PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
14.5.2008
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento
por Hannes Swoboda
en nombre del Grupo del PSE
sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo
B6‑0217/2008
Resolución del Parlamento Europeo sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo
El Parlamento Europeo,
– Visto que este año se celebra el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
– Vistos las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padecerán hambre de aquí a 2015,
– Vistas las obligaciones incluidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y, en particular, en su artículo 11 sobre el derecho a la alimentación, que todos los Estados miembros de la Unión Europea han firmado y ratificado,
– Visto el Consenso europeo en materia de ayuda humanitaria de 18 de diciembre de 2007,
– Visto el «chequeo» de la PAC actualmente en curso,
– Vistos los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
– Vistas las negociaciones en curso sobre la Ronda de Desarrollo de Doha,
– Vista la Declaración de Kigali, de 22 de noviembre de 2007, para el desarrollo de Acuerdos de Asociación Económica (AAE), aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,
– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,
A. Considerando que el aumento de los precios mundiales del trigo fue del 181 % durante los 36 meses anteriores a febrero de 2008, que los precios del arroz han aumentando en un 141 % desde enero y que los precios mundiales generales de los alimentos han aumentado en un 83 %,
B. Considerando que 854 millones de personas en todo el mundo pasan hambre o sufren de malnutrición (inseguridad alimentaria), y que cada año otros 4 millones de personas se suman a ellas; que 170 millones de niños están desnutridos y que 5,6 millones de niños mueren cada año de malnutrición; que la demanda de alimentos aumenta en la medida en que aumenta la población mundial,
C. Considerando que el derecho a la alimentación no debe quedar a merced de la especulación internacional,
D. Considerando que, según la FAO, los alimentos representan entre el 60 y el 80 % de los gastos de los consumidores en los países en desarrollo y entre el 10 y el 20 % en las naciones industrializadas; considerando que el aumento de los precios de los alimentos repercute con más fuerza sobre los hogares con bajos ingresos,
E. Considerando que los aumentos de los precios están originando lo que se denomina «nuevo rostro del hambre», con personas que ya no pueden adquirir los alimentos que se ofrecen a la venta; que la crisis actual no es sólo cuestión de disponibilidad, sino también de accesibilidad,
F. Considerando que existe cierta tensión entre la necesidad de financiar «medidas a corto plazo» y la necesidad de financiar medidas de carácter más estructural y a largo plazo y de afrontar las cuestiones más generales de la nutrición, la salud y una vida digna y que, por lo tanto, es fundamental garantizar la coherencia,
G. Considerando que el Programa Mundial de Alimentos ha señalado que hasta ahora sólo se han comprometido firmemente 260 de los 750 millones de dólares necesarios para cubrir las necesidades de 2008,
H. Considerando que muchos países en desarrollo sólo producen por sí mismos una tercera o incluso una cuarta parte de su capacidad de producción de alimentos,
I. Considerando que la inflación de los precios de los alimentos es una de las principales razones por las que el BCE ha mantenido su principal tipo de interés sin modificar en el 4 % desde el pasado mes de junio, y que no se espera que anuncie ninguna modificación próximamente,
J. Considerando la necesidad de una respuesta política integrada y de una estrategia global para el problema alimentario que incluya una mejora de las condiciones de vida, las políticas sociales, la productividad agrícola, el desarrollo sostenible, el comercio, la tecnología, los agrocombustibles y la ayuda a corto plazo a los países pobres; considerando que esta estrategia ha de considerar la necesidad de reconciliar los objetivos, pero que la cooperación internacional puede ofrecer el marco macroeconómico y los incentivos necesarios para afrontar esta cuestión a largo plazo,
K. Considerando que, si no se gestiona bien, esta crisis alimentaria podría provocar una cascada de crisis derivadas que afectarían al progreso social, el comercio, el crecimiento económico e incluso a la seguridad política en todo el mundo,
1. Subraya el carácter fundamental del derecho a la alimentación y la necesidad de mejorar el acceso de todo el mundo en todo momento a una alimentación suficiente para una vida activa y saludable; subraya que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir este derecho humano; señala que el hecho de que 2 000 millones de personas sigan viviendo en la pobreza absoluta y de que 850 millones de seres humanos pasen hambre todos los días pone de manifiesto las sistemáticas violaciones del derecho a la alimentación consagrado en la legislación internacional en materia de derechos humanos;
