PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
7.2.2007
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento
por Guntars Krasts
en nombre del Grupo UEN
sobre las aportaciones al Consejo de primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa
B6‑0044/2007
Resolución del Parlamento Europeo sobre las aportaciones al Consejo de primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa
El Parlamento Europeo,
– Visto el Informe de primavera 2007 de la Comisión (referencia),
– Vistos el Documento de trabajo de la Comisión titulado «Programa Comunitario de Lisboa: Informe de Ejecución Técnica 2006» (SEC(2006)1379),
– Vistos los 25 Programas Nacionales de Reforma de Lisboa presentados por los Estados miembros,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea» (COM(2006)0689),
– Vistas las orientaciones de la Comisión para la ejecución de los Fondos Estructurales en consonancia con la Estrategia de Lisboa (referencia),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa global: competir en el mundo» (COM(2006)0567)),
– Vista la Comunicación de la Comisión sobre directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008) (COM(2005)0141),
– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2000, marzo de 2001, marzo y octubre de 2005 y marzo de 2006,
– Visto el Informe sobre una Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura – Libro Verde, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6‑0426/2006),
– Visto el Informe sobre el impacto macroeconómico del incremento del precio de la energía, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0001/2007),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo titulada «Una política energética para Europa» (COM(2007)0001),
– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,
◙ Observaciones generales
1. Observa con satisfacción los esfuerzos de la Comisión y de los Estados miembros por tener éxito con la Estrategia de Lisboa y señala que esta estrategia es la respuesta de Europa a los desafíos de la globalización; hace hincapié una vez más en que el crecimiento y el empleo son requisitos esenciales para el éxito de la Estrategia de Lisboa, junto con la interdependencia de las reformas económicas, sociales y medioambientales a la hora de crear una economía y una sociedad dinámicas e innovadoras; advierte contra la reducción de la Estrategia de Lisboa a un reducido número de prioridades ligadas a la realización del mercado interior y a una mejor regulación del mismo; recuerda los numerosos rasgos complementarios de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible y de la Estrategia de Lisboa, como por ejemplo sus objetivos comunes de mejora de la competitividad, creación de más y mejores puestos de trabajo, mayor inclusión social, protección del medio ambiente y prevención de riesgos;
2. Celebra el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa durante el Consejo Europeo de marzo de 2005 y la aclaración realizada con esta ocasión de las competencias de los Estados miembros y del nivel comunitario por lo que respecta a la aplicación de medidas específicas;
3. Considera que, en un mundo dotado de recursos económicos limitados y de un sistema ecológico frágil, la Unión Europea debería esforzarse por convertirse en la zona económica del mundo que haga un uso más eficiente de los recursos y de la energía; señala los costes de no actuar o de hacerlo con retraso en este sentido y hace hincapié en el enorme potencial económico de las tecnologías de uso eficiente de la energía y de las energías renovables en el mercado mundial, para cuya explotación Europa está en la mejor situación posible;
4. Considera que la innovación desempeña un papel de importancia crítica para la capacidad de Europa de responder con eficacia a los desafíos y las oportunidades de la economía global, al igual que a otros desafíos, como el del cambio climático;
5. Señala que para lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa se requieren unos recursos financieros suficientes y bien dirigidos dentro del presupuesto de la Comunidad; lamenta, en este sentido, la falta de recursos financieros bien dirigidos que permitan alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa;
◙ Crecimiento, empleo y competitividad
Crear más empleo y oportunidades
6. Considera que la reforma del mercado de trabajo debe tener por objetivo conciliar las exigencias de la industria de una mayor flexibilidad y las exigencias de los trabajadores de una mayor seguridad, por ejemplo, creando nuevas perspectivas de empleo y nuevas formas de seguridad; manifiesta su convicción de que esta combinación de flexibilidad y de seguridad social hace más fácil que los trabajadores, las empresas y las PYME se adapten a los desafíos de una economía dinámica y de una sociedad cambiante; pide, por lo tanto, al Consejo Europeo y a los Estados miembros que definan principios claros y objetivos y que emprendan un ejercicio más activo de definición de valores de referencia y un intercambio más intenso de experiencias y mejores prácticas para el desarrollo y la aplicación de la flexiguridad;
7. Pide más inversión y mejor formación y más alta cualificación de los trabajadores, con el fin de que se incremente la productividad y las tasas de empleo y para cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa, lo que debería capacitar a la UE para enfrentarse a la competencia global; recuerda que la modernización de los regímenes de empleo y de seguridad social en todos los Estados miembros, incluido el fomento de medidas activas del mercado laboral (como en el modelo danés), es un imperativo político y, al mismo tiempo, que la prosperidad y la solidaridad son objetivos que se apoyan verdaderamente entre sí con arreglo a la Estrategia de Lisboa;
8. Recuerda que el desempleo afecta en mayor grado a los grupos vulnerables, en particular a los trabajadores menos cualificados, por lo cual es necesario esforzarse especialmente en impulsar políticas activas de formación para el empleo dirigidas a los trabajadores desempleados que puedan estar menos cualificados, y en mejorar el sistema educativo de forma que se reduzca el elevado índice de fracaso escolar;
