus aspectos y en la mejora de las cualificaciones, a fin de conseguir una fuerza de trabajo altamente formada y cualificada,
    • (ii)en infraestructuras de base y de apoyo a la industria,

       (iii)   en los servicios públicos, para mejorar su calidad,

    • (iv)en la protección del medio ambiente y en las tecnologías ecológicas,
    • (v)en la mejora de las normas laborales, sociales, medioambientales y de seguridad, a fin de realizar una armonización hacia el nivel más elevado de las normas,
    • (iv)en la economía social;

    13.  Considera que la política en materia de medio ambiente puede representar una gran oportunidad económica para la creación de empleos directos e indirectos a gran escala si la innovación y las políticas industriales se concentran en la promoción del desarrollo sostenible;

    Evaluación de los PNR y del informe anual sobre los progresos realizados, con vistas al Consejo Europeo de primavera de 2006

    14.  Subraya que el Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa y los PNR en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada constituyen un instrumento para dar justificación nacional e impulsar las mismas reformas estructurales en todos los Estados miembros, en particular respecto al mercado laboral y la seguridad social, que tendrán onerosas consecuencias económicas y sociales, reforzadas aún más por las directrices integradas y por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

    15.  Toma nota del Informe anual de la Comisión sobre los progresos realizados y deplora el sesgo que toma la Comisión en sus prioridades fundamentales, en nombre del desbloqueo del potencial empresarial y de la inversión privada, concretamente:

    • (i)justificando una mayor privatización de la seguridad social, la reducción de las prestaciones sociales y el aumento de la edad de jubilación legal y efectiva,
    • (ii)insistiendo en una mayor flexibilidad del mercado laboral con el nuevo concepto de «flexiguridad», que va a la par con el de «empleabilidad»,

       (iii)   vinculando la inversión en investigación y desarrollo y en educación a los caprichos del libre mercado, justificando así que el conocimiento y la investigación se conviertan en productos,

    • (iv)insistiendo en la liberalización de los mercados energéticos y concediendo una prioridad primordial a la conclusión del mercado interior de los servicios,

    16.  Deplora el nuevo concepto de «flexiguridad» introducido por la Comisión y definido como la combinación de contratos de trabajo suficientemente flexibles con políticas en materia de mercado laboral que apoyen los cambios de un empleo a otro; considera que este concepto es paralelo al concepto de «empleabilidad», que atribuye al trabajador la responsabilidad de conseguir un empleo; subraya que ambos conceptos promueven la desregulación laboral y la liberalización de los despidos, lo cual pone en peligro la cohesión social y la calidad del trabajo;

    17.  Manifiesta su honda preocupación ante la segunda generación de programas estratégicos nacionales con las principales directrices para unas pensiones sostenibles, por su tendencia hacia la privatización de la protección social, la elevación de la edad de jubilación y la reducción del nivel de prestaciones; lamenta que la Comisión siga insistiendo en trazar el camino hacia la llamada «modernización» de los sistemas de protección social;

    18.  Considera injustificadas las presiones de la Comisión y del Consejo, mediante la Estrategia de Lisboa, para seguir desmantelando/privatizando el pilar de las pensiones públicas y elevar la edad efectiva y legal de jubilación; rechaza todo intento de elevar la edad legal de jubilación;

    19.  Deplora que, en las ocho medidas clave de la UE presentadas por la Comisión el año pasado, se dé prioridad a la conclusión del mercado interior de los servicios y a la adopción de la llamada «Directiva Bolkestein»; reitera su determinación de tener en cuenta la importancia económica del sector de los servicios para la economía europea y la creación de empleo, pero considera que la liberalización de los servicios fomenta la desregulación laboral y el dumping social y medioambiental, y pone en peligro los servicios públicos, los empleos y los derechos sociales y de los consumidores; rechaza la llamada «Directiva Bolkestein» y pide a la Comisión que retire su propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior;

    20.  Subraya la contradicción que existe entre promover un mercado laboral flexible y la precariedad del empleo y la necesidad de promover la calidad del trabajo en todos los aspectos; observa que las reformas del mercado laboral han ido seguidas de un declive de la productividad; pide a la Comisión que elabore una comunicación sobre la relación entre la calidad del trabajo y la productividad;

    21.  Destaca la arraigada lucha y resistencia de los trabajadores, los consumidores y los usuarios de los servicios públicos contra el proceso actual de liberalización y de reformas laborales y de la seguridad social, y pide al Consejo de Primavera que lo tenga en cuenta e incorpore las propuestas presentadas por los sindicatos, las asociaciones de consumidores y las asociaciones de usuarios de los servicios públicos;