2. Pide, por tanto, al Consejo que intensifique sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) reafirmando sus compromisos de financiación y adoptando un programa de acción de la UE sobre los ODM en el Consejo Europeo de junio; este programa de acción de la UE debería identificar hitos y acciones específicos en unos marcos temporales determinados en sectores básicos como la educación, la salud, el agua, la agricultura, el crecimiento y las infraestructuras, que contribuirán a garantizar que se alcanzan los ODM para 2015 con el fin, entre otros objetivos, de erradicar el hambre antes de 2015;
3. Pide al Consejo que garantice la coherencia de todas las políticas nacionales e internacionales relacionadas con la alimentación con las obligaciones del derecho a la alimentación; señala que las políticas agrícola y de pesca, comercial y de inversiones, de desarrollo y energética, en particular, deberían seguir fomentando y nunca debilitando la plena realización del derecho a una alimentación adecuada; subraya a este respecto el papel de la UE para contribuir a resolver la crisis alimentaria mundial y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo no sólo en la UE, sino también en los países en desarrollo;
4. Condena enérgicamente las actividades de los especuladores en relación con los productos básicos, las materias primas agrícolas y la energía, que contribuyen a acentuar la volatilidad de los precios y a agravar la crisis alimentaria mundial; considera que, incluso en una economía de mercado abierta con flujos financieros internacionales, es inaceptable que el hambre de unos signifique el beneficio de otros;
5. Recomienda encarecidamente, por tanto, que se tomen todas las medidas necesarias, en particular la suspensión de determinados «cursos» para garantizar la moderación de los precios como una salida inmediata a la crisis y, a la larga, el establecimiento de normas adecuadas para enmarcar mejor las actividades especulativas; recomienda asimismo que se examinen los poderes y competencias de los supervisores nacionales en el ámbito de los productos alimentarios básicos para asegurarse de que están en condiciones de garantizar mercados estables y seguros y de que la especulación no supone una violación del derecho a la alimentación;
6. Señala que esta crisis alimentaria está estrechamente interconectada con la crisis financiera en la que las inyecciones de liquidez de los bancos centrales para evitar bancarrotas pueden haber aumentado las inversiones especulativas en productos básicos; pide al FMI y al Foro sobre la Estabilidad Financiera que evalúen este «efecto colateral» y lo tengan en cuenta cuando propongan soluciones generales; considera indignante esta política de inversiones aplicada abiertamente por el KBC y el Deutsche Bank, entre otros, en los mercados de alimentos en las actuales circunstancias y su invitación a sus clientes a participar en la especulación, y recuerda su firme apoyo a las inversiones éticas; a este respecto, pide a la Comisión que proponga urgentemente medidas concretas destinadas a prohibir la oferta, la difusión o la promoción en la UE de instrumentos financieros, incluidos seguros y productos de seguros relacionados con los fondos de inversión, cuando sus beneficios resulten en parte o en su totalidad de la especulación en productos alimentarios básicos;
7. Recuerda que los que más sufren a consecuencia de esta crisis son las capas más desfavorecidas de la población que vive en países en desarrollo y los hogares con bajos ingresos; subraya, a este respecto, que el aumento de los precios de los alimentos está provocando desigualdades no sólo entre el Norte y el Sur, sino también dentro de nuestras sociedades, porque los más pobres son los que resultan más afectados por la crisis, que puede conducir a un malestar social universal;
8. Destaca la necesidad de políticas sociales enérgicas para habilitar a las poblaciones pobres o desfavorecidas y mitigar los efectos de la actual crisis alimentaria; pide, por tanto, a la Comisión que presente propuestas progresistas en el ámbito de la Europa social; pide a los Estados miembros no sólo que apoyen y promuevan estas propuestas, sino también que tomen medidas inmediatas para ayudar a su población a afrontar el aumento de los precios de los alimentos; subraya, en este contexto, el papel esencial de la redistribución de las ayudas y subvenciones a los consumidores en riesgo para que puedan obtener un mejor acceso a una alimentación de calidad;
