PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
22.10.2007
presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento
por Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides y Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
sobre el aumento de los precios de los productos alimenticios y la protección de los consumidores
B6‑0402/2007
Resolución del Parlamento Europeo sobre el aumento del precio de los productos alimenticios y la protección de los consumidores
El Parlamento Europeo,
– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,
A. Considerando que en los últimos años se han registrado importantes aumentos en el precio de los alimentos básicos en los países miembros de la Unión Europea, lo que ha provocado un gran malestar entre los consumidores, que exigen la adopción de medidas inmediatas,
B. Considerando que el aumento de los precios afecta a todos los productos alimenticios, brutos, transformados e industriales, y en particular a las rentas más bajas, lo que influye negativamente en los ingresos familiares,
C. Considerando que los productos alimenticios ocupan un lugar importante en el presupuesto de las familias, lugar que, entre los países menos desarrollados de la UE, supera el 20 % e incluso el 30 %, lo que incide negativamente en la cohesión social en el seno de los países miembros y de la UE,
D. Considerando que el aumento particularmente importante de los precios de los productos alimenticios básicos, como el pan, la leche, las patatas, las frutas y las verduras, es diez veces superior a la tasa de inflación,
E. Considerando que el aumento de los precios de los productos alimenticios reduce sensiblemente el nivel de vida sobre todo de las familias con ingresos bajos, lo que aumenta aún más el número de pobres y de personas excluidas socialmente,
F. Considerando que el aumento de los precios de los productos brutos destinados a la alimentación animal, que durante estos últimos meses se han prácticamente duplicado, ha originado una situación de crisis en el sector ganadero,
G. Considerando las movilizaciones de los ganaderos de un gran número de países de la UE contra una política que conduce al cierre de las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas y a una concentración de la producción de carne y de leche,
H. Considerando que el sector de los productos alimenticios, tanto en lo que se refiere a la producción como a la distribución, está cada vez más concentrado y controlado por grandes empresas que obtienen importantes beneficios mediante la imposición a los consumidores de unos precios que multiplican los precios de los productores,
I. Considerando que las principales víctimas del aumento de los precios de los productos alimenticios y de los precios de las materias primas para su producción no son sólo los consumidores, sino también los pequeños y medianos productores, que no pueden sobrevivir a las condiciones actuales del mercado, en las que existe un riesgo mayor de abandono de los cultivos y de la ganadería y de abandono del campo,
J. Considerando que el objeto de la última revisión de la Política Agrícola Común (PAC) es reducir la producción agrícola mediante la disminución de la ayuda a la producción, haciendo así frente a las presiones en favor del aumento de los precios de los productos alimenticios y a las acciones especulativas,
K. Considerando que las últimas reformas de la PAC, vinculadas a la apertura progresiva al mercado, al debilitamiento progresivo de los mecanismos de regulación del mercado de los productos agrícolas y a la globalización de la agricultura, están aumentando la inestabilidad de los mercados europeos, que requieren nuevos mecanismos de gestión de las crisis,
L. Considerando que la reforma de la PAC realizada en Maastricht tenía por objeto suprimir un millón setecientas mil empresas, y que esta reducción en el número de explotaciones agrícolas ha dado lugar a un aumento constante de los precios de los productos alimenticios,
M. Considerando que las causas estructurales del aumento de los precios están directamente relacionadas con el fenómeno del éxodo rural que se está registrando en los Estados del sur de Europa y los nuevos Estados miembros, fenómeno que es probable que se agrave con la aplicación del régimen de pago único (RPU) por explotación, y que, por consiguiente, estas causas tienen carácter socioeconómico,
N. Considerando que el aumento del uso de los productos agrícolas para fines no alimentarios, entre los cuales el primer lugar lo ocupan los biocarburantes, está remplazando a la producción agrícola de productos alimenticios y se está produciendo sin que se haya llevado a cabo un estudio efectivo sobre sus efectos en la autosuficiencia y la soberanía alimentarias,
O. Considerando que la restricción de la producción de productos agrícolas y ganaderos crea unas condiciones favorables para el aumento rápido de las importaciones y de las actividades especulativas, colocando en una posición dominante a las empresas de productos alimenticios y afectando directamente a la soberanía alimentaria de los Estados miembros,
P. Considerando que ya se están empezando a sentir los efectos del cambio climático en, por ejemplo, una disminución de la producción de cereales que ha obligado ya a la Comisión a prever una excepción para las puestas en barbecho en 2008 y una previsión de reducción de la producción vitivinícola en Europa de aproximadamente un 18 % ante la necesidad de adelantar las vendimias en un gran número de regiones, lo que hace que la propuesta de la Comisión de arrancar 200 000 hectáreas de viña en el marco de la reforma de la organización común de mercados (OCM) en el sector vitivinícola no tenga ya ningún sentido,