9. Considera que hay que eliminar las barreras a la creación de empleo, incluida la falta de incentivos para aceptar empleos moderadamente remunerados; reconoce que los desempleados tienen la responsabilidad de aceptar ofertas de trabajo; reconoce la necesidad de que los acuerdos sobre la duración de la jornada laboral sean lo suficientemente flexibles para cubrir las necesidades de los patronos y para que los trabajadores puedan conciliar trabajo y vida familiar;
10. Lamenta que la proporción de mujeres que forman parte de la población activa siga aún lejos de los objetivos de Lisboa; piensa que los trabajadores de más edad deben tener la posibilidad de permanecer activos de forma voluntaria, con el apoyo de una formación y una atención sanitaria adecuadas en el trabajo, y que hay que desalentar la jubilación anticipada y permitir que los trabajadores sigan trabajando voluntariamente más allá de la edad legal de jubilación, si ellos y sus patronos así lo deciden de común acuerdo; insiste en que estas medidas son necesarias para estimular el crecimiento económico y consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas;
11. Destaca que los trabajadores de más edad constituyen una parte cada vez importante de la población laboral y de la capacidad de producción económica de la UE, por lo que pide que se realicen más esfuerzos para modificar los regímenes fiscales y de seguridad social, a fin de fomentar la prolongación de una vida laboral activa;
12. Observa que Europa adolece de falta de trabajadores cualificados y que la formación continua es un elemento clave para lograr los objetivos de Lisboa, por lo que insta a los Estados miembros a que, en cooperación con los interlocutores sociales, hagan mayores esfuerzos para crear empleo y para aumentar la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores jóvenes, las mujeres y los trabajadores más mayores, en particular mediante:
- -la garantía de que a quien abandone la formación escolar se le ofrecerá un empleo, una formación u otras medidas de fomento de la empleabilidad en un plazo de seis meses y un acceso amplio a la formación para trabajadores desempleados;
- -la garantía de que el plazo de constitución y entrada en actividad de las nuevas empresas no excederá de una semana, con unas tasas legales y unos costes administrativos reducidos;
- -inversiones más elevadas en redes integrales y asequibles de asistencia a la infancia y otras redes de asistencia;
- -una mayor reducción de la presión fiscal sobre el empleo;
- -la lucha contra la exclusión y la discriminación sociales y el desarrollo de políticas de inmigración e integración que respondan a las necesidades de la economía y la sociedad europeas;
- -un mayor dinamismo del conocimiento y la innovación aumentando las inversiones; el establecimiento de unos derechos y unos deberes más claros para la educación, la formación profesional y la formación continua; el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); una correspondencia más eficiente entre el sistema educativo y las necesidades de los nuevos mercados laborales; y la inclusión de la formación del espíritu empresarial en los programas de formación;
13. Apoya la política de permitir que las universidades se financien con fondos privados, y alienta al sector privado a que dé a conocer sus puntos de vista sobre las necesidades del mercado en materia de enseñanza y formación;
14. Considera que los aspectos sanitarios del cambio demográfico son de suma importancia y recuerda que cuanto más tiempo gocen las personas de buena salud, tanto más tiempo podrán permanecer económicamente activas y sin que se disparen los costes de la sanidad; manifiesta su convencimiento de que la inversión en medidas encaminadas a proteger a las personas frente a los factores que causan las enfermedades crónicas y de larga duración posee especial importancia;
15. Insta a los Estados miembros a revisar los modelos sociales ineficientes a la luz de su sostenibilidad financiera, de la dinámica global cambiante y de las tendencias demográficas, para hacer más sostenibles dichos modelos;
16. Observa que Europa ya adolece de falta de trabajadores cualificados; lamenta la «fuga de cerebros» en la Unión Europea; considera que la inmigración, especialmente la de personas altamente cualificadas, es necesaria para mantener los mercados laborales europeos y, en último término, las finanzas públicas; subraya que la formación continua es un elemento clave para lograr los objetivos de Lisboa; considera que la formación continua ofrece a los ciudadanos los medios para afrontar activamente las consecuencias de la globalización, el cambio demográfico, la tecnología digital y los daños al medio ambiente; observa que el sector público se está quedando rezagado en cuanto a los objetivos de Lisboa en materia de I+D;
Eliminar los déficits persistentes del mercado interior
17. Subraya que, si la economía europea quiere ser competitiva a nivel mundial, también necesita un mercado interior dinámico; recomienda facilitar el acceso al mercado, promover políticas favorecedoras de la innovación y respetar los principios de interés público y alto grado de protección del consumidor, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse plenamente del mercado interior; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de revisar el funcionamiento del mercado único y refrenda plenamente su ambición de concluir por fin el proyecto; pide a los Estados miembros que asuman la responsabilidad del mercado interior y establezcan una cultura de cooperación mutua a fin de supervisar y promover la participación de las empresas en la actividad de toda la UE; pone de relieve, en particular, la importancia de que se aplique y haga cumplir correctamente la legislación de la UE y destaca a este respecto la función que pueden desempeñar unos jueces nacionales adecuadamente formados;
18. Constata que la consolidación sostenida del mercado interior es una tarea fundamental tanto para la consecución de los objetivos de Lisboa como, en particular, para que Europa ocupe una posición competitiva duradera en el proceso de globalización; pide a todas las instituciones europeas y a los Estados miembros que no cejen en sus esfuerzos por reforzar este elemento de integración fundamental;
