PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
9.3.2006
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento por
- –Hans-Gert Poettering, en nombre del Grupo del PPE-DE
- –Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE
- –Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE
B6‑0162/2006
Resolución del Parlamento Europeo sobre las aportaciones al Consejo Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa
El Parlamento Europeo,
– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2005, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa[1],
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2005, sobre las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo 2005-2008[2],
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2005, «Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa»[3],
– Vistos los 25 Programas Nacionales de Reforma relativos a la Estrategia de Lisboa, presentados por los Estados miembros,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de enero de 2006, sobre el informe anual de progresos realizados,
– Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de marzo de 2000, marzo de 2001, marzo de 2005 y octubre de 2005,
– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,
Observaciones generales
1. Observa con satisfacción que el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa acordado por el Consejo Europeo de primavera del año pasado se ha concretado en los planes de acción nacionales propuestos por todos los Estados miembros y centrados en áreas prioritarias como la I+D y la innovación y la educación; reitera su satisfacción por que esto haya conducido a una clarificación de competencias a nivel europeo y nacional, así como a comprender y compartir mejor ese complejo enfoque estratégico;
2. Subraya, no obstante, que se requiere una rápida y eficaz aplicación de los planes de acción nacionales; subraya asimismo que el crecimiento económico necesita, entre otras cosas, un marco macroeconómico de apoyo; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Unión que eluciden si los regímenes fiscales, la investigación y la política industrial ofrecen los estímulos adecuados y que acuerden una estrategia europea de inversiones coherente, centrada en las cuatro prioridades propuestas por la Comisión, donde se incluyen la I+D y la innovación, la educación, la formación permanente y los servicios sociales, así como la creación de un entorno favorable a las empresas;
3. Insiste en que los compromisos políticos con estos cuatro ámbitos prioritarios son incompatibles con unas Perspectivas Financieras que introduzcan recortes considerables en las propuestas de gasto correspondientes a programas y líneas presupuestarias fundamentales para la Estrategia de Lisboa;
Planes de acción nacionales y estrategia europea de crecimiento y empleo
4. Subraya la importancia de completar la realización del mercado interior aprovechando plenamente sus cuatro principios primordiales, que son la libre circulación de capitales, bienes, personas y servicios; señala, en este contexto, que la adopción de la Directiva sobre los servicios es crucial para la apertura del gran mercado de los servicios en la UE y para contribuir a una economía europea fuerte y a la creación de empleo a largo plazo, en consonancia con la renovada Estrategia de Lisboa;
5. Considera que sería un error subrayar exclusivamente los aspectos de la competitividad y el crecimiento en cuanto tales, ya que la adhesión de los ciudadanos a la Estrategia de Lisboa implica una verdadera dimensión social;
6. Toma nota de los diversos enfoques nacionales de las directrices integradas reflejados en los planes de acción nacionales; considera que es necesario establecer una estructura común de base para los planes de acción nacionales, lo que permitirá un mejor análisis comparativo del impacto de las acciones propuestas a nivel del Estado miembro, así como un diálogo abierto y constructivo a nivel europeo sobre los progresos realizados;
7. Está convencido de que la investigación, la innovación, la promoción del espíritu empresarial, la mejora de la competitividad de las PYME y la provisión de redes adecuadas de transporte, energía y telecomunicaciones constituyen conceptos clave para trasladar la Estrategia de Lisboa al plano de la gobernanza regional y local;
8. Considera que la estabilidad a largo plazo y la sostenibilidad de las finanzas públicas son un requisito previo para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa; pide a la UE que agrupe las estrategias de crecimiento fragmentadas de la Unión en una estrategia general coherente, para hacer de la Unión Europea un líder mundial en una nueva generación de productos y métodos de producción, que integre las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías de utilización eficaz de recursos para un desarrollo sostenible;