    22.  Lamenta que la Comisión haya olvidado por completo la Agenda Social —en particular la estrategia de inclusión social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social— en su comunicación, al igual que en su Informe de Primavera para 2005;

    23.  Deplora que la mayor parte de los PNR no mencionen la estrategia de inclusión social, pese a que constituye uno de los pilares de la Agenda Social y de la Estrategia de Lisboa establecida en marzo de 2000; observa que 72 millones de personas de la UE ampliada están expuestas a la pobreza; pide al Consejo Europeo de primavera que establezca el objetivo ambicioso de reducir a la mitad el índice de pobreza en la UE para 2010 y de reducir a la mitad el grado de desigualdad de ingresos expresado mediante el indicador S80/S20;

    24.  Lamenta que la mayoría de los programas nacionales de reforma se centren únicamente en «más» puestos de trabajo, en lugar de «mejores» puestos de trabajo, es decir, la otra cara de la moneda; subraya que ni el informe anual sobre los progresos realizados ni los programas nacionales de reforma abordan debidamente la cuestión del fomento de la calidad del trabajo en todos sus aspectos, y considera que este aspecto debería ser una prioridad para la UE puesto que tiene una profunda vinculación con la calidad de vida, la inclusión social y la productividad; pide al Consejo Europeo de Primavera que establezca como objetivo que la mitad de los empleados de la UE con contratos a plazo fijo obtengan un contrato permanente para 2010;

    25.  Reconoce la importancia de los servicios públicos y su provisión para la promoción de la cohesión social, económica y regional en la Unión Europea; critica enérgicamente las objeciones contra el Estado como proveedor de los servicios de interés general y pide que los bienes públicos estén gestionados por el sector público;

    26.  Subraya que la UE necesita un firme compromiso para conseguir la reducción del tiempo de trabajo sin reducir las remuneraciones, crear nuevos empleos y aumentar la productividad; pide a la Comisión que retire su propuesta sobre la revisión de la Directiva relativa al tiempo de trabajo;

    27.  Considera que las actuales evaluaciones de coste-eficacia o de competitividad propuestas en la iniciativa «legislar mejor» están predispuestas a favor de los intereses empresariales y tienen el objetivo principal de retirar toda la legislación que ponga en riesgo la competencia o los beneficios de las empresas; considera que las evaluaciones de impacto no deberían poner en tela de juicio los objetivos iniciales de la legislación propuesta o establecida, en particular la protección de los derechos laborales, sociales, medioambientales y de los consumidores;

    Hacia una agenda solidaria y social

    28.  Insiste en que, para crear una amplia coalición en favor del cambio, la Estrategia de Lisboa debe procurar mejorar, en lugar de debilitar, los sistemas de protección social (sin poner en peligro el derecho fundamental a la jubilación, las prestaciones por enfermedad y desempleo ni los derechos y beneficios adquiridos), así como fomentar unos mercados laborales que den prioridad a la calidad del trabajo y a una redistribución justa de los beneficios, y no debe tender a socavar las normas sociales y medioambientales;

    29.  Subraya que la mejor manera de abordar la sostenibilidad de la seguridad social pasa por la realización del pleno empleo con derechos, una política salarial progresiva, la plena integración/regularización de los trabajadores inmigrantes, un reparto más equitativo de la renta, un crecimiento de la productividad suficiente y una lucha coordinada contra el trabajo no declarado; considera que es importante asegurar e incrementar las contribuciones de los empleadores a la seguridad social; subraya la necesidad de encontrar nuevos instrumentos para financiar los regímenes públicos de la seguridad social, por ejemplo mediante impuestos sobre las transacciones de los mercados monetarios o un recurso basado en el valor añadido de las empresas;

    30.  Subraya la importancia de una nueva agenda de política social cuyos objetivos deberían ser los siguientes:

    • (i)el desarrollo de una sociedad inclusiva y cohesiva, lo que presupone medidas en favor del empleo estable y el respeto de los derechos de los trabajadores;
    • (ii)la promoción de una sociedad basada en la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de discriminación;

       (iii) la distribución de la riqueza generada a fin de reforzar el bienestar de todos, lo que presupone unos sistemas de protección social universales y de provisión pública, así como un acceso garantizado y universal a unos servicios públicos de elevada calidad, incluida la sanidad, la educación y la vivienda;

    • (iv)una política social que tenga en cuenta a todos los colectivos;
    • (v)una democracia participativa como componente de las diversas políticas sociales y de empleo;

