PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús
4.3.2010
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0134/2010
B7‑0157/2010
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Belarús, en particular su Resolución de 17 de diciembre de 2009[1],
– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores celebrado el 22 de febrero de 2010 y la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre la situación de la Unión de los Polacos en Belarús fechada el 16 de febrero de 2010,
– Vistas la declaración del Consejo Europeo celebrado el 19 de marzo de 2009 sobre la Asociación Oriental y la declaración conjunta de la Cumbre sobre la Asociación Oriental celebrada en Praga el 7 de mayo de 2009,
– Visto el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, de 1 de febrero de 1995,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, el 15 de febrero de 2010, cuarenta activistas, principalmente miembros de la Unión de los Polacos de Belarús, fueron detenidos en ese país, entre ellos Andzelika Borys (Presidenta de la UPB), Igor Bancer (portavoz de la UPB), Mieczysław Jaśkiewicz (Vicepresidente), Andrzej Poczobut (presidente del órgano de supervisión de la UPB), así como Anatol Lebedzka, dirigente del Partido Civil Unido de la oposición en ese país, con el objetivo de prohibir su participación en el juicio relativo a la Casa Polaca en Ivyanets; considerando que el 20 de febrero todos los activistas habían sido puestos en libertad,
B. Considerando que la Unión de los Polacos en Belarús, presidida por Andzelika Borys —que ha sido elegida democráticamente en dos ocasiones, en 2005 y 2009—, no cuenta con el reconocimiento de las autoridades estatales y se ha enfrentado con frecuencia a acoso y persecuciones desde 2005, y que sus miembros han sido acusados repetidamente de actividades ilegales y se enfrentan a acciones penales,
C. Considerando que las autoridades belarusas reconocen a Stanisław Siemaszko como líder legítimo de la Unión de los Polacos y declaran su apoyo a la organización que éste preside, considerada ilegítima por el Gobierno de Polonia,
D. Considerando la UPB de Andzelika Borys adquirió la Casa de la Comunidad Polaca de Yvyanets en 2003 y que, por ley, es propiedad de esta organización,
E. Considerando que, el 8 de febrero, Teresa Sobal (presidenta de la sección de la UPB en Ivyanets) fue acusada en un juicio a puerta cerrada de supuesta apropiación «no autorizada» del edificio de la Casa Polaca, y que, en el proceso celebrado el 15 de febrero, se determinó que esta propiedad debe devolverse a la Unión ilegítima apoyada por el Gobierno belaruso,
F. Considerando que Polonica, empresa con sede en Hrodna y dirigida por Andzelika Borys, única fuente de financiación de la UPB, fue objeto de una multa de 71 millones de rublos por violar supuestamente la normativa tributaria y se encuentra ahora en peligro de bancarrota,
G. Considerando que la reciente represión contra la UPB, que es la mayor ONG que opera en Belarús, confirma una vez más la presión, la intimidación y el acoso continuos de la sociedad civil y la oposición democrática en Belarús,
H. Considerando que los representantes de las instituciones europeas, incluida Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Cecilia Malmström, Comisaria de Asuntos de Interior, y Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, así como el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia manifestaron su preocupación por las recientes medidas de las autoridades belarusas contra la UPB que contradicen los principios aceptados y los compromisos adquiridos por Belarús en el marco de la Asociación Oriental,
I. Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones de 17 de noviembre de 2009, reconoce que se han abierto nuevas posibilidades de diálogo y de una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Belarús, con el fin de fomentar un verdadero avance hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, y confirma su disposición a profundizar en las relaciones de la Unión Europea con Belarús, siempre que se siga avanzando hacia la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a ayudar al país a lograr esos objetivos,
1. Manifiesta su profunda inquietud ante las recientes violaciones de los derechos humanos cometidas en la República de Belarús contra miembros de la sociedad civil y, en particular, contra miembros de la Unión de los Polacos, y declara su solidaridad con los ciudadanos que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles;
2. Condena la acción policial contra la Unión de los Polacos y cualquier intento de las autoridades de Belarús de imponer un nuevo liderazgo a la comunidad polaca; destaca que la Unión de los Polacos es una organización dedicada a actividades educativas y culturales y no un partido político; pide, por tanto, a las autoridades belarusas que permitan a esta organización operar libremente y realizar las labores que le corresponden según su estatuto;
3. Insta a Belarús a que cumpla los compromisos adquiridos ante la OSCE así como a escala internacional en términos de protección y fomento de los derechos de las minorías; pide asimismo a las autoridades que mejoren las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil especialmente con respecto a la libertad de expresión y de reunión, al funcionamiento de los medios de comunicación independientes y al registro de las ONG;
4. Insta a este respecto a las autoridades de Belarús a que pongan en libertad a activistas políticos como Andrei Bandarenko, y a presos de conciencia como Ivan Mikhailau, a que retiren las medidas restrictivas contra la sociedad como ocurre con los activistas como Tatjana Shaputsko, participante en el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, y a que se abstengan de adoptar medidas destinadas a controlar el contenido de las páginas belarusas de Internet;
5. Destaca una vez más su interés en un diálogo abierto y estructurado con Belarús, pero subraya que dicho diálogo y el establecimiento de un diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Belarús deben conducir a resultados concretos y progresos significativos en ámbitos como las reformas democráticas y el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;
6. Recuerda a las autoridades belarusas que las subvenciones y los programas de la Asociación Oriental con respecto, en particular, a proyectos de infraestructuras, energía y aspectos sociales, así como otros instrumentos y políticas de la UE están vinculados al compromiso de Belarús en el logro de mejoras concretas en el ámbito de las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y los derechos de las minorías;
7. Pide a este respecto a las autoridades belarusas que garanticen el pleno respeto de la libertad de expresión y asociación, y que faciliten el registro de partidos políticos y creen condiciones favorables para las actividades de las ONG y los medios de comunicación independientes en Belarús, con vistas a preparar y permitir un proceso electoral libre y equitativo para las elecciones municipales que se celebrarán el 25 de abril;
8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa, a la Secretaría de la Comunidad de Estados Independientes y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.
- [1] Textos Aprobados P7_TA-PROV(2009)0117.