9. Celebra que muchos Estados miembros prevean una cooperación más estrecha entre el sector público y el privado, ya sea en el ámbito de la investigación, de la asociación público-privada o de la educación, dentro sus planes de acción nacionales;
10. Señala el potencial que ofrecen las ecoinnovaciones y las tecnologías medioambientales, cuya demanda mundial crece constantemente, para impulsar el crecimiento y el empleo y ejercer efectos positivos para el empleo, con vistas a desplazar la carga impositiva del trabajo hacia la utilización de recursos y la degradación medioambiental; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan explorando esas sinergias;
11. Considera que los parlamentos nacionales constituyen el foro adecuado para debatir, legitimar y comunicar los objetivos nacionales y promover el debate público, a fin de definir los planes de acción nacionales; insta al Consejo Europeo y a la Comisión a establecer conjuntamente procedimientos claros para determinar qué textos legislativos requieren simplificación o codificación; pide además a la Comisión que proponga una estrategia relativa a cómo y cuándo deben aplicarse la corregulación y los acuerdos voluntarios;
12. Solicita a los Estados miembros una pronta y correcta transposición de la legislación de la UE y una aplicación eficaz de los Programas Nacionales de Reforma, incluida una información oportuna que permita su seguimiento por parte del Parlamento Europeo; estima que es necesario evaluar el impacto presupuestario de esas medidas; solicita que se realice una evaluación de impacto realmente independiente y una mejor consulta de los interesados;
13. Celebra la clarificación de responsabilidades y competencias de los distintos actores institucionales, económicos y sociales a nivel europeo, nacional y regional; considera que esto es crucial para desarrollar un elevado sentido de propiedad, así como la visibilidad y la responsabilidad de quienes participan; subraya que un sólido marco institucional es la base para reforzar la confianza de los ciudadanos; considera que deberían destacarse y compartirse las experiencias que han tenido éxito y fomentarse las mejores prácticas; subraya la importancia de fijar un plazo claro para la aplicación y la definición de objetivos, así como de un sistema de seguimiento eficaz; valora la competencia leal como un elemento positivo para mejorar la competitividad europea en general, la riqueza y las normas sociales elevadas;
14. Considera que un buen funcionamiento del mercado interior y un buen funcionamiento del mercado laboral en los 25 Estados miembros, salvaguardando las normas sociales y medioambientales, resultan vitales para liberar el potencial competitivo europeo, el crecimiento económico y la creación de empleo; insta a los Estados miembros a avanzar lo más deprisa posible hacia la total libertad de circulación de ciudadanos y trabajadores en la UE actuando al mismo tiempo con decisión para promover la calidad del trabajo en todos sus aspectos; concede una gran importancia al desarrollo de acciones más vigorosas contra la pobreza y a la promoción de la inclusión social;
15. Considera asimismo que el desbloqueo del potencial de negocios de las PYME creará nuevas oportunidades para que los jóvenes entren en el mundo empresarial, reforzará los sistemas de innovación y fomentará la inversión del sector privado en I+D;
16. Pide que en la evaluación y la presentación de los programas nacionales de Lisboa y en los documentos de la Comisión y del Consejo relacionados con la Estrategia de Lisboa se incluya una serie de indicadores centrados en la presión sobre el medio ambiente;
17. Observa que los indicadores son de crucial importancia, no sólo para la evaluación, sino también para el seguimiento de la acción política a nivel nacional y europeo;
18. Considera que la Unión carece de los datos fundamentales necesarios para comparar su situación general económica, medioambiental y social con la de otras regiones y países, y pide a la Comisión que presente propuestas a fin de disponer de esa visión de conjunto;
19. Insta a la Comisión Europea que se asegure de que los Fondos Estructurales se utilicen con arreglo a las prioridades de Lisboa; pide, en particular, a la Comisión Europea que realice un seguimiento sistemático de las regiones europeas para observar sus resultados en la realización de los objetivos de Lisboa, pues esa información y datos estadísticos permitirán a las regiones establecer una eficaz evaluación comparativa entre ellas y, por ende, definir las mejores prácticas;