1. Opina que las primeras víctimas de este aumento de los precios de los productos alimenticios son las familias con ingresos bajos, que destinan una parte importante de su presupuesto a la alimentación, y considera que se han de tomar medidas directas para la moderación del precio de los productos alimenticios;
2. Manifiesta su preocupación por el aumento de los precios de las materias primas destinadas a la alimentación animal, que afecta directamente a los ganaderos, y por el aumento de los precios de los productos alimenticios, cuyas víctimas son los consumidores, en particular aquellos con una renta baja;
3. Manifiesta su solidaridad a los agricultores y ganaderos de pequeñas y medianas explotaciones; considera justas sus reivindicaciones en favor de una disminución de los precios de los productos brutos que entran dentro de su producción, y pide que se tomen medidas adecuadas;
4. Opina que los precios de los productos agrícolas y ganaderos de que se benefician los productores no se corresponden con el aumento de los precios de las materias primas, con lo que existe el riesgo de que las pequeñas y medianas explotaciones desaparezcan, lo que tendría unas consecuencias nefastas en el volumen de la producción, su calidad y una concentración en un pequeño número de empresas;
5. Insiste especialmente en la necesidad de que se tomen medidas para reducir el desfase entre los precios al consumo y los precios de producción, limitando los movimientos especulativos y el control del mercado por parte de un número limitado de grandes empresas de nivel europeo o internacional;
6. Considera que la decisión de suspender provisionalmente la obligación de barbecho para la campaña 2008 y la propuesta de la Comisión de suspender los derechos a la importación aplicables a los cereales constituyen medidas fragmentarias que no se corresponden de manera eficaz con las necesidades de los ganaderos y los consumidores ni tienen efectos a largo plazo;
7. Observa que la revisión parcial que se ha llevado a cabo recientemente del sector lechero no impide que el precio de la leche aumente para los consumidores, mientras que se mantiene bajo para los productores, y que reduce las ayudas, lo que provoca reacciones de indignación entre los ganaderos y los consumidores, quienes también son víctimas de acuerdos comerciales celebrados entre los grandes industriales y el sector lechero;
8. Constata que las medidas adoptadas recientemente en el mercado del sector de la producción de patatas y de frutas y verduras y la reducción de las ayudas a la producción ya están teniendo efectos negativos en los precios de estos productos y originando aumentos;
9. Insiste en que el principal objetivo de la actividad agrícola es la producción alimentaria; observa que la utilización de productos agrícolas para fines no alimentarios, en particular biocarburantes, no contribuye obligatoriamente a la extensión de la actividad agrícola y que es posible que no aporte soluciones satisfactorias a la desertificación del campo; comprueba que esta actividad puede sustituir a la producción de productos alimenticios e influir así negativamente en el volumen de los productos alimenticios y la soberanía alimentaria;
10. Destaca que la recogida de los residuos de biomasa deberá regularse de manera que no contribuya a la aceleración de la desertificación debido a la disminución de las sustancias orgánicas y la desvalorización del suelo;
11. Pide encarecidamente a la Comisión que examine de nuevo los objetivos de la PAC en lo que se refiere al aumento de la producción de productos alimenticios, el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas y la moderación de los precios al consumo, reforzando los mecanismos de intervención y garantizando unos precios de intervención adecuados;
12. Observa que la disminución radical de los recursos para el crecimiento rural obstaculiza la elaboración de planes de acción, y pide que se dé prioridad a los proyectos nacionales o regionales de desarrollo rural que tengan por objeto la lucha contra la erosión, obras hidráulicas, acciones agrícolas y ambientales de ahorro de agua y, en términos más generales, la mejora de las condiciones de mantenimiento de la capacidad de producción de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas;
13. Pide a la Comisión que no ceda a las presiones de las grandes empresas que controlan la producción y la distribución de productos alimenticios, ni a las de los Estados Unidos de América y otros países en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y que apoye los intereses de los agricultores, los ganaderos y los consumidores de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países menos desarrollados;
14. Pide a la Comisión que examine y proponga medidas a corto y largo plazo que alivien a las pequeñas y medianas explotaciones, teniendo en cuenta que la situación actual de estas explotaciones plantea la cuestión de su viabilidad y favorece su abandono, en particular cuando se encuentran en regiones desfavorecidas desde el punto de vista estructural, con riesgos sociales, ambientales y económicos;
15. Pide a la Comisión que examine asimismo medidas que permitan contrarrestar otros factores que influyen negativamente en el precio de los productos alimenticios, como el aumento del precio del petróleo, el coste de la gestión económica y los créditos, etc.;
16. Pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para impedir las actividades especulativas y el control de los mercados de productos alimenticios, así como la cartelización de las industrias agroalimentarias que explotan la falta de infraestructuras adecuadas, la falta de organización de los productores y consumidores y la inexistencia de mecanismos de control, y cuyo único objetivo es el aumento de sus beneficios mediante la compresión de los precios a los productores y la imposición de unos precios elevados a los consumidores;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.