19. Subraya que la libre circulación de bienes es una de las piedras angulares del mercado interior; recuerda que, en el caso de los productos que no han sido objeto de armonización comunitaria, los artículos 28 a 30 del Tratado CE prohíben a los Estados miembros mantener o imponer barreras al comercio intracomunitario de bienes; pide, por lo tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que eliminen definitivamente todos los obstáculos a la libre circulación de bienes en la UE;
20. Constata que en el ámbito del reconocimiento mutuo de productos no armonizados subsisten déficit considerables por lo que respecta a la libre circulación de mercancías; apoya, por lo tanto, los planes de la Comisión de establecer, mediante un acto jurídico, que la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sea vinculante en todos los Estados miembros;
21. Pone de relieve, tras la adopción final de una Directiva sobre los servicios en el mercado interior, la obligación de la Comisión de prestar asesoramiento a los Estados miembros y de supervisar sus progresos; insta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que cooperen para asegurar una aplicación coherente en toda la UE; subraya que esto es esencial para que la economía europea esté a la altura de las disposiciones del Tratado y para seguir realizando el mercado interior;
22. Subraya que la libre circulación de servicios es una de las piedras angulares del mercado interior; señala que el sector de los servicios representa al menos el 70 % del PIB y del mercado laboral; pide una mayor colaboración entre los servicios sanitarios, en particular por lo que respecta a la movilidad de los pacientes;
23. Subraya que la aplicación y la protección de los derechos de propiedad intelectual son aún relativamente costosas y prolijas en Europa y dificultan la innovación y la competitividad; considera que el problema de la normalización no ha recibido la atención necesaria a nivel europeo ni a nivel nacional; reitera su petición de que se mejoren las condiciones marco para una mejor política de propiedad intelectual y patentes, concretamente, a través de normas a escala comunitaria, de una cooperación reforzada entre los órganos nacionales de normalización y de procedimientos simplificados; reitera la necesidad de abordar de forma eficaz la cuestión de la falsificación (por ejemplo, la falsificación de medicamentos) en beneficio de la seguridad de los pacientes;
24. Considera profundamente lamentable que no haya sido posible avanzar en relación con la política europea de patentes y considera inaceptable que no se haya logrado desarrollar una estrategia europea común en materia de patentes; hace referencia a su conclusión de la primera lectura sobre el Reglamento europeo relativo a las patentes, que propone una solución para los problemas que todavía no se han solucionado en el seno del Consejo; insta a la Comisión a que presente urgentemente propuestas para una nueva estrategia en materia de patentes, a fin de fijar rápidamente una nueva base para las negociaciones en el Consejo; insta a los Estados miembros a que adopten un sistema de patentes eficaz basado en las consultas realizadas en el pasado, incluido el estudio de la posibilidad de participar en el EPLA (Acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas), con objeto de progresar y garantizar seguridad jurídica en el plazo más breve posible;
25. Recuerda la importancia, para la creación de un mercado interior competitivo, de un régimen de contrataciones públicas eficaz, innovador y operativo; exhorta a la Comisión a que prosiga su reforma del marco de contrataciones públicas para impulsar la participación y minimizar la burocracia, así como a que examine los mejores modos de asegurar un acceso justo por parte de las PYME a las contrataciones públicas;
26. Acoge con satisfacción los progresos que se han hecho mediante la aplicación del primer Plan de acción sobre los servicios financieros y señala que el correcto funcionamiento del mercado financiero es fundamental para las perspectivas de crecimiento de la economía europea; pide encarecidamente a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que la legislación europea en materia de servicios financieros se aplica correctamente en todos los Estados miembros y que nuestros socios internacionales la respetan plenamente;
27. Señala que para un correcto funcionamiento del mercado único es fundamental que los mercados financieros funcionen adecuadamente; considera que la garantía del desarrollo de productos financieros de gran calidad con carácter transfronterizo contribuirá a desarrollar un entorno de empresas innovadoras en Europa; considera que una innovación y crecimiento rápidos de las transacciones financieras internacionales plantean nuevos retos al sector empresarial así como al sistema financiero internacional; pide a la Comisión que mejore la transparencia y defina políticas reglamentarias más eficaces para impulsar la estabilidad financiera, una protección adecuada de los consumidores y la integridad de los mercados; pide al Consejo y a la Comisión que examinen la necesidad de establecer unas normas de supervisión más eficaces para los fondos de dividendos privados y los fondos especulativos;
28. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan realidad la libre circulación de capitales; lamenta los recientes incidentes protagonizados por Gobiernos nacionales que tratan de impedir fusiones transfronterizas dentro de la Unión Europea; elogia a la Comisión por su defensa inequívoca del Tratado CE a este respecto; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente rápidamente, también en el ámbito del Derecho de sociedades, nuevas propuestas que faciliten la movilidad de las empresas y del capital en la Unión Europea, lo cual es particularmente válido por lo que respecta a la Decimocuarta Directiva relativa al traslado de la sede social, así como a la sociedad privada europea;
Consolidar la competitividad exterior de la UE