20. Recuerda que la realización de la red transeuropea de transportes (RTE-T) desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Agenda de Lisboa y que, a fin de apoyar este crecimiento, la UE necesita urgentemente unas redes de trasporte eficaces, respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, que cubran el transporte ferroviario, por carretera, fluvial y marítimo, así como los puertos y los aeropuertos; pide, en consecuencia, a todas las partes interesadas que aseguren que la realización de la RTE-T se haga realidad;
Envejecimiento de la población / Desafíos demográficos
21. Constata que el aumento de la esperanza de vida, aparte de las nuevas oportunidades que ofrece para nuestras sociedades, puede dar lugar a tensiones intergeneracionales, debido a los problemas de financiación de la seguridad social y de los regímenes de pensiones ligados al rápido incremento de la población inactiva y a una reducción o, en el mejor de los casos, estabilización de la población activa; reconoce que cada Estado miembro tendrá que realizar sus propias opciones con respecto a la seguridad social y los regímenes de pensiones; observa que el débil crecimiento económico, un endeudamiento excesivo y un desempleo elevado acentuarán considerablemente este desafío demográfico; concluye que, para reducir al mínimo las consecuencias negativas del cambio demográfico, será esencial aplicar plenamente la Estrategia de Lisboa para lograr una sociedad inclusiva, con un alto índice de empleo, gran productividad, innovación y promoción de la salud;
22. Subraya que la demora en la acción o la falta de acción para abordar los desafíos medioambientales generará seguramente unos costes más elevados, con efectos negativos sobre la calidad de vida, así como sobre la carga financiera de las generaciones futuras; pide a la Comisión, por lo tanto, que intensifique su trabajo de identificación y cuantificación del coste de la inacción a nivel de los Estados miembros y a nivel de la Comunidad, así como de los efectos positivos de una acción preventiva, que es una perspectiva que difícilmente se encontrará en los programas nacionales o en el programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa;
23. Considera que el cambio demográfico requerirá una nueva infraestructura educativa y social mejorada, tanto para los jóvenes como para las personas mayores, incluyendo mayores facilidades para la formación permanente, una atención a los niños asequible, cuidados sanitarios y el cuidado de las personas mayores; recuerda a los Estados miembros el compromiso que asumieron en la Cumbre de Barcelona en 2002, conforme al cual, para 2010 deberían proporcionar plazas de guardería para más del 33 % de los niños menores de tres años y para el 90 % de los niños con edades comprendidas entre los tres años y la edad de inicio de la escolaridad obligatoria;
24. Recuerda que modernizar el Estado del bienestar en el conjunto de la UE constituye un imperativo político; insiste en que es igualmente importante situar la dimensión social de nuestras economías —los derechos sociales, la protección y el diálogo social— en el centro de cómo aseguramos que los ciudadanos puedan afrontar el cambio económico con facilidad y confianza en sí mismos; confirma que las reformas deben combinarse y apoyarse con un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad del empleo (flexiguridad);
25. Considera que la sociedad europea debe aprovechar la oportunidad de utilizar la experiencia y los conocimientos de una generación de ‘ciudadanos mayores’; pide a la UE y a los Estados miembros que desarrollen amplias ‘estrategias de envejecimiento activo’, incluyendo medidas para facilitar su integración como incentivos para una transición más gradual del trabajo a la jubilación; pide a la Comisión que difunda las mejores prácticas de los Estados miembros en lo concerniente a prepararse para la jubilación e introducirse en nuevos ámbitos de actividades libremente escogidos;
26. Considera que, a fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, deberían adoptarse medidas apropiadas para que las generaciones mayores puedan afrontar las innovaciones tecnológicas, evitar encontrarse en una posición de vulnerabilidad y exclusión social y participar más activa en el mercado laboral;
27. Pide a la Comisión que relance su estrategia en pro de nuevas fuentes de empleo, en particular incitando a los Estados miembros a promover servicios locales de carácter comunitario, servicios sociales y de ayuda a las personas, servicios culturales y profesiones relacionadas con el medio ambiente; considera que iniciativas no burocráticas, en la línea del "cheque de servicios" en Francia, podrían crear muchos puestos de trabajo nuevos y eliminar el trabajo no declarado;