    31.  Toma nota de la necesidad de contar con infraestructuras educativas y sociales reforzadas, tanto para los jóvenes como para las personas mayores, incluidas mayores facilidades para la formación permanente, una atención de los niños asequible, la atención sanitaria y el cuidado de las personas mayores; recuerda a los Estados miembros el compromiso que asumieron en la Cumbre de Barcelona en 2002, según el cual para 2010 deberían proporcionar plazas de guardería para más del 33 % de los niños menores de tres años y para el 90 % de los niños con edades comprendidas entre los tres años y la edad de inicio de la escolaridad obligatoria;

    32.  Subraya la necesidad de elaborar políticas para lograr la igualdad de género (por ejemplo, en materia de igualdad de remuneración, permisos parentales y acceso a un empleo de calidad) y de crear mejores condiciones para conciliar el trabajo y la vida privada, también durante las distintas fases de la vida laboral, y mejorar la cantidad y la calidad de las infraestructuras relacionadas con la educación y el cuidado de las personas a cargo;

    33.  Insiste en la necesidad de adoptar medidas para fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación, en particular mediante nuevas iniciativas legislativas destinadas a aplicar el artículo 13 del Tratado en el ámbito de los derechos de la mujer, de los inmigrantes y de las personas con discapacidad; señala asimismo la necesidad de reforzar los vínculos entre el Fondo Social Europeo y los planes de acción nacionales para el empleo y la inclusión social, con el fin de que éstos cuenten con la financiación necesaria y de garantizar que los Parlamentos nacionales, las ONG activas en los ámbitos mencionados y los interlocutores sociales puedan participar realmente;

    34.  Recuerda la estrategia de la Comisión para crear nuevas fuentes de empleo, en particular promoviendo los servicios locales basados en la comunidad, los servicios públicos, los servicios sociales, los servicios personales, los servicios culturales y las profesiones relacionadas con el medio ambiente; considera que esta estrategia también debería centrarse en la calidad de los puestos de trabajo creados, de manera que no dé lugar a la creación de «miniempleos»;   

    35.  Considera que las políticas de inmigración deberían promover el éxito de la integración económica y social de los inmigrantes, lo que contribuiría a la sostenibilidad de la seguridad social; considera que el éxito de una política en materia de inmigración depende también de la aplicación de una estrategia amplia y proactiva para lograr la plena integración, lo que incluye una serie de medidas sociales, económicas y cívicas;

    Más inversiones en investigación, educación e innovación

    36.  Considera que la innovación ecológica y la I+D son importantes para alcanzar la política general de desarrollo sostenible y contribuir a la creación de bienestar y de puestos de trabajo; destaca a estos efectos la importancia de la investigación básica y aplicada con financiación pública;

    37.  Subraya que una política macroeconómica expansionista debe orientarse al fomento de la innovación ecológica, puesto que el desarrollo sostenible sólo será posible si el aumento de la demanda y del crecimiento económico pueden vincularse a grandes reducciones del uso de la energía y de las materias primas;

    38.  Considera que la inversión en I+D debería orientarse hacia la mejora de la calidad de vida y la promoción del desarrollo sostenible, y que el VII Programa Marco de Investigación 2007-2013 debería centrarse en las ciencias sociales, la sociedad de la información (incluido el software libre y de fuente abierta), la atención sanitaria pública y preventiva, la seguridad alimentaria, el control de las sustancias químicas, las tecnologías ecológicas y las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible, tales como las energías renovables y la agricultura respetuosa con el medio ambiente, como es el caso de la agricultura ecológica;

    39.  Considera que la UE debería plasmar estas prioridades estratégicas reforzando sus capacidades de innovación y de investigación y, en este contexto, lamenta los recortes introducidos en este sector por el Consejo Europeo de diciembre en su propuesta de perspectivas financieras 2007-2013;

    40.  Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos tendentes a una política que fomente la innovación en las medianas empresas, así como en los 20 millones de pequeñas empresas europeas que son la punta de lanza del crecimiento económico y la creación de empleo en Europa; considera que un acceso mejorado de las PYME al VII Programa Marco de Investigación resulta crucial para fortalecer la capacidad de las PYME para generar empleos;

    41.  Manifiesta su preocupación por el excesivo énfasis en la comercialización del conocimiento y la investigación, y advierte del riesgo de que sólo vea la luz del día la investigación aplicada y altamente lucrativa y con oportunidades de mercado;