29. Observa que el comercio libre y justo incrementa la prosperidad en Europa y en todo el mundo; observa que en el mercado interior las empresas actúan en un entorno global, con unos mercados interdependientes y unos actores globales; insta a los Estados miembros a que eviten el proteccionismo; considera que una mayor integración económica global puede impulsar la competitividad, el crecimiento y el empleo en la UE; señala la importancia de la cooperación internacional en materia reglamentaria, especialmente en los ámbitos de la supervisión, la reforma reglamentaria y la simplificación; recuerda, no obstante, que en algunos sectores el comercio internacional también puede tener consecuencias negativas para los trabajadores más vulnerables y menos cualificados;
30. Considera que el acceso al mercado, un enfoque regional más equilibrado y el fomento de las normas fundamentales de la OIT en materia laboral y de trabajo decente a nivel mundial son vitales para consolidar la competitividad exterior de la UE; considera que evitar el dumping medioambiental es un elemento determinante de una competencia leal; manifiesta su disposición a examinar medidas comerciales adecuadas contra los países «que van por libre», que no asumen la responsabilidad que les corresponde en la lucha contra el cambio climático global, teniendo en cuenta las diferentes y variadas fases de desarrollo socioeconómico en las que se encuentran nuestros socios comerciales;
31. Recuerda que la responsabilidad social de las empresas no debe interpretarse como una imposición unilateral del Estado, mediante nuevas obligaciones jurídicas, lo que reduciría la competitividad y capacidad de generación de empleo; considera, por el contrario, que dicha responsabilidad debería impulsarse mediante iniciativas, fiscales o de otro tipo, de las empresas, de modo que éstas asuman voluntariamente funciones de interés social;
32. Hace hincapié en la necesidad de conseguir mejores condiciones financieras, laborales y fiscales para las PYME, fundamento de la competitividad de la economía europea, lo que contribuirá a facilitar una constante innovación en materia de productos; considera que, a fin de hacer frente a los retos de la globalización, es imperativo aplicar políticas eficaces;
33. Señala la importancia de la cooperación internacional a nivel normativo, especialmente en los ámbitos de la reforma y de la simplificación de la legislación; considera que se debería reforzar la cooperación, sobre la base del multilateralismo y la responsabilidad democrática, a fin de abrir mercados extranjeros a los productos y servicios de las empresas europeas sobre una base equilibrada; insiste, en este contexto, en que se reequilibre el Acuerdo sobre Contratación Pública asegurando que las exclusiones en favor de las PYME que persisten en los compromisos de algunas Partes signatarias se contrarresten en los compromisos europeos mediante una exclusión similar o por medio de una disposición que autorice a las Partes signatarias a otorgar un régimen preferencial a las PYME a condición de que los beneficios de este régimen se extiendan sin discriminación a todas las PYME de las demás Partes;
34. Considera que la ayuda de la UE a los Gobiernos de terceros países para que apliquen la legislación social y medioambiental de forma coherente con los convenios internacionales, junto con regímenes de inspección eficaces, es un complemento necesario para hacer progresar la responsabilidad social de las empresas europeas en todo el mundo; subraya que la responsabilidad social de las empresas tiene que formar parte del diálogo empresarial con otros mercados;
◙ Una política energética coherente de la UE
35. Hace hincapié en la importancia vital de incrementar las inversiones de la UE en investigación y desarrollo, incluyendo productos y servicios;
36. Acoge con satisfacción la aprobación del Séptimo Programa Marco, cuyo objetivo principal es reforzar las bases tecnológicas y científicas de la industria comunitaria, asegurando así un elevado nivel de competitividad en la escena internacional; reitera una vez más la importancia de que un 3 % del PIB se destine a la investigación y pide a los Estados miembros que cumplan plenamente los compromisos que suscribieron en Barcelona en 2002; pone de relieve el objetivo principal del Séptimo Programa Marco y su contribución a que la Unión se convierta en la zona de investigación puntera del mundo; afirma que ha subrayado repetidamente la importancia de I&D y la función cada vez más importante del conocimiento para el crecimiento económico y el bienestar social y medioambiental;
37. Aprueba decididamente la labor de las plataformas tecnológicas conjuntas en la promoción de programas coherentes de investigación estratégica en ámbitos determinantes para la competitividad europea; insta a los Estados miembros a que fomenten la participación de las pequeñas empresas y las organizaciones de investigación en dichas plataformas;
38. Alaba a la Comisión por destinar, a través de iniciativas tecnológicas conjuntas, fondos específicos para contribuir a convertir conceptos de investigación en programas concretos; pide a los Estados miembros que promuevan dichos programas a través de sus iniciativas de innovación nacionales;
39. Observa las divergencias existentes en materia de inversión en tecnologías de la información y la comunicación por empleado de la UE con respecto a los EE.UU., así como la correlación entre inversión en TIC y aumento de la productividad; conviene en la necesidad de apoyar y desarrollar un sector TIC muy competitivo en la UE, en particular mediante la plena aplicación en todos los Estados miembros del Reglamento marco de la UE sobre las comunicaciones;
40. Destaca el gran potencial de los fondos de la contratación pública para la promoción de la innovación; toma nota de que en el marco actual de la contratación pública se puede proceder a la adquisición precompetitiva de bienes y servicios innovadores; insta a los Estados miembros a que promueven esta actividad al nivel de sus autoridades públicas; observa que la aplicación eficaz de las TIC al suministro de servicios públicos mejorará la experiencia de los consumidores y ayudará a las empresas de la UE a fabricar productos competitivos a nivel mundial;