28. Pide a los Estados miembros que actúen con determinación para identificar todos los obstáculos al crecimiento de la tasa de nacimientos, incluidos los obstáculos ajenos al entorno laboral, como las políticas fiscales y el acceso al mercado de la vivienda, así como los horarios de las guarderías y de las tiendas; subraya la necesidad de promover horarios de trabajo flexibles que permitan conciliar la vida laboral y familiar, lo que no debería tener como corolario el abandono de la carrera profesional, sino que esto debería ser resultado de una elección libre; subraya que un medio ambiente sano y la promoción de la salud en general son elementos clave para el crecimiento económico y el bienestar social a largo plazo;
29. Subraya que, además del problema del envejecimiento de la población, existe un problema fundamental de solidaridad entre las generaciones en todos los Estados miembros que financian el gasto público corriente mediante el endeudamiento; insiste en que el concepto de desarrollo sostenible lleva implícito el impedir que se imponga un endeudamiento insoportable a las futuras generaciones; subraya la necesidad de una perspectiva a largo plazo, en la que se evite aumentar la carga sobre los jóvenes y las generaciones futuras con excesivas deudas financieras;
30. Considera que los aspectos sanitarios del cambio demográfico tienen extrema importancia y deben abordarse tanto en su dimensión humana como financiera; subraya que, debido al envejecimiento de la población, está aumentando la demanda de servicios sanitarios y de atención de larga duración; está convencido de la importancia que reviste la inversión en medidas de prevención de las enfermedades de larga duración; recuerda que cuanto más se prolongan las condiciones en que las personas gozan de buena salud, mayor es el tiempo que pueden permanecer activas y trabajar;
31. Considera que las políticas de inmigración deberían promover el éxito de la integración económica, social y legal de los inmigrantes, con vistas a atenuar el desafío demográfico de Europa, pero reconoce que ello no resolverá por sí solo todos los problemas relacionados con el cambio demográfico; considera que el éxito de una política en materia de inmigración legal depende también de la aplicación de una amplia estrategia activa para lograr la plena integración, que incluya una serie de medidas sociales, económicas y cívicas, programas de introducción y enseñanza del idioma;
32. Señala que las políticas de inmigración que dan prioridad a los trabajadores cualificados también generan el efecto directo contrario de debilitar las economías de los países de donde proceden dichos inmigrantes cualificados, y que los desafíos del cambio demográfico sólo pueden resolverse de esa forma a corto plazo; señala, no obstante, que debería realizarse una evaluación detallada del impacto de las políticas de inmigración que dan prioridad a los trabajadores cualificados en las economías de sus países de origen;
Innovación e Investigación / Derechos de propiedad Intelectual / Formación Permanente
33. Considera que la innovación es una de las piedras angulares de la creación de riqueza, crecimiento y empleo, fortalece la competitividad de Europa y contribuye a la realización de la política general de desarrollo sostenible;
34. Considera que los presupuestos de la UE y de los Estados miembros deberían reflejar las prioridades estratégicas de Lisboa reforzando la capacidad de investigación e innovación de Europa y expandiendo el aprendizaje permanente, incluyendo la utilización de nuevos instrumentos financieros; insiste, no obstante, en centrar dichas políticas en ámbitos de interés general;
35. Alienta a la Comisión a presentar proyectos piloto en el ámbito de la I+D que permitan la creación de una perspectiva europea y el desarrollo de un pensamiento europeo en este ámbito;
36. Observa que no sólo el sector público registra retrasos respecto a los objetivos de Lisboa en materia de I+D, sino que en general el sector privado también está lejos de cumplir el objetivo de invertir el equivalente al 2 % del PIB en investigación y desarrollo; por ello pide al sector privado que intensifique sus esfuerzos para contribuir, en la parte que le corresponde, al objetivo del 3 %;