9. Apoya en este contexto el mecanismo de ayuda a las personas desfavorecidas en la UE y acoge con satisfacción la actual consulta pública lanzada por la Comisión Europea en este ámbito; pide a los Estados Miembros que participen y se adhieran a este mecanismo de la UE; destaca que los créditos presupuestarios destinados a este mecanismo para el ejercicio 2008 y sucesivos deberían adaptarse a las necesidades reales y a las nuevas necesidades derivadas de la actual crisis alimentaria; pide a la Comisión que proporcione toda la información sobre el tipo de gastos financiados con cargo a la línea presupuestaria de ayuda destinada a las personas desfavorecidas;
10. Pide a los Estados miembros de la UE que proporcionen fondos adicionales para las operaciones de ayuda alimentaria fuera de la UE con el fin de hacer frente a la urgencia de la actual crisis alimentaria; considera, no obstante, que hay que reducir la dependencia de las operaciones de ayuda alimentaria y subraya, por consiguiente, la necesidad de acciones a medio y largo plazo para evitar consecuencias más perjudiciales y hacer frente a las causas profundas de esta crisis;
11. Pide a la Comisión y al Consejo que consideren la posibilidad de aumentar el presupuesto para ayuda alimentaria en 2008 y 2009 y que trabajen junto con el Parlamento en este ámbito; subraya que este aumento no debe realizarse a costa del presupuesto para ayuda humanitaria o para ayuda al desarrollo, ya que estos recursos también estarán sometidos a tensiones derivadas de los nuevos retos que representan la seguridad alimentaria y el cambio climático o de cualquier otra prioridad política del Parlamento Europeo;
12. Pide también a la Comisión que analice, en su informe 2009 sobre el funcionamiento del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, el estado de la financiación de la ayuda alimentaria en el actual marco financiero plurianual (2007-2013);
13. Observa con gran preocupación el aumento y la diversificación de las tendencias de la inflación, en particular las vinculadas al aumento de los precios de los alimentos y de la energía dentro de la UEM y en toda la Unión Europea en su conjunto; pide al ECOFIN, el Eurogrupo, la Comisión Europea y el BCE que desarrollen juntos urgentemente —en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y con los interlocutores sociales— una política macroeconómica y de desinflación proactiva que incluya políticas de inversiones y salariales proactivas, así como recortes de los tipos de interés con el fin de estabilizar el crecimiento económico y la demanda; pide, por otra parte, a los Estados miembros que compensen los efectos sociales negativos derivados del aumento de los precios de los alimentos y de la energía;
14. Considera que los factores que contribuyen al aumento de los precios de los alimentos deben abordarse de forma integrada y completa y no de manera aislada, ya que están interconectados; subraya que el impacto de los precios de los alimentos debe afrontarse a escala mundial;
15. Acoge con satisfacción, por lo tanto, la creación de un Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la Crisis Mundial de la Alimentación, bajo la dirección del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para coordinar los esfuerzos y desarrollar una respuesta internacional coherente a la crisis que de hecho constituye un problema mundial; acoge asimismo con satisfacción el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas a los dirigentes mundiales para que asistan a la conferencia de alto nivel sobre seguridad alimentaria que se celebrará en Roma (3-5 de junio) y les alienta a participar en la misma;
16. Recuerda la especificidad de los mercados agrícolas y la necesidad de garantizar una regulación nacional y mundial en interés del poder adquisitivo de los consumidores, las rentas de los agricultores y las industrias de transformación; reconoce que la solución a la crisis actual es una mejora del acceso a los alimentos para la población más pobre del mundo, no un aumento de las subvenciones agrícolas o de las medidas proteccionistas; pide a la Comisión que incluya estas consideraciones en el «chequeo» de la PAC y para evaluar la adaptación de los instrumentos existentes a las nuevas realidades mundiales; recuerda, en este sentido, que el principal objetivo de la PAC es garantizar la estabilización del mercado, la seguridad del suministro y precios razonables para los consumidores, y subraya la necesidad de la PAC después de 2013, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la política alimentaria de la UE, respetando al mismo tiempo la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de la productos agrícolas; considera que la UE debería asumir un papel de liderazgo en la promoción de un nuevo modelo rural de agricultura universal que debe separar la política alimentaria de las medidas relativas a los productos no alimentarios;