Asegurar los suministros de energía sostenible
41. Expresa su convencimiento de que la Estrategia de Lisboa sólo dará resultados si se realizan más esfuerzos con vistas a establecer una política energética común; señala que, no obstante, esta política no deberá desembocar en la comunitarización y unificación de las políticas energéticas nacionales sino en una mayor competencia y aumento de la protección de los consumidores; recuerda que en la diversidad reside no sólo la fuerza de Europa sino, también, su seguridad por lo que respecta al abastecimiento energético;
42. Resalta la importancia que revisten los tres objetivos esenciales de la política energética, a saber, seguridad del suministro, sostenibilidad y competitividad, para la estabilidad y el crecimiento en la Unión Europea; hace hincapié en la necesidad de adaptar continuamente estos tres objetivos a las circunstancias cambiantes y de encontrar un nuevo equilibrio entre ellos;
43. Resalta la importancia fundamental que reviste un suministro de energía suficiente y barato para la competitividad y el crecimiento de la industria europea;
44. Acoge con satisfacción el Libro Verde «Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura», pero subraya la necesidad de tener en cuenta las condiciones cambiantes permanentemente del mercado de la energía global en su sentido más amplio, y resalta la importancia de extender la perspectiva del productor a un enfoque sistemático que tenga en cuenta la producción, la distribución y el consumo para desarrollar una política energética europea que garantice una energía asequible para las empresas y los hogares europeos;
45. Conviene con la Comisión en que un elemento esencial de una política energética común debe ser una mayor solidaridad entre los Estados miembros para afrontar las dificultades relacionadas con la seguridad física de las infraestructuras y con la seguridad del suministro; considera, además, que dicha solidaridad reforzada aumentaría considerablemente la capacidad de la UE de defender a nivel internacional su interés común en el ámbito de la energía;
46. Observa que la política energética y, en especial, la seguridad del suministro de energía, debe convertirse en una parte integrante de las políticas exterior, de desarrollo comercial y de seguridad comunes de la UE, y pide una estrategia común para garantizar y diversificar los suministros y las rutas de tránsito que demuestre la solidaridad en el marco de la UE; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que se tomen muy en serio el peligro real de un déficit en el suministro de gas procedente de Rusia después de 2010 debido, entre otras cosas, a la falta de inversiones; insiste en que los Estados miembros y la Unión exijan, en sus negociaciones con Rusia en materia de energía, la firma y la ratificación del Protocolo sobre el Tránsito y la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía; opina que los acuerdos de colaboración y cooperación deberían utilizarse para crear un marco normativo estable pero abierto en los países suministradores y que el Comisario responsable de la energía debería seguir un mandato bien definido que establezca una visión europea a largo plazo de la planificación energética;
47. Subraya que las experiencias del invierno pasado y el considerable aumento de la demanda de energía de las economías en plena expansión (como China o la India) han puesto de manifiesto que no debe dejarse de lado ninguna fuente de energía para proteger la seguridad del suministro de energía;
48. Considera que en varios Estados miembros la energía nuclear representa un componente importante de la combinación de energías; reconoce el papel que la energía nuclear desempeña actualmente en algunos Estados miembros en el mantenimiento de la seguridad del suministro de electricidad, como parte de la combinación energética y para evitar las emisiones de CO2; subraya, no obstante, los riesgos existentes en relación con su producción y la inexistencia, hoy por hoy, de soluciones definitivas para el reciclado de los residuos nucleares; considera que las decisiones sobre si la producción de energía nuclear debe seguir desempeñando un papel en algunos Estados miembros sólo puede tomarse a nivel de los Estados miembros en el marco de la subsidiariedad;
49. Es consciente de que en toda Europa la energía nuclear representa una cuota del 32 % de la producción de energía, y que en algunos Estados miembros, como Bélgica o Francia, esta cuota supera claramente el 50 %; constata que las importaciones de uranio proceden en gran parte de terceros países estables que han demostrado ser socios comerciales fiables y que actualmente no hay alternativas suficientes a la utilización de la energía nuclear; manifiesta su convencimiento, a la luz de estos hechos, de que el abandono de la energía nuclear pondría considerablemente en peligro la seguridad del suministro;
50. Acoge favorablemente los esfuerzos realizados para llevar a la práctica los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 asumidos en Kyoto; considera que, en la actualidad, la energía nuclear constituye la posibilidad más desarrollada actualmente para reconciliar la producción de electricidad con la necesidad de alcanzar estos objetivos; apoya la investigación en los ámbitos de la seguridad de los reactores y de nuevas tecnologías como ITER, con objeto de consolidar el liderazgo de Europa en la utilización civil de la energía nuclear;
51. Recuerda la creciente dependencia de la Unión Europea de la importación de petróleo y gas natural, que en 2030 podría llegar a ser del 94 % y el 85 % respectivamente, mientras que la dependencia de las importaciones de combustibles sólidos aumentará tan sólo hasta el 59 %; señala que las importaciones de petróleo y gas natural procederán cada vez en mayor medida de regiones políticamente inestables a las que gracias a las importaciones afluyen importantes sumas de dinero y cuya utilización escapa a la influencia de la Unión Europea;