37. Observa que las empresas de tamaño medio, en particular, no están invirtiendo lo suficiente en investigación; invita a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos tendentes a una política que fomente la innovación en las empresas de tamaño medio, así como en los 20 millones de pequeñas empresas europeas que son la punta de lanza del crecimiento económico y la creación de empleo en Europa; considera que un acceso mejorado de las PYME al séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración resulta crucial para fortalecer la capacidad de las PYME para generar empleos;
38. Observa que el hecho de que Europa se esté retrasando con respecto a Japón y los Estados Unidos en materia de investigación y desarrollo se refleja en el desequilibrio en la proporción de investigadores que trabajan en el sector privado (80 % en los EE.UU., 50 % en Europa); reclama la aplicación de medidas para mejorar la movilidad de los investigadores y ofrecer mejores infraestructuras con vistas a atraer a más estudiantes a las carreras científicas;
39. Pide la aplicación de medidas para equipar a las universidades europeas con objeto de alcanzar los más altos niveles de investigación, reforzar la cooperación entre universidades y los sectores comercial e industrial y asegurar una mejor comunicación, difusión y aplicación de los resultados de la investigación;
40. Considera que la formación permanente es una necesidad; considera igualmente que, a fin de asegurar que la industria europea sea competitiva, debe reforzarse la calidad de los sistemas de educación y formación en las diferentes fases de la vida y debe facilitarse el acceso a la enseñanza superior; considera que los sistemas de educación y formación deben orientarse hacia aquellos ámbitos en los que Europa tiene una carencia de personal cualificado y responder a las necesidades y las brechas que se crean en un mercado laboral que cambia rápidamente y en la sociedad tecnológica;
41. Invita a los Estados miembros a centrarse prioritariamente en el problema del fracaso escolar en la enseñanza primaria y secundaria y mejorar la oferta en materia de educación y formación continua; constata enormes diferencias entre los Estados miembros;
42. Considera que el número de usuarios de Internet se encuentra en continuo crecimiento; considera que todos los jóvenes europeos deben tener la posibilidad de dominar las herramientas electrónicas; pide a los Estados miembros que velen por que de aquí a 2010, a más tardar, todos los alumnos de la Unión Europea dispongan de un ordenador, la informática esté plenamente integrada en los planes de estudio y ésta se imparta y utilice efectivamente en todas las escuelas;
43. Subraya la necesidad de reformar la legislación actual relativa a los derechos de propiedad intelectual; observa que los costes del registro de una patente en la UE oscilan entre los 37 500 y los 57 000 euros, mientras que el mismo procedimiento sólo cuesta unos 10 000 euros en los EE.UU. y que la complejidad de los trámites administrativos y los plazos de obtención de las patentes constituyen grandes obstáculos para las PYME; pide a la Comisión que asegure una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual y que presente lo antes posible una propuesta de armonización y reconocimiento mutuo del Derecho de patentes en los Estados miembros, lo que ofrecería mayor seguridad jurídica y fomentaría la innovación;
44. Apoya firmemente el primer Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (PIC) y subraya que los objetivos, acciones y medios financieros están inseparablemente vinculados a un compromiso creíble en favor de la Estrategia de Lisboa; pide a la Comisión que convierta dicho programa PIC en la piedra angular de la política de innovación de la UE; subraya la necesidad de fortalecer los instrumentos financieros del PIC operados por el Fondo Europeo de Inversiones para reforzar las finanzas de las PYME con capital de riesgo y garantías y ampliar sus actividades a la financiación de la transferencia de tecnología; destaca que el Parlamento señaló la innovación como una de las prioridades centrales en las Perspectivas Financieras e insta al Consejo Europeo a no hacer caso omiso de esa continua reivindicación;
45. Observa que, de las 20 empresas mundiales líderes en biotecnología, 19 son estadounidenses y una es suiza, y que la UE no puede seguir permitiéndose la acumulación de retrasos en este ámbito; pide a la Comisión Europea que aplique también el principio de subsidiariedad al ámbito de la investigación y apoye la investigación de base en todos los Estados miembros;
Políticas energéticas
46. Considera que una política energética coherente resulta fundamental para el crecimiento económico en Europa y para la prosperidad duradera de los ciudadanos europeos; observa, en particular, que la seguridad energética constituye una responsabilidad estratégica, dada la dependencia de Europa de las importaciones de terceros países; insiste en que se tomen medidas para garantizar un equilibrio seguro a largo plazo entre la oferta y la demanda;