17. Acoge con satisfacción el Nuevo Acuerdo propuesto por el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, para combatir el hambre y la desnutrición en el mundo mediante una combinación de ayudas de emergencia y de esfuerzos a largo plazo para incrementar la productividad agrícola en los países en desarrollo; espera que esto represente un cambio en las políticas anteriores prescritas por el Banco Mundial, incluidas la condicionalidad y la liberalización a marchas forzadas en el sector de la agricultura que han hecho a muchos países más vulnerables;
18. Recuerda que, para poder competir con los precios del mercado agrícola mundial, se anima a los países en desarrollo a centrar su producción en un número limitado de productos destinados exclusivamente a la exportación; recuerda también el desarrollo de monocultivos en los que estos resultados conducen a renunciar a métodos tradicionales de producción de alimentos necesarios para el abastecimiento alimentario de la población local y a una creciente dependencia de las importaciones de productos primarios y sensibilidad ante las incontrolables fluctuaciones de los mercados mundiales;
19. Apoya a los países, en particular a los países en desarrollo, en sus esfuerzos por garantizar el acceso de las poblaciones locales a los alimentos; considera que debe fortalecerse aún más un espacio político viable para hacer posibles normas y medidas nacionales para el desarrollo de este sector; considera que Malawi es un ejemplo positivo de un país en desarrollo en el que la producción de alimentos se ha duplicado en los últimos tres años, y subraya que la UE desempeña una función de apoyo a este desarrollo; pide a la Unión Europea que preste asistencia dando a conocer este fenómeno para que otros países en desarrollo puedan tomarlo como ejemplo;
20. Pide un aumento urgente y sustancial de las inversiones en agricultura, desarrollo rural y agroindustria en los países en desarrollo, centrado en los agricultores pobres y en la agricultura a pequeña escala basada en la sistemas de producción de alimentos agroecológicos; recuerda que el 75 % de la población mundial más pobre vive en zonas rurales, pero que sólo el 4 % de la ayuda oficial al desarrollo se destina a la agricultura; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que aborden el tema de la agricultura de manera más eficaz en sus políticas de desarrollo; subraya el papel de las ONG y de las autoridades locales en la búsqueda de soluciones agrícolas innovadoras en colaboración con las poblaciones de los países en desarrollo y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y promuevan sus proyectos;
21. Subraya la necesidad de dar a los pequeños agricultores de los países pobres, que son principalmente mujeres, acceso a la tierra, a los servicios financieros y de crédito, a semillas de alto rendimiento y a sistemas de regadío y fertilizantes; destaca que las inversiones en el sector agrícola deben centrarse más en el regadío, las carreteras rurales, la investigación y el conocimiento local, la potabilización del agua y la educación y la mejora de la producción local y de los intercambios comerciales; pide, por tanto, a la Comisión que refuerce estos aspectos en su actuación y apoye las organizaciones de productores, el microcrédito y otros programas de servicios financieros y mayores inversiones en agricultura;
22. Exige que la promoción de políticas agrícolas sostenibles se incluya en todos los instrumentos relativos a la ampliación y la política de vecindad;
23. Señala que el cambio climático podría acelerar la disminución del acceso a los recursos naturales; pide a la Comisión que considere nuevas medidas con vistas a la adaptación a los nuevos desafíos garantizando la seguridad alimentaria y el suministro de energía; subraya la necesidad de que los Estados miembros utilicen los fondos de desarrollo rural para mejorar la adaptación al cambio climático en la agricultura y la silvicultura; considera que las medidas de adaptación en estos sectores deben obrar en pro de la reducción de la vulnerabilidad y del aumento de la sostenibilidad desde un punto de vista tanto ambiental como económico; subraya, a este respecto, la necesidad de medidas adecuadas de prevención de crisis y de gestión de riesgos; considera que debería examinarse una adaptación gradual del sector agrícola a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático como parte del «chequeo» de la PAC;
24. Subraya la necesidad de cooperación en materia de cambio climático entre la UE y los países en desarrollo, en particular la necesidad de la transferencia de tecnología y de creación de capacidades; hace hincapié en que el cambio climático deben integrarse en toda la cooperación al desarrollo de la UE y subraya que unas simples garantías ayudarían a los agricultores a proteger los cultivos de las sequías y otros desastres; pide a la Comisión que explore la posibilidad de las mismas;