    42.  Destaca la importancia de incrementar el nivel global de la educación y las cualificaciones de la población con el fin de fomentar la innovación y promover la I+D, y considera fundamental a este fin una mayor inversión en educación, formación y formación permanente; considera necesario reforzar la calidad de los sistemas de educación y formación en varias etapas de la vida y facilitar el acceso a la educación superior; subraya la necesidad de que las empresas inviertan en mayor medida en la formación de sus empleados;

    43.  Pide a los Estados miembros que se centren prioritariamente en el problema del fracaso escolar en la enseñanza primaria y secundaria; "" font-num="94" >considera que la tasa de la UE de fracaso escolar, de aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes, es inaceptable; pide al Consejo Europeo de Primavera que establezca objetivos ambiciosos para reducir esta tasa a la mitad para 2010; manifiesta su preocupación por que las propuestas presentadas por la Comisión para el próximo Consejo Europeo de Primavera contengan objetivos específicos para encontrar puestos de trabajo para los jóvenes que abandonan la escuela con el fin de reducir la tasa de fracaso escolar;

    Hacia una política energética coherente

    44.  Considera que la energía y el abastecimiento de energía son vitales para el desarrollo económico y para el bienestar de la población; subraya que la energía es un bien público y que el abastecimiento de energía es un servicio público; lamenta que la mayor parte de los PNR y el informe anual sobre los progresos realizados concedan prioridad a la prosecución de la liberalización de los mercados de la energía para 2007, tal como acordaron los Estados miembros en el Consejo; recuerda que esta liberalización podría conllevar incrementos de los precios y poner en peligro la prestación del servicio;

    45.  Considera que los Estados miembros y la UE deben realizar grandes esfuerzos para poner fin a su dependencia de las fuentes de energía fósiles e invertir la actual tendencia insostenible; subraya que la sostenibilidad ecológica y social debe ser el centro de los programas de inversión pública de la UE y de los Estados miembros; observa que las inversiones deberían orientarse a la promoción de las energías renovables, a desvincular el crecimiento económico del crecimiento de la energía y de la utilización de recursos, a mejorar la eficacia energética y fomentar el ahorro energético mediante la reducción de los niveles globales de consumo energético; considera que la rápida transición hacia las energías renovables debería constituir el núcleo de la Estrategia de Lisboa y que esta debería ser una de las principales prioridades del VII Programa Marco de Investigación;

    46.  Considera que una política energética coherente resulta esencial para el desarrollo sostenible, lo que implica una reducción del consumo, la mejora de la eficacia y el uso de las energías renovables; reconoce que un cambio en el enfoque del uso de la energía podría lograr una reducción de cerca del 20 % en el actual consumo de energía en Europa; considera, en este contexto, que los debates del Consejo Europeo de primavera sobre las cuestiones energéticas deberían conducir a acciones concretas en materia de ahorro energético, eficacia de los recursos y mayor fomento de las energías renovables;

    47.  Subraya, en consecuencia, que la UE debería invertir significativamente en la realización del mayor potencial de ahorro energético, al tiempo que se crean empleos en los sectores que aportarán el máximo en un corto periodo de tiempo, en particular en el sector de la construcción, que representa más del 40 % de todo el consumo de energía en la UE-25;

    48  Es consciente de que la seguridad energética a largo plazo no es posible sin un cambio hacia las energías renovables y pide mayores esfuerzos para asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos establecidos para las energías renovables, la electricidad generada a partir de fuentes renovables, los biocarburantes y la eficacia energética; pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que establezcan incentivos e inviertan en las energías renovables para cumplir y sobrepasar el objetivo de porcentaje de energías renovables;

    49.  Considera que la lucha contra el cambio climático está creando oportunidades económicas y sociales que pueden contribuir a reforzar la estrategia de desarrollo sostenible; señala la necesidad de que los objetivos para la reducción de los gases de efecto invernadero sean jurídicamente vinculantes; insta a la Comisión a subrayar la necesidad de proteger el clima en el diálogo con los socios internacionales, especialmente con los Estados Unidos, y a hacer hincapié en que las relaciones entre la UE y terceros países no podrán permanecer inalterables ante la ausencia de una posición constructiva en esta materia;

    50.  Subraya las capacidades existentes para las energías alternativas y la interrelación de la energía, el medio ambiente y la agricultura —lo que supone, en definitiva, un beneficio para los ciudadanos y su calidad de vida, así como para los sectores económicos participantes— en el marco del desarrollo sostenible; considera, no obstante, que debería lograrse el debido equilibrio entre los cultivos alimentarios y los cultivos para producción de energía, a fin de velar por que no se ponga en peligro la seguridad y soberanía en materia alimentaria;

    51.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.