47. Concuerda con la conclusión del Consejo de que un punto de vista compartido sobre una estrategia para la seguridad del abastecimiento debería respetar las diferencias geográficas, económicas, regionales, climáticas y estructurales de los Estados miembros, promover una mayor apertura del mercado en la UE, ser coherente con el desarrollo sostenible y los compromisos relativos al cambio climático en el sector de la energía y aportar valor añadido a las acciones individuales de los Estados miembros;
48. Pide a la Comisión, en vista de la decisión de la Cumbre de Hampton Court de solicitarle que desarrolle una política energética revitalizada en la Comunidad, que se acelere la elaboración de propuestas en esta materia; pide a la Comisión que adopte una acción mucho más resuelta para garantizar fuentes de energía competitivas que no emitan, o apenas, CO2, y un suministro de energía respetuoso con el medio ambiente y suficientemente diversificado para evitar un exceso de dependencia con respecto a alguna forma de energía;
49. Espera con interés, por tanto, los debates del Consejo Europeo de primavera sobre la cuestión de la energía, que deberían conducir a acciones concretas en el ámbito del ahorro energético, la utilización eficaz de los recursos y una mayor promoción de las energías renovables, contribuyendo también de este modo a la consecución de los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero del Protocolo de Kyoto e incluso a su superación;
50. Insiste en que la I+D y la innovación en el ámbito de la energía debería seguir siendo una prioridad; pide un compromiso a largo plazo de los Estados miembros para incrementar la financiación de la I+D y crear un espacio europeo de la investigación sobre la energía; reconoce que un cambio de enfoque respecto a la utilización de la energía debería conducir a una reducción de cerca del 20 % en el consumo actual de energía en Europa, sin descartar de oficio ningún tipo de enfoque;
51. Subraya, en consecuencia, que la Unión Europea debería invertir significativamente en el desarrollo de tecnologías más limpias y más eficaces, tales como el carbón limpio y la captación de CO2, en nuevas fuentes de energía y en la mejora de la seguridad nuclear, entre otras cosas para poder realizar grandes avances tecnológicos;
52. Observa el considerable potencial de aumento de la eficacia energética, reducción de las emisiones contaminantes y un mercado de alcance mundial para los nuevos equipos y sistemas de tecnología de carbón limpio, y pide a la industria y al Séptimo Programa Marco de Investigación que realicen una eficaz demostración de los sistemas de producción de energía con carbón limpio;
53. Pide un aumento de los esfuerzos para garantizar que los Estados miembros apliquen la legislación existente relativa al mercado interior de la energía y que se cumplan plenamente los objetivos establecidos para las energías renovables, los biocarburantes y la eficacia energética; se congratula de la Directiva sobre la eficacia en los usos finales de la energía y los servicios energéticos, adoptada el 13 de diciembre de 2005, e insta a su pronta y coherente aplicación en toda la UE;
54. Considera que resulta crucial incrementar las inversiones en tecnologías más limpias y más eficaces y que la UE también podría beneficiarse en gran medida de la exportación de dichas tecnologías a países donde se registra un crecimiento exponencial del consumo de energía, lo que les obligará a invertir considerables cantidades en mejoras de la eficacia energética;
55. Invita a la Comisión y al Consejo a ofrecer una amplia cooperación en política energética a todos los países que consumen grandes cantidades de petróleo y gas natural, empezando por los EE.UU., Japón, China y la India; considera que tal cooperación podría aliviar las tensiones relativas a los precios del petróleo y el gas natural, especialmente si un código de buena conducta no sólo eliminara las rivalidades en las principales regiones productoras sino que también condujera a un intercambio de las mejores tecnologías respecto al ahorro de energía y la eficacia energética y las fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente;
56. Recuerda que Europa se beneficia de una experiencia, mundialmente reconocida en el ámbito de la energía nuclear, que es una de las respuestas frente a la dependencia energética y el cambio climático, que dicha experiencia se refiere en especial al rendimiento y la calidad de las instalaciones de producción y a los procesos de saneamiento («desmantelamiento» según la terminología del OIEA);