25. Es consciente de que se señala a los agrocombustibles como uno de los factores que contribuyan al aumento de los precios de los alimentos; considera que este factor no puede abordarse de manera aislada, sino que debe ser tratado en el marco de una respuesta integrada a la actual crisis alimentaria; subraya, sin embargo, que las necesidades alimentarias deben prevalecer sobre los agrocombustibles;
26. Considera que deben estudiarse mejor las consecuencias sociales, económicas y ambientales de los aumentos de los precios de los agrocombustibles de primera generación; considera además que el impacto y la viabilidad comercial de la próxima generación de biocombustibles también deben ser objeto de un seguimiento permanente y que los esfuerzos de investigación deben reforzarse en este sector; recuerda que los efectos de los biocombustibles deben evaluarse en cuanto a su impacto ambiental global y a sus aspectos sociales teniendo en cuenta el riesgo de competencia entre la seguridad energética y la seguridad alimentaria, que es motivo de especial preocupación en el caso de los cultivos de alimentos básicos que también se cultivan como agrocombustibles, como el maíz y el trigo, como lo demuestran los EE.UU., donde, según la OCDE, el enérgico fomento de la producción de maíz como agrocombustible ha influido directa e indirectamente en el aumento de los precios de los alimentos; pide a la Comisión que examine los posibles efectos perjudiciales de las subvenciones para los cultivos de agrocombustibles;
27. Es consciente de la necesidad de eficiencia energética y de diversificación del abastecimiento energético; pide, por tanto, a la Comisión que reevalúe de manera continua los costes y beneficios sociales, ambientales y económicos de los agrocombustibles y de todo tipo de biomasa con fines energéticos, así como de las otras formas de energía renovable, y que adapte sus propuestas en consecuencia prestando especial atención a las regiones con un elevado riesgo de déficit energético;
28. Destaca que la producción de todo tipo de biomasa con fines energéticos ha de cumplir unos criterios sociales y de diversidad biológica ambiciosos y estrictos y no debe provocar efectos sociales negativos ni suscitar competencia sobre el uso de la tierra; observa el potencial de los agrocombustibles producidos de manera sostenible, por ejemplo a partir de residuos o de tierras degradadas; toma nota de que el actual objetivo de un 10 % de biocombustibles para el año 2020 sólo puede cumplir su objetivo si actúa como un incentivo para el desarrollo de biocombustibles de segunda y tercera generación; observa en este sentido la propuesta de la Comisión sobre la «doble contabilidad» de los biocombustibles de la próxima generación para el cumplimiento del objetivo vinculante del 10 %; está dispuesto a aprobar la propuesta relativa a la limitación de las importaciones de agrocombustibles a los importadores que hayan ratificado por lo menos diez tratados internacionales de una lista de doce —que incluye cuatro tratados relacionados con las cuestiones ambientales (incluido el Tratado de Kioto) y ocho sobre el derecho al trabajo (no explotación del trabajo infantil, libertad sindical, etc.)—, establecida en un documento de trabajo de la Comisión sobre su trabajo legislativo;
29. Considera que la apertura de los mercados agrícolas tiene que ser progresiva, de acuerdo con la evolución del desarrollo de cada uno de los países en desarrollo y sobre la base de la calidad; señala que los productos sensibles que constituyen una necesidad básica para la población de los países en desarrollo o que tienen una especial importancia para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en los países en desarrollo deben quedar excluidos de la plena liberalización con el fin de evitar daños irreversibles a los productores locales;
30. Reconoce que la liberalización del comercio de productos alimentarios agrícolas y de productos básicos agrícolas ha expuesto a los pequeños agricultores de los países en desarrollo y, en particular, de los países menos adelantados a numerosos nuevos desafíos; observa que los pequeños agricultores son en gran parte mujeres, sobre las cuales recae la responsabilidad principal de alimentar a sus familias y a las comunidades locales, y que es fundamental ayudarles a hacer frente a la competencia externa;
31. Pide encarecidamente una mayor coherencia entre el comercio y las políticas de desarrollo para aumentar sustancialmente la parte de los beneficios del comercio mundial de bienes que recae sobre los pequeños productores y trabajadores, para mejorar la seguridad alimentaria y para que se tomen medidas para garantizar que el comercio desleal no obstaculice el desarrollo sostenible;