52. Subraya que la presión inflacionista provocada por el incremento de los precios del petróleo aumenta la incertidumbre sobre el grado de rigidez del mercado monetario relacionado con ella, lo que conduce a una mayor percepción del riesgo, a una liquidez global más ajustada y a una mayor volatilidad, en particular en los mercados de bienes y de valores; advierte contra el papel negativo de la especulación en los precios del petróleo en los mercados financieros, lo que amplifica la crisis del precio del petróleo; pide a la Comisión y al Consejo que elaboren un plan detallado para reducir la dependencia de la UE con respecto a las importaciones de petróleo e iniciar el camino hacia la energía limpia; pide que se cree un mecanismo comunitario integrado de emergencia para garantizar la seguridad del suministro;
53. Subraya el hecho de que se ha vuelto imprescindible una nueva forma de diálogo político y de cooperación entre países consumidores, especialmente con los EE.UU., China, la India y Japón; observa que un diálogo similar entre países clave consumidores y productores se ha hecho necesario también para desarrollar un planteamiento global de la energía; cree que estas nuevas formas de diálogo energético mundial deben tener como objetivo hacer que los mercados mundiales de la energía sean estables, seguros y transparentes y, al mismo tiempo, dar un impulso continuo a favor de las fuentes de energía limpias y de la eficiencia energética;
54. Pide a la Comisión y al Consejo que promuevan un sistema de mediación reconocido a nivel internacional para casos de conflictos y litigios referentes al suministro y la distribución de la energía; considera que la UE podría iniciar ese proceso desarrollando un sistema de mediación como parte de su política de vecindad y también con otros países suministradores fundamentales, así como promoviendo activamente este sistema de mediación a nivel mundial; opina que la UE debería desarrollar, por lo tanto, un modelo de enfoque de la gestión internacional de la distribución de energía;
55. Acoge favorablemente el proyecto de Tratado de la Comunidad de la Energía como una contribución esencial a la estabilización de la Europa Sudoriental, a la apertura de los mercados energéticos y a la seguridad de las rutas de tránsito en Europa; solicita la ampliación gradual de la Comunidad de la Energía a Noruega y Turquía, así como a todos los países que participan en la Política Europea de Vecindad;
Hacer que la política energética sea segura desde el punto de vista del medio ambiente
56. Subraya que la necesidad de modificar la actual combinación de producción de energía no es una carga, sino una oportunidad; considera que la utilización de energía solar, eólica, de la biomasa, de la energía hidroeléctrica o geotérmica y de otras tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético contribuirá al cumplimiento de los compromisos asumidos en Kyoto y en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y consolidará, también, la innovación, la creación de empleo y la competitividad en Europa;
57. Apoya, por consiguiente, los esfuerzos orientados a desarrollar las energías renovables con objeto de favorecer un suministro energético sostenible; celebra el constante crecimiento en este sector y sus efectos favorables sobre el empleo; considera que existe un gran potencial para la exportación de instalaciones de producción de energías renovables a terceros países;
58. Insta al Consejo Europeo de la primavera de 2007 a que apoye el plan de acción propuesto por la Comisión, que debería contener por lo menos los siguientes elementos: situar a los consumidores, ya sean hogares o usuarios comerciales e industriales, en el centro de la política energética; una hoja de ruta a nivel del Consejo y de la Comisión para alcanzar el objetivo de energías renovables del 50 % antes de 2040; la reducción de las emisiones de CO2 a escala de la UE del 30 % para 2020 y del 60-80 % para 2050; una reforma del régimen de comercio de derechos de emisiones de la UE para dirigir el mercado hacia inversiones en una economía con bajo nivel de emisiones de carbono que deberá orientarse hacia un objetivo determinado de emisiones de carbono en la UE para 2020, incluidos un objetivo del 25 % de energía procedente de fuentes renovables para 2020 y un objetivo vinculante de emisiones de automóviles; un cambio de ritmo en la eficiencia energética; la aceleración de la aplicación en los Estados miembros de normas comunitarias vigentes o, en su defecto, mejoras concretas del marco reglamentario; una separación más clara entre la producción de energía y la distribución de energía mediante un control reglamentario independiente más riguroso que tenga en cuenta los intereses de Europa en su conjunto; un esfuerzo para solucionar el problema de las interconexiones pendientes; el estímulo de la inversión y la innovación; leyes reforzadas en lo que se refiere a la política de la competencia; directrices vinculantes mínimas establecidas para los reguladores, incluido un procedimiento para la designación de los reguladores; independencia, transparencia y responsabilidad; una estrategia ambiciosa de I+D en materia de tecnologías energéticas limpias; un incremento de al menos el 50 % de su gasto anual en la investigación sobre energía a lo largo de los próximos siete años; el desarrollo de un mecanismo de solidaridad eficaz para hacer frente a las crisis de suministro de energía; una estrategia común de política energética exterior que permita hablar cada vez más con una sola voz a terceros países; la duplicación de los esfuerzos para adoptar medidas globales de lucha contra el cambio climático, dado que este problema no afecta únicamente a la UE, y la plena aplicación de toda la legislación energética actual de la UE;
59. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas ambientales que exigen una acción inmediata internacional y de la UE; considera que para 2050 una proporción abrumadora de las necesidades energéticas de la UE deberá satisfacerse a partir de fuentes libres de carbono o producirse con tecnologías que retengan las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo hincapié en el ahorro de energía y en las energías eficientes y renovables, y que, por lo tanto, existe la necesidad de establecer un programa claro para lograr este objetivo; pide a los líderes de la UE que acuerden, para finales del próximo año, un objetivo vinculante de emisiones de CO2 para 2020 y un objetivo orientativo de las mismas para 2050;