57. Considera que la lucha contra el cambio climático está creando oportunidades económicas y sociales que pueden contribuir a reforzar la estrategia de desarrollo sostenible —el tercer pilar de Lisboa; considera que la evolución del marco de Kyoto después de 2012 requiere una consideración activa en el momento presente para posibilitar que los mercados tengan en cuenta el coste del carbón en los grandes programas de inversión;
58. Reconoce el papel que desempeña actualmente la energía nuclear en el mantenimiento de la seguridad del abastecimiento de electricidad, en cuanto parte significativa de la combinación de energías y para evitar unos 312 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, según las estimaciones, lo que supone el 7 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE, y que los cálculos actuales reflejan una proyección del 12 % de incremento de las emisiones de CO2 en la UE para 2020, muy alejadas del objetivo de reducción de Kyoto fijado en el 8 %;
59. Es consciente de que la seguridad energética a largo plazo no será posible sin un desarrollo económica y ecológicamente significativo de las energías renovables; pide a la Comisión Europea que establezca incentivos basados en el mercado para hacer que las energías renovables sean rentables lo antes posible; y que de ese modo reduzca a largo plazo la dependencia respecto a países exportadores políticamente inestables; observa que las fuentes de energía renovables pueden proporcionar técnicamente un porcentaje limitado de suministro de energía;
60. Invita a la Comisión a que, al evaluar la cuestión energética, la considere desde diferentes perspectivas, tales como la combinación de energías, la evolución del mercado, las inversiones, los fondos de investigación, así como la posibilidad de crear y desarrollar un sistema que prevea el intercambio de información entre los Estados miembros;
61. Considera que la falta de interconexiones entre las infraestructuras de los Estados miembros constituye una barrera al mercado interior y pide a los Estados miembros que completen las redes de energía RTE a fin de resolver este problema; considera que en el plano nacional los Estados miembros deberían velar por que las centrales de generación se distribuyan de manera homogénea por su territorio y tan cerca como sea posible de los principales puntos de consumo;
62. Deplora el hecho de que el Consejo Europeo se proponga recortar los créditos para las redes transeuropeas solicitados por el Parlamento Europeo en el marco de las próximas perspectivas financieras; recomienda utilizar las posibilidades que ofrece el próximo lanzamiento del sistema Galileo para mejorar la gestión electrónica de los flujos de circulación, lo que requerirá la introducción gradual de un sistema de peaje electrónico que evite la congestión del tráfico y sirva para que los usuarios sufraguen el coste real de la movilidad;
63. Acoge con interés el enfoque integrado seguido por el grupo de alto nivel CARS21, así como sus conclusiones, y espera que la Comisión se guíe por la hoja de ruta adoptada, a fin de presentar rápidamente propuestas para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros y pesados, en particular mediante la mejora de la tecnología de los vehículos (vehículos híbridos) y la utilización de la segunda generación de biocarburantes (derivados de una amplia variedad de materias primas); pide a los Estados miembros que se guíen por la iniciativa de Suecia de hacer obligatoria la venta de biocarburantes en todas las estaciones de servicio;
64. Considera que la agricultura europea podría encontrar nuevos mercados gracias a la promoción de los cultivos que se utilizan para producir biocarburantes, que contribuirían indirectamente al mantenimiento de la seguridad alimentaria en Europa;
65. Llama asimismo la atención sobre los ejemplos que ya existen en Europa en cuanto a la utilización de la biomasa para la calefacción y el suministro eléctrico, lo cual subraya las capacidades existentes para las energías alternativas y la interrelación de la energía, el medio ambiente y la agricultura, lo que supone, en definitiva, un beneficio para los ciudadanos y su calidad de vida, así como para los sectores económicos participantes, en el marco del desarrollo sostenible;
66. Subraya la importancia de completar plenamente el mercado interior con una competencia adecuada y no discriminatoria y de proseguir la liberalización de los mercados energéticos de aquí a 2007, tal como acordaron los Estados miembros;
67. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
- [1] P6_TA(2005)0069.
- [2] COM(2005)0141.
- [3] COM(2005)0330.