32. Considera que, para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y contribuir a luchar contra la pobreza, toda la legislación europea e internacional debería adoptarse teniendo esto en cuenta y que los derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la alimentación, deben tenerse en cuenta en las normas y acuerdos relativos al comercio internacional; considera que la UE y la comunidad internacional deberían incluir estos objetivos en sus políticas generales; hace hincapié en que la crisis mundial pone de relieve la necesidad de mejorar la gobernanza mundial de la alimentación, el comercio y la ayuda;
33. Subraya que la UE debe promover un sistema preferencial y asimétrico en las negociaciones comerciales con los países en desarrollo con el fin de permitirles mantener una determinada gestión de la oferta y otras herramientas de desarrollo en sus mercados;
34. Subraya que, en las actuales negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), la prioridad de la Comisión debe ser responder a las necesidades de desarrollo expresadas por los países ACP; advierte que los AAE, tal como están actualmente concebidos, corren el riesgo de limitar severamente el espacio político de los países en desarrollo, lo que les impide apoyar la agricultura y aumentar la productividad, y de introducir una competencia de choque de los productos europeos, que son mucho más competitivos, lo que podría desestabilizar los mercados agrícolas locales de los países ACP y aumentar la dependencia alimentaria de dichos países; recuerda que, para hacer frente a este desafío, los AAE deben ir acompañados de los nuevos fondos prometidos para la ayuda al comercio (2 000 millones de euros al año antes de 2010) y del fomento de la integración regional;
35. Destaca la necesidad de que los resultados de la Ronda de Doha en favor del desarrollo sean un éxito; subraya también que el mundo desarrollado debe reforzar su compromiso de reformar sus subvenciones agrícolas mediante un pacto comercial mundial; subraya la necesidad de imponer una disciplina en las subvenciones que conducen al dumping o a la reducción de las oportunidades de exportación para los países en desarrollo; destaca también la necesidad de facilitar el comercio y la cooperación para ayudar a transportar los alimentos con mayor rapidez y a un coste más reducido allí donde son necesarios; recuerda, a este respecto, los esfuerzos de la Comisión para garantizar un acuerdo comercial en la OMC que ayude a impulsar la renta de los países en desarrollo y a aliviar el problema del acceso a la alimentación, porque, en un mercado menos distorsionado y con las medidas de acompañamiento necesarias, el suministro de alimentos aumentará en respuesta a la subida de los precios; subraya que los resultados de la Ronda de Doha deberían ofrecer a los países en desarrollo incentivos positivos para invertir en su agricultura y su producción de alimentos;
36. Considera que para corregir las distorsiones sin poner en riesgo el suministro son necesarias medidas de política interior, pero que deben suprimirse las restricciones a la exportación; manifiesta su preocupación en este contexto por las sugerencias sobre un cartel del arroz;
37. Pide a la Comisión que apoye las propuestas de incluir una acción sobre los precios de los alimentos básicos en la actual ronda de negociaciones de la OMC;
38. Reitera su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que promuevan el comercio justo y otros regímenes éticos que contribuyen a elevar el nivel de las normas sociales y ambientales apoyando a los pequeños productores marginados en los países en desarrollo, garantizando precios e ingresos más justos, y alienta a las autoridades públicas de la Unión Europea a integrar el comercio justo y los criterios de sostenibilidad en sus licitaciones públicas y en sus políticas de adquisición;
39. Pide a la Comisión que investigue el impacto que la concentración del sector de los supermercados de la UE está teniendo en las pequeñas empresas, proveedores, trabajadores y consumidores, y que evalúe todo tipo de abuso de posición dominante resultante de dicha concentración y, en particular, sus efectos sobre los precios de los alimentos; acoge con satisfacción a este respecto el informe sobre las razones del mal funcionamiento de los servicios de venta al por menor que se elaborará de aquí a 2009 en el marco de la Revisión del Mercado Único, y pide a la Comisión que proponga medidas adecuadas, incluidas normas para proteger a los consumidores, los trabajadores y los productores frente a todo abuso o efecto negativo identificado;
40. Subraya que la actual crisis alimentaria pone de manifiesto la necesidad de fomentar la estabilidad política, la integración regional, la democracia y los derechos humanos, no sólo dentro de la UE, sino también en todo el mundo; pide, por consiguiente, a todas las partes interesadas que fomenten los valores humanos y democráticos y el Estado de Derecho cuando aborden la actual crisis alimentaria y los problemas de seguridad alimentaria a largo plazo;
41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.