60. Reconoce el importante papel que desempeñan las energías renovables para que las pequeñas y medianas empresas puedan alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas prácticas para mejorar la eficiencia energética de las pequeñas y medianas empresas; considera que entre tales medidas deben figurar medidas de concienciación y la facilitación del acceso a los recursos financieros, en particular los Fondos Estructurales, el BERD y el BEI, para que las empresas puedan realizar inversiones destinadas a reducir el consumo de energía;
61. Pide al Consejo y a la Comisión que velen por que la UE se convierta en la economía de mayor eficiencia energética del mundo para 2020 y que establezcan medidas de eficiencia energética como una prioridad horizontal para todos los sectores de la UE; pide a la Comisión que asegure la aplicación oportuna de las directivas de la CE en este ámbito, al Consejo, que adopte las propuestas en el plan de acción sobre eficiencia energética y a los Estados miembros, que utilicen las mejores prácticas como base para sus planes de acción nacionales sobre eficiencia energética, cuya presentación está prevista para junio de 2007; recuerda que, si los Estados miembros aplicaran completamente la legislación existente de la UE, ya se habría alcanzado el 50 % del objetivo de la UE de ahorrar el 20 % de la energía antes de 2020; pide al Presidente de la Comisión que promueva un acuerdo global sobre eficiencia energética;
62. Pide que el Consejo Europeo de primavera, que tendrá lugar en marzo de 2007, garantice que la futura política energética para Europa esté respaldada por una estrategia ambiciosa de I+D en el ámbito energético con una financiación pública más adecuada e incentivos sólidos para un aumento de la financiación privada de la I+D; anima a los Estados miembros a que establezcan una estrategia para aumentar el presupuesto para la investigación en el ámbito de la energía, sobre todo pensando en la revisión a mitad de período del presupuesto comunitario en el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (7º PM) y en el Programa específico «Energía inteligente» y celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión en el sentido de que la UE debería incrementar en al menos el 50 % su gasto anual en investigación en materia de energía a lo largo de los próximos siete años; aboga por un plan tecnológico estratégico europeo en materia de energía y confía en que su contenido abarque campos de investigación que se centren en nuevas tecnologías energéticas, tales como todas las fuentes de energía renovables, incluyendo la energía de las olas y de las mareas, la gasificación del carbón y, en especial, el almacenamiento de la energía, por lo que se refiere a las perspectivas a medio y largo plazo;
Crear el mercado interior de la energía
63. Pide a los Estados miembros que reconozcan que el mercado de la energía de la UE todavía no está totalmente liberalizado; considera adecuado que se aplace la posible ampliación del marco reglamentario y que, en cambio, se acelere la aplicación de las disposiciones comunitarias vigentes en los Estados miembros; opina que un marco político claro y estable y un mercado de la energía competitivo son necesarios para establecer un alto grado de competitividad, independencia energética, estabilidad a largo plazo, eficiencia, sensibilidad ambiental y seguridad del suministro; pide al Consejo de primavera, de marzo de 2007, que presente una visión más amplia del interés europeo común en el ámbito de la energía para situar la realización del mercado interior en un marco político claro, algo de lo que carecemos actualmente;
64. Considera que el comercio transfronterizo conducirá a la eliminación de los actuales embotellamientos entre mercados nacionales; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan una mayor cooperación entre los operadores del sistema de transporte, especialmente en áreas tales como la asignación transfronteriza de capacidades, la transparencia, los mercados en el día, la planificación de redes y de inversiones relativas al desarrollo de mercados regionales; pide a la Comisión que elabore, junto con los operadores del sistema de transporte, un código europeo de redes que garantice la interoperabilidad de las redes energéticas nacionales;
65. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a nuevas medidas destinadas a garantizar una separación más clara entre la producción de energía y la distribución de energía, mediante un control reglamentario independiente más riguroso que tenga en cuenta los intereses de Europa en su conjunto;
66. Considera que los consumidores deben ocupar un lugar central en todas las futuras políticas energéticas y que la indigencia energética debería abordarse de forma más clara en las propuestas de la Comisión; recuerda que los consumidores, en particular las autoridades públicas, que deben dar ejemplo en este ámbito, también tienen obligaciones por lo que respecta al ahorro de energía; reconoce el papel esencial que pueden desempeñar la medición y la facturación inteligentes a la hora de concienciar a los consumidores sobre la forma y el motivo por el que se utiliza la energía y, por ende, a la hora de cambiar el comportamiento de los consumidores; pide al Consejo y a la Comisión que propongan medidas que ayuden a los hogares con ingresos reducidos a lograr ahorros de energía en sus casas, reduciendo así sus facturas de energía y su exposición a futuros aumentos de precios;
67. Recuerda que la política energética implica decisiones sobre inversiones onerosas y a largo plazo, que requieren un alto grado de transparencia y previsibilidad; pide a los Estados miembros y a la Comisión que ofrezcan a las empresas esta seguridad de planificación y no presenten a intervalos breves nuevas propuestas de reglamentación que provocan inseguridad y retrasan las inversiones necesarias en infraestructura energética;
68. Reafirma su firme apoyo a las fuentes de energía renovables; para impulsar la diversificación de las fuentes de energía, propone que la Comisión establezca un marco político estable a largo plazo para crear el clima de inversiones necesario; considera que este marco debería incluir un objetivo de la UE para alcanzar mejoras de la eficiencia energética de al menos el 20 % antes de 2020, y pide a la Comisión que proponga un marco para opciones de sistemas de apoyo armonizados para las energías renovables como parte del programa de energía renovable;
69. Subraya que es necesario adoptar medidas adicionales para lograr un mercado interior de la energía eficaz mediante una separación más clara entre la producción de energía y la distribución de energía; pide, por consiguiente, un control reglamentario independiente más riguroso, que tenga en cuenta el mercado europeo, así como medidas nacionales para lograr el objetivo de la Unión Europea de un nivel mínimo de interconexión del 10 %, gracias a la detección de los principales puntos de congestión y la designación de coordinadores;
◙ Mejora de la gobernanza de Lisboa para legislar mejor
Legislar mejor
70. Apoya todos los esfuerzos de todas las instituciones para hacer progresar la iniciativa «Legislar mejor»; considera que el Parlamento debería seguir liderando el fomento de esta estrategia afianzando las bases para unos procedimientos comunes con otras instituciones con miras a una evaluación independiente del impacto de la legislación propuesta, una mayor apertura en la toma de decisiones del Consejo y un mejor control democrático de la adopción de legislación derivada por parte de la Comisión;
71. Constata que las cargas democráticas y los compromisos onerosos no son generados tan solo por la legislación, sino principalmente por decisiones adoptadas en comitología; pide, por consiguiente, que estas decisiones se sometan también a una evaluación de impacto exhaustiva e independiente;
72. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de reducir las cargas administrativas y los costes de las empresas; pide que se le asocie más estrechamente a la obtención de análisis de rentabilidad sólidos que sirvan de base para una toma de decisiones informada y pide, en consecuencia, a la Comisión que desarrolle una metodología para una evaluación ex ante independiente de los costes administrativos; insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que se comprometan con un objetivo común de reducción de costes en el próximo Consejo de primavera de la UE; pide a la Comisión que examine regularmente todos los instrumentos políticos, legislativos y no legislativos para alcanzar los objetivos deseados; insiste en que todas las iniciativas de simplificación deben respetar plenamente los principios y las condiciones contemplados en su Resolución de 16 de mayo de 2006 sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador;
73. Indica que una reducción del 25 % en la carga administrativa de los Estados miembros conduciría a un aumento del PIB real de entre un 1 % y un 1,4 %; insta a todos los Estados miembros a que establezcan objetivos cuantitativos y cualitativos en este ámbito y a que contribuyan, en especial en el marco de una mejor transposición, a la simplificación de la reglamentación existente y a introducir procedimientos de evaluación de impacto, estableciendo al mismo tiempo procedimientos de consulta y de reclamación con las partes interesadas pertinentes; subraya el importante papel de los parlamentos nacionales y de las deseables estructuras de cooperación en este contexto;
Una transposición temprana y mejor
74. Pide, en interés de una mayor transparencia y de una mejor comprensión de la Estrategia de Lisboa y de su aplicación, que se desarrolle una estructura común y coherente de los programas nacionales de reformas, permitiendo un mejor análisis comparativo del impacto de las acciones propuestas a nivel de los Estados miembros, así como un diálogo abierto y constructivo a nivel europeo sobre los progresos realizados; apoya a este respecto la idea de establecer recomendaciones específicas por país y un sistema de clasificación de las mejores prácticas sobre la manera de modificar los programas en los diversos ámbitos políticos; pide a los Estados miembros que elaboren tablas de correlación y que las comuniquen a la Comisión Europea;
Mejora de la gobernanza de Lisboa y de la responsabilización nacional
75. Subraya que las recomendaciones específicas por país tienen que discutirse y adoptarse en el Consejo para desarrollar un marco europeo real, consolidar el trabajo de coordinación económica y de empleo y estimular una mayor responsabilización nacional;
76. Reitera que no superaremos nuestros problemas económicos y de empleo sin una participación activa de los parlamentos, a nivel nacional y europeo; apoya el llamamiento de la Comisión Europea para que los Estados miembros fomenten un debate más amplio con sus Parlamentos nacionales sobre sus programas nacionales de reforma y sus informes de aplicación, incluidas las recomendaciones nacionales, y para que establezcan vínculos más estrechos entre los programas nacionales de reforma y los debates nacionales sobre el presupuesto;
77. Anima a la Comisión a introducir una modalidad de evaluación comparativa que utilice indicadores de política estructural con un vínculo bien establecido con el rendimiento económico y del empleo e indicadores que sostengan el ejercicio de vigilancia estructural teniendo en cuenta las políticas que estimulan la innovación y la creación de empleo;
78. Subraya la necesidad de un papel más eficaz de «el Sr./la Sra. Lisboa» en todos los Estados miembros al más alto nivel político para tener en cuenta a los responsables nacionales de las decisiones, mejorando el planteamiento de combinación de políticas de este programa de reformas tanto a nivel nacional como europeo;
79. Recuerda que el papel de orientación del Consejo Europeo de primavera consiste en establecer el programa de reforma del crecimiento y del empleo de la Unión Europea; pide al Consejo Europeo que garantice la igualdad de la participación de todas las formaciones del Consejo interesadas;